Derechos Humanos

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CONTRA LA INTERVENCIÓN GOLPISTA EN VENEZUELA POR UNA SALIDA DEMOCRÁTICA A LA CRISIS

Noticias

La IV Internacional se pronuncia abiertamente en contra del nuevo intento de golpe de Estado e intervención imperialista contra Venezuela cínicamente orquestada y convocada por el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence (dado el descrédito de Trump ante Latinoamérica). En un vídeo circulado durante la noche del 22 de enero se daba el banderazo de salida a una estrategia que pasó, en cuestión de horas, de la autoproclamación, sin que nadie le votase, del verdadero usurpador Juan Guaidó como “presidente” de Venezuela. Seguida esta autoproclamación, se dio pie a la avalancha de “reconocimientos” del supuesto nuevo gobierno por parte de presidentes y gobiernos neoconservadores, derechistas o hasta neofascistas de la región y de todo el mundo.  También la OEA y los países de la región que suscribieron la “Declaración de Lima” se subordinaron de inmediato a los planes imperialistas, reconociendo la ilegítima presidencia de Gualdió, implementando un bloqueo de Venezuela y contribuyendo a buscar alguna provocación que justifique una intervención armada.

Nos sumamos decididamente a las campañas de condena de este intento de golpe de Estado e intervención imperialista, que viola los mínimos marcos de soberanía nacional. Llamamos a la más amplia movilización popular, unitaria, internacionalista y democrática en contra del golpe, lo que significa que, independientemente de nuestras diferencias y nuestras críticas al gobierno Maduro y al régimen que implantó en Venezuela,  no vemos salida por la vía de un golpe imperialista. Que sea el pueblo venezolano, libre, soberana y democráticamente quien decida su futuro.

Los innegables problemas políticos, sociales y económicos de Venezuela sólo pueden resolverse democráticamente sin intervenciones imperialistas que no tienen ninguna credibilidad en su proclamada defensa de la “democracia y los derechos humanos”. Es cierto que importantes sectores populares, exasperados por la gravísima situación económica del país,  por las dificultades, las contradicciones y las opciones equivocadas del gobierno, han salido a las calles en apoyo al golpe. La tragedia es que no es  poniéndose bajo las órdenes de la oligarquía nacional y de las fuerzas imperialistas, reaccionarias y hasta neofascistas internacionales que van a mejorar la situación económica, social y de Derechos Humanos en Venezuela.

En estos momentos todo parece indicar que los protagonistas del golpe están intentando forzar una guerra civil y/o una intervención directa de potencias extranjeras, lo cual tan sólo puede agravar los problemas del país y sólo redundaría en una profundización de la ofensiva política de la derecha y la extrema derecha en América y en todo el mundo. Un conflicto armado supondría un escenario catastrófico para la región y permitiría una nueva cruzada por el control de los recursos petroleros del país por parte de los grandes oligopolios internacionales. La catástrofe de la ocupación de Iraq por Estados Unidos nos da una idea de lo que podría suceder en Venezuela y toda la región si los golpistas no deponen su actitud.

Llamamos a todas las fuerzas revolucionarias, progresistas y democráticas a movilizarse contra esta nueva intervención imperialista y a defender la soberanía del pueblo venezolano para resolver sus problemas políticos, sociales y económicos democrática y pacíficamente, sin sabotajes a su economía, sin amenazas de intervención armada y respetando la voluntad mayoritaria expresada en las urnas.

 ¡No al golpe de estado en Venezuela!

 ¡Por una salida antiimperialista y soberana a la crisis venezolana!

 Buró Ejecutivo de la IV Internacional

24 de enero de 2019

Fuente: http://socialistarevolucionaria.org/contra-la-intervencion-golpista-en-venezuela-por-una-salida-democratica-a-la-crisis/

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24 de enero día internacional de la educación: La importancia de recordar este día

Editores OVE

Autores: Editores OVE.

24 de enero se celebra el día internacional de la educación con el fin de celebrar el papel que desempeña la educación en favor de la paz y del desarrollo y como un derecho humano fundamental que nos incluye a todas y todos sin distinción de raza, género, religión, condición política, social, económica, personal o colectiva.

Fue la Asamblea General de las Naciones Unidas quien declaró el 3 de diciembre de 2018 el Día Internacional de la Educación, cada 24 de enero, con el objetivo de concienciar sobre el papel que la educación desempeña en la creación de sociedades sostenibles y autosuficientes.

En este día de la educación que se conmemora en el ámbito internacional es oportuno reconocer la importancia decisiva que tiene la misma en la constitución del ser humano, en la incidencia de la educación en el progreso de los pueblos, en el bienestar y bienser individual y colectivo, en las experiencias que genera para garantizar otros derechos y principios humanos como la igualdad y equidad de oportunidades.

