Derecho a la Educación

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En la primera infancia #AprenderEsUunderecho

Noticias

Redacción: Animal Político

De aprobarse la iniciativa de Ley para reformar el Artículo 3º constitucional, las y los niños perderían su derecho a recibir educación antes de preescolar.

Mientras que el informe Estado Mundial de la Infancia la UNICEF (2016, p. 1) señala que “todos los niños y niñas nacen con el mismo derecho inalienable a gozar de un comienzo saludable en la vida, de una educación y de una infancia segura y protegida”, la iniciativa de Ley para reformar el Artículo 3º constitucional que el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados elimina la educación inicial, violentando así el derecho a la educación de las niñas y niños de 0 a 3 años.

Al no incluir a la educación inicial en el artículo 3º constitucional, también se estaría incumpliendo con los acuerdos firmados en la Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia (2017), la cual busca orientar los esfuerzos de los países de América Latina para el fortalecimiento de las políticas publicas de primera infancia. Aunado a esto, se estaría debilitando el cumplimiento de la Ruta Integral de Atenciones (RIA) elaborada por la Comisión para la Primera Infancia del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la cual plantea que los niños de 0 a 6 años deben ejercer plenamente sus derechos y transitar por el camino que los llevará a ser la mejor versión de sí mismos.

Desaparecer la educación inicial implica la reproducción de las desigualdades sociales, ya que al ingresar a preescolar, los niños no van a partir del mismo punto. Quienes no tengan educación inicial, no tendrán las mismas condiciones para estar, aprender y participar en la escuela. Si esas brechas sociales no se cierran en la primera infancia, será muy difícil que esto suceda posteriormente.

Se debe reformular el enfoque con el que se está pensando este nivel educativo, puesto que para la mayoría de las niñas y niños no debe implicar la institucionalización en los Centros de Atención Infantil (CAI), sino considerar el apoyo a las familias con esquemas flexibles, en los que el ingreso a los CAI no dependa del derecho laboral de los padres o del esquema de seguridad social al que estén afiliados: los niños y niñas deben poder ingresar a cualquier servicio y modalidad.

En esta reformulación también se debe impulsar la existencia de estancias cortas en los Centros: niños y niñas podrían asistir dos veces por semana y tres días quedarse en casa con sus padres o familiares. A su vez, implicaría que los agentes educativos realicen visitas domiciliarias para orientar a los cuidadores primarios sobre cómo utilizar los materiales que tienen en casa para generar apego, interacciones adecuadas y un mejor desarrollo y bienestar de los niños, logrando una verdadera crianza compartida.

Si se elimina la referencia a la educación inicial, se perderá el anclaje constitucional para un sistema que apenas está estabilizándose y que se marca como obligación del Estado en las convenciones internacionales de derechos de los niños. En la iniciativa de Ley al artículo 3º Constitucional se señala en el primer párrafo que “La educación es un derecho de toda persona para alcanzar su bienestar […]”, así que la pregunta obligada es ¿los niños de 0 a 3 años no merecen bienestar? ¿No son personas? ¿Cómo van a tener bienestar y un buen comienzo, si desde la Constitución se están eliminando sus derechos?

Fuente: https://www.animalpolitico.com/blogueros-aprender-es-mi-derecho/2019/02/28/en-la-primera-infancia-aprenderesuunderecho/

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Entrevista a Ignacio Calderón: “Lo que nos falta (en la educación inclusiva) no es evidencia científica, es voluntad política”

Entrevistas

Entrevista/28 Febrero 2019/Autor y Fuente: El diario la Educación

Ignacio Calderón, profesor de la Universidad de Málaga, acudió ayer a la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad para hablar sobre educación inclusiva.

La legislatura ya se acaba. De hecho, ayer se celebró la última sesión de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad. Entre los diferentes temas tratatados, el de la educación fue uno de ellos. Ignacio Calderón, profesor de la Universidad de Málaga y referente en eduación inclusiva acudió para hablar del derecho a la educación inclusiva de calidad de las personas con discapacidad.

