La justicia de Misiones citó a indagatoria por “desobediencia judicial” a dos referentes del gremio docente de la CTA Autónoma de esa provincia y ordenó desalojar el acampe que hace varias semanas sostienen sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico en el centro de Posadas, lo cual fue repudiado por los representantes sindicales como un intento de “criminalización” de la protesta en reclamo de mejoras salariales.
El Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM- CTA A), Leandro Sánchez, y la Secretaria General de la CTA A Misiones, Mónica Gurina, declararon este miércoles por la mañana en el Juzgado de Instrucción 7 de Posadas en el marco de la causa que las autoridades provinciales les iniciaron por “desobediencia judicial”, en respuesta a su presencia en el acampe y las protestas en reclamo de aumento salarial para los docentes provinciales.
“Es un pasito más en la criminalización de la protesta”, afirmó Sanchez en diálogo con Somos Télam, y aseguró que con las citaciones a referentes gremiales “el gobierno provincial pretende borrar la protesta como si fuéramos solo dos personas cuando la provincia está llena de cortes de ruta, protestas y marchas para pedir mejores salarios docentes”.
Ambos dirigentes fueron notificados este martes en el acampe que sostienen junto a otros sindicatos sobre la avenida Uruguay (uno de los principales accesos al centro posadeño) para que prestaran declaración el miércoles por la mañana en el Juzgado, sito en Av. Uruguay y Pedro Méndez de Posadas. Los dirigentes se presentaron acompañados por columnas de gremios nucleados en la CTAA misionera que expresaron su apoyo y se manifestaron contra la “criminalización de la protesta”.
“Hoy estuvimos declarando y hasta nos tomaron las huellas digitales, show completo”, manifestó Sanchez, y explicó que esta citación se debe a que hace unos días, cuando se les pidió desalojar la avenida Uruguay, “nos fuimos una noche y al otro día como no hubo respuesta volvimos”. A raíz de ese hecho, se los acusa de “desobediencia judicial” tal como consta en la citación a la que tuvo acceso Somos Télam.
Asimismo, el Secretario General de UTEM expresó su “temor” de que las autoridades pretendan presionar a quienes lideran los reclamos: “Nos acumulen causas y en algún momento si necesitan, nos metan presos”, aseguró.
El oficio judicial tambiénordenaba “el desalojo no solo del acampe en la Avenida Uruguay sino también en todas las calles de Posadas” o cortes de ruta que permanecieran en el marco del reclamo docente, y según explicó Sanchez “esto, más la judicialización de otros 12 compañeros por los ‘disturbios’ frente a la Legislatura provincial hace unos días, hizo mella en la gente y finalmente se levantó el acampe”, se lamentó.
A partir de estos hechos y las denuncias a dirigentes sindicales, este miércoles a las 17 horas se desarrollará una asamblea en la que participarán todos los núcleos de protesta de Posadas y zonas cercanas “para definir los próximos pasos”, con miras a formar una “asamblea provincial” que nuclee todos los sectores en lucha que se están manifestando desde hace varias semanas.
La negociación salarial
Frente al pedido de los docentes de una recomposición salarial para los docentes del 100%, en una primera instancia los gremios de Ctera y CGT lograron que se apruebe un 34%. La continuidad de las protestas y la resistencia en los acampes -pese a los intentos de desalojo- llevó a que en la msa de negociaciones se acordase un 13.5% adicional, que según evalúan varios gremios docentes aún está “muy lejos” del pedido inicial.
Según informaron a Somos Télam, el martes 4 en la última mesa de negociación se leyó el acta que deja asentado el 47.5% de aumento para junio “y pretendían que fuera eso nomas pero nosotros planteamos también la devolución de los días descontados por paro, el fin de las causas judiciales y otras cuestiones más técnicas sobre la pirámide salarial”, detalló Sanchez y agregó que “con esa discusión logramos que se reabra la mesa técnica para seguir discutiendo el mes que viene”.
En tanto, destacó que “la movilización ha hecho que haya más plata en el bolsillo de los compañeros y que sigamos discutiendo los temas que más nos interesan como más plata para comedores, que arreglen las escuelas y un incremento más importante”, y aseguró que la confluencia de diferentes gremios de la provincia en un mismo reclamo salarial frente a una inflación en aumento “desnudó lo que pasa en Misiones” y junto a la protesta policial que concentró más cobertura mediática nacional “reveló algo que estaba totalmente oculto y se visibilizó (el ex gobernador) Carlos Rovira es el señor feudal de Misiones”.
El 4 de enero, se cumplieron tres meses desde que fuerzas federales irrumpieron en el territorio de la Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi (Bariloche) y se llevaron detenidas a mujeres y niños mapuche. Cuatro de ellas permanecen todavía con prisión domiciliaria, entre las que se encuentra la machi Betiana Colhuan Nahuel, autoridad espiritual de la comunidad. Desde La tinta, visitamos la casa donde permanecen alojadas y dialogamos con ellas para comprender su reclamo y su vínculo con las tierras ancestrales que reconocen como hogar y son fundamentales en su espiritualidad.
La recuperación de las tierras en 2017 y la formación de la Lof Lafken Winkul Mapu; el inicio de la causa de Parques Nacionales y los operativos de la entonces ministra, Patricia Bullrich; el asesinato de Rafael Nahuel por parte de Prefectura; la campaña coordinada de estigmatización mediática; el crimen de odio contra Elías Garay; las amenazas de desalojo; las humillaciones; los ataques de falsa bandera; las decenas de causas abiertas… todo un extenso y sistemático camino de persecución policial, judicial y política que tuvo su episodio más reciente el pasado 4 de octubre de 2022, cuando el Comando Unificado de Seguridad -formado hace meses por el Gobierno nacional- ingresó a territorio mapuche en Villa Mascardi y desalojó a la comunidad que hacía cinco años vivía allí.
