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Canadá: Kings and Dalhousie students protest high tuition fees

América del Norte/Canadá/Octubre de 2016/Fuente: CBC News

RESUMEN: activistas estudiantiles de la Universidad de Dalhousie y la Universidad de Kings College de Halifax protestaron el miércoles contra el aumento de las tasas de matrícula por la entrega de los fideos instantáneos gratis a los estudiantes.«Las tasas de matrícula son tan altos que [los estudiantes] no pueden permitirse el lujo de primera necesidad como alimentos,» dijo Charlotte Kiddell, la silla de Nueva Escocia de la Federación Canadiense de Estudiantes.La federación está llamando a una enseñanza gratuita y ha organizado una huelga estudiantil a nivel nacional el 2 de noviembre para instar primer ministro Justin Trudeau a la altura de su discurso pre-electoral sobre el apoyo a los estudiantes de post-secundaria.En abril, la junta de gobernadores de Dalhousie aprobó un aumento de la matrícula general del tres por ciento, junto con los aumentos adicionales para algunos programas, como la ingeniería.

Student activists at Dalhousie University and the University of Kings College in Halifax protested Wednesday against rising tuition fees by handing out free instant noodles to students.

«Tuition fees are so high that they [students] can’t afford basic necessities like groceries,» said Charlotte Kiddell, the Nova Scotia chair of the Canadian Federation of Students.

The federation is calling for free tuition and has organized a nationwide student walkout on Nov. 2 to urge Prime Minister Justin Trudeau to live up to his pre-election talk about supporting post-secondary students.

In April, Dalhousie’s board of governors approved a general tuition hike of three per cent, along with additional increases for some programs such as engineering.

According to the university’s online calculator, full-time Dal undergraduate students will pay anywhere from $5,430 to $10,121 this year in tuition and incidental fees, depending on the program of study.

Kings student Ethan Speigel said he supports the federations’s call for free post-secondary education.

«One of the laws recently passed in Ontario is that families of low income under $50,000 per year get free tuition. And I think that’s an incredible initiative that Nova Scotia should follow,» he said.
A meeting with the PM

In January, Kiddell spoke to Trudeau as part of a special CBC program. She said their conversation focused mainly on the cost of a university or college education.

«He had a lot of inspiring things to say, but there’s been a really disappointing lack of action and I want to see that change,» said Kiddell.

She said the University of Kings College is a good example of what happens when tuition fees increase. She said student enrolment is down and most of the students registered come from families in the two highest income brackets.

Kiddell is specific about what would constitute fair tuition fees.

«I would say no tuition is reasonable tuition,» she said.

Fuente: http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/kings-dalhousie-students-tuition-fees-instant-noodle-1.3812240

Foto de archivo

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¿Regulación del mercado o construcción de un sistema público? El debate pendiente en educación

Por: Miguel Caro

Recuperar la educación como un derecho social universal, asumiendo además que esta constituye un factor fundamental para el desarrollo del país, pasa por dejar atrás la concepción de mercado que la caracteriza y por entenderla definitivamente como una actividad de carácter esencialmente pública. Precisamente, la operación más profunda que realizó en Chile el ideario neoliberal en educación, consistió en provocar su derrumbe como espacio de realización de lo público. Esto fue posible no solo por los cambios en la propiedad y dependencia de las instituciones educativas o en sus formas de financiamiento, sino –fundamentalmente– por la ruptura de la noción de sistema que caracterizó históricamente a la educación chilena y por la total mercantilización de su sentido y sus fines. Ello, al alero de lógicas tecnocráticas, gerenciales y autoritarias de gestión.

Efectivamente, la segmentación privatizadora, por su efecto fragmentador, imposibilitó el ejercicio colectivo de la soberanía respecto del rol de la educación en nuestra sociedad y permitió la instalación de una racionalidad de mercado como dispositivo de orientación.

