UGT no se suma a la convocatoria de dos jornadas de huelga en la enseñanza no universitaria lanzada por los sindicatos nacionalistas contra el plan Heriberri y reivindicando aumento de plantilla, reducir la temporalidad y los ratios de alumnos en las aulas.
El sindicato UGT coincide con las reivindicaciones de los convocantes de los dos días de huelga pero considera que «es imprescindible incidir más en la negociación y en la movilización, si es precisa, pero sin anteponer en este momento una herramienta de fractura en el proceso negociador como es la convocatoria de huelga y, en todo caso, sería necesaria, si llegara este momento, una unidad de acción sindical que por el momento no hemos logrado«.
UGT-Enseñanza considera que las últimas negociaciones con el Departamento de Educación han supuesto «un fracaso total». «Se continúa penalizando al colectivo de profesionales de la docencia en las situaciones de baja por enfermedad, se rechaza la sustitución desde el primer día lo que supone déficit en la atención al alumnado, se continúan negando derechos adquiridos como la reducción de horario para mayores de 60 años, las aportaciones de previsión social, los incentivos a la jubilación, etc. y parece que se pretende fomentar el enfrentamiento y la pelea desde las organizaciones sindicales», afirma este sindicato.
Sin embargo, a pesar de ello UGT «no realizará convocatoria de huelga, entendiendo imprescindible incidir más en la negociación». «Hay motivos para la protesta», añade, pero «hace un llamamiento a todos los agentes sociales a restablecer la unidad sindical que tantos buenos resultados ha dado, como es el caso de las movilizaciones de junio del año pasado con la que conseguimos parar el decreto con el que el Gobierno vasco pretendía ampliar la jornada lectiva y aumentar el ratio profesor/alumno. La actual desunión sindical al único que favorece es al Departamento de Educación«.
El futuro de la educación española pasa por implicar a los padres en los colegios, o al menos eso se desprende de las tendencias procedentes del resto de Europa. No nos referimos a los grupos de WhatsApp de padres sino a cómo la UE ha promovido el refuerzo de la posición de padres y madres y su participación en la escuela. En 2013, el Consejo de Ministros español acordó que esta debía ser “no solo una dimensión principal de la gobernanza, sino también un elemento clave que contribuirá a desarrollar y sostener la calidad a través de las preocupaciones y responsabilidades compartidas de todos los sectores implicados”.
La realidad, como siempre, es mucho más complicada. Especialmente la española, en la que la relación entre profesores y familias ha cambiado sensiblemente desde los años de la Transición. El maestro ha dejado de ser un poder fáctico como el cura y el alcalde, y su rol social ha cambiado al mismo tiempo que el grueso de los españoles disfrutaban de un mayor nivel educativo. Algo que ha hecho que se alteren las relaciones entre los dos agentes más importantes de la educación, padres y profesores.
Aunque exista un discurso aperturista también hay una resistencia a los cambios por la incertidumbre
‘Familias y escuelas. Discursos y prácticas sobre la participación en la escuela’, coordinado por Jordi Garreta, profesor de la Universidad de Lleida, es una buena guía para entender lo que está pasando en nuestras aulas y las resistencias a derrotar en una relación recíproca. De mano de tres de sus autores, Sergio Andrés Cabello y Joaquín Girón de la Universidad de la Rioja y el propio Jordi intentamos entender las complicadas relaciones, desconfianzas mutuas y anhelos entre docentes y familias.
El final de una época idílica
Como hemos explicado, los años setenta fueron un período de cierto esplendor en la comunidad educativa española, considerada uno de los motores de la evolución de una dictadura a una sociedad democrática. Fue también el período en el que las huelgas y reivindicaciones laborales regularon y mejoraron sensiblemente la situación laboral de los profesores. No obstante, el libro señala que a partir de los años ochenta esa unidad se empieza a desgajar, una vez “las reivindicaciones más urgentes de seguridad y empleo fueron satisfechas”.
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A partir de entonces, los profesores comienzan a defender “intereses más de carácter corporativo”, mientras que las familias “transformarán sus reivindicaciones hasta el interés exclusivo para con sus hijos y su desarrollo educativo”. Estos, además, han descubierto sus derechos como parte de la comunidad educativa, y los rápidos cambios en la sociedad del siglo XXI han obligado a una mayor apertura de los centros, algunos encantados, otros reticentes. “La escuela y los profesionales tienen unas dinámicas de trabajo desde hace muchos años y aunque exista un discurso y políticas aperturistas también hay una resistencia a los cambios por la incertidumbre misma de lo que puede pasar”, explica Garreta.
