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En defensa de los humanos sin derechos

Por Aram Aharonian

Se calculaba el año pasado que unos 281 millones de personas, aproximadamente el 3,6 por ciento de la población mundial, residen actualmente fuera de sus países de origen.

Hoy la cifra debe ser bastante mayor, pero no se trata de reducir una situación inhumana a meras cifras. Un número cada vez mayor de migrantes se ven obligados a abandonar sus hogares debido a una compleja combinación de factores, pero sobre todo por modelos capitalistas que los expulsan de sus países.

Son seres humanos a quienes se les conculca sus derechos… Muchos de ellos ni siquiera saben que tienen derechos.

La verdad es que los seres humanos siempre se han desplazado y mezclado, como lo demuestra el análisis del genoma de restos óseos hallados en los yacimientos arqueológicos,  explica Eva Maria Geigl, directora del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. En 2012, en la cueva de Denisova en los montes Altai, en Rusia, se hallaron los restos de una joven que vivió allí hace unos 50.000 años. El análisis del genoma de una de sus falanges permitió demostrar la existencia de una población que coexistió con los neandertales.

Esa población que vivía en Asia se desplazó y sus miembros se aparearon con los primeros Homo sapiens procedentes de África. Hasta ese momento los paleoantropólogos no sospechaban de la existencia de ese grupo humano, de esos primeros migrantes.

“Todos somos de origen africano. El Homo sapiens evolucionó en África y abandonó el continente en oleadas sucesivas. La última de esas migraciones fue la de nuestros antepasados directos. Todos migrantes, porque la historia de la humanidad está tejida por una sucesión de migraciones. Desde siempre, los grupos de población se desplazan y se mezclan, lo que a veces se traduce en la sustitución de las poblaciones autóctonas, aunque no siempre es así”, añadió.

Globalmente, el número estimado de migrantes internacionales ha aumentado en las últimas cinco décadas. El total estimado de 281 millones de personas que vivían en un país distinto de su país natal en 2020 supera en 128 millones a la cifra de 1990 y triplica con creces la de 1970.

Entre las violaciones de derechos humanos que padecen los migrantes figuran la denegación de derechos civiles y políticos, en forma de detención arbitraria, tortura o ausencia del debido proceso judicial, así como la vulneración de derechos económicos, sociales y culturales, tales como los derechos a la salud, la vivienda o la educación. La denegación de derechos a los migrantes suele estar estrechamente vinculada a leyes discriminatorias y prejuicios y actitudes xenófobas muy arraigados.

Según cifras de Naciones Unidas de 2020, Europa y Asia acogían a alrededor de 87 millones y 86 millones de migrantes internacionales, respectivamente, sumando el 61% de la población mundial total de migrantes internacionales. Les seguían América del Norte, con casi 59 millones de migrantes internacionales, equivalentes al 21%, África, con el 9%, América Latina y el Caribe, con el 5%, y Oceanía, con el 3% de la población mundial de migrantes.

Como resultado de la pobreza y la violencia, el triángulo norte de América Central se enfrenta a un número creciente de personas en movimiento. Desde 2014, se estima que 265.000 migrantes en tránsito, provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras, se han ido (o tratado de ir) a Estados Unidos cada año. Un número creciente de ellos son mujeres y niños no acompañados.

Según las estimaciones, solo uno de cada cinco tiene éxito.  El otro 80% es detenido por las autoridades mexicanas o estadounidenses. Un número creciente de migrantes varados también genera tensiones en las comunidades locales. Y entre ellos destacan no sólo los centroamericanos, sino miles de haitianos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, expulsados de sus países, en busca del sueño de una vida mejor, que generalmente se convierte en pesadilla.

Por su parte, la Unión Europea viola los derechos de los refugiados que llegan a Europa desde África y el Medio Oriente, incumpliendo la Convención de Ginebra, dice el español Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia y uno de los mayores expertos en migraciones en Europa. Para de Lucas la Unión Europea y Naciones Unidas estigmatizan a los inmigrantes, al tratarlos desde una lógica de mercado.

 “Hay una mirada de sospecha sobre los inmigrantes: ellos no son un ejército de reserva para la delincuencia ni una amenaza a las fuentes de trabajo. Al derecho formal estatalista se le escapa el pluralismo jurídico. El Derecho construyó un concepto restrictivo que fomenta la estigmatización del inmigrante”, afirma.

Con la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid19, y bajo el uso político del argumento sanitario del extranjero sin papeles como agente de contagio – para contener poblaciones irregularizadas-, las agresiones y la represión recrudecieron particularmente con los migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica y de los haitianos. Y en el norte de Chile contra los migrantes venezolanos.

