UNICEF / 25 de noviembre de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: El Mundo
Este martes se celebra el Día Universal del Niño, que UNICEF dedica a la concienciación y la recaudación fondos en favor de los millones de menores que no asisten a la escuela y están desprotegidos y desarraigados.
UNICEF invita al público a conectarse a Internet y a firmar una petición mundial en la que se pide a los dirigentes que se comprometan a hacer realidad los derechos de todos los niños.
Además, exhorta a sus partidarios que el 20 de noviembre ayuden a “lograr que el mundo se pinte de azul”, vistiendo algo azul en la escuela, en las calles, el trabajo y en los campos de deportes.
Varios lugares emblemáticos del mundo se iluminarán de azul, entre ellos la Ópera de Sydney en Australia, el Centro Acuático Nacional de Beijing, Petra en Jordania, y el Empire State Building en los Estados Unidos.
Los niños refugiados no tienen acceso garantizado a la educación
La UNESCO ha lanzado un informe en el que muestra que muchos países de acogida de refugiados no incluyen a esos niños en sus sistemas nacionales.
Los niños que buscan asilo y están detenidos en países como Australia, Hungría, Indonesia, Malasia y México tienen un acceso limitado o nulo a la educación. Los refugiados rohingya en Bangladesh, los burundeses en Tanzania, los karen en Tailandia y muchos afganos en Pakistán solo pueden recibir una educación en escuelas separadas, no formales, algunas de las cuales no están certificadas.
Por otro lado, en ocho de los diez principales países de acogida de refugiados, los sistemas educativos nacionales han avanzado en la inclusión de estos alumnos. Entre esos países figuran Chad, Etiopía y Uganda, así como Canadá e Irlanda, líderes mundiales en la implementación de políticas de educación inclusiva para inmigrantes.
En la Unión Europea en 2017, el doble de jóvenes nacidos en el extranjero abandonaron la escuela en comparación con los nativos.
Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 25 de noviembre de 2018. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.
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Centro América/El Salvador/22 Noviembre 2018/Fuente: Prensa Latina
La campaña para declarar a El Salvador libre de analfabetismo en 2019 avanza con rigor y a una mayor velocidad, con más municipios que ya cosechan los frutos de su siembra pedagógica.
Con la declaración de El Carrizal ya son 115 los municipios salvadoreños donde al menos el 96 por ciento de la población mayor de 15 años de edad sabe leer, escribir y realizar operaciones matemáticas básicas.
Tal estándar mundial, definido por la Unesco, guía una empresa concebida para elevar la calidad de vida de la población, amén de garantizar el derecho humano a la educación, la formación y la superación personal.
En esta cruzada es vital el papel del voluntariado, estudiantes y demás actores de la sociedad civil que asumen como propio este reto colectivo, una actitud destacada por los principales impulsores de esta gesta.
El propio presidente Salvador Sánchez Cerén, también conocido como ‘El Profesor’ por su formación pedagógica, agradeció a los facilitadores que en su tiempo libre contribuyen con la educación del prójimo.
El jefe de Estado declaró al 2018 como Año de la Alfabetización, y el avance es significativo, al punto que ya parece más realista la consigna nacional de ‘El Salvador Alfabetizado ÂíEs posible!’.
Según estadísticas oficiales, entre enero y julio pasado fueron atendidas casi 24 mil personas en 160 municipios, y entre agosto y diciembre se calcula que 58 mil más serán alfabetizados en todo el país.
A su vez, La Paz está a punto de convertirse en el primer departamento de El Salvador declarado libre de analfabetismo, con 15 mil 683 personas que ya aprendieron a leer, escribir y hacer cálculos elementales.
Angélica Paniagua, directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, defendió el ideal de abrirle nuevas posibilidades a quienes durante años se les negó el derecho a aprender a leer y escribir.
‘Se les abren otras posibilidades de conocer sus derechos, seguir superándose y contribuir al desarrollo de su familia y de su municipio’, agregó la también coordinadora del Programa Nacional de Alfabetización.
Desde la llegada al poder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en 2009, fueron alfabetizados 327 mil salvadoreños y el índice de analfabetismo disminuyó un 10 por ciento.
El derecho a la educación en la primera infancia todavía es una deuda en la región latinoamericana y caribeña
La publicación se presentó el 18 de octubre de 2018 mediante un seminario virtual, que contó con la participación de representantes de las organizaciones que impulsaron el estudio, y representantes del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como un experto en educación infantil.
Presentación del Estudio: EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y AL CUIDADO EN LA PRIMERA INFANCIA: PERSPECTIVAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El derecho a la educación en la primera infancia todavía es una deuda en la región latinoamericana y caribeña
La publicación se presentó el 18 de octubre de 2018 mediante un seminario virtual, que contó con la participación de representantes de las organizaciones que impulsaron el estudio, y representantes del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como un experto en educación infantil.
