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¿El estrato en la matricula cero, un factor de discriminación en las Universidades? Colombia

Las universidades públicas están desfinanciadas y según el SUE a 2021 la cifra se acerca a 15 billones, necesarios para lograr un equilibrio de mínimos, en las ahora 34 públicas con la llegada de la Universidad intercultural indígena ubicada en el sur y Unitropico ubicada en el oriente. La fórmula más general converge en reformar con urgencia los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1993.

       Se desfinanciaron no por corrupción, ni malos manejos, si no por la presión del estado durante dos décadas para incentivar el crecimiento real por encima de los recursos enviados. Las nuevas necesidades no fueron cubiertas por el estado ensanchando la brecha entre lo real y lo formal. El número de estudiantes, programas de pregrado ofertados, productividad pagada según decreto 1279 de 1993 y las demandas tecnológicas y de infraestructuras duplicaron las necesidades no satisfechas para cumplir con el derecho a la educación. El presupuesto enviado por el estado pasó de cubrir el 70% del ya reducido costo de un estudiante antes del año 2000 a ser inferior al 50% en 2021. Las plantas docentes quedaron rezagadas, las nóminas de docentes ocasionales las superan en número y actividades docentes y la investigación creció de manera exponencial.

      En 2021 el gobierno acogió la fórmula de matrícula cero, como mecanismo de distribución de recursos per-cápita, para más del 80% de estudiantes. Con la matrícula cero las universidades reciben menos del 10% de lo que cuesta el derecho a la educación de un estudiante, por lo que no se atacando la desfinanciación, ni fortaleciendo el sentido de lo público, aunque sea un logro importante de las movilizaciones de jóvenes en 2018, con acompañamiento de rectores, profesores y del interés del gobierno. Sin embargo, si le sumo a las universidades otra contradicción interna (que debilita su razón de ser), al tener que tratar con la identificación de sus estudiantes según el estrato, cuando es de común saber, que estratificar resulta contrario al sistema de derechos. Al estratificar se discrimina y, cuando un sector de jóvenes es tratado con distinción al asociarlos a su pertenencia y posición económica y no a su condición de jóvenes, se pasa la línea de la igualdad pudiendo provocar exclusión o segregar.

        El pacto de derechos económicos, sociales y culturales de 1966, dispone que los estados parte, y Colombia lo es, garantizarán el ejercicio de cada uno de los derechos sin discriminación alguna y al determinar un pago según estrato, aunque sea para pocos, se crea una distinción que afecta el goce de este derecho en condiciones de igualdad a todos los jóvenes, cuyo único requisito de acceso a la universidad debe ser de méritos, otras fórmulas medidas en factores de ingresos, bienes, riqueza material, lamentablemente pueden ocurrir en universidades de interés privado, donde poco pueden importar igualmente la democracia participativa o el reconocimiento de diversidades.

        El estrato es una práctica en apariencia neutra, pero no lo es, en tanto a ciertos jóvenes por causas ajenas a su condición individual, se les aplica una limitante propia de la esfera privada de su familia, no de ellos, que son quienes actúan ante la institución como responsables de su destino, como lo señaló la ilustración siglos atrás. El trato según el estrato origina una posible discriminación directa para un aproximado del 20% o menos de los jóvenes de las universidades públicas, de los cuales cerca de la mitad no tienen aún cedula de identidad, y desde ya reciben un trato menos favorable que los demás de su misma situación y “condición esencial de jóvenes”. En las calles han estado defendiendo la educación pública hombres y mujeres jóvenes, brutalmente reprimidos sin importar el estrato.

       La matrícula cero pagada por el estado según estratos, señala un trato diferencial, que al poner límites a los jóvenes por su pertenencia a una clase social afecta la naturaleza de la universidad pública, llamada a ser ocupada por quienes tengan los méritos, no por clases, ni pertenencia a grupos, ni por quien pueda pagar una matrícula, que, en todo caso, solo cubre la décima parte de lo que cuesta la totalidad de beneficios que compromete la institución. Entrar en la esfera de los diferenciales prohibidos por el sistema de derechos, de los que hace parte la “posición económica, junto con otros tales como origen, raza, color, identidad sexual, religiosa, o política, desvirtúa el artículo 13 del pacto de derechos cuando dispone que “la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente y que la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos”, ese todos, indica el derecho de acceso a los jóvenes, sin factores diferenciales de distinción, salvo méritos.