Así, se dio paso a una de las reformas más relevantes generadas en dictadura y profundizada en democracia, la de convertir a toda la estructura educacional en un no sistema, dejando su direccionalidad y regulación en manos de un enorme número de instituciones prestadoras de servicios que, además de atender nichos socioeconómicamente segregados de población y obtener lucro de aquello, posibilitaron la provisión de proyectos educativos conforme a sus propios intereses y visiones, desplazando completamente el interés general de la sociedad o el de las comunidades involucradas. Precisamente, cuando el horizonte de la educación deja de estar conectado con las necesidades del proyecto país y de los sujetos que lo conforman, para radicarse en intereses individuales –desde entidades totalmente desarticuladas–, desaparece el rasgo esencial de lo público.

La mercantilización del sentido entonces –y no solo de la propiedad o del financiamiento– afectó a todos los niveles de la educación, desalojando lo común; vale decir, aquello que produce resguardo frente al surgimiento de propósitos que, en la búsqueda del beneficio individual, afectan o instrumentalizan lo colectivo.

En el caso de las escuelas, esto derivó en una noción de éxito educativo basado en el concepto de “eficacia escolar”, orientado a la competencia y al rendimiento estandarizado, limitando la pertinencia cultural de la educación y la formación integral de los sujetos; promoviendo, de ese modo, habilidades funcionales, conectadas prioritariamente con requerimientos sociolaborales y propiciadas por “pedagogías” del entrenamiento, presentadas a veces con el ropaje del activismo, de la “disciplina con afecto” o de la diversidad metodológica sin contexto.

En el caso de la educación superior, se produjo la subordinación del saber a variables económico-empresariales, generándose –entre otros efectos– el irracional desequilibrio entre la oferta académica y la estructura ocupacional, con lo que se abrieron espejismos de movilidad social y una alta depreciación de las áreas no “utilitarias” del conocimiento. Al mismo tiempo, proliferaron proyectos educativos altamente precarios, con universidades exclusivamente docentes y que en todos estos años han incurrido en una larga lista de arbitrariedades y transgresión sistemática de derechos.

Se reforzó, además, la lógica gerencial con la introducción de mecanismos competitivos de financiamiento y con un modelo de acreditación centrado en el cumplimiento de indicadores carentes de contenido, antes que en la búsqueda del conocimiento o de una relación entre este y las necesidades reales de la sociedad. De hecho, las propias universidades del Estado se han visto forzadas a actuar en dicho marco, con lo que han terminado funcionado en muchos aspectos como instituciones completamente mercantilizadas.

El problema está en que las iniciativas legales en educación escolar y superior –más allá de la retórica declarativa– mantienen estos dos rasgos esenciales del modelo, el de la segmentación del sector y el de la mercantilización de su sentido.

En primer lugar, hacen una asociación entre instituciones estatales y educación pública como si fueran sinónimos, sin ofrecer una definición sobre este último concepto y sin establecer orientaciones respecto de qué implica cumplir con este principio básico, más allá de los consabidos criterios tecnocráticos de gestión. Esto ocurre mientras,  al mismo tiempo, entregan a las instituciones privadas cuantiosos recursos públicos. En los hechos, los Proyectos ratifican la expresión minoritaria del componente estatal y otorgan sostenimiento financiero a entidades particulares, independientemente del carácter de sus proyectos educativos, bajo el argumento parcial de la inclusión y de la concurrencia de un listado acotado de requisitos de “calidad” centrados en indicadores formales. Más aún, en el caso de las instituciones estatales, se introduce un fuerte aumento del control burocrático de sus procesos y la injerencia directa del gobierno de turno en sus decisiones (Universidades Estatales), sin generar una efectiva democratización.

En este esquema, las escuelas particulares subvencionadas y particulares pagadas, así como las instituciones de educación superior privadas (las del G-9 tratadas de igual modo) seguirán siendo la mayoría del “sistema” (65% y 85%, respectivamente) y seguirán “educando” conforme a sus particulares intereses y visiones, promoviendo la estandarización, la competencia y respondiendo adaptativamente a las demandas del mercado. Todo esto –en la mayoría de los casos– con recursos públicos y legitimado por el check list de los nuevos criterios de regulación y acreditación, publicitados como más “exigentes”.

