El Ministerio de Educación de Palestina anunció que 15 niños fueron asesinados por las fuerzas de ocupación del régimen israelí, y otros 1.194 fueron arrestados en Cisjordania desde principios de 2021 hasta finales del mes de octubre.
El Ministerio, además, informó en una declaración citada por la agencia palestina Maan, emitida con motivo del Día Internacional del Niño, que las tropas del ocupante sionista apuntan a los niños cuando irrumpen en las casas y las escuelas palestinas en Cisjordania.
Indicó que las fuerzas de ocupación llevaron a cabo más de 100 ataques contra escuelas empleando balas reales o bombas de gas lacrimógeno.
Asimismo, exigió a la comunidad internacional que brinde protección a los niños palestinos, garantice su derecho a la educación y una vida digna, y que detenga la delitos de ocupación contra ellos.
Las “conservancies” o zonas de conservación de la naturaleza en Kenia, que cuentan entre sus visitantes con miembros de la realeza británica, están implicadas en expulsiones, torturas y asesinatos de población indígena local, según un demoledor informe recién publicado por el Instituto Oakland, con sede en EE.UU. Survival lleva diez años denunciando terribles abusos de este tipo en proyectos conservacionistas en Kenia.
El nuevo informe investiga las nefastas actividades de la organización Northern Rangelands Trust (NRT), que cuenta con 39 zonas de conservación comunitarias que actualmente cubren una superficie de 42.000 km², casi un 8% de Kenia. Estos territorios eran lugares de pastoreo para comunidades pastoralistas, que han sido reconvertidos en “áreas de conservación” controladas por NRT. Los indígenas han sido violentamente excluidos de estas tierras que ahora atraen ingentes sumas de dinero procedentes de los mercados de carbono, subvenciones de países donantes y lujosos alojamientos para safaris.
En el informe “Stealth Game: ‘community’ conservancies devastate land and lives in northern Kenya”, los investigadores aportan detalles estremecedores sobre el funcionamiento de estas llamadas “conservancies”, tales como:
– Expulsión de indígenas y otras poblaciones locales y el expolio de sus tierras.
– Múltiples alegaciones de abusos y torturas, incluidas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas.
– Empleo de fuerzas de seguridad militarizadas, algunas entrenadas por una empresa que dirige el hijo de Ian Craig.
– Apropiación masiva de tierras por parte de unos pocos individuos ricos, con la consecuente exclusión de los pastores de sus territorios.
– Intimidaciones, como detenciones e interrogatorios a miembros y líderes de la comunidad local.
Las áreas que ahora se encuentran bajo el estatus de “zonas de conservación” son las tierras de pastoreo ancestrales de pueblos pastores como los samburus y los masáis, que han gestionado estos territorios desde tiempos inmemoriales.
Muchas de las zonas de conservación, incluidas las privadas como OI Jogi (propiedad de la multimillonaria familia Wildenstein), ofertan ahora con safaris de lujo. Según parece, el alquiler de Ol Jogi asciende a unos 210.000 dólares semanales. Una tour operadora describe Sarara, otro de los alojamientos, como “una misión de salvación, no solo para la fauna y las praderas, si no también para el pueblo samburu”.
El informe también revela que NRT recibe millones de dólares de fondos gubernamentales (de la UE, de las agencias gubernamentales estadounidenses, de la Agencia Danesa de Desarrollo Internacional o de la Agencia Francesa de Desarrollo entre otros), así como ingentes sumas de grandes organizaciones para la conservación de la naturaleza, incluidas The Nature Conservancy, Conservation International, WWF, Fauna & Flora International, March to the Top, Space for Giants, Save the Elephants, Rhino Arkj, Tusk y la International Elephant Foundation.
Fiore Longo, directora de la campaña para Descolonizar la Conservación de Survival International, declaró hoy: “Es preocupante que NRT se decante cada vez más por el opaco y dudoso mercado de carbono y por la compensación de emisiones como fuentes de ingresos y que la UE considere la organización como modélica en su nuevo proyecto NaturAfrica, pese a las abundantes pruebas de violaciones de derechos humanos”.
El experto ecólogo y conservacionista de Kenia, Mordecai Ogada, manifestó: “NRT empezó siendo un proyecto modesto (y quizá con buenas intenciones), pero que ahora se ha convertido en una enorme burbuja, económica y socialmente insostenible, que se expande por el norte de Kenia con un poder casi gubernamental. A través de la manipulación de las estructuras culturales han atrapado a las comunidades en su modelo de ‘conservación’ engañoso y a los donantes en su enrevesada red financiera. Cuanto más tiempo perdure esta construcción, más peligroso será su inevitable desmantelamiento”.
