La paz no es la antítesis de la guerra. La paz lo abarca todo.
El ejemplo de algunos líderes mundiales como Nelson Mandela, Martin Luther King o Mahatma Gandhi nos dejó grandes enseñanzas. Una de ellas es que la búsqueda de la paz nunca está exenta de violencia. Perseguidos y encarcelados por pregonar ideas contrarias al sistema establecido, su fuerza moral los sostuvo durante años de persecuciones y campañas de desprestigio por parte de los círculos de poder. Dos de ellos –Gandhi y Luther King- fueron asesinados en un inútil y tardío afán de callarlos.
De esa capacidad de resistencia, de esa solidez intelectual y humana surgió el mensaje de estos pensadores, cuya esencia transformó de manera radical la manera de ver al mundo y dejó para la posteridad el mensaje de que el respeto de los derechos humanos de las grandes mayorías es el único camino posible hacia la paz y el desarrollo.
La resistencia pacífica fue, coincidentemente, una de las estrategias utilizadas por estos tres personajes de la historia del siglo veinte. De ella emanó la certeza de que sin perseverancia, sin una conciencia clara del porqué de la lucha y sin la convicción de cuál es el camino correcto para transformar las condiciones de vida, no hay esperanza de cambio. Pero además, constituyó todo un ejemplo para las generaciones del futuro respecto de la importancia de buscar la paz a través de la verdad como única manera de lograr la reconciliación. En ese camino hacia el entendimiento, todos los senderos pasan por la justicia. Por ello un sistema diseñado para favorecer a unos pocos en desmedro del resto de la población, se interpondrá de manera inevitable en la búsqueda de la paz.
Para restablecer el imperio de la justicia, el conocimiento es básico. La búsqueda de la verdad en países agobiados por la violencia pasada y presente, con una historia de conflicto bélico y un gran porcentaje de sus habitantes viviendo bajo la línea de la pobreza, implica un proceso de catarsis, revelación y recuperación de la identidad alterada por décadas de silencio y represión. La reconciliación y el perdón, por lo tanto, constituyen ingredientes básicos en esta fórmula cuyo objetivo es la reconstrucción del tejido social para conformar una sociedad más justa e igualitaria.
La consecución de estos objetivos chocará frontalmente con la resistencia feroz de quienes sostienen en sus manos las riendas del poder político y económico, al considerar como una amenaza la participación de la población en procesos de cambio incluyentes, capaces de abrir las estructuras de poder para garantizar una auténtica democracia. Es una guerra solapada contra cualquier intento de democratización de las instituciones que conforman la base del sistema. El miedo los lleva a cerrar filas en contra el cambio y, de paso, a crear mecanismos destinados a deslegitimar esos esfuerzos.
La paz, tal como nos enseñaron esos grandes líderes, representa la culminación de procesos radicales y profundos de transformación social. Significa la plena aceptación de los derechos de los otros, la reivindicación de su sitio en la sociedad, el respeto a las diferencias y el combate a la injusticia. No hay otro modo de alcanzarla.
Los sueños de paz chocan contra los grandes poderes que lo definen todo.
Fuente de la información e imagen: https://insurgenciamagisterial.com/una-guerra-solapada/
Por J. Fernando González Lozada, Paola A. Vargas Moreno
Los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de Latinoamérica han tenido que emprender una larga y sentida lucha para poder acceder a la educación.
Desde la creación de los Estados-nación, distintos han sido los procesos de exigencia para lograr el reconocimiento de sus comunidades como sujetos de derecho; en el campo educativo, ha implicado desde negociar la creación de escuelas y universidades en territorios rurales (geografías contrasistémicas), hasta demandar proyectos educativos culturalmente pertinentes (atentos a las realidades, epistemologías e idiomas propios) e, incluso, exigir el respeto de las autonomías locales y los proyectos político-pedagógicos que emanan de sus procesos organizativos. Diversos también han sido los obstáculos, asedios y cierres que han sufrido estos proyectos educativos gracias a la intervención del Estado y los grupos de poder en turno; barreras que oscilan entre trampas y laberintos jurídicos para obtener certificación institucional hasta el franco ataque de la fuerza armada (No olvidamos las acciones contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en México en 2014 o el ataque a la escuela Florestán Fernández del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil en 2016, por colocar algunos ejemplos).
En este marco, en un intento por identificar las principales tensiones que configuran la relación entre Estados-nación y proyectos educativos propios (educativos étnico-culturalmente situados), iniciamos un recorrido tras las huellas que nos permitan develar cómo se presenta y explica la disputa por la educación en América Latina (y con ella, los límites de la educación permitida para el indígena / el campesino / el afrodescendiente). Para ello, realizamos un breve recorrido por Bolivia, Ecuador y México rememorando algunas experiencias que dan muestra de dichas tensiones.
Cerramos este trabajo compartiendo la experiencia de la Universidad Autónoma de la Comunalidad de Oaxaca (UACO) en apoyo solidario con sus luchas históricas y a sus reclamos actuales.
Escuela-Ayllu de Warisata (Warisata, Bolivia)
Escuela ayllu de Warisata. Fotografía proporcionada por la Dra. Adriana Mariscal.
Durante poco más de 9 años (1931-1940) floreció en Bolivia la Escuela-Ayllu de Warisata, ícono de la resistencia indígena y de la pedagogía comunitaria latinoamericana. En un escenario político en el que se debatía si los pueblos indígenas eran sujetos de derecho o no, dos profesores, Avelino Siñani (indígena aymara) y Elizardo Pérez (mestizo), organizados con las comunidades del altiplano, se decidieron a fundar una escuela para la liberación de los indígenas: una apuesta educativa que reconstituyera la dinámica territorial del ayllu andino (gobierno autosustentable, cargos comunitarios y posesión colectiva de la tierra); con base en el trabajo individual y colectivo, en donde el consejo amawta (sabios – autoridades comunitarias) llevara la dirección de la escuela y animara la participación de las comunidades en el proyecto pedagógico para que, en conjunto, se hiciera una educación desde y no para los indígenas.
Durante esa década se logró estructurar un proyecto educativo que abarcaba desde la primaria hasta una normal de maestros con 16 núcleos distribuidos por el país. También se desarrollaron talleres sobre agricultura, ganadería, carpintería, mecánica, hilado, alfarería, danza, literatura, plástica, música y la recuperación de la lengua originaria para el fortalecimiento de la identidad indígena.
