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Fruta fea para los niños de los suburbios de Nairobi

Redacción: Pablo L. Orosa/El País

En Kenia, cada día 75 toneladas de alimentos acaban en el basurero solo por razones estéticas. Parte de ellos se están sirviendo en los menús escolares de los barrios más desfavorecidos del país.

Faith tiene hambre. Desde que se levantó, a las cuatro y media de la madrugada, no ha probado bocado. Y ha hecho muchas cosas. Ha caminado dos horas para llegar a la escuela. Ha correteado por el descampado y ha atendido en clase. En la de matemáticas. Y en la de inglés. Faith, 12 años y unas ganas enormes por sonreír, quiere ser una buena estudiante. Pero tiene hambre. Y así no hay quien se concentre en la pizarra. Lo que le dan en la escuela de Mcedo, en los subirbios de Nairobi, la capital de Kenia, es a menudo lo único que come en el día.

“Sí, muchos días es lo único que como”, reconoce mientras espera, con su jersey raído en el pecho, a que le llegue su ración. Hoy, como casi siempre, toca githeri, una mezcla de maíz y alubias hervidas. También hay naranjas. Y a Faith le encantan las naranjas. “Mucho. Mucho”, farfulla en inglés. A su espalda, una veintena de chicos, todos menores de 14 años, aguardan en la fila su plato de githeri. A algunos, como a Morientos Avugwi, el mayor de cinco hermanos, se les escapa una de esas barrigas hinchadas con las que ironiza la desnutrición. Mientras espera por su cuenco azul, infla los carrillos. Como si así pudiese engañar al hambre. Morientos Avugwi tiene hambre.

“Estamos hartas del githeri, es todos los días lo mismo. Queremos algo más. Queremos pollo”, se escucha desde el otro lado del patio. Es una voz que en realidad son cuatro, la de Lucy, la de Cynthia, la de Violet y la de Lydia, que es la que habla por todas. Son las compañeras de clase de Faith. Ellas también tienen hambre.

Mathare, una sucesión de slums en la periferia de Nairobi, es desde hace tiempo una de esas ciudades de sombra en las que familias llegadas desde las zonas rurales tratan de conquistar un futuro. “Nosotros llegamos hace 10 años desde una aldea de Kisumu”, en la ribera del lago Victoria, a este lado de la frontera con Uganda. Lo dice Milicent, la madre de Lydia. Pensaban que en Nairobi habría más oportunidades, pero a día de hoy apenas tienen que llevarse a la boca. “El padre está intentando ganar algo de dinero, pero no siempre lo consigue”. Trabajos precarios, en la construcción o en lo que salga, que no dan para los seis miembros de la familia. En Mathare es lo que hay: hambre.

Las sonrisas en Mathare cuestan 0,016 euros

A la escuela de Mcedo acuden a diario 485 chicos de la barriada. Más de 300 comen aquí gracias al programa de menús escolares apoyado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) desde 1980. En 2009, el Gobierno de Kenia se hizo cargo del grueso del proyecto, del que se benefician 1,2 millones estudiantes, mientras el PMA se mantiene como responsable de los complementos alimentarios de las zonas más complicadas: los cuatro condados afectados por la sequía, Garissa, Mandera, Turkana y Wajir, y los barrios chabolistas de Nairobi. En total, 393.904 alumnos que reciben su ración diaria de cereales, legumbres, verduras y, desde mediados de 2016, fruta fresca.

“Los menús escolares son una red de seguridad muy efectiva: atraen y retienen a los alumnos en la escuela, contribuyen a aliviar el hambre a corto plazo y para muchos niños suponen una parte importante de su ingesta diaria de energía y nutrientes», destaca el PMA. En la práctica se trata que los alumnos de Mcedo no piensen en otra cosa que seguir estudiando. Y que cada vez obtengan mejores resultados. “Antes se enfermaban más, tenían menos fuerzas. Ahora se les ve con energía. Además, ayuda a luchar contra el abandono escolar: si no vienen al colegio, no les damos comida”, asegura Mark Okwiri, el jefe de estudios.

Al otro lado de la cocina, una estancia coloreada por el humo negro que emana de la lumbre, Milicent asiente con la cabeza. “Es verdad, los niños se sienten mejor desde que está en marcha el programa”. Ella es una de las madres voluntarias que acude cada día al centro escolar a preparar el menú para para los más de 300 alumnos. Entre ellos, dos de sus hijas.

Incorporar fruta fresca ayuda a aumentar el valor nutricional de los menús escolares, a menudo la única comida diaria de muchos chicos

Llenar de sonrisas Mathere cuesta dos chelines. 0,016 euros al cambio. Es el precio que tiene incorporar las frutas frescas al programa. En total, cada menú cuesta 11 chelines al día (0,08 euros). Una vez al trimestre, Okwiri organiza un concurso entre los proveedores locales para adquirir, con los fondos del PMA, sal, aceite, alubias y maíz. “Las verduras las compramos cada semana, también en el mercado local”, señala. Esta fórmula, de la que se sirven 88 de las 91 escuelas con 80.000 estudiantes en total adheridas a la iniciativa en los suburbios de Nairobi, sirve además de catalizador para la economía vecinal, pues son los productores locales los que venden sus cultivos a la escuela.

El problema, apuntan los técnicos de la agencia internacional, es la fluctuación de los precios y las limitaciones de muchos centros para guardar los alimentos y prepararlos cada día. No en todas las escuelas hay personas como Milicent, dispuestas a pasar la mañana cocinando para los niños del barrio.

75 toneladas de frutas tiradas a diario

En un país donde casi la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y uno de cada cuatro niños sufre problemas de crecimiento retardado a causa de la malnutrición, cada día se rechazan 75 toneladas de frutas y verduras cultivadas para su exportación por no cumplir los estándares estéticos. Esa cantidad equivale a, por ejemplo, 600.000 tomates.