Con todo, más que reformas estructurales, se está haciendo política educativa sobre la base de lo que ya hay, levantando un número reducido de exigencias, solo para condicionar la entrega de recursos. Efectivamente, no se cambia el modelo modificando exclusivamente la dependencia administrativa o con el simple aumento de la matrícula estatal o, incluso, mejorando los criterios de financiamiento, si al mismo tiempo se mantiene la segmentación privatizada, la competencia entre instituciones y la ausencia de fines públicos. En ese marco, la gratuidad, por ejemplo, podría ser concedida universalmente y no cambiar el modelo actual, por lo que dicha demanda, si bien es relevante y urgente, no debiera constituir por sí sola la centralidad de la propuesta.

Transformar el modelo implica, en primer lugar, construir un sistema propiamente tal, que opere, por tanto, como una estructura debidamente articulada, que se rija por normas y fines comunes, que se conecte con los requerimientos de desarrollo del país y que considere la diversidad de necesidades educativas de las comunidades. Dicho sistema, para funcionar como garantía de derechos fundamentales en el largo plazo, debe ser dependiente del Estado y financiado íntegramente por este en todas sus funciones, conforme a criterios basales y garantizando su autonomía respecto de los gobiernos de turno, así como el acceso gratuito de sus estudiantes y la participación democrático-deliberativa de sus estamentos.

Al interior de este gran sistema público, el Estado debiera reservar bajo su propiedad una cobertura de carácter mayoritario y garantizar que todas las instituciones que reciban fondos públicos (sean o no estatales) formen parte de dicha institucionalidad. Desde allí, la educación pública en su conjunto debiera garantizar su diversificación y la expansión de su cobertura en todas las realidades territoriales del país, en todas las áreas del conocimiento necesarias, en todos los niveles de enseñanza y estar disponible para toda la población que opte por este sistema. Esto, sin perjuicio de que pueda existir educación privada, la que no debiera recibir recursos del Estado y, a su vez, estar regida por un marco regulatorio específico.

Desde el punto de vista de los fundamentos, lo público supone definir una relación activa con la promoción de valores e intereses públicos y democráticos, derivados tanto de las decisiones de la comunidad política (en los niveles nacional y local), como de la reflexión interna de sus actores. Un sistema de esta índole, sin perjuicio de estar alineado estratégicamente con el interés de la sociedad en su conjunto (mediante mecanismos participativos), requiere del rasgo de lo plural por sobre el de la pertenencia a una perspectiva doctrinaria y/o religiosa en particular. Sin perjuicio de ello, debe poner el acento en las necesidades reales de formación, en la capacidad de reflexión crítica, en la promoción de una ciudadanía activa y en la producción más amplia de conocimiento.

De igual  modo, la educación pública debe ser efectivamente inclusiva (más allá de las capacidades, vocaciones e intereses), sin discriminación de ninguna índole (etnia, clase, género, etc.)  y propiciar una formación amplia y rigurosa, a la vez que integral y culturalmente pertinente. Urge superar, en ese sentido, la noción mercantil de “calidad” y dejar atrás la estandarización curricular-evaluativa, el gerencialismo de circuito productivo y el mercado como finalidad.

Así concebido, lo público no puede ser entonces un atributo autoconferido por parte de instituciones aisladas, ni responder a una simple declaración de “vocación” pública, precisamente porque tal condición requiere de la adscripción a un sistema y a las definiciones que lo fundamentan.

Difícilmente se podrá resolver la crisis de la educación si las iniciativas legales insisten en tomar el camino de la regulación (parcial) del mercado y no la de construir un sistema público propiamente tal (más allá de lo estatal); un sistema que trascienda al estrecho interés de actores particulares o corporativos, poniéndose al servicio de la comunidad y de la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, que avance decididamente en la dirección de romper con las ataduras de la mercantilización de nuestras vidas.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/09/22/regulacion-del-mercado-o-construccion-de-un-sistema-publico-el-debate-pendiente-en-educacion/

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España: Los profesores gallegos critican la huelga de deberes y el uso político de los alumnos.

