Nivel Inicial, pública y gratuita.
Este video muestra la historia de la Educación Inicial en Argentina.
Producción del Canal encuentro. Ministerio de Educación de la Nación. Argentina, 2014
A continuación te invitamos a disfrutarlo:
Fuente: Canal Encuentro.
América del Norte/México, 17 de junio de 2017. Fuente: www.lja.mx
Existe una deuda histórica con las escuelas normales rurales de nuestro país, que después de la revolución mexicana fueron concebidas como un proyecto encaminado a generar actores clave para relación entre el gobierno y el sector campesino. Constantemente en pie de lucha debido a los condicionamientos de recursos (basta con comparar la infraestructura y equipamiento de cualquier universidad o instituto tecnológico con las escuelas normales), las y los estudiantes reclaman entre otras cosas: las malas condiciones de las escuelas, la insuficiencia de sus becas y los topes a la matrícula. Adicionalmente, cargan con el estigma social que se les ha creado por levantar la voz, denostando su capacidad y la legitimidad de sus peticiones.
Lo que ha sucedido en los días recientes contra las estudiantes de la Escuela Normal Justo Sierra Méndez en la exhacienda de Cañada Honda en nuestro estado, no es la excepción. Militantes de partidos políticos e integrantes de medios masivos de comunicación y gran cantidad de gente en las redes sociales han expresado opiniones hostiles que las descalifican, vilifican y agreden; se les amenaza con violencia sexual y destrucción; se les describe como seres que sobran en la sociedad. Se circulan infografías y datos descontextualizados sobre el presupuesto destinado a la Escuela, pareciera con el ánimo de exaltar la opinión social en contra de las normalistas, sin hacer un análisis completo de la situación compleja en el origen, función e impacto que esta escuela normal ha representado para las comunidades rurales en las que sus egresadas se han insertado.
Por otro lado, el gobierno estatal quiere imponer la medida de hacer la Escuela Normal mixta, haciendo una mala interpretación de la equidad de género y sin considerar las razones de fondo por las cuales es conveniente que este plantel permanezca como una opción educativa específica para mujeres. Esta escuela funciona como un internado en el que las estudiantes, mujeres jóvenes rurales, cuentan con pocos o nulos recursos para acceder a otras modalidades educativas fuera de su comunidad. Esta medida vertical y no consensuada, sin considerar el contexto y características de las estudiantes, no puede ser bienvenida.
Las normalistas de Cañada Honda hoy requieren de la sociedad de Aguascalientes un juicio más justo, una atención más empática, una mirada más abierta, una actitud más imparcial, de la que en los últimos días se ha manifestado en medios de comunicación, redes sociales y declaraciones gubernamentales. Bloqueos, marchas, pintas y presencia de normalistas de otras entidades son la respuesta a la falta de escucha social en general y a la falta de receptividad y habilidades de negociación del gobierno en particular. Son la reacción -quizá no la más afortunada, sobre todo la del bloqueo de las vías de comunicación‐ de un sector de las comunidades rurales, que busca defender una opción formativa y laboral que ha representado para sus familias la posibilidad de mejorar generacionalmente sus condiciones de vida.
Lamentable e históricamente también, la estrategia del gobierno ha sido cortar los suministros cuando están en paro, ya que conocen las condiciones tan limitadas de sobrevivencia con las que cuentan, además de amenazar con medidas impositivas no contextualizadas, sin resolver las condiciones de origen.
El enfoque de las normales rurales se ha fortalecido en medio de la adversidad, del clasismo y del desprestigio, formando líderes, personas autónomas, responsables y con autonomía, jóvenes que son observadoras de las necesidades del medio rural. El recuerdo presente de Ayotzinapa, debe servir para que repudiemos cualquier respuesta violenta del estado, que tiene la obligación de elevar su nivel de negociación para resguardar ante todo la integridad física y psicológica de las jóvenes, con pleno respeto a sus derechos humanos, demostrando su comprensión histórica y social de la situación de las normalistas de Cañada Honda.