Es por ello que hacemos una exhortación a todas las naciones del mundo, a priorizar la educación como derecho humano, a garantizar políticas de acceso, calidad y pertinencia, a incrementar la inversión en educación y a contribuir al ejercicio pleno de este derecho.

Adjuntamos la Resolución de las Naciones Unidas sobre la conmemoración de este día. A saber:

Resolución aprobada por la Asamblea General el 3 de diciembre de 2018

73/25.    Día Internacional de la Educación

La Asamblea General,

Reafirmando su resolución 70/1, de 25 de septiembre de 2015, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en la que adoptó un amplio conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas universales y transformativos, de gran alcance y centrados en las personas, su compromiso de trabajar sin descanso a fin de conseguir la plena implementación de la Agenda a más tardar en 2030, su reconocimiento de que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible, su compromiso de lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones —económica, social y ambiental— de forma equilibrada e integrada y de aprovechar los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y procurar abordar los asuntos pendientes,

Reconociendo la importancia de la educación para alcanzar el desarrollo sostenible, especialmente en el contexto de los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Programa 21[1], el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo)[2], los objetivos de la iniciativa “Educación para Todos”, el Programa de Acción Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible[3], y la Declaración de Incheon y el Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4,

Recordando su resolución 72/222, de 20 de diciembre de 2017, relativa a la educación para el desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como su resolución 70/209, de 22 de diciembre de 2015, y otras resoluciones anteriores relativas al Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible,

Reafirmando sus resoluciones 53/199, de 15 de diciembre de 1998, y 61/185, de 20 de diciembre de 2006, relativas a la proclamación de años internacionales, y la resolución 1980/67 del Consejo Económico y Social, de 25 de julio de 1980, relativa a los años y aniversarios internacionales, en especial los párrafos 1 a 10 de su anexo, relativos a los criterios convenidos para la proclamación de años internacionales, así como los párrafos 13 y 14, en los que se establece que no debe proclamarse año internacional alguno sin que se hayan hecho antes los arreglos básicos necesarios para su organización y su financiación,

Reconociendo que la educación desempeña un papel fundamental en la creación de sociedades sostenibles y resilientes y contribuye al logro de todos los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible; aumenta la productividad de las personas y el potencial de crecimiento económico, desarrolla las competencias necesarias para el trabajo decente y las aptitudes profesionales necesarias para el desarrollo sostenible, en particular en las esferas del agua y el saneamiento, la energía ecológica y la conservación de los recursos naturales, ayuda a erradicar la pobreza y el hambre, contribuye a mejorar la salud, promueve la igualdad entre los géneros y puede reducir la desigualdad, y promueve la paz, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos,

Reconociendo también la importancia de adoptar medidas para garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad a todos los niveles —enseñanza preescolar, primaria, secundaria, terciaria y a distancia, incluida la formación técnica y profesional— para que todas las personas puedan acceder a oportunidades de aprendizaje permanente que las ayuden a adquirir los conocimientos y aptitudes necesarios para aprovechar las oportunidades que se les presenten de participar plenamente en la sociedad y contribuir al desarrollo sostenible,

  1. Decide proclamar el 24 de enero Día Internacional de la Educación;
  2. Invita a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y regionales y las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones confesionales, las instituciones académicas, el sector privado, los particulares y otras partes interesadas pertinentes a que celebren el Día Internacional de la Educación de manera apropiada y a que sigan examinando la posibilidad de intensificar la cooperación internacional para apoyar los esfuerzos de todos los Estados Miembros para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4[4];
  3. Invita a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en calidad de organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de la educación, a que facilite la celebración el 24 de enero de todos los años del Día Internacional de la Educación, teniendo presentes las disposiciones que figuran en el anexo de la resolución 1980/67 del Consejo Económico y Social;
  4. Destaca que el costo de todas las actividades que puedan derivarse de la aplicación de la presente resolución debería sufragarse mediante contribuciones voluntarias;

       [1] Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, vol. I, Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.93.I.8 y corrección), resolución 1, anexo II.

       [2] Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto a 4 de septiembre de 2002 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.03.II.A.1 y correcciones), cap. I, resolución 2, anexo.

       [3] Véase A/69/76, anexo.

       [4] Véase la resolución 70/1.

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El lugar de residencia como factor de exclusión educativa

Xavier Besalú

Por: Xavier Besalú

Las diferencias de servicios y el acceso a ellos que hay entre núcleos urbanos y rurales e, incluso, dentro de las ciudades, según qué barrios, marcan o pueden marcar claramente el devenir de la vida escolar de miles de personas. Es papel de las administraciones hacer lo posible por eliminar esos obstáculos.

