Derecho a la Educación

Por: Jaume Carbonell

Nadie duda que la salud es un servicio público imprescindible. Pero ¿existe la misma conciencia y percepción acerca de la educación? En la situación actual se precisan planes de choque preventivo para que sea accesible a toda la población.

«Los gobiernos que ahorran gastos en los últimos años recortando servicios de salud, ahora gastarán mucho más a causa de la epidemia”, sostiene Ignacio Ramonet en “Un hecho social total”, un brillante y documentado artículo con toda suerte de datos y sólidas argumentaciones. En efecto, a partir de la crisis del 2008, las políticas antisociales de buena parte de los gobiernos -a quienes no les ha temblado el pulso a la hora de aplicar severos recortes en salud, educación y bienestar social- se han visto complementada con los procesos de privatización siguiendo la consigna sacrosanta de más mercado y menos Estado. Ahora pagamos las consecuencias y todo son improvisaciones y buenas promesas para lo que viene en llamarse “la nueva normalidad”.

Nadie discute, por razones obvias, que la sanidad es un servicio público esencial e imprescindible, ¿pero lo es la educación en las prioridades de la agenda política y en la conciencia de la ciudadanía? Nadie pone en duda que, por razones diversas, es importante y todo el mundo se atreve a opinar y a pontificar sobre cómo debería ser la educación y lo que debería hacer el profesorado, aunque muchos opinadores hace tiempo que dejaron las aulas. Pero, más allá de la retórica, la frontera entre lo importante y lo imprescindible es abismal.

Ahora en que buena parte de los analistas coinciden en que los Estados deben recuperar su protagonismo es la hora también de que la educación pública para toda la población, desde la educación infantil hasta la universidad y la educación de personas adultas -desde la cuna a la tumba-, merezca la estima y la dignificación que se merece. Para ello se requiere, sobre todo, asentar bien estos dos pilares: la acción del Estado -de sus administraciones centralizadas y descentralizadas- y el compromiso de la comunidad educativa: profesorado, alumnado, familia y otros profesionales educativos y actores sociales. Solo a partir de esta convergencia de sensibilidades y voluntades se puede construir la escuela pública comunitaria: la escuela del pueblo y para el pueblo.

Al Estado le corresponde, sobre todo, tener la convicción profunda que la escuela pública es un servicio esencial y obrar en consecuencia, construyendo y dotando a los centros con los recursos necesarios, bajando las ratios para garantizar un mejor cuidado y aprendizaje, y contratando más profesorado y otros equipos multiprofesionales que incluyan la atención psicológica, la orientación y la intervención social. Algo que únicamente puede lograrse si el porcentaje destinado a educación se acerca al 6% del Producto Interior Bruto. Es mucho dinero, claro, pero hay que entenderlo como la mejor inversión de futuro porque, al igual que sucede en la sanidad, el gasto que nos ahorremos ahora será mayor en el futuro, al tener que afrontar los costes cuantitativa y cualitativamente mayores que suponen el elevado número de fracasos, deserciones, carencias culturales y acentuación de todo tipo de desigualdades. De ahí la necesidad de planes de choque de carácter preventivo.

Por otro lado, el Estado, ha de garantizar el pleno derecho a la educación para todas y todas mediante la gratuidad para acceder a todos los niveles educativos sin restricciones, la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la obtención unos resultados diversos pero exitosos para todo el alumnado. Porque la escuela inclusiva, de la que tanto se habla, no debería dejar a nadie en el camino. Pocas veces se ha expresado tan bien este deseo como en “Carta a una maestra”, escrita por los alumnos de la escuela de Barbiana donde se cuenta el empeño de su maestro, Don Milani, por demostrar que el éxito escolar es posible cuando se pone el acento en las altas expectativas y posibilidades del alumnado, y no en sus dificultades. Milani explicaba una y cien veces las cosas para que todo el grupo las entendiera, convirtiendo la clase en una animada y permanente conversación donde el lenguaje y el pensamiento conformaban el ADN del proceso educativo:”El aprendizaje ha de priorizar el razonamiento y el uso crítico de la palabra: si no se domina la palabra difícilmente se podrá participar y ser sujeto de derechos”. Una lección preciosa sobre la escuela que enseña a pensar de forma inclusiva y democrática, y que ponen el foco en tres conceptos inherentes a lo público y al bien común: equidad, calidad y éxito.