“A menudo se piensa, aseguró Calderón, que cuando una niña o un niño señalado por la discapacidad está en una escuela ordinaria, ya hablamos de educación inclusiva y esto, de ninguna manera es así. Hay que mirar la organización escolar, las prácticas habituales, las metodologías, en los libros de texto, en las actividades que hace el alumnado, en los horarios, en los ritmos uniformes… todas esas cuestiones que pasan inadvertidas porque son lo común, lo normal hacen que las escuelas sean lugares inhóspitos para determinadas personas que allí habitan”.

La comparecencia ocurrió pocos días después de que de nuevo surgiera la polémica entre el sector de la educación especial que se manifestó en contra del cierre de los centros de educación especial. El proyecto de ley de educación aprobado por el Gobierno hace unos días ponía sobre la mesa la cuestión de la transición desde el modelo de sistema educativo actual en el que conviven diferentes formas de escolarización, por uno en el que todo el alumnado estuviera matriculado en los mismos centros. El proyecto, dado el adelanto electoral, ni siquiera llegará a ser tramitado en el Congreso.

Durante algo más de una hora, Ignacio Calderón repasó la necesidad de que las administraciones enfrenten la obligación legal que supone la ratificación en 2008 de la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad en la que se habla del derecho a la educación inclusiva de calidad.

“La educación está obligada a afrontar el reto de cuestionar el modelo escolar que está negando sistemáticamente los derechos humanos a toda nuestra infancia. Y he dicho a toda; a quienes son excluidos de la educación común y al resto que aprende a ser excluyente”. El profesor de la UMA se mostró tajante durante su intervención: “Hablamos de derechos humanos con mayúsculas. que siguen siendo vulnerados y han de ser respetados por obligación moral y por imperativo legal. Hablamos de un gran proyecto (que parece simple y no lo es) para educarnos juntos”.

Calderón dio algunas pinceladas sobre lo que está ocurriendo desde hace años en el sistema educativo: “Demasiados niños y niñas son dirigidos a modalidades de escolarización excluyentes ya sea en aulas específicas en centros ordinarios, o en centros de educación especial y esta separación es inadmisible”.

Frente a quienes hablan de que ha de primar el derecho de las familias a la libre elección de centro para sus hijos, Calderón entiende que dicha libertad, en estos casos, tampoco se está dando. “Muchas familias están siendo invitadas a abandonar la escuela común porque no van a ofrecerles lo que sus familiares necesitan. Algunas de estas se ven forzadas al cambio, otras asumen que es lo mejor porque son profesionales quienes lo indican y eligen, entre comillas, la educación segregada; otras han huido del castigo que les ha supuesto la educación ordinaria. Es evidente que en ninguno de los casos es una elección, sino de un condicionamiento férreo”.

Para apoyar este argumento, Calderón habló también de los informes psicopedagógicos que son los que terminan en dictámenes de escolarización que llevan a las familias a los centros especiales o a los ordinarios en los que hay aulas específicas. Y leyó el dictamen de un alumno de educación infantil justo en el momento de paso a la educación primaria: “En estos momentos el centro ordinario no tiene ni cultura, ni política ni prácticas inclusivas para que Álvaro pueda continuar en primero de primeraria”.

De esto, precisamente, es de lo que Calderón habla en sus artículos y entrevistas. De la necesidad de un cambio de cultura escolar, así como de las políticas y las prácticas educativas para que todas las personas puedan estar escolarizadas en los mismos centros. “Un centro escolar, aseguró, puede decir con impunidad a un niño de 5 años que se va a vulnerar su derecho a la educación porque ni hemos cambiado ni pretendemos cambiar la cultura, la política y la práctica del centro para atender al mandato legal de la Carta de los Derechos Humanos, de la Constitución Española y de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto no puede seguir así”.