¿Desconfianza, por lo tanto? No tan rápido. “No creo que lo sea, sino más bien una resistencia a modificar de forma muy importante el día a día, complicarse la vida no le gusta a nadie y los cambios se deben hacer gradualmente”, añade el profesor de Lleida. Un ejemplo es la resistencia que encuentran en muchos centros las comunidades de aprendizaje, que introducen a familias u otros agentes externos en el aula. “En general se recibe bien lo que conviene y se olvida lo que supone grandes cambios, modificaciones relevantes o conflictos”.
El profesorado ha interiorizado que tiene un ámbito (pedagógico) y un espacio (aula) propios y exclusivos
La ruptura anteriormente mencionada ha provocado que el aula sea coto exclusivo de los profesores, el último bastión de resistencia ante el escrutinio externo. “El profesorado, por lo general, se ha guardado todo lo relativo a la pedagogía y organización del aula sin permitir la participación de representantes de familias y alumnado”, explica Girón. Por lo general, la opinión de los padres es escuchada y tenida en cuenta… excepto si trasciende al ámbito pedagógico y del aula.
“El profesorado ha interiorizado que tiene un ámbito (pedagógico) y un espacio (aula) propios y prácticamente exclusivos, especialmente a medida que los alumnos van creciendo”, añade Cabello. Hay varios motivos que han llevado a los profesores a parapetarse detrás de las puertas del aula. Por una parte, una mayor formación de padres y madres, que acarrea otras exigencias, y por otra, una presencia continua de estos a través de los nuevos canales de comunicación (como las TIC, tecnologías de la información y la comunicación). “Eso genera resistencias y tensiones y el profesorado puede sentirse ‘amenazado’ y teme incluso ser ‘fiscalizado’”.
La labor del docente, además, ha cambiado y como muchos lamentan, no se ha visto correspondida con un mayor reconocimiento, una mejor formación o la posibilidad de una carrera docente. “La escuela y el sistema educativo han visto cómo han tenido que asumir numerosas funciones para las que no están preparados o diseñados”, explica Cabello. Ya no solo forman, sino que llevan a cabo labores de socialización que “antes recaían en la familia”. “La sociedad, cada vez más compleja, se ha vuelto mucho más exigente con la escuela y con los docentes, les reclaman cada vez más labores y les responsabilizan incluso de lo que no sale bien”.
Herramientas que no funcionan
Estas dificultades quizá se deriven antes de la inercia institucional que de la conciencia de padres y profesores, que saben que deben trabajar juntos, pero no siempre encuentran la forma de hacerlo. Un buen ejemplo es el Consejo Escolar, sobre el papel, una institución que gestiona los centros escolares con la participación de todos los agentes (del director a los padres pasando por la Adminstración). En la práctica, un organismo en el que, como recuerda Giró, “la suma de los votos de profesorado, equipo directivo y representantes municipales superaba el de los representantes de familias y alumnos”.
Una parte de las familias, ni mucho menos mayoritaria, se relaciona con los centros y la educación en términos de mercado
Las familias se convertían así en “convidados de piedra” en una ceremonia en la que apenas tenían poder de decisión. Además, la LOMCE contempla la elección del cuerpo directivo por parte de la Administración y no del claustro, lo que puede provocar un cambio absoluto en estas relaciones, pero aún está por ver qué ocurre. “Nos hemos encontrado con equipos directivos muy abiertos en ese sentido, que creen que la participación de las familias es central y que creen en ello”, explica Cabello. ¿El problema? Los profesores siguen careciendo de incentivos económicos y profesionales para dirigir a sus propios compañeros.
La formación de los docentes tampoco fomenta precisamente la colaboración con las familias. “Es poca y en general muy poco teórica, ya que no se vencen las resistencias a encerrarse en su aula”, explica Garreta. No es que los profesores no lo demanden. Por lo general, aprenden a relacionarse con los padres en un proceso de ensayo-error o, simplemente, de aplicación del sentido común. Ni Magisterio ni el Máster de Formación Profesorado ayudan a que los nuevos docentes sepan cómo coordinarse con los padres, ni hay suficientes incentivos para que lo hagan.