A la educación pública se le presenta un desafío mayúsculo que no siempre afronta adecuadamente: romper los muros físicos, ambientales mentales y simbólicos, así como los estereotipos y prejuicios culturales, étnicos y de género, para lograr una educación en valores y derechos democráticos que permita avanzar hacia una emancipación individual y colectiva. La escuela pública pierde su razón de ser cuando no logra acoger la más amplia heterogeneidad social del alumnado, provocando procesos de segregación y hasta guetos escolares. También la pierde cuando al tener que respetar y atender la necesaria diversidad del alumnado termina reforzando o reproduciendo la desigualdad. O cuando en nombre de la igualmente deseable autonomía pedagógica de los centros, se percibe una marcada diferenciación social. ¿A quién corresponde regular estos procesos? Ni es conveniente dejarlo solo en manos del Estado, mediante un intervencionismo demasiado reglamentista y burocrático, pero tampoco se puede dejar al socaire de cada centro. Se precisan poderes compartidos y coordinados de control democrático por parte del Estado y de la comunidad educativa, para hacer posible esa educación pública. Los contrapoderes comunitarios sirven para denunciar y controlar derivas burocráticas, economicistas y autoritarias que ponen en peligro el respeto a los Derechos Humanos y a la propia esencia de lo público y de la justicia social.

La escuela pública comunitaria, como se ha señalado, está financiada, regulada y controlada democráticamente por el Estado, pero quien le da vida y sentido es la participación cotidiana de toda la comunidad, con sus voces, relaciones, prácticas educativas e iniciativas de todo tipo. Con los proyectos educativos y pedagógicos de cada centro, con el capital cultural al servicio de la escuela y con las innovaciones pedagógicas que se nutren de la rica tradición pedagógica que tratan de enriquecer con las nuevas aportaciones de la modernidad y adaptar a cada contexto específico. Las metodologías son afortunadamente muy variadas, y siempre es bueno huir de la uniformidad y de la tentación de las modas, pero como dice el proverbio, no todos los caminos conducen a Roma.

Hay evidencias y suficiente experiencia acumulada para entender que hay modos de enseñar y aprender que favorecen más que otros el desarrollo de un pensamiento libre y crítico, de un conocimiento significativo y profundo y del desarrollo integral del alumnado en todas sus dimensiones. Que ayudan a detenerse en lo más básico del currículo -contendidos y competencias, que en ningún caso se oponen sino que se complementan-. Que llenan de vida las aulas, mientras se educa al propio tiempo en el entorno natural y social. Que favorecen la lectura y la comprensión del mundo, local y global, y la necesidad de transformarlo, al tiempo que mejoramos nuestros colectivos en los que intervenimos y nos transformamos como personas, porque como muy bien dice Tolstoi: “Todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo”.

Por último, cabe subrayar que en la escuela pública comunitaria se conjugan dos verbos harto emblemáticos: acompañar y participar. El primero comporta la acogida, la ayuda, el cuidado, el seguimiento y el acompañamiento cultural, social y emocional para que cualquier alumno o alumna progrese adecuadamente y encuentre en la escuela la estima que precisa en cada momento. Asimismo, supone el cuidado mutuo entre el profesorado y el acompañamiento que requieren sus intervenciones en el aula y los procesos de innovación colaborativos Y, por supuesto, comporta una estrecha relación e intercambio educativo con las familias. Sin olvidar, toda la contribución educativa del territorio, condensada en espacios naturales, sociales, artísticos y culturales.

Y el otro verbo genuino de toda comunidad democrática es la participación. Es a partir de ahí que se piensa, se vive y se actúa democráticamente. Que se comparten espacios de deliberación y toma de decisiones colectivas. Estas voces intergeneracionales construyen y enriquecen día a día la escuela comunitaria. Pero también estas voces, incardinadas en numerosos colectivos y redes educativas, piden ser escuchadas más allá de este espacio micro para que las políticas educativas que afectan a toda la población sean el resultado de este necesario compromiso democrático entre el Estado y la comunidad.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/pedagogiasxxi/2020/05/27/educacion-publica-mas-que-nunca-entre-el-estado-y-la-comunidad/