Calderón no se quedó aquí y dijo a diputadas y diputados que “tienen ustedes la obligación de deterner esta vulneración sistemática de los derechos de la infancia y para ello han de prever una inversión decidida de esfuerzos y recursos humanos, formativos, materiales, para transformar cultura, política y prácticas”.

“Es necesario que la entrada de las personas señaladas por la discapacidad en la escuela ordinaria, así como la de otros colectivos, venga acompañada de una transformación de la cultura escolar de modo que esa ciudadanía previamente excluida de la institución pueda aprender, participar y aprobar”.

Y aquí volvió a insistir en otras claves importantes. La escolarización no es el fin último de la escuela inclusiva. Esta también debe garantizar que el alumnado con discapacidad pueda participar de lavida del centro y, además, pueda aprobar, conseguir un título que certifique sus conocimientos y capacidades, algo que hoy por hoy no ocurre.

Calderón insistió en la obligación de que la legislación no sea contrario al mandato de la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad y, además, se apoyó en la existencia de evidencia científica sobre el mayor aprendizaje, para todo el alumnado, cuando existe heterogeneidad en las aulas. “Aprendemos de la diferencia, y aprenemos a ser inclusivos cuando estamos con las diferencias. Aprendemos a ser abiertos, flexibles… más humanos. A convivir unos con otros”.

Y sobre la preocupación de las familias de la escuela especial en relación al cierrre de sus centros, aseguró: “Cómo no entender a los que han sido expulsados de la (escuela) ordinaria si lo he vivido en mi familia. Cómo no entender que huyan de la escuela que ataca a sus niños”. Pero eso sí, “eso lo pueden decir las familias, pero los representantes de la sociedad (en referencia a los políticos) no pueden escudarse en esto”. “El interior superior del niño, añadió, es el respeto a los derechos humanos” y, aunque comprende que las familias estén preocupadas y defiendan la segregación en centros o aulas específicas, cree que los representantes políticos han de defender la necesidad de una escolarización conjunta.

Calderón cerró su intervención hablando de la necesidad de que las administraciones y los legisladores tengan en cuenta la voz de las familias y del alumnado con discapacidad a la hora de transformar el sistema educativo para que “no preguntemos qué le pasa a tu hijo sino qué podemos hacer para que tu hijo esté en la escuela”.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/02/26/lo-que-nos-falta-en-la-educacion-inclusiva-no-es-evidencia-cientifica-es-voluntad-politica/

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La niñez descalza

Carolina Vásquez Araya.

Por: Carolina Vásquez Araya   

Las redes sociales suelen funcionar como un buen termómetro social. En ellas se suceden comentarios e imágenes, los usuales despliegues de una visión particular del mundo en el cual vivimos. En ellas la infancia tiene por lo general una fuerte presencia, aunque desde esa visión patriarcal que la ubica en un plano subordinado y dependiente. Algo que no logramos entender desde nuestra posición de adultos, es nuestra responsabilidad respecto de la seguridad y el respeto por los derechos de ese inmenso sector de niñas, niños y adolescentes cuyo presente y futuro depende íntegramente de las decisiones de otros y cuyo destino suele estar marcado desde un nacimiento rodeado de privaciones.

Las caritas sonrientes frente a la cámara, de niñas y niños descalzos y pobremente vestidos, deberían avergonzarnos y no ser motivo de comentarios superficiales teñidos de compasión. Hemos normalizado la miseria de la infancia hasta el extremo de usarla en postales, como si esa injusticia fuera una parte legítima de nuestro entorno social, del mismo modo como hemos normalizado el embarazo en niñas y adolescentes y la violación sexual en el seno del hogar, en la escuela o en los ámbitos eclesiásticos. La sociedad se ha blindado contra la agresión de su propia naturaleza y, revistiéndose de supuestos principios morales, ha condenado a sus nuevas generaciones a toda clase de vejámenes cuyas consecuencias las marcan de por vida. Por ello, esa resistencia a comprender y sobre todo, aprehender el significado profundo de los derechos humanos y su impacto en las decisiones cotidianas y la relación con los demás también constituye una forma de agresión transformada en estilo de vida.

