Cuba/Diciembre de 2016/Autor: Gabriel C. Salvia/Fuente: El País
Las negociaciones del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y Cuba no contemplaron, en su inicio, el rechazo del Gobierno de Raúl Castro a las recomendaciones de apertura política y cese de la represión. Las mismas habían sido formuladas en 2013 por varios países europeos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En efecto, el actual canciller cubano Bruno Rodríguez fue quien intervino en los primeros días de mayo de 2013 en el último Examen Periódico Universal (EPU) de su país en Ginebra. Afirmó en la ocasión que «Solamente 20 recomendaciones, que son incompatibles con los principios constitucionales y el ordenamiento jurídico interno, y cuyo contenido es contrario al espíritu de cooperación y respeto que debe primar en el EPU, no cuentan con el apoyo de Cuba».
Entre las recomendaciones rechazadas tajantemente por Rodríguez se encontraban las de Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa y Rumanía. Un total de 14 Estados miembros de la UE.
Teniendo en cuenta este antecedente cercano, sin un previo gesto concreto de Cuba en materia de apertura política no tenía sentido entonces comenzar a discutir un acuerdo, pues todo lo que se pone en un papel sobre derechos humanos no tendrá ningún efecto práctico. Así funciona el régimen de partido único de Raúl Castro.
El Gobierno cubano sostiene que garantiza los derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, los condiciona a los fines de la sociedad socialista y de esa manera los anula. En consecuencia, organizaciones independientes de la sociedad civil cubana como la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, las Damas de Blanco, Cubalex, el Centro de Estudios Convivencia, la Unión Patriótica de Cuba, por citar algunos ejemplos, son definidas como ilegales. El ejercicio que hacen de sus derechos universales a la libertad de asociación, reunión, expresión y petición es considerado un delito.
Por tal motivo, resulta insólito haber incluido en los considerandos iniciales del acuerdo que las partes, los Estados de la UE y Cuba, reafirman «su respeto por los Derechos Humanos como está estipulado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales relevantes en materia de derechos humanos»; y recuerdan «su compromiso con los reconocidos principios de la democracia, buen gobierno y el Estado de derecho».
Es que Cuba no produjo ninguna reforma de su sistema jurídico e institucional, el cual explícitamente reprime el ejercicio de los derechos humanos y, al mismo tiempo, la represión ha aumentado en los últimos meses. Esto es algo que las embajadas europeas en La Habana podrían corroborar por sí mismas, ya sea asistiendo un diplomático a las marchas dominicales de Las Damas de Blanco y también tomando contacto con los actores cubanos víctimas de la represión.
De esta manera, las negociaciones empezaron mal si es que realmente hubo en algún momento un genuino interés de la UE en que Cuba produzca avances en materia de apertura política.
Asimismo, teniendo en cuenta el rechazo de Cuba a las recomendaciones de Estados miembros de la UE en Ginebra y los fundamentos esgrimidos por el canciller de Raúl Castro —el mismo que firmó el Acuerdo con la alta representante de la UE, Federica Mogherini— defendiendo su sistema político y sosteniendo propagandísticamente que su Gobierno respeta los derechos humanos, es ilusorio pensar que el diálogo político producirá resultados positivos en favor de los derechos humanos en la Isla.
Más allá de lo establecido en este acuerdo, lo inadmisible es que varios países europeos en definitiva le hacen extensiva a los activistas democráticos cubanos la misma ilegalidad que les impone el régimen de Raúl Castro. Ello, además, los convierte en cómplices de la represión a los derechos humanos.
Centroamérica/ Cuba/ 12 Diciembre 2016/ Fuente: Noticias 24.
Cristian Garcés destacó las conquistas sociales en la Isla de Cuba, entre ellas los avances en el tema de la salud. Asegura que esa nación dispone del doble de médicos por habitante que Estados Unidos.
Lea el artículo completo a continuación:
Cuando se piensa en los mejores indicadores en salud, educación, equidad de género y cultura, rara vez se piensa en primer lugar en una pequeña Isla del Caribe. Y si a eso sumamos que la pequeña islita tiene un PIB incomparablemente menor que el de Japón, o que el de Suecia, es muy difícil creer que esa nación pueda equiparárseles o aventajarles.