Exigimos un gobierno que esté a la altura de ello, demostrando su capacidad de conciliar por vía pacífica. Lo contrario significaría un agravio a la ciudadanía de Aguascalientes y dejará en entredicho su habilidad para gobernar ante los retos que se le presentan sin la tentación del uso desproporcionado de la fuerza pública.
Todas y todos estaremos observando.
Frente Feminista Nacional en Aguascalientes
Fuente noticia: http://www.lja.mx/2017/06/una-lucha-historica-derecho-a-la-educacion/
Europa/Asia/África/Oceania, 17 de junio de 2017. Fuente:
A new computer for studying and education fees for a semester are just two things refugees will purchase with the money from a scholarship from Canberra Refugee Support.
Others will buy joggers, and some will pay school fees.Muzhgan Gafoori is receiving a scholarship from Canberra Refugee Support to further her studies in accounting.
The 53 recipients of the money will each receive a cheque of up to $1000 to help shape the rest of their lives.
The candidates have been chosen for their hard work and dedication to their education, and for their commitment to making their lives and their family’s lives better.
Muzhgan Gafoori, 23, arrived in Canberra in 2013. She didn’t speak English, but spent a year and a half learning the language.
«If you compare here to Afghanistan, it’s more safe here. But you can’t even compare it. At the moment in Afghanistan it’s all war. Every day there are bomb blasts.»
In the years since her arrival, Ms Gafoori has worked full time to support her family while also studying full time. She hopes to pursue a career in accounting, and is undertaking her diploma at CIT.
«It will help me pay for my diploma, and it will help me save for my advanced diploma next year,» Ms Gafoori said of the scholarship.
Her dream is to finish her accounting degree, become an Australian citizen and get a good job.
«You can do whatever you want here, but you need to work hard for it,» she said.
Mother-of-four Viola Oshan will be paying for a variety of things with her scholarship, putting it towards a new computer, her own education fees and her children’s school fees.
Ms Oshan is from Luo ethnic group from South Sudan, but lived in North Sudan due to the war. She arrived in Australia in 2005.
«We moved from North Sudan to Egypt and I was in Egypt for four years and then from Egypt we came to Australia in 2004,» Ms Oshan said. She was pregnant with her first son when she arrived, and her daughter was four years old.
Her son is now 12, and her daughter 17.
Ms Oshan works part time in a childcare to support her family both in Australia and overseas. She is also studying for her diploma in Early Childhood Education at CIT.
She also volunteers with a playground for children from the South Sudanese community. Ms Oshan said the transition to living in Australia was difficult, particularly the language barrier, but she was grateful for the help of Canberra Refugee Support.
«It’s very hard, it means a lot,» she said of the scholarship.
Canberra Refugee Support vice-president Brian Calder said the money was a recognition of achievement and effort the recipients were making in their education.
«They’ve come to Australia and they’ve really realised how education is a pathway to not only employment but to active involvement and contribution to their new community,» he said.
Canberra Refugee Support is a Canberra-region not-for-profit organisation with a purpose to be a good neighbour to refugees and asylum-seekers.
Fuente: http://education.einnews.com/article/387401136/cVE0ykZ3cQmPCCT3?lcf=ZdFIsVy5FNL1d6BCqG9muZ1ThG_8NrDelJyazu0BSuo%3D
Photo: Dion Georgopoulos
América del Sur/ Colombia/17 Junio 2017/Fuente: Prensa Latina
Las partes dijeron a la prensa que quedaron satisfechas con el acuerdo suscrito por el ministerio de Educación y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).
Carlos Rivas, presidente del gremio de educadores, anunció que ‘desde el punto de vista ético’ los profesores se han propuesto ‘recuperar el tiempo perdido’ durante varias semanas de huelga.
