Derecho a la Educación e Inclusión

Por: Ignacio Mantilla

Pero a diferencia de los otros meses, es en diciembre cuando la falta de recursos de funcionamiento para cerrar el año nos obliga a recurrir a nuestra ilimitada imaginación para converger a la única solución posible: “tapar  un hueco cavando otros”. Diciembre es, definitivamente, la época de la desesperanza de nosotros, los rectores de las universidad estatales, que año a año presenciamos un desfinanciamiento creciente para el funcionamiento de nuestras instituciones.

Por esta época decembrina aparecen los futurólogos que nos presentan un arsenal de vaticinios para el próximo año. No quiero caer en la actitud apocalíptica de algunos de ellos, pero no puedo evitar deducir lógicamente, que de seguir así, la viabilidad de las universidades públicas se verá seriamente comprometida, pues se tendrá que limitar drásticamente su cobertura y sólo podrán realizar un mínimo desarrollo en investigación. Serán reducidas entonces a un romántico recuerdo de la cultura y la ciencia que produjo una casa de saberes abandonada en un país en desarrollo.

Quiero aprovechar el espíritu navideño que invade hoy a los lectores para  explicar algunas de las principales causas que originan la situación actual de las universidades públicas, porque como lo ha expresado recientemente -en este mismo medio- mi colega Mauricio Alviar, rector de la Universidad de Antioquia, nuestra situación financiera actual no puede ser peor.

La ley 30 de 1992 y algunos decretos que la reglamentaron pretendían estimular la formación al más alto nivel de los docentes universitarios en Colombia, así como estimular la investigación y premiar la productividad académica. Y efectivamente lo ha logrado, como lo demuestran las cifras actuales. Para esto, dicha ley determinó el salario de los profesores universitarios acorde con sus títulos y su productividad.

Para el caso particular de la Universidad Nacional, cuando se aprobó la ley 30, la Universidad contaba en su planta con 369 profesores con doctorado (una cifra alta comparada con la de las otras universidades tanto públicas como privadas del país en esa época). Actualmente cerca de 1400 profesores de la Universidad, es decir el 46%, poseen título de doctorado.

El Decreto 1279 de 2002, uno de los reglamentarios de la Ley 30, estableció claramente algunos estímulos para que un profesor pueda mejorar su salario mediante la publicación de libros o artículos en revistas especializadas de reconocida calidad. Así por ejemplo, si un profesor publica un artículo científico en una revista internacional del más alto impacto, se le reconocen en su salario hasta 15 puntos mensuales (hoy un punto equivale a unos $12.000), lo que representaría, por ser parte de la base salarial, un aumento de algo más de 3 millones de pesos al año, durante toda su vida laboral.

Pero los gobiernos de turno, al expedir la ley 30 y sus decretos reglamentarios posteriores no tuvieron en cuenta que en los presupuestos anuales de las universidades públicas estos incrementos también deben reconocerse, tanto para los salarios de enganche de los nuevos profesores, mejor calificados, como para el reconocimiento y estímulo a su productividad académica. Así, es contradictorio que cuanto más calificados y productivos son los profesores y, por lo tanto, mejores indicadores de calidad alcanzan las universidades públicas, más inviable se hace su sostenimiento.

Otra causa del hueco financiero de las universidades públicas es el que se ha cavado desde 2012, cuando el gobierno aumentó los salarios por encima del IPC, al igual que en los años 2013 y 2014, pero las instituciones con recursos propios (que hubiesen podido destinarse a inversión) tuvieron que cubrir un punto de ese aplaudido aumento. En la Universidad Nacional, por ejemplo, en 2012 esto representó $5000 millones; por lo tanto, en cinco años (12, 13, 14, 15 y 16) hemos cubierto ya 25.000 millones con recursos propios. En 2013 y 2014, por la misma causa fueron aproximadamente otros $5000 millones cada año, entonces debemos sumar lo de cuatro años (por el aumento de 2013) más lo de los últimos tres años (por el de 2014); es decir: (4×5000) + (3×5000) = 35.000. El total acumulado es entonces (25.000) + (35.000) = 60.000. Así que tan sólo por esta causa, la Universidad Nacional ha tenido que asumir, con recursos propios, el costo de aproximadamente $60.000 millones de pesos adicionales para su funcionamiento.

Ejemplos como el anterior demuestran que la causa del problema no es de origen interno de las universidades ni puede endilgársele a sus administraciones, sino consecuencia de decisiones externas. Esta ilustración de solo algunas de las razones de nuestra desfinanciación actual debe alertar sobre la inminente inviabilidad de las instituciones de educación superior pública, de no tomarse medidas urgentes para resolver este problema que es estructural, pues efectivamente, como lo informaba el rector de la Universidad de Antioquia, el hueco presupuestal de las universidades públicas hoy es de cerca de $800.000 millones.

La expedición de leyes, decretos, normas y la creación de mecanismos para  fomentar la calidad y la producción académica, no puede seguirse haciendo sin la garantía de la correspondiente financiación por parte del Estado. Muchas de estas decisiones han sido y son aplaudidas por la comunidad universitaria y por la opinión pública, pero comprometen irresponsablemente el futuro de las instituciones y amenazan, paradójicamente, lo que justamente pretenden mejorar, provocando una crisis mayor.

No sería justo, sin embargo, dejar de mencionar que en los últimos años las universidades estatales hemos recibido pleno respaldo del Congreso de la República para la promulgación de las leyes de estampilla, que con el aval del gobierno, han traído recursos nuevos a nuestras universidades, pero para inversión. Gracias a éstos hemos podido solucionar problemas urgentes como los de la dotación y modernización de la infraestructura. Naturalmente  la destinación específica de estos recursos no permite atender ni parcial, ni temporalmente, el desfinanciado funcionamiento.

Desde el Sistema Universitario Estatal hemos formulado algunas soluciones que tienen como base estudios técnicos serios. En esencia, creemos que el presupuesto anual debe incrementarse, en adelante, en 4 puntos por encima del IPC y que por una vez, el presupuesto de funcionamiento debe aumentarse en la base, en un porcentaje que cubra el hueco antes mencionado, que corresponde a un 30% del presupuesto de todo el sistema universitario.

Abrigo la esperanza de que el espíritu navideño logre influenciar la reforma tributaria para atender nuestras angustias financieras. Desde la Universidad Nacional, patrimonio de todos los colombianos, hago un llamado: S.O.S por la educación superior pública de calidad.

¡Felices fiestas 2016-2017!

Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/sos-universidades-publicas

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