Es una iniciativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) – Vicepresidencia Regional para América Latina, con el apoyo de la Fundación Educación y Cooperación (EDUCO).
El estudio, que expone el panorama de las legislaciones y políticas para la educación y el cuidado en la primera infancia en la región, fue presentado por Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE; Mercedes Mayol Lassalle, Vicepresidenta Regional para América Latina de OMEP; y Mikel Egibar, responsable de educación del área de Calidad de Programas de Fundación EDUCO. Contó, además, con la participación y comentarios de Esmeralda Arosemena, relatora sobre los derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU; y Vital Didonet, experto en educación infantil, consultor internacional y socio honorario de OMEP. El diálogo tuvo la moderación de Giovanna Modé, asesora de políticas de CLADE.
Mikel Egibar inició la presentación subrayando los principales hitos y marcos legales, regionales e internacionales, que reconocen a la educación en la primera infancia como un derecho humano. “La primera infancia ha ido ganando presencia e importancia en los marcos normativos y jurídicos tanto a nivel nacional, regional como internacional, pero debemos seguir velando para que esta presencia quede apegada a una perspectiva integral de derechos y fundamentada en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y en las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño”.
Mercedes Mayol Lassalle abordó la coyuntura regional y sus profundas desigualdades. Remarcó que el acceso a la educación para los niños y las niñas desde los 4 años ha mejorado en promedio entre el 2000 y el 2012, pero persisten las amplias desigualdades en el acceso entre distintos sectores sociales y entre los distintos países. Las mayores diferencias se correlacionan con los ingresos económicos de las familias: mientras que el quintil más pobre muestra una tasa de matriculación del 71%, el quintil más alto llega al 95% para los niños de 5 años. Las brechas se agudizan al mirar el acceso a la educación en la franja de edad de 0 a 3 años.
Según Mayol Lassalle, persiste una gran dispersión, fragmentación y contradicción entre los marcos legislativos y las políticas de educación y atención en la primera infancia en los distintos países, rompiendo la perspectiva de la interrelación e interdependencia de derechos. “La ausencia del Estado en la oferta de la educación para niñas y niños de 0 a 3 años, a menudo, se llena con programas comunitarios o del sector privado con fines de lucro, lo que incrementa las desigualdades y las dificultades en el acceso y en el aseguramiento de una educación de calidad para todas y todos”.
Camilla Croso presentó algunas recomendaciones que se plantean a partir de los hallazgos del estudio: que los principios expresados por la Convención y los Comentarios Generales del CDN informen de manera más completa y coherente todos los marcos legales, políticos, institucionales y presupuestarios relacionados con la AEPI en la región; que se garantice el derecho a la educación de niñas y niños menores de 3 años de manera plena y efectiva; que la evaluación de los programas de AEPI respete las características de la primera infancia y los objetivos de la educación expresados por la Convención de los Derechos del Niño; y que se fortalezcan los sistemas públicos universales de la AEPI, superando desigualdades y discriminaciones.
“Defendemos un enfoque integral de la AEPI desde el nacimiento hasta los 8 años, enfatizando su valor inherente más allá de la preparación para las próximas etapas de la educación. Consideramos que es necesario alejarse de las tendencias actuales de las evaluaciones estandarizadas centradas en los resultados académicos, asegurando a las niñas y niños el derecho a jugar, a la cultura, a la creatividad y al júbilo”, señaló.
Jorge Cardona valoró en su intervención la importancia de estudios como este, que informen a la sociedad civil, a los gobiernos y a los organismos de derechos humanos regionales e internacionales, sobre la real situación del derecho a la educación y al cuidado en esta etapa educativa en sus países y a nivel regional. “Es muy interesante la relación que se presenta en el estudio entre la desatención del Estado a la educación de niñas y niños de 0 a 5 años y la pobreza. Por un lado, la escasez de recursos de las familias ha limitado el acceso a la educación en esta etapa, y por otro limitar ese derecho dificulta que las niñas y niños puedan desarrollar todas sus capacidades en las etapas siguientes y así puedan superar su situación de pobreza”.
Añadió también que es fundamental una mayor coordinación entre las políticas e instituciones que atienden a la educación y al cuidado en la primera infancia, así como una asignación presupuestaria adecuada para permitir la ejecución de políticas integrales y holísticas.