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No obstante, el libro muestra que, por lo general, las relaciones entre familias y cuerpos docentes son cordiales, y que tienden a magnificarse los casos en los que los primeros traspasan los límites. “El profesorado, en ocasiones, se agarra a esos casos para justificarse en las resistencias hacia las familias”, explica Cabello. Otro hándicap a superar: “Una parte de las familias, ni mucho menos mayoritaria, se relaciona con los centros y la educación en términos de mercado, lo que distorsiona claramente la relación, porque ya no se entiende en términos de cooperación”. Volver a tender puentes y conseguir que profesores y padres vuelvan a trabajar codo con codo es uno de los retos de los colegios españoles en los próximos años. No sería la primera vez que se rema en el mismo sentido.
España/Mayo de 2017/Autor: Alex Serrano/Fuente: Las Provincias
En una de las manifestaciones educativas más multitudinarias que se recuerdan, más de 40.000 personas según cálculos de la organización marcharon ayer por el centro de la ciudad con una reivindicación clara: la libertad educativa. La manifestación, convocada por la plataforma Libertaddeenseñanza27.1, discurrió entre la Porta de la Mar y la plaza de San Agustín. Más de 45 minutos después del comienzo de la marcha, aún había cientos de personas que apenas se habían movido. Durante todo el recorrido, las consignas que pedían libertad de enseñanza se mezclaban con las que defendían la educación pública y la concertada.
Y es que la Federación Católica de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Fcapa), que había convocado la manifestación junto a la plataforma y USO, centró sus reivindicaciones en la recuperación de las 31 aulas de 1º de Bachillerato que 25 colegios concertados de toda la Comunitat Valenciana perderán el curso que viene. Para los convocantes de la manifestación, este recorte «supone impedir a más de mil alumnos la continuidad del próximo curso 2017-2018 en sus propios centros», entidades educativas «con acreditada y reiterada demanda social, y en los que también peligran los puestos de trabajo del profesorado y del personal de administración y servicios», según el comunicado con el que se cerró la manifestación.
«Los padres, como ciudadanos que sostenemos con nuestros impuestos tanto la red pública como la concertada y, especialmente, como primeros responsables de la educación de nuestros hijos, tenemos derecho a que estos reciban una educación de calidad, a escoger libremente el centro al que queremos confiar su educación, y a que ésta esté de acuerdo con nuestras propias convicciones, ya sean religiosas, morales, pedagógicas o filosóficas», reza el comunicado, que se leyó al final de la marcha en un acto ligeramente caótico, donde apenas se escuchó a Sebastián.
Asimismo, este documento hace hincapié en que la concertada no quiere «ninguna imposición», ni de lengua, ni de distrito escolar, ni de ideología de género, ni de un modelo educativo único y uniforme. «Contra toda imposición, exigimos libertad de educación. Las familias tenemos derecho a la libre elección del modelo educativo y pedagógico y del centro escolar que deseamos para nuestros hijos», reza el manifiesto, que exige a la Administración «que respete la complementariedad de las dos redes, pública y concertada, en igualdad de condiciones».«No somos números, detrás de cada plaza que elimina (Marzà) hay un alumno, una familia, una historia personal, unos amigos, unos profesores y unos sueños», añadieron.
De hecho, los organizadores se dirigieron directamente al presidente de la Generalitat, Ximo Puig;a la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, y al conseller de Educación, Vicent Marzà, que protagonizó no pocas pancartas (incluidos varios carteles al inicio de la manifestación en la que su imagen aparecía boca abajo). El comunicado insiste a los responsables políticos que «nada puede hacerse sin las familias» en materia de educación. «Más aún, nada puede hacerse contra las familias. No tienen ustedes el derecho a trastornar la vida de miles de familias, tanto las de los alumnos como las de los docentes y demás trabajadores de la educación. No tienen derecho a sacar a nuestros hijos de sus colegios, ni a jugar con su futuro para satisfacer sus proyectos ideológicos y programas políticos», se lee en el contundente documento remitido a los medios.
