Defesa do Plano Nacional de Educação como política de Estado também marca nova edição, que traz análises inéditas. Publicação é gratuita e está disponível no formato impresso e digital.
Enquanto 52,3% das crianças de 0 a 3 anos pertencentes aos 25% de famílias mais ricas da população estão matriculadas na creche no Brasil, apenas 21,9% das que pertencem ao quartil mais pobre já frequentam a Educação Infantil nessa idade. Ao passo que somente 65,9% dos jovens de 16 anos concluíram o Ensino Fundamental na região Nordeste, esse indicador é de 83,5% para o Sudeste. Já no Ensino Médio, a taxa de atendimento entre os jovens Brancos é 71%, mas entre os pretos e pardos é bem menor: 56,8% e 57,8%, respectivamente.
Esses são alguns dos dados que retratam as enormes e diversas desigualdades educacionais que ainda persistem em nosso País, desde os primeiros anos de vida de uma criança. Essa questão, sua importância e urgência, e também a defesa do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 como instrumento norteador e política de Estado imprescindível para alcançarmos a equidade, são o foco da sexta edição do Anuário Brasileiro da Educação Básica, que acaba de ser lançado pelo movimento Todos Pela Educação e pela Editora Moderna.
Com base, principalmente, em dados gerados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Ministério da Educação (MEC), a nova edição propõe uma leitura crítica e bem-informada da realidade educacional brasileira, com recortes inéditos e novas formas de organização das estatísticas, evidenciando a baixa equidade do nosso sistema educacional e os desafios que o PNE busca enfrentar.
Em 2016, o PNE, em seu segundo ano de vigência já enfrentou uma dupla prova de fogo para sua efetivação: uma crise política associada a uma recessão econômica de proporções históricas. Mas é justamente em cenários como este que planos como o PNE precisam se provar políticas de Estado.
De acordo com Priscila Cruz, presidente-executiva do TPE, e Luciano Monteiro, diretor de relações institucionais da Editora Moderna, “o Plano Nacional de Educação, mesmo com suas imperfeições, tem o grande mérito de estreitar o foco e, ao incorporar demandas sociais de muitos setores, buscar enfrentar a desigualdade, em todas as metas. Daí a importância de preservá-lo, mesmo nos cenários mais turbulentos. É uma oportunidade histórica de mudar o futuro, que não pode ser desperdiçada”.
Desde seu lançamento, em 2012, o Anuário Brasileiro da Educação Básica ganhou maior repertório de informações e profundidade analítica, e conquistou progressivamente mais legibilidade e leveza gráfica, tornando-se mais próximo do leitor não-especialista – sem, no entanto, abandonar o rigor estatístico. A partir de sua segunda edição, a publicação começou a organizar-se editorialmente em função do PNE, quando este ainda era um projeto de lei.
O Anuário Brasileiro da Educação Básica 2017 está disponível para download nos sites do movimento Todos Pela Educação (clique aqui para conferir) e da Editora Moderna (www.moderna.com.br).
Ayer se realizó en la Universidad Autónoma de Asunción el acto de graduación de 180 profesores que realizaron dos posgrados en “Especialización en Gestión Pedagógica y Curricular” y en “Especialización en TICs en prácticas pedagógicas”. La inversión fue de G. 3.681.000.000 para ambos cursos.
El ministro de Educación, Enrique Riera, señaló que los docentes graduados serán formadores de formadores de los Institutos de Formación Docente y Niveles de Centros Regionales de Educación y de técnicos del nivel central. El ministro reiteró que la formación en TICs será permanente para los docentes, y una de las prioridades en su gestión.
Los 180 egresados implementarán el curso de Especialización y Técnico Docente en Gestión Pedagógica y Curricular dirigido a los Coordinadores Departamentales, Supervisores Educativos y Directores de las instituciones educativa
El perfeccionamiento de la enseñanza especial en Cuba a partir del venidero curso escolar, pretende obtener un alumno egresado con mejor independencia que permita integrarse a la sociedad con mayor calidad de vida.
Los cambios en la educación a todos los niveles incluirán a partir de septiembre venidero a los alumnos con discapacidad intelectual, que en Holguín tendrán en la Escuela Especial Le Thi Riem al centro escolar seleccionado para la puesta en práctica del proyecto de transformación.