Los objetivos que signaban la modernización educativa de la época se colocaban en un segundo lugar mientras que las necesidades, saberes y quehaceres de las comunidades se consolidaban como protagonistas en el proyecto político-educativo.
Desde sus inicios, el proyecto de la Escuela-Ayllu de Warisata tuvo fuertes oposiciones, no solo por parte de los grupos de poder del altiplano, sino de las mismas instituciones educativas del Estado. Tal fue el encono que generó, que en 1940 se creó un Tribunal Investigador, integrado por aquellos que se oponían a la escuela, destinado a revisar y enjuiciar su obra. Como en su momento lo denunciaba el profesor Elizardo Pérez, en su informe final el Tribunal señalaba la “Falta de orientación pedagógica definida que responda a los fines que el Estado persigue para incorporar al indio a la actividad económica del país; las escuelas indígenas son de simple alfabetización, y en ellas no se da importancia a las prácticas agropecuarias que harán del indio un labrador menos rutinario” (Pérez, 1963: 283). Como es de suponerse, el informe continuaba bajo esta perspectiva colonial que recordaba el lugar subordinado asignado al indígena tanto en el Estado-nación como en el proyecto educativo nacional, situación por la que el fallo de la Corte fue el despido de maestros y directores de varios núcleos educativos, la instalación de docentes y directivos conformes a la perspectiva educativa del Estado y, finalmente, el cierre de la Escuela.
En este contexto, no es coincidencia que, como ejemplo de los procesos de disputa por la educación liderados por las comunidades organizadas frente al Estado, podamos señalar que para el mismo año en el que fue clausurada la Escuela-Ayllu (1940) también se realizó el Congreso Indigenista Interamericano en Pátzuaro, México, evento que inauguró y posibilitó la instauración de las políticas indigenistas que permearon las políticas educativas del continente. Valga subrayar que este mismo encuentro, pero pensado desde una perspectiva crítica que apuntaba hacia la liberación de los indígenas, se había propuesto para que se realizara en Warisata; sin embargo, esto fue impedido por las autoridades bolivianas.
Herederos de experiencias como la vivida en Warisata, en las últimas décadas hemos asistido a la construcción de numerosos proyectos político-pedagógicos emanados desde los movimientos sociales, desde las comunidades organizadas; la apuesta común es por una educación propia frente a la educación impartida desde el Estado y el sistema privado. Como parte de estos procesos, indígenas, campesinos y afrodescendientes han animado la creación de universidades que respondan a sus necesidades, su lengua, su historia, su epistemología, sus horizontes políticos y formas de aprendizaje ancladas a su territorio. Los resultados y experiencias han sido diversos, pero comparten retos en común, muchos de estos vinculados a las desigualdades e injusticias propias de la relación que mantienen con los Estados (modernos/coloniales) que los pretenden contener; entre otros: las dificultades para lograr legalidad y certificación; las complicaciones que enfrentan ante la necesidad de sostenimiento y permanencia para su consolidación; las tensiones emergentes ante la validación de epistemologías propias (desde donde se diseñan currículos y metodologías); y los desafíos que implica construir una educación en clave emancipadora.
Ahora, presentamos tres ejemplos desde la educación superior, más cercanos a nuestros días, para ir identificando continuidades.
Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) (Guerrero, México)
Fotografía: Paola Vargas. Sede de la UNISUR, Santa Cruz del Rincón. Montaña de Guerrero, 2016.
La UNISUR fue un proyecto que aglutinaba comunidades Mè´phàà, Náhuatl, Tu´un savi, Ñomndaa, afrodescendientes y mestizas que buscaban recuperar el pensamiento indígena y contribuir a la construcción de una sociedad intercultural, a través de un proyecto educativo que estuviera orientado “[…] hacia la formación de intelectuales que sean capaces, desde su propio universo y sustento cultural, abordar la solución de los problemas propios de su comunidad” (Santos, Méndez, Flores, Muñiz y Pimienta, 2006: 3). La UNISUR operó desde el 12 de octubre de 2007 hasta su gradual desintegración en 2019, con cinco sedes o unidades académicas previstas en su estudio de factibilidad donde se impartían: 1) Gestión Ambiental Comunitaria; 2) Gobierno de Municipios y Territorios; 3) Cultura, Lengua y Memoria; 4) Justicia y Derechos Humanos. Además, de manera intermitente, tres unidades más emergieron de necesidades coyunturales; así como se procuró la apertura de dos licenciaturas más que no lograron consolidación (Salud Comunitaria y Pedagogía Intercultural).
En su relación con el Estado, distintas fueron las problemáticas que enfrentaron desde sus comienzos. A pesar de todo el trabajo comunitario, organizativo y pedagógico que sostenía la propuesta inicial, el proyecto no logró aprobación al ser presentada ante la recién creada Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) en el año 2006. Burlando los trabajos de negociación previos, los funcionarios desconocieron la propuesta de la UNISUR y, por su parte, crearon la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) bajo una lógica indigenista, integracionista y neoliberal que ha permeado la región durante las últimas décadas y que, en esta ocasión, se encarnaba en la propuesta de la educación intercultural emanada del Estado. Al no ajustarse la propuesta al deber ser diseñado por las instituciones del Estado (desde arriba y desde afuera), la oficialización nunca llegó.
A pesar de no contar con el reconocimiento oficial, la UNISUR inició acciones en el año 2007 “[…] por mandato de las autoridades civiles y comunitarias de los pueblos indígenas y afromestizos del Estado (Acta de Congreso. 26 de mayo de 2007)”. Operó durante un poco más de 10 años y formó a cinco generaciones de estudiantes indígenas, mestizos y afrodescendientes. La universidad era sostenida por las comunidades, las y los académicos que no cobraban sueldo, y a través de donaciones y convenios con otras universidades. Su proyecto político-pedagógico se organizaba a través de un sistema modular de enseñanza cuyos ejes problemáticos buscaban la reflexión cruzada y el diálogo de saberes; un tronco común para las distintas licenciaturas; la relación horizontal entre estudiantes y profesores; la modalidad semipresencial que reunía durante 4 días a profesores y estudiantes dos veces al mes; círculos de reflexión, talleres y seminarios de investigación comunitaria; y los trabajos en vínculo con las comunidades (Durán, Gaussens y Vargas, 2016).