El país africano es uno de los grandes suministradores de frutas y hortalizas al mercado europeo. El 43,6% de los repollos importados por la Unión Europea proceden de Kenia. El sector hortofrutícola supone el 23% del PIB y da empleo, directa e indirectamente, a ocho millones de personas. Sin embargo, casi la mitad de los cultivos, el 44,5% según un informe de Feedback Global, son rechazados para su exportación por su aspecto: por ser demasiado grandes o pequeños, por tener manchas, imperfecciones, porque su color no es el deseado o, simplemente, porque su forma no resulta atractiva.

El programa de menús escolares es una herramienta contra la desnutrición y contra el abandono escolar

Sin embargo, “son perfectamente aptos para el consumo”. Feos pero nutritivos. Hasta ahora, continúa Dina Aburmishan, nutricionista del PMA, algunos de estos excedentes eran enviados a orfanatos o utilizados para alimentar animales, aunque la mayoría acababan inevitablemente en los vertederos.

El pasado curso, la agencia puso en marcha una iniciativa piloto bautizada como Transformers para aprovechar estos cultivos rechazados por su aspecto. Varias empresas exportadoras pusieron a disposición sus productos, que eran enviados a una empresa de catering encargada de elaborar los menús escolares para tres escuelas de Nairobi con 2.200 alumnos.

Está previsto que este verano el Gobierno keniano se haga cargo de la alimentación de las 1.095 escuelas que todavía están bajo el mandato del PMA. A Faith poco le importa quien se encargue de la comida mientras sigan trayendo naranjas. “Me gustan mucho”, insiste. El timbre de la tarde ha sonado ya y los estudiantes de Mcedo salen a la carrera. Algunos juegan al fútbol en el descampado, mientras otros se entretienen con el pilla-pilla entre pequeñas montañas de basura.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/07/04/planeta_futuro/1530715477_282442.html

 

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España: La educación que segrega por sexos divide al Tribunal Constitucional

Redacción: Alberto Pozas/ Cadena Ser

Después de avalar el artículo de la LOMCE de 2013 que permitía financiar con dinero público la educación que separa, a niños y niñas, el tribunal de garantías da la razón a uno de estos colegios con el voto en contra de tres de sus magistrados

La educación que diferencia entre chicos y chicas en las aulas divide al Tribunal Constitucional. Después del espaldarazo del tribunal de garantías en abril a que este tipo de educación tenga acceso a fondos públicos, los jueces han dictado varias sentencias en las que ha sido imposible alcanzar la unanimidad: la última obliga al gobierno de Cantabria a reconsiderar su decisión de no renovar los conciertos de un colegio que sólo admite chicos en sus clases.

Su caso fue el primero en llegar a manos del Supremo y también al Constitucional, que en los últimos días ha dictado sentencia una vez rechazado el recurso del PSOE contra este aspecto concreto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) impulsada en 2013 por el entonces ministro del ramo, José Ignacio Wert. Ahora el Supremo ordena al ejecutivo cántabro – que entonces y ahora dirige Miguel Ángel Revilla – a que revise el caso, asegurando que la negativa «ha incidido de modo intenso sobre la libertad educativa» de las familias, afirmando también que la decisión «conllevó el incremento del precio de la matrícula y de otros gastos vinculados a la escolarización».

La mayoría de los magistrados del pleno basan su decisión en los argumentos desplegados el pasado 10 de abril en su primera sentencia sobre el asunto: resolució en la que calificaron de «diferenciación jurídica» el separar a niños y niñas en las aulas pero asegurando que es «un método pedagógico fruto de determinadas concepciones que entienden que es más eficaz«, hablando incluso de «la idea de optimizar las potencialidades propias de cada uno de los sexos».

Sentencias y votos particulares

La del colegio Torrevelo es la sentencia que marca el camino a aquellos centros que segregan a sus alumnos y alumnas por razón de sexo y a los que se les haya negado el acceso a ayudas públicas y conciertos educativos por parte de las administraciones regionales. Desde el pasado 10 de abril, el Constitucional ha resuelto varios recursos interpuestos por los gobiernos de AsturiasCatalunya y Andalucía contra este y otros aspectos de la ‘Ley Wert’, avalando la norma en todo momento con los votos particulares contrarios de hasta cuatro magistrados y magistradas.

Wert frente a su retrato, que costó casi 20.000 euros
Wert frente a su retrato, que costó casi 20.000 euros / Ballesteros (EFE)

Han sido Fernando ValdésMaría Luisa BalaguerJuan Antonio Xiol y Cándido Conde-Pumpido los que han emitido votos particulares contrarios en todas estas sentencias, entendiendo que la educación que segrega por sexo a alumnos y alumnas es contrario a la igualdad que protege la Constitución y que, por tanto, no debe ser subvencionada con dinero de todos los contribuyentes.

En esta última sentencia, son Valdés y Balaguer quienes defienden que la educación segregada por razón de sexo «vulnera frontalmente la Constitución tanto en la escuela pública como en la privada» y queesta nueva sentencia «imprime un giro, si cabe aún más preocupante, a la lógica argumental» de la dictada en abril, «al dar por bueno que cualquier modalidad de educación diferenciada es compatible con la Constitución, pretenda o no transmitir valores incompatibles con el principio de igualdad, la interdicción de discriminación y con el mandato de promoción de la igualdad real entre hombres y mujeres».

Fuente: http://cadenaser.com/ser/2018/07/17/tribunales/1531845822_757302.html

 

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Magisterio en Colombia marchará en rechazo a violencia social

América del sur/Colombia/18 Julio 2018/Fuente: Prensa Latina

El gremio magisterial en Colombia marchará el 25 de julio en protesta por el incremento de asesinatos de líderes sociales en el país.

El presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Carlos Rivas, presentó hoy la convocatoria a la jornada nacional de condena contra la ola de violencia desatada contra los defensores de derechos humanos.

‘No más asesinatos a líderes sociales, sindicales y maestros. Estamos hartos de esta situación. Creemos que tenemos que trabajar en una gran movilización por la defensa de la vida’, afirmó Rivas.

El líder magisterial invitó a la ciudadanía a sumarse a la acción de protesta que tendrá como epicentro a las cinco principales ciudades del país: Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín y esta capital.

En medio de la convocatoria, se conoció también que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, admitió que puede haber sistematicidad en las muertes de líderes sociales en Colombia.

Carrillo se refirió también a la presunta participación de miembros de la fuerza pública en los homicidios de los defensores de los derechos humanos.

‘Aquí ha habido casos de cooptación de los agentes del Estado por organizaciones criminales que están eliminando a los líderes sociales’, aseveró.

En tal sentido, instó a los alcaldes y gobernadores a que asuman las responsabilidad en la defensa de la vida y la integridad de los líderes sociales.

Llamó también a la ciudadanía a que denuncie cuando conozca de casos de agentes de la fuerza pública involucrados en los asesinatos.

Ante sus declaraciones, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que ‘las Fuerzas Armadas de Colombia han dejado atrás todo comportamiento que signifique traicionar la buena relación con el pueblo colombiano y las comunidades’.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=194727&SEO=magisterio-en-colombia-marchara-en-rechazo-a-violencia-social
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Estados Unidos: Carolina del Sur obliga a las universidades a violar los derechos de libertad de expresión

Redacción: Nora BarrowsFriedman/Traducido del inglés para Rebelión por J. M.

Carolina del Sur aprobó una ley esta semana que codifica una definición desacreditada de antisemitismo que combina la crítica a Israel y al sionismo con el antisemitismo.

«La ley violará inevitablemente los derechos de la Primera Enmienda de los estudiantes si se aplica para restringir o castigar el discurso del campus crítico de Israel», dijo a The Electronic Intifada Dima Khalidi, directora del grupo de derechos civiles Palestine Legal.

Los estudiantes se enfrentan ahora a mayores escrutinios, investigaciones, censura y posible castigo por sus actividades de defensa de los derechos de los palestinos en los campus de Carolina del Sur, advirtió Palestine Legal.

La definición de antisemitismo, que ha sido impulsada por los grupos de presión de Israel en los EE.UU. y Europa, a veces se califica como «Definición del Departamento de Estado» porque el Departamento de Estado de EE.UU. adoptó una versión de la misma.

La medida se agregó como cláusula adicional en el proyecto de presupuesto de 2018-2019 de Carolina del Sur, que hace que la ley sea válida por solo un año.

Se requieren instituciones financiadas por el Estado para utilizar la definición en la investigación de supuestos incidentes por antisemitismo en los campus.

En particular, el autor principal de la definición original de antisemitismo, el exejecutivo del Comité Judío Estadounidense Kenneth Stern, se ha opuesto firmemente a los esfuerzos para consagrarlo en la legislación, argumentando que podría llevar a una censura de inconstitucionalidad.

El claro propósito de la ley de Carolina del Sur «es apuntar a un discurso político crítico hacia Israel», dijo Khalidi. Agregó que Palestine Legal estará «monitoreando de cerca su implementación durante el próximo año y explorando posibles desafíos legales».

El mes pasado los legisladores del Congreso de los EE.UU. volvieron a presentar un proyecto de ley, la Ley de Concientización sobre antisemitismo, que utilizaría la misma definición de antisemitismo para evaluar el discurso crítico de Israel.

Si se aprueba el proyecto de ley, se instruirá a Kenneth Marcus, defensor de Israel desde hace mucho tiempo y designado por Trump para dirigir la Oficina de Derechos Civiles en el Departamento de Educación, a usar la definición para juzgar si el antisemitismo está o no ocurriendo en los campus de EE.UU.

El Brandeis Center, un grupo de manipuladores jurídicos proisraelí encabezado anteriormente por Marcus, respaldó la legislación de Carolina del Sur.

Carolina del Sur es uno de los 25 estados que han aprobado medidas, impulsadas por grupos de presión de Israel, que apuntan a sofocar la defensa de los derechos de Palestina y aplastar la campaña de boicot, desinversión y sanciones (BDS). La legislación está pendiente en otros 12 estados.

El Congreso de Estados Unidos también está considerando la Ley de Antiboicot a Israel, que podría imponer prisión y fuertes multas a las empresas o a su personal acusado de cumplir con los boicots a Israel convocados por organizaciones internacionales.

Louisiana castiga y amenaza a las empresas que participan en el boicot

En mayo, el gobernador demócrata de Luisiana, John Bel Edwards, emitió una orden ejecutiva que prohíbe al Gobierno estatal hacer negocios con empresas acusadas de boicotear a Israel.

La orden ordena a los funcionarios del Estado «acabar con los contratos estatales existentes con las compañías si actualmente están boicoteando a Israel o apoyando a quienes lo hacen», informa The Times-Picayune. Se exigirá a las empresas que certifiquen que no están boicoteando actualmente a Israel antes de que se les adjudique un contrato estatal.

La orden se aplica a las empresas que ganan más de 100000 dólares en un contrato estatal o que tienen más de cinco empleados.

Edwards emitió la orden «en la misma noche que estaba celebrando el 70 aniversario de Israel en la mansión del gobernador», según The Times-Picayune.

En enero, el consejo de la ciudad de Nueva Orleans aprobó una resolución para comenzar a seleccionar inversiones y contratos y desprenderse de corporaciones que se benefician de abusos contra los derechos humanos, convirtiéndose en la primera ciudad importante del sur de Estados Unidos en aprobar tal medida.