Demás está decir que estos migrantes sufren múltiples agresiones y violaciones a sus derechos humanos en los países de tránsito y destino, por parte de diferentes actores sociales, grupos delictivos e instituciones oficiales y privadas. Lo peor es que diferentes Estados nacionales generan dinámicas de irregularización de estas poblaciones del Triángulo Norte Centroamericano y Haití, y están “ilegalizando” a los migrantes, y presentándolos como transgresores de la ley (criminalizándolos), sólo por el hecho de carecer de documentación migratoria.

Me detengo en algunos titulares de la prensa internacional.

-Uno dice que fuerzas polacas dispararon chorros de agua y gas lacrimógeno en el puesto de control de Kuznica –cerrado desde hace diez días– a migrantes que de nuevo intentaron cruzar la frontera desde suelo bielorruso, mientras Polonia acusó a Bielorrusia de darles granadas de humo y armas. Unos  cuatro mil migrantes, en su mayoría procedentes de Irak y Afganistán, viven en campamentos improvisados en la frontera entre Polonia y Bielorrusia en condiciones cada vez más extremas y con temperaturas bajo cero.

-Cerca de 19.000 niños atravesaron en lo que va del 2021, a pie y algunos solos, la peligrosa selva del Darién, entre Colombia y Panamá, para llegar a Estados Unidos, advirtió es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), una cifra que marcó un «máximo histórico» de menores migrantes, pese a ser uno de los lugares más peligrosos.  La cifra es casi tres veces más que el número registrado en los cinco años anteriores juntos, afirmó Unicef. La mitad son menores de cinco años.

 El Darién se convirtió en corredor para los migrantes irregulares que tratan de cruzar América Central y México, hacia Estados Unidos… o la muerte.

– La policía francesa desalojó al menos a mil 500 migrantes de un campamento improvisado cerca de Dunquerque, donde esperaban una oportunidad de cruzar el Canal de La Mancha hasta Reino Unido.

-La guardia costera turca rescató a 45 migrantes cuando trataban de alcanzar costas europeas tras ser devueltos por Grecia a aguas territoriales turcas. El barco de rescate Geo Barents fletado por Médicos sin Fronteras subió a bordo a 62 migrantes, a los que rescató en las costas de Libia en condiciones precarias.

Un mes atrás, nos horrorizamos con las fotos de la policía estadounidense de fronteras “cazando” y “arreando” a caballo a refugiados haitianos, incluidos niños.

Los países de tránsito y destino tienden a ver a los migrantes como una carga. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que los inmigrantes, incluidos los refugiados, también contribuyen al desarrollo de sus países de acogida. Pero aprovechar el potencial de desarrollo de la migración requiere que las autoridades públicas promuevan la integración socioeconómica y la cohesión social de los migrantes.

Desde la antigüedad el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo, aventura o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o para estudiar. Nuestros indígenas recorrieron en canoas desde el Amazonas hasta el Orinoco, para llegar a  las Antillas. Desde 1492 los europeos vienen “haciéndose la América”, escapando de los conflictos propios, en busca de las riquezas del Nuevo Mundo, con una cruz y un garrote en la mano.

Otros se van de sus tierras para escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones o abusos de los derechos humanos. Incluso, algunos lo hacen debido a los efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales. Muchos de nosotros descendemos de los barcos, de esos migrantes expulsados de sus tierras, masacrados en genocidios alentados por potencias.

El presidente estadounidense Joe Biden se comprometió a regularizar la situación de 11 millones de migrantes, y su par  mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que dará a conocer los nombres de los legisladores estadunidenses que no apoyen la iniciativa de regularización migratoria,

En una votación de 220-213, los diputados estadounidenses aprobaron el viernes 19 de noviembre un extenso paquete migratorio, aunque más reducido que el propuesto por Biden. Si la disposición pasa en el Senado, permitirá a las personas que llegaron sin documentos antes de 2011 obtener hasta 10 años de autorización de trabajo, pero sin abrirles el camino hacia la ciudadanía. La iniciativa se avaló unas horas después de que concluyera la cumbre trilateral de los socios del T-MEC (EEUU, México y Canadá).

 Hay millones de mexicanos que viven, trabajan desde hace años en Estados Unidos, que han aportado mucho al desarrollo, al engrandecimiento de esa nación, y (que) merecen ser tratados con justicia”, señaló el mandatario mexicano. Por otra parte, contrastó la influencia política que ejercen los lobbies cubano-estadounidenses en el bloqueo a la iniciativa de Biden.

