Colombia: Los indígenas y sus derechos de papel

Colombia/17 agosto 2017/Fuente: Kaosenlared

“Lo mínimo contempla el derecho a la identidad, a la lengua, a la salud, a la educación y a la autodeterminación, además del deber de los Estados de consultar y de cooperar con los pueblos indígenas para obtener el consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar e implementar medidas que puedan afectarlos”.

Comunicado conjunto del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la relatora especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas. 8-08-2017.

A pasado un poco más de una década, cuando la Organización Naciones Unidas – ONU, declaró sobre los derechos de los pueblos, y a casi tres décadas de la aprobación del Convenio 169 de la OIT sobre el tema, por lo que fijaron el 9 de agosto, como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

A través de los días, con tristeza vemos que los Estados limitan a un papel los derechos de nuestros pueblos originarios, ya que cada día los indígenas en Latinoamérica son despojados de sus territorios, marginados y de ser necesario masacrados para ser exiliados de lo que por derecho ancestral les pertenece.

El despojo colonial persiste

La territorialidad y autonomía indígena han sido referenciadas ampliamente y son herramientas de reivindicación de derechos colectivos de los pueblos indígenas, en especial sus territorios y recursos. Pese a los avances logrados en el reconocimiento de sus derechos territoriales y culturales; la cultura, la sabiduría ancestral, los territorios y los recursos de nuestros indígenas están en la mira de los grandes capitalistas nacionales y transnacionales que se expresan por medio de las políticas ambientales y económicas de los Estados que obedecen a intereses, ni siquiera propios, sino del capital extranjero; que ven en la soberanía indígena, un obstáculo, para apropiarse de los bienes comunes.

En particular, con las políticas ambientales tanto globales como nacionales, dichos territorios se introducen en escenarios de transnacionalización de la naturaleza, a través de su incorporación en los “mercados verdes” y de servicios ambientales. De igual forma la mercantilización de la naturaleza, a través de la minería a cielo abierto, la patente de especies endémicas de nuestras selvas, entre otras, producen amenazas y reconfiguraciones territoriales nacionales y locales, dado que no incluyen las perspectivas culturales de los pueblos indígenas, ni garantizan el reconocimiento de sus derechos colectivos ni individuales.

Políticas transnacionales

En general, los territorios ancestrales han cobrado importancia ecológica y económica por ser en muchos casos ecosistemas únicos y de gran biodiversidad. Esta situación ha generado una serie de reconocimientos ambientales, con la consecuente intervención de programas y políticas nacionales e internacionales. Los bosques y los saberes ancestrales asociados al patrimonio material e inmaterial se han convertido en fronteras ambientales, en las cuales se sobreponen territorialidades surgidas de prioridades ambientales y climáticas globales que día a día las multinacionales se apropian con la complicidad de los Estados.

En medio de un cambio climático real que afecta a todo el continente y que líderes imperialistas como Trump se niegan a reconocer, la protección de nuestros bosques, páramos y selvas, representa una opción frente al cambio climático. La protección de las comunidades ancestrales y sus territorios se convierten en espacios intangibles al constituirse en patrimonio ambiental. En ese escenario de confrontación de múltiples territorialidades se implementan políticas y programas ambientales que entran en interacción con las dinámicas territoriales indígenas.

Tanto la soberanía alimentaria como el control local de los recursos naturales son ejes básicos de las demandas de los pueblos indígenas en áreas de superposición debido a la gran presión territorial y de imposición de modelos de relación con la naturaleza, que deben convertirse en estandarte de la lucha social. De igual forma, deben ser un referente y una base para la construcción de una nueva juridicidad, que más allá de proteger los pueblos ancestrales y los bienes comunes, sienten los pilares rectores de la construcción de una sociedad que base su desarrollo en torno a lo social y no al interés particular. Solo así podremos alcanzar una paz con justicia y equidad social.

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