       Esa es la razón fundamental para reivindicar la defensa de la universidad pública con financiación total del estado, no parcial, ni con subsidios por demanda. La desfinanciación es de las instituciones, no de sus estamentos. Llamar a invertir lo que necesitan las universidades, para formar jóvenes y tener laboratorios de ciencia, bibliotecas, conectividad, docentes de alta calidad, siempre será mejor que invertir en batallones, armamentos y soldados, a quienes el estado cubre sin demora el 100% de lo que gastan. La matrícula cero es una estrategia compensatoria, que aunque útil, se separa del marco de los derechos, tampoco ataca la desfinanciación y en cambio pone en la agenda del debate la posible discriminación y vulneración a derechos, conforme a las letras de la Carta de las Naciones Unidas , la Declaración Universal de derechos humanos e inclusive del convenio 111 de la OIT.

       La matrícula cero en síntesis, es una apuesta del gobierno para entregar por demanda un aproximado 10% del presupuesto requerido por las universidades para sostener el equilibrio financiero y presupuestal. Los riesgos internos de déficit y faltantes adicionales cada año, al menor descuido pueden acelerar la privatización, si sus autoridades por desesperación ante el asedio de metas que cumplir caen en la trampa de conseguir recursos como sea o ahorrar hasta ahogarse. Salidas equivocas pueden conducir a degradar garantías y conquistas de docentes y trabajadores, imponer nuevas obligaciones, más tareas, reducir condiciones de tiempos de vinculación de ocasionales con afectaciones salariales y laborales, implementar la virtualidad como fin, no como medio, restar atención a políticas de inclusión y mitigación de la deserción, eliminar sistemas de becas y estímulos, empobrecer los campus y quizá dejar caer edificios icónicos o eliminar lo que parezca que “sobra” de estatutos y normas basadas en la autonomía y cumplir acríticamente los designios del capital.

       Está bien la matricula cero, aunque también adiciona un excesivo desgaste de gestión y tramite, pero la salida en defensa de la educación pública sigue siendo el justo reclamo por financiación total de las universidades y a los jóvenes darles tratamiento de jóvenes iguales, atenderlos con políticas de acceso, participación y bienestar, no como propietarios marcados por la casta, el linaje, el estrato.

P.D. La uptc recibió acreditación de alta calidad por 6 años más, un esfuerzo colectivo de quienes no han abandonado su compromiso ético para seguir siendo una universidad pública a toda prueba.

Fuente: https://rebelion.org/el-estrato-en-la-matricula-cero-un-factor-de-discriminacion-en-las-universidades/

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FODEP Nacional “Declaración Púbica: DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA: UN DEBATE POPULAR NECESARIO” (28 de septiembre, 2021). Chile

DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA: UN DEBATE POPULAR NECESARIO

Chile asiste, durante las últimas semanas, a un intenso debate sobre el concepto de “libertad de enseñanza”. Organismos que agrupan a los dueños de colegios y los grandes medios de prensa escrita encabezados por El “Mercurio”, han iniciado una campaña de difusión en la defensa de sus intereses, resguardados por la “libertad de enseñanza” como un derecho que debería ser garantizado por la constitución.

El Foro por el Derecho a la Educación Pública ha venido desarrollando una lucha por conquistar la educación como un Derecho Humano y Social. En tal sentido, las experiencias y el saber acumulado permiten afirmar que la “libertad de enseñanza” que hoy defienden los sectores del gran empresariado del país no es más que la “libertad de la antigua oligarquía chilena, de la iglesia y de la empresa privada, que se ha unido para consolidar la oferta privada en educación y la destrucción del sistema de educación pública chileno, acentuando la desigualdad y la segregación social en nuestro país. La concepción de la “libertad de enseñanza” en absoluto obedece a una concepción educativa y pedagógica, por el contrario, la constitución pinochetista, en su artículo 19.11 reduce esta libertad de enseñanza al “derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”, lo que le da garantía constitucional (art. 20), por sobre el Derecho a la Educación Pública.

Desmercantilizar la educación requiere desmantelar el concepto de la “libertad de enseñanza” que usan los poderosos. Debemos repensar el Derecho a la Educación Pública.

Como Foro por el Derecho a la Educación Pública llamamos a las organizaciones de base (sindicatos, gremios, asambleas, colectivos, estudiantiles, docentes, comunidades educativas, etc.) a formarnos y a discutir en cada espacio y territorio. Hay que organizarse y enfrentar la desinformación, construir argumentos y socializar la información. Así evitaremos que la elite continúe amparándose en la libertad de mercado, que solo los beneficia a ellos en desmedro del Derecho a la Educación Pública de todas las personas.