La marcha, que se desarrolló en medio de un eminente ambiente lúdico y familiar (con la masiva presencia de niños de todas las edades), estaba encabezada por el portavoz de la plataforma Libertaddeenseñanza27.1. Javier Sebastián señaló que la intención de los colectivos participantes en la misma era «defender unos derechos que peligran». «Este año hemos sido una serie de centros, pero es previsible que, si esto no lo conseguimos frenar, vayan cayendo más aulas y vayan atacando a más centros», advirtió Sebastián, que aseguró que los colegios concertados están empezando a conseguir su objetivo, que no es otro que concienciar a la sociedad y que crea «en la libertad de elección de centro, que los concertados son una opción complementaria de la pública». «Hacen falta unas enseñanzas pública y concertada de calidad, y por eso luchamos», comentó el portavoz de la principal plataforma organizadora de la marcha que tiñó sobre todo de sonido las calles del centro de la ciudad (hubo muchos pitos e incluso una charanga que se arrancaba con acordes del tema Libre, de Nino Bravo, muy celebrado por los asistentes).
El presidente de Fcapa, Vicente Morro, dijo que las razones de esta movilización, que no se descarta repetir en otras ocasiones, «son muchísimas y muy generosas, y por eso la gente ha dicho ‘basta ya’». «Por eso hemos salido a defender la libertad de enseñanza contra toda imposición de recorte, contra toda limitación de los derechos de las familias», comentó Morro, que instó a la Administración a sentarse a negociar y lamentó que detrás de la decisión del Consell hay un «motivo ideológico». «Quieren una escuela única, como si estuviéramos en Corea o en China, y evidentemente no vamos a permitir eso», aseguró. «Nosotros no tenemos un proyecto ideológico, tenemos un proyecto de defensa de nuestros derechos, y lo vamos a defender contra viendo y marea», dijo Morro.
Supera expectativas
Lo cierto es que la manifestación fue multitudinaria, casi más de lo que la propia organización esperaba. Convocada con premura, en apenas ocho días, y sin el apoyo de las grandes patronales de la educación concertada, la asistencia superó casi todas las expectativas. Se fletaron autobuses desde Castellón y Alicante y acudieron miembros de las comunidades educativas de los colegios La Purísima de Alzira;San Antonio de Padua y María Inmaculada de Carcaixent; Domus de Godella; El Armelar de Paterna; Nuestra Señora del Pilar, Sagrado Corazón Esclavas, San José de Calasanz, Santa Ana, Guadalaviar, La Purísima Franciscanas, Nuestra Señora de Loreto, San Vicente Ferrer Dominicos y Santísima Trinidad de Valencia;Mater Dei de Castellón y Altozano de Alicante. En algunos de estos colegios, como el Mater Dei o Guadalaviar, han perdido todas sus aulas de primero de Bachillerato y en dos cursos perderán las de segundo, lo que obligará a los alumnos a trasladarse de centro para continuar sus estudios escolares.
Las protestas quedaron plasmadas en pancartas como ‘No al decretazo, sí a la elección’, ‘Ni ideología de género ni lengua ni distrito ni supresión de conciertos. Contra la imposición, libertad de educación’, ‘Yo prefiero una educación concertada y religiosa’ o ‘El meu futur el trie jo’. Se hicieron notar sobre todo las estudiantes del Guadalaviar, que conformaron uno de los grupos más ruidosos de la manifestación. Cabe destacar, asimismo, que la marcha discurrió sin ningún problema ni con la policía ni con viandantes y turistas. De hecho, muchos valencianos se unieron a la manifestación conforme avanzaba desde la Porta de la Mar hasta la plaza de San Agustín. Fue un recorrido largo por la afluencia de participantes:duró más de dos horas.
El artículo 31 de la Ley General de Educación y el artículo 63 de la Ley General del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación establecen que este Instituto (INEE) tiene la obligación de rendir un informe anual al Congreso de la Unión, a las autoridades educativas y a la sociedad en general sobre el estado que guarda la educación obligatoria en México.
Cumpliendo con esta responsabilidad, los pasados 19 y 26 de abril la junta de gobierno de esta institución entregó a las cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente, el informe correspondiente. Con este, suman tres los informes presentados desde que se le otorgó al INEE, en 2013, autonomía constitucional.
El contenido del informe de 2017 se deriva de los resultados de los diversos estudios generados por el Instituto en los dos últimos años, e incluye información producida por otras instituciones e investigadores. En consecuencia, da cuenta de aquellos componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional (SEN) de los cuales el INEE tiene información reciente.
