Derecho a la Educación

Cuando Andrés Oppenheimer le preguntó a la presidenta de Finlandia cómo habían hecho para pasar de ser un país agrícola, que sólo exportaba madera, a exportadores de alta tecnología, ella le respondió de manera directa y clara: “El secreto es muy sencillo y se puede resumir en tres palabras: educación, educación y educación”. Cuando viajó a Corea, encontró una respuesta semejante que explica por qué ese país, que tenía un PIB per cápita cinco veces inferior al colombiano en 1960, hoy tiene uno cuatro veces superior al nuestro. Corea del Sur es uno de los países que más invierte en educación, ciencia e investigación.

En Colombia ha pasado exactamente lo contrario. A pesar de que hemos contado con profundos balances y recomendaciones y con dos Planes Decenales, la educación sigue careciendo de políticas de Estado, de presupuesto y de apoyo político y social. La guerra y la corrupción le quitaron los recursos. No hemos contado con grandes movilizaciones ciudadanas que exijan invertir primero en educación, segundo en educación y tercero, en educación, como han hecho los países de mayor crecimiento y desarrollo en los últimos 50 años. Hemos desaprovechado las grandes oportunidades que hemos tenido para construir la política pública de largo aliento que garantice el derecho y la calidad de la educación.

Es este el contexto en el que la exministra Gina Parody lanzó el programa Ser Pilo Paga (SPP), sin discutirlo previamente con la comunidad académica, sin un debate con investigadores, rectores, pedagogos y la sociedad como un todo; ni siquiera hacía parte de la plataforma programática del gobierno que la eligió. Sencillamente, los expertos de la Universidad de los Andes la convencieron de que esa era la solución al problema de la calidad y la cobertura de la educación superior en Colombia. Y lo hizo público con bombos y platillos, en una de las campañas publicitarias más costosas que hemos tenido en educación. Para colmo, el presidente Juan Manuel Santos, sin hacer la más mínima evaluación de su impacto, ha salido a todos los medios a decir que quiere convertir al programa en política de Estado.

¡Qué irresponsabilidad! ¿Qué pasaría, por ejemplo, si algunos miles de “pilos” abandonan las carreras que eligieron? ¿Pagarán las cifras impagables que les fueron dadas en calidad de “créditos condonables”? ¿Qué ocurriría si se encontrara que, como irresponsablemente suele pasar en Colombia, este programa no tiene reservas a futuro porque salió mucho más caro de lo previsto? ¿Es necesario recordar que, como era previsible para todos menos para sus diseñadores, los “pilos” eligieron las carreras y universidades más costosas?

Así mismo, las universidades de élite han salido a defender el programa a capa y espada. Ellas, que son las principales beneficiadas al recibir el 85% de los recursos del Estado y de los “pilos”, han aplaudido la decisión de convertir SPP en política pública, pues estamos ante un mercado potencial de 10.000 jóvenes y un billón de pesos que anualmente ingresarían a la educación superior. Las universidades aplauden sin que se conozca ni un solo estudio serio de análisis hecho por expertos independientes. ¡Qué irresponsabilidad!

Por eso estamos como estamos en educación. Los intereses particulares han impedido construir una política pública de largo aliento y de seguimiento e investigación que ayude a hacer los ajustes cuando sean indispensables. Esto pasa porque en Colombia la política pública educativa no se construye de manera transparente, ni consensuada, ni pública. No hay interlocución, como sí la hay para definir las relaciones internacionales o la política económica.

Desde hace un tiempo las principales decisiones de política educativa se están tomando en consenso con la universidad más costosa del país. Ellos, que no han tenido un solo egresado de su recién creada facultad. Ellos que no han participado en la historia de la reflexión pedagógica colombiana, ni cuentan con publicaciones en el campo, ni han impulsado innovaciones, ni construido equipos de investigación pedagógica. Ellos están incidiendo en las principales decisiones de política pública educativa. Por ello no es raro que hayan diseñado Ser Pilo Paga y los Derechos Básicos de Aprendizaje, dos de los mayores errores en política pública educativa en las últimas décadas.

En estas circunstancias el rector de los Andes, Pablo Navas, salió a decir que, a pesar de ser la universidad más costosa y en la que se ha educado parte de la élite de este país, en realidad era la más “pública” de todas. (Tal vez le entendimos mal y lo que quiso decir fue que era la universidad que más incide en la política pública. Y en eso sí tendría toda la razón). Basó su argumento en que el 35% de los nuevos estudiantes reciben créditos condonables por el Programa SPP y que es la tercera universidad por número de estudiantes “pilos” recibidos (1.869), pero la que más dinero recibe por ellos. La pregunta es si eso la convierte en una universidad pública.

Los Andes es una excelente universidad. En las pruebas Saber Pro suele obtener uno de los mejores resultados y lo mismo puede decirse de la calidad de la formación brindada. También alcanza el cuarto lugar entre las universidades que más grupos de investigación tienen registrados ante Colciencias. Aun así, decir que es la mejor es claramente equivocado, ya que no existe manera para validar dicha información, salvo las pruebas Saber Pro que tienen en cuenta tan solo algunas pocas de las competencias esenciales en la vida. Para evaluar una universidad habría que considerar muchas y más diversas variables: valor agregado, aporte a la sociedad, innovación, liderazgo, formación ética, convivencia, cultura ciudadana; pero muy especialmente, sus egresados.