Que las desigualdades socioeconómicas familiares (y el nivel instructivo de los padres), es decir, la clase social a la que se pertenece, son un factor de exclusión educativa y social, solo lo ponen en duda los neoliberales más recalcitrantes y los meritócratas más empedernidos. En cambio, el lugar de residencia no suele ser objeto de la atención que merece como condicionante tanto del acceso como de las trayectorias escolares de quienes lo habitan.

En primer término, sigue siendo determinante el carácter rural o urbano del lugar de residencia. En algunas zonas demográficamente débiles, alejadas de los grandes núcleos urbanos y mal comunicadas, el acceso a los servicios de todo tipo puede verse extraordinariamente mermado. Desde hace unos pocos años, algunas escuelas de pueblo han asumido la escolarización de niños y niñas menores de tres años y eso, sin duda, ha supuesto un logro indiscutible para las familias que lo necesitaban. Suponiendo que la aldea mantenga en pie la escuela, ya que algunas comunidades autónomas han sido, y son, muy restrictivas y formalistas a la hora de mantener vivo el servicio escolar cuando el número de alumnos escasea…

El problema se agudiza cuando los críos cumplen doce años y deben cursar la ESO. En función de la lejanía del instituto, algunos de ellos comienzan la jornada escolar una hora antes y la terminan una hora después, dado el trayecto que realiza el transporte escolar. Si bien el contacto con compañeros de otros entornos y contextos es, por lo general, enriquecedor, no hay que desdeñar el extrañamiento que para algunos supone la inmersión en una atmósfera cultural y social distinta y, en algunos aspectos, incluso ajena.

Pero cuando el habitar en un territorio apartado deviene un inconveniente cierto es en la escolaridad postobligatoria, de manera especial para cursar algunos ciclos formativos de formación profesional tanto de grado medio como de grado superior o de formación profesional básica. La oferta asequible y cercana suele ser escasa y el transporte público, incluso en zonas relativamente pobladas, a menudo es deficiente y desconectado entre sí.

Si el acceso ya debe salvar esos obstáculos, también los tienen las condiciones de escolarización. Hemos mencionado ya los relativos a los desplazamiento; ahora deberíamos añadir los relacionados con las continuidades educativas, con la posibilidad de alargar el tiempo educativo a través de la participación en actividades deportivas, artísticas o culturales, que resulta extremadamente mermado para los que viven lejos de las ciudades.

Muchos más que los residentes hoy en zonas rurales son los niños, niñas y jóvenes que viven en zonas suburbiales, en barrios obreros y/o pobres, degradados o marginalizados dentro de las ciudades –a veces, en los propios núcleos antiguos–, o en ciudades dormitorio, satelizadas y dependientes, dentro de las áreas metropolitanas de las grandes ciudades, lo que los franceses denominan la banlieue. Edificios, bloques, calles, barrios o, incluso, ciudades enteras que son percibidas y etiquetadas como peligrosas, submundos autónomos y desconocidos para el resto de la ciudadanía, que acaban marcando a fuego las vidas y las oportunidades de las personas que residen en ellas.

Son zonas donde se concentran procesos de regresión urbanística, construidas muchas veces sin una planificación ni una dotación de equipamientos adecuados, deficitarias en transporte público y espacios verdes, donde a menudo confluyen problemas de naturaleza diversa que pueden ir desde el estado de conservación de los edificios a la concentración de grupos de ciudadanos con necesidades específicas (población dependiente o en riesgo de exclusión, alto porcentaje de inmigrantes extranjeros, perceptores de pensiones asistenciales y no contributivas, etc.), con escasa actividad económica y comercial, y una explicitada sensación de inseguridad.

Si hablamos de Barcelona, no es lo mismo residir en Pedralbes que hacerlo en Ciudad Meridiana, como no es lo mismo vivir en Sant Cugat del Vallès que en Montcada i Reixac. Si hablamos de Madrid, no es lo mismo Chamartín que San Blas-Canillejas; y si lo hacemos de Sevilla, vivir en los Remedios o en el Polígono Sur… En todas las áreas urbanas de las grandes ciudades españolas es fácil apreciar esas desigualdades; en todas las ciudades medianas cuesta poco encontrar barrios estigmatizados.