Sin intenciones de profundizar sobre este operativo -que bien ha sido relatado por las damnificadas a través de medios colegas-, es fundamental contar cómo sigue la vida de las cuatro mujeres y la decena de niños que aún permanecen con prisión preventiva y domiciliaria en el Centro Mapuche de Bariloche. Porque se trata de personas que, de manera abrupta, vieron interrumpidaero su vida en la montaña y ahora tienen que acomodarse a otro entorno, otros vínculos, otra espiritualidad, lejos de su hogar.
(Imagen: Ana Medero para La tinta)(Imagen: Ezequiel Luque para La tinta)
La Lof Lafken Winkul Mapu hacía más de cinco años que estaba instalada en Villa Mascardi, en una porción de territorio que le disputa a Parques Nacionales, a quien acusa de hacer negocios con las tierras. De hecho, la mayoría de las parcelas con las que colinda la Lof pertenece a privados particulares, salvo una porción perteneciente al Obispado de San Isidro.
Desde 2017 a esta parte, la comunidad comenzó a trabajar con animales, tenía una huerta y hierbas medicinales, y había construido una docena de casas de madera (rukas) donde vivían cerca de 30 personas, entre ellas, niños y niñas que habían pasado toda su vida allí. Durante el desalojo, perdieron sus casas y sus pertenencias, ya que, hasta ahora, no las dejaron volver y el territorio se encuentra extremadamente custodiado por fuerzas federales.
“Nos destruyeron todo lo que habíamos construido con mucho esfuerzo estos años, pero no nos importa lo material ni lo económico. No lo vemos como un negocio para el turismo, como lo ve Parques Nacionales. Podemos volver a empezar de cero y levantar todo. Pero tenemos que volver. Lo que nos da ánimo es el territorio. El día a día en esa montaña nos cargaba de energía”, relata la machi Betiana Colhuan Nahuel, desde el otro lado de la mesa en la que compartimos unas tortas fritas con mate amargo.
El lugar en el que están ahora alojadas -apresadas- es una estructura cuadrada de cemento de dos pisos, en la que conviven Betiana Colhuan Nahuel, Luciana Jaramillo, Romina Rosas y Celeste Ardaiz Guenumil, junto a una decena de niños y niñas que van desde apenas unos meses de vida a, quizás, unos 9 o 10 años. Todos son criados en comunidad. Los adolescentes de la comunidad no están aquí. Me cuentan que ellos tenían aún el recuerdo latente de la represión de 2017 en la que murió Rafael Nahuel, por lo que huyeron montaña arriba apenas escucharon que se desató la represión de las fuerzas de seguridad.
“No tenemos otra opción de vida que volver al territorio. Nuestros hijos nacieron ahí, tienen sus placentas ahí y sus raíces ahí. No se les puede sacar de ahí y llevarlos a otro lugar para que sigan con su vida. Es como sacar a una planta de su entorno natural. No van a crecer como lo harían en su lugar nativo. Nosotras aspiramos a volver, por nuestra salud, por la de nuestros hijos. Tenemos todo ahí: nuestro bienestar de pueblo, nuestra salud física y espiritual“, sostiene firme la machi, mientras amamanta a su bebé apenas por encima de su vestimenta y platería tradicional.
(Imagen: Ezequiel Luque para La tinta)(Imagen: Ana Medero para La tinta)
Las machi son las autoridades espirituales máximas del pueblo mapuche, que “vienen a este mundo a sanar con sabiduría natural”, tanto a personas mapuche como no mapuche. Después de 50 años, Betiana Colhuan Nahuel es la primera machi de este lado de la frontera, en el Puel Mapu, y es reconocida como referente espiritual de ambos lados de la cordillera.
En la Lof Lafken Winkul Mapu (Villa Mascardi), se encuentra también el único rewe que hay en pie en el país y se trata de un lugar donde la machi contacta a sus energías espirituales, renueva su fuerza y sabiduría, neutralizando energías espirituales causantes de enfermedades y males.
Tal vez sea difícil de entender desde una cosmovisión occidental, pero, desde la filosofía mapuche, son muy profundas las razones por las que una machi tiene que estar junto a su rewe. “No es un altar que se visite cada tanto. Es un newen, una fuerza que está ligada a la machi que allí desarrolla su trabajo y a ese rewe también quedan ligadas las personas que están en tratamiento y las comunidades que se vincularon. Todo rewe es un ser con vida que debe ser cuidado, acompañado y alimentado. Se preocupan por nuestra salud, pero nosotras decimos que la salud que está primero en peligro es la del rewe, la mapu y los kujfikecheyem. Por eso, también estamos todos en peligro”, expresaron las mujeres detenidas en el último Parlamento Autónomo convocado por diferentes autoridades ancestrales mapuche-tehuelche que se realizó a fines de noviembre.
La detención y desalojo de la machi Betiana Colhuan Nahuel tiene antecedentes similares en Chile, donde muchos pu machi han sido separados de sus pu rewe, como es el caso del machi Celestino Córdova, la machi Francisca Linconao y la machi Millaray Huichailaf, quienes también han manifestado públicamente la urgencia por regresar a sus territorios y evitar así las graves consecuencias que un rewe debilitado tiene para el pueblo mapuche.
(Imagen: Ana Medero para La tinta)(Imagen: Ana Medero para La tinta)
Luciana Jaramillo es otra de las mapuche detenidas. Antes de arrancar a charlar, me pregunta si después voy a poder editar el audio de la grabadora y le aclaro que es solo para la nota, que no va a salir en ningún lado. Se la ve ahora más cómoda. Dice que recién están aprendiendo a dar entrevistas, que, hasta hace unos meses, nunca habían tenido que hacerlo. Aun así, comienza de manera contundente: “Toda esta persecución, todo este hostigamiento y criminalización es porque somos mapuche. Se vuelve a repetir lo que le ha pasado a nuestros abuelos. Es claramente un escarmiento, un castigo. Buscan disciplinar, no solo a nuestra comunidad, sino al pueblo mapuche entero“.