No debería haber duda de que es equivocado que los “pilos” se desplacen desde municipios lejanos hasta las grandes capitales; es inequitativo que mientras las universidades públicas se caen a pedazos, los Andes, la Javeriana y la Salle concentren a la mayoría de ellos. Pero lo inaudito es que debido a que están tomando el dinero público y algunos de los mejores alumnos de condiciones socioeconómicas muy bajas, ahora se declaren “públicas”.

En Colombia hay una guerra contra la educación pública: una guerra de recursos y una guerra mediática. En múltiples medios de comunicación se dice una y otra vez que la educación pública es “costosa y mala”, que los egresados se vuelven guerrilleros, que los jóvenes viven echando piedra y haciendo paros. También hay una guerra económica que se expresa en que el Estado tiene una deuda pendiente de 11,5 billones de pesos con la educación pública.

Es cierto que en las públicas de verdad es débil la evaluación de docentes y procesos; también lo es que los politiqueros tienen injerencia indebida en algunas regiones. Pero, contrario a lo que se dice, las públicas agregan más valor que las privadas según recientes estudios del Banco de la República. Eso quiere decir que impactan en mayor medida el desarrollo del pensamiento, la convivencia y la lectura, de lo que hacen las privadas. Contrario a lo que se dice, las tres universidades con más grupos de investigación reconocidos por Colciencias son la Nacional, la de Antioquia y la del Valle. Contrario a lo que se dice, en las últimas pruebas Saber Pro de 2017, la Nacional ocupó el primer lugar en seis de los diez programas evaluados. Contrario a lo que se dice, los grupos de matoneo virtual han tomado más fuerza en algunas universidades de élite que en las universidades públicas.

La mejor educación en el mundo la tienen los colegios y universidades públicas. Pública es la educación en Finlandia, como también lo es en China o en Corea del Sur. Todos los países del norte de Europa saben que una educación pública de calidad es la mejor inversión posible para consolidar el desarrollo integral y sostenible de una sociedad. Ellos aprendieron que la única opción para consolidar la democracia es fortalecer la educación pública de calidad. Por ello, invierten en ella; y al hacerlo, construyen un futuro integral y sostenido para todos.

Las universidades privadas certificadas han cumplido un excelente papel en la formación de profesionales en el país, pero no deben quitarles los recursos ni los alumnos a las públicas. Lo que tenemos que hacer es consolidar nuevas universidades regionales, como recientemente hizo Ecuador. Universidades que deben estar alejadas de los políticos regionales como garantía de calidad y deben atender a la población, sin tener que trasladarla hasta las grandes ciudades, cambiando con ello de manera radical y equivocada su contexto y sus formas de vida. Sólo así la inversión en educación se articulará a mediano plazo a los procesos de desarrollo regional. Para consolidar la paz, hay que fortalecer las regiones y la educación pública. Si reestructuramos programas como Ser Pilo Paga, podemos a ayudar a consolidarla.

Recientemente el presidente prometió equiparar los “pilos” en las públicas y las privadas. ¿Desde cuándo la política pública consiste en “equiparar” el apoyo a los dos tipos de universidades? La sociedad debe exigir que, sin excepción vayan a las públicas los próximos 10.000 “pilos”. Al hacerlo, aprovecharemos este programa para fortalecer y no para debilitar las universidades públicas. Las privadas recibieron la mayor parte de los primeros 30.000 “pilos”. Ahora la sociedad debe exigirles que asuman una parte de la matrícula, como pasa en todos los países del mundo en el que funcionan programas similares. Se llama cofinanciación. Colombia es el único país del mundo en el que el Estado paga el 100% de las matrículas y las privadas de élite nada. Por eso se declaran públicas. ¡Qué descaro!

En Chile los estudiantes han copado las calles para exigir el sagrado cumplimiento de su derecho a la educación. La presidenta Bachellet se ha comprometido a garantizarlo para el 50% de los estudiantes. Si no lo cumple, no culminará su gobierno. En Colombia hemos armado una enorme campaña publicitaria para promover un pequeño y costoso programa que sólo atiende al 2% de los estudiantes graduados de la educación media (de allí que tendrá un impacto marginal en cobertura), pero que gasta en ellos lo mismo que en los otros 650.000 estudiantes que asisten a todas las universidades públicas del país.

Invito a los estudiantes colombianos a que se tomen las calles para defender su derecho a estudiar, el cual se encuentra hoy amenazado por una política que disimuladamente está privatizando la educación superior. Incluso, les propongo a los estudiantes de los Andes que encabecen estas marchas. Quien quita que la Mane los deje hablar como voceros principales de las universidades “públicas” del país. Al fin y al cabo, el rector está convencido de que volvió “pública” la universidad de los Andes. Me temo que muy pocos compartirán sus ideas; el problema es que esa engañosa tesis la comparten quienes quieren debilitar la educación pública en el país.

Fuente: http://www.semana.com/educacion/articulo/universidad-de-los-andes-es-publica-julian-de-zubiria/524019