Desde luego, todas esas ciudades y barrios deben tener sus escuelas e institutos que, a su vez, se convertirán en crisol y símbolo de esa realidad demográfica y urbana, con lo que deberían ser objeto de un tratamiento diferenciado, porque ya sabemos que tratar de forma equivalente lo que es sustancialmente desigual no hace más que cicatrizar y legitimar la situación dada en lugar de corregirla y deshacerla hasta donde sea posible. Además, dentro de esas mismas zonas, se conforman unas dinámicas de adscripciones y fugas que acaban dibujando centros categorizados de forma muy diferente…

Si al factor de exclusión territorial se le suma, como suele ocurrir, el factor socioeconómico y el factor de origen (migración extranjera) o de pertenencia a pueblo minorizado (gitano), es claro que los poderes públicos no pueden permanecer impasibles observando cómo se va a dar una profecía más que anunciada. Las políticas están para eso. Cumplir la Constitución es también remover los obstáculos que impiden una verdadera igualdad de oportunidades, aquellos condicionantes que imposibilitan el ejercicio pleno de los derechos humanos de todos y cada uno de los residentes en el país.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/01/21/el-lugar-de-residencia-como-factor-de-exclusion-educativa/

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El anuncio de España: Gobierno de traspasar a aulas ordinarias a 37.000 alumnos con discapacidad divide a la comunidad educativa

Noticias

Europa/España/24 Enero 2019/Autor: Daniel Sánchez Caballero/Fuente: El diario la Educación 

Profesionales y familias no se ponen de acuerdo en la idoneidad de esta medida: con carácter general se acepta la inclusión, pero muchos profesores objetan que no hay recursos suficientes para atender correctamente a los pequeños

El debate está tan polarizado que, si no cambian las circunstancias, difícilmente se vislumbra una solución que vaya a satisfacer a las dos partes. El Gobierno quiere traspasar a la inmensa mayoría de los 37.136 alumnos matriculados en centros de educación especial, según datos del Ministerio de Educación, a los llamados centros ordinarios. Así obliga un acuerdo firmado con la ONU y que por ahora no se ha cumplido.

“Ya era hora, debe hacerse”, vienen a algunos expertos, la ley y algunas familias. “Es un disparate, no hay recursos y algunos pequeños están mejor atendidos en los centros especiales”, replican otros padres y maestros.

La dicotomía viene a ser esa. Con carácter teórico, casi todo el mundo estaría de acuerdo con la inclusión bien practicada. Pero luego está la realidad, dibujada con pocos recursos materiales y humanos, clases atestadas (¿se puede atender bien a un chico con necesidades educativas especiales en un aula de 30 alumnos?) y profesores con pocos recursos, motivación e incluso formación, a decir de algunas expertos.

En este sentido,  un estudio de la doctora en Pedagogía de la Universidad de Jaén Marta Medina establecía que el 50% de los profesores son “indiferentes” a la atención a la diversidad y uno de cada seis (el 16%) está en desacuerdo con la inclusión.

La medida

La ministra anunció sus planes en el Senado en diciembre. Isabel Celaá explicó que el Gobierno pretende convertir los centros de educación especial en “centros sectoriales de apoyo a la inclusión que brinden el asesoramiento y la ayuda necesarios para que el alumnado que esté actualmente escolarizado en estos centros específicos pueda incorporarse progresivamente a los centros ordinarios”.

Poco más se conoce con detalle. El Ejecutivo no ha detallado si dispone de alguna partida presupuestaria específica para llevar a cabo la medida ni qué plazos concretos maneja para implementarla. Observando los Presupuestos Generales del Estado, los montantes destinado a Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Compensatoria o Inversiones en Centros Educativos, las partidas a priori donde debería enmarcarse esta propuesta, son básicamente iguales a las del año anterior.

También es cierto que con las competencias en Educación transferidas a las comunidades autónomas, sería a estas a las que correspondería asumir el grueso del cambio.

Esta circunstancia, a su vez, plantea paradojas, según explica Iris Carabal, maestra de Primaria con especialidad en Pedagogía Terapeuta en la Comunidad Valenciana. “Es una contradicción lo que se hace aquí con lo que quiere hacer el Gobierno. En Valencia están sacando a los niños adolescentes con problemas de salud mental y problemas de conducta graves a unidades dentro de centros específicos, las llamadas Unidad Educativa Terapéutica / Hospital de Día. Y el Gobierno hace lo contrario, no tiene sentido”.

Carabal también expresa sus dudas con los detalles de la implementación. “Necesitamos más apoyos, un plan. ¿Cómo se va a hacer esto? En Valencia, cuando se hicieron más aulas específicas de comunicación y lenguaje para alumnado con trastorno del espectro autista se notó en las oposiciones. Hubo un boom de plazas de maestros AL (de Audición y Lenguaje). No sé cómo quieren encauzar un cambio tan grande”. Y recuerda que hay muchas modalidades de escolarización (a tiempo completo en un centro ordinario, a tiempo completo en un centro específico, escolarizaciones combinadas entre ambos, aulas específicas para alumnos con necesidades dentro de centros ordinarios…).