FORO POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

-septiembre 2021 –

Declaración Libertad de enseñanza – Campaña FodepDescargar

 

Fuente: http://derechoeducacionpublica.cl/fodep-nacional-declaracion-pubica-derecho-a-la-educacion-publica-un-debate-popular-necesario-28-de-septiembre-2021/

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La educación no debería ser un campo de batalla político

Por: Agustín Moreno

En la nueva ley de Educación «no está clara la suficiente apuesta por la red pública y por la reducción progresiva de la educación privada sostenida con fondos públicos»

El Gobierno ha informado que tramitará una nueva ley de Educación: la LOMLOE y derogará la LOMCE de 2013. Este anteproyecto de ley se llevó al Congreso en febrero de 2019, el mismo día que se disolvían las Cortes, por lo que no podía tener ningún recorrido. Ahora se vuelve a presentar el mismo texto y va a ser aprovechado por el Gobierno actual para agilizar los plazos para su aprobación. Pero la LOMLOE es solo del PSOE. Por eso es necesario que en el trámite parlamentario se modifique en todo aquello que refleje el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos (UP) en materia de educación y que se recojan las enmiendas que plantea la comunidad educativa.

Ya comenté en diciembre los acuerdos PSOE y UP para la formación del Gobierno de coalición progresista. El resumen de los mismos se refleja en el título del artículo: Los cambios en educación dependerán de cómo se concreten. Una nueva ley y otra política educativa permitirían fortalecer la educación pública siguiendo el modelo de casi todos los países europeos. Pero advertía que no está clara la suficiente apuesta por la red pública y por la reducción progresiva de la educación privada sostenida con fondos públicos.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, en su comparecencia del 20 de febrero al presentar la nueva ley centró el interés informativo en un tema colateral: el llamado “MIR educativo”. Aunque la formación del profesorado siempre se puede y se debe mejorar, los problemas más urgentes siguen siendo la precariedad, las elevadas ratios, las largas jornadas lectivas, la falta de medios o una organización escolar sin inclusividad. No debe haber señuelos que distraigan de los problemas de fondo de la educación en Españadoble red segregadora, insuficiente financiación y adoctrinamiento religioso. Porque lo verdaderamente importante es el resultado final, que dependerá de si a través de las enmiendas se producen cambios sustanciales en estos temas citados.

Redes por una Nueva Política Educativa organizó un debate el 7 de febrero en el que participó una amplia representación de la comunidad educativa y representantes parlamentarios de los partidos PSOE, Unidas Podemos y ERC. Éstos entendían que la reforma supondrá un avance importante al derogar la LOMCE y reformular sus aspectos más lesivos. Destacaron los elementos de progreso de este proyecto, entre otros, la nueva concepción de educación permanente, de la educación infantil, la inclusión educativa, admisión escolar, enseñanza de la Religión, competencias estatales y autonómicas.

Pero en el debate posterior, los asistentes defendieron el Documento de Bases para una Nueva Ley de Educación y mostraron sus preocupaciones y dudas con el texto del Proyecto de Reforma por su falta de convicción y claridad en defensa de una escuela pública, laica, democrática e inclusiva. También manifestaron su inquietud con algunas de las medidas recogidas en relación con “la coeducación, gestión democrática y participada del sistema escolar y centros educativos con insuficientes canales estables y permanentes para la participación de las comunidades educativas, parcelación de currículo en asignaturas, limitada relevancia de la planificación escolar, falta de decisión sobre el papel de subsidiaridad de los conciertos escolares, débil referencia al papel del sistema educativo en temas de emergencia climática, financiación de la reforma, si la ley lleva aparejada una memoria económica que posibilite las medidas anunciadas y la reversión de los recortes en educación, etc.”

En el debate los representantes políticos expresaron la importancia de contar con el apoyo de los colectivos presentes durante el periodo de tramitación del proyecto de reforma. Se mostraron abiertos a la recepción de propuestas de enmiendas al texto, que serían trabajadas por los Grupos parlamentarios en la tramitación parlamentaria de la ley. En esta línea, el Foro de Sevilla, que apoya el proyecto de una ley educativa porque es necesario derogar la LOMCE y todas las medidas que promueven la desigualdad y la selección del alumnado, hemos remitido a los partidos políticos 101 enmiendas de calado que esperamos sean recogidas.

Desde Mareas por la Educación Pública se han planteado movilizaciones en las distintas Comunidades Autónomas para el día 28 de marzo, con el horizonte de una movilización conjunta, en Madrid para mayo. Probablemente serán críticas, porque es difícil movilizarse en apoyo a una ley que no entusiasme si le falta ambición. Es seguro que otras movilizaciones las protagonicen la derecha, la Iglesia católica y la patronal privada. Y ello, aunque no vean realmente sus intereses perjudicados, porque hace mucho tiempo que han convertido la educación en un campo para la batalla política y se han empeñado en un peligroso proceso de privatización.

