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Universidad Católica de Chile abre admisión especial para inmigrantes y pueblos originarios

12 Noviembre 2017/Fuente y Autor: Universia Chile

En el marco del proceso de Admisión 2018, la Pontificia Universidad Católica de Chile abrió una nueva vía de admisión especial para estudiantes migrantes o que provengan de pueblos originarios chilenos.

Esta iniciativa de la Facultad de Ciencias Sociales, estará dirigida exclusivamente a los estudiantes que ingresen Psicología, Sociología, Antropología y Trabajo Social, con el objetivo de ampliarlo a más carreras  en los próximos años.

Quiénes pueden optar a esta modalidad

La admisión especial para estudiantes de pueblos originarios está dirigida a alumnos pertenecientes a algún pueblo indígena como mapuche, aimara, rapanui, atacameña, quechua, colla, diaguita, alacalufe y yagán.

En cambio, podrán optar por el acceso a migrantes aquellos estudiantes que vengan de un proceso migratorio internacional que haya influido en su trayectoria escolar y dificultado sus posibilidades de su ingreso a la educación superior.

Datos que respaldan esta medida

En relación a la población inmigrante, según datos del Mineduc, el número de estudiantes extranjeros que rindió la Prueba de Selección Universitaria en 2016 fue de 440, mientras que en 2017 la cifra aumentó a más de 2.400.

Por su parte, según la Unicef, un 18,6% de estudiantes provenientes de pueblos originarios ingresan a la educación superior, a diferencia del 29,9%   de quienes no provienen de pueblos originarios.

Si aún no conoces el detalle de las fechas claves de la Prueba de Selección Universitaria, te invitamos a revisar el Calendario PSU 2017, actualizado por el DEMRE y el Diario PSU Universia, con los mejores tips para enfrentar el examen.

Para más información del proceso de Admisión 2018, haz clic AQUÍ

Fuente de la noticia: http://noticias.universia.cl/educacion/noticia/2017/11/10/1156454/universidad-catolica-chile-abre-admision-especial-inmigrantes-pueblos-originarios.html

Fuente de la imagen: http://noticias.universia.cl/net/images/educacion/e/es/est/estudios-generales.jp

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Canadá: Corte autoriza destruir archivos sobre abusos a aborígenes en escuelas residenciales

América del Norte/Canada/Prensa Latina

La Corte Suprema canadiense autorizó hoy por decisión unánime la destrucción de miles de documentos confidenciales sobre los abusos cometidos durante años en las llamadas escuelas residenciales para la población aborigen de este país.

En estos centros educacionales, cerrados en 1996, murieron más de seis mil alumnos, lo que según estudios recientes de expertos gubernamentales constituyó un genocidio contra los pueblos nativos.

La moción del máximo órgano judicial publicada este viernes señala que el almacenamiento de los expedientes para evaluar las demandas de compensación por familiares de las víctimas estaba previsto que fuera un proceso ‘confidencial y privado’.

Agrega que tanto los reclamantes como los supuestos autores de los delitos confiaron en las garantías de confidencialidad que se les otorgó.

Los 38 mil textos serán retenidos por 15 años durante los cuales los sobrevivientes pueden decidir si quieren o no que se guarden sus respectivos expedientes.

El Gobierno federal quería preservar los expedientes por su valor histórico en la Biblioteca y los Archivos de Canadá, por lo que la ministra de relaciones con los indígenas y las poblaciones norteñas, Carolyn Bennett, dijo sentirse muy frustrada con la decisión de la Corte Suprema.

Bennett sugirió que los archivos pudieron mantenerse sin revelar los nombres de las víctimas con el fin de proteger la privacidad individual.

Según la cadena CBC News, el caso dividió a las comunidades aborígenes, pues algunos consideran que la información debió preservarse como parte de un capítulo oscuro de la historia del país, mientras otros estiman más factible su destrucción para evitar daños adicionales a los descendientes de las víctimas.

En su discurso el 21 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU, el primer ministro Justin Trudeau reconoció que las poblaciones originarias canadienses sufrieron durante muchos años humillaciones, prohibiciones y abusos.

El mandatario destacó los esfuerzos de su gobierno por mejorar la situación de dichas poblaciones, en correspondencia con las leyes nacionales y el derecho internacional.

Sin embargo, un reporte de la Comisión Canadiense de la Verdad y la Reconciliación (CCVR) recogió recientemente testimonios de seis mil 750 sobrevivientes y exempleados de dichas escuelas y presentó a las autoridades un centenar de propuestas, la mayoría de las cuales hasta la fecha no se cumplieron.