El panorama

Primero, la fotografía fija. En España hay 37.136 alumnos matriculados en centros de educación especial este curso. El número ha subido un 1,9% respecto al anterior (700 estudiantes más). Sin embargo, hay dos colegios menos: los 473 del curso 2017-18 pasaron a ser 471 este año. Estos 37.000 alumnos son el 17% de los menores con diversidad funcional. El resto ya está matriculado en el sistema ordinario.

El sector tiene unos porcentajes de educación privada (concertada sobre todo) superiores a la media en un país que ya tiene más educación privada que su entorno. Además, aunque el sector público es más pequeño que el privado, acoge a más alumnos. Así, el 59,6% de los alumnos de educación especial están matriculados en centros públicos, aunque estos suponen un 40% del total de los existentes.

A nivel normativo, la ley es bastante clara. La Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificado por España en 2008 y por tanto de obligado cumplimiento (en la jerarquía normativa, los tratados internacionales solo quedan por debajo de la Constitución), establece que todos los niños deben ser matriculados en centros ordinarios.

El artículo 24 de dicho texto expone en su punto 2: “Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad”.

“La escuela no es inclusiva”

Pero la ley no se cumple. Lo dijo la ONU en una reciente visita a España y lo defienden muchos profesionales consultados. “El sistema educativo paralelo establecido para aquellos estudiantes con discapacidades que no encajan en las escuelas generales se convierte en trayectorias paralelas de la vida escolar, el empleo y más tarde la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes”, señaló Theresia Degener, presidenta del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

“Estructuralmente, la escuela no es inclusiva aunque nos llenemos la boca de decirlo”, valora Ignacio Calderón, profesor en el departamento de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Málaga y autor de varios libros sobre la cuestión. “La escuela inclusiva es una escuela en la que todas las personas están juntas y se educan juntas. En el momento en el que se hacen escolarizaciones que no lo hacen, la escuela deja de ser inclusiva”, argumenta.

La Justicia también se ha pronunciado sobre la cuestión recientemente. En los últimos años han salido por todo el Estado  varias sentencias favorables a familias que han peleado los dictámenes de la administración educativa que enviaban a sus hijos a centros especiales.

Uno de estos casos llegó al Tribunal Supremo (TS), que estableció que los niños con necesidades educativas especiales deben ser matriculados sí o sí en centros ordinarios, excepto casos muy excepcionales, y que debe mantenerse así, realizando las “modificaciones y adaptaciones (…) necesarias y adecuadas”, excepto si resultan una “carga desproporcionada o indebida”, que en ningún caso significa agotar las medidas disponibles sino las posibles.

Llevad los recursos a los niños y no los niños a los recursos, viene a decir la Justicia. En estos parámetros se mueve la propuesta del Gobierno: vaciar los centros de educación especial de alumnos no significa eliminar sus recursos materiales y humanos; significa reasignarlos al sistema general, que ganaría en profesionales y medios.

Los defensores de la inclusión aducen varios motivos para serlo. “Está contrastado que aprendemos de la diferencia”, explica Calderón. “¿Cómo te preparas para una sociedad intercultural si no a través de la interculturalidad?”, se pregunta.

Medina, doctora en Pedagogía, añade: “Si no conviven, si el chico sin discapacidad no sabe que existen chicos con otras necesidades, estamos muy lejos de conseguir el modelo social al que aspiramos. La educación tiene un papel importantísimo en conseguir este modelo. Esa es la magia de la educación inclusiva, aporta más a los chicos sin discapacidad que a los que la tienen”.

La realidad es la que es

Pero hay muchas familias y profesionales que no lo ven. “En el documento [de la visita de la ONU a España] no consta que (…) visitaran ningún centro de educación especial, lo que sin duda les habría dado una visión más completa y ajustada a la realidad”, explican desde la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También.

“La realidad es que no hay dos sistemas, sino un único sistema donde los niños con necesidades educativas especiales son atendidos bajo diversas modalidades de escolarización. Los centros de educación especial son centros especializados que dan una respuesta personalizada y garantizan los apoyos necesarios a cada niño. El derecho a no ser discriminado no supone tratar a todos igual, sino tratar a cada uno como necesita”, concluyen.

Carabal, maestra de Pedagogía Terapéutica, explica su realidad: “El sistema educativo actual en centros ordinarios no es capaz de evaluar al alumnado con dificultades específicas del aprendizaje e intervenir de manera efectiva, y pretenden que se asuma la atención a alumnado con necesidades de carácter grave y permanente”.