Mariluz Torres, metodóloga de educación especial en el oriental territorio, explicó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que a partir del próximo curso escolar se trabajará en esa escuela en cambios en los programas de primero y sexto grados, teniendo en cuenta el currículum base de la educación primaria de primero y cuarto grados.
La especialista indicó que se pretende contribuir a la formación integral de la personalidad del estudiante, de manera que le permita establecer relaciones sociales estables con quienes lo rodean y pueda ejercer de forma independiente, la actividad socialmente productiva.
A partir de este período, se ejecutarán las adaptaciones curriculares que se puedan aplicar a estos alumnos, estudiadas previamente y para las cuales ya se alistan los docentes de la institución.
La directiva agregó que con estos cambios el escolar se sentirá más identificado en la sociedad y su familia tendrá mayor satisfacción de los conocimientos obtenidos por los alumnos.
El nuevo perfeccionamiento en los niveles de enseñanza pretende adecuar métodos, estilos y programas de estudio a tono con los cambios de la sociedad, el desarrollo de las ciencias y el avance tecnológico, al tiempo que destaca el protagonismo de los educandos, la familia y comunidad en el proceso.
Argentina/15 junio 2017/Fuente: eldiariodelaeducacion
Los profesores han salido a la calle para exigir mejoras salariales y derechos laborales, y cambiar un modelo que asfixia el sistema de enseñanza desde los tiempos de la dictadura de Rafael Videla.
El curso escolar argentino avanza sin que se muevan las fichas del conflicto que marcó el inicio del año lectivo en este país. El pasado mes de marzo, decenas de miles de docentes se movilizaron durante 40 días para exigir al gobierno liberal de Mauricio Macri mejoras laborales, en un intento por terminar con los severos efectos que la descentralización educativa ha dejado en el país desde que se instauró durante la dictadura.
Las y los maestros exigen al Ministerio de Educación que convoque a paritarias nacionales, un mecanismo que reúne en una mesa de negociación al Ejecutivo, las provincias y los principales sindicatos de la enseñanza, para regular el aumento salarial mínimo a partir del cual las distintas regiones establecen su propia proporción, mayor o igual a la cifra nacional según cada jurisdicción.
“El conflicto sigue abierto a pesar de que hoy no se estén desarrollando medidas de fuerza contundentes”, explica Mariano Garrido, secretario de asuntos pedagógicos de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), el segundo sindicato más grande de la capital federal. Según el representante, la discusión, en términos formales, no ha concluido, “aunque la pretensión del gobierno es darla por cerrada”.
Macri decidió unilateralmente, a principios de este año, no abrir el debate porque considera que la paritaria de 2016 ya estableció una actualización automática de los sueldos de los maestros en función del salario mínimo. Pero el gremio critica que el Ejecutivo no tomó en cuenta el coste que representa hoy día la inflación del país suramericano, que se ha disparado exponencialmente en los últimos dos años.
En 2016, el salario mínimo aumento solo un 18%, para una inflación del 40%. “Si este porcentaje se mantiene en 2017, con una estimación de la inflación cercana al 28%, el salario de los profesores perdería parte de su valor, de nuevo”, expone Garrido.
Los sindicatos docentes, liderados por las organizaciones de Buenos Aires, donde se concentran casi la mitad de las matrículas del país, rechazaron de inmediato la oferta del Ejecutivo y aseguran que no aceptarán otra cifra que quede por debajo del 35%. Además, según dicen, este piso ni siquiera es el ideal ya que afirman que para no tener pérdidas el aumento tendría que ser del 50%.
Más allá del ajuste salarial, los maestros acusan las duras condiciones laborales que los llevan a trabajar dobles turnos y que fomentan la sobreexplotación porque “con un solo salario no se vive”, dice el secretario sindical, quien además de trabajar en un colegio de primaria, da varias clases a la semana de Lengua y Literatura española en un instituto de secundaria. “Además de todo lo que implica prepararse las clases, corregir, asistir a capacitaciones, etc., hay que trabajar más horas y esto implica el deterioro inevitable de las condiciones de enseñanza y aprendizaje”, sostiene.