Pero después de la fuerte presión de las organizaciones comunitarias judías proisraelíes y los legisladores de derecha, el consejo votó unánimemente dos semanas después para rescindir la resolución.

Victoria en Missouri

Mientras tanto, los activistas de derechos humanos celebran el fracaso de una medida que habría castigado a los partidarios de la campaña de BDS en Missouri.

El proyecto de ley, que se introdujo en ambas cámaras de la legislatura estatal, habría negado contratos estatales por valor de 10.000 dólares o más a empresas y organizaciones que apoyan el boicot de Israel.

Los activistas dicen que el fracaso de la legislación fue el resultado directo de meses de organización de base, presión sobre los legisladores y testimonios durante las audiencias de los comités, de acuerdo con la campaña de Missouri sobre el derecho al boicot.

En un memorando a los legisladores estatales, 15 grupos de derechos llamaron a la legislación «constitucionalmente indefendible» y «una prueba de fuego político macartista en cualquier empresa u organización sin fines de lucro que quiera firmar un contrato con el Estado».

«Los ataques de Israel a los manifestantes en Gaza ilustran precisamente por qué las personas de conciencia en Missouri y en todo el mundo están prestando atención al llamado palestino de participar en campañas de BDS que esta legislación habría penalizado», dijo Neveen Ayesh, del Comité de Solidaridad Palestina de St. Louis y Musulmanes estadounidenses por Palestina.

Ley de Kansas modificada

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) dice que ha retirado su demanda contra una ley del estado de Kansasde 2017 que exige que los contratistas certifiquen que no van a boicotear a Israel.

El Estado ha modificado su legislación para que no se aplique a los individuos, pero sigue siendo ejecutable para las empresas y los contratos que superan los 100.000 dólares, de acuerdo con The Topeka Capital-Journal.

La ACLU sostiene que la ley todavía viola la Primera Enmienda.

Un juez federal bloqueó la aplicación de la ley en enero, citando violaciones de la libertad de expresión.

La ACLU presentó la demanda en nombre de Esther Koontz, una profesora de matemáticas a quien se le denegó un contrato de capacitación educativa estatal porque apoya el movimiento BDS y no pudo firmar la declaración requerida con buena conciencia.

«Si bien los cambios reducen el número de personas requeridas para firmar la certificación antiboicot, el propósito fundamental de la ley -reprimir los boicots políticos a Israel y enfriar la expresión protegida- sigue siendo inconstitucional», dijo el abogado de la ACLU, Brian Hauss, quien argumentó el asunto en un tribunal de Kansas.

El tribunal ordenó que el estado pague a Koontz más de 41.000 dólares por sus honorarios legales.

La ACLU y el Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses han presentado demandas contra el Estado de Arizona por su ley de 2016 que crea una lista negra de compañías, organizaciones y otras entidades acusadas de boicotear a Israel.

Un tribunal federal escuchó los argumentos sobre la ley a finales de mayo.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=244124

 

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Malala debate sobre educación como herramienta de empoderamiento en Brasil

Redacción: El Nuevo Diario

La joven Malala Yousafzai discursó este lunes en Sao Paulo sobre la importancia de la educación para el empoderamiento femenino.

a joven Malala Yousafzai, nobel de la Paz que sobrevivió a un atentado por defender la educación de las niñas en Pakistán, discursó este lunes en Sao Paulo sobre la importancia de la educación para el empoderamiento femenino.

«Educación es más que aprendizaje y lectura. Es emancipación», resaltó Malala, de 20 años, invitada por Itaú Unibanco, al iniciar su intervención en el auditorio del parque Ibirapuera.

«La educación es la mejor inversión sostenible a largo plazo», agregó, deplorando que al menos 1,5 millones de niñas brasileñas están fuera del sistema escolar.

Malala dividió el palco con varias mujeres vinculadas al área de educación, entre ellas Tabata Amaral, la estudiante de la periferia de Sao Paulo que a los 18 años consiguió que seis de las principales universidades estadounidenses le abrieran las puertas, eligiendo una beca de Harvard para estudiar Ciencias Sociales y Astrofísica.

Ana Lucia Villela, presidenta del Instituto Alana de protección de la infancia, subrayó que Brasil sufre con indicadores difíciles en materia educativa.

«El país necesitará 260 años para alcanzar el nivel de competencia de lectura y escritura de alumnos de países desarrollados», apuntó.

De forma más explícita, Villela agregó «92,7% de los jóvenes que acaban la educación media en Brasil no saben qué quiere decir ‘92,7%'».

Malala Yousafzai tenía 15 años cuando un talibán le disparó en la cabeza en el autobús que la llevaba a la escuela en el valle de Swat, en Pakistán.

Fue trasladada a un hospital de la ciudad inglesa de Birmingham y se quedó a vivir ahí con su familia, siguiendo con sus estudios y su activismo.

La joven ganó el Nobel en 2014, junto al indio Kailash Satyarthi, por su combate contra la explotación de los niños y jóvenes y por el derecho de todos a la educación.

Fuente: https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/469193-malala-educacion-empoderamiento-brasil/

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Venezuela: La sed de los niños wayuu

Redacción: Carolina Mila/Semana Sostenibilidad

La Corte Constitucional acaba de fallar respecto a la crisis en La Guajira. La sentencia es esperanzadora para miles de niños, principales afectados por la escasez de agua y alimentos. Seis investigadores de Dejusticia visitaron la región para hacer un diagnóstico de la situación.

No es fácil ser niño en La Guajira. Muchos tienen que caminar casi tres horas desde sus rancherías hasta la escuela con apenas un vaso de chicha en el estómago y sin nada de tomar para el camino. Después de comer solo la merienda que hace parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE), vuelven a casa bajo el sol inclemente del desierto a mediodía, sin cruzarse con ningún reservorio de agua en el trayecto. La cifra más alta de mortalidad infantil por desnutrición en el país es la de este departamento: mientras el índice nacional es de dos niños por cada 100.000, el de La Guajira es de 20.