Este informe (ver: http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositio) se conforma de dos secciones que agrupan siete capítulos; incluye además una introducción, un apartado de reflexiones finales y un anexo. La primera sección, “Oportunidades y resultados educativos”, comprende cuatro capítulos que brindan un panorama básico sobre algunas características del SEN.
El primero ofrece información del contexto socioeconómico y de las condiciones escolares en las entidades federativas. El segundo capítulo explica las relaciones que existen entre las oportunidades de aprendizaje que tienen los alumnos de primaria y el logro educativo que alcanzan en Español y en Matemáticas. El tercero analiza algunas condiciones de la oferta educativa en la educación obligatoria para atender a los estudiantes con discapacidad. El capítulo 4 describe los tipos de competencias pedagógicas que tienen los docentes de educación básica en servicio, La segunda sección denominada “Evaluación de políticas públicas” se compone de tres capítulos que evalúan diversos programas públicos.
Así, el quinto capítulo aborda la política de inserción a la docencia de docentes noveles; el sexto analiza la oferta educativa que reciben los niños indígenas y el capítulo 7 trata el abandono escolar en educación media superior. Finalmente, en un anexo se describen las acciones realizadas por las autoridades federal y locales para dar seguimiento a las directrices emitidas por el INEE en materia de formación inicial de los docentes.
De manera muy sintética este informe constata que, aunque hoy existen políticas públicas que atienden numerosos aspectos antes desestimados, el cumplimiento universal al derecho a la educación sigue siendo una meta a cumplir cabalmente. Entre las conclusiones a las que llega el INEE, con relación a la obligación del Estado de ofrecer servicios de calidad en la educación obligatoria, destacan las siguientes. Por un lado, es claro que se ha avanzado considerablemente en la expansión de la matrícula y en la cobertura escolar; ha aumentado la ecacia educativa, lo que se traduce en tránsitos escolares más regulares y mayores niveles de asistencia a la escuela de los niños y jóvenes de 3 a 17 años de edad; y, se han reducido progresivamente las tasas de abandono escolar y han aumentado las proporciones de egresados en los distintos niveles educativos. Por otro lado, el SEN sigue adoleciendo de problemas graves que son importantes de atender lo antes posible. Entre los de mayor importancia, el informe destaca los siguientes.
Siguen existiendo inequidades significativas que impactan a las poblaciones que viven en los contextos socioeconómicos en mayor desventaja, como es el caso de los niños y jóvenes indígenas, de quienes viven en las zonas más alejadas de los centros urbanos y, especialmente, de quienes padecen algún tipo de discapacidad. En el terreno de los aprendizajes es donde se observa el mayor rezago educativo, que es producto de una combinación desafortunada de condiciones sociales, oferta escolar y características personales que afectan de manera significativa el logro educativo de los estudiantes.
Un área de oportunidad para revertir estos problemas se encuentra en mejorar las condiciones de infraestructura, equipamiento y de gestión de los centros escolares más desfavorecidos, así como en incrementar la eciencia con la que se ejerce el gasto educativo en cada una de las entidades federativas. Resulta alentador, sin embargo, comprobar que el magisterio vive un momento de transición hacia nuevas formas de su práctica profesional. En este marco de desafíos es igualmente esperanzador el lanzamiento del Nuevo Modelo Educativo, que complementa los cambios emprendidos con el Servicio Profesional Docente y abre nuevos horizontes a la educación nacional.
Consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
Ecuador/06 de mayo de 2017/Autor: AD El Ciudadano/Fuente: http://www.diariopinion.com
Los ministerios del Frente Social presentaron el balance de su gestión en estos 10 años de Gobierno. El evento contó con la presencia de varias autoridades de Estado, quienes expusieron los principales avances y logros alcanzados en cada una de sus carteras de Estado.
El ministro de Educación, Freddy Peñafiel, detalló varios esfuerzos en cobertura, calidad y gestión educativa, que se enfocaron en garantizar el derecho a la educación desde niveles iniciales hasta el Bachillerato.
“En cobertura de Educación Inicial tenemos, en el año 2016, 291.393 niños; hace 10 años teníamos solo 27 mil, es decir tenemos 10.6 veces más niños en Educación Inicial”, subrayó el ministro. La educación inclusiva también registró importantes hitos en 2016, como la implementación del programa de Aulas Hospitalarias en 28 hospitales, y 3 casas de acogida que beneficiaron a 5.158 niños, niñas y adolescentes.