La utilidad de la nueva ley para el sistema educativo y el futuro de la sociedad española radica en si va a detener y revertir el proceso de desmantelamiento de la educación pública. De lo contrario, no servirá para nada la nueva Ley de Educación. Si no impide, por ejemplo, maniobras privatizadoras como el decreto de escolarización del Gobierno de Andalucía que elimina las garantías de existencia de plazas públicas suficientes, obliga a las familias a pedir centros públicos y concertados, y que ha hecho que se convoque una huelga en el sector para el 4 de marzo por todos los sindicatos . O si no evita la negativa a construir centros públicos, que se concierten enseñanzas no obligatorias (bachilleratos) y se trasfieran cada vez más recursos públicos a la privada, como hace Díaz Ayuso en Madrid.

Si no consigue evitar la segregación socioeconómica y no blinda la Educación Pública, la ley que sustituya a la LOMCE será una ley inane incapaz de reformar con visión de futuro la educación para el siglo XXI. Es una buena ocasión para apostar por una ley valiente que garantice el derecho a una educación pública de todos y para todos. No la desaprovechemos.

Fuente:  https://rebelion.org/la-educacion-no-deberia-ser-un-campo-de-batalla-politico/

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Declaración Foro por el Derecho a la Educación Pública ante Proyecto “Aula Segura”

Por: Opech.

Respecto al debate surgido a propósito de la tramitación del proyecto de ley que obliga a las escuelas y liceos a incorporar a sus reglamentos internos una vía rápida para expulsar estudiantes por hechos de violencia, el Foro por el Derecho a la Educación Pública declara:

a)  Rechazamos este tipo de medidas. Son una agresión al Derecho a la Educación de todas y todos las niñas y niños y jóvenes del país y además busca criminalizar al movimiento estudiantil. Vemos en esta iniciativa uno más de los intentos del gobierno de Sebastián Piñera por fortalecer el orden neoliberal antidemocrático, que comenzó a ser fisurado por el movimiento secundario desde el 2006, lo que ha impactado en la aparición de numerosos movimientos sociales a la fecha.

b) Lamentamos y rechazamos el hecho que se vea en este tipo de iniciativa una solución a los problemas educativos. El gobierno aprovecha el descontento y las condiciones de escasa democracia institucional e inestabilidad en que se encuentran las y los profesores para intentar dividir a las comunidades y al movimiento social. Rechazamos este tipo manipulaciones que al decir atender un problema de las y los actores educativos, termina minando la democracia de las escuelas, abriendo más espacios a la mercantilizando de la educación y criminalizando a los actores de los establecimientos públicos.

c) Ya el 2011 se expulsaron más de 11000 estudiantes por movilizarse en defensa de la educación pública. Durante estos años han continuado las expulsiones, reubicaciones y otro tipo de sanciones a las y los estudiantes que se manifiestan en defensa de la educación pública. A esto agregamos la constante violencia y acoso policial a las y los estudiantes que se organizan y movilizan. Estas medidas han fracturado a las comunidades y son, en parte, responsables del clima de desconfianza que se vive en los establecimientos educacionales.

d) La educación pública es hoy uno de los lugares en que más se expresa la discriminación y la agresión que genera la competencia capitalista. Es un sistema en crisis que a falta de sentido social, los actores caen en el desgano y la desmoralización. Como consecuencia de esto y las medidas mercantilizadoras de los sucesivos gobiernos, hoy sólo tenemos el 30% de matrícula en las escuelas públicas, es urgente fortalecerlas y no estigmatizarlas más.

e) Si bien durante la última semana se han realizado cambios al proyecto, éstos son cosméticos y mantienen y, peor aún, naturaliza el abordaje punitivo de los conflictos escolares. Así trasladamos la lógica víctima-victimario que, lamentablemente, hoy  impera en nuestra sociedad a las escuelas. Tal oposición es falsa y no permite un abordaje educativo de los conflictos. La escuela debe solucionar sus problemas incluyendo, nunca excluyendo, educando, nunca expulsando, así se desconoce el sentido transformador que debe tener la educación.

f) Las ciencias de la educación y de la pedagogía abundan modelos para tratar los conflictos en el ámbito y los espacios educativos. Está el acompañamiento, el hacer asumir la responsabilidad y la participación activa de la comunidad en el análisis para la solución de los conflictos, el incorporar las contradicciones sociales en los procesos educativos entre otras medidas formadoras y democráticas. La expulsión de un solo estudiante del establecimiento es la evidencia más dramática del fracaso de un establecimiento y de un modelo educativo.