La escasez de alimentos y de agua no es un tema nuevo en la región. No solo se registra en documentos coloniales desde el siglo XVIII, sino que está presente en la mitología wayuu en la figura de Jamu, un ser atravesado por flechas que persigue a los indígenas con sus dardos de hambre. En este departamento el hambre está relacionada con la dejación estatal, la falta de articulación entre el gobierno nacional y el local, la corrupción, la geografía desértica y la falta de agua.

Según el antropólogo wayuu Weildler Guerra –exgerente del Banco de la República en Riohacha y gobernador encargado en 2017–, el hambre en La Guajira es sobre todo un fenómeno estacional ligado a las temporadas secas. Aunque se espera que llueva de septiembre a diciembre, ha habido sequías que se extienden hasta por dos años. Los wayuu siembran ahuyama, sandía y frijol, pero sin agua no hay cultivos, no hay frutos ni chivos, principal fuente de proteína para esta población.

En 2015, la crisis alimentaria se intensificó por una fuerte sequía, a la que se sumó el desabastecimiento de alimentos que llegaban de Venezuela a través de la frontera, por la situación del vecino país. A finales de ese año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de los niños de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, ordenando al gobierno colombiano hacer frente al tema de la seguridad alimentaria. Un año después las cosas no habían mejorado, lo que hizo que múltiples entidades del Estado fueran objeto de una tutela interpuesta por Elson Rafael Rodríguez, debido a la muerte por desnutrición y sed de 266 menores entre 2015 y 2016.

Foto: Luis Ángel

LAS ESCUELAS DEL DESIERTO

En la Alta Guajira está la cabecera municipal de Uribia y numerosas rancherías en las que se agrupan decenas de familias. Estas comunidades no cuentan con agua potable, ni siquiera los poblados más grandes como Nazareth, Puerto Estrella y Tawaira.

Durante siglos, los recursos más usados por los wayuu para lidiar con la escasez del agua han sido los jagüeyes (laa, en wayunakii), repositorios con forma de laguna natural en los que se acumula agua lluvia, y los pozos, cavados a profundidad para extraer el recurso hídrico bajo tierra.Desde niños los wayuu se acostumbran a caminar hasta tres horas hacia el jagüey o el pozo.

Según Verdad Abierta, cerca de 30.000, entre los 66.000 menores de 5 años de La Guajira, se encuentran en estado de desnutrición y el 90% de ellos son indígenas. Para 2017, el gobierno había tomado medidas de emergencia, y la cifra de muertes con diagnóstico de desnutrición y enfermedades asociadas cayó en un 44% frente al 2016, según datos del Instituto Nacional de Salud.

Foto: Luis Ángel

Los más de 200 niños que estudian internos en la Escuela Internado del corregimiento de Nazareth son los que mejor protegidos se encuentran ante estas circunstancias. Reciben tres comidas diarias y tienen acceso ilimitado a agua limpia, gracias a que la escuela tiene un pozo. La otra cara son los 840 niños externos que también asisten a esta escuela: tienen que caminar largas horas desde su casa y solo cuentan con el complemento del desayuno que incluye el PAE. Luego están los que simplemente no pueden ir al colegio porque viven muy lejos. “Esos son los que más preocupan”, afirma Fabio Estupiñán, párroco de la Alta Guajira y director de la Escuela Internado.

Las instituciones educativas rurales de la zona son pequeñas y precarias. La escuela pública de Buenos Aires, en Puerto Estrella, no cuenta con un pozo propio, los salones son rudimentarios y hay dos baños llenos de polvo sin una gota de agua. A esta institución asisten 125 niños. “Aquí ya nos acostumbramos a andar con sed”, dice la maestra Heidy Palmar. Cada mes, la Alcaldía lleva un carrotanque con agua de un jagüey cercano. Para que alcance, los niños solo pueden tomar un balde por curso: diez litros por cada 25 estudiantes, máximo dos vasos de agua diarios por niño. Por suerte, hay dos jagüeyes cercanos al colegio, llenos tras las lluvias de noviembre y diciembre. Sin embargo, la potabilidad de esa agua es dudosa, en especial por lo animales que entran allí. Cerca del 97,7% de las comunidades rurales toman agua de fuentes contaminadas.

 

SOLUCIONES A MEDIAS

En su primer gobierno, Santos se comprometió a construir nueve pozos para los nueve corregimientos de la extrema Alta Guajira, pero hasta el momento no se han hecho realidad. El 23 de octubre de 2015 el gobierno inauguró en Siapana, Uribia, un pozo que iba a producir 3,4 millones de litros de agua potable y a beneficiar a 4.000 habitantes de la región, en su mayoría wayuu.

Apenas cuatro meses después de la inauguración del pozo, que costó alrededor de 1.750 millones de pesos, ya no se sacaba agua. Así lo denunciaron entonces los habitantes en una nota de RCN: “Pozo de Siapana fue utilizado solo el día que se inauguró”. Y así lo siguen diciendo hoy en día: “Santos inauguró un pozo seco, nos engañaron a todos”, dice Victoria González, autoridad wayuu en Uribia.

Foto: Luis Ángel

En sentido estricto, la responsabilidad de mantener el pozo corresponde a la Alcaldía. Aunque el gobierno debería asegurar que la articulación con los entes territoriales funcione, la Ley 142 de servicios públicos establece que la tarea de proveer agua potable a la comunidad es del gobierno local, no del nacional. “Una vez entregado, el Estado no puede entrar a operar”, explicó un funcionario de la UNGRD, involucrado en la gestión del proyecto y quien pidió no revelar su nombre. Según él, también hubo saboteos a la obra. “A veces picaban la tubería y una vez se robaron un controlador de la bomba. Lo repusimos hace poco. Pero de nuevo la planta dejó de funcionar y ya no se sabe muy bien por qué”.