La niñez posee instrumentos de protección integral avalados por la inmensa mayoría de países del mundo, los cuales no constituyen siquiera un llamado de atención para quienes deciden y priorizan las políticas públicas y el uso de los recursos de las naciones. La Convención sobre los derechos del Niño es uno de ellos y señala con claridad meridiana los alcances y la importancia de garantizarles un ambiente apropiado para crecer y desarrollarse, bajo la responsabilidad plena de los Estados y, por supuesto, con la colaboración de toda la sociedad.

Esta Convención es uno de los mandatos fundamentales –en concordancia con ciertos artículos de las Constituciones Políticas y otros acuerdos de carácter obligatorio- cuyo objetivo es proteger a la niñez y, de ese modo. erradicar toda forma de discriminación y violencia en su contra; mandato ignorado de manera irresponsable por los gobernantes latinoamericanos, cuyo privilegio de ostentar el control político, económico y social de sus países pareciera otorgarles el derecho de condicionar a su antojo las condiciones de vida de sus pueblos, pero sobre todo las condiciones en las cuales sobrevive la niñez.

Como una de las mayores injusticias cometidas contra este amplio sector de la población es el acuerdo político teñido de fundamentalismo religioso cuyo objetivo es condenar a millones de niñas y adolescentes a mantener embarazos y maternidades no deseadas, producto de la violencia sexual. Estos embarazos representan una de las mayores causas de la feminización de la pobreza en nuestros países, en donde el respeto por los derechos de las mujeres continúa siendo uno de los temas pendientes más urgentes de sus agendas, pero también uno de los que provoca mayor rechazo desde los grupos de poder. Esto, precisamente por representar un factor de cambio en todos los ámbitos de la vida ciudadana empezando, claro, por dar a la niñez el lugar que merece.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252149&titular=la.ni%F1ez-descalza-

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Bruselas registra una iniciativa sobre la educación de niños con discapacidad

Noticias

Bruselas, 27 feb (EFE).-

La Comisión Europea anunció este martes el registro de una iniciativa ciudadana europea que pide asegurar una educación de calidad a los niños y adultos con discapacidad en la Unión Europea (UE) y eliminar las barreras existentes.

Los artífices de esta iniciativa solicitan al Ejecutivo comunitario que «elabore un acto legislativo sobre un marco común de la UE para la educación inclusiva, que garantice que ningún niño se quede a la zaga en lo que se refiere a los servicios de intervención precoz, la educación y la transición hacia el mercado laboral», según un comunicado.

Denuncian que mientras más de 70 millones de ciudadanos de la UE presentan una discapacidad y 15 millones de niños tienen necesidades educativas especiales, muchos de ellos «se enfrentan a barreras excesivas en (…) su derecho a una educación inclusiva de calidad».

La decisión de la Comisión Europea de registrar esta iniciativa ciudadana significa la admisibilidad jurídica de la propuesta, no su aprobación.

Tras el registro de esta iniciativa, que se producirá oficialmente el próximo 4 de marzo, comenzará un periodo de un año durante el que los organizadores tendrán que recoger un millón de firmas de apoyo, procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes.

Una vez finalizado el plazo, la Comisión deberá decidir, en un plazo de tres meses y de manera justificada, si cursa la solicitud.

La Comisión Europea introdujo las iniciativas ciudadanas europeas en 2012, en el Tratado de Lisboa.

Los requisitos para admitir propuestas es que entren dentro de las competencias de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico, que no sean abusivas, frívolas o temerarias, y que sean acordes a los valores de la Unión Europea.

La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá justificar su decisión. EFE

mb/ig

(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)

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Expertos adoptan nuevos Principios históricos de Abiyán sobre el derecho a la educación y los actores privados

Reseñas

Por: Right-to-education.org.