‘Nos comprometemos para ayudar en esta etapa del posconflicto. Los maestros de Colombia tenemos la postura de mejorar las condiciones de vida de los educadores y que los niños tengan verdaderos derecho a la educación’, agregó Rivas.
El pacto se alcanzó este viernes después de extensas negociaciones con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con quien se llegó al consenso en los temas económicos, como la bonificación y mejor nivelación salarial.
Por su parte, la ministra de Educación, Yaneth Giha, dijo que es muy importante que ahora ‘los niños y jóvenes recuperen lo antes posible todos los días que estuvieron fuera de las aulas’.
Como consecuencia del extenso paro, esa dependencia gubernamental instruirá a las secretarías de Educación departamentales para hacer modificaciones al calendario escolar, con el fin de que ocho millones de niños puedan recuperar las clases que dejaron de recibir.
Las partes acordaron que, en el 2018 unos 350 mil docentes recibirán un pago equivalente al 6 por ciento de su asignación básica y después en el 2019, esa bonificación será del 11 por ciento. A partir del 2020 llegará al 15.
Este es un esfuerzo para seguir cerrando una brecha histórica que el país ha tenido con nuestros maestros’, explicó Giha.
Por su parte, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, afirmó en una alocución televisiva nocturna que para impulsar la Jornada Única y evitar las aglomeraciones de alumnos en las clases, el gobierno construirá 30 mil aulas hasta el 2018, de las cuales ya hay cerca de 10 mil construidas y otras 10 mil contratadas.
El mandatario resaltó que el arreglo logrado con los docentes parte del reconocimiento de que el ejecutivo ha cumplido con los acuerdos del año 2015, en particular en materia salarial, lo que permitirá seguir avanzando en el compromiso de mejorar la situación de todos los maestros públicos.
Por: Natalio González
Leo en redes sociales algunas reacciones del PP ante mociones que se presentan en ayuntamientos para conseguir un pacto por la educación consensuado con la comunidad educativa, y así evitar los vaivenes que nuestro sistema educativo sufre cada vez que se produce un cambio de gobierno en nuestro país al propiciar, también, una modificación de las leyes educativas, con el consiguiente perjuicio para el propio sistema, para los sectores de la comunidad educativa y para la ciudadanía en general.
Lo que más me sorprende de los comentarios que se vierten no es la falta de apoyo de los concejales del PP a estas mociones, pues su ideología neoliberal de “más mercado y menos Estado” se articula en que todo se puede comprar y vender, también la educación, sino las afirmaciones que manifiestan sobre aspectos de la educación sin ningún rigor, basadas en ocurrencias, prejuicios retrógrados, o el desconocimiento teórico y práctico del ámbito educativo.
Da igual, hay que generar “opinión” sobre la educación, aunque sea sin argumentos contrastados y constatados, desde la más absoluta ignorancia sobre los temas a comentar.
El discurso que generan estos “opinadores” es confuso, pues mezclan temas distintos como “la pluralidad de la educación en España”, “la libertad de los padres para la elección de centro”, “la necesidad de un pacto educativo”, “la enseñanza privada concertada” o “el coste del puesto escolar en la enseñanza privada concertada y en la enseñanza pública”. Y esta práctica del PP no es nueva, se trata de tergiversar el debate con el objetivo de construir “mitos educativos” que conviene aclarar y desgranar.
Acerca de la pluralidad de la educación en España, imagino que las aseveraciones de los “expertos” del PP se refieren a la coexistencia de los tres tipos de enseñanzas de nuestro país, en relación a la titularidad de los centros en las que se imparten, a saber: enseñanza pública, enseñanza privada (ambas desde la dictadura franquista) y enseñanza privada concertada (a partir de la “transición democrática”). Sobre estas enseñanzas, solamente una aclaración: cuando se haga referencia a la “enseñanza concertada” no hay que olvidar añadir el concepto “privada”, es decir, se denomina “enseñanza privada concertada”. Porque es preciso matizar que se trata de empresas de titularidad privada que reciben fondos públicos, empresas que se dedican, como otras tantas, a obtener beneficios, en este caso mercadeando con la educación.