Mientras los tres presidentes norteamericanos se reunían, unos dos mil migrantes, la mayoría procedentes de Centroamérica y Haití, partieron de la chiapateca Tapachula, al sur de México, llevando sus pertenencias en mochilas o en paquetes sobre sus cabezas. Niños pequeños iban sobre los hombros de sus padres o en cochecitos.

Las caravanas comenzaron hace varios años como una manera de que los migrantes que no cuentan con dinero para pagar a traficantes de personas se sientan más seguros al viajar en grupo hacia la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades de Guatemala y México las han disuelto de forma sistemática. Hoy, la Guardia Nacional de Texas blindó la frontera entre las ciudades de Eagle Pass y Piedras Negras con contenedores de carga ante la posible llegada de la nueva caravana

Algunos analistas hasta hablan de algo llamado necropolítica, esa capacidad para administrar a través del poder quién vive o quién muere. Y, al final, quienes mueren son las personas más empobrecidas, lógicamente. Valgan estas palabras en defensa de estos humanos sin derechos.

*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) 

https://estrategia.la/2021/11/21/en-defensa-de-los-humanos-sin-derechos-todos-somos-migrantes/

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El Ministerio de Educación Palestino anunció: Israel ha asesinado a 15 niños palestinos y ha arrestado a 1.194 durante este año

El Ministerio de Educación de Palestina anunció que 15 niños fueron asesinados por las fuerzas de ocupación del régimen israelí, y otros 1.194 fueron arrestados en Cisjordania desde principios de 2021 hasta finales del mes de octubre.

El Ministerio, además, informó en una declaración citada por la agencia palestina Maan, emitida con motivo del Día Internacional del Niño, que las tropas del ocupante sionista apuntan a los niños cuando irrumpen en las casas y las escuelas palestinas en Cisjordania.

Indicó que las fuerzas de ocupación llevaron a cabo más de 100 ataques contra escuelas empleando balas reales o bombas de gas lacrimógeno.

Asimismo, exigió a la comunidad internacional que brinde protección a los niños palestinos, garantice su derecho a la educación y una vida digna, y que detenga la delitos de ocupación contra ellos.

Fuente: https://nuevarevolucion.es/israel-ha-asesinado-a-15-ninos-palestinos-y-ha-arrestado-a-1-194-durante-este-ano/

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Nuevo informe revela violaciones sistemáticas de derechos humanos en áreas de conservación de la naturaleza en Kenia

Las “conservancies” o zonas de conservación de la naturaleza en Kenia, que cuentan entre sus visitantes con miembros de la realeza británica, están implicadas en expulsiones, torturas y asesinatos de población indígena local, según un demoledor informe recién publicado por el Instituto Oakland, con sede en EE.UU. Survival lleva diez años denunciando terribles abusos de este tipo en proyectos conservacionistas en Kenia.

El nuevo informe investiga las nefastas actividades de la organización Northern Rangelands Trust (NRT), que cuenta con 39 zonas de conservación comunitarias que actualmente cubren una superficie de 42.000 km², casi un 8% de Kenia. Estos territorios eran lugares de pastoreo para comunidades pastoralistas, que han sido reconvertidos en “áreas de conservación” controladas por NRT. Los indígenas han sido violentamente excluidos de estas tierras que ahora atraen ingentes sumas de dinero procedentes de los mercados de carbono, subvenciones de países donantes y lujosos alojamientos para safaris.

NRT fue una iniciativa de Ian Craig, cuya familia poseía una hacienda ganadera de 250 km² que se transformó en el área de conservación Lewa Wildlife Conservancy (donde se comprometieron el príncipe Guillermo y Kate Middleton). Actualmente Craig ocupa el cargo de Director de Conservación y Desarrollo del área.

Colaboradores de NRT: un desfile de los mayores impulsores y patrocinadores del modelo colonial y racista de la “conservación de fortaleza”. © NRT website

 

En el informe “Stealth Game: ‘community’ conservancies devastate land and lives in northern Kenya”, los investigadores aportan detalles estremecedores sobre el funcionamiento de estas llamadas “conservancies”, tales como:

– Expulsión de indígenas y otras poblaciones locales y el expolio de sus tierras.
– Múltiples alegaciones de abusos y torturas, incluidas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas.
– Empleo de fuerzas de seguridad militarizadas, algunas entrenadas por una empresa que dirige el hijo de Ian Craig.
– Apropiación masiva de tierras por parte de unos pocos individuos ricos, con la consecuente exclusión de los pastores de sus territorios.
– Intimidaciones, como detenciones e interrogatorios a miembros y líderes de la comunidad local.

Las áreas que ahora se encuentran bajo el estatus de “zonas de conservación” son las tierras de pastoreo ancestrales de pueblos pastores como los samburus y los masáis, que han gestionado estos territorios desde tiempos inmemoriales.