Al final el proyecto fue insostenible por la falta del registro oficial esperado por las comunidades, la imposibilidad para expedir certificados de las licenciaturas en marcha, las dificultades para sostener económicamente el proyecto y las diferencias al interior, muchas de ellas derivadas de estas mismas tensiones. Sin embargo, fruto de la capacidad organizativa comunitaria y el trabajo mancomunado que dio vida a la propuesta, también son varios los logros que reconocen los y las jóvenes de las comunidades ante la posibilidad de acceder a la educación universitaria: la construcción de conocimientos colectivos en donde se recuperan y valoran los saberes locales, la participación en procesos organizativos y de lucha en diversos territorios de Guerrero, la resolución de problemas comunitarios y la implementación de proyectos diversos que ahora impulsan sus egresados. Su eco sigue nutriendo experiencias educativas y organizativas en la montaña de Guerrero a través de sus egresados y docentes.
Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador Amawtay Wasi (UINPI-AW / UIAW) (Pichincha – Loja – Macas, Ecuador)
Fotografía: Paola A. Vargas. UIAW en la Marcha “Defensa de la Plurinacionalidad, la Soberanía y los Recursos Naturales”, 11 de marzo de 2008.
La Amawtay Wasi (casa de la sabiduría en Kichwa) surge como proyecto de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), a finales de la década de 1990, cuando se debatía al interior de la organización la necesidad de un sistema de educación superior diferente al tradicional. Su materialización se deriva de un proceso político de movilizaciones, negociaciones y conquistas adelantado durante un poco más de dos décadas. Después de largas disputas políticas con el Estado, diversas barreras jurídicas, amplias movilizaciones, consultas con las comunidades y, la elaboración de un proyecto de universidad, la UIAW logra su oficialización mediante la Ley de la República No. 2004-40 del 28 de julio del 2004, bajo la modalidad de “[…] institución particular, autofinanciada, con personería jurídica, sin fines de lucro, descentralizada y con autonomía académica, administrativa y financiera” (Sarango, 2009: 193-194).
El proyecto político-pedagógico de la Amawtay Wasi, aunque predominantemente kichwa, procuraba la participación de las comunidades, tanto de la sierra como de la amazonia, a través de la puesta en práctica de una pedagogía propia fundamentada en principios de la cosmología andina (vivencial simbólico, de relacionalidad, de dualidad complementaria, y de reciprocidad; comprensión del tiempo en espiral; organización a través de la chakana).
Entendiendo el proceso educativo como un aprender para desaprender, la propuesta buscaba recuperar los saberes y metodologías ancestrales, poner en diálogo las epistemologías propias con el conocimiento occidental en un esfuerzo por construir una sociedad intercultural, fortalecer el vínculo de respeto y comunión con la pacha mama (Madre Naturaleza), promover la investigación al servicio de la comunidad, y consolidar una educación superior para el sumak kawsay (Buen Vivir). Se pusieron en marcha los pregrados de Arquitectura con mención en Arquitectura Ancestral, Ingeniería Agroecológica, y Ciencias de la Educación con mención en Pedagogía Intercultural; también los postgrados de Investigación Intercultural, Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, y Gestión del Desarrollo con Identidad para el Buen Vivir Comunitario; esto además de la formación de promotores de Agroecología y Liderazgo, Liderazgo y Turismo Comunitario, y Comunicación Intercultural y Comunitaria a través de Comunidades de Aprendizaje.
Después de institucionalizado el proyecto, no sin dificultades legislativas para la apertura de las diversas sedes en cada uno de los territorios indígenas que así lo demandaban, la universidad permaneció en funcionamiento hasta que, durante el gobierno del presidente Rafael Correa, tras un proceso de evaluación a la educación adelantado entre el año 2010 y 2017, conocido como la “Revolución Educativa”, el Consejo de Educación Superior (CES) dictaminó la suspensión de la UIAW por no cumplir con los parámetros de calidad establecidos en la nueva Ley Orgánica de Educación (LOES, 2010). El acto fue denunciado por el movimiento indígena ecuatoriano como una violación a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas, un acto discriminatorio, racista y etnocida:
Resulta ser paradójico, le cierran la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas “Amawtay Wasi”, pero al mismo tiempo crean cuatro universidades de corte eurocéntrico y colonial, uno de ellos plagiado con nombre indígena. El objetivo de estas universidades es revivir el neoindigenismo de los años 50, lo que significa en esencia la recolonización de las Nacionalidades y Pueblos indígenas, la asimilación cultural, económica, social y política, el desmantelamiento y desaparición como naciones diversas y originarias. (UNPFIP, 2013: s/p)
A pesar de la suspensión, y gracias al capital político acumulado, la UIAW se reinventó para seguir funcionando. En un primer frente, la universidad mantuvo encuentros con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) y abrió una sentida lucha en la arena pública internacional para reclamar la reapertura. En un segundo frente, y viendo pocos resultados del reclamo insistente ante el CEAACES, la institución optó por constituirse como organización civil para adelantar investigaciones y promover una educación propia y con enfoque intercultural, la UIAW se refundó bajó el nombre de Pluriversidad Amawtay Wasi mediante Acuerdo No. 2884 el 4 de diciembre del año 2013.
Para agosto de 2018, bajo el gobierno de Lenin Moreno, tras una aparente disposición de diálogo fundamentada en un recurso legal que subrayaba que “suspensión” no era “cierre” y que entonces era posible actualizar la lucha por la reapertura, se instauró de nuevo la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, ahora como institución pública comunitaria, pero sin la participación directa de pueblos y nacionalidades, pues la negociación dejó por fuera a los fundadores, los procesos territoriales previos y los fundamentos originales de la UIAW-CONAIE. En este marco, se espera la apertura de trabajos para el segundo semestre del año 2021. El pulso por los contenidos válidos y “de calidad” que conformarían la educación superior intercultural oficial en Ecuador, fue ganado por el Estado entre violaciones a los derechos de pueblos indígenas y trampas legislativas.
Universidad Autónoma de la Comunalidad de Oaxaca UACO (Oaxaca, México)
Fotografía tomada del Facebook «Ipxyuujkpet Wejkataajjk Unicem.»