Al hablar de la enseñanza privada concertada no hay que olvidar que su origen fue un proceso de financiación pública de las escuelas privadas, consolidado por el gobierno de Felipe González (PSOE). Hasta entonces, los “conciertos educativos” tenían un carácter transitorio y subsidiario, pues su objetivo era cubrir la demanda educativa allí donde la red pública no la podía satisfacer, debido al retraso de inversión educativa heredada de la dictadura franquista y al fuerte crecimiento demográfico de los años 60. Y desde esta consolidación, el proceso de desvío de fondos públicos a la enseñanza privada ha aumentado de forma exponencial, sobre todo en los últimos años, con la consiguiente disminución de la inversión en la enseñanza pública. (Datos de España sobre la financiación de la educación: indicador internacional, 7% del PIB; año 2006, 5% del PIB; año 2009, 4,9 del PIB; año 2012, 4,7% del PIB; año 2015, 4,2% del PIB; año 2016, 3,9% del PIB; año 2018, 3,7% del PIB).
La privatización de nuestro modelo educativo se debe a una connivencia entre quienes gestionan lo público y quienes defienden sus interese privados. “Y los últimos datos en España indican que no es un mal negocio. Según el Instituto Nacional de Estadística (curso 2009-2010), plena época de crisis, la enseñanza privada generó unos beneficios corrientes de 674 millones de euros, un 13,1% más que en el curso 2004-2005. La enseñanza privada no universitaria incrementó sus beneficios en un 7,4%, mientras que la educación privada universitaria lo hizo en un 32,1%”. (Fuente: “Qué hacemos con la Educación”. Agustín Moreno y otros. Madrid-2012).
En cuanto a la libertad de elección de las familias, los partidarios de la privatización de la enseñanza se escudan en la “libertad de elección” como derecho de las familias a elegir el centro que quieran, argumento razonable que deja de serlo cuando se equipara la preferencia de elección del centro con el derecho fundamental a la educación. La Constitución no recoge que el Estado esté obligado a dar la gratuidad en centros privados por el mero hecho de que las familias elijan centros distintos de los creados por los poderes públicos (sentencias del Tribunal Constitucional avalan que “los recursos públicos no han de ir, incondicionalmente, donde vayan las preferencias individuales”).
Por tanto, el principio constitucional del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza no se refiere en ningún momento a la preferencia de elección del centro educativo, sino que hace referencia a la capacidad de creación de centros o a la libertad de cátedra. La libre elección de centro escolar es una manifestación de preferencia particular y de renuncia expresa a una plaza pública de las familias, y no un derecho que el Estado debe garantizar mediante fondos públicos. Según esto último, la libertad de elección es un privilegio y no un derecho de todas/os, además de una estrategia para situar la educación dentro del proceso de privatización del mercado para extender la enseñanza privada concertada.
Sobre los datos que se ofrecen del coste del puesto escolar en la privada concertada y en la pública, sencillamente decir que son falsos. ¿Cuáles son las fuentes o estudios que los avalan? ¿Los informes que presenta la patronal de la enseñanza privada y concertada?
En este debate, y según distintos informes y estudios, es evidente que los partidarios de la privatización de la enseñanza defienden la educación como mercancía, no como derecho universal. Y es evidente que han fabricado un mito interesado sobre la creencia infundada de que en educación, lo privado es más rentable que lo público.
Los centros concertados son bastantes más caros para las familias. Encuestas sobre el gasto de los hogares en educación (INE-2009; INE-2012 …) señalan “que las familias que escolarizaron a sus hijas e hijos en centros privados concertados tuvieron un gasto muy superior a las que llevaron a sus hijos e hijas a centros públicos, del mismo modo que el coste anual por alumno en la enseñanza privada concertada es superior al de la educación pública. O que el gasto anual medio de las familias en centros concertados fue en 2007 de 1.433 euros, mientras que en la enseñanza pública ascendió a menos de la mitad. Además del coste de clases lectivas, que en los centros privados concertados fue de 247 euros en Primaria y de 220 en Secundaria, y en los centros públicos este concepto es cero”.