El sindicato de profesorado ANPE en Galicia arremetió contra la campaña impulsada por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) por un noviembre sin deberes los fines de semana, acusando a estas entidades de ejercer una “función policial”

Europa/España/16.10.2016/Autor y Fuente:http://www.elidealgallego.com/

El sindicato de profesorado ANPE en Galicia arremetió contra la campaña impulsada por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) por un noviembre sin deberes los fines de semana, acusando a estas entidades de ejercer una “función policial” con el trabajo docente y de usar a los escolares “con fines políticos”.

El responsable de esta organización en Galicia, Julio Díaz, trasladó el “cabreo” del sindicato por el aumento de la “ingerencia” de agentes externos en el trabajo docente, que en su opinión ha llegado “demasiado lejos” con la propuesta de las asociaciones de padres, a las que acusa de usar “a sus hijos con fines políticos”. “No vamos a permitir bajo ningún concepto que nadie se meta en nuestro trabajo”, reiteró.

El responsable sindical enmarcó esta iniciativa de la confederación de ANPA en un contexto en el que los jóvenes ven “cada vez más televisión” o están “más con su consola” y dedican un tiempo importante a las nuevas tecnologías, al mismo tiempo que se dedica gran parte de la tarde a actividades extraescolares. Esto lleva a que sean los propios padres los que acaben haciendo las tareas diarias de sus hijos, que dedican todo el día a hacer actividades. Díaz señaló que los deberes ocupan una media “de una hora diaria”, aunque reconoció problemas de “coordinación” entre ellos que acaba descompensando el peso de las tareas de un día y a otro.

Por ello, cree que el debate sobre la conciliación laboral y familiar “es una farsa” para tapar “la verdadera” cuestión, que es la permisividad de los progenitores que dejan a su hijos “hacer lo que les dé la gana” y que lleva a tratarlos “como si fuesen de cristal”. Julio Díaz ve un problema de actitud por “falta de valores” que se traslada de las familias a los centros educativos, que acaban convertidos en “aparcamientos” de jóvenes. El responsable sindical ligó este tipo de situaciones con el incremento de denuncias por parte de padres a hijos por “maltrato o agresión”, unos problemas que luego “se trasladan a los centros”.

A renglón seguido, denunció que las asociaciones de padres están “intentando por todos los medios influir” en el trabajo de los centros, incluso para que determinados profesores no den una clase a un grupo de alumnos. “Eso está pasando”, insistió, para criticar que “en este país todo el mundo entiende de fútbol y de educación”.

Finalmente, pidió a los “compañeros” de los centros educativos que no dejen de “poner deberes” y que defiendan su papel en el sistema educativo a pesar de la convocatoria de Ceapa para el mes de noviembre.

Fuente: http://www.elidealgallego.com/articulo/sociedad/profesores-gallegos-critican-huelga-deberes-y-uso-politico-alumnos/20161014230756305568.html

Imagen: http://www.elidealgallego.com/media/idealgallego/images/2016/10/14/2016101423075566397.jpg

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India: Right to education: At least a lakh left out

Asia/India/Octubre de 2016/Autora: Shreya Roy Chowdhury/Fuente: The times of India

RESUMEN: A partir de 2011, los planes del gobierno de Delhi para inscribir a los niños que estan fuera de la escuela  (OOSC) se basaron en pequeñas encuestas y la suposición de que, en un año, hay aproximadamente 7.000-8.000 OOSC en Delhi. Por eso, el primer ejercicio formal para contar  los niños que estan fuera de la escuela ha llevado a entrar en pánico. Con los datos de la primera ronda, los administradores de educación ahora se encuentran para que tengan más de 1 lakh de los niños fuera de la escuela en sus manos. El gobierno está preparándose para la acción. En una reunión de septiembre de la Dirección de Educación decidió sobre el inicio de los centros especiales de formación (STC) en todas las escuelas públicas y municipales – cerca de 2.700 – para ejecutar cursos puente.