Un grupo de expertos en derechos humanos de todo el mundo adoptó hoy los Principios de Abiyán sobre el derecho a la educación, después de tres años de consultas, reflexión y redacción de borradores. Los Principios de Abiyán buscan fortalecer los esfuerzos existentes para garantizar que el derecho universal a la educación esté protegido en el contexto de la participación cada vez mayor, y a menudo no regulada, de actores privados en la educación.

La profesora Ann Skelton, que presidió el Comité de Redacción del Borrador y ocupa la Cátedra de Derecho de la Educación en África de la UNESCO, dijo: “Hasta el día de hoy, los responsables de garantizar el derecho a la educación carecían de claridad sobre lo que dicta el derecho internacional de los derechos humanos sobre la participación de actores privados en la educación, lo que a menudo conduce a impactos adversos inadvertidos y evitables”.

“Los Principios de Abiyán compilan y reafirman las obligaciones legales de los Estados en un único documento. También han sido desarrollados para responder a los impactos perjudiciales bien evidenciados que a menudo son el resultado de la comercialización de la educación”, añadió.

Haciéndose eco de esta opinión, Kombou Boly Barry, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, uno de los expertos consultados, dijo: “Los Principios de Abiyán son legalmente rigurosos y abordan los verdaderos desafíos para brindar una educación pública inclusiva, gratuita y de calidad. Esto los convierte en indispensables para cualquier Estado que se tome en serio el derecho a la educación”.

Los Principios de Abiyán revelan la obligación de los Estados de proporcionar una educación pública, respetar las libertades y la dignidad en la educación y regular a los actores privados en la educación.

Samuel Dembele, presidente de ANCEFA, aseguró: “Los Principios de Abiyán nos brindan las herramientas necesarias para abordar el problema a nivel local, al tiempo que se conectan con los desafíos sistémicos generales que presenta la privatización de la educación”.

Además de su utilidad para los Estados, los Principios de Abiyán serán indispensables para aquellos que persiguen la rendición de cuentas de los Estados cuando no garantizan que los actores privados respeten el derecho a la educación.

El teniente de alcalde de Grand-Bassam, donde tuvo lugar la reunión, Siaka Traoré, dijo: “Grand-Bassam se enorgullece de haber organizado esta conferencia de validación de los principios rectores para la implementación del derecho a la educación, que nos permitirá avanzar más rápido hacia una educación universal y de calidad. Fue un verdadero placer para mí participar en las ceremonias de apertura y clausura”.

La redacción de los Principios de Abiyán fue dirigida por un comité de redacción compuesto por nueve expertos de renombre internacional. Otros 20 expertos estuvieron presentes en Abiyán para revisar y adoptar el texto. Se espera que los expertos adicionales que no pudieron estar en Abiyán firmen el texto pronto, que también estará abierto a los avales de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores.

El texto final de los Principios de Abiyán estará disponible después de haber sido editado, aproximadamente a partir de mediados de marzo.

A lo largo de 2019 se organizarán varios eventos de lanzamiento. Los detalles de las convocatorias se compartirán en www.abidjanprinciples.org

Contactos de prensa:

Para comunicados de prensa en otros idiomas, imágenes y videos, puede consultar: www.abidjanprinciples.org/media

Para más información, puede ponerse en contacto con:

Fuente de la noticia: https://www.right-to-education.org/es/news/expertos-adoptan-nuevos-principios-hist-ricos-de-abiy-n-sobre-el-derecho-la-educaci-n-y-los

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Primera infancia: todas las niñas y niños tienen derecho a la educación y al cuidado desde su nacimiento

Reseñas

Por: Redclade.org.