La educación pública requiere una inversión por puesto escolar para atender a todo el alumnado de todos los lugares de nuestro país, ofertar todas las modalidades educativas, compensar las desigualdades sociales y tratar de garantizar la cohesión social. Sin embargo, la enseñanza privada concertada no escolariza el mismo número ni “tipología” de alumnado que la escuela pública, segrega a “cierto” alumnado y solo se ubica en zonas rentables para sus intereses económicos.
La manipulación y el mito del “ahorro público de la enseñanza privada concertada” provienen de los informes de su patronal. Y si no es así, ¿por qué en estos informes no se recogen conceptos que son cuantías económicas que pagan las familias en los centros concertados como “servicio de actividad extraescolar, aportación voluntaria, donativo, cuota complementaria, cuota APA, gabinete médico, material escolar (excepto libros), gabinete psicopedagógico, seguro escolar, uniforme, matrícula, donativo de verano”?
Y por último, acerca del pacto educativo. Es evidente la necesidad de un pacto educativo. Pero este acuerdo para la educación no puede basarse solo en pactos políticos de despacho que dejen fuera a la comunidad educativa, colectivos y organizaciones educativas, si queremos lograr una ley con estabilidad para nuestro sistema educativo. El pacto ha de hacerse “desde abajo”, con participación ciudadana, ya que la política educativa no puede ser sino política pública, es decir, aquella discutida, decidida y gestionada por la ciudadanía. Y cuando se recurre a “expertos”, lo que se pretende es disfrazar la ideología del grupo de “elegidos” y de quienes los han designado. Este procedimiento representa una externalización hacia el ámbito de lo privado de la función de diseñar el sistema educativo.
Los partidos que asumen y tratan de imponer la Estrategia Europea 2020 como base de la discusión del pacto cometen un error. Esta Estrategia Europea de Formación y Educación que el PP, Cs y PSOE utilizan como instrumento para alcanzar el acuerdo solo responde a los intereses de Bruselas, de la Troika, del FMI, de los mercados que utilizan la crisis como oportunidad de reformas, también en la educación.
Y esta estrategia tiene una larga historia. En el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, los servicios públicos como la educación se llaman Servicios Económicos de Interés General, donde se dispone que su gestión está sujeta a las normas de competencia, es decir, de compra-venta. Y en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), se consagra este modelo neoliberal porque se establece que los servicios educativos deben ser considerados un producto como los demás, por tanto para el mercado.
El pacto solo será posible si se piensa en el bien común, no en el mercado. No se puede pactar renunciar a la igualdad y la equidad, cediendo frente a quienes prefieren una determinada excelencia para unos pocos. No se puede pactar renunciar a la libertad de conciencia, frente a la imposición del dogma y la religión en la escuela. No se puede renunciar en ningún pacto a una escuela pública, democrática, participativa, para conseguir la equidad para todos y todas, en la que el alumnado desarrolle el pensamiento con libertad y de una forma crítica, y la educación sea un derecho universal.
Como “epitafio”, releo con asombro que los “representantes” del PP llaman la atención sobre las “alianzas hipócritas e injustificadas” de otras formaciones políticas para oponerse a sus “intereses educativos”, y lo argumentan, sin rubor, porque las/os votantes de todos los partidos políticos prefieren la escuela “privada concertada”, en lugar de la pública, “como opción para educar a sus hijos e hijas”. ¡¡Jóder, que mal me siento, cuarenta y cinco años equivocado!!
Pero ya nos lo dijo Debug: “Si la educación les parece cara, prueben ustedes con la ignorancia”. Y lo peor es que el PP está de acuerdo. Espero que se quede solo.