Muchas de las zonas de conservación, incluidas las privadas como OI Jogi (propiedad de la multimillonaria familia Wildenstein), ofertan ahora con safaris de lujo. Según parece, el alquiler de Ol Jogi asciende a unos 210.000 dólares semanales. Una tour operadora describe Sarara, otro de los alojamientos, como “una misión de salvación, no solo para la fauna y las praderas, si no también para el pueblo samburu”.

La página web de Ol Jogi, al igual que muchas empresas especializadas en el turismo de conservación de la naturaleza, ofrece una imagen de diversión y ocio para occidentales ricos, casi sin presencia africana.
La página web de Ol Jogi, al igual que muchas empresas especializadas en el turismo de conservación de la naturaleza, ofrece una imagen de diversión y ocio para occidentales ricos, casi sin presencia africana. © Ol Jogi website

 

El informe también revela que NRT recibe millones de dólares de fondos gubernamentales (de la UE, de las agencias gubernamentales estadounidenses, de la Agencia Danesa de Desarrollo Internacional o de la Agencia Francesa de Desarrollo entre otros), así como ingentes sumas de grandes organizaciones para la conservación de la naturaleza, incluidas The Nature Conservancy, Conservation International, WWF, Fauna & Flora International, March to the Top, Space for Giants, Save the Elephants, Rhino Arkj, Tusk y la International Elephant Foundation.

Fiore Longo, directora de la campaña para Descolonizar la Conservación de Survival International, declaró hoy: “Es preocupante que NRT se decante cada vez más por el opaco y dudoso mercado de carbono y por la compensación de emisiones como fuentes de ingresos y que la UE considere la organización como modélica en su nuevo proyecto NaturAfrica, pese a las abundantes pruebas de violaciones de derechos humanos”.

El experto ecólogo y conservacionista de Kenia, Mordecai Ogada, manifestó: “NRT empezó siendo un proyecto modesto (y quizá con buenas intenciones), pero que ahora se ha convertido en una enorme burbuja, económica y socialmente insostenible, que se expande por el norte de Kenia con un poder casi gubernamental. A través de la manipulación de las estructuras culturales han atrapado a las comunidades en su modelo de ‘conservación’ engañoso y a los donantes en su enrevesada red financiera. Cuanto más tiempo perdure esta construcción, más peligroso será su inevitable desmantelamiento”.

La directora de Survival International, Caroline Pearce, considera que: “Las zonas de conservación de Kenia han promovido durante mucho tiempo una imagen de lujo en armonía con la naturaleza, de paisajes africanos prístinos y una población local feliz, a menudo con vestimenta pintoresca. Pero, como Survival lleva mucho tiempo denunciando y los investigadores del Instituto de Oakland han demostrado con creces, esto no es más que una forma de maquillar la explotación y los abusos de poder a costa de la población indígena y local”.

“Survival ha recopilado testimonios de todo el mundo en los que se detalla cómo este modelo de conservación de fortaleza lleva a los pueblos indígenas a ser expulsados de sus propias tierras, y a sufrir terribles abusos a manos de quienes los despojan. Este es otro ejemplo de por qué las prácticas de conservación dominantes deben cambiar a un nivel profundo, y por qué la tolerancia del mundo hacia las atroces violaciones que se camuflan como ‘conservación’ amistosa deben cesar. NRT tiene que rendir cuentas”.

Fuente: https://rebelion.org/nuevo-informe-revela-violaciones-sistematicas-de-derechos-humanos-en-areas-de-conservacion-de-la-naturaleza-en-kenia/

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México: ONG denuncia persecución de la CNDH en contra del defensor José Martínez Cruz

Un año después de que dejó el cargo fue emplazado por autoridades administrativas y penales, por expresiones que realizó después de dejar la comisión, sobre casos como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Organizaciones civiles denunciaron “la persecución y la criminalización” emprendidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en contra del defensor de derechos humanos José Martínez Cruz, quien fuera de la Primera Visitaduría del organismo durante los primeros ocho meses de la presidencia de Rosario Piedra Ibarra.

Activista, al lado de Rosario Ibarra de Piedra por la presentación con vida personas desaparecidas desde los años setenta, Martínez Cruz se integró a la actual administración de la CNDH en diciembre de 2019, hasta que fue separado de su cargo en agosto de 2020.

Consideraron que “resulta indignante  que en un contexto en el que prevalece en México una grave crisis de violaciones a derechos humanos, la institución Ombudsperson Nacional dedique recursos institucionales de  esta envergadura a dirimir conflictos internos, máxime considerando que en nuestra historia como organismos civiles de derechos humanos no hemos visto similares empeños de la CNDH para lograr que en los ámbitos penales o administrativos rindan cuentas quienes cometen graves violaciones a derechos humanos”.