El 1 de septiembre del 2020, en la comunidad mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, se realizaba la ceremonia de entrega de reconocimientos de las autoridades que conformarían a la Universidad Autónoma de la Comunalidad UACO, casi ocho meses después de que el Congreso del Estado aprobara el Decreto para su creación.
De acuerdo a la Ley Orgánica esta Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca será un organismo descentralizado del Estado con presencia en las ocho regiones del estado, en donde se impartirían estudios de licenciatura, maestría y doctorado y cursos de actualización. Así como de especialización, con enfoque en la formación de sujetos profesionales con sensibilidad y conocimientos comunitarios con el propósito de preservarlos y difundirlos (Matías, 1 de septiembre de 2020).
Este acto legislativo (con poder fáctico administrativo-presupuestal, pero también simbólico en el campo de disputa por la educación en Oaxaca) instituía y oficializaba los trabajos realizados desde hace más de dos décadas por comunidades organizadas, intelectuales indígenas y aliados de la academia local quienes apostaban a la creación de una universidad desde y para la comunalidad.
En sus 16 Centros Universitarios Comunales (CUC) distribuidos por distintas regiones del estado, la propuesta en marcha se basa en el respeto, la promoción y la preservación del patrimonio histórico y cultural de los pueblos originarios y comunidades indígenas de Oaxaca, y se plantea “[…] un proceso de formación propia y autónoma, que permita a los sujetos la construcción del camino de vida” (UACO, 2020). Parafraseando al docente e investigador ayuujk, Rigoberto Vásquez García, Coordinador Académico de la UACO, este reconocimiento de los conocimientos locales y las metodologías propias de enseñanza-aprendizaje, conocimientos y metodologías que trascienden lo aúlico, lo teórico y lo académico, implica un situar “desde donde se apuesta por la vida” pues “no se trata de volver al pasado; queremos traer al presente la memoria colectiva de los pueblos para reconfigurar y redefinir un futuro de complementariedades y comunalidades contextualizadas territorialmente”.
En un intento por romper la lógica desde donde opera la interculturalidad propuesta por el Estado mexicano (una interculturalidad indigenista, paternalista, apenas de traducción y transcripción), apostar y construir desde y para la comunalidad implica disputarle al Estado (desde lo epistémico, lo organizativo, lo pedagógico) la educación posible para pueblos y comunidades indígenas en un ejercicio de autonomía.
Esta apuesta político-educativa, la propuesta de comunalidad, implica una defensa por la vida y para la vida en donde se coloca en el centro el trabajo desde las realidades construidas entre humano y naturaleza, el trabajo colectivo, el poder comunal, el Wëjën Kajën (abrir la mente – desmenuzarla), y el educar con el ejemplo. La ruptura con la educación tradicional es necesaria pues la apuesta abre un espacio en donde el otro y lo otro es complementario, pero también, en donde la espiritualidad, el sueño, el cuerpo, y la naturaleza son componentes medulares del quehacer educativo y la comprensión del mundo (Rigoberto Vásquez García, 2021).
De acuerdo con Jaime Martínez Luna, uno de sus fundadores y actual rector “[…] en un ejercicio desde la academia y la comunidad, representará dejar de lado las políticas diseñadas para homogeneizar la sociedad, indagar en otras fuentes de razonamiento y reconocer los conocimientos de los pueblos originarios” (Martínez, 2020).
Como se hace evidente, el reconocimiento de la Ley Orgánica de la UACO por parte del Congreso del Estado (publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 20 de abril de 2020) representó uno de los mayores logros educativos de las comunidades indígenas de Oaxaca, México y de toda Latinoamérica. Sin embargo, el 31 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su comunicado de prensa No. 258/2021 declaró:
SCJN INVALIDA LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA POR FALTA DE CONSULTA PREVIA.
[…] La SCJN determinó que los preceptos invalidados incidían directamente en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca, en virtud de que se trata de una institución estatal destinada a la atención de las necesidades de educación superior de estas comunidades. Por tanto, existía la obligación de consultar a dichos grupos de manera previa a la expedición de la ley, de conformidad con los artículos 2° de la Constitución General y 6 del Convenio 169 de la OIT, lo cual no fue llevado a cabo. (SCJN, 31 agosto de 2021)
A través de este comunicado se expresa la invalidez de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca; “[…] afirmación que desconoce, de un lado, la larga trayectoria de resistencia de los pueblos de Oaxaca y la puesta en práctica de experiencias de educación comunal que respaldan el surgimiento de la UACO y, de otro, las formas propias de consulta y acuerdo de las comunidades oaxaqueñas.” (Pronunciamiento Educadorxs).
Ahora se iniciará un largo proceso legal y de tensión política entre las comunidades y aliados que impulsan la UACO y el Estado para continuar con la viabilidad de la propuesta, proceso en el que la UACO exige, por la pluriversidad del pensamiento de sus pueblos:
Un trato de respeto digno, de toda institución gubernamental del país frente a la UACO. / Atención inmediata por todos los órdenes del gobierno estatal y federal. Específicamente por parte del gobernador del Estado de Oaxaca. / Rechazamos modelos educativos impuestos a las comunidades / Por una existencia común que incluya todas las diversidades (UACO, Comunicado 01/2021).
Comentarios finales para abrir la reflexión
Las experiencias antes señaladas son ejemplos de la disputa histórica por la educación entre las comunidades organizadas y el Estado. La educación superior en Latinoamérica es el escenario de mayor exclusión ante el derecho de acceso a la educación para la población en general y más aún, cuando se habla de población indígena, afrodescendiente o de zonas rurales. Las causas son variadas, se entrelazan, se arrastran como lastres a pesar de décadas de luchas. Por un lado, están las condiciones de violencia estructural de quienes aspiran a los estudios universitarios, ya que ingresar, sostener y lograr titulación en este nivel implica mayores gastos, aún en universidades públicas.
Por otro lado, el número de universidades públicas resulta insuficiente para atender la demanda en crecimiento en la mayoría de los países latinoamericanos, incluso en un sistema amplio como el mexicano. Además, éstas presentan un patrón de concentración en las ciudades; de esta forma, la población rural, indígena, afrodescendiente o campesina se ve obligada a migrar para acceder a la universidad y asumir los gastos que esto implica en cuanto a vivienda, alimentación, transporte y los gastos propios de la escuela. Finalmente, los contenidos y metodologías hegemónicas que sostienen los procesos de ingreso, evaluación, enseñanza-aprendizaje y titulación, son incapaces y no están interesados en establecer diálogos epistémicos, político-educativos reales con otras fuentes de conocimiento, otras formas de hacer educación, de ver y construir el mundo.