De acuerdo con la CCVR, durante los años que funcionaron esos centros, ‘los gobiernos canadienses pusieron en práctica esta política genocida porque querían desligarse de sus obligaciones legales y financieras con la población aborigen, tomar control de las tierras, los recursos y arrebatar sus derechos’.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=121776&SEO=canada-corte-autoriza-destruir-archivos-sobre-abusos-a-aborigenes

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Libro: La Bala y la Escuela

Editorial: VIRUS
ISBN:  978-84-92559-06-0
 Idioma:  Castellano
Número de páginas:  253
Autor: Pedro García Olivo

Pedro García Olivo analiza cómo la Escuela, ya desde la época de la Revolución, se ha erigido en México en una instancia mayúscula de aniquilación de la idiosincrasia indígena. El modelo de organización autónoma indígena, allí donde no se vio sustancialmente alterado por la injerencia occidental, se caracteriza, y no sólo en Chiapas, por unas estructuras y prácticas sociales altamente participativas, con rotación de cargos y -en buena medida- de tareas, que rehúyen, por sí mismas, la especialización, favorecen el apoyo mutuo en forma de intercambio de bienes o servicios, evitan la monetarización de las relaciones y dejan en manos de la comunidad la administración de la justicia y la producción y difusión del saber.

Descargar La bala y la escuela

Fuente: https://www.traficantes.net/libros/la-bala-y-la-escuela

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Colombia: Los indígenas y sus derechos de papel

Colombia/17 agosto 2017/Fuente: Kaosenlared

“Lo mínimo contempla el derecho a la identidad, a la lengua, a la salud, a la educación y a la autodeterminación, además del deber de los Estados de consultar y de cooperar con los pueblos indígenas para obtener el consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar e implementar medidas que puedan afectarlos”.

Comunicado conjunto del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la relatora especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas. 8-08-2017.

A pasado un poco más de una década, cuando la Organización Naciones Unidas – ONU, declaró sobre los derechos de los pueblos, y a casi tres décadas de la aprobación del Convenio 169 de la OIT sobre el tema, por lo que fijaron el 9 de agosto, como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

A través de los días, con tristeza vemos que los Estados limitan a un papel los derechos de nuestros pueblos originarios, ya que cada día los indígenas en Latinoamérica son despojados de sus territorios, marginados y de ser necesario masacrados para ser exiliados de lo que por derecho ancestral les pertenece.

El despojo colonial persiste

La territorialidad y autonomía indígena han sido referenciadas ampliamente y son herramientas de reivindicación de derechos colectivos de los pueblos indígenas, en especial sus territorios y recursos. Pese a los avances logrados en el reconocimiento de sus derechos territoriales y culturales; la cultura, la sabiduría ancestral, los territorios y los recursos de nuestros indígenas están en la mira de los grandes capitalistas nacionales y transnacionales que se expresan por medio de las políticas ambientales y económicas de los Estados que obedecen a intereses, ni siquiera propios, sino del capital extranjero; que ven en la soberanía indígena, un obstáculo, para apropiarse de los bienes comunes.

En particular, con las políticas ambientales tanto globales como nacionales, dichos territorios se introducen en escenarios de transnacionalización de la naturaleza, a través de su incorporación en los “mercados verdes” y de servicios ambientales. De igual forma la mercantilización de la naturaleza, a través de la minería a cielo abierto, la patente de especies endémicas de nuestras selvas, entre otras, producen amenazas y reconfiguraciones territoriales nacionales y locales, dado que no incluyen las perspectivas culturales de los pueblos indígenas, ni garantizan el reconocimiento de sus derechos colectivos ni individuales.

Políticas transnacionales

En general, los territorios ancestrales han cobrado importancia ecológica y económica por ser en muchos casos ecosistemas únicos y de gran biodiversidad. Esta situación ha generado una serie de reconocimientos ambientales, con la consecuente intervención de programas y políticas nacionales e internacionales. Los bosques y los saberes ancestrales asociados al patrimonio material e inmaterial se han convertido en fronteras ambientales, en las cuales se sobreponen territorialidades surgidas de prioridades ambientales y climáticas globales que día a día las multinacionales se apropian con la complicidad de los Estados.

En medio de un cambio climático real que afecta a todo el continente y que líderes imperialistas como Trump se niegan a reconocer, la protección de nuestros bosques, páramos y selvas, representa una opción frente al cambio climático. La protección de las comunidades ancestrales y sus territorios se convierten en espacios intangibles al constituirse en patrimonio ambiental. En ese escenario de confrontación de múltiples territorialidades se implementan políticas y programas ambientales que entran en interacción con las dinámicas territoriales indígenas.