Según estudio elaborado por CLADE y OMEP América Latina, con el apoyo de EDUCO, es fundamental crear y cumplir legislaciones y políticas públicas con presupuesto adecuado, para garantizar la educación y el cuidado en la primera infancia como un derecho humano

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, febrero es el mes en que se inician las clases, época en que millones de niñas, niños y personas jóvenes y adultas dedican parte de su día al aprendizaje. Muchas niñas y niños en la primera infancia no solamente inician las clases, sino que también empiezan su trayectoria escolar: es un momento en que están conociendo sus docentes, colegas y toda una nueva manera de socialización, diálogo y construcción conjunta de conocimientos y vivencias en las escuelas y centros educativos que ofrecen la educación en la primera infancia.

Pero, ¿hasta qué punto se garantiza en la región el derecho a la educación y al cuidado de las niñas y niños pequeñas/os con calidad?

Esta pregunta es clave en el actual momento, pues en septiembre de 2019 llegaremos a 4 años de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en noviembre la Convención de los Derechos del Niño de la ONU cumple 30 años de existencia. Estos acuerdos internacionales establecen que el derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia deben ser garantizados por los Estados, como un derecho humano y un elemento clave para que podamos alcanzar un desarrollo sostenible, con justicia e igualdad.

¿Qué es la primera infancia y qué población se encuentra en esta etapa en América Latina y el Caribe?

Los primeros años de vida constituyen un período fundamental en la existencia humana, ya que allí se forman las bases de nuestra estructura física, psíquica, cognitiva y social como personas. El concepto de primera infancia que se toma en cuenta en leyes, políticas y prácticas educativas, así como los años de edad que son abarcados en esta etapa educativa, ha presentado variaciones según los países y organismos públicos a cargo de garantizar este derecho.

Sin embargo, la Observación General nº 7 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU define por primera infancia la etapa que se inicia en el nacimiento y primer año de vida, pasando por el período preescolar hasta la transición al período escolar. En consecuencia, el Comité establece como primera infancia el período comprendido desde el nacimiento hasta los 8 años de edad.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de 2018, existen 93,1 millones de niños y niñas entre el nacimiento y los 8 años de edad en América Latina y el Caribe, o 15,3% de la población total de la región.

Con miras a presionar por la garantía de la educación y del cuidado en la primera infancia como un derecho humano y con calidad, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanzó en octubre del año pasado, al lado de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) – Vicepresidencia Regional para América Latina – y con el apoyo de la Fundación Educación y Cooperación EDUCO, el estudio El Derecho a la Educación y al Cuidado en la Primera Infancia: Perspectivas desde América Latina y el Caribe.

“Partimos de la premisa de que el primer paso para alcanzar la realización del derecho a la educación para todos los niños y niñas entre el nacimiento y los 8 años es su pleno reconocimiento en las legislaciones y su concreción a través de políticas públicas, institucionalizadas y con recursos suficientes para garantizar todas las especificidades de esta etapa, así como la existencia de mecanismos legales y judiciales que permitan la protección de los intereses, derechos y la reparación en casos de vulneración”, dice la publicación.

En ese sentido, el estudio busca profundizar en un mayor conocimiento del panorama de las leyes y políticas de educación en la primera infancia en América Latina y el Caribe, así como de su financiamiento y procesos de justiciabilidad, identificando avances y también desafíos relevantes para su realización como derecho humano.

“Queremos entender, asimismo, cómo los principios y propósitos de la educación plasmados en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU (CDN) y sus Observaciones Generales, están presentes en dichas legislaciones y políticas públicas educativas. Esperamos, con esta mayor comprensión, poder contribuir a consolidar el reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derecho y de la educación en la primera infancia como un derecho humano fundamental”, afirman las organizaciones que impulsaron el estudio.

Calidad de la Educación en la Primera Infancia

Para las organizaciones que realizaron la publicación, el derecho a la educación y al cuidado no solo implica acceder a instituciones y programas, sino que requiere que estos tengan calidad y respeten las especificidades de la primera infancia, desarrollándose desde un enfoque coordinado, integral y multisectorial de esta etapa de vida, según plantea la Convención de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU.

