Derecho a la Educación

Por: Saray Marqués

Protagonizan cursos de verano y campañas de responsabilidad corporativa, pero los profesionales sobre el terreno echan en falta actuaciones concretas para promover el acceso a la educación de este colectivo.

Detrás de cada uno de los 17 casos de personas solicitantes de protección y refugiadas que están estudiando en la Universidad Complutense de Madrid gracias al apoyo que les han prestado desde la oficina creada ad hoc hace apenas un año y medio hay una historia. Nos relata una mínima parte Marta Amador, coordinadora adjunta del plan de acogida, que ha ayudado a que estas personas que llegan a nuestro país puedan homologar su Bachillerato, realizar la EBAU, cursar un grado, un máster o un posgrado, resolver la logística del alojamiento y la manutención… proseguir con sus estudios postobligatorios pese a las circunstancias, en definitiva.

De un guineano cuyo abuelo tuvo DNI español que, mal asesorado, había vagado durante ocho años con su tarjeta roja (el documento provisional -por seis meses, renovable- que te acredita como solicitante de protección, junto con un folio con tu huella y tu fotografía) y que por fin ha podido ver cumplido su sueño de cursar Hispánicas, a un enfermero ucraniano que en su país ya estaba ejerciendo y que aquí cursa 1º de Enfermería tras una convalidación parcial de créditos, dispuesto a seguir con la que ha sido su vocación de siempre. También esa otra pareja con dos niños en que los dos se matricularon para proseguir sus estudios, que él ha tenido que dejar aparcados porque le ha surgido un empleo que reclama ahora toda su atención.

La mayoría, mientras acuden a sus clases, necesitan apoyo psicológico, bien de las asociaciones que les han dirigido a la oficina bien desde la propia Universidad, que les ofrece un servicio gratuito, que se complementa con otros como el servicio lingüístico. Para muchos, la posibilidad de retomar sus clases ejerce de por sí como terapia: “En ocasiones han tenido que abandonar, pues les hacemos ver que el acceso a la enseñanza superior ha de ser una especie de plan a medio o largo plazo, pues si tienes tu familia lo primero es ser independiente, la situación económica, pero es increíble ver cómo cambian cuando llegan a la oficina y cuando salen. Son otros. De sentir vergüenza de decir que son refugiados a percibir un brillo en sus ojos. Poder ir a la universidad significa para ellos sentirse uno más en esta sociedad, lo que nos demuestra que, independientemente de las circunstancias, la educación nos hace ser mejores y nos permite comprender el mundo mejor, independientemente de lo que estudies”, proclama Amador.

La oficina de atención a personas refugiadas, dentro de la Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión, ha sido un empeño personal de Carlos Andradas, rector de la Complutense. Por su sede han pasado en este tiempo unos 70 universitarios (o aspirantes a ello) venezolanos, colombianos, guatemaltecos, salvadoreños, ucranianos, guineanos, sudaneses, paquistaníes… y sí, sirios, “aunque no tantos como pudiera parecer, llegan con cuentagotas”, matiza Amador, que reconoce que más del doble de los estudiantes son hombres.

Migrantes y personas refugiadas protagonizan, por otra parte, cursos de verano, y no solo en la UCM. También la UNED acaba de organizar uno bajo el título Migrantes y personas refugiadas: talento que suma. Y las empresas, no solo Ikea, empiezan a incluir en uno de sus epígrafes de Responsabilidad Social Corporativa a las personas refugiadas.

El modelo noruego

Pero la de la Complutense puede considerarse una iniciativa pionera, cuando no una rareza. Amador cita cosas que se están haciendo en otras universidades como por ejemplo la UNED (encargada del examen de acceso a la universidad, está definiendo un proyecto de MOOC para certificarse, mientras ultima convenios con organizaciones como CEAR) o la Universidad de Barcelona, con un programa para acoger a personas a través de un sistema de becas, subvencionadas en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona. Pero Amador lo ve todavía todo muy incipiente, meramente anecdótico, fruto del voluntarismo de un puñado de personas y falto de financiación. Desde luego, a años luz de Noruega, el modelo que presenta como el ideal: “En el sistema noruego, NOKUT, se incluye una especie de evaluación por competencias a escala nacional, liderado por el Ministerio. Si llegan personas sin papeles para demostrar que son médicos o ingenieros, cuentan con un tribunal con personas de la administración, especialistas en el campo y otros expertos que acreditan sus competencias y habilidades mediante un examen y les dan una especie de pasaporte en que consta su cualificación, lo que les permite empezar a trabajar en Noruega, y está empezando a verse la posibilidad de que pueda ser reconocido en toda Europa”, asegura.