Por lo tanto, podemos afirmar que la desigualdad en el acceso a la universidad está mediada por las (im)posibilidades de la clase social, visiones coloniales (racistas y paternalistas) normalizadas por un determinismo geográfico injusto e impertinente.
Como respuesta, el Estado neoliberal ha favorecido el incremento de universidades particulares en toda la región. Tan solo en el periodo del 2000 al 2013 las universidades particulares en América Latina alcanzaron a conformar la mitad de los espacios institucionales de educación superior: “Alrededor de un cuarto de las instituciones de educación superior (IES) que existen hoy abrieron sus puertas en ese mismo período —muchas del sector privado— elevando la cuota de mercado de las IES privadas de 43 a 50 por ciento entre comienzos de la década de 2000 y 2013” (Banco Mundial, 2017).
En contraste, para los movimientos sociales y organizaciones comunitarias que buscan construir proyectos educativos propios, las pautas legales del Estado son uno de los principales obstáculos, aunque no son los únicos. Cuando se ha logrado la certificación de alguna universidad impulsada desde la sociedad organizada, el Estado mantiene su control y recuerda los límites de lo permitido/funcional a través de distintos mecanismos: la regulación presupuestaria; la designación de directivos y docentes acordes al régimen; la reconfiguración de los planes y programas de estudio en nombre de términos empresariales como “calidad”, “eficiencia”, “productividad”; la aplicación de evaluaciones punitivas desde arriba y desde afuera, y la desvinculación entre los proyectos instituidos y las comunidades que los impulsaron; varias universidades interculturales de Latinoamérica son un triste ejemplo de esto.
En las respuestas del Estado se hacen evidentes determinaciones clasistas, coloniales, racistas, urbanocéntricas y centralistas que ponen los más diversos obstáculos para quienes buscan una educación propia frente al monismo pedagógico gubernamental y el intento de actualizar el proyecto de mestizaje homogenizante nacional. Predomina la visión positivista que impide, niega y cancela las diversas epistemologías y formas de organización que emanan de las comunidades indígenas, afrodescendientes o campesinas.
Si bien los proyectos educativos surgidos desde los movimientos sociales han sufrido varios golpes, los mismos se mantienen en resistencia constante a través de sus variadas formas de lucha. En estos momentos, resta hermanarse con la movilización que realizan las comunidades organizadas en la defensa de los proyectos educativos autónomos, como los de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, para que decenas de pueblos puedan ver florecer proyectos educativos en clave emancipadora, pues como diría Gioconda Belli “La solidaridad es la ternura de los pueblos”.
Anexamos el Comunicado 01/2021 de la Universidad Autónoma de la Comunalidad frente a la resolución de la Corte Suprema de Justicia y el Pronunciamiento en apoyo de lxs educadorxs de México y América Latina, documento promovido por los facilitadores y estudiantes del taller «Interculturalidad crítica y artilugios desde el arte».
Banco Mundial (mayo 17 del 2017). La educación superior se expande en América Latina y el Caribe, pero aún no desarrolla todo su potencial. Obtenido de
Durán, M.; Gaussens, P. y Vargas, G. (2016). La Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) en Guerrero: una lucha de los pueblos originarios por su educación frente al Estado. Ponencia en el II Encuentro Internacional de Pedagogía Crítica, Ciudad Universitaria.
Sarango, L. (2009). Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas «Amawtay Wasi». Ecuador / Chinchaysuyu. En Daniel Mato (coord.), Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina. Procesos de construcción, logros, innovaciones y desafíos. Caracas: Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC), 191-214.
Santos, H. et al (2006). UNISUR. Estudio de factibilidad. Chilpanchingo, Guerrero, México: s/e.
Suprema Corte de Justicia de la Nación (31 de agosto de 2021). SCJN INVALIDA LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA POR FALTA DE CONSULTA PREVIA. Obtenido de:
Vásquez García, R. (28 de agosto de 2021) Intervención en el Taller «Interculturalidad crítica y artilugios desde el arte» del Instituto Estatal de la Cultural en Guanajuato.
Autores
* J. Fernando González Lozada. Docente en el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, realiza investigación sobre los proyectos político-pedagógicos desde los movimientos sociales en Latinoamérica. Correo electrónico: geo_fer2001@yahoo.com.mx
** Paola Andrea Vargas Moreno. Docente, acompañante e investigadora en procesos educativos para pueblos indígenas a nivel superior y educación intercultural. Correo electrónico: paolakahlo@gmail.com
Imagen de portada: Foto de Carlos Salazar Mostajo que fue profesor, escritor y pintor boliviano. Es considerado como el ideólogo de la Escuela-Ayllu de Warisata, primera normal de maestros indígenas de Bolivia, fundada el 2 de agosto de 1931 en Achacachi, La Paz.
Estudiantes de Servicio Social del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias buscan informar y sensibilizar a la sociedad sobre la condición de vida de la población penitenciaria.
El Concurso Anáhuac México de Carteles de Investigación es un evento dirigido a alumnos de licenciatura y posgrado que organiza la Dirección de Investigación para promover la investigación entre alumnos de la Universidad Anáhuac México.
El cartel es uno de los productos más comunes en investigación como resultado del estudio científico de algún tema. Su objetivo es comunicar con mucha claridad y precisión, en un mínimo de palabras y elementos gráficos, la información esencial de una investigación.
Se trata, por tanto, de un ejercicio de síntesis. Por ello, aquí te presentamos uno de los carteles finalistas del XI Concurso Anáhuac México de Carteles de Investigación, la edición de mayor participación histórica con 213 carteles inscritos (125 en la categoría de Licenciatura y 88 en la de Posgrado) que fueron analizados y evaluados por 35 investigadores.
Mariana Gámez Durán, Elisa Patiño Monarres y Daniela Michelle Vargas Loyde, estudiantes de Servicio Social del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias (CII), finalistas del XI Concurso Anáhuac México de carteles de investigación, recabaron datos de una investigación realizada por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias (CII) de la Anáhuac para conocer factores sociodemográficos de las personas privadas de la libertad en 15 Centros de Prevención y Reinserción Social (Ceresos) del Estado de México.