La directora de Survival International, Caroline Pearce, considera que: “Las zonas de conservación de Kenia han promovido durante mucho tiempo una imagen de lujo en armonía con la naturaleza, de paisajes africanos prístinos y una población local feliz, a menudo con vestimenta pintoresca. Pero, como Survival lleva mucho tiempo denunciando y los investigadores del Instituto de Oakland han demostrado con creces, esto no es más que una forma de maquillar la explotación y los abusos de poder a costa de la población indígena y local”.
“Survival ha recopilado testimonios de todo el mundo en los que se detalla cómo este modelo de conservación de fortaleza lleva a los pueblos indígenas a ser expulsados de sus propias tierras, y a sufrir terribles abusos a manos de quienes los despojan. Este es otro ejemplo de por qué las prácticas de conservación dominantes deben cambiar a un nivel profundo, y por qué la tolerancia del mundo hacia las atroces violaciones que se camuflan como ‘conservación’ amistosa deben cesar. NRT tiene que rendir cuentas”.
Un año después de que dejó el cargo fue emplazado por autoridades administrativas y penales, por expresiones que realizó después de dejar la comisión, sobre casos como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Organizaciones civiles denunciaron “la persecución y la criminalización” emprendidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en contra del defensor de derechos humanos José Martínez Cruz, quien fuera de la Primera Visitaduría del organismo durante los primeros ocho meses de la presidencia de Rosario Piedra Ibarra.
Activista, al lado de Rosario Ibarra de Piedra por la presentación con vida personas desaparecidas desde los años setenta, Martínez Cruz se integró a la actual administración de la CNDH en diciembre de 2019, hasta que fue separado de su cargo en agosto de 2020.
Consideraron que “resulta indignante que en un contexto en el que prevalece en México una grave crisis de violaciones a derechos humanos, la institución Ombudsperson Nacional dedique recursos institucionales de esta envergadura a dirimir conflictos internos, máxime considerando que en nuestra historia como organismos civiles de derechos humanos no hemos visto similares empeños de la CNDH para lograr que en los ámbitos penales o administrativos rindan cuentas quienes cometen graves violaciones a derechos humanos”.
Más aún, consideraron que la “autocontención de la autonomía” y los conflictos internos “han terminado por dilapidar la oportunidad de refundar dicha institución al servicio de las víctimas y los derechos humanos”, como se comprometió Piedra Ibarra.
Las organizaciones que firman el comunicado resaltaron que el organismo “a la fecha impulsa dos procesos, uno administrativo y otro penal” en contra del defensor quien desde hace más de cuarenta años ha trabajado “al lado de las familias de personas desaparecidas, encarceladas y torturadas”, labor que incluye la creación del Frente Nacional contra la Represión en 1977, el Frente Pro Derechos Humanos de Morelos y la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos en 1989.
“Una vez que concluyó su labor al frente de la Dirección General de la Primera Visitaduría de la CNDH, José Martínez Cruz expresó públicamente diferencias con las personas que actualmente tienen a su cargo la CNDH, entre otras cuestiones respecto de la falta de investigación sobre el Ejército en graves violaciones a derechos humanos. En respuesta la CNDH ha buscado iniciarle procesos penales y administrativos”, alertaron las organizaciones civiles.
Para las organizaciones firmantes, “llevar a cabo una persecución administrativa y penal en contra de un ex funcionario por hacer uso legítimo de su derecho a la libertad de expresión, constituye un proceder que se aleja de los estándares de derechos humanos que una institución cuya misión es la defensa de los mismos está llamada a respetar más que ninguna otra”.
Las organizaciones consideraron que la embestida contra Martínez Cruz es violatorio de derechos humanos, “que constituye una muestra más de la preocupante deriva en que ha caído la CNDH, caracterizada por un ejercicio autocontenido de su autonomía y a abundancia de conflictos internos, que han terminado por dilapidar la oportunidad de refundar dicha institución al servicio de las víctimas y los derechos humanos como se esperaba en un contexto de cambio”.
Apuntaron que su confianza está en que instituciones como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), “sabrán garantizar los derechos de José Martínez Cruz e impedir que las personas que actualmente tienen bajo su responsabilidad la CNDH empleen a las instituciones para materializar represalias en contra de sus ex colaboradores”.