“Nuestro pueblo es preexistente al Estado. Nosotros retornamos al lugar de donde, en algún momento, fueron sacados nuestros abuelos. Por herencia nos corresponde. No somos usurpadores, cómo vamos a usurpar nuestra propia tierra, cómo vamos a comprar nuestra propia tierra (…) La solución a este conflicto es que reconozcan sus propias leyes y dejen de perseguirnos”, dice Jaramillo, en referencia a las leyes internacionales y a la propia Constitución Nacional (Art 75. inciso 17) que reconoce los derechos y la preexistencia de los pueblos originarios en el territorio nacional.
El edificio en el que transcurren la prisión domiciliaria se encuentra en el extremo noroeste de la ciudad de Bariloche, sobre una loma repleta de retama amarilla. En una de sus paredes laterales, hay ilustraciones de la simbología mapuche que permiten reconocer la casa casi desde la ruta costanera. De vecinos, tienen al Destacamento de la Policía Criminalística, en el que, todos los días, una formación militar realiza el izamiento de la bandera argentina.
(Imagen: Ezequiel Luque para La tinta)(Imagen: Ezequiel Luque para La tinta)
Luciana cuenta, además, que autoridades gubernamentales les ofrecieron viviendas en la ciudad de Bariloche y dinero para que puedan sustentarse por seis meses, propuesta que rechazaron de manera inmediata.
“Al mapuche lo quieren así, en el medio de la ciudad, empobrecido, siendo la mano de obra barata de ellos, construyéndole la casa; siendo la sirvienta de ellos, cuidándole los hijos y lavándole la ropa. Así nos quiere el winka (hombre blanco), sumisos. No se bancan que tengamos un camino autónomo, porque quieren que les estemos besando los pies. Nosotros no estamos más en esa, queremos ser un pueblo digno y buscamos dignidad en nuestro territorio, si la sierra nos da todo lo que precisamos, no necesitamos nada de la ciudad estando allá. Sabemos sembrar, sabemos tejer, criar animales… y estamos construyendo nuestra espiritualidad que es lo más importante”, expone la joven.
La machi Betiana sostiene algo similar: “Queríamos tener una vida más propia del pueblo mapuche. Y damos el mensaje de aliento de que se puede lograr. Por eso, creo que el Estado nos tiene miedo. En la ciudad, nos sentimos despojados, no parte. Esa es nuestra herencia reciente. Nuestros padres y madres han sido la mano de obra barata, analfabetos, sin encajar en la sociedad. Es parte de la opresión que conquistó y esclavizó al pueblo mapuche. Seguimos siendo esto, de otras formas, pero seguíamos siendo sus esclavos. Por eso, decidimos no vivir más de rodillas, levantarnos y eso tiene consecuencias que debemos asumir“.
(Imagen: Ana Medero para La tinta)
El pueblo mapuche tiene, como colectivo, derecho a la salud y a la espiritualidad. Y para su cosmovisión, esos dos pilares de la vida no están garantizados si la machi no retorna a su rewe.
Sumado a esto, hay infancias a las que se les está privando de su derecho a crecer en pleno ejercicio de su identidad cultural y religiosa. Desde que ocurrió el desalojo, algunos de los niños están sufriendo desequilibrios físicos y emocionales por estar fuera de su tierra, y lo demuestran con falta de habla o exhibiendo un estado de sobreexcitación. “Los más chicos nos dicen: ‘¿Por qué estamos acá? Vayamos para la ruka’. Ellos lo único que quieren es volver allá, a su lugar. Hacía cinco años que estábamos viviendo ahí, no conocen otra cosa”, señala Luciana.
Mientras, Betiana complementa: “Nosotras intentamos transmitir la cultura mapuche, no en un pizarrón ni como enseñanza de escuela, sino desde la crianza día a día, con las costumbres en el territorio. Que ellos lo vean como una forma de vida, más propia de nuestro pueblo. Hoy, se sienten muy despojados y reprimidos, porque se cortó mucho de esa crianza. Pero entienden lo que pasó y que les pasó por ser mapuche, por vivir en el territorio”.
(Imagen: Ana Medero para La tinta)(Imagen: Ezequiel Luque para La tinta)
El próximo 12 de enero, se realizará una mesa de diálogo entre el presidente Alberto Fernández y referentes de comunidades mapuche de Río Negro, Chubut y Neuquén, para abordar la persecución a las comunidades, en general, y la problemática de Villa Mascardi en particular.
Consultadas sobre cuál sería la solución al conflicto, Betiana y Luciana respondieron: “La decisión es política. El conflicto que ellos mismos han generado con nosotros se resuelve con una firma del presidente, donde diga que nos cede ese territorio a nosotros, donde ya teníamos una vida y que, por derecho, nos corresponde”.
Manifiesto ALEAS-IU Red de Activistas LGTBIQA+ de Izquierda Unida con motivo del Orgullo 2022.
Martes, 28 de junio 2022.
Libertad es no depender de la voluntad de otro. Libertad es vivir libre de sometimiento y discriminación. Libertad es un ejercicio colectivo contra la explotación y la dominación. Libertad es autodeterminación.
Para caminar libres y en igualdad nos organizamos y reconocemos el trabajo de tantas y tantas personas que nos han precedido, activistas y militantes. Sabemos que vuestras conquistas, de las que dependen nuestra libertad e igualdad, no son irreversibles. Han pasado 53 años de la revuelta de Stonewall, 45 años desde la primera manifestación de personas LGTBIQA+ en España, 44 desde que se dejó de criminalizar la homosexualidad en nuestro país, 17 desde que existe el matrimonio igualitario. Los derechos se conquistan, y si no se cuidan y se ensanchan, se ponen en peligro.