Por su cercanía al mar, las plantas desalinizadoras serían otra opción para la falta de agua en esta región. Existen varias de ellas en Nazareth, Castilletes, Flor de la Guajira y Puerto Estrella, pero tal como sucedió con el pozo su funcionamiento no ha sido constante.

LA SENTENCIA

La Corte Constitucional acaba de emitir su sentencia, en la que declara un estado de cosas inconstitucional en el departamento. Esto significa un reconocimiento de la vulneración masiva y generalizada de los derechos constitucionales a la salud, el agua potable, la alimentación y la participación étnica, que afecta a un número significativo de personas en La Guajira, “en especial niñas y niños wayuu”, por una prolongada “omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones”. Por primera vez se declara un estado inconstitucional de cosas con  relación a los derechos de los niños en Colombia, y específicamente a los derechos de los niños indígenas, los que más desnutrición sufren en el país.

Esta sentencia fija unos objetivos mínimos que las entidades locales y nacionales deben buscar articuladamente para salir de la crisis actual, entre los que se incluye el aumento de la accesibilidad y calidad del agua, y una mejora en la condición y cobertura de los programas de atención alimentaria. Sin embargo, la Corte tiene claro que “sin agua potable disponible, accesible y de calidad, ningún esfuerzo de alimentación o de atención en salud podrá solucionar la muerte de niños y niñas en La Guajira”.

En palabras de Diana Guarnizo, investigadora de Dejusticia –organización que intervino a favor de la tutela interpuesta en 2016– “la sentencia de la Corte Constitucional es un hito para La Guajira no solo porque prioriza la creación coordinada de políticas estructurales que alivien la falta de acceso al agua, sino porque establece objetivos e indicadores claros para avanzar”.

Fuente: https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/la-sed-de-los-ninos-wayuu/41125

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La respuesta subversiva del movimiento popular a los asesinatos de lideres y lideresas sociales

Autor: Carlos Meneses Reyes

La tragedia colombiana al reproducirse el genocidio de la Unión Patriótica (UP), ahora en cabeza del asesinato de los lideres sociales, hombres y mujeres de arraigo popular, nos coloca en la advertencia del poeta Ilhan Berk, “como si la muerte fuera un asunto cotidiano”.

Pareciera que el número de víctimas que atiborra estadísticas, tanto oficiales, de investigadores, ONG, medios de comunicación, se convirtiera en un propósito; valiendo destacar que las escalofriantes cifras reseñadas de asesinatos de tal a tal fecha, o de los últimos meses o en lo corrido del año etc., reflejara insolidaridad e indolencia, como si el tiempo de vida fuera un fugaz relámpago y viento para miles de dedicados y abnegados activistas de derechos humanos, defensores del derecho de la naturaleza y de los animales, dirigentes naturales nacidos de las propias entrañas del pueblo, a quienes en cualquier parte del mundo elevarían en los estrados de héroes y en Colombia representan un guarismo más de la larga lista de un martirologio de quienes optaron por la noble causa de la defensa de la vida, del ecosistema, de la reivindicación de la tierra despojada, de los derechos humanos de la dignidad y soberanía de la nación.

Se suceden las denuncias y las expresiones de artículos en periódicos y publicaciones similares. Existe verdadera conmoción social, tanto a nivel nacional como internacional, destacando las manifestaciones de rechazo y de advertencias al estadio gubernamental colombiano por parte de organismos como Las Naciones Unidas, para que cese la matanza, se identifique a los responsables intelectuales y se condene a los culpables. Mas no existe una respuesta contundente, ni de fondo.

Al paso de cada día siguen segándose vidas en forma sistemática, continúa, selectiva; denotándose que el verbo asesinar, como acción de matar a una persona bajo circunstancias agravantes, cobarde y con alevosía, no obtiene respuesta eficaz de un Estado fallido, signado en una constante de terrorismo de Estado, adonde confluye de manera inevitable la dantesca permanencia de un conflicto armado interno en ascendencia, que pudo tener un respiro de civilizada concertación, con la entrega de las armas por parte de la antigua insurgencia de las FARC pero que el bloque de poder oligárquico y proimperio torció a un lado con la práctica de la deslealtad, vulnerando los principios del cumplimiento de lo acordado y atravesando, cual talanquera, la oportunidad de una salida política civilizada al conflicto económico, político, militar, ecológico, de más de medio siglo de angustias padecidas por la población.

La permanencia del paramilitarismo

Falso que exista una especie de neo paramilitarismo en Colombia. El fenómeno paramilitar como instrumento de creación contrainsurgente, continúa siendo el mismo desde que fue creado por el bloque de poder oligárquico y que se mantiene con la hegemonía de derecha instaurada desde el “triunfo” electoral presidencial de la derecha que ungió al señor Iván Duque y que abre el periodo de continuismo presidencial neoliberal y militarista bajo el distintivo de Uribe III.

En referencia histórica mediata, el paramilitarismo, que constituyó “la sexta división” del ejército colombiano , además de cumplir la “lavada de cara” de las fuerzas armadas estatales y depositar el trabajo sucio en esa horrenda división de trabajo contrainsurgente, ante el rechazo mundial de unas fuerzas armadas incursas en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, cumplió un fase de desinstitucionalización y acude ante un estadio de “posconflicto”, que no se dio, a una permanencia en el escenario del persistente conflicto armado interno.