Más aún, consideraron que la “autocontención de la autonomía” y los conflictos internos “han terminado por dilapidar la oportunidad de refundar dicha institución al servicio de las víctimas y los derechos humanos”, como se comprometió Piedra Ibarra.

Las organizaciones que firman el comunicado resaltaron que el organismo “a la fecha impulsa dos procesos, uno administrativo y otro penal” en contra del defensor quien desde hace más de cuarenta años ha trabajado “al lado de las familias de personas desaparecidas, encarceladas y torturadas”, labor que incluye la creación del Frente Nacional contra la Represión en 1977, el Frente Pro Derechos Humanos de Morelos y la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos en 1989.

“Una vez que concluyó su labor al frente de la Dirección General de la Primera Visitaduría de la CNDH, José Martínez Cruz expresó públicamente diferencias con las personas que actualmente tienen a su cargo la CNDH, entre otras cuestiones respecto de la falta de investigación sobre el Ejército en graves violaciones a derechos humanos. En respuesta la CNDH ha buscado iniciarle procesos penales y administrativos”, alertaron las organizaciones civiles.

Para las organizaciones firmantes, “llevar a cabo una persecución administrativa y penal en contra de un ex funcionario por hacer uso legítimo de su derecho a la libertad de expresión, constituye un proceder que se aleja de los estándares de derechos humanos que una institución cuya misión es la defensa de los mismos está llamada a respetar más que ninguna otra”.

Las organizaciones consideraron que la embestida contra Martínez Cruz es violatorio de derechos humanos, “que constituye una muestra más de la preocupante deriva en que ha caído la CNDH, caracterizada por un ejercicio autocontenido de su autonomía y a abundancia de conflictos internos, que han terminado por dilapidar la oportunidad de refundar dicha institución al servicio de las víctimas y los derechos humanos como se esperaba en un contexto de cambio”.

Apuntaron que su confianza está en que instituciones como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), “sabrán garantizar los derechos de José Martínez Cruz e impedir que las personas que actualmente tienen bajo su responsabilidad la CNDH empleen a las instituciones para materializar represalias en contra de sus ex colaboradores”.

Las organizaciones informaron que a través de oficios, solicitaron a dicho tribunal y a la FGR que  resuelvan conforme a derecho, garantizando la presunción de inocencia y derechos procesales, los cuales deben ser garantizados en todo momento a José Martínez Cruz para, así, determinar expresamente que el hoy acusado actuó en ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad de expresión e información”.

Firmaron el comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Artículo 19 y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

En breve entrevista, José Martínez Cruz sostuvo que un año después de que dejó el cargo fue emplazado por autoridades administrativas y penales, por expresiones que realizó después de dejar la CNDH sobre casos como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “casos graves que requieren de máxima publicidad”.

 “El delito que se me imputa la CNDH es el uso de información privilegiada para beneficio personal y la revelación de secretos”, indicó Martínez Cruz al destacar que “nada de eso tiene fundamento”.

Para el defensor resulta improcedente que se le acuse de revelar secretos “cuando el caso Ayotzinapa todo mundo lo conoce, es un caso que me tocó investigar, analizar y sobre eso di mi punto de vista, pero después de dejar la CNDH”.

Tras agradecer la solidaridad de las organizaciones de la sociedad civil, “que conocen mi trayectoria desde hace décadas”, Martínez Cruz destacó que dará respuesta puntual a los procedimientos emprendidos “por la institución, impulsados por quien la preside (Rosario Piedra), hasta donde yo se soy el único exfuncionario de la CNDH contra el quien se han iniciado procedimientos penales y administrativos”.

Fuente: https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/11/18/ong-denuncia-persecucion-de-la-cndh-en-contra-del-defensor-jose-martinez-cruz-276051.html

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Derechos Infancia México y la OEI México firman convenio de colaboración para trabajar en favor de la infancia

América del Norte/México/17-11-2021/Autor(a) y Fuente: oei.int

El pasado 28 de septiembre, la Oficina en México de la OEI firmó un convenio de colaboración con Derechos Infancia México, una asociación dedicada a proteger, promover, difundir y defender los derechos de la infancia mexicana, a través de acciones y programas sin perseguir fines de lucro.

Signado por la Mtra. Tania Ramírez Hernández, Directora ejecutiva de REDIM y la Mtra. Patricia Aldana Maldonado, Representante permanente en México de la OEI, este convenio refuerza el interés por ampliar, implementar y difundir programas educativos y de derechos humanos en favor de la primera infancia en México.