Esmeralda Arosemena, a su vez, subrayó la relevancia del principio de que las niñas y niños son sujetos de derechos, desde el nacimiento, y lamentó que este no se respete en muchos países, donde se mantiene el concepto de “guardería”. Es decir: establecimientos que se proponen como única misión guardar a los niños y niñas, sin la preocupación de educarlos/as, y funcionando, en muchos casos, sin condiciones adecuadas de infraestructura y seguridad. “Un ejemplo es la tragedia que tuvo lugar en la guardería ABC en México. No es posible que cosas así ocurran, pero sí ocurren por falta de políticas públicas e institucionalidad articuladas, desde una mirada integral, a favor de la niñez y con un enfoque de derechos”, afirmó. Y agregó que la sociedad civil está invitada a aportar a la formulación de estándares para la AEPI en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como a proponer una audiencia temática en la CIDH, sobre esta temática.
Para concluir, Vital Didonet valoró el estudio y recomendó que su contenido se tome en cuenta en cursos de formación docente en la primera infancia, de manera a abordar el rol transformador de una pedagogía que vea al estudiante como sujeto de derechos. Planteó también que se aborde el estudio desde los Ministerios y los equipos de programas sectoriales e intersectoriales para la primera infancia en los países, hacia la promoción de un cambio social. “En vez de implementar la evaluación de niñas y niños pequeñas/os y establecer rankings entre estudiantes y escuelas, es necesario analizar los espacios educativos, materiales, propuestas pedagógicas, currículos, la organización de los tiempos, los pagos de los maestros, la relación con las familias, la alimentación de las niñas y niños, entre otros elementos, para que se puedan ofrecer políticas adecuadas”.
Las organizaciones que impulsaron el estudio hicieron un llamado a los Estados, al CDN y a la CIDH a sumar esfuerzos con redes de sociedad civil y organizaciones internacionales y regionales para mantener el tema de la educación y el cuidado en la primera infancia en la agenda y dar pasos de manera articulada para que se pueda avanzar en la realización de este derecho para todas y todos.
Fuente de la noticia: https://www.omeplatinoamerica.org/2018/10/29/presentacion-del-estudio-el-derecho-a-la-educacion-y-al-cuidado-en-la-primera-infancia-perspectivas-desde-america-latina-y-el-caribe/
Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 18 de noviembre de 2018. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.
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En una entrevista de la serie que examina el derecho a la educación, realizada con motivo del 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (link is external), la profesora Ann Skelton sopesa los pros y los contras de la enseñanza pública y la privada.
“En la Declaración de Derechos Humanos y en la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño se deduce claramente que el Estado tiene la obligación de proporcionar educación a todos. Esto significa por defecto que debe disponer de un sistema educativo eficaz y de calidad al que todos puedan acceder,’’ explica la Profesora Ann Skelton, miembro del Comité de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, Directora del Centro de Estudios de Derecho del Niño de la Universidad de Pretoria y titular de la Cátedra UNESCO de Derecho a la Educación en África.
La profesora Skelton también confirma que los criterios y las normas internacionales dejan bien claro que la enseñanza privada debe estar adecuadamente regulada y ha de ofrecer por lo menos el mismo nivel de calidad que la educación pública.
“Es evidente que a menudo no ocurre así. Cuando la educación se convierte en una mercancía, se generan muchas repercusiones negativas. Cualquier proveedor que opere con fines lucrativos plantea un riesgo. Lo que vemos con frecuencia es que los Estados se acomodan y dicen: ‘bueno, si esa otra gente quiere impartir educación, entonces nosotros no tendremos que esforzarnos mucho,’ aclara. Entonces otras empresas que operan con afán de lucro penetran en ese ámbito”. Ante esta situación “los buenos docentes tienden a trasladarse al sistema privado, si allí reciben mejores salarios. En algunos países los padres cometen el error al marcharse a lo que creen es un sistema mejor y persisten en su decisión, incluso cuando ese sistema resulta inadecuado”, explicó Skelton.
El tema de la rendición de cuentas
La profesora Skelton preside un grupo de expertos encargados de elaborar los principios rectores para los agentes estatales en materia de educación privada. Es muy importante que los Estados rindan cuentas de su labor en lo sobre regular el sector privado y desarrollar escuelas públicas de calidad. La profesora Skelton cree que los Estados deberían realizar mayores esfuerzos en el plano nacional para aplicar marcos de regulación que garanticen la idoneidad de los estándares.
“Un aspecto interesante que debatimos actualmente con organizaciones de la sociedad civil y expertos jurídicos y pedagógicos, es si en el derecho internacional de los derechos humanos existe una base para alentar a los Estados a que garanticen que la enseñanza privada disponible en un país no supere determinado porcentaje del total de la educación. ¿Es posible poner un tope al crecimiento de la enseñanza privada?”, se pregunta la Sra. Skelton. Pero, añade, existen grandes variaciones en el grado de participación de los agentes en la educación y en su repercusión.