La inteligencia militar y la dictadura mediática los denominó como bandas criminales “bacrim” en un juego de multiplicaciones de expresiones armadas persistentes; que han funcionado como la aceitada maquinaria para la permanencia de formas delincuenciales del narcotráfico, rearmamento de ejércitos privados locales regionales con intereses en la permanencia del estatus quo de propiedad sobre tierras usurpadas debido a una reforma agraria sangrienta de moche de cabezas y motosierra; aplicada en interés del latifundismo, la ganadería extensiva terrateniente, la agroindustria extractiva y el poder político-económico local que representa el monopolio del narcotráfico, la minería ilegal y el usufructo de esos extremos por parte de un comportamiento non sancta de las Fuerzas Armadas estatales en el escenario de ese conflicto. Todo ello aparejado de forma con causal con el fortalecimiento hegemónico de la derecha, políticamente hablando, y gráficamente entronizado en el poder local y regional de los directorios políticos, en consonancia con el utilitarismo de un poder electoral corrupto, que ha logrado el domino de un modelo neoliberal, de privatización a ultranza, en el reinado del capitalismo salvaje de estos tiempos.

Resulta de presentación indisoluble que en la medida en que persista el conflicto armado interno, por la existencia y permanencia de enfrentamientos de fuerzas rebeldes irregulares contra el Estado, en Colombia, el paramilitarismo subsiste. Y subsiste puesto que es el paramento, cual adorno o atavío en el accionar sobre encubierto de las fuerzas armadas estatales. En ello está el meollo del asunto y saber popular de adonde llega el agua al molino.

La judicialización de las victimas

La marca con hierro candente cual tinta indeleble, que reposa sobre el Estado colombiano, de ser un narco-estado funcional, por una economía subterránea de persistencia parasitaria financiera; parece que no ofendiera el honor de una república ni la dignidad personal de sus gobernantes. La respuesta ante los asesinatos selectivos y consecuenciales de líderes sociales, enfoca a denigrar de los líderes sacrificados, enunciando como causa de esos crímenes, ora que obedecen a líos de faldas, ora a rencillas personales, ora a comportamiento antisocial en el entorno de los negocios turbios de la economía ilegal. La injusta denominación y por ende anticipada injusta condena alentada por los medios de intoxicación masiva presentan el antecedente que en los casos más emblemáticos de denuncias de asesinatos de líderes sociales, ya los organismos de inteligencia del Estado los estaban investigando. Los asesinatos de líderes más destacados, que acaparan la atención por el impacto social causado, ahora resultan que en despliegue publicitario la Fiscalía General, en concordancia con el Ministerio de Defensa, los coloca en el intervalo de la duda de tener relación con organizaciones delincuenciales imperantes en sus regiones. Tamaña felonía, por desvió de la función estatal, es inconcebible. Con el san Benito de la Fiscalía, en su ya manoseada práctica, de guardarse la información “para más adelante” procede a la condena por presunción de los lideres asesinados. Esto indigna y por ende configura una respuesta de masas contundente, en el panorama nacional, que, dadas las circunstancias del momento, redundará en una campaña de movilización, de denuncia, de desenmascaramiento y de imposición popular, al logro que las medidas de fondo para erradicación y cese del fenómeno paramilitar vigente en Colombia, de una vez por todas.

Significado de una respuesta subversiva ante la ola de asesinatos

En Colombia está proscrita la participación política directa y popular y por ende cualquier protesta pública es judicializada y calificada de “terrorista” dentro de la dictadura mediática de la guerra contrainsurgente y el “enemigo interno”. Con esa denominación justifican la existencia de un ejército que combate internamente a su mismo pueblo y que ha degenerado en un ejército de invasión, dada la aplicación de una doctrina militar y el adocenado y ya reiterativo comportamiento de unidades militares de potencia extranjera, capturados “en caliente” por el accionar beligerante insurgente; traído a colación ante el fracaso del fin del conflicto.

Acudo a los estudios de dos sociólogos sobre el tema: Miguel de Unamuno, con su obra “La Rebelión de Las Masas” y el francés Gustav Le bon con sus aportes de fenomenología política; transcribiendo apartes de anterior ensayo de mi autoría sobre la caracterización de lo subversivo en el escenario de la protesta de masas.

En su turno impositivo, el militarismo desplaza al Ministerio del Interior, concibiendo una normativa tendiente a reglamentar las manifestaciones de protesta social en Colombia; en las cuales los manifestantes participantes no podrán llevar gorras, sombreros, ni cachuchas, ni gafas negras que oculten el rostro, ni botellas de agua; tampoco sombrillas, ni celulares que permitan la comunicación…; ni pasamontañas; ni el bastón de mando popular-palo artesanal bellamente adornado por los campesinos catatumberos y las guardias indígenas- prohibiendo quizás también el que en acto de espontaneidad se quiten la camisa y se la enrollen en la cabeza, para cubrírsela de lo que sea; acto subversivo al que le aplicarán la mínima de la tarjeta amarilla de la garrotera sobre viniente; a ello agregado el que las mantas o pasacalles no podrán ser sostenidas con varas, potencialmente objetos contundentes contra las fuerzas policivas. Medidas todas innocuas, cual extraño mundo de Subuso, solo dignas de tenerse en cuanta ante el estatuto legal de la imposición de la judicialización de la protesta social en Colombia; cuando precisamente en ese momento un grupo de ciudadanos y ciudadanas están haciendo un uso excepcionalmente soberano de las mismas; por ser ellas los actores en el escenario natural de las protestas.

Las múltiples formas de violencia que aquejan al pueblo colombiano se expresan por actores en la protesta callejera. Sabiéndolo de antemano, que no pueden judicializar como violento a todo aquel o aquella, que por múltiples y justificadas razones, ocultan su rostro: un ejercicio directo al derecho alhabeas data, es decir, el derecho a la intimidad e identidad de la imagen; en momentos en que en Colombia el terrorismo de estado selectivo, continúa suministrando la información a fuerzas paramilitares y paraestatales; cuando el dedo acusador contra la impunidad les hace variar de un comportamiento de ilegalidad y contrainsurgencia a uno de supuesta legalidad. Son las medidas militaristas de guerra con que pretenden limitar el auge de la protesta política en Colombia.