Cuba, la pequeña Isla del Caribe, con algo más de 11 millones de habitantes, subdesarrollada y enfrentada por más de cinco décadas al país más poderoso del mundo, desafía los pronósticos que para ella suele tener el mundo occidental.
Los cubanos han alcanzado cifras récord en cuanto a sus conquistas sociales, y no lo dicen ellos, sino las organizaciones creadas para medir el bienestar humano. Cuba no es Japón, pero según Save the children, la organización no gubernamental para la defensa y promoción de los derechos de la infancia, es superior a la nación nipona para el desarrollo de las niñas. De hecho, Cuba es, según la misma organización, el primer país de Latinoamérica en mejores oportunidades para ellas.
La UNICEF sumó otra alabanza para Cuba durante este año. En su informe, la organización reconoce el liderazgo regional de Cuba en materia de desarrollo para la primera infancia.
Y quien se asombra de estos anuncios es porque no conoce que Cuba, según la UNESCO, es el único país que logró cumplir los objetivos para 2015 establecidos por el Foro Mundial de Educación de Dakar en el año 2000. O quizás, de quien prefirió ver a unos pocos desde Miami decir que la vida en Cuba es insostenible, mientras la Organización Mundial de la Salud lo reconocía como el primer país del planeta en eliminar la transmisión materno-infantil de VIH-Sida y sífilis congénita.
Libertades, derechos, oportunidades piden para Cuba sus detractores, todo porque se resisten a adoptar fórmulas impuestas de determinados modelos de democracia, cuando han encontrado la vía para ver satisfechas las aspiraciones de su población, en un sistema que pondera al ser humano sobre el afán desmedido de obtener ganancias. Los que hablan de “dictadura” no reconocen la inversión del 13% de su PIB en educación- según el Banco Mundial, Cuba es el país del mundo que invierte más en educación- la erradicación del analfabetismo y mucho menos que la Isla posee los niveles más altos de esperanza de vida en el continente.
Qué contradictorio que un “régimen totalitario” haya logrado erradicar muchas de las enfermedades prevenibles que aún golpean a América Latina o que fuera bandera en la eliminación de la desnutrición infantil.
La Unión Europea –el mismo bloque que apostó hace 20 años por una posición común contra la Isla por la “falta de libertades civiles”- reconoce que las cifras alcanzadas en materia de educación en Cuba “son excepcionales entre los países en desarrollo”.
Parece ser que no pudieron hacer oídos sordos a ese informe de la UNESCO que grita más que dice: “Cuba dispone de la tasa de analfabetismo más baja y de la tasa de escolarización más alta del continente.” Según este organismo, “un alumno cubano tiene el doble de conocimientos que un niño latinoamericano y agrega: “Cuba, aunque es uno de los países más pobres de América Latina, dispone de los mejores resultados en cuanto a la educación básica”porque “la educación ha sido la prioridad más importante”.
Cuba ha vivido sitiada por el Imperialismo estadounidense durante más de medio siglo. El Imperio del norte la ha castigado a ella y a quien haya osado ayudarla. El bloqueo se recrudece para el pueblo cubano y aún amenaza a quien quiere apoyar a ese pequeño país con logros enormes. En esta coyuntura, los esfuerzos de la Isla cobran mayor trascendencia y resalta que hayan alcanzado índices de ensueño a pesar del cerco.
Con tal amenaza sostenida en el tiempo, ¿cómo pudieron lograr entonces la tasa de mortalidad infantil más baja del continente? En el reporte del New England Journal of Medicine, la más prestigiosa revista médica del mundo, se revelan las sorpresas ante los beneficios que disfrutan los cubanos. “El sistema de salud cubano parece irreal. Hay demasiados doctores. Todo el mundo tiene un médico de familia. Todo es gratis, totalmente gratis […]. A pesar de que Cuba dispone de recursos limitados, su sistema de salud ha resuelto problemas que el nuestro [el de Estados Unidos] todavía no ha logrado resolver”.
La revista agrega que “Cuba dispone del doble de médicos por habitante que Estados Unidos”.
Todavía repiten los trasnochados del capitalismo, que la Isla poseía ventaja en esto o en aquello antes del triunfo revolucionario, vociferan por un país donde se pueda “vivir decorosamente”, mientras el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ejemplifica que, durante la última década, Cuba es el único país de América Latina y del Tercer Mundo que se encuentra entre las primeras diez naciones con el mejor índice de desarrollo humano sobre los tres criterios “esperanza de vida, educación y nivel de vida”.