“Soy la primera a la que le encantaría una mayor inclusión educativa y social”, matiza, “pero faltan recursos. Y también debemos aceptar las limitaciones de cada necesidad. Las personas que se encuentran en ciertos perfiles funcionales (autismo, Síndrome de Down, daño cerebral adquirido, etc.) tienen un estilo de vida distinto que merece ser respetado”, elabora.

De Portugal a Nueva Escocia

El proyecto del Gobierno sigue los pasos de Portugal, donde los alumnos con discapacidad matriculados en centros especiales son la gran minoría. En la región estadounidense de Nueva Escocia se llevó esta práctica hasta el final: no existen centros de educación especial. Y el sistema no ha colapsado, recordaba Gordon Porter, el ideólogo de esta medida, durante una visita reciente a Madrid.

¿La inclusión es una cuestión de recursos nada más? “En un sentido estricto, no. La inclusión es que los niños vayan al colegio que les toque. La esencia es que pasen cinco horas al día, cinco días a la semana, año tras año, con chicos de su edad y entorno. Este es el elemento más importante”, sostiene Porter en base a su experiencia.

Pero sí admite que quien mucho abarca, poco aprieta: “No podríamos haber hecho esto [un sistema educativo sin colegios especiales] si no dedicáramos todo el dinero a la inclusión. Tienes colegios ordinarios y colegios especiales. Nadie tiene dinero para financiar ambos. Nadie. Así que cogimos todo el dinero de un sitio y lo pusimos en el otro”, explica.

Fuente e imagen: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/01/21/el-anuncio-del-gobierno-de-traspasar-a-aulas-ordinarias-a-37-000-alumnos-con-discapacidad-divide-a-la-comunidad-educativa/

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Día Internacional de la Educación, 24 de enero

Noticias

La educación es un derecho humano

El derecho a la educación está consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración exige la educación primaria gratuita y obligatoria. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989, va más allá al estipular que los países deberán hacer que la educación superior sea accesible para todos.

La educación es clave para el desarrollo sostenible

Cuando se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la comunidad internacional reconoció que la educación es esencial para el éxito de sus 17 objetivos. El Objetivo número 4 de Desarrollo Sostenible tiene, concretamente, como objetivo “garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” para el año 2030.

Los desafíos para lograr la educación universal

La educación ofrece a los niños y las niñas una oportunidad de salir de la pobreza y un camino para alcanzar un futuro prometedor. Sin embargo, alrededor de 264 millones de niños y adolescentes de todo el mundo no pueden acceder a una escuela o completar su educación. Más de una quinta parte de estos están en edad de asistir a la escuela primaria.

La pobreza, la discriminación, los conflictos armados, las emergencias y los efectos del cambio climático son factores que amenazan su acceso a la educación. La migración y los desplazamientos forzosos afecta negativamente también al acceso a la educación, como muestra el Informe de seguimiento de la Educación en el mundo.

Celebrar el primer Día Internacional de la Educación

Al proclamar este Día, los Estados Miembros reconocen la importancia de adoptar medidas que garanticen una educación inclusiva y equitativa de calidad, en todos los niveles, para que todas las personas puedan acceder a un aprendizaje durante su vida escolar. De esta manera, con los conocimientos y las aptitudes que adquieran, estarán preparados para aprovechar las oportunidades que se les presenten y podrán participar plenamente en la sociedad y contribuir así al desarrollo sostenible.

Las diez metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4… ¡con Elyx!

Fuente: http://www.un.org/es/events/educationday/index.shtml
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Muchos Estados en el mundo aún no garantizan los derechos fundamentales de los niños

Noticias

Redacción: News/23-01-2019

Hace 30 años entró en vigor un instrumento internacional para proteger los derechos de los niños; sin embargo, todavía hay muchos Estados que no garantizan el desarrollo y supervivencia de los menores, que ignoran sus voces y que los consideran meros receptores de cuidados, a menudo insuficientes para su bienestar, advirtió la máxima funcionaria de la ONU en materia de derechos humanos.

Al inaugurar este lunes en Ginebra la 80ª sesión del Comité de los Derechos del Niño, Michelle Bachelet señaló que a pesar de que en las últimas tres décadas se han registrado avances significativos y prácticamente todos los países han aprobado leyes para proteger las garantías de los niños, millones de ellos no gozan de sus garantías básicas.

“No todos los Estados parte aseguran a cabalidad la supervivencia y el desarrollo de todos los niños en todas partes. En general, los niños son vistos como receptores pasivos de cuidados y sus voces son desatendidas o ignoradas”, dijo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado de garantías fundamentales que más ratificaciones ha recibido históricamente y su adopción ha dado lugar a la creación de programas educativos, de nutrición y salud que han mejorado la situación de los menores en el mundo.