Las organizaciones informaron que a través de oficios, solicitaron a dicho tribunal y a la FGR que resuelvan conforme a derecho, garantizando la presunción de inocencia y derechos procesales, los cuales deben ser garantizados en todo momento a José Martínez Cruz para, así, determinar expresamente que el hoy acusado actuó en ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad de expresión e información”.
Firmaron el comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Artículo 19 y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.
En breve entrevista, José Martínez Cruz sostuvo que un año después de que dejó el cargo fue emplazado por autoridades administrativas y penales, por expresiones que realizó después de dejar la CNDH sobre casos como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “casos graves que requieren de máxima publicidad”.
“El delito que se me imputa la CNDH es el uso de información privilegiada para beneficio personal y la revelación de secretos”, indicó Martínez Cruz al destacar que “nada de eso tiene fundamento”.
Para el defensor resulta improcedente que se le acuse de revelar secretos “cuando el caso Ayotzinapa todo mundo lo conoce, es un caso que me tocó investigar, analizar y sobre eso di mi punto de vista, pero después de dejar la CNDH”.
Tras agradecer la solidaridad de las organizaciones de la sociedad civil, “que conocen mi trayectoria desde hace décadas”, Martínez Cruz destacó que dará respuesta puntual a los procedimientos emprendidos “por la institución, impulsados por quien la preside (Rosario Piedra), hasta donde yo se soy el único exfuncionario de la CNDH contra el quien se han iniciado procedimientos penales y administrativos”.
América del Norte/México/17-11-2021/Autor(a) y Fuente: oei.int
El pasado 28 de septiembre, la Oficina en México de la OEI firmó un convenio de colaboración con Derechos Infancia México, una asociación dedicada a proteger, promover, difundir y defender los derechos de la infancia mexicana, a través de acciones y programas sin perseguir fines de lucro.
Signado por la Mtra. Tania Ramírez Hernández, Directora ejecutiva de REDIM y la Mtra. Patricia Aldana Maldonado, Representante permanente en México de la OEI, este convenio refuerza el interés por ampliar, implementar y difundir programas educativos y de derechos humanos en favor de la primera infancia en México.
Asimismo, adicional a este convenio se firmó un convenio específico que materializa sus actividades con el desarrollo de una estrategia basada en la investigación y la difusión sobre el estado en que se encuentran los derechos de la primera infancia en México, para contar con elementos de incidencia positiva en la Estrategia Nacional de Atención en la primera Infancia (ENAPI).
Los resultados de esta investigación serán difundidos a través de los medios digitales de comunicación de ambas instancias a través de infografías, imágenes y videos.
Fuente e Imagen: https://oei.int/oficinas/mexico/noticias/derechos-infancia-mexico-y-la-oei-mexico-firman-convenio-de-colaboracion-para-trabajar-en-favor-de-la-infancia-de-mexico
Los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros de Educación de más de 40 países han adoptado este miércoles la Declaración de París, un llamamiento mundial iniciado por la UNESCO y Francia para aumentar la inversión en educación tras la crisis de la COVID-19.
En la Declaración se insta a todos los gobiernos a «cumplir sin demora» los compromisos asumidos en el Foro Mundial de la Educación, celebrado en Incheon (Corea del Sur) en 2015 y en la Reunión Mundial sobre la Educación de octubre 2020.
Estos compromisos son: asignar a la educación entre el 4% y el 6% del PIB y/o al menos entre el 15% y 20% del gasto público total; dedicar a la educación una proporción adecuada de los planes de estímulo para la recuperación nacional, en particular para el apoyo específico a la (re)matriculación de estudiantes marginados, la recuperación del aprendizaje y el bienestar socioemocional, así como el desarrollo de competencias para el empleo.
También recuerda el compromiso de aumentar el volumen, la previsibilidad y la eficacia de la ayuda internacional a la educación a través del cumplimiento de destinar el 0,7% del PIB de los donantes para la ayuda oficial al desarrollo (AOD) de los países en desarrollo y aumentando la participación de la AOD destinada a la educación como porcentaje del total de la AOD.
Escuelas cerradas en 65 países
Según recuerda la UNESCO, en el fragor de la pandemia, 1.600 millones de niños y adolescentes quedaron fuera de la escuela. De ellos, 500 millones de estudiantes, principalmente en países del Sur, no tienen acceso a la enseñanza a distancia. La UNESCO se movilizó rápidamente reuniendo a los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas en el seno de una Coalición Mundial por la Educación, que permitió garantizar la continuidad educativa en 112 países.