Fotografía cedida por Ademys
Una herencia de la dictadura
El trasfondo del conflicto entre el Gobierno y los trabajadores de la educación se remonta a los tiempos de la dictadura. En 1978 Rafael Videla impuso por decreto la descentralización de los servicios educativos primarios, que fueron transferidos a las provincias. El proceso se agudizó durante el gobierno liberal de Carlos Menem de principios de los 90 que, siguiendo los preceptos del Fondo Monetario Internacional, transfirió a las regiones la totalidad de las escuelas secundarias, los institutos técnicos y las escuelas privadas, y recortó los fondos estatales a la escuela pública. Fue el mismo período en el que se privatizaron empresas estatales, llegó la flexibilización laboral y la desinversión en políticas sociales.
Con la llegada de los gobiernos ‘kirchneristas’, los sindicatos docentes se hicieron un lugar en el diseño de las políticas educativas. Un logro que, a pesar de que no conllevó cambios estructurales en el modelo, culminó en 2006 con la promulgación de la Ley de Financiamiento Educativo, que significó una cierta recuperación de la inversión educativa. Se creó un Fondo Nacional de compensación de desigualdades salariales y se habilitó la paritaria para promover la negociación colectiva del salario mínimo anual.
“Con la descentralización se crearon escuelas de primera, segunda y tercera categoría porque había provincias que podían garantizar los servicios educativos, pero muchas otras no”, señala Gabriel Castillo, miembro del comité del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) de la provincia bonaerense, que es el mayoritario de la región con más de 6.000 afiliados.
De hecho, las diferencias entre los salarios de los profesores de una parte u otra del país pueden llegar a ser del doble. Es el caso de la remuneración bruta de un maestro con 10 años de antigüedad de algunas provincias patagónicas, como Tierra del Fuego o Santa Cruz, que es el doble de lo que ganan en las zonas del noreste del país, como Chacao o Formosa.
Castillo, que ejerce como profesor de Historia, afirma que las reformas de los 90 “ampliaron más la brecha que existía en cuanto a presupuesto, salarios, alimentación escolar, infraestructura y calidad de los servicios, entre las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires”.
Además de las desigualdades en las condiciones de trabajo, la ausencia del Estado en el financiamiento educativo tiene efectos que se reflejan en las diferencias de los currículos escolares, las asignaturas o los años de escolaridad porque el sistema de educación en la provincia de Buenos Aires no coincide con el de las otras regiones.
“Hasta el final”
Los docentes argentinos se unen hoy para revindicar viejos “pendientes” que nunca terminaron de concretarse. Como en marzo de 1988, cuando durante 43 días protagonizaron la Marcha Blanca que se convirtió en una fecha histórica para la lucha en defensa de la escuela pública. Los profesores reclaman que se convoque la paritaria nacional en el marco del aumento del presupuesto educativo: “Estamos dispuestos a llegar hasta el final”, exclama con convencimiento Gabriel Castillo.
El fin de semestre se viene intenso. Ante la pasividad del Gobierno, los sindicatos están discutiendo si convocan nuevas medidas de fuerza antes de las vacaciones de invierno que en poco más de un mes llegan al hemisferio sur. “Todo dependerá, en gran medida, de si se puede llegar a un grado de articulación porque el nivel de fragmentación hace que las provincias muchas veces peleen por separado, y no siempre acompañadas de la CETERA, el mayor sindicato a nivel nacional”, asegura Mariano Garrido.
Y es que lo que sí ha conseguido Mauricio Macri en estos meses es algo que hasta ahora parecía imposible: unir al movimiento sindical argentino, incluso a los trabajadores de escuelas privadas. Más allá de las tradicionales disputas por los lineamientos políticos de cada organización, los docentes quieren mantenerse cohesionados y unir a su demanda a otros colectivos. El desafío no es fácil: sólo en la jurisdicción de Buenos Aires existen 17 sindicatos de trabajadores de la educación.
El llamado, en esta ocasión, se hace extensivo también a padres, madres, estudiantes e incluso a los que no están afiliados. Los maestros no quieren dar la pelea solos y sienten que la movilización es responsabilidad de toda la comunidad educativa. “Esto va más allá de los salario, es una lucha por recuperar nuestra educación pública”, concluye Castillo.