Que pese al maquillaje de las encuestas la institucionalidad policial en Colombia es sinónimo de temor, criminalidad y violación a los derechos humanos. Que una policía militar como la colombiana aplica prácticas militares. Ejemplo el Escuadrón de la Muerte ESMAD.

Sí corresponde enunciar que la virulenta reacción de los manifestantes contra los efectivos policiales desnuda consecuencialmente los niveles de rechazo, indignación ante la perplejidad por tan fatal acumulado histórico de impunidad que con o sin estatuto militar especial ha imperado en Colombia.

Lo subversivo. En Colombia están estigmatizadas ciertas expresiones del acontecer político. Como con marca de hierro incandescente, la dictadura mediática sataniza a lo rebelde, lo insurgente, la beligerancia, lo subversivo, las formas de lucha política y de masas.

Lo subversivo como pensar

Se puede catalogar como el resultado del razonar práctico ante la importancia de una necesidad, por una situación crítica, mayoritariamente planteada.

Se trata de la manifestación del pensar individualmente considerado que termina por concluir que, ante un estado de cosas planteado, denigrante, injusto, alienante, surge la necesidad de cambiar, de transformar de raíz, esa anacrónica situación. El individuo se arma (en el sentido menos militarista) en su interior y no utilizo el término “se blinda”, por ser esencialmente militarista. Es decir, el individuo se consolida ideológicamente en lo que considera que es auténtico, valioso y cosmogónicamente necesario para cambiar. Logra la reivindicación de individuo como ser social. Digamos que opera en él (o ella) una especie de revolución interna, por el cambio, por lo Nuevo. Asume un reto de ciudadanía. “La subversión humanizadora aparece breve en el tiempo, como un soplo de vida nueva”, enseña la Teología de la Liberación.

Lo subversivo como práctica

Existe una dualidad conceptual en el pensamiento subversivo. Se bifurca, se divide en dos: Uno, el analizado, imbuido de una fuerte conciencia interna de la necesidad de un cambio. Bulle en una lucha de contrarios interna, por la supresión de un orden de “valores”; por la creación de un nuevo orden moral; por superar la opresión; por cambiar lo que se vive; por la imposición de un nuevo futuro. Por aquello que irrumpe en lo consecuencial, ya convencido que se encuentra encerrado en un status quo asfixiante y alienante, imponiéndose lo categórico de un cambio radical. Otro, ese impulso interno, se transforma así en una consigna y practica consecuencial de un accionar social, real, expresado en una movilización de fuerza social y colectiva. Ese accionar social es accionar de la ciudadanía, que no concibe estar de espalda a la realidad. En eso radica la eficacia del pensar original subversivo: en su proyección de movilización como fuerza social; como fuerza de la colectividad. Corresponde al empoderamiento de ciudadanía. Es el paso a lo transformador. De allí la importancia de la subversión, planteada en la consecuencia lógica de una nueva institucionalidad; en la consecución de un orden alternativo. Pero ese accionar dialéctico, no queda allí. El acto subversivo creador de dinámica social colectiva puede ser violento, pacifico, dialógico. Depende del análisis concreto, de la situación concreta (…).

La valiente exsenadora Piedad Córdoba-en su momento- ante el conflicto estudiantil llamó a la juventud universitaria colombiana, a la subversión. A su vez, el Papa Francisco I, lanza también desde Brasil ese llamado subversivo.

Ante el ejercicio de una oposición radical se conocerán los diagnósticos más avanzados de la rebelión sociopolítica. La acción de las masas en contraposición a las normas e igualmente respuesta al comportamiento por el estado de cosas inconstitucionales.

Comencemos por ubicarnos en el doblez hombre-masa. En el papel del individuo que ingresa al torrente de la masa. Opera en él una mutación de interacción, que hace no sea el mismo. El dicho popular “a donde va Vicente, a donde va la gente…”, es gráfico de ese momento. Independiente de la motivación interna que lleva al protestante, al manifestante, al inconformista, a los indignados; una vez en la coparticipación masiva se generan variantes en su cualificación individual. Opera una variante en la personalidad del hombre medio o promedio. Esto funciona a toda forma activa y pudiéremos afirmar, inconsciente.

La ley de masas enunciada por Le bon, informa el fenómeno de las masas como de una colectividad amorfa. Es forma colectiva de comportamiento. No es forma de comportamiento de los individuos, cuando se comportan en instantes o momentos colectivos. Motiva un alma colectiva; por donde el individuo y su propia identidad, se confunden. En esos momentos afloran los acuerdos atávicos, a lo pasado originario, a los prejuicios. Gobiernan los impulsos, los instintos. ¡Resaltan los imaginarios! Por ello la violencia que se genera es acción directa de las masas. Por lo mismo se predica que las masas participantes, sin importar el número de quienes las engrosan, califican como minorías esencialmente cualificadas. Importa precisar cuándo se pasa de lo espontáneo a lo organizativo de masas. Diferenciar de la aglomeración y el bullicio, a la protesta dirigida, conducida, organizada. Claro que ello es posible e implica el juego de la responsabilidad política de los dirigentes. Diferente a la responsabilidad punitiva. Algo diferente es controlar y evitar que la acción desvié en saqueo o en la responsabilidad individual por el saqueo, en que degeneró la acción.

De manera que cuando se difunde la noticia que el canta-autor Caetano Veloso a sus 71 años, desfiló con los indignados brasileros con la cara encubierta, nos manda a los indignados e indignadas colombianas a seguir su ejemplo.

No va a permitir el movimiento popular y de masas la entronización de otro genocidio estilo UP. ¡A la Calle! o ¡A la carga! que es también mandato gaitanista de la Colombia Humana.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=244008

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