Creemos que la mejor manera de avanzar en nuestros derechos es con una férrea alianza social y política que defienda los derechos sociales, económicos, laborales, educativos, sanitarios y culturales de trabajadores y trabajadoras. Nuestras identidades han sido históricamente portadoras de desigualdades materiales, sociales y culturales. La orientación sexual e identidad o expresión de género de las personas LGTBIQA+ ha sido causa de discriminación y exclusión, y lo sigue siendo. Frente a ello, una alianza de clase, feminista, ecologista y republicana es nuestra opción.
Somos conscientes de haber crecido y avanzado con esta alianza y saludamos cada logro que nuestra lucha, la de las personas LGTBIQA+, ha conquistado. El último de ellos, demandado durante décadas por Izquierda Unida, ha sido la aprobación del Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
También creemos que debemos comprometernos a llegar más allá. Hoy, reconociendo todo lo logrado para que este junio sea también de alegría, estos son nuestros compromisos:
Los derechos de las personas menores trans, las personas no binarias, las personas migrantes deben ser reales y efectivos. Tan reales como ellos, ellas y elles son y tan efectivos como la ciudadanía de pleno derecho que no se les reconoce. Nuestro esfuerzo estará en un proceso colectivo que durante el trámite parlamentario no les deje atrás, entonces, sí celebraremos.
Trabajamos cada día fuera de las grandes manifestaciones y ciudades. Orgullo el de nuestros pueblos, para que todos sean seguros. Trabajar hasta el último rincón de la España más rural para que nuestro orgullo sea más grande.
Sí, aún tenemos miedo. Tenemos miedo a la discriminación, al abandono, al auge de la extrema derecha y el populismo liberal que nos señala para que otros nos disparen. Tenemos el deber de crear espacios seguros para protegernos, enfrentarles y avanzar. Hasta ganar una vida libre y digna para todas, todos, todes. Nos cuidan nuestres amigues.
Somos las personas LGTBIQA+ quienes debemos tener voz para garantizar nuestros derechos; como militantes de Izquierda Unida nos comprometemos a que cada uno de nuestros pasos sea dado con una alianza social. Que sea de verdad que nadie se quede atrás.
Es difícil tejer alianzas desde el privilegio. Queremos aquí, caminando a nuestro lado a todas las personas migrantes, racializadas, LGTBIQA+ a quienes otros ocultan y agreden. Nuestra alianza es antirracista.
Miramos adelante unidas, unidos, unides. Nuestra alegría es nuestra trinchera. Rebeldes y en lucha. Queremos vidas plenas y felices. Nos queremos TODES LIBRES.
Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/opinion/28/06/2022/todes-libres-queremos-vidas-plenas-y-felices/
En Honduras no para la ofensiva contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes. La última víctima es Juan Carlos Cerros Escalante, dirigente indígena Lenca y ambientalista.
Cerros fue ultimado de varios disparos por desconocidos la noche del domingo pasado en la comunidad Nueva Granada, ubicada entre los municipios de Chinda (Santa Barbara) y San Antonio (Cortés), mientras regresaba a su casa acompañado por sus hijos.
Según la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (CONROA), al momento de su asesinato, Juan Carlos Cerros se desempeñaba como coordinador de la organización Comunidades Unidas.
Junto a otros grupos luchaba contra la instalación del proyecto hidroeléctrico “El Tornillito”, sobre el río Ulua, una obra que amenaza con desaparecer gran parte del territorio municipal de Chinda y desplazar a una gran cantidad de familias.
Responsable de la construcción de “El Tornillito” es la empresa hondureña Hidroeléctrica El Volcán S.A. de C.V. (Hidrovolcán), que es parte del grupo Inversiones y Representaciones Electromecánicas S.A. de C.V. (Iresa).
“Hablar de Juan Carlos es hablar de una persona comprometida desde siempre con su comunidad, que se involucra con el tema de la defensa ambiental en virtud del otorgamiento de la concesión del proyecto hidroeléctrico”, dijo a La Rel, Betty Vásquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS).
Para Vásquez, el modelo extractivo de despojo y desplazamiento forzado que se ha implementado en Honduras después del golpe de Estado de 2009, representa una amenaza muy fuerte para los territorios, en especial para el occidente del país y el pueblo Lenca.
Criminalización, persecución, conflictividad y división comunitaria son solamente algunos de los efectos nefastos que generan estas empresas.
Juan Carlos Cerros era beneficiario de medidas de protección, tras sufrir un atentado en 2019 que lo obligó a abandonar temporalmente la comunidad.
“Él era una amenaza por este sistema explotador y su vida estaba en riesgo. Condenamos y denunciamos que se trata de un asesinato político, perpetrado para sembrar el miedo y bajar la resistencia autentica y legítima de la población de Chinda.
Vamos a seguir luchando para defender nuestro territorio, nuestros ríos, nuestra agua, porque nos pertenecen, porque son parte inescindible de nuestra cultura y cosmovisión indígena”, aseveró la coordinadora del MAS.
Hasta el momento se conoce que hay una persona capturada.
“Exigimos que se esclarezcan los hechos, que haya un debido proceso y una pronta justicia. Hay que parar la persecución y represión contra defensores y defensoras. Hay que parar la impunidad.
Vamos a seguir sembrando lucha y esperanza, exigiendo justicia para Juan Carlos y por todos los caídos en el marco de la defensa territorial”, concluyó Vásquez.
Las cifras de la vergüenza
De acuerdo con el más reciente informe de Global Witness “Defender el mañana”1, Honduras en 2019 se posicionó como el quinto país más letal al mundo para quienes defienden la tierra y los bienes comunes.