El máximo órgano de participación de la comunidad educativa carga de nuevo contra del sistema de becas de Wert, implantado desde 2013 sin modificaciones.
Todos los miembros salvo la administración han votado a favor de las enmiendas de la organización estudiantil CANAE para aumentar cuantías y estudiar un nuevo modelo que evite que se ingrese la beca a final de curso.
Educación, a punto de aprobar el decreto anual de becas, no las acepta pero se compromete a encargar un «estudio de impacto» a Hacienda.
El Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano representativo de la comunidad educativa, ha cargado de nuevo contra el decreto de becas para el próximo curso, una norma –aún en fase de proyecto– que continúa con el modelo de dos cuantías implantado por el exministro Wert en 2013.
Todos los miembros de la Comisión Permanente, salvo los representantes de la administración, comparten este rechazo y lo han mostrado votando en bloque a favor de varias enmiendas al proyecto de real decreto de becas 2017-2018 de la asociación estudiantil CANAE para aumentar el importe y estudiar «la viabilidad de un nuevo modelo de gestión» que evite que los estudiantes reciban la segunda parte de la beca casi a final de curso.
«La convocatoria de becas de carácter postobligatorio se viene publicando a principios del mes de agosto, dando plazo para presentar solicitudes hasta octubre. De este modo, los estudiantes conocen la resolución de su solicitud de beca entre noviembre y diciembre y reciben el ingreso entre enero y febrero. Esta situación provoca una grave inestabilidad entre el alumnado, ya que no conocen el resultado de la solicitud de la beca bien empezado el curso, de forma que no pueden realizar ningún tipo de planificación económica, causando los ya conocidos problemas de inestabilidad», dice una de las enmiendas de CANAE.
«Estamos en una situación crítica: recibir la beca entre el segundo y tercer trimestre del curso crea una inestabilidad terrible, es una decisión política», añade el presidente de la asociación estudiantil, Carles López.
No es la primera vez que el Consejo Escolar pone pegas al sistema de becas. Lleva haciéndolo varios años sin respuesta por parte del Ministerio, que aprueba anualmente un decreto de becas sobre el que «no ha cambiado ni una coma», denuncia CANAE.
El dictamen del Consejo Escolar no es vinculante y el Ministerio ya ha dicho que no va a aceptar las enmiendas al decreto que regulará las ayudas del próximo curso, pero se ha comprometido a encargar un «estudio de impacto» a Hacienda sobre el modelo actual sin dar más detalles.
Así funciona el sistema actual
Con el sistema actual, herencia de José Ignacio Wert, las becas, universitarias y no universitarias, se dividen en dos partes: una fija y una variable. La fija incluye cantidades concretas en función de si se cumplen o no determinados requisitos: por ejemplo, a un universitario que vive en la Península, no supera el umbral más bajo de renta y estudia lejos de donde vive su familia le corresponden 3.000 euros.
El estudiante puede saber de antemano cuánto debe recibir de la parte fija, según los requisitos que cumple. Esta parte se la conceden unos meses después, empezado el curso, pero sin saber cuánto recibirá en total porque hasta final de curso no recibe la resolución definitiva con el último pago correspondiente a la parte variable. Esta segunda cuantía se calcula a través de una fórmula matemática prácticamente indescifrable.
El método de distribución del presupuesto de becas es el siguiente: una vez que se han asignado todas las cantidades fijas, el Ministerio de Educación reparte el dinero que le sobra entre todos los becarios. Y de ahí sale esa parte variable, que se reparte ponderando la nota y la renta de cada estudiante con la nota y la renta del resto de alumnos. Es decir, la cuantía que recibirá un estudiante no solo depende de sus resultados académicos y de su situación económica; también depende de los de todos los estudiantes que han recibido beca en el país y del dinero que le quede disponible al Ministerio.
La UNESCO advierte que se necesita multiplicar por seis los fondos a la educación.
La ayuda a la educación ha disminuido en los últimos seis años, advierte la UNESCO, a pesar de que crece la ayuda al desarrollo. Además, la ayuda no se está distribuyendo en función de las necesidades: El África Subsahariana, donde vive la mitad de los niños sin escolarizar del mundo, recibe actualmente menos de la mitad de la ayuda a la educación básica que recibía en 2002.