Además, hace tres años los Estados refrendaron su compromiso con la niñez y le prometieron un mejor futuro.

Avance insuficiente

Pero esas declaraciones son insuficientes y el mundo aún dista del progreso que hace falta para cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La Alta Comisionada recordó que UNICEF estima que 60 millones de menores de 5 años morirán entre 2017 y 2030 por causas prevenibles y que, en 2016, 155 millones sufrieron atrofia del desarrollo o desnutrición crónica.

“Los niños son especialmente vulnerables a la trata y la esclavitud, incluyendo las peores formas de trabajo forzado, esclavitud doméstica, esclavitud sexual y matrimonio forzado”, subrayó Bachelet.

Agregó que los niños migrantes o desplazados, un colectivo en aumento, afrontan un alto riesgo de sufrir esas atrocidades.

Cifras calamitosas

Entre otros datos alarmantes, Bachelet destacó los 5,5 millones de menores víctimas de trabajo forzado y el hecho de que un tercio de las víctimas de trata sean niños. En esta categoría las niñas duplican el número de niños sometidos explotación sexual. Millones de niñas, además, se convierten madres cada año, perpetuando así el ciclo de pobreza.

“Estos números son una calamidad. Cada uno de ellos representa a un individuo cuyas esperanzas y sueños han sido destruidos. Por desgracia, aún queda mucho por hacer antes de que cumplamos con los cuatro principios de la Convención: la no discriminación; lo mejor para su bienestar; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el derecho a ser escuchado”, puntualizó.

En este contexto, abogó por dar un mayor énfasis al cumplimiento de los pilares y objetivos de ese instrumento y confió en que la discusión anual del Comité impulse el bienestar de la infancia mundial.

“Hoy, los niños y jóvenes enfrentan desafíos enormes relacionados con los conflictos, el cambio climático, la inestabilidad económica, el desplazamiento, la reducción de los espacios participativos, la globalización y los cambiantes mercados laborales. Se trata de la misma gente joven que es fuente de ideas, innovación y soluciones. Darles facultades, respetar su dignidad y garantizar sus derechos nos beneficia a todos”, concluyó Bachelet.

El Comité de los Derechos del Niño terminará su sesión el 1º de febrero y revisará los informes de Bahrein, Bélgica, Guinea, Italia, Japón y Siria.

Trabajo infantil

Un ejemplo de la situación descrita por Bachelet es el trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo indicó recientemente que existiéan en el mundo unos 152 millones de niños y niñas trabajadoras en 2018. Para aliviar esta situación en Madagascar, esta Organización ha puesto en marcha un programa que ayuda a los niños trabajadores a mejorar su situación y a acceder a la capacitación, como se muestra en este vídeo.

Fuente: https://news.un.org/es/story/2019/01/1449342

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El regalo del cielo para la extrema derecha

El Pais España

Redacción: Geneviève Gencianos/El País

El falso discurso que presenta a los migrantes como causantes de todos los males desvía la atención de las razones reales del deterioro de la calidad de la educación, la atención sanitaria, el transporte o el saneamiento

Su nombre es George. Cada mañana, este empleado de la Agencia del Agua del Norte del Líbano se despierta con la obsesión de proporcionar agua potable a todas las familias de la aldea de Wadi Khaled. Un reto gigantesco, porque la población de la aldea se ha duplicado desde 2011 con la llegada de decenas de miles de sirios que huyen de los bombardeos. Incluso antes de la guerra, pocos hogares tenían acceso a agua corriente. Desde entonces, el número de refugiados ha superado al de los ciudadanos libaneses, lo que ha exacerbado las tensiones en esta región desfavorecida.

Se llama Moradeke, pero todos la llaman Abi. De niña, ya soñaba con ser enfermera, para salvar vidas. Desde 2009, esta vocación tiene más sentido que nunca, en una Nigeria donde millones de personas se ven obligadas a exiliarse, aterrorizadas por la secta islamista Boko Haram. Se encuentran en campamentos improvisados, asolados por la desnutrición y el cólera. Las enfermeras trabajan día y noche en este contexto de crisis humanitaria, a menudo arriesgando sus vidas: Boko Haram ha secuestrado y asesinado a docenas de ellas.

Su nombre es Luciana, es directora de una escuela en Talismán, en la frontera entre México y Guatemala. Con un pequeño equipo, la funcionaria decidió ayudar a algunos de los miles de niños que llegaron, a veces solos, desde Guatemala, Honduras o El Salvador, huyendo la miseria y la violencia de las pandillas. Ella les permite mezclarse con los niños de Chiapas, construyendo una vida todavía pobre, pero más normal.