g) ¿Por qué no poner en discusión este tipo de abordajes? La respuesta es sencilla. Este abordaje implica fortalecer las escuelas públicas; fortalecer el trabajo horizontal de las y los profesoras/es, construir mejores condiciones de infraestructura educativa y hacer de nuestras escuelas comunidades formadoras y de principios solidarios. Por supuesto esto también implica hacer las transformaciones que desde hace más de 12 años exige el movimiento estudiantil y la sociedad en su gran mayoría, una educación con equidad y calidad que forme personas solidarias y críticas, que se instruye durante toda su vida, se amplía, se enriquece, libera y perfecciona en su relación con el medio social y ambiental.

h) Por el contrario, este proyecto termina invisibilizando la necesidad de esta discusión y reduce el debate a una sanción que no resuelve los problemas de la educación pública. Llamamos a las comunidades educativas a unirse y no a dividirse. A rechazar este proyecto y abrir un proceso de debate que nos una como comunidad en defensa de nuestras escuelas públicas. La comunidad educativa debe ser quien defina sus procedimientos de convivencia, basadas en el derecho, nunca en la punición, en la inclusión, nunca en la segregación, en la formación, nunca en la expulsión de una niña y niño.

i) El Foro por el Derecho a la Educación Pública queda a disposición de todas las comunidades educativas y actores sociales que requieran el apoyo para defender el Derecho a la Educación de toda persona, sin distinción alguna de edad, procedencia social, etnia, idioma, sexo y opinión política.

Fuente de la reseña: http://www.opech.cl/declaracion-foro-por-el-derecho-a-la-educacion-publica-ante-proyecto-aula-segura-2/

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Jordan signs agreement with Germany worth 10 million euros to finance education projects

Jordania/Noviembre de 2017/Fuente: Xinhuanet

Resumen: Jordania y Alemania firmaron el domingo un acuerdo de subvención adicional por valor de 10 millones de euros para financiar la Fase II del Programa de Construcción de Escuelas bajo el Plan de Respuesta de Jordania (JRP). La subvención, que forma parte de los compromisos de 2016, tiene como objetivo financiar la segunda fase del Plan de Construcción Escolar para construir nuevas escuelas públicas, y ampliar y proporcionar mobiliario y equipos a los existentes en las comunidades anfitrionas de refugiados sirios. La primera fase se firmó el 31 de julio de 2017 con un valor de 19 millones de euros. El proyecto surge como parte de los compromisos asumidos durante la Conferencia de Londres sobre el apoyo a Siria y la región en 2016.

Jordan and Germany on Sunday signed an additional grant agreement worth 10 million euros to finance the School Construction Programme Phase II under the Jordan Response Plan (JRP).

The grant, which is part of 2016’s commitments, aims to finance the 2nd phase of the School Construction Plan to build new public schools, and expand and provide furniture and equipment to existing ones at Syrian refugees host communities.

The 1st phase was signed on July, 31, 2017 with value of 19 million euros. The project comes as part of the commitments made during the London Conference on supporting Syria and the region held in 2016.

During the signing ceremony, Minister of Planning and International Cooperation Imad Fakhoury said that the programme is among the priorities of the Jordan Response Plan to the Syrian crisis, and will contribute to implementing the Education Ministry’s plan on addressing the impacts of the Syrian crisis on education in the Kingdom and improving the quality of education provided to the Syrian and reducing overcrowding at schools.

Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2017-11/12/c_136746865.htm

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Cómo destruir la educación en nombre del derecho a la educación

Julio Moreira

El 1 de junio de 2014, tras imponerse en las elecciones internas del Frente Amplio, Tabaré Vázquez anunció una serie de objetivos que orientarían su accionar si ganaba las elecciones de octubre de ese año. Entre ellos se encontraban algunos para el área de la educación: todos los jóvenes de hasta 17 años serían incluidos en el sistema educativo, y se alcanzaría un 100 por ciento de promoción en el ciclo básico y un 75 por ciento de egreso global en la enseñanza media.

En principio, determinar las metas del sistema educativo público como si se tratase de una empresa de servicios que busca aumentar su número de socios desplaza otras posibilidades, como la ilustración de niños y jóvenes a través de los conocimientos fundantes de nuestra cultura, sin los cuales no es posible sostener la responsabilidad democrática, la solidaridad, el respeto por la naturaleza, la sensibilidad artística, el cuidado de la salud, la capacidad de análisis, el sentido crítico y la autonomía.