Cuba ha demostrado al mundo que ser pequeño, pobre y estar sitiado no impide velar por los derechos fundamentales que se requieren para la vida humana. No lo hubiera logrado, sin embargo, si no hubiera existido la voluntad política y la vocación humanista de sus líderes, unido al compromiso de todo un pueblo en el mantenimiento de estas grandes conquistas y en la transformación de la sociedad.
En un mundo donde todo se compra y se vende, donde lo más valioso como la educación y la salud se vuelven mercancías, Cuba ha dado una lección aún más grande. Ahí están, para demostrar la fuerza de su altruismo, los profesores que, en extraños confines del mundo enseñan a leer, los ingenieros que ayudan a construir y los médicos que, retando a la muerte ajena y a la propia, salvan miles de vidas en numerosos países del mundo.
Cuba produce y exporta vida, qué más cabría esperar de una nación cuya premisa fundamental es la construcción de un socialismo más justo y equitativo.
Turquía/Diciembre de 2016/Fuente: Amnistia Internacional
Decenas de miles de residentes de Sur, sitio declarado patrimonio mundial por la UNESCO, forman parte del medio millón de personas que según estimaciones se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la brutal campaña de represión que las autoridades turcas han llevado a cabo durante el último año y que podría constituir castigo colectivo, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Cuando la represión de las voces de la oposición kurda por el gobierno turco se intensifica, el informe, titulado Displaced and dispossessed: Sur residents’ right to return home, revela la situación desperada de familias que se han visto obligadas a abandonar el centro histórico de Diyarbakır como consecuencia de las intensivas operaciones de seguridad llevadas a cabo a finales del año pasado y del toque de queda actualmente en vigor día y noche. Las viviendas del antes animado distrito han sido destruidas por los bombardeos, demolidas y expropiadas para dar paso a un proyecto de reurbanización del que es probable que se beneficien muy pocos ex residentes.
“Un año después de la imposición del toque de queda permanente en Sur, miles de personas continúan desplazadas de sus hogares, tienen dificultades para poder subsistir y se enfrentan a un futuro incierto en un clima cada vez más represivo”, ha afirmado John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional.
“Mientras que la represión de la sociedad civil en el sudeste de Turquía ha recibido una amplia cobertura informativa, loe medios han prestado escasa atención al desplazamiento forzado que ha destrozado las vidas de personas corrientes con el pretexto de la seguridad.”
Tras la ruptura del alto el fuego en julio de 2015, estallaron los enfrentamientos entre personas vinculadas al armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las fuerzas de seguridad turcas. Como respuesta a las declaraciones de “autogobierno”, la construcción de barricadas y la excavación de trincheras en Sur, el distrito central de Diyarbakır, y otras ciudades del sudeste, las autoridades comenzaron a imponer toques de queda de 24 horas y a llevar a cabo operaciones de seguridad fuertemente militarizadas.
Mientras que la represión de la sociedad civil en el sudeste de Turquía ha recibido una amplia cobertura informativa, loe medios han prestado escasa atención al desplazamiento forzado que ha destrozado las vidas de personas corrientes.
El 11 de diciembre de 2015 se declaró el toque de 24 horas y por tiempo indefinido en 6 de los 15 barrios de Sur que impedía a las personas salir de sus viviendas incluso para comprar suministros alimentarios o médicos esenciales. Según informes, la policía hizo uso de altavoces para ordenar a la gente que se marchara. El suministro de agua y electricidad se cortaba durante largos periodos, mientras las viviendas eran sacudidas por los proyectiles del ejército y acribilladas por las balas.
Una mujer que intentó quedarse en su vivienda dijo a Amnistía Internacional: “Estuve en la casa con dos niños, no bebimos agua durante una semana. Un día dispararon un bote de gas [lacrimógeno] contra la casa. No tuvimos electricidad durante 20 días. Yo quería marcharme pero no tenía adonde ir.”
Los enfrentamientos en Sur terminaron en marzo de 2016, pero el toque de queda ha persistido en extensas zonas del distrito. Tras los desalojos forzosos, casi todas las propiedades han sido expropiadas por las autoridades turcas y muchos edificios han sido demolidos. Aunque el retorno es casi imposible ahora debido al toque de queda y a la destrucción, algunos residentes se han arriesgado a volver pero sólo han encontrado sus hogares allanados y sus posesiones saqueadas o destruidas.