Reconociendo a los olvidados: las barreras de las personas privadas de la libertad
Introducción
La población penitenciaria es un sector altamente invisibilizado por la sociedad mexicana. De acuerdo con Scarfó (2002), la vulnerabilidad social que experimentan estas personas los conforma como entes tendentes a ser excluidos, marginados, a la violencia, la ociosidad y demás carencias. El resultado de esta indiferencia es que las personas privadas de la libertad (PPL) son olvidadas y no tomadas en cuenta como agentes sujetos de derechos humanos, situación que fomenta un ambiente hostil e inhumano.
En palabras de Cirilo (2014), la privación de la libertad es una pena legalmente justificada, no obstante, este no debe incluir el despojo de otros derechos humanos y civiles. De acuerdo con nuestra Constitución, el encarcelamiento se enfoca en privar la libertad ambulatoria de los internos, pero no debe atentar con otros derechos como el trabajo, alimentación, salud, educación, entre otros.
Objetivo
El presente trabajo tiene por objetivo informar y sensibilizar sobre la condición de vida de la población penitenciaria a partir del análisis de algunos datos cuantitativos que muestran quiénes son y la realidad que estas personas viven.
Metodología
Los datos mostrados en el presente cartel fueron extraídos de una investigación no experimental, transversal y descriptiva realizada por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias (CII) de la Universidad Anáhuac México. Esto en función de cuestionarios autoaplicados para conocer factores sociodemográficos de las personas privadas de la libertad en 15 Centros de Prevención y Reinserción Social (Ceresos) del Estado de México a una población de 23,841 varones con una muestra de 4,359.
Reconociendo a los olvidados: las barreras de las personas privadas de la libertad
Resultados y Conclusiones
Con base en lo expuesto en la sección anterior, se pueden hacer las siguientes observaciones. En primer lugar, es pertinente tomar en cuenta el porcentaje de PPL que no alcanzó la educación media superior antes de ingresar al Cereso (65.62%). Por otro lado, el 74.67% tenía un trabajo previo a entrar al penal, pero solo el 1.36% fue despedido por mal desempeño. Dentro de la percepción de mayor problema en la familia antes del ingreso al penal, el 62.97% no percibía que había algún problema en casa. Asimismo, es pertinente resaltar que la percepción de problemas emocionales con la familia o pareja (7.66%) supera al problema por consumo de drogas (5.75%) y la violencia (1.67%). Finalmente, se resalta que la edad de ingreso al penal está concentrada en las edades de 18 a 29 años (50.79%) y decrece de manera importante después de este rango de edad.
Como cierre, se puede destacar la importancia de indagar en la percepción de mayor problema en la familia, ya que a pesar de que las PPL indicaron no percibir ninguno, esto se puede explicar debido a la normalización de la violencia y patrones maladaptativos culturalmente. Aunado a esto, se debe de dejar de ver a las PPL como sujetos ajenos a la sociedad, ya que como los presentes datos muestran, su dinámica de vida no difiere del resto de la población. Es necesario que exista un cambio en la percepción de esta población para que pueda dar pie a que se mejore su calidad de vida y se creen mecanismos correctos para su reinserción social como lo es la educación, actividades de ocupación, entre otros.
Bibliografía
• Cirilo, A. O. (2014). La educación en las prisiones de México, antecedentes históricos y la formación en valores en la propuesta del MEVyT penitenciario (Doctoral dissertation, Ajusco).
• Scarfó, F. J. (2002). El derecho a la educación en las cárceles como garantía de la educación en derechos humanos (EDH). Revista iidh, 36, 291-324.
A lo largo de las siguientes semanas estaremos compartiendo las investigaciones finalistas del XI Concurso Anáhuac México de Carteles de Investigación.
«No estaré vinculado con la inhumana y contraproductiva decisión de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados haitianos e inmigrantes ilegales a Haití, un país donde los funcionarios estadounidenses están encerrados en instalaciones protegidas debido al peligro creado por grupos armados que controlan la vida cotidiana».
Con esa dura crítica a su propio gobierno, el enviado especial de Estados Unidos para Haití, Daniel Foote, anunció este miércoles su renuncia inmediata al cargo.
En una carta dirigida al secretario de Estado, Anthony Blinken, Foote dijo que dejaba el cargo decepcionado y advertía que la política de Estados Unidos hacia Haití era «profundamente defectuosa».
Su renuncia al cargo, que ocupaba desde julio, se produjo luego de que el pasado fin de semana el gobierno de Estados Unidos empezó a deportar a unos 13.000 migrantes haitianos que se hallaban reunidos junto a un puente en una localidad fronteriza de Texas.
Estos haitianos habían levantado allí un campamento improvisado, donde vivían bajo temperaturas de 37ºC mientras esperaban su oportunidad para ser admitidos como refugiados en Estados Unidos, junto a grupos más reducidos de cubanos, peruanos, venezolanos y nicaragüenses.
Funcionarios locales habían enfrentado dificultades para proveerles de comida y condiciones sanitarias mínimas.
FUENTE DE LA IMAGEN,REUTERS
Pie de foto,El pasado fin de semana, Estados Unidos empezó a deportar a los haitianos que acampaban en Texas.
Desde el domingo hasta este jueves, Estados Unidos ya ha deportado hacia Haití a unos 1.400 migrantes que estaban en ese campo.
En su carta de renuncia, Foote advirtió que Haití era un «estado colapsado» que «simplemente no puede soportar la infusión forzada de miles de migrantes retornados que carecen de comida, refugio y dinero sin una tragedia humana adicional y evitable».
El malestar de los deportados se hizo visible el martes en el aeropuerto de Puerto Príncipe, cuando un grupo de ellos corrió de vuelta hacia el avión en el que habían sido trasladados, mientras que otros lanzaron sus zapatos hacia la aeronave en muestra de su descontento.
Al menos uno de los deportados casi logró abordar nuevamente una aeronave, lo que fue impedido por la tripulación que se apresuró a cerrar la puerta antes de que la alcanzara, según informó Reuters.
Imágenes de video también muestran algunas escenas de caos mientras muchos deportados buscaban sus pertenecias, luego de que su equipaje fue arrojado fuera del avión.