Pero, de acuerdo a los anuncios de Vázquez, la educación pública tiene, en este momento, un fin difícil de compatibilizar con los antedichos: la universalización de la cobertura, la retención y la promoción. Sin dudas es compartible la meta de que todos los jóvenes de Uruguay se integren al sistema educativo. Pero no debería cumplirse a cualquier costo, al menos para los que creemos en los principios antes expuestos.

El camino elegido para dar cumplimiento a las promesas electorales tiene, a mi entender, dos grandes problemas. Uno, se centra en un cambio sustantivo en las formas de acreditar la culminación de ciclos. Los planes de estudio son multiplicados con el objetivo de ofrecer opciones flexibles que faciliten la promoción. Así, los que dispongan de las condiciones materiales para afrontar una educación integral podrán hacerlo; para ello existen los planes de estudio más exigentes. Los que no, pueden optar por alguna de las formas alternativas y académicamente pobres de acreditar la culminación de ciclos educativos.

El otro problema –y es lo central de este artículo– es que, avanzada la reforma, el gobierno debe invertir en infraestructura, pues la cantidad de centros es insuficiente para mejorar la cobertura y la retención. En la actualidad hay más de 2.300 escuelas para 250 mil niños, y apenas 297 liceos y 127 escuelas técnicas para 300 mil jóvenes.1 A esta insuficiencia de locales en la educación media se le suman las promesas de universalizar la cobertura de los y las niñas de 3 años, y de expandir el tiempo completo en primaria común.

Sucede que la opción gubernamental para ampliar la infraestructura educativa trasciende ampliamente los asuntos de la infraestructura como rubro: poner en funcionamiento más de 180 centros educativos mediante la modalidad de participación público-privada (Ppp).

PPP: UNA PÉSIMA OPCIÓN. La Ppp no es sólo una forma de encomendar a un privado la construcción de un edificio, sino que además supone que ese edificio sea administrado por hasta 35 años por el privado, que asume la responsabilidad de repararlo, amueblarlo, limpiarlo y protegerlo, además de tener el derecho a usarlo con fines propios.

En el marco del plan quinquenal de infraestructura 2015-2020 del gobierno nacional, la Anep ha realizado ya dos llamados a licitación pública internacional para el diseño, financiamiento, construcción y mantenimiento de centros educativos públicos, bajo el régimen de Ppp, por un plazo de 22 años.

El primer llamado se realizó el 24 de noviembre de 2016 y comprendió 15 centros Caif (Inau) y 44 jardines para educación inicial (Anep). El segundo llamado se realizó el 20 de abril de 2017; comprendió 23 escuelas, diez polideportivos y nueve polos tecnológicos (Anep). A la fecha están previstos dos nuevos llamados: el tercero incluirá 25 Caif y ocho escuelas; el cuarto sumará 51 liceos (Anep).

Son muchas las razones por las que la Ppp es una pésima opción para la educación pública. Algunas son de índole económica, entre ellas: se profundiza la política de otorgar exoneraciones tributarias y beneficios fiscales al gran capital, se reduce el potencial de generación de empleo que los nuevos centros podrían tener en el sector de la construcción, el costo de los edificios es más alto que con una licitación tradicional, se dejan en manos de privados terrenos que son públicos, la Anep puede tener que indemnizar al privado en caso de paros y huelgas, el Estado debe pagar cifras millonarias al privado en caso de terminar anticipadamente el contrato, etcétera. En esta instancia me centraré en las razones de índole educativa.