Asimismo, adicional a este convenio se firmó un convenio específico que materializa sus actividades con el desarrollo de una estrategia basada en la investigación y la difusión sobre el estado en que se encuentran los derechos de la primera infancia en México, para contar con elementos de incidencia positiva en la Estrategia Nacional de Atención en la primera Infancia (ENAPI).

Los resultados de esta investigación serán difundidos a través de los medios digitales de comunicación de ambas instancias a través de infografías, imágenes y videos.

Fuente e Imagen: https://oei.int/oficinas/mexico/noticias/derechos-infancia-mexico-y-la-oei-mexico-firman-convenio-de-colaboracion-para-trabajar-en-favor-de-la-infancia-de-mexico

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Los Estados Miembros de la UNESCO se comprometen a asignar entre el 15% y el 20% del gasto público a la educación

Los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros de Educación de más de 40 países han adoptado este miércoles la Declaración de París, un llamamiento mundial iniciado por la UNESCO y Francia para aumentar la inversión en educación tras la crisis de la COVID-19.

En la Declaración se insta a todos los gobiernos a «cumplir sin demora» los compromisos asumidos en el Foro Mundial de la Educación, celebrado en Incheon (Corea del Sur) en 2015 y en la Reunión Mundial sobre la Educación de octubre 2020.

Estos compromisos son: asignar a la educación entre el 4% y el 6% del PIB y/o al menos entre el 15% y 20% del gasto público total; dedicar a la educación una proporción adecuada de los planes de estímulo para la recuperación nacional, en particular para el apoyo específico a la (re)matriculación de estudiantes marginados, la recuperación del aprendizaje y el bienestar socioemocional, así como el desarrollo de competencias para el empleo.

También recuerda el compromiso de aumentar el volumen, la previsibilidad y la eficacia de la ayuda internacional a la educación a través del cumplimiento de destinar el 0,7% del PIB de los donantes para la ayuda oficial al desarrollo (AOD) de los países en desarrollo y aumentando la participación de la AOD destinada a la educación como porcentaje del total de la AOD.

Escuelas cerradas en 65 países

Según recuerda la UNESCO, en el fragor de la pandemia, 1.600 millones de niños y adolescentes quedaron fuera de la escuela. De ellos, 500 millones de estudiantes, principalmente en países del Sur, no tienen acceso a la enseñanza a distancia. La UNESCO se movilizó rápidamente reuniendo a los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas en el seno de una Coalición Mundial por la Educación, que permitió garantizar la continuidad educativa en 112 países.

A pesar de esta movilización sin precedentes, la situación sigue siendo «preocupante» a juicio de la organización. Según el último recuento de la UNESCO, las escuelas siguen cerradas total o parcialmente en 65 países, lo que afecta a 750 millones de alumnos.

Además, en los países en los que se están reabriendo las escuelas, también es «preocupante» que algunos niños no vuelvan a clase. Este es el caso, sobre todo, de las niñas, cuya escolarización ya era un logro en algunos países de renta baja. La UNESCO calcula que 11 millones de niñas en todo el mundo corren el riesgo de no volver a la escuela después de la pandemia.

Estos riesgos para la escolarización de los niños se inscriben en un contexto mundial de falta de inversión en educación. Desde 2015, los Estados Miembros de la UNESCO acordaron financiar la educación a un nivel de entre el 4% y el 6% del PIB o entre el 15% y el 20% del gasto público, pero la mayoría de los países aún no han alcanzado este umbral. Además, parece que sólo el 1% del importe de los paquetes de estímulo posteriores a la COVID-19 se destina a la educación en los países de bajos ingresos y sólo el 2,9% en los países desarrollados.

Repensar los futuros de la educación

También este mismo miércoles, la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, y el presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, han presentado el nuevo Informe prospectivo sobre la educación. Resultado de dos años de trabajo de una comisión internacional independiente, se basa en las contribuciones de más de un millón de ciudadanos y en la experiencia de 400 Escuelas Asociadas y 200 Cátedras UNESCO en todo el mundo.

Con el título ‘Repensar juntos nuestro futuro: un nuevo contrato social para la educación’, el informe pide que se reformen los planes de estudio y los métodos de enseñanza para tener en cuenta tres grandes cambios recientes en las sociedades: los relacionados con la mundialización, el desafío climático y la revolución digital.

En particular, propone: una educación basada en los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural; la integración de la educación ambiental en todos los programas escolares; y la enseñanza de las herramientas digitales para permitir tanto su dominio manual como para inculcar a los alumnos el espíritu crítico y la distancia necesarios para su correcta utilización.