Un total de 26 personas defensoras han sido asesinadas en los últimos dos años. Son al menos 39 las que han perdido la vida de manera violenta después del asesinato de la lideresa indígena y luchadora social Berta Cáceres (2016), más de 150 en la última década.
Por: Yani Vallejo Duque* Y Alfonso Insuasty Rodríguez**
Juicio histórico contra el Estado colombiano: genocidio político, crímenes contra la paz y la impunidad
En Colombia, de manera particular, se ha aplicado toda una tecnología refinada del exterminio, una sumatoria de prácticas sociales genocidas que han desplegado y desarrollado la aplicación de toda una tecnología del poder y la dominación.
Por genocidio político nos referimos a esa variada aplicación de estrategias para invisibilizar, aislar, estigmatizar, moralizar, anular, criminalizar y eliminar formas de pensar diferentes a las posturas económicas, culturales y políticas de las élites dominantes, prácticas que se suman a la constante eliminación física.
La amenaza, el exilio, la criminalización, el señalamiento, el olvido, falsear la historia, la creación de un enemigo interno, el control editorial de los medios masivos de información encargados de construir relatos e imaginarios de verdad a la medida del poder instituido, el control académico e investigativo en los centros universitarios, la pauperización, la negación de un futuro laboral, la presión a redes familiares y un largo etcétera se suman a éstas tecnologías del poder y la dominación.
La historia política de Colombia ha estado marcada por un constante e innegable ataque a los trabajadores sindicalizados, organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, cooperativas territoriales autónomas, procesos académicos universitarios, docentes, investigadores, comunicadores, organizaciones urbanas, estudiantiles, partidos políticos como la UP, A Luchar, Movimientos Cívicos, defensores y defensoras del medio ambiente, entre otras organizaciones que por sus posturas, su defensa de los derechos, por la búsqueda de mejores condiciones de vida, por oponerse a la imposición de un modelo de desarrollo devorador, sufren la aplicación constante de esa Tecnología del Horror.
Un ejemplo claro lo evidencia un informe de la Escuela Nacional Sindical que da cuenta de ello:
Los patrones de la violencia antisindical y de la causa de la estigmatización. “La creación y consolidación de imaginarios, discursos, prácticas y representaciones, ha contribuido a tejer toda una urdimbre de significaciones negativas sobre el sindicalismo.” En el país existe una especie de “cultura antisindical” que señala y estigmatiza a los y las trabajadoras que hacen parte de un sindicato. En conclusión, se ve al sindicalismo cómo algo negativo y amenazante por parte de un sector de la sociedad colombiana, los que históricamente han tenido el poder. (ENS, 2020)
Esto sumado a la eliminación física consistente y estructural, las cifras así lo muestran, entre enero de 1971 y 2018:
Fuente: ENS, 2020.
Sindicatos como la Federación de educadores FECODE, y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, son los que más han padecido estas que podremos llamar: “prácticas genocidas instituidas”.
Hoy luego de la firma de un importante acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Estado Colombiano, estas prácticas genocidas instituidas no se detuvieron, por el contrario, se han refinado y se han incrementado. La ONG Indepaz da cuenta que, solo en el 2021 de enero a la fecha, han sido asesinados 24 líderes sociales y 9 excombatientes (Indepaz, 2021), desde la firma del acuerdo de Paz en el año 2016 hasta el 10 de diciembre de 2020 habían sido asesinados 1.088 líderes lideresas sociales. (Indepaz, 2020)
Es evidente que existe una reingeniería del paramilitarismo post acuerdo, en la búsqueda de la captura de territorios estratégicos para anclarlos a los proyectos del llamado “desarrollo” (Insuasty Rodríguez, 2017).
Además, de manera general como sociedad, hemos estado sometidos a unas estructuras injustas de orden económico, político, cultural y militar, un entramado que a modo de hidra de mil cabezas que combina sectores del empresariado, mafias, paramilitares, clanes políticos y Estado, todos unidos desplegando una dinámica criminal nefasta de control y reordenamiento social y territorial a la medida, así mismo, se nos imponen relaciones internacionales abiertamente injustas que han provocado atentados aleves contra la vida, las comunidades, los territorios en tanto generan condiciones de hambre, falta de empleo, pauperización y de una abierta impunidad.
Pero estas estructuras no se dan de la nada, son provocadas, se constituyen de suyo en un crimen estructural en tanto provocan la muerte lenta y continuo de capas sociales sometidas al hambre al desempleo y a la falta de recursos para proteger la salud y para educarse, así mismo devoran el medio ambiente poniendo en riesgo los derechos incluso, de las generaciones futuras.
Las estructuras represivas hoy, siguen vigentes y se han conservado tras ropajes jurídicos, discursivos, mediáticos, técnicas institucionales del encubrimiento, la captura política de las instituciones de justicia, el fuero militar, el secreto de estado arropados bajo el concepto de “seguridad nacional” y más recientemente la toma y captura de las instituciones destinadas a la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto (Insuasty Rodríguez, Reconfigurar el sentir-pensar de la sociedad. Propósito de las élites. Colombia, 2020).
Vale agregar a este contexto que, las investigaciones de Transparencia y Fiscalía a octubre de 2019 revelaron que la impunidad en el país llegaba a un 94 %, una situación mucho más preocupante de lo que parecía ser. (Gossain, 2019)
En este contexto, en Colombia, gracias al empuje de las organizaciones sociales, sindicales, populares, eclesiales, entre otras, se ha logrado la realización en Colombia de las Sesión número 48° del Tribunal Permanente de los Pueblos, para Juzgar al Estado Colombiano por los crímenes de: Genocidio Político, Crímenes contra la Paz e Impunidad.