George, Moradeke, Luciana… Como ellos, una legión de héroes desconocidos se enfrenta cada día a la realidad de los que tienen que huir sus países. No se piensa mucho en ello, pero son los empleados del servicio público los que están en primera línea en la hora de atender a los inmigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados. Son responsables de la distribución de agua y alimentos, el saneamiento, la atención de la salud, la vivienda, la educación y la asistencia social. También ellos que responden a las emergencias, los desastres y la reconstrucción.

Alrededor de 258 millones de personas (una de cada 30) vivían fuera de su país de nacimiento en 2017

Los desplazamientos forzados de población son ahora un fenómeno mundial que ya no puede tratarse como una crisis puntual. La inestabilidad política, la violencia, la pobreza y el cambio climático son responsables de los mayores movimientos migratorios jamás registrados. Alrededor de 258 millones de personas (una de cada 30) vivían fuera de su país de nacimiento en 2017. Muchos otros han perdido la vida en viajes cada vez más peligrosos. Este fue el caso de 30.000 en los últimos cinco años, según el proyecto Migrantes desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones.

El cambio climático está haciendo que las perspectivas sean aún más sombrías. Según un informe reciente del Banco Mundial, es probable que más de 140 millones de personas de tres regiones del mundo en desarrollo emigren dentro de sus países de origen para el año 2050, sumándose a los ya de por sí abarrotados barrios pobres.

Es un regalo del cielo para los dirigentes políticos de extrema derecha, que presentan al extranjero como la fuente de todos los males. Estos candidatos nacionalistas y populistas, cuyas campañas se basan en la propaganda racista y xenófoba, llegan cada vez más al poder en los países desarrollados y en vías de desarrollo. No es casualidad que más de una docena de países ya hayan rechazado el Pacto mundial por una migración segura, ordenada y regular, más conocido como el Pacto de Marrakech, que debe ser validado por los jefes de Estado y de Gobierno en Marruecos los días 10 y 11 de diciembre.

La hostilidad de los ciudadanos ordinarios hacia los migrantes se alimenta de la sensación de tener que compartir recursos cada vez más escasos con ellos. Les dicen que los recién llegados no solo son criminales en potencia, sino que también toman los mejores puestos de trabajo. Y agregan que debido a ellos, los alquileres están subiendo, el nivel de la educación pública baja, y la fila en el hospital se está haciendo más larga. En las zonas más pobres, se les considera responsables del racionamiento, especialmente del agua. Pregúntenle a George en el Líbano, tiene mucho que decir al respecto.

Este discurso xenófobo desvía la atención de las razones reales del deterioro de la calidad de la educación, la atención sanitaria, el transporte o el saneamiento. En realidad, este declive se debe principalmente a las políticas de austeridad, ya que la mayoría de los gobiernos atacan sus propios servicios públicos, reduciendo sus presupuestos o privatizándolos. Los migrantes no son responsables de esta situación.

Comprender la importancia de los servicios públicos y darles presupuestos adecuados es la única manera de evitar que empresas codiciosas se beneficien de la miseria

También hay que mencionar las empresas privadas que aprovechan lo que se presenta como una crisis migratoria. En Estados Unidos, la política de inmigración Cero toleranciade Donald Trump significa mucho dinero para el sector privado, desde las prisiones y las compañías tecnológicas hasta las empresas de defensa y transporte. En toda la Unión Europea, los gobiernos contratan a empresas privadas para gestionar la detención, el seguimiento y el trato diario de los refugiados y migrantes. Y no hay ningún incentivo financiero para que proporcionen servicios decentes en los refugios – atención de la salud, alimentación, educación o incluso acceso a agua caliente.

En la Internacional de Servicios Públicos, una federación sindical internacional, estamos convencidos de que, en una sociedad democrática, el acceso al trabajo, a la educación, a la salud, a una jubilación digna, a una infraestructura de calidad, a la movilidad de las personas, a la igualdad entre mujeres y hombres, a la cultura, todo ello respetando el medioambiente, no son solo servicios, sino derechos.

Como George, Moradeke, Luciana y muchos otros muestran cada día, los empleados de los servicios públicos y sus sindicatos tienen un papel crucial que desempeñar en la gestión de los movimientos migratorios en todo el mundo. A través de su trabajo, luchan contra la desigualdad y contribuyen a la construcción de sociedades inclusivas.

Comprender la importancia de los servicios públicos y darles presupuestos adecuados es la única manera de evitar que empresas codiciosas se beneficien de la miseria en todas sus formas. También es la mejor respuesta para los que propagan el miedo, la mentira y el odio. Los servicios públicos son la base de la solidaridad. Los servicios públicos son derechos humanos.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/01/17/planeta_futuro/1547742824_040792.html

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