La ayuda asignada a la educación ha venido disminuyendo durante seis años consecutivos, según revela el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM) de la UNESCO.
La ayuda total a la educación se sitúa en 12.000 millones de dólares estadounidenses, un 4% menos que en 2010, mientras que la ayuda total al desarrollo durante el mismo periodo aumentó en un 24%.
La ayuda a la educación básica, que incluye la ayuda a la educación preescolar y primaria, así como la ayuda a los programas de educación y alfabetización de adultos, es de 5.200 millones de dólares, lo que supone un aumento con respecto a los 4.800 millones de 2014.
Aun así, esta cantidad es un 6% menor que la de 2010. La ayuda a la educación secundaria, mientras tanto, se eleva a 2.200 millones de dólares, lo que representa un 19% del total de la ayuda a la educación. El análisis se basa en datos recientemente publicados por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.
Multiplicar por seis
“La ayuda sigue siendo muy inferior a la cantidad necesaria para alcanzar el Objetivo 4 del Desarrollo Sostenible, lo que pone en peligro nuestros compromisos”, declaró Irina Bokova, Directora General de la UNESCO.
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.
Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. El Objetivo 4 se propone garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
“Para alcanzar nuestros objetivos comunes en materia de educación, necesitaríamos multiplicar la ayuda al menos por seis, y esta debería ir destinada a los países que más la necesitan. Sin embargo, observamos que los donantes en el ámbito de la educación están desviando su atención de los países más pobres”, advirtió.
Los Estados Unidos y el Reino Unido siguen siendo los dos mayores donantes al sector de la educación básica, pero en el periodo 2014-2015 redujeron su asignación en un 11% y un 9%, respectivamente. Noruega y Alemania, mientras tanto, incrementaron su asignación en un 50% y un 34%, respectivamente.
África subsahariana
Además, la ayuda no se está distribuyendo en función de las necesidades. El África Subsahariana, donde vive la mitad de los niños sin escolarizar del mundo, recibe actualmente menos de la mitad de la ayuda a la educación básica que recibía en 2002.
Esta cantidad representa un 26% de la ayuda total a la educación básica, un porcentaje apenas superior al 22% asignado a África Septentrional y Asia Occidental, donde vive el 9% de los niños sin escolarizar.
A diferencia de las tendencias en la ayuda bilateral a la educación, la Alianza Mundial para la Educación destinó el 77% de sus desembolsos al África Subsahariana, y el 60% a países afectados por la inestabilidad y los conflictos.
El documento ofrece ejemplos específicos de cada país en los que la asignación de recursos se realiza en función de los criterios del donante. Esto demuestra que la ayuda no se asigna según el número de niños sin escolarizar para financiar el coste de alcanzar la educación universal en cada país.
Si bien la ayuda humanitaria a la educación ha alcanzado un máximo histórico, con un aumento del 55% entre 2015 y 2016, este sector sigue recibiendo únicamente el 2,7% de la ayuda total disponible, lo que representa un 48% de la cantidad que solicita.
Tres propuestas
El documento señala tres grandes propuestas para que los donantes vuelvan a dirigir su atención hacia la educación:
1. Este año la campaña de refinanciación de la Alianza Mundial para la Educación está intentando recaudar 3.100 millones de dólares para el periodo 2018-2020, con el objetivo de que se convierta en una operación de 2.000 millones de dólares anuales en 2020, cuatro veces más que el nivel de financiación actual.
2. El Mecanismo de Financiación Internacional para la Educación propuesto por la Comisión Internacional sobre la Financiación de las Oportunidades de Educación Mundial afirma que para 2020 podría recaudar alrededor de 10.000 millones de dólares anuales en financiación adicional para que los bancos de desarrollo amplíen sus operaciones relativas a la educación y se centren en países de ingresos medianos y bajos.
3. El fondo La Educación No Puede Esperar creado en 2016 se propone recaudar 3.850 millones de dólares de aquí a 2020, lo que transformaría la manera en la que se imparte la educación en situaciones de emergencia.
No se trata aquí de los riesgos del derecho a la educación considerados de forma común a propósito de las características insuficientes o inadecuadas de las políticas educativas, sino de uno que proviene de una actividad que debería aportarle al derecho certeza, sustento, garantía, como es el caso de la elección de autoridades, en particular las de gobernadores, de hace unos días.