Un hombre que regresó a su vivienda ocho meses después de ser desplazado encontró todas las paredes derrumbadas. Explicó a Amnistía Internacional: “Ya ni siquiera puedo llorar. He llorado tanto por la pérdida de mi casa.”
La policía obligó a otro hombre a abandonar su vivienda, junto con su padre y su hermano, y después los detuvo. Este hombre dijo a Amnistía Internacional: “Nos obligaron a salir apuntándonos con sus armas a la cabeza.” Al principio se acusó formalmente a los tres de delitos de terrorismo, pero después se retiraron los cargos. Cuando regresó a su vivienda descubrió que sus posesiones habían sido quemadas.
Una mujer dijo a Amnistía Internacional que la policía la hostigó cuando visitó su casa seis meses después de verse obligada a marcharse, y no tiene intención de volver. “Encontramos todas nuestras pertenencias rotas y amontonadas en el patio”, dijo. A su familia le ofrecieron una indemnización de 3.000 liras turcas (unos 800 euros) por la pérdida de sus posesiones, una mínima parte de su valor. Su nuera dijo: “Teníamos intención de apelar, pero dijeron que eso era todo lo que conseguiríamos, así que firmamos.”
Residentes desplazados no han podido encontrar una vivienda alternativa adecuada y asequible y tienen dificultades para acceder a servicios esenciales. Muchos perdieron su empleo al ser desplazados, y los niños y niñas han visto gravemente alterada su educación o han abandonado por completo la escuela. Las indemnizaciones totalmente inadecuadas y la falta de ayuda suficiente –o, en algunos casos, de cualquier tipo de ayuda– de las autoridades para pagar el alquiler han sumido a familias ya empobrecidas en mayores privaciones.
Gran parte de la población de este sitio patrimonio mundial se ha visto obligada a asistir a la demolición de su propio patrimonio.
Para agravar la situación, las medidas adoptadas contra las voces de oposición kurdas tras el intento de golpe de Estado han dado lugar al cierre de ONG que proporcionaban un apoyo decisivo a las personas pobres y desplazadas.
Los residentes rechazan la pretensión del gobierno de que el toque de queda en vigor y las demoliciones de casas se hagan en interés de la seguridad dado que los enfrentamientos terminaron hace ocho meses. Por el contrario, consideran que forman parte de un plan calculado para reurbanizar sus barrios y reasentar a sus habitantes en otros lugares. Se ha recuperado un proyecto de regeneración urbana anunciado por primera vez en 2012, pero los detalles siguen siendo escasos y no se ha consultado a los residentes. Este plan tiene precedentes en una constante de proyectos de esta índole en Turquía que han provocado desalojos forzosos de residentes que nunca pueden regresar a sus hogares.
“En el amargo aniversario del toque de queda en Sur, gran parte de la población de este sitio patrimonio mundial se ha visto obligada a asistir a la demolición de su propio patrimonio”, ha afirmado John Dalhuisen.
“Lamentablemente, la desesperada situación a la que se enfrentan los residentes desplazados de Sur es similar en decenas de distritos del sudeste de Turquía. El gobierno debe adoptar medidas urgentes para levantar el toque de queda y para garantizar que las comunidades afectadas reciben una indemnización completa y ayuda para regresar a lo que queda de sus hogares o, como mínimo, a sus barrios.”
Información complementaria
Sur es el distrito central de Diyarbakır, la mayor ciudad del sudeste de Turquía, de población predominantemente kurda. Su antigua muralla fortificada y los jardines contiguos de Hevsel fueron declarados patrimonio mundial de la UNESCO en 2015.
Muchas de las personas que viven en Sur llegaron a este distrito tras verse obligadas a evacuar poblaciones rurales durante el conflicto de las décadas de 1980 y 1990. Debido a los reasentamientos forzados que impusieron las fuerzas de seguridad de Turquía en aquella época, la población de Diyarbakır se duplicó con creces.
Con el estado de excepción decretado tras el intento de golpe de Estado de julio, la situación de los derechos humanos en el sudeste de Turquía se ha deteriorado. Una sucesión de decretos ejecutivos ha eliminado prácticamente las voces kurdas de oposición, y ha dado lugar al cierre de medios de comunicación y ONG. Alcaldes elegidos, entre ellos los de Sur y Diyarbakır, fueron sustituidos por interventores designados por el gobierno.