  1. La Ppp incidirá en la definición de las políticas educativas. Preguntado acerca de si la Ppp supone privatizar la educación, el presidente de la Anep, Wilson Netto, respondió: “Las expresiones respecto a privatizar desde el punto de vista pedagógico la dirección educativa están totalmente fuera de lo que establecen las normas, y del espíritu y la vocación con los cuales se trabaja”.2 Pero la respuesta de Netto es falsa porque, de manera colateral, se da al privado la posibilidad de incidir sobre las propuestas educativas. La mayoría de las escuelas y liceos que buscan crearse a través de la Ppp son de tiempo extendido o completo. En función de ello, se fijan por contrato, a 22 años, los días y horarios de trabajo de la Anep en los centros. ¿Qué sucede si mañana deciden modificarse estas políticas, generándose la necesidad de disponer de los locales en días y horarios diferentes a los acordados? Nada obliga al privado a acceder: puede bloquear una política educativa. Y si aprueba un cambio será a costa de más dinero.
  2. La Ppp incidirá sobre el uso que docentes y estudiantes hagan de sus centros educativos. La vida de los centros educativos trasciende las actividades previstas por la administración. De hecho, muchas actividades se desarrollan fuera del horario de clases: emergentes educativos, actividades de integración, salidas didácticas, paseos, convocatoria a padres, actividades de formación, organización y realización de eventos solidarios, proyecciones cinematográficas, bailes, ceremonias de egreso, muestras artísticas, etcétera. Dado que la Anep fijará por contrato con un privado los días y horarios de trabajo, existirán fuertes limitaciones a cualquiera de las actividades antedichas. Así se restringe toda iniciativa extracurricular de la comunidad educativa.
  3. Se promueve una lógica de competitividad. La gran mayoría de las escuelas y los liceos del país llevan décadas denunciando la de-satención presupuestal de sus necesidades, especialmente la falta de cargos docentes y de gestión y servicios, y los problemas de infraestructura. En medio de esa realidad se pretende crear una minoría de centros educativos con rubros para mantenimiento, equipamiento, limpieza y seguridad. ¿A qué centro querrán los padres enviar a sus hijos? ¿Al que tiene goteras y en el que nadie cuida el ingreso, o al que es nuevo, limpio y seguro? ¿Qué niños y jóvenes son los que tendrán más posibilidades de acceder a los nuevos centros: los que disponen de un entorno adulto que los acompaña, o los que provienen de un contexto social adverso? ¿Qué niños y jóvenes quedarán en los liceos que carecen de las condiciones mínimas necesarias por omisión presupuestal?
  4. Los criterios lucrativos de la empresa prevalecerán sobre los criterios pedagógicos.En el contrato a celebrar entre la administración pública y el privado se dejará en manos de este último la dirección, logística y organización del personal, insumos, equipos y todo otro ítem necesario para el diseño, la construcción y la operación de los centros educativos. Y si bien se establecen ciertos parámetros básicos para la aceptabilidad de los servicios, ¿qué sucede si una comunidad evalúa que, aunque se ajusten a los parámetros acordados con la Anep, los servicios son inadecuados? Nada impide, por ejemplo, que se exponga a los estudiantes al contacto con funcionarios no preparados para el trato con niños o jóvenes, funcionarios que, además, pueden rotar cada poco tiempo. En estas y otras posibles situaciones se despoja de su inherente función educativa a las tareas no docentes que se realizan en un centro educativo.
  5. Los formatos constructivos no serán negociados con las comunidades. Desde hace algunos años el trabajo sindical en el área de la infraestructura permitió, al amparo de ciertas leyes, la instalación de ámbitos en los que se presenta a la comunidad el diseño de la obra a ejecutarse, para que aquélla pueda modificarlo a partir de su conocimiento de las necesidades locales y de valoraciones pedagógicas. De esta forma fue posible corregir a tiempo la insuficiencia de aulas proyectadas para el número de grupos existentes, la no previsión de bibliotecas y laboratorios, o la ausencia de baños en toda una planta. Sin embargo, las obras por Ppp tienen un formato predeterminado en los pliegos, que no fue negociado, y que sólo puede modificarse encareciendo los costos de la obra (si la empresa adjudicataria acepta, pues no tiene obligación de hacerlo). De esta forma se retrocede en materia de acuerdos, se desconoce el convenio 155 de la Oit (que dispone la obligatoriedad de negociar las condiciones de salud e higiene con los trabajadores) y se limita la negociación colectiva entre la Anep y los sindicatos de la educación.
  6. Las instalaciones pueden ser usadas por el privado con fines no educativos. A pesar de que los centros se construyen en terrenos públicos, están privatizados en su uso. De hecho, el canon que la administración pública paga al privado es por concepto de “pago por disponibilidad”. Si cumple los “servicios” acordados, la empresa puede desarrollar actividades propias, fuera del horario de clases o en coincidencia con éste, y, de esa manera, generar ganancias adicionales. Si las asociaciones privadas y las ONG ingresan ya a los centros de educación pública con diferentes propuestas, imaginemos qué sucederá en edificios directamente administrados por privados. De esta forma se da ingreso a una lógica innegablemente mercantilizadora de los edificios educativos.
  7. Se pierden cargos públicos en escuelas y liceos. En los centros educativos que queden comprendidos bajo el régimen de Ppp, los servicios de mantenimiento, equipamiento, limpieza y seguridad serán brindados por un privado. Eso significa que, al menos por dos décadas, el Estado renuncia a generar cargos públicos para esas funciones. Parece claro que la Ppp implica un recorte del Estado y, consecuentemente, un cercenamiento a la actividad sindical en el área de la educación pública (se limitan los ingresos). En el mismo sentido, la modalidad Ppp materializa una reforma del Estado en materia laboral, pues se violenta el mecanismo de concursos públicos como herramienta para contratar funcionarios. Y se limita el derecho laboral que existe en la administración pública de pedir traslado a otra dependencia: hay establecimientos en los que no habrá vacantes, en principio, por 20 años. Cierro este punto con una pregunta: ¿cuál será el destino de los funcionarios de limpieza y portería que se desempeñan en centros educativos cuyos edificios pasarán al régimen de Ppp?
  8. Se estimula la pauperización salarial de los funcionarios de servicios del área educativa. Lamentablemente, miles de trabajadores uruguayos perciben el salario mínimo, por lo que están sometidos a una lógica de súper explotación a través de extensas jornadas laborales. Entre ellos se encuentran los trabajadores de los servicios. Con la modalidad Ppp se abren por 20 años las puertas de escuelas y liceos a empresas privadas de limpieza y seguridad. Se trata de una definición que se traducirá en una depresión salarial y una pauperización de las condiciones laborales de los funcionarios de servicios. Deplorable sea cual fuere la rama de actividad donde suceda algo así. Pero particularmente en el área de la educación, pues las condiciones de trabajo de los adultos en escuelas y liceos son parte sustancial de los procesos de formación de las futuras generaciones.
  9. Se desvían cada vez mayores porcentajes del presupuesto educativo a manos privadas. Con una asignación presupuestal de aproximadamente 4,5 por ciento del Pbi a la educación (3 por ciento para Anep, 1 por ciento para la Udelar y 0,5 por ciento para actividades educativas ejecutadas en otros incisos) no han podido ser atendidas muchas de las necesidades que tienen los centros educativos. ¿Por qué sucede esto, si en los últimos 12 años (especialmente de 2005 a 2010) ha habido un incremento del presupuesto de la educación? Porque tal incremento se explica en parte por su orientación a organismos y políticas externos a la Anep y la Udelar: el Latu y el Plan Ceibal, el Mides y los Caif, el Inau y los centros adolescentes, etcétera. Y, al examinar el destino final de los recursos, constatamos que son desviados al área privada: Plan Ceibal –Negroponte, Caif–, Ong, Anep y sus tercerizaciones, etcétera. La modalidad Ppp refuerza ese camino de privatización del presupuesto educativo que ha recorrido el progresismo. De esta forma es probable que en unos años se alcance el 6 por ciento del Pbi para la educación, pero al precio de desviar gran parte a empresarios que lucran con la educación.
  10. Se profundiza el proceso de mercantilización de la educación pública. El instrumento Ppp busca maquillar el déficit fiscal, garantizando el lucro empresarial. Se instala así el predominio de una lógica “eficientista” en el sector público, y en un sector tan sensible como la educación. Con la Ppp, el cumplimiento de una obligación pública (lógica del bien común) pasa a depender de intereses económicos privados (lógica del lucro).