A partir de 2011, los planes del gobierno de Delhi para inscribirse fuera de la escuela los niños (OOSC) se basaron en pequeñas encuestas y la suposición de que, en un año, hay aproximadamente 7.000-8.000 OOSC en Delhi. Por eso, el primer ejercicio formal para contar fuera de la escuela de los niños ha llevado a entrar en pánico.

Con los datos de la primera ronda, los administradores de educación ahora se encuentran para que tengan más de 1 lakh fuera de la escuela de los niños en sus manos.

El gobierno está preparándose para la acción. En una reunión de septiembre de la Dirección de Educación decidió sobre el inicio de los centros especiales de formación (STC) en todas las escuelas públicas y municipales – cerca de 2.700 – para ejecutar cursos puente. Actualmente, hay 166. El DOE también decidió permitir que las preocupaciones comerciales específicas con menos de 30 niños a correr; «Relajar las normas para la designación de los profesores, y, seis años después de que se implementó la Ley del Derecho a la Educación de 2009 para, enmarcar una» política integral «.

But practically no data on OOSCs is fully reliable. The Census 2011 data, admittedly old, placed over 2 lakh kids out of school in the seven-14 age-group. In the Ward Registry Survey, 5,137 dropped-out and 28,428 never enrolled. These are the only two attempts at a complete headcount. The rest — NSSO’s «Key Indicators of Social Consumption in India: Education» and SRI-IMRB’s «National Sample Survey of Estimation of Out-of-School Children in the Age 6-13 in India» — are sample surveys, once again with very different estimates.

Delhi’s SSA division «verified» data gathered by municipal bodies in one ward in every school district. «Of the 1,150 kids we found across 12 wards, only about 100 were actually out-of-school. Some couldn’t even be located,» says Babu.

Bhatty isn’t surprised that questions are already being raised. «There are genuine problems with capturing data, particularly in urban areas where there is a shifting population, seasonal migration,» she says. Definitions of «discontinued» or «drop-out» differ, as do policies for striking names off due to absenteism; «out-of-school» can be «never-enrolled» or «don’t attend.» «It is very hard to get an accurate estimate. It also depends on how families understand these terms. Does «discontinued» mean they’ve withdrawn or attend irregularly? School have incentives for keeping names on too.»

 Till now, STC staff were responsible for locating OOSCs — «child-mapping» and STCs are both provisions of the RTE Act.
Fuente: http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Right-to-education-At-least-a-lakh-left-out/articleshow/54705048.cms
Imagen: http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/normative-action/standard-setting/

 

 

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«Grito» para celebrar

Por Alejandro Castro

El costo político de la revuelta de los insurrectos maestros de Chiapas le salió muy alto al Gobierno Federal, ya que la ‘concertacesión’ deja ver el desvanecimiento de cargos y la decapitación política de un presidenciable.

De entre todos los festejos por el inicio de la lucha por la Independencia, el más trascendental fue dado por los insurrectos maestros de Chiapas cuando en la tradicional noche del 15, en su asamblea estatal, anunciaron poner fin a su paro de labores que se extendió por más de 120 días. Al igual que en otros actos oficiales, donde hubo diferencias, también se observó la división de opiniones entre los aguerridos maestros de la sección 7, pues, mientras unos 266 votaron por regresar a clases, otros 191 insistían seguir en pie de lucha hasta la muerte, acusando a sus líderes de vender el movimiento. Previamente, otra parte de los insurgentes, agrupados en la sección 40, habían decidido iniciar labores a partir de esta semana. Así, con esta salomónica decisión, un millón 700 mil alumnos y unos 80 mil maestros del sistema de Educación Básica regresaron a clases desde el lunes pasado.