También circularon reportes de prensa según los cuales algunos migrantes no habían sido informados de que serían devueltos a Haití.
FUENTE DE LA IMAGEN,REUTERS
Pie de foto,En Puerto Príncipe, algunos de los deportados intentaron regresar a los aviones que les había traído de vuelta a Haití.
Asilo, no deportaciones
Las imágenes difundidas en estos días de agentes estadounidenses montados a caballo intentando arrear a los inmigrantes en Texas generaron gran rechazo al evocar comparaciones con la época de la esclavitud en Estados Unidos y con el maltrato que la población negra ha sufrido históricamente en ese país.
Esas imágenes, captadas por un fotógrafo de la agencia AFP, parecen mostrar a los agentes fronterizos a caballo usando sus riendas en contra de los migrantes y empujándolos hacia el Río Bravo que marca la frontera con México.
Su difusión incrementó la presión sobre el gobierno de Biden y generó llamamientos dentro del propio gobernante Partido Demócrata para que a los haitianos se les ofrezca asilo y no se les deporte.
Funcionarios del departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informaron este jueves que el gobierno suspendería temporalmente el uso de patrullas a caballo en la localidad fronteriza de Del Río, donde se encuentra el campamento de migrantes haitianos.
FUENTE DE LA IMAGEN,AFP
Pie de foto,Las imágenes de los guardias fronterizos a caballo aparentemente arreando a los migrantes haitianos generaron conmoción.
Muchos haitianos abandonaron su país después de un devastador terremoto en 2010. Gran cantidad de los que están en el campamento en Texas habían estado viviendo en Brasil y en otros países de América del Sur, desde donde se trasladaron hacia el norte luego de que no haber logrado conseguir empleos ni un estatus migratorio legal.
Este año la situación en Haití empeoró al generarse más inestabilidad política, tras el asesinato en julio del presidente; y al producirse un terremoto mortal en agosto.
Foote sostuvo que los haitianos necesitan «asistencia inmediata» y criticó que Estados Unidos y otros países estén interfiriendo en la política de ese país.
«Lo que nuestros amigos haitianos realmente quieren, y necesitan, es la oportunidad de fijar su propio rumbo», escribió.
Un portavoz del departamento de Estado agradeció a Foote por su trabajo y aseguró que Estados Unidos se mantiene «comprometido con respaldar una migración segura, ordenada y humana en toda la región».
Casi 19.000 migrantes, mayormente haitianos, se encuentran en Colombia, esperando a cruzar hacia Panamá en su recorrido hacia Estados Unidos.
Organizaciones colombianas denuncian asesinato de seis indígenas en las últimas 36 horas en el país sudamericano.
La Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas denunció este miércoles el asesinato de seis indígenas en las últimas horas en tres regiones de Colombia, con lo cual ya suman 49 los líderes de comunidades originarias muertos de manera violenta en lo que va de año.
«En las últimas horas han sido asesinadas seis personas indígenas en los departamentos de Nariño, Cauca (suroeste) y Chocó (noroeste), evidenciando las sistemáticas operaciones de violencia contra los líderes y lideresas sociales y ambientales en nuestro país», indica la Mesa en un comunicado.
Asimismo, el colectivo, integrado, entre otros, por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), señala que los seis indígenas asesinados se suman a otros 43 muertos en el territorio, lo que constituye un genocidio étnico.
En otra parte del texto, la organización denuncia también la continua guerra en Colombia que a su juicio está desangrando a las comunidades por defender la vida, la paz, los derechos. «La disputa por los territorios, los desplazamientos, los confinamientos y el reclutamiento forzado atentan gravemente en contra de nuestra Ley de Origen y derechos fundamentales, contra nuestra pervivencia física y cultural», señala.
Por ende, las comunidades indígenas pidieron al Gobierno central y a todos los actores armados presentes en sus territorios que detengan «de manera inmediata y sin dilaciones el etnocidio físico y cultural» en contra de los pueblos indígenas.
Exigen la implementación del Acuerdo Final de Paz en lo que respecta al Capítulo Étnico y poner en marcha las medidas cautelares colectivas otorgadas a los pueblos indígenas de Colombia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Diferentes organizaciones de derechos humanos han condenado las matanzas en Colombia y han enfatizado la necesidad de cumplir con los acuerdos de paz para combatir la inseguridad en el país y reforzar la protección de los grupos más vulnerables.
En medio de estas críticas, el presidente colombiano, Iván Duque, el más impopular en la historia del país según diferentes encuestas, en la jornada en la que Colombia celebró el Día Nacional de Derechos Humanos, se enorgulleció por los logros de los tres años de su Gobierno en materia de protección de los derechos de los colombianos.
Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/23/09/2021/denuncian-el-asesinato-de-6-indigenas-en-ultimas-36-horas-en-colombia/
Un informe del Banco Mundial estima que 216 millones de personas serán migrantes climáticos en 2050. África será el continente más afectado por el cambio climático: 115 millones de personas se verán afectadas por los fenómenos asociados al calentamiento global.
Los pasos atrás en la lucha contra la erradicación de la pobreza y las consecuencias de la pandemia del covid-19 han impactado en las previsiones sobre la crisis climática y el efecto que tendrá en las subregiones más afectadas por los fenómenos asociados al calentamiento global.
El Banco Mundial ha publicado esta semana su segundo informe Groundswell (“Mar de fondo”), que se plantea para “Actuar sobre la migración climática interna”. Los modelos empleados por este organismo han calculado que en el año 2050, 216 millones serán migrantes climáticos en seis regiones: África del Sur, Norte de África, Asia del Sur, Asia oriental y Pacífico, América Latina y Europa Oriental y Asia central.
En algunos lugares, recuerda el informe, se pone en riesgo la habitabilidad, lo que incrementará esos desplazamientos y la situación de pobreza y carencia material. El África por debajo de la línea del Sáhara podría generar hasta 85,7 millones de migrantes climáticos internos; Asia oriental y el Pacífico, 48,4 millones; Asia meridional, 40,5 millones; África del Norte, 19,3 millones; América Latina, 17,1 millones; y Europa del Este y Asia Central, 5,1 millones.
Algunos países acumularán las peores consecuencias en términos de desplazamiento. Es el caso de Bangladesh, donde casi una de cada cuatro personas se verán obligadas a migrar.