A pesar de esta movilización sin precedentes, la situación sigue siendo «preocupante» a juicio de la organización. Según el último recuento de la UNESCO, las escuelas siguen cerradas total o parcialmente en 65 países, lo que afecta a 750 millones de alumnos.
Además, en los países en los que se están reabriendo las escuelas, también es «preocupante» que algunos niños no vuelvan a clase. Este es el caso, sobre todo, de las niñas, cuya escolarización ya era un logro en algunos países de renta baja. La UNESCO calcula que 11 millones de niñas en todo el mundo corren el riesgo de no volver a la escuela después de la pandemia.
Estos riesgos para la escolarización de los niños se inscriben en un contexto mundial de falta de inversión en educación. Desde 2015, los Estados Miembros de la UNESCO acordaron financiar la educación a un nivel de entre el 4% y el 6% del PIB o entre el 15% y el 20% del gasto público, pero la mayoría de los países aún no han alcanzado este umbral. Además, parece que sólo el 1% del importe de los paquetes de estímulo posteriores a la COVID-19 se destina a la educación en los países de bajos ingresos y sólo el 2,9% en los países desarrollados.
Repensar los futuros de la educación
También este mismo miércoles, la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, y el presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, han presentado el nuevo Informe prospectivo sobre la educación. Resultado de dos años de trabajo de una comisión internacional independiente, se basa en las contribuciones de más de un millón de ciudadanos y en la experiencia de 400 Escuelas Asociadas y 200 Cátedras UNESCO en todo el mundo.
Con el título ‘Repensar juntos nuestro futuro: un nuevo contrato social para la educación’, el informe pide que se reformen los planes de estudio y los métodos de enseñanza para tener en cuenta tres grandes cambios recientes en las sociedades: los relacionados con la mundialización, el desafío climático y la revolución digital.
En particular, propone: una educación basada en los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural; la integración de la educación ambiental en todos los programas escolares; y la enseñanza de las herramientas digitales para permitir tanto su dominio manual como para inculcar a los alumnos el espíritu crítico y la distancia necesarios para su correcta utilización.
«La elección que nos espera es difícil. O seguimos por un camino insostenible, o cambiamos radicalmente de rumbo. Creo firmemente que la educación es una de nuestras herramientas más valiosas para construir un futuro sostenible. Acojo con satisfacción este informe de la UNESCO como una contribución vital a los debates que deben tener lugar en la ONU y en todo el mundo. Es una referencia fundamental para la Cumbre sobre la Transformación de la Educación prevista para el segundo semestre de 2022», ha señalado el secretario general de la ONU, António Guterres, al conocer la iniciativa.
GLASGOW – “Para mi pueblo, los efectos del cambio climático son la realidad diaria. La estación de lluvias es más corta y cuando llueve, hay inundaciones. Y hemos sufrido sequía”, aseguró la indígena wodaabe o mbororo Hindou Oumarou Ibrahim.
Para la fundadora de la no gubernamental Asociación de Mujeres y Pueblos de Chad, un efecto pernicioso es la violencia generada, porque “cuando pierde los recursos, la gente pelea por ellos, por el agua, por ejemplo”, relató a IPS luego de un foro sobre los avances de los grupos nativos en la cumbre climática de la ciudad de Glasgow, en el norte de Reino Unido.
En todo el mundo, los pueblos originarios enfrentan la ambigüedad de proteger ecosistemas, como bosques o zonas costeras, y al mismo tiempo padecen los embates de la furia climática desatada por la adicción de la humanidad a los combustibles fósiles, como sequías, tormentas destructoras y el aumento del nivel del mar.
Desde hace décadas, sus miembros han insistido en que sus conocimientos tradicionales pueden contribuir a la lucha climática. El surgimiento de la pandemia de covid-19 en 2020 ha corroborado el resultado de tratar a la naturaleza como una mercancía más.
Si bien en la última década la representación indígena ha saltado a la palestra de cumbres ambientales, como esta 26 Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que inició el domingo 31 en esta ciudad escocesa. Pero ahora quieren más y no seguir siendo solo unos convidados de piedra.
“Esperamos que la cumbre tome en cuenta a las comunidades indígenas. Tiene que haber fondos que vayan directamente a los pueblos indígenas”, pidió ante IPS la indígena q’eqchí’ Graciela Coy, de la no gubernamental Ak’Tenamit (nuestro pueblo, en q’eqchí’), que trabaja en el norte de Guatemala.