En noviembre se cerraron cientos de ONG en toda Turquía por motivos no especificados de “vinculación con organizaciones terroristas o amenazas para la seguridad nacional”. Entre las ONG clausuradas figuran las principales que prestaban asistencia a las familias desplazadas de Sur.
La cifra de al menos medio millón de personas desplazadas en el sudeste es una estimación basada en el tamaño de las poblaciones de las zonas sometidas a toques de queda de larga duración, en las proporciones de residentes obligados a huir de las que se ha informado, y en los niveles de destrucción de viviendas e infraestructuras en estas zonas.
Turquía es parte en varios tratados internacionales y regionales de derechos humanos, lo que exige que respete el derecho de las personas a la libertad de circulación, a una vivienda adecuada y a otros derechos económicos y sociales, y que proporcione recursos efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Panamá/Diciembre de 2016/Fuente: La Estrella de Panamá
La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá realizaron el lanzamiento, para Centroamérica, de la campaña ‘Defiende hoy los derechos de los demás’.
El objetivo de la campaña, de un año de duración, es promover y reconocer el aporte que realizan las personas alrededor del mundo para defender los derechos humanos y aboga por
la tolerancia, el respeto, la paz, la inclusión, la justicia y la protección de los derechos, de conformidad con el derecho internacional.
El lanzamiento para Centroamérica se realizó en el marco de la presentación de los informes sobre la situación de los derechos humanos en la región del Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco, y del Relator Especial de las Naciones Unidas, Michel Forst.
Aprovechando este espacio, la viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional María Luisa Navarro ponderó que ‘los derechos humanos son el corazón de la agenda de desarrollo, hablamos de equidad, de avanzar, pero si las personas no tienen los derechos, no pueden acceder a nada que les ofrezcamos’.
Por su parte, Alberto Brunori, representante Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que los derechos humanos pasan por momentos de grandes retos que van desde la violencia en todo el mundo, la discriminación extendida, las agresiones a los defensores y defensoras de derechos humanos y los femicidios.
La vía conectaría Puerto Esperanza (en el sureste de Perú) con la ruta interoceánica que atraviesa Perú y Brasil. Un nueva «carretera de la muerte» promovida por un polémico sacerdote italiano «dividirá en dos la tierra de varios pueblos indígenas aislados en el corazón de la frontera amazónica de los no contactados», según denuncia este jueves Survival International.
vía conectará Puerto Esperanza (en el sureste de Perú) con la ruta interoceánica que atraviesa Perú y Brasil. Así, según la ONG, el trayecto invadirá una parte de la denominada «Frontera Amazónica de los no contactados», una región que se ubica a lo largo del borde peruano-brasileño y que cuenta con la mayor concentración de pueblos indígenas aislados del mundo.
«Si la carretera sale adelante destruirá a los pueblos indígenas aislados y su ‘desarrollo’ terminará para siempre», denunció el director de Survival Internacional, Stephen Corry, quien pidió al Gobierno de Perú «respeto por los derechos humanos fundamentales y por el cumplimiento de la ley».
A pesar de que el Congreso peruano rechazó la construcción de la carretera en el año 2012, las obras han proseguido de forma ilegal durante estos años, y ahora el proyecto ha vuelto a ser propuesto por Carlos Tubino, del partido político Fuerza Popular.
Además, la nueva vía cuenta con el respaldo de Miguel Piovesan, un polémico cura católico que ha descrito a los pueblos indígenas de la región como «prehistóricos» y que ha arremetido contra las ONG internacionales por manifestar sus inquietudes sobre este plan.
De hecho, en su boletín parroquial, el sacerdote declaró: «No aceptamos la idea del aislamiento como un deseo natural de ellos. No lo comprobamos. Son entelequias de quienes sólo conocen a los pueblos indígenas de visita o por investigaciones basadas en hipótesis que nunca se comprueban en el campo».
Sin embargo, según datos de Survival International, alrededor del 80% de los entre 3.000 y 4.000 habitantes de la zona son indígenas, y la mayoría se oponen a este proyecto. La ONG estima que hay alrededor de 15 tribus no contactadas en Perú, muchas de las cuales se encuentran en la región donde se construiría la carretera.