Tanto la soberanía alimentaria como el control local de los recursos naturales son ejes básicos de las demandas de los pueblos indígenas en áreas de superposición debido a la gran presión territorial y de imposición de modelos de relación con la naturaleza, que deben convertirse en estandarte de la lucha social. De igual forma, deben ser un referente y una base para la construcción de una nueva juridicidad, que más allá de proteger los pueblos ancestrales y los bienes comunes, sienten los pilares rectores de la construcción de una sociedad que base su desarrollo en torno a lo social y no al interés particular. Solo así podremos alcanzar una paz con justicia y equidad social.

Fuente: http://kaosenlared.net/colombia-los-indigenas-derechos-papel/

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Indígenas de Guatemala, ante una discriminación social y económica arraigada

Guatemala/07 de Agosto de 2017/WRadio

Los indígenas de Guatemala, casi la mitad de la población, continúan hoy enfrentando una discriminación social y económica arraigada en la sociedad y en las políticas públicas del Estado, por lo que es necesario hacer una «reflexión colectiva» para cambiar esta situación.

Los indígenas de Guatemala, casi la mitad de la población, continúan hoy enfrentando una discriminación social y económica arraigada en la sociedad y en las políticas públicas del Estado, por lo que es necesario hacer una «reflexión colectiva» para cambiar esta situación.

Esta es una de las principales conclusiones de un análisis hecho hoy en Ciudad de Guatemala sobre la situación de este colectivo, en el que participaron miembros de la ONU, de la Defensoría de la Mujer Indígena, la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo, entre otros.

El representante en Guatemala de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Diego Recalde, destacó que en el país, al igual que en el mundo, aún persisten «grandes desafíos» para hacer efectivos los derechos de los pueblos originarios, como la justicia, la salud, la educación, la alimentación, el derecho a la tierra o el trabajo.

«Hay que lugar contra el racismo y la discriminación arraigada» en la sociedad guatemalteca, enfatizó Recalde, y señaló que esta situación particular «de alta vulnerabilidad» de los pueblos indígenas es un problema mundial que requiere «redoblar» los esfuerzos para ponerle fin.

«La sociedad guatemalteca tiene esa oportunidad de cambiar estas cifras tan lamentables», señaló al recordar que la desnutrición crónica afecta a más del 70 % de los niños menores de 5 años en el occidente del país, cuando el promedio es de 56, o la falta de acceso a educación y salud.

Es por ello que abogó por promover nuevos modelos de desarrollo, con un enfoque de derechos humanos y desde el aspecto inclusivo e incluyente, máxime ahora que se cumple el décimo aniversario de la proclamación de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Guatemala, que celebrará la próxima semana el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con diversas actividades, es un país multicultural y plurilingüe compuesto de cuatro grandes culturas: Maya, Xinca, Garífuna y ladina, y en su territorio conviven 25 comunidades lingüísticas.

Según datos facilitados por Naciones Unidas, se calcula que en la actualidad existen unos 370 millones de personas de diferentes comunidades indígenas repartidos por noventa países alrededor del mundo.

En Guatemala, el porcentaje de la población indígena es de un 41 %.

Entre los departamentos de Guatemala con mayor porcentaje de población indígena figuran Totonicapán (98,3 %), Sololá (96,4 %), Alta Verapaz (92,9 %), Quiché (88,8 %), Chimaltenango (79 %) y Huehuetenango (65,1 %).

De la inversión pública total, Guatemala dirige hacia los pueblos indígenas tres veces menos que a la destinada a la población no indígena, un hecho que no hace más que aumentar la brecha y la discriminación racial económica.

Según un estudio divulgado recientemente por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), por cada quetzal (14 centavos de dólar) invertido en los pueblos no originarios, el Estado tan solo destina 33 centavos (4 centavos de dólar) a los pueblos indígenas.

El análisis, realizado sobre el presupuesto de gasto público de Guatemala ejecutado durante 2015, identifica que del total dirigido al ciudadano, 42.623 millones de quetzales (5.818 millones de dólares), solo la cuarta parte se destinó a los pueblos indígenas, 10.646 millones de quetzales (1.453 millones de dólares).

Estas cifras dejan entrever que las inversiones dirigidas a la población no indígena (mestiza o ladina) representaron un 6,5 % del producto interno bruto (PIB), en contraposición al 2,2 % de los pueblos originarios.

Fuente: http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/indigenas-de-guatemala-ante-una-discriminacion-social-y-economica-arraigada/20170803/nota/3539144.aspx

 

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