Las sequías en el norte de África tendrán un efecto importante. Sin medidas paliativas, el Banco Mundial estima que hasta el 6% de la población de Marruecos, Argelia, Libia, Túnez y Egipto se verá obligada a la migración.
Eso concentrará a mitad de siglo aun más población en los núcleos urbanos: Tanger, Casablanca, Trípoli, o El Cairo serán receptores de la población migrante desde los campos yermos por la falta de agua.
En gran parte de la subregión, explica el informe, “la precipitación media durante la temporada de lluvias (octubre a marzo) ha disminuido en las últimas décadas, con los descensos más fuertes en las partes mediterráneas de Marruecos y Argelia y en partes de Libia”.
Controversias y reducción de daños
Pese a que no existe oficialmente la figura del refugiado climático, el informe del Banco Mundial añade nuevos puntos de vista para que la migración en base a estos fenómenos, tanto aquellos de aparición repentina —DANA, olas de calor—, como de aparición lenta —sequías o subida del nivel del mar— comience a hacerse un hueco en la legislación internacional.
“El Comité de Derechos Humanos de la ONU”, explica el informe reconoció en el año 2020, en el caso de Teitiota v. Nueva Zelanda, que los Gobiernos deben tener en cuenta las violaciones de derechos humanos causadas por la crisis climática al examinar casos de deportación de solicitantes de asilo.
Ese estatus del refugiado climático, necesaria en los protocolos internacionales, se verá reflejado en los tres escenarios que plantea el Banco Mundial que, significativamente, toma el escenario pesimista como el de referencia para el informe. Esos 216 millones de personas obligadas a migrar se darán en el caso de que persista la tendencia actual de emisiones globales de gases de efecto invernadero combinado con los niveles de desigualdad actuales.
La reducción de las emisiones y un desarrollo más igualitario pueden reducir hasta un 80% las previsiones bajo el marco de referencia pesimista, haciendo que el desplazamiento por motivos de clima solo afecte a 44 millones de personas en lugar de a 216 millones.
“Si no se adoptan medidas, se prevé que la potencia del cambio climático para impulsar la migración aumentará hasta mediados de siglo y los años posteriores”, alerta el informe, que presenta cuatro tipos de medidas para evitar los peores escenarios: reducción de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero, integrar la migración interna provocada por impactos climáticos en la planificación del desarrollo verde, la estrategia de adaptación para favorecer el desarrollo sumando a las personas migrantes y focalizar políticas.
Save the Children y el Consejo Griego para los Refugiados han denunciado este miércoles que Grecia excluye a decenas de miles de niños refugiados y solicitantes de asilo de las escuelas y les niega su derecho a la educación, al tiempo que han pedido al Ejecutivo griego y a la Unión Europea que aborden este «grave problema». Ambas organizaciones han recordado que Grecia ha recibido millones de euros en fondos para la educación y recientemente se comprometió a brindar oportunidades de aprendizaje a más de 20.000 niños y niñas en edad escolar que se encuentran en el país.
Sin embargo, según un informe de ambas organizaciones, menos del 15% de los niños y niñas en los campos de refugiados asisten a la escuela formal. En los Centros de Recepción e Identificación, la tasa de asistencia desciende al 0,3% y solo van a clase siete niños de 2.900. Además del «número sorprendentemente bajo de niños refugiados que asisten a la escuela», ambas entidades han señalado que la carencia de personal, la ausencia de medios de transporte y el rechazo de la población local se han agravado por el impacto del coronavirus, circunstancias que generan la «tormenta perfecta» antes del nuevo año escolar.
En este sentido, estas organizaciones han remarcado que las medidas para contener la propagación del covid, en particular las restricciones al movimiento desde los campamentos, han agravado la situación de los niños solicitantes de asilo. «Cuando se cerraron las escuelas o se ofreció educación a distancia únicamente, los niños y las niñas quedaron excluidos por completo», han lamentado, antes de subrayar que el acceso a internet en los campamentos es «inadecuado» y los estudiantescarecen de equipos como tabletas, portátiles o teléfonos inteligentes
Carencias educativas
Todos estos problemas siguen sin resolverse a pesar de que Grecia cuenta con la segunda proporción más alta de profesorado por alumno de primaria de la UE, destacan las organizaciones, que matizan que, si bien las carencias de la educación en las islas griegas son particularmente agudas, los niños y niñas refugiados en la parte continental de Grecia también enfrentan perspectivas nefastas de recibir una educación de calidad.
«No voy a la escuela en el campamento y eso es malo. No hay ninguna. (El campamento) no tiene nada (…) Está sucio y todos los días hay problemas», cuenta a Save the Children Hani, un niño sirio de 9 años que vive en el campamento de Lesbos con sus padres y cuatro hermanos menores.
Según el responsable de Incidencia Política de Save the Children en Grecia, Daniel Gorevan, el país europeo tiene un «problema crónico» cuando se trata de enviar a la infancia refugiada a la escuela. «Incluso antes del covid, menos de un tercio de los niños y niñas refugiados y migrantes estaban realmente matriculados y asistían a la escuela», ha agregado, lamentando que el actual Gobierno griego «ni siquiera lleva un recuento, por lo que la profundidad de la crisis permanece oculta y sin ser priorizada».
Instrucciones claras
En este sentido, la coordinadora de la Unidad Social del Consejo Griego para los Refugiados, Vassiliki Katrivanou, ha añadido que las obligaciones de Grecia respecto al acceso a recursos para garantizar que todos los niños y niñas del país puedan ir a la escuela son «claras». «El hecho de que tantos no estén aprendiendo es una elección deliberada que ignora sus necesidades y derechos», ha especificado, por lo que ha instado al Gobierno a cumplir sus compromisos con el comienzo del nuevo año escolar.
En concreto, Save the Children y el Consejo Griego para los Refugiados piden que Grecia déinstrucciones claras a todos los proveedores de servicios, incluidas las direcciones regionales, las direcciones de educación y la gestión escolar, destacando su obligación de matricular y facilitar la asistencia a la escuela de todos los niños y niñas que viven en Grecia, independientemente de su estatus legal. También han pedido a la UE que supervise la rápida inscripción de niños y niñas refugiados, migrantes y solicitantes de asilo en el sistema educativo griego
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