Las acciones en respuesta al terremoto del 16 de abril también muestran indicadores satisfactorios. Dos meses después de la tragedia, el 100% de los estudiantes de las zonas afectadas retomó sus actividades escolares. Esto se lo pudo hacer gracias a la construcción de 26 unidades educativas provisionales, la instalación de aulas móviles en 167 instituciones educativas y la reparación de 711, entre otras acciones.
La ministra Gabriela Rosero destacó el trabajo en equipo entre las instituciones del Estado, cuya capacidad de respuesta se puso a prueba durante el terremoto del 16 de abril. “Nuestra experiencia con la reconstrucción ha sido salir adelante, el Frente Social que en ningún momento ha dejado solo a nadie”, aseguró Rosero.
Quedaron como desafíos y misiones por cumplir el mejoramiento en la atención de madres gestantes, centros infantiles del Buen Vivir (CIBV) y el acceso gratuito a la educación. “Que no sea la opción de un padre o una madre elegir a uno de sus hijos para enviar a estudiar, ahora no necesitan elegir”.
Puerto Rico/06 de mayo de 2017/Fuente: http://www.telemundo47.com
Cerca de 27,000 estudiantes se verían afectados.
El Departamento de Educación anunció este viernes el cierre de 184 escuelas públicas, en una medida esperada con la que el gobierno busca ahorrar millones de dólares en medio de una profunda crisis económica que en la última década ha provocado un éxodo de sus residentes al suelo continental de Estados Unidos.
La portavoz del Departamento de Educación, Yolanda Rosaly, dijo a The Associated Press que las autoridades reubicarán a 27,000 estudiantes a otras escuelas. Los cierres ocurrirán una vez que termine el año escolar este mes.
Es el cierre de escuelas más grande que se haya anunciado en la historia del territorio estadounidense. Las autoridades cerraron 150 escuelas entre 2010 y 2015.
Según los detractores de la medida, no se tuvieron en cuenta la logística del transporte ni las necesidades de los que requieren educación especial. Un 30% de los estudiantes puertorriqueños tienen necesidades especiales, el doble del promedio en el continente.
La isla tiene un total de 1,292 escuelas públicas a las que asisten 365,000 estudiantes. La matrícula escolar ha caído en un 42% en las últimas tres décadas y se prevé una caída adicional de 22% en los próximos años, según un informe del Grupo Consultivo de Boston al gobierno anterior para ayudar a reestructurar el sistema escolar de la isla.
La caída se debe en buena medida a que los mayores se trasladan a Estados Unidos continental en busca de empleo y una vida mejor. Los docentes de la isla están en gran demanda debido a que son bilingües.
La baja tasa de natalidad también contribuye a reducir la matrícula.
Dirigentes sindicales y defensores de la educación se unieron el 21 de abril ante el Banco Mundial en protesta por su continuo apoyo a las agencias de educación con fines de lucro en general, y en concreto a Bridge International Academies (BIA).
En una carta conjunta a Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, los dirigentes de varios sindicatos de profesores internacionales y sindicatos mundiales solicitaron al Banco Mundial para que cese inmediatamente su apoyo a escuelas privadas de bajo costo como BIA. En la misma señalan que el acceso a la educación es un derecho humano fundamental y no debe basarse en la capacidad de pago de una familia.
Al apoyar la expansión de la educación privada de bajo costo y otras prácticas competitivas, el Banco Mundial contribuye a que un gran número de los/as niños/as más vulnerables del mundo no tengan esperanza de una educación de calidad, y creemos que una educación pública de alta calidad debe ser reconocida como un bien público y que la educación es una responsabilidad primordial de los gobiernos y no de las empresas y los empresarios.
“Debemos recordar al banco cuáles deben ser sus prioridades: apoyar la educación pública, no privatizar las escuelas que crean unos cuantos ganadores a expensas de millones de niños”, expresó Lorretta Johnson, secretaria-tesorera de la AFT.
Afirman que el apoyo continuo del Banco Mundial a BIA es imposible de entender a la luz de las recientes decisiones judiciales que confirman la mala trayectoria de Bridge.
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