El costo político de esta revuelta le salió muy alto al Gobierno Federal, ya que, aunque no lo reconozcan, la “concertacesión” deja ver el desvanecimiento de cargos contra los líderes del movimiento magisterial y la decapitación política de un presidenciable. Además, suma miles de millones de pesos el cálculo de los daños materiales, tanto a particulares como en inmuebles pertenecientes a instituciones de los estados afectados. Se espera también ajustes a la reforma educativa a fin de mantener la calma política en la recta final del sexenio, como muestra la suspensión de la evaluación docente en este año. Al final, se puede decir que algunos grupos políticos se salieron con la suya a expensas de los derechos de millones de niños de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Con la tregua ya declarada, Sylvia Schmelkes, consejera presidenta del INEE, reconociendo fallas en la forma en que se desarrollaron los procesos y se aplicaron los instrumentos de la pasada evaluación, presentó a los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados el replanteamiento del modelo de evaluación del desempeño docente, proponiendo que la evaluación prevista para 2017 tenga lugar en la escuela y esté vinculada a su contexto real. Ahora consideran tres etapas: Informe de responsabilidades profesionales, Proyecto de enseñanza (planeación didáctica) y el Examen de conocimientos pedagógicos y curriculares.

Fuente: http://sipse.com/opinion/grito-para-celebrar-columna-gis-pizarra-alejandro-castro-escalante-223290.html

Imagen tomada de: http://www.diariodepalenque.com.mx/wp-content/uploads/2016/09/ni%C3%B1os-de-chiapas-de-regreso-a-clases-e1474318061774.jpg

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CNTE-Chiapas: solución quimérica

Por Carlos Ornelas 

Los griegos inventaron seres fantásticos para encontrarle sentido a lo que no comprendían, creaban mitos que no sólo alimentaban la imaginación, también les servían para fabular y extraer alguna parábola. La quimera era uno de esos seres: un monstruo que tenía cabeza de león, cola de dragón, cuerpo de cabra y expelía llamas por su hocico. Increíble, ¿verdad?

De allí se derivó la palabra quimérica, una creación alucinada que algunos toman como realidad. Tengo para mí que eso fue lo que pasó con el expediente que permitió poner fin —no del todo, según las notas de la prensa— a la huelga de 124 días de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas.

A partir del 15 de mayo, los maestros de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, parte de la CNTE, comenzaron una huelga en las escuelas del estado, movilizaciones allá y plantones en la Ciudad de México. La demanda: abrogación de la Reforma Educativa.

No lo alcanzaron, pero demostraron poder. Parece que el gobierno creyó que la CNTE de veras tiene cabeza de león y que echa fogonazos por sus fauces. Por ello, sus coletazos —aunque sabemos que no son de dragón— ponen a temblar a la Secretaría de Gobernación, en especial a quien dirigía las negociaciones, el exsubsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, hoy secretario de Desarrollo Social.

Y es a él a quien el presidente Peña Nieto encomendó que fuera a resolver la huelga a Chiapas y a desactivar el movimiento. Y el gobierno supone que lo hizo. Esa realización aparente fue a modo de la vieja usanza priista, con base en cañonazos de billetes y la no aplicación de la reforma en Chiapas hasta diciembre de 2018.

Además, de acuerdo con opiniones vertidas por líderes de los maestros disidentes, el secretario Miranda se comprometió a otorgar siete mil pesos por tres meses a estudiantes normalistas que no aprueben el examen de ingreso al servicio profesional docente.

Más todavía, para alimentar la barriga de cabra de esa quimera, el secretario Miranda acordó transferir 150 millones de pesos para infraestructura educativa —como si no hubiera un plan nacional para ese asunto— y obsequiar útiles y uniformes escolares a los alumnos. Me imagino que las secciones sindicales administrarán esos fondos.

Por si fuera poco, el gobierno descongeló dos cuentas de la CNTE y se comprometió a pagar salarios y prestaciones, sin descuento alguno, a todos los maestros paristas. Ya crecidos y con impunidad garantizada, los maestros que se comprometieron a regresar a clases el miércoles sólo lo harían si los padres de familia pagaban las cuotas “voluntarias” de inscripción. Asunto que llevó a familias pobres a la casa de empeño.

Es una ironía cruel. Los defensores de la escuela pública y gratuita no dejan entrar a las aulas a los niños cuyos padres no aporten. Todo se carga a los más pobres, mientras la Constitución duerme en el regazo de la alta burocracia.