Vale recordar que, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un organismo internacional no gubernamental que se establece en el año 1979, como institución que tiene como misión específica la de transformar en permanente la función que había sido la de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976): garantizar un espacio de visibilidad, de toma de palabra, de juicio a las violaciones masivas de los derechos humanos, individuales y colectivos, y a los derechos de los pueblos, que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional. El derecho internacional es sin lugar a duda un orden imperfecto, en desarrollo. Aún después de la institución de la Corte Penal Internacional, que ha excluido de su competencia los crímenes económicos, para muchas y quizás la mayoría de las acciones que se producen o coinciden con la violación de los derechos de vida de poblaciones no existe la posibilidad de formular juicios que tengan efectividad. Es el caso específico de todo el ámbito que se refiere a los crímenes de raíces y mecanismos económicos, que a lo largo de los últimos veinte años se han transformado visiblemente en una de las causas principales y más dramáticas de las violaciones de los derechos humanos. (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2008)
Si los Estados no proceden, le corresponde al pueblo organizado hacer lo propio, se trata de un tribunal de opinión que ha permitido visibilizar graves violaciones de los derechos humanos y de los pueblos, aun superando el yugo de estructuras sociales y Estatales marcadas por la negación de la democracia, la justicia, la verdad, ha permitido incluso equilibrar la dura balanza del poder y la aplicación de justicia, sus fallos han sido de especial relevancia para la comprensión de la realidad y para marcar la ruta en el camino de la protección de los derechos de los pueblos, examinando los casos de violaciones grave y sistemática de los derechos humanos cometidos por los Estados y Empresas Transnacionales. (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2015)
En Colombia ya se han realizado dos sesiones anteriores:
Este primer semestre de 2021 se realizará la versión número 48, la tercera en Colombia.
Resulta ser de vital importancia por el momento de rebrote de la violencia como ejercicio de exterminio de toda capacidad organizativa de las comunidades para defender sus derechos, territorios, contra toda postura política incómoda para el orden establecido.
Paralelo se han venido desarrollando eventos de especial relevancia, como la Audiencia Pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH por el Caso del Genocidio del partido político Unión Patriótica realizado en el mes de febrero de 2021 (El Espectador, 2021), así mismo la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP ha venido, a pesar de los constantes ataques de los sectores empresariales y políticos de extrema derecha concentrados en el Partido Centro Democrático, importantes y duras declaraciones como en el caso 003 conocido como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” nombrado de manera coloquial como Falsos Positivos, reconociendo a la fecha, la cifra de 6.402 civiles asesinados de forma aleve por las fuerzas militares y hechos pasar falsamente como dados de baja en combate, crímenes aleves cometidos entre 2002 y 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, una falta grave a la moral y la ética humana. (JEP, 2021)
Este año 2021, se espera que para el mes de noviembre se hagan públicos los informes de la Comisión de la Verdad creada en el marco del acuerdo de Paz firmado entre las Farc y el estado colombiano. Se agrega que estamos en pleno año preelectoral, la situación estará bastante movida y compleja.
Se espera así que este Tribunas de los Pueblos aporte de manera significativa en la reconstrucción de una verdad verdadera, que permita reconocer las dinámicas, actores y sistematicidad de esta violencia genocida que ha marcado la historia de Colombia.
Referencias
El Espectador. (10 de febrero de 2021). “Hubo una posibilidad de matar impunemente”: perito sobre exterminio de la UniónPatriótica. Obtenido de El Espectador: https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8297-hubo-una-posibilidad-de-matar-impunemente-perito-sobre-exterminio-de-la-union-patriotica
ENS. (07 de 10 de 2020). ¿Por qué y para qué la violencia antisindical en Colombia? Obtenido de Escuela Nacional Sindical : https://ail.ens.org.co/informe-especial/por-que-y-para-que-la-violencia-antisindical-en-colombia/
Gossain, J. (2 de octubre de 2019). De cada cien delitos, en Colombia solo se castigan seis. Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/colombia-de-cada-cien-delitos-solo-se-castigan-seis-419136
Indepaz. (10 de diciembre de 2020). Informe de líderes y personas defensoras de derechos humanos asesinados despues del acuerdo de Paz. Colombia. Obtenido de Indepaz: http://www.indepaz.org.co/pazparaliderar/
Indepaz. (19 de febrero de 2021). Líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz asesinados 2021. Obtenido de Indepaz: http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/
Insuasty Rodríguez, A. (2017). ¿De qué hablamos cuando nos referimos al paramilitarismo? El Ágora USB, 17(2), 338-352. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v17n2/1657-8031-agor-17-02-00338.pdf
Insuasty Rodríguez, A. (10 de abril de 2020). Reconfigurar el sentir-pensar de la sociedad. Propósito de las élites. Colombia. Obtenido de Kavilando: https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7622-reconfigurar-el-sentir-pensar-de-la-sociedad-proposito-de-las-elites-colombia
JEP. (18 de febrero de 2021). La JEP hace pública la estrategia de priorización dentro del Caso 03, conocido como el de falsos positivos. Obtenido de JEP: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-priorizaci%C3%B3n-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx
Rojas Merchand, M. (2021). Desigualdad e Ideología neoliberal antidemocrática. Revista Kavilando, 12(1), 175-190. Recuperado a partir de https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/371
Tribunal Permanente de los Pueblos. (julio de 2008). Empresas transnacionales y derechos de los Pueblos. Obtenido de Kavilando: http://permanentpeoplestribunal.org/wp-content/uploads/2006/04/Colombia_VII_TPP-Es.pdf
Tribunal Permanente de los Pueblos. (2015). Tribunal Permanente de los Pueblos. Obtenido de Tribunal Permanente de los Pueblos: http://permanentpeoplestribunal.org/?lang=es
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*Abogado, especialista en derecho penal, defensor público e investigador Grupo Kavilando. Contacto: yaniw6@gmail.com
**Docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, Integrante Red Interuniversitaria por la Paz, actual consejero de Paz Conpaz Medellín sector Universidades, e Integrante grupo Autónomo Kavilando. Contacto: Alfonso.insuasty@gmail.com
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/juicio-historico-contra-el-estado-colombiano-genocidio-politico-crimenes-contra-la-paz-y-la-impunidad/
Mariana, de 24 años de edad, fue encontrada muerta por asfixia en su habitación el pasado jueves, en el Municipio de Ocosingo, Chiapas.