“Una educación de buena calidad será aquella que permita la construcción de conciencias, conocimientos y acciones que protejan y desarrollen la dignidad de la vida y los derechos humanos de todas las personas. Lo contrario: una educación que no realice los derechos humanos es una educación de baja calidad”, describen los artículos 28 y 29 de la CDN.

Asimismo, la meta 4.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), referido a la educación, establece a los Estados miembros de Naciones Unidas la obligación de: “De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria”.

En 2019, la CDN completa 30 años y se suman 4 años desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, el estudio de CLADE, OMEP y EDUCO revela que aún persisten amplias desigualdades en el acceso a la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI) de calidad entre distintos sectores sociales y países, siendo que las mayores diferencias se correlacionan con los ingresos económicos de las familias.

“Las grandes desigualdades en la calidad de los establecimientos y programas están definidas tanto por la poca y discordante inversión en la AEPI, como por la parcialidad en sus propósitos y la propuesta educativa que fluctúa desde los centrados en cubrir sólo la supervivencia de los más pequeños, hasta los enfocados en propuestas integrales y holísticas. La oferta de baja calidad suele correlacionarse con las experiencias dirigidas a los niños y niñas que viven en contextos de pobreza, por lo que se redobla la injusticia de no acceder a sus derechos ni en el hogar, ni en las instituciones”, dice la publicación.

La investigación también demuestra que persiste una gran dispersión, fragmentación y, algunas veces, contradicción entre los marcos legislativos y las políticas de educación y atención en la primera infancia en los distintos países, rompiendo la perspectiva de la interrelación e interdependencia de derechos establecida en la CDN.

“Defendemos un enfoque integral de la AEPI desde el nacimiento hasta los 8 años, enfatizando su valor inherente más allá de la preparación para las próximas etapas de la educación. En ese sentido, se considera que es necesario alejarse de las tendencias actuales de las evaluaciones estandarizadas centradas en resultados académicos, asegurando a las niñas y niños el derecho a jugar, a la cultura, a la creatividad y al júbilo”, afirman CLADE, OMEP y EDUCO.

¿Cómo garantizar educación y cuidado de calidad para niños y niñas pequeños/as?

Según la publicación, es necesario que los Estados definan criterios y fundamentos, desde una perspectiva integral y de derechos, en diversos ámbitos:

  • Gobernabilidad e institucionalidad: es decir, coordinación, articulación, definición de estrategias y orientaciones de contenidos de las políticas;
  • Regulación y orientación del funcionamiento de instituciones públicas y privadas;
  • Financiamiento suficiente y pertinente;
  • Enfoque y programa educativo;
  • Participación de educadoras y educadores, familias, comunidades, niños y niñas;
  • Condiciones adecuadas de los establecimientos y su equipamiento;
  • Formatos institucionales y programáticos flexibles;
  • Políticas complementarias más allá de la educación (alimentación, salud, etc.).

 

Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/primera-infancia-todas-las-ninas-y-ninos-tienen-derecho-a-la-educacion-y-al-cuidado-desde-su-nacimiento/

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México. Una universidad del pueblo y para el pueblo

OLEP

México / 24 de febrero de 2019 / Autor: OLEP / Fuente: Kaos en la Red

Rescatemos a la UACM del pantano del neoliberalismo

La educación es un derecho que se debe garantizar a todo el pueblo y debe ser vista como un asunto de lo más importante, pues la educación de nivel superior o universitaria es una garantía para que la población viva de forma digna.

Desde hace más de 30 años, la educación pública en México ha recibido muchos golpes por parte del Estado, ya que desde hace décadas no se habían construido nuevas universidades y ni hablar de preparatorias para satisfacer la demanda de educación para el pueblo. Ahora bien, es importante mencionar que dadas las condiciones políticas y económicas en el país, provocadas por un sistema neoliberal que se fue agudizando brutalmente, la conciencia social despertó en un sector específico de la sociedad (la clase obrera) en la Ciudad de México, de esto se derivan movilizaciones que gestan por necesidades y derechos sociales que el neoliberalismo había dejado de atender, y la educación es una de ellas. Así nace la UACM como proyecto popular, de la organización del pueblo que exigió más escuelas que cárceles, por lo tanto, puede decirse que la UACM brota del pueblo para servir al pueblo.