Luis Enrique Miranda no firmó ninguna minuta. Ya se dio cuenta de que la prensa entrometida encuentra documentos que quisiera guardar en el secreto más recóndito. Tampoco quiere enfrentar la ira de Mexicanos Primero y otras organizaciones civiles que promueven amparos para que los pactos entre el gobierno y la CNTE se publiquen. Mantiene oculta a la quimera que él ve como animal con vida corpórea.

Aunque el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, discursea que no hay pactos, su colega en el gabinete lo deja colgado de la brocha. ¿Acaso Nuño perdió el apoyo del Presidente?

Dirán, bueno, si es un acuerdo verbal el gobierno no lo cumplirá. Cierto, los altos mandos no perpetran lo que prometen a la gente común. Pero sí acatan los acuerdos con la CNTE; temen que regrese vomitando fuego. Ésa es la moraleja de esta fábula.

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2016/09/25/1118869

Imagen: static.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2016/05/Maestros-960×500.jpg

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Regular aranceles en centros de educación privados en Panamá

Centro América/Panamá/27 de septiembre de 2016/Fuente: radio la primerisima

La educación privada panameña y su enfoque empresarial chocan actualmente con la intención del parlamento de disminuir los gastos de las familias a través de modificaciones a la Ley Orgánica de Educación.

‘En los últimos años hemos observado impávidos cómo ha incrementado de forma indiscriminada el costo de la matrícula y la anualidad de los colegios privados en todo el territorio nacional’, señaló el documento presentado por los diputados Miguel Ángel Fanovich y Francisco Alemán.

Los parlamentarios señalaron, además, que se debe normar el tiempo de los cambios de uniformes y libros de textos escolares, porque estos últimos se utilizan solo un año y los padres los compran a altos precios.

Por su parte, la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (Uncep) reaccionó ayer contra la iniciativa legislativa a través de un comunicado, al afirmar que el proyecto es innecesario, pone en riesgo la calidad y pertenencia de la educación, al buscar regular el uso de libros y uniformes escolares de colegios particulares por un tiempo determinado.

‘Condicionar el aumento del costo de mensualidades o anualidad, resulta imposible en la práctica, pues allí se estancaría cualquier iniciativa de incremento, por falta del quórum reglamentario’, señaló la Uncep al cuestionar el método propuesto y advirtió que representaría una amenaza a la sostenibilidad económica de los colegios particulares.

El gremio encontró solidaridad en su homóloga Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), la cual manifestó su desacuerdo con el proyecto de ley, y dijo que observa con ‘preocupación’ la propuesta, porque la inscripción de los alumnos en escuelas privadas es decisión de cada padre de familia.

Apede agregó que los colegios particulares están obligados a atender las normas de Ministerio de Educación en pedagogía, pero ello no implica renunciar a sus derechos como empresas libres, en lo relativo a asegurar la sostenibilidad del negocio.

Una encuesta de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realizada con medio centenar de centros, arrojó que casi la mitad de la muestra realizó incrementos en sus matrículas y mensualidades, entre el actual y el venidero curso escolar.

El estudio ofreció detalles de los aumentos extremos que en algunos fue de más del 25 por ciento, y el promedio general de los analizados, en cifras absolutas, están entre 75 y 95 dólares en las mensualidades y de 300 a 500 dólares en las cuotas de inscripción o matrículas.

Según analistas locales, estos aumentos podrían vetar el acceso a la enseñanza privada a familias de ingresos medio-bajos, las cuales realizan un esfuerzo económico por enviar a sus hijos a esas escuelas en busca de mejor calidad de educación, en contraposición de las públicas.

Un debate sobre las dificultades materiales para mejorar la enseñanza en instituciones estatales, rechazó los intentos de ampliar la privatización del sector, promovido desde gremios empresariales.

Fuente: http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/210168/regular-aranceles-en-centros-de-educacion-privados-en-panama

Imagen: www.analitica.com/wp-content/uploads/2015/08/Panamá-listo.jpg

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