Fuente: http://www.lacerca.com/noticias/articulos_opinion/desmontando-mitos-educacion-publica-libertad-eleccion-familias-369839-1.html
América del Norte/méxico/17 Junio 2017/Fuente: La Jornada
Existe una deuda histórica con las escuelas normales rurales de nuestro país, que después de la revolución mexicana fueron concebidas como un proyecto encaminado a generar actores clave para relación entre el gobierno y el sector campesino. Constantemente en pie de lucha debido a los condicionamientos de recursos (basta con comparar la infraestructura y equipamiento de cualquier universidad o instituto tecnológico con las escuelas normales), las y los estudiantes reclaman entre otras cosas: las malas condiciones de las escuelas, la insuficiencia de sus becas y los topes a la matrícula. Adicionalmente, cargan con el estigma social que se les ha creado por levantar la voz, denostando su capacidad y la legitimidad de sus peticiones.
Lo que ha sucedido en los días recientes contra las estudiantes de la Escuela Normal Justo Sierra Méndez en la exhacienda de Cañada Honda en nuestro estado, no es la excepción. Militantes de partidos políticos e integrantes de medios masivos de comunicación y gran cantidad de gente en las redes sociales han expresado opiniones hostiles que las descalifican, vilifican y agreden; se les amenaza con violencia sexual y destrucción; se les describe como seres que sobran en la sociedad. Se circulan infografías y datos descontextualizados sobre el presupuesto destinado a la Escuela, pareciera con el ánimo de exaltar la opinión social en contra de las normalistas, sin hacer un análisis completo de la situación compleja en el origen, función e impacto que esta escuela normal ha representado para las comunidades rurales en las que sus egresadas se han insertado.
Por otro lado, el gobierno estatal quiere imponer la medida de hacer la Escuela Normal mixta, haciendo una mala interpretación de la equidad de género y sin considerar las razones de fondo por las cuales es conveniente que este plantel permanezca como una opción educativa específica para mujeres. Esta escuela funciona como un internado en el que las estudiantes, mujeres jóvenes rurales, cuentan con pocos o nulos recursos para acceder a otras modalidades educativas fuera de su comunidad. Esta medida vertical y no consensuada, sin considerar el contexto y características de las estudiantes, no puede ser bienvenida.
Las normalistas de Cañada Honda hoy requieren de la sociedad de Aguascalientes un juicio más justo, una atención más empática, una mirada más abierta, una actitud más imparcial, de la que en los últimos días se ha manifestado en medios de comunicación, redes sociales y declaraciones gubernamentales. Bloqueos, marchas, pintas y presencia de normalistas de otras entidades son la respuesta a la falta de escucha social en general y a la falta de receptividad y habilidades de negociación del gobierno en particular. Son la reacción -quizá no la más afortunada, sobre todo la del bloqueo de las vías de comunicación‐ de un sector de las comunidades rurales, que busca defender una opción formativa y laboral que ha representado para sus familias la posibilidad de mejorar generacionalmente sus condiciones de vida.
Lamentable e históricamente también, la estrategia del gobierno ha sido cortar los suministros cuando están en paro, ya que conocen las condiciones tan limitadas de sobrevivencia con las que cuentan, además de amenazar con medidas impositivas no contextualizadas, sin resolver las condiciones de origen.
El enfoque de las normales rurales se ha fortalecido en medio de la adversidad, del clasismo y del desprestigio, formando líderes, personas autónomas, responsables y con autonomía, jóvenes que son observadoras de las necesidades del medio rural. El recuerdo presente de Ayotzinapa, debe servir para que repudiemos cualquier respuesta violenta del estado, que tiene la obligación de elevar su nivel de negociación para resguardar ante todo la integridad física y psicológica de las jóvenes, con pleno respeto a sus derechos humanos, demostrando su comprensión histórica y social de la situación de las normalistas de Cañada Honda.