En México, estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) anunciaron un paro indefinido de actividades para exigir justicia por el presunto feminicidio de su compañera Mariana de Lourdes Sánchez Dávalos.
En un comunicado, los universitarios afirmaron que no reanudarán las clases hasta que se tomen acciones legales contra las autoridades que ignoraron las denuncias previas de Mariana sobre abuso sexual en Ocosingo, donde realizaba su servicio social en una clínica estatal.
“A las facultades, universidades, organismos, colectivas, así como a la sociedad en general, agradecemos profundamente el apoyo brindado y exhortamos al resto de las instituciones a que se sumen a esta lucha, una lucha que no es por nosotros, sino por Mariana“, informaron en un comunicado.
Mariana, de 24 años y recién egresada de la carrera, fue encontrada muerta por asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento la mañana del pasado jueves en su habitación, en el Municipio de Ocosingo, de acuerdo con datos ministeriales.
Además del anuncio del paro, los alumnos realizaron ayer una segunda marcha, a las 11:30 horas, del Parque Bicentenario a la Facultad de Medicina, misma ruta que recorrieron en otra manifestación el 29 de enero pasado en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Otra marcha de feministas y estudiantes se realizó también ayer en San Cristóbal de las Casas.
Mariana desarrollaba desde hace seis meses su servicio social en una clínica en la Colonia Nueva Palestina, en Ocosingo, tras concluir sus estudios de la licenciatura de Médico Cirujano.
La joven había denunciado ante la Fiscalía un ataque sexual en esa Colonia donde realizaba su servicio, por lo que pidió apoyo a la Secretaría de Salud estatal para ser reubicada en otra zona, lo que no ocurrió.
Piden visión de género en muerte de estudiante
La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió que el caso de la estudiante de medicina Mariana Dávalos sea investigado con perspectiva de género.
“Nosotros hemos insistido y en estrecha comunicación con las autoridades de Chiapas que todo sea investigado con perspectiva de género“.
“Tenemos muy monitoreado el asunto. Está interviniendo Conavim (Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres) y hacer un llamado a todas las autoridades que desde el primer respondiente hasta el juez, que todo se haga con perspectiva de género”, comentó Sánchez Cordero en conferencia matutina.
El Gobierno ha estado capacitando para que tengan perspecriva de género, dijo la funcionaria, y no criminalicen a las mujeres ni que las envíen a sus casas dejándolas a su suerte.
“Desde el principio, ella sufrió violencia y criminalización“, agregó la Secretaria de Gobernación.
El pasado 29 de enero usuarios denunciaron a través de Twitter el presunto feminicidio de Mariana Sánchez, estudiante de medicina que hacía su servicio social en una clínica de Nueva Palestina, en el Municipio de Ocosingo, Chiapas.
Fuente e imagen: https://laopinion.com/2021/02/01/protestas-en-mexico-por-feminicidio-de-estudiante-de-medicina-mariana-sanchez-quien-sonaba-ser-patologa/
En este siglo, en Irapuato no había habido manifestaciones hasta que la violencia explotó y las familias salieron a las calles a buscar a sus desaparecidos. Un año ha pasado desde que los familiares de las víctimas de desaparición se encontraron y se organizaron en el colectivo A tu encuentro
El 9 de noviembre del 2019, vecinos del centro de Irapuato atestiguaron una marcha peculiar. Un pequeño grupo de mujeres con fotografías de personas desaparecidas caminó exigiendo la búsqueda de los ausentes. Comenzó un grupo de 5 personas al que se le fueron sumando más y más.
“Un día en Facebook me entero que iba a haber una marcha del DIF a la Fiscalía para quienes tuvieran un desaparecido, yo voy, me presento sin conocer a nadie y me sentía cohibida porque pensé que todos se conocían. Nos fuimos caminando a la Fiscalía de Irapuato y ahí conozco a Pepe y ahí veo que piden información en la Fiscalía, no nos querían dejar pasar, dar información, y quedamos de no irnos de ahí hasta que nos atendieran”, relata Bibiana Mendoza, que busca a su hermano Manuel Mendoza, desaparecido en enero del 2018.
Irapuato es una ciudad que no marcha. La última marcha de la que se tiene registro sucedió en la década de los 90 cuando el equipo de futbol de Irapuato perdió el pase a primera división contra el Zacatepec y los aficionados salieron a descargar la frustración por la avenida Guerrero. Por eso llamó tanto la atención la marcha de las familias de desaparecidos y algunos medios la transmitieron por Facebook y otras familias la vieron y así fue como poco a poco se fueron enterando y sumando al reclamo de la búsqueda de los desaparecidos, como la señora Verónica Salas que busca a su hijo Javier Reséndiz y se bajó de la moto en la que iba para sumarse.
Ese día Bibiana y Verónica fueron parte de lo que se convertiría en el colectivo A tu encuentro, que busca a personas desaparecidas en Irapuato. “Empezaron como cinco personas y ese día ya éramos como 40. Hoy las familias dicen: ‘si yo no estuviera en el colectivo seguiría en casa de mi hijo llorando’…”, dice José Gutiérrez, un criminólogo que acompaña a las familias en su exigencia de búsqueda y justicia.