«La elección que nos espera es difícil. O seguimos por un camino insostenible, o cambiamos radicalmente de rumbo. Creo firmemente que la educación es una de nuestras herramientas más valiosas para construir un futuro sostenible. Acojo con satisfacción este informe de la UNESCO como una contribución vital a los debates que deben tener lugar en la ONU y en todo el mundo. Es una referencia fundamental para la Cumbre sobre la Transformación de la Educación prevista para el segundo semestre de 2022», ha señalado el secretario general de la ONU, António Guterres, al conocer la iniciativa.

Fuente: https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11473655/11/21/Los-Estados-Miembros-de-la-UNESCO-se-comprometen-a-asignar-entre-el-15-y-el-20-del-gasto-publico-a-la-educacion.html

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En Glasgow, los pueblos indígenas golpean la mesa por sus derechos

Por: Emilio Godoy

GLASGOW – “Para mi pueblo, los efectos del cambio climático son la realidad diaria. La estación de lluvias es más corta y cuando llueve, hay inundaciones. Y hemos sufrido sequía”, aseguró la indígena wodaabe o mbororo Hindou Oumarou Ibrahim.

Para la fundadora de la no gubernamental Asociación de Mujeres y Pueblos de Chad, un efecto pernicioso es la violencia generada, porque “cuando pierde los recursos, la gente pelea por ellos, por el agua, por ejemplo”, relató a IPS luego de un foro sobre los avances de los grupos nativos en la cumbre climática de la ciudad de Glasgow, en el norte de Reino Unido.

En todo el mundo, los pueblos originarios enfrentan la ambigüedad de proteger ecosistemas, como bosques o zonas costeras, y al mismo tiempo padecen los embates de la furia climática desatada por la adicción de la humanidad a los combustibles fósiles, como sequías, tormentas destructoras y el aumento del nivel del mar.

Desde hace décadas, sus miembros han insistido en que sus conocimientos tradicionales pueden contribuir a la lucha climática. El surgimiento de la pandemia de covid-19 en 2020 ha corroborado el resultado de tratar a la naturaleza como una mercancía más.

Si bien en la última década la representación indígena ha saltado a la palestra de cumbres ambientales, como esta 26 Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que inició el domingo 31 en esta ciudad escocesa. Pero ahora quieren más y no seguir siendo solo unos convidados de piedra.

“Esperamos que la cumbre tome en cuenta a las comunidades indígenas. Tiene que haber fondos que vayan directamente a los pueblos indígenas”, pidió ante IPS la indígena q’eqchí’ Graciela Coy, de la no gubernamental Ak’Tenamit  (nuestro pueblo, en q’eqchí’), que trabaja en el norte de Guatemala.

Los representantes de las organizaciones indígenas han conquistado estar en todos los escenarios de las COP. Participan como observadores en las sesiones oficiales donde se debaten los acuerdos, en la cumbre paralela de los movimientos sociales y en todos los demás foros que se enciman uno tras otro en las dos semanas de la conferencia climática.

Una de las expectativas indígenas en Glasgow es la aprobación del plan de trabajo por tres años de la “Plataforma para el intercambio de experiencias y mejores prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales”, originada en la COP21, la que aprobó el Acuerdo de Paris en 2015.

Esa propuesta debe ser aprobada por el Grupo de Trabajo Facilitador, integrado por siete indígenas y siete representantes gubernamentales y avalado en la COP24, celebrada en la ciudad polaca de Katowice en 2018. Luego deberá ratificarla la plenaria de la 196 Partes de la COP y tiene que incluir actividades de fortalecimiento de capacidades de los grupos originarios, el mapeo de medidas para su participación dentro de la CMNUCC y de financiamiento.

Entre 2019 y 2021, el grupo efectuó 11 actividades, sin sesiones físicas por la pandemia.

Las políticas climáticas son el foco de la COP26, que concluye el 12 de noviembre, luego de ser pospuesta un año por la pandemia de covid-19.

Los delegados gubernamentales en la COP26 abordan las reglas de los mercados de carbono, el financiamiento climático por al menos 100000 millones de dólares anuales, las brechas entre las metas de reducción de emisiones y las disminuciones necesarias, las estrategias para neutralidad del carbono en 2050, planes de adaptación y el programa de trabajo sobre comunidades locales y pueblos indígenas.

Para la indígena kankanaey igorot Victoria Tauli-Corpuz, de Filipinas, es fundamental la inclusión de derechos humanos en el financiamiento a la reducción de emisiones y adaptación a los efectos de la crisis climática, así como en la creación de mercados de carbono.