Exigimos un gobierno que esté a la altura de ello, demostrando su capacidad de conciliar por vía pacífica. Lo contrario significaría un agravio a la ciudadanía de Aguascalientes y dejará en entredicho su habilidad para gobernar ante los retos que se le presentan sin la tentación del uso desproporcionado de la fuerza pública.
Todas y todos estaremos observando.
Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/una-lucha-historica-por-el-derecho-a-la-educacion/
Asia/India/17 Junio 2017/Autor: Ángel L. Martínez/Fuente: El país
Apenas son las ocho de la mañana y la pequeña Neha cruza el umbral de la puerta del colegio con gesto somnoliento. El vaivén de su mochila escolar, colgando hasta las canillas, acompaña sus pasos cuando entra en el aula. Centenares de menores juegan por los pasillos de la Escuela Gubernamental de Cochin, junto a la estación de trenes del principal puerto de entrada al estado de Kerala. La imagen matutina, aparentemente común a otras ciudades indias, tiene relevancia en la primera región del país asiático que consigue la escolarización universal en educación primaria –90% de los niños en edad de primaria está matriculado, según la UNESCO–. El logro tiene su origen a finales de los ochenta y un impacto social más allá de las cifras de este estado meridional de India.
«El principal factor para el cambio a escala regional ha sido la desinhibición de la clase media y media-alta a la hora de reconocer su analfabetismo», explica la doctora P. S. Sreekala, directora en funciones de la Autoridad Estatal para la Misión de Alfabetización en Kerala (KSLMA, en sus siglas en inglés). Profesora en un colegio de Thiruvananthapuram, la capital de la región, la experta de 41 años subraya que el milagro de la educación en el estado ha conseguido reducir a mínimos el abandono escolar en un país en que el hastío del profesorado en algunas regiones deja fuera del sistema educativo a más de la mitad de los menores.
El absentismo es la principal lacra del sistema educativo indio. «El profesorado no recibe los salarios que merecen y el entusiasmo es pobre o inexistente, en la mayoría de los casos», cuenta la profesora en educación especial de Cochin, Shana Susan Ninan, de 31 años. La situación se agrava en las zonas rurales, por el escaso control institucional y las necesidades económicas de las familias. «Las escuelas cierran por uso indebido de fondos públicos. Esto conlleva el abandono escolar de estudiantes de orígenes pobres incluso al justo al acabar el anganwadi[educación prescolar] para ayudar a sus familias», agrega. Kerala consiguió revertir esta situación hace décadas (fue también el primer estado indio en votar un gobierno comunista, en 1957), haciendo partícipe a todos los agentes sociales en su misión de educar a la población empezando desde cero.
La campaña de enseñanza hizo de Kerala el primer estado indio en alcanzar la alfabetización universal en 1991. Cinco lustros después, el gobierno local declara la escolarización total en educación primaria. Este proceso arrancó con la participación masiva de todos los estamentos sociales del distrito de Kannur, al norte del estado. Más de 11.000 profesores se organizaron en bibliotecas, colegios y hogares para inscribir alrededor de 28.000 personas entre 18 y 50 años y unos 47.000 adultos mayores de 50. Tres años más tarde, en 2010, esta comarca de algo más de un millón de habitantes se convierte en la primera circunscripción en conseguir la escolarización primaria universal en la superpoblada India, de 2.250 millones.
El absentismo es la principal lacra del sistema educativo indio
«La mujer tuvo un papel trascendental. Más de la mitad de la población de Kerala es femenina y constituyen una parte mayoritaria tanto de los educadores como del alumnado. La tercera edad también ha mostrado su voluntad de recibir educación», detalla P. S. Sreekala. La materialización de ese ejemplo es Ayesha Beevi, de 101 años, quien pasó el examen de primaria hace dos años. Como los otros más de dos millones de personas que se presentaban el examen (el 80% de ellos, mayores de 50 años), la centenaria conseguía así el deseado objetivo de haber completado la formación obligatoria.