Ya había experimentado la sociedad mexicana la disolución del Pacto por México como señal de compromiso de los tres principales partidos políticos de que iban a poner las necesidades de la nación como objeto primordial de sus acciones; resuena en el pasado el tercer objetivo relativo a la educación: “que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad”. La mencionada recuperación requiere un Estado con instituciones fuertes, en todos sus ámbitos, incluida la electoral, una de las fuentes de legitimidad de la autoridad del gobernante.
No obstante, de modo contradictorio, en las últimas elecciones estatales, sobre todo en la del estado de México, la actividad electoral disputó algo que rebasa el gobierno de ese estado: la lucha fue por el símbolo del poder de la elección presidencial del 2018, y en función de ello el partido en el gobierno sacó todas sus viejas maneras -y algunas renovadas con tecnología- de comprar, cooptar y amedrentar el voto. Una primera pregunta: ¿cómo puede un gobierno que violenta los derechos políticos garantizar el de educación, que en sus principios contiene el de la democracia, principio que es un rasgo constitucional de la República? Dilapidan y burlan el esfuerzo de muchas generaciones de mexicanos.
El candidato Alfredo del Mazo, en algún momento de su campaña, declaró: “De nuestro triunfo depende el futuro del priismo; depende el futuro de este País” (Reforma, 29 de mayo de 2017: 8, Nacional). Si la primera parte es ya una sobrevaloración, la segunda no encuentra ningún escenario de la realidad mexicana sobre el cual asentarse, a menos claro, que indicara la conciencia del daño que este partido hace al país, pero esta interpretación no es nada probable. Tal vez ni siquiera hubo traición del inconsciente, sino la expresión simple, perjudicial de la confusión de la nación con el partido.
El PRI, inicia sus Estatutos declarando esto: “El Partido Revolucionario Institucional es un Partido político nacional, popular, democrático, progresista e incluyente, comprometido con las causas de la sociedad; los superiores intereses de la Nación; los principios de la Revolución Mexicana y sus contenidos ideológicos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se inscribe en la corriente socialdemócrata de los Partidos políticos contemporáneos” (Artículo 1, http://pri.org.mx/SomosPRI/Documentos/Estatutos2014.pdf). No se mostró un organismo político democrático ni incluyente ocupado de los intereses de nación; no les reconoce superioridad política; tampoco se mostró, claro está, nada de socialdemocracia.
Segunda pregunta: ¿para qué estas palabras si su acción las niega? Y buscando seguramente la exculpación, después de un proceso electoral en el que se sembró la inequidad y discordia, se llama a la unidad, al trabajo para atender las necesidades de la sociedad, siendo una de ellas el respeto a los principios de la democracia, pero no teóricos, sino como están establecidos en la Constitución de la República. Se vive una contradicción lógica y práctica. Así pues, ¿por qué está en riesgo el derecho a la educación? Por varios motivos; indiquemos tres.
Los derechos humanos son indivisibles, y estas formas de llegar al poder público violentan esa unidad de sentido y de responsabilidad gubernamental. ¿Cómo garantizarán uno si violentan otro destruyéndole su objeto a garantizar: la expresión de la voluntad libre?
Las autoridades ejecutivas de la federación y de los estados con gobierno priista y la autoridades electorales no resguardaron el derecho ciudadano y, desde luego, se deslegitimaron produciendo un daño a la vida social. No es responsabilidad de los poderes ejecutivos organizar ferias de servicios en tiempos preelectorales o actuar con inmediatismos para resolver necesidades de la población. Por el contrario, las autoridades tienen una obligación constitucional que olvidan, promover el “desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”. (Artículo 25 de la Constitución).
Con actuaciones que distorsionan los procesos electorales los gobiernos le quitan sustento a la reforma educativa, a su modelo, cuyo lema es Educar para la libertad y la creatividad. Si se pretendía reconocer la escuela al centro, será difícil, pues en las elecciones ponen en el centro el poder y este subordina a la escuela, busca el control de la sociedad, limitando o negando la libertad.
Deben salir de su confusión moral; es esencial a los derechos considerar a cada persona humana como un fin en sí misma, jamás como un medio.
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