“De ahí yo comencé a unirme al colectivo, éramos poquitas al inicio en esa marcha, luego como 20, 25, mujeres y desde ahí me quedé en el colectivo porque hemos creado lazos de amistad, independientemente de que encontremos o no a nuestros familiares. Eso gané, un grupo de personas que sufren lo mismo que yo”, dice Bibiana.
Esta conversación con Bibiana sucede también con la señora Lupita Alejandre que busca a su hijo José de Jesús Mireles Alejandre, desaparecido en noviembre del 2017; y con la señora Verónica Durán que busca a su hijo Iván Arturo, desaparecido en noviembre del 2019; y con Karla Martínez, quien busca a su hermano Juan Valentín.
El encuentro ocurre en un espacio que era un lote baldío en la colonia San Martín de Porres, que fue recuperado por los vecinos para hacerles una cancha de futbol a los niños de la zona y que después invitaron a las familias de desaparecidos a hacer un jardín de la memoria. El plan es que entre todos, vecinos y familiares, con intereses un poco distintos cuiden un lugar común.
En julio de este año 24 jóvenes fueron asesinados en un anexo en Irapuato. Ese hecho prendió las alertas a nivel nacional de una violencia que tenía ya algunos años mermando la vida en la ciudad. Luego, a finales de septiembre de este mismo año se encontraron 8 fosas clandestinas en la presa El Conejo, en la zona rural de la localidad.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas desde el año 2000 a noviembre del 2020 en Irapuato hay 322 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 239 son hombres y 49 mujeres. En total en el estado de Guanajuato la Comisión Nacional de Búsqueda registra 2 mil 487 desaparecidos.
“Desconocemos cuándo inició la explosión de la violencia, de las desapariciones, no podemos saberlo con exactitud porque apenas en junio tenemos tipificación de lo que es una persona desaparecida. Antes se le consideraba no localizada o retención de menor. Sentimos que este problema explotó hace mucho tiempo, pero estuvo mucho tiempo manipulado, crece el problema cuando crece el huachicol”.
José Gutiérrez, criminólogo que acompaña a las familias de A tu encuentro.
El colectivo suma a 60 familias, casi todas de Irapuato, pero otras de Pénjamo, Salamanca, Abasolo, Cuerámaro, Valle de Santiago.
José Gutiérrez recuerda que el 3 de diciembre del año pasado salió una nota periodística donde se decía que se había encontrado una fosa clandestina en el Venado de Yostiro, sin tener más información de la Fiscalía de Guanajuato. Cuando las familias se organizaron en el colectivo comenzaron a recibir información de otras fosas encontradas.
“Ya juntas nos dio fuerza pedir más información a las autoridades, si somos colectivo vamos todas y nos cuidamos entre todas y exigimos entre todas”, dice la señora Lupita. Y es que el colectivo A tu encuentro ha denunciado reiteradamente que las autoridades de Guanajuato no buscan a los desaparecidos.
“Por ejemplo, el caso de Javier Reséndiz, quien desaparece, las autoridades encuentran su moto, pero no al hijo; o el caso de los hermanos Salvador y Daniel Alejandro González Rodríguez, encuentran la camioneta incinerada y nunca se hacen búsquedas; o en el caso de Alejnadro Gazca, le entregan el cráneo de su hijo y no se realizan búsqueda para encontrar el resto del cuerpo”, dice José Gutiérrez.
Búsqueda y criminalización
En julio de este año colectivos de familiares de desaparecidos protestaron en la glorieta Santa Fe por la designación de Héctor Díaz como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. El gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo respondió reprimiendo a las familias con elementos de la policía estatal, quienes detuvieron a 5 personas: 3 de ellas integrantes de A tu encuentro, Karla Martínez, Verónica Durán y Olimpia Montoya; otra era del Colectivo Guanajuato Despertó y un visitador adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Se iniciaron carpetas de investigación contra las personas detenidas por lesiones contra la policía estatal, las cuales siguen vigentes, según denunció A tu encuentro.
Además de las consecuencias judiciales por la investigación en contra, Verónica Durán y Karla Martínez fueron despedidas de su trabajo, la primera como personal de limpieza de la empresa Promali; y la segunda como guardia de seguridad de outsourcing en el Hospital Materno Infantil.
“A partir de la carpeta en la empresa me advirtieron que o buscaba a mi hijo o me dedicaba a mi trabajo, y el 18 de octubre me despidieron. En medio de la pandemia es difícil encontrar trabajo, de por sí, y más ahora con la carta de antecedentes penales”, dice la señora Verónica.
«Ha sido un camino largo»
En septiembre pasado las familias recorrieron la presa de El Conejo, en la zona rural de Irapuato, con las comisiones estatal y nacional de búsquedas, y encontraron 8 fosas clandestinas con restos humanos, algunas prendas de vestir y casquillos. Ese hecho es considerado por las familias de A tu encuentro como un logro de la organización.
Bibiana relata que organizarse con otras familias ha obligado a las autoridades a reconocer la problemática de los desaparecidos. “Antes de organizarnos mi caso estaba en ceros y era muy desesperante tener que hacer todo sola. La Fiscalía no ayuda, pura revictimización: que si mi hermano estaba en malos pasos, que la que tenía que investigar eran mi mamá y yo… Yo me imaginaba, cuando desapareció, que a más tardar en un mes iba a estar mi hermano conmigo, pero ha sido un camino largo”.
Karla, quien busca a su hermano Juan Valentín, relata que la búsqueda ha sido un proceso difícil, doloroso y lleno de esperanza y lleno de incertidumbre.
“Crecimos juntos, solitos porque mi papá siempre estaba trabajando, él me cuidaba, me enseñó a andar en bici, me daba de comer, ahora me toca a mi buscarlo”.
“Este es un dolor muy grande, estamos haciendo lo que sea por encontrar a nuestra sangre”, dice la señora Lupita que busca a José de Jesús.
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