El éxito educativo de Kerala trasciende el sector de la enseñanza, mejorando los principales índices socio-demográficos. El estado sur de India cuenta con las mejores estadísticas del país en crecimiento de población (4,9%) así como la tasa de mortalidad infantil más baja de India (12, frente a la media de 40 nacional). También los índices de natalidad (14,7) y la proporción de sexos (1.084) mejoran ampliamente la dramática media nacional; 21,4 y 940 respectivamente.
Gobierno y agentes sociales atribuyen las estadísticas positivas al logro educativo. Más allá de establecer causalidades o de interpretar si fue antes el huevo o la gallina, los expertos insisten en la relación directa entre la educación y las mejoras en otros ámbitos. «Las diferentes intervenciones y movimientos educativos en Kerala han ido de la mano de logros destacados, como la instalación de retretes en toda la región», explica V. Ummer Koya, director de la organización educativa Jan Sikshan Sansthan (JSS) en Malappuram, una circunscripción remota al norte del estado. La mejora en saneamiento es un hito inconcebible hace solo unos años en el contexto de India, donde más de 600 millones de personas defecan al aire libre y una de las prioridades establecidas por el actual gobierno nacional. «Una de nuestras comunidades tribales ha aceptado la implantación de una estrategia multisectorial que aúna escolarización, centro de adultos, formación digital, instalación de aguas potables y saneamiento», completa el director de esta ONG educativa de Malappuram.
Organización nacional creada para ofrecer formación profesional a comunidades marginales, la oficina de JSS del distrito de Malappuram consiguió el premio UNESCO-Confucio de Alfabetización en septiembre de 2016. El prestigioso galardón reconoce el trabajo de un proyecto que aglutina a más de 50.000 beneficiarios en el norte de Kerala, de los que la mayoría no solo ha completado con éxito el programa de alfabetización, sino que gana un salario como resultado del mismo. «El 90% de los beneficiarios de nuestras actividades son mujeres de 15 a 50 años, de entornos empobrecidos social y económicamente como es el caso de las comunidades tribales de la jungla y otras minorías», subraya el director V. Ummer Koya.
Pese a los avances, se sigue encontrando un elevado analfabetismo entre la población dalit[la casta más baja de India], así como entre las poblaciones costeras remotas
A pesar del avance educativo y su impacto en el resto de la vida del estado sur de Kerala, quedan muchos obstáculos por afrontar. «Seguimos encontrando un elevado analfabetismo entre la población dalit [la casta más baja de India], así como entre las tribus y poblaciones costeras remotas. Necesitamos hacer más énfasis en la mejora de la condición de estas poblaciones o de la comunidad transgénero», reconoce P. S. Sreekala. La también profesora en educación especial Shana Susan Ninan completa: «Casi no hay investigación educativa en el área de la población con diferentes habilidades. Las escuelas tradicionales tienen que educar a profesores y padres en cómo tratar a los niños con discapacidades». Ninan, que imparte sesiones de sensibilización ante abusos sexuales, derechos de la mujer y la situación de la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales), insiste en que ese es un campo aún por explorar en el ámbito educativo.
A raíz de ese déficit, el gobierno de Kerala (Frente de Izquierdas) presentó a finales de 2015 una política para transgénero para su completa inclusión en los sectores de educación, trabajo y sanidad. «Las nuevas medidas gubernamentales fueron ideadas con la mejor de las intenciones. Pero ni tienen visos de ser ejecutadas tal y como se concibieron, ni tienen el vigor de una ley», explica el profesor gay de 32 años, Jijo Kuriakose. Líder de Queerala, organización regional en defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, Kuriakose reconoce que la integración educativa de su comunidad sería la cristalización de una transformación vital para India; donde el estigma de ser mujer, de clase baja o de diferente orientación sexual condiciona el libre acceso a la educación y los abandonos escolares.
Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/06/12/planeta_futuro/1497268686_256245.html
Imagen: http://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2017/06/12/planeta_futuro/1497268686_256245_1497270456_noticia_normal.jpg
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