 

LA INCLUSIÓN GENERA EXCLUSIÓN. En nombre del derecho a la educación, y a cuenta de transformar el sistema educativo para que sea “inclusivo y de excelencia”, el gobierno que preside Tabaré Vázquez, valiéndose del Codicen de la Anep, está promoviendo la creación de diferentes estructuras educativas paralelas a las del Estado, depositando en ellas una tarea a la que está obligado constitucionalmente.

De esta forma, cualquiera puede educar: un magnate dedicado a la tecnología informática, un banco, una iglesia, un centro comercial, una fundación, una Ong, un empresario que elude el fisco mediante cuentas off shore, o un grupo de vecinos que gestionan un comedor. Ahora se sumarán las Ppp, en su mayoría empresas dedicadas a la construcción que, gracias al Estado uruguayo, consiguen un préstamo barato con líneas del Banco Mundial o los fondos de las Afap, y una renta elevada y segura por al menos 21 años (y hasta 35 años). Ellas gestionarán centros educativos de los niveles inicial, primario y secundario.

Se continúa profundizando así un proceso de dependencia de las instituciones educativas respecto de las demandas y los requerimientos del mercado. Los currículos han perdido centralidad y su lugar lo ocupa la acreditación formal. Y el presupuesto público se desvía al sector privado. En definitiva, en nombre del derecho a la educación se está provocando una profunda degradación de la educación pública.

*    Profesor de filosofía. Integrante del comité ejecutivo de Fenapes.

  1. http://www.ceip.edu.uy/datos-estadisticos-depto-estadistica
  2. http://www.enperspectiva.net/enperspectiva-net/entrevista-central-jueves-15-de-setiembre-wilson-netto-2/?fullpage

Fuente del articulo: https://brecha.com.uy/destruir-la-educacion-nombre-del-derecho-la-educacion/

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