El 26 de abril de 2001, fue creada la Universidad de la Ciudad de México por el gobierno del Distrito Federal, y el 16 de diciembre del 2004, obtuvo la autonomía por medio de la publicación de la ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La creación de esta institución fue un beneficio inmediato para los más necesitados en la Ciudad. Con planteles ubicados en las zonas más marginadas de la CDMX como Iztapalapa y Cuatepec, la universidad se convierte en una oportunidad para aquéllos que habían sido rechazados en otras instituciones e incluso también para aquellas personas adultas que deseaban cumplir con el sueño de terminar una licenciatura, siempre con el objetivo de brindar una educación crítica y de forma gratuita a todos sus estudiantes.

El proyecto que emanó de la creación de esta nueva universidad tenía que ser distinta a las otras, por ende, el proyecto no es algo acabado, al contrario, está en total movimiento y se desarrolla en el margen de fomentar una educación que no anteponga los intereses privados sobre los colectivos, ¿qué significaría esto? Que unos cuantos no decidan sobre la decisión de todos. Siendo más concretos: que algunos empresarios no decidan el rumbo del país.

Por otra parte, la UACM y su proyecto velan por la educación como un medio no sólo para la obtención de títulos, o la formación de a licenciados que sirvan para trabajar y producir riquezas a los empresarios. Los estudiantes deben saber afrontar las situaciones o hechos que suceden en la realidad, para así transformarla, he ahí el objetivo primordial de este proyecto. No sirven de nada tesis y titulados por millares si los estudios no ayudan a generar cambios considerables en la sociedad.

Sin embargo, el proyecto de la UACM que sostienen miles de estudiantes, académicos y trabajadores corre el riesgo de desplomarse por los intereses de unos cuantos, con lo anterior nos referimos al actual “rector” de la universidad: Galdino Morán, quien después de haber tomado posesión de su puesto de manera ilegítima por encima de los intereses de la comunidad, hoy se ha encargado de entregar plazas a sus “compadres políticos” que lo secundaron para llegar a su cargo.De manera ruin y completamente contraria a los principios de democracia y colectividad de la universidad, unos cuantos ponen en peligro el proyecto que se ha forjado a base del esfuerzo de todos los que somos parte.

No se debe permitir que el rector, junto con el Consejo Universitario, “huachicoleen” los recursos que pueden ser fácilmente usados para el aumento de becas o para terminar los edificios en obra negra, ampliar los horarios de comedor, tener mejores laboratorios o comprar el transporte adecuado para los estudiantes. La UACM debe ser defendida por cualquier usurpación corrompible proveniente de la ideología neoliberal.

Esta defensa debe ser un compromiso que debemos asumir cada integrante de la comunidad desde el trabajador de intendencia, pasando por el alumno, hasta el académico. La lucha por la defensa de la UACM ante las prácticas neoliberales es una lucha contra el neoliberalismo y su raíz más profunda, el capitalismo. Que las decisiones que se tomen sean pasadas por cada uno de los miembros de la UACM, cada plantel debe sumarse a esta lucha contra los “amigos” de la comunidad y exponer todas sus prácticas que sean contrarias a los principios de la misma universidad

¡Destruyamos el neoliberalismo y construyamos el socialismo!

¡Luchar, estudiar y aprender para el pueblo defender!

NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección EDUCACIÓN del No. 40 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Febrero-Marzo 2019.

Fuente del Artículo:

https://kaosenlared.net/mexico-una-universidad-del-pueblo-y-para-el-pueblo/

ove/mahv

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