“Los pueblos indígenas sufren también por las soluciones climáticas, como los proyectos de energía renovable. Debe haber salvaguardias efectivas que permitan la protección de los derechos de los pueblos indígenas” en las políticas climáticas, señaló a IPS quien fue relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas entre 2014 y 2020.

Ese respeto se ha vuelto impostergable en zonas como la Amazonia, el principal macizo selvático de América Latina compartido por ocho países y un territorio francés, cuyos habitantes indígenas han sufrido el deterioro ocasionado por la incursión de empresas agropecuarias -ganadería y soja-, de hidrocarburos y mineras, además de las construcciones de represas, vías férreas, carreteras y puertos fluviales.

Por eso, el indígena shuar Tuntiak Katan, de Ecuador, coordinador general de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, consideró a IPS que la salida de las actividades extractivas de ese ecosistema es una condición fundamental para perseverar en la protección climática.

“Los pueblos indígenas ya protegemos 950 millones de hectáreas en todo el mundo. Lo que pedimos es el cuidado de 80 por ciento de la Amazonía en 2025. Somos la voz de las mujeres, los niños y los ancianos” que sufren los impactos en los territorios, exhortó Katan, vicecoordinador de la no gubernamental Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

Un cúmulo de la evidencia científica más reciente demuestra que los pueblos nativos son los protectores más eficaces de los bosques tropicales, por lo cual se requiere de mayores esfuerzos para su conservación, ante las crecientes amenazas.

La indígena q’eqchí’ Graciela Coy (D), de Guatemala, pidió durante la cumbre climática de Glasgow que los fondos internacionales prometidos lleguen directamente a los pueblos originarios. Foto: Emilio Godoy / IPS

Prometer no empobrece

Ante los abundantes ofrecimientos efectuados en la primera semana de actividades de la COP26 para promover la tenencia indígena de la tierra y la reforestación, los pueblos originarios mostraron escepticismo y demandaron participación directa en esos esquemas.

Oumarou Ibrahim y Coy coincidieron en la definición necesaria de mecanismos para que los recursos ofrecidos lleguen directamente a los territorios.

Los líderes mundiales “deben ser nuestros socios. El financiamiento debe adaptarse a las necesidades de la gente. El asunto es cómo van a llegar los recursos directamente a los pueblos indígenas”, según Oumarou Ibrahim.

A juicio de Coy, la lucha climática requiere de asignación de fondos, que deben transferirse “a los pueblos indígenas, pues hay mucha ayuda internacional” que no siempre se materializa en las comunidades locales.

En una aceptación de lo que los pueblos originarios han reclamado por años, los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y 17 financistas privados anunciaron el 1 de noviembre la disposición de 1700 millones de dólares para ayudar a las comunidades indígenas y locales a preservar los bosques tropicales entre 2021 y 2025.

Se estima que cada año solo 270 millones de dólares se destinan al cuidado forestal y 46 millones llegan a los guardianes directos del bosque: los pobladores ancestrales.

El financiamiento multilateral directo a poblaciones aborígenes ha sido una barrera recurrente para los esfuerzos por proteger recursos naturales.

Por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima (FVC), creado en la COP16 de Cancún de 2010, ha financiado 121 proyectos de medios de vida de comunidades y ha entregado para ello un total de 1400 millones de dólares.

Para el total de 190 proyectos, ha desembolsado 2000 millones de dólares y otros 6000 están bajo ejecución. Además, ha comprometido otros 10000 millones para emprendimientos. Asimismo, ha registrado a 113 instituciones para recibir fondos, pero ninguna de índole indígena.

Además, el 2 de noviembre más de 105 naciones se adhirieron a la “Declaración de los líderes de Glasgow sobre bosques y uso de la tierra” que estipula alcanzar la deforestación cero en 2030.

Los pueblos originarios demandan también su inclusión en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés), los compromisos voluntarios adoptados por cada país para 2030 y 2050, a fin de cumplir con el Acuerdo de París y sobre los que recae la meta aspiracional de contener el recalentamiento planetario en 1,5 grados C.

“Solo necesitamos un empujón. Estamos seguros de lo que hacemos y por eso es bueno que ofrezcan financiamiento. Pero lo que se debe hacer es abandonar el extractivismo y sacar a las petroleras, mineras y las empresas agropecuarias de nuestros territorios, y aplicar una visión holística, con la visión de los pueblos indígenas”, urgió Katan.

Aunque la COP26 no arroje los resultados deseados por los pueblos indígenas, seguirán con el cuidado de los recursos naturales y con su exigencia de justicia climática.

IPS realizó este artículo con el apoyo de Iniciativa Climática de México y European Climate Foundation.

Fuente de la información e imagen: https://ipsnoticias.net

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