“En algunos asentamientos informales de Kenya o Nigeria, por ejemplo, el gobierno renunció a sus responsabilidades y abandonó a la gente en manos de prestatarios de servicios de escasa calidad que no estaban regulados, lo que ha repercutido negativamente en las capas más pobres de la población que buscaban una educación de calidad, lo que está claramente contra las normas internacionales. Pero hay que mirar también a los Países Bajos, donde, en cierto modo, la mayoría de las escuelas están gestionadas de manera privada, por agentes que operan sin fines de lucro y que cuentan con financiación pública, y este sistema se considera de alta calidad.’’
Desarrollando estándares de regulación
“Estos contrastes plantean el interrogante de si deberíamos arreglar los sistemas que no están averiados. Dicho de otro modo, ¿cómo formulamos normativas que puedan aplicarse en todos los contextos pero que dejen margen para los modelos que ya funcionan o que son los que la población prefiere?”, añadió la profesora.
Otro de los desafíos es el de los países del Hemisferio Norte que aplican regulaciones estrictas, pero disponen de empresas que explotan el mercado de la enseñanza en otros países, mediante una oferta educativa más barata y de menos calidad. “Un aspecto complicado para mí es que un control estatal firme sobre el sistema educativo puede parecer positivo si se examina desde la perspectiva del acceso y la prestación de servicios, pero puede parecer negativo cuando se considera desde el punto de vista de la democracia y los derechos”.
“Por ejemplo, en Sudáfrica, en la época del apartheid, si la población negra se hubiera limitado a confiar en lo que el Estado estaba dispuesto a brindarle, la gente hubiera estado mucho peor. En cambio, la población de color se apoyó en las escuelas religiosas dirigidas por personas que sentían una gran pasión por la enseñanza y que querían garantizar la formación de dirigentes para el futuro. Creo que esa experiencia es muy diferente de la comercialización de la educación y la explotación del pueblo”.
La profesora Skelton afirmó que la inversión estatal es esencial, pero que aún había mucho por hacer para alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.
Pero en África hay síntomas esperanzadores de que algunos Estados empiecen a hacerse cargo de sus sistemas educativos. “Me anima mucho que Uganda y Kenya defiendan sus regulaciones ante los tribunales y adopten una línea de firmeza hacia los prestatarios privados, y que los jueces hayan refrendado la función de esos Estados en cuanto a regular las escuelas privadas para garantizar la calidad y el respeto a los derechos laborales”, aseguraba
Apasionada por el derecho a la educación
La visión de futuro de la profesora consiste en fomentar el interés y la sensibilización acerca del derecho aplicado a la educación. En la Universidad de Pretoria, ella imparte clases actualmente a un grupo de alumnos de doctorado provenientes de diversos países del continente, sobre distintos aspectos del derecho africano relativos a la educación.
“Lo que quiero hacer es formar a una generación de jóvenes académicos que se apasionen por el derecho aplicado a la educación. Estamos iniciando un gran proyecto sobre la justiciabilidad, que examina hasta qué punto el derecho y los tribunales pueden usarse para garantizar la prestación y la calidad de la enseñanza. En esta tarea usamos como referencia informes del antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, el Sr Kishore Singh.
Centro América/Puerto Rico/15 Noviembre 2018/Fuente: El vocero
“La FMPR se prepara para dar la batalla»
Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), exigió al Departamento de Educación que respete las pensiones de los educadores activos y jubilados, y reclamó la otorgación de las permanencias, el aumento salarial para los maestros transitorios “y el cese del acoso laboral en las escuelas”.
En declaraciones escritas, la FMPR exigió “que no se toquen las pensiones de los maestros activos ni jubilados, que constituyen la única garantía para un retiro digno”.
“Ya los trabajadores hemos aportado demasiado a pagar las consecuencias del despilfarro de los políticos y los privilegios de las clases gobernantes. La crisis la deben pagar quienes la crearon: los que tienen los medios económicos y se lucran del sudor y el esfuerzo de nuestra gente”, afirmó Martínez Padilla.
Respecto al anuncio de que se otorgarán unas cinco mil permanencias, la dirigente magisterial señaló que “el Departamento de Educación y la secretaria (Julia) Keleher deben dejar de jugar con la tranquilidad y seguridad de empleo de miles de maestros que reúnen hace tiempo los requisitos para sus nombramientos. Las permanencias deben ser concedidas ahora y el aumento salarial debe ser retroactivo”.
Martínez Padilla aprovechó para arremeter contra “aquellos directores escolares y funcionarios que incurren en acoso laboral contra maestros, provocándoles daños a su salud física y emocional”.
“La FMPR se prepara para dar la batalla. Nos mantendremos firmes denunciando el abuso contra el magisterio. La educación de nuestros niños y jóvenes es el bien más importante con el que cuenta el país y no pueden decir que velan por sus derechos mientras abusan de quienes tenemos la misión de formarlos”, concluyó Martínez Padilla.
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