Los representantes de las organizaciones indígenas han conquistado estar en todos los escenarios de las COP. Participan como observadores en las sesiones oficiales donde se debaten los acuerdos, en la cumbre paralela de los movimientos sociales y en todos los demás foros que se enciman uno tras otro en las dos semanas de la conferencia climática.
Esa propuesta debe ser aprobada por el Grupo de Trabajo Facilitador, integrado por siete indígenas y siete representantes gubernamentales y avalado en la COP24, celebrada en la ciudad polaca de Katowice en 2018. Luego deberá ratificarla la plenaria de la 196 Partes de la COP y tiene que incluir actividades de fortalecimiento de capacidades de los grupos originarios, el mapeo de medidas para su participación dentro de la CMNUCC y de financiamiento.
Entre 2019 y 2021, el grupo efectuó 11 actividades, sin sesiones físicas por la pandemia.
Las políticas climáticas son el foco de la COP26, que concluye el 12 de noviembre, luego de ser pospuesta un año por la pandemia de covid-19.
Los delegados gubernamentales en la COP26 abordan las reglas de los mercados de carbono, el financiamiento climático por al menos 100000 millones de dólares anuales, las brechas entre las metas de reducción de emisiones y las disminuciones necesarias, las estrategias para neutralidad del carbono en 2050, planes de adaptación y el programa de trabajo sobre comunidades locales y pueblos indígenas.
Para la indígena kankanaey igorot Victoria Tauli-Corpuz, de Filipinas, es fundamental la inclusión de derechos humanos en el financiamiento a la reducción de emisiones y adaptación a los efectos de la crisis climática, así como en la creación de mercados de carbono.
“Los pueblos indígenas sufren también por las soluciones climáticas, como los proyectos de energía renovable. Debe haber salvaguardias efectivas que permitan la protección de los derechos de los pueblos indígenas” en las políticas climáticas, señaló a IPS quien fue relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas entre 2014 y 2020.
Ese respeto se ha vuelto impostergable en zonas como la Amazonia, el principal macizo selvático de América Latina compartido por ocho países y un territorio francés, cuyos habitantes indígenas han sufrido el deterioro ocasionado por la incursión de empresas agropecuarias -ganadería y soja-, de hidrocarburos y mineras, además de las construcciones de represas, vías férreas, carreteras y puertos fluviales.
Por eso, el indígena shuar Tuntiak Katan, de Ecuador, coordinador general de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, consideró a IPS que la salida de las actividades extractivas de ese ecosistema es una condición fundamental para perseverar en la protección climática.
“Los pueblos indígenas ya protegemos 950 millones de hectáreas en todo el mundo. Lo que pedimos es el cuidado de 80 por ciento de la Amazonía en 2025. Somos la voz de las mujeres, los niños y los ancianos” que sufren los impactos en los territorios, exhortó Katan, vicecoordinador de la no gubernamental Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
Un cúmulo de la evidencia científica más reciente demuestra que los pueblos nativos son los protectores más eficaces de los bosques tropicales, por lo cual se requiere de mayores esfuerzos para su conservación, ante las crecientes amenazas.
La indígena q’eqchí’ Graciela Coy (D), de Guatemala, pidió durante la cumbre climática de Glasgow que los fondos internacionales prometidos lleguen directamente a los pueblos originarios. Foto: Emilio Godoy / IPS
Prometer no empobrece
Ante los abundantes ofrecimientos efectuados en la primera semana de actividades de la COP26 para promover la tenencia indígena de la tierra y la reforestación, los pueblos originarios mostraron escepticismo y demandaron participación directa en esos esquemas.
Oumarou Ibrahim y Coy coincidieron en la definición necesaria de mecanismos para que los recursos ofrecidos lleguen directamente a los territorios.
Los líderes mundiales “deben ser nuestros socios. El financiamiento debe adaptarse a las necesidades de la gente. El asunto es cómo van a llegar los recursos directamente a los pueblos indígenas”, según Oumarou Ibrahim.
A juicio de Coy, la lucha climática requiere de asignación de fondos, que deben transferirse “a los pueblos indígenas, pues hay mucha ayuda internacional” que no siempre se materializa en las comunidades locales.
En una aceptación de lo que los pueblos originarios han reclamado por años, los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y 17 financistas privados anunciaron el 1 de noviembre la disposición de 1700 millones de dólares para ayudar a las comunidades indígenas y locales a preservar los bosques tropicales entre 2021 y 2025.
Se estima que cada año solo 270 millones de dólares se destinan al cuidado forestal y 46 millones llegan a los guardianes directos del bosque: los pobladores ancestrales.