Mientras, en nuestro país, depende de la universidad, de la comunidad autónoma… en que uno tenga la suerte de caer. Aunque ya se han empezado a ganar algunas batallas: “Se ha activado la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid –CRUMA- y se ha logrado cambiar una norma de la Comunidad según la cual cualquier estudiante no comunitario tenía que pagar cuatro veces las tasas, lo que incluía a los solicitantes de asilo (una cantidad que se bonifica por acuerdos con las distintas asociaciones con las que tienen convenio). Se ha acordado introducir una coletilla con esta excepción”, señala Amador, que menciona otras luchas en las que están inmersos, como el acceso a las becas: “En principio, las personas refugiadas deberían tener los mismos derechos que los nacionales, y es una lucha que estamos teniendo”.

En 2016, 16.000 personas iniciaron los trámites de demanda de asilo, un 150% más que el año anterior. La Convención de Ginebra de 1951 garantiza la educación obligatoria y la postobligatoria, pero, según Amador, “En educación básica haría falta un paraguas a escala estatal, no solo a nivel de comunidades autónomas, y en cuanto a la educación superior, la importancia que se le había dado hasta ahora era cero”.

Menores

Coincide con ella Paola Hurtado, fundadora de Educación frente a la discriminación, que explica que no solo es un problema de la postobligatoria. Psicóloga de formación, analiza cómo, “frente a países como EEUU, donde existen test adaptados para detectar el nivel de estrés y ansiedad de las personas que llegan de países en conflicto, para poner en marcha el apoyo social o la terapia necesaria, en España no se distingue entre menores migrantes y refugiados y, a efectos formativos, da igual si has venido de Guayaquil vía avión para estudiar 4º de ESO que si has salido de Alepo dejando atrás tu ciudad bombardeada”.

Esta falta de una atención diferenciada no favorece la adhesión al sistema, a su juicio, lo que en muchos casos puede derivar en abandono. En otros, existe falta de información, algo que traslada a todo el colectivo de jóvenes con una experiencia migratoria, citando un estudio del Centro de Estudios Andaluces, en el que estos critican “la escasa orientación a la hora de ser aconsejados en la escuela sobre las mejores opciones de futuro” o el ranking MIPEX en el que se puede ver cómo, de todas las políticas de integración, en la que más flaquea España es en educación.

Para solventarlo, en la medida de sus posibilidades, desde su asociación ofrecen talleres en los Centros de Personas Adultas (CEPA), “con la intención de rescatar el talento que abandonó”, en palabras de Hurtado, informando acerca de cómo funciona el sistema (leyes, becas, ideas erróneas acerca de los requisitos, documentación necesaria, estudios, accesos…) y ofreciendo referentes de profesionales de distintas etnias que han logrado ejercer en aquello para lo que se formaron, con lo que se fortalece su motivación.

Visibles

Paco Garrido, que trabaja como coordinador en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), reconocía con sorna durante su ponencia en el curso de verano de la UNED que no estaba acostumbrado a que personas refugiadas y solicitantes de protección internacional protagonizaran monográficos, como sucede ahora, e incluso reconocía cómo esta repentina repercusión les está ayudando en una de sus labores, como agencia de empleo: por ejemplo, al ver el testimonio de una persona en esta situación una empresa solicitó su contacto para contratarla en el sector de las renovables.

Por lo demás, ellos llevan trabajando en la misma línea desde mediados de los noventa, cuando fueron reconocidos como agencia de colocación por el Servicio Público de Empleo Estatal. Lo hacen por medio de sus itinerarios personalizados. “De cara a la inclusión social y laboral la formación es un punto capital, ya sea vía universidad o vía FP. No siempre pensamos en la primera, porque no siempre se van a poder convalidar los estudios: puede que no haya equivalencia para esa carrera, o que sea tal cantidad de materias las que difieren que eso impide en la práctica la convalidación… Por lo demás, un gran número de las personas solicitantes de protección internacional han de cambiar de rumbo, adaptar su trayectoria a la nueva realidad en que se encuentran”, analiza Garrido.

No es lo deseable, pero hay ingenieros en su país de origen que aquí trabajan como obreros especializados, porque el espectro de las personas solicitantes de protección es muy amplio: “Nos encontramos profesionales de primer nivel, reconocidos en su país, personas con una cualificación altísima, que han tenido que escapar”.

Estas personas que llegan no entran, puntualiza Garrido, en concurrencia competitiva con los nacionales: “Existen fondos específicos para la protección de personas refugiadas, procedentes de fondos europeos, no se trata de una competición por los mismos ingresos”.

Desde CEAR trabajan principalmente con la Administración central, que tiene la mayor parte de las competencias en materia de asilo y protección, aunque también colaboran con las comunidades autónomas y los municipios. Como Amador, Garrido mira con envidia el modelo de los países nórdicos: “Cuentan con equipos específicos en aprendizaje de idioma, itinerarios formativos… Saludamos cómo las universidades están orientándose hacia la recepción de estas personas, lo que están haciendo distintas instituciones… pero a nuestro sistema le falta la capacidad de adaptabilidad y flexibilidad para equipararse a estos países. Existe una maquinaria bastante compleja y poco ágil que dificulta a estas personas trabajar y adaptarse a su nueva vida”.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/07/11/personas-refugiadas-y-educacion-hacia-la-integracion/