Para Emilio Montes, presidente de la organización indígena FECONAPU, esta carretera no beneficia a los indígenas, «sino más bien a los madereros, mineros y petroleros ilegales y también a los narcotráficos». «Atenta contra la vida de nuestros hermanos aislados, como los mashco-piros (…) Necesitamos otros tipo de desarrollo con manejo sostenible de nuestros recursos«, concluyó.
El Ejército sirio y sus aliados han logrado arrebatar a los rebeldes Al Sajour, un distrito clave del este de Alepo, en el marco de una ofensiva que podría suponer uno de los mayores varapalos sufridos por los sublevados en esta ciudad.
Unos 10.000 civiles han abandonado los barrios del este de la ciudad siria de Alepo (norte), donde las fuerzas gubernamentales han recuperado el control total del sector norte de esta parte de la urbe, según ha informado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
El Ejército sirio y sus aliados han logrado arrebatar a los rebeldes Al Sajour, un distrito clave del este de Alepo, en el marco de una ofensiva que podría suponer uno de los mayores varapalos sufridos por los sublevados en esta ciudad desde 2012.
Los rebeldes todavía no se han pronunciado sobre las informaciones que señalan que las fuerzas del Gobierno han tomando Al Sajour, en el marco de la ofensiva que se ha intensificado en el este de Alepo y que podría llevar a partir en dos este sector controlado por los sublevados.
Los desplazados han llegado a áreas de la localidad bajo el dominio de las autoridades y de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada kurdo-árabe que recibe apoyo de EEUU, apuntó la ONG. Unos 6.000 civiles se han marchado desde el este de Alepo al distrito de Al Sheij Maqsud, en el norte de la población y dominada por las FSD; mientras que el resto se han trasladado a zonas en manos de las fuerzas gubernamentales, precisó la fuente.
La agencia de noticias oficial siria, SANA, señaló este domingo que unos 1.500 ciudadanos habían abandonado la mitad oriental en dirección a áreas en poder de las autoridades. El sector norte del Alepo oriental ha quedado bajo el control de los efectivos gubernamentales tras sus avances de las últimas horas.
Según el Observatorio, las fuerzas leales al Gobierno de Damasco han retomado el barrio de Al Sheij Jader y conquistaron por completo los de Al Haidaria y Al Sajur. También se han hecho con el dominio parcial del distrito de Al Sheij Fares. Por su parte, las FSD han tomado el control de puntos adyacentes, como partes del barrio de Bustán al Basha y Al Helik Al Tahiatani.
Venezuela, 18 de Noviembre de 2016, Autor y Fuente: CIM/CNIE/OMEP Venezuela
Hoy, 18 de Noviembre de 2016 se llevó a cabo la segunda sesión del Diplomado “Atención Integral de Niñas, Niños y Jóvenes de la Patria”. Esta actividad de formación contínua, de carácter gratuito, es promovida por el Centro Nacional de Investigaciones Educativas del Centro Internacional Miranda(CIM/CNIE) y la Organización Mundial de Educación Preescolar (OMEP), Capítulo Venezuela. Ha sido diseñada curricularmente por Iliana Lo Priore, organizada para aperturar por María Sarraute y coordinada por Haylee Avilán con el apoyo del Centro Regional de Investigación y Formación del Magisterio (CRIPFMA) y el Centro de Estudios de Derechos Humanos «Doña Irma Rosa Parra» (CEDIRPDDHH ONG).
La actividad se llevó a cabo en la U.E. Santísimo Salvador en Cagua, Estado Aragua. La ponencia central estuvo a cargo de José Cáceres Parra, Activista de los Derechos Humanos y Fundador del CEDIRPDDHH, quien abordó la justificación estratégica de las políticas sociales para niños, niñas y jóvenes, las consideraciones sobre las políticas educativas y su relación con el bienestar social, el reconocimiento de los sujetos de derecho y la búsqueda de la equidad como objetivo supremo del desarrollo, entre otros aspectos.
La actividad conto con la participación de los docentes del municipio Sucre quienes a través de un intercambio dialógico plantearon situaciones puntuales del quehacer educativo.
Para mayor información, comunicarse con Haylee Avilán, coordinadora del CIM para los municipios de Sucre y Zamora teléfono 0058-4167453946, cimcnes@gmail.com o al correo de Iliana Lo Priore, ililopriore@gmail.com o ililopriore@yahoo.es.
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