El financiamiento multilateral directo a poblaciones aborígenes ha sido una barrera recurrente para los esfuerzos por proteger recursos naturales.
Para el total de 190 proyectos, ha desembolsado 2000 millones de dólares y otros 6000 están bajo ejecución. Además, ha comprometido otros 10000 millones para emprendimientos. Asimismo, ha registrado a 113 instituciones para recibir fondos, pero ninguna de índole indígena.
Los pueblos originarios demandan también su inclusión en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés), los compromisos voluntarios adoptados por cada país para 2030 y 2050, a fin de cumplir con el Acuerdo de París y sobre los que recae la meta aspiracional de contener el recalentamiento planetario en 1,5 grados C.
“Solo necesitamos un empujón. Estamos seguros de lo que hacemos y por eso es bueno que ofrezcan financiamiento. Pero lo que se debe hacer es abandonar el extractivismo y sacar a las petroleras, mineras y las empresas agropecuarias de nuestros territorios, y aplicar una visión holística, con la visión de los pueblos indígenas”, urgió Katan.
Aunque la COP26 no arroje los resultados deseados por los pueblos indígenas, seguirán con el cuidado de los recursos naturales y con su exigencia de justicia climática.
Grupo de sociedad civil que acompaña el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030 en la región organizó diálogo virtual para recoger insumos sobre la temática, los cuales se presentarán al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible
Se realizó el 6 de octubre, el diálogo virtual “Brecha digital, acceso a la información y educación”. La sesión de trabajo fue organizada por el Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT) del Mecanismo de Participación de Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible (FPALCDS). Este Foro es la instancia oficial de seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4 – referido a la educación, en ámbito regional.
La sesión forma parte en una serie de reuniones que tiene el objetivo de desarrollar los temas de trabajo definidos por GEACT, proponiendo políticas públicas para la solución de los problemas identificados. Se busca además incidir positivamente en los procesos de toma de decisiones sobre los ODS en la región, de manera que los resultados del trabajo del GEACT serán presentados en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para los primeros meses del año 2022.
En el diálogo de ayer, se identificaron problemas relacionados a los temas educación, academia, ciencia y tecnología, y a la vez se plantearon soluciones viables en época de pandemia y postpandemia.
Participaron: Pablo Cavataio, Asesor de la Vicepresidencia de ARSAT Argentina; Maximiliano Estigarribia, Director de ETIS, Argentina; Javier Tolcachier, de la Agencia Pressenza en Argentina; Ana Gabriela Castro Fuentes, del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica; Luis Bonilla Molina, de Otras Voces en Educación Venezuela; y Mauro Jarquín, del Observatorio Latinoamericano y Caribeño de Organismos Multilaterales, Bancas de Desarrollo, Cooperaciones Tecnológicas y Filantropía de México, bajo la moderación de Nora González Chacón, de la Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica (ACED).
Según Javier Tolcachier, la Internet, un espacio tan vital para nuestra interacción social, ha ido mutando en sus características, alejándose de todo posible control democrático y siendo cada vez más permeada por los intereses mercantiles corporativos. Intereses que concentran poder y riquezas en un puñado de empresas transnacionales que van ejerciendo un control de facto sobre los contenidos que circulan por la red.
“Sí!, la internet y sus tecnologías conexas, que idealmente pudieran servir para una mayor democratización del conocimiento y del quehacer político, que pudieran contribuir a una mejor distribución del bienestar y el patrimonio colectivo de la humanidad, se encuentran intervenidas por intenciones monopólicas particulares, que impiden o dificultan que aquello se realice. De allí que es imprescindible analizar con mayor precisión cuáles son las intenciones y procesos que subyacen a la instalación de este modelo tecno-digital, cuáles son sus principales impactos y su posible devenir”, destacó.
El GEACT mensualmente implementa una reunión de trabajo de una hora y media a dos horas, en la que cada uno de sus grupos temáticos presenta datos relevantes sobre los desafíos existentes e identifica o propone soluciones. La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) forma parte en el GEACT, representada por Nora González Chacón, de la ACED, y Marcela Browne, de Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
En estos encuentros, se propone reunir insumos para la elaboración de un pequeño documento base, que se discutirá nuevamente con los grupos de trabajo previo a su envío al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible el 2022.
Los próximos encuentros de la serie, discutirán: Migrantes y derecho a la educación (17 noviembre de 2021), Derecho a la Educación e inclusión a lo largo de la vida (26 de enero de 2022); Presentación de documento final (28 de febrero de 2022).
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