Derechos Humanos

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El ataque a la educación en Afganistán

Noticias

Por: Jerome Marston|Marika Tsolakis/elpais.com

Los líderes mundiales y las organizaciones humanitarias deben unirse para proteger las escuelas, las universidades, a los estudiantes y a los docentes ahora que la toma del poder por parte de los talibanes amenaza el aprendizaje

Unas semanas antes de que los talibanes se apoderaran de Gazni en agosto, los medios de comunicación locales informaron de que los combatientes habían quemado una de las escuelas para niñas de la ciudad afgana. Por desgracia, no se trató de un incidente aislado. El bombardeo o la quema de centros de estudios y los asesinatos selectivos de estudiantes y educadores formaban parte de una táctica utilizada con frecuencia por este grupo armado en su lucha por el control territorial del país.

A lo largo de los últimos cinco años, colegios, universidades, profesores y alumnos han sufrido semanalmente ataques perpetrados por grupos armados no estatales, como los talibanes, así como por las fuerzas armadas afganas y las fuerzas internacionales. Solo en 2021 se denunciaron más de 75 ataques contra la educación. En unos 45 de ellos se emplearon armas explosivas, como bombas lanzadas desde el aire, fuego de artillería y artefactos explosivos improvisados.

Sin embargo, a pesar de la frecuencia de estas agresiones, a menudo deliberadas, el anterior Gobierno afgano y sus socios lograron aumentar exponencialmente el número de centros escolares y de alumnos matriculados en ellos. Este acceso a la educación, que tanto ha costado conseguir, debe seguir siendo prioritario en Afganistán, y las escuelas, las universidades, sus alumnos y sus docentes tienen que ser protegidos de los ataques.

Entre 2018 y mediados de 2021, la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA, en sus siglas en inglés) identificó más de 200 ataques a la educación en Afganistán con empleo de armamento explosivo. En estos atentados resultaron muertos o heridos centenares de alumnos y profesores, y docenas de colegios y universidades sufrieron daños o fueron destruidas. Las armas con efectos de gran alcance son particularmente peligrosas porque producen una fuerte explosión, son capaces de esparcir fragmentos por un amplio radio, y muchas son tan poco precisas que pueden causar daño indiscriminado a la población civil. Además, esta clase de agresiones ha aumentado: a lo largo de los últimos tres años y medio, la proporción de ataques a la educación realizados con armas explosivas creció en comparación con los incendios provocados, los saqueos, las redadas, las amenazas y los asaltos a mano armada.

Entre 2018 y mediados de 2021, la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA) identificó más de 200 ataques a la educación en Afganistán con empleo de armamento explosivo

Según el nuevo informe de la GCPEA, Las consecuencias de las armas explosivas para la educación: estudio práctico de Afganistán, en los últimos tres años y medio, en el país asiático los grupos armados no estatales utilizaron explosivos contra centros educativos para niñas en un mínimo de dos ocasiones cada año. Al parecer, estos ataques hirieron o acabaron con la vida de al menos 160 alumnas y miembros del personal docente, y causaron destrozos como mínimo en cinco escuelas para niñas o las destruyeron totalmente.

Varios de estos atentados acapararon los titulares internacionales. El 8 de mayo de 2021, un grupo armado no identificado detonó un coche lleno de explosivos y otras dos bombas delante del instituto Sayed Shuhada, un centro docente para niñas situado cerca de Kabul, matando al menos a 85 civiles e hiriendo a más de 240. Unos meses antes, en noviembre de 2020, un grupo de hombres armados había irrumpido en la Universidad de Kabul, donde hicieron estallar explosivos, se enzarzaron en un tiroteo y retuvieron a decenas de estudiantes y miembros del personal como rehenes en las aulas. Más de 40 personas resultaron muertas o heridas.

Los atentados contra la educación tienen repercusiones que van más allá de las víctimas y la destrucción. Los centros educativos de los alrededores pueden cerrar temporalmente, los estudiantes pueden perderse semanas o meses de clase, y al regresar, el miedo y el trauma interfieren en el aprendizaje.

El anterior gobierno afgano consiguió avanzar en la protección de los centros de estudios de los ataques, en parte gracias a la firma en 2015 de la Declaración sobre Escuelas Seguras y a la adopción de medidas para poner en práctica sus compromisos. Por ejemplo, desde la firma de la declaración, las fuerzas armadas afganas utilizaron menos centros de enseñanza con fines militares. Asimismo, junto con los agentes educativos, las autoridades desarrollaron un marco integral de seguridad escolar utilizado para evitar los peligros en el centro de enseñanza o en el camino de ida o de vuelta.

Ahora, con los talibanes en el poder, estos avances están en peligro, y las mujeres y las niñas son las que más pueden perder.

En las zonas del país que ya estaban bajo control talibán antes de 2021, el acceso de las niñas a la educación era limitado, y las profesoras, las alumnas se enfrentaban a amenazas diarias. Se prevé que la violencia contra la educación de las niñas aumente en los próximos meses, poniendo en peligro a las que todavía tengan el valor de asistir a clase.

En las últimas semanas, las mujeres y las niñas de Afganistán han demostrado que no están dispuestas a renunciar a su derecho a la educación, y se han manifestado en las principales ciudades. La comunidad internacional debe expresar su apoyo a la educación en Afganistán y garantizar la seguridad de alumnas y docentes.

Los donantes y las organizaciones humanitarias tienen que respaldar las medidas para garantizar la continuidad y la seguridad de la educación a todos los niveles, tanto para las niñas como para las mujeres, y realizar esfuerzos coordinados para prestar asistencia educativa bajo el Gobierno actual.

Además, las fuerzas armadas y los grupos que operan en el país deben evitar los ataques a la educación, y el Gobierno y los organismos internacionales con influencia en las facciones armadas deberían presionarlas para que salvaguarden los colegios, a los docentes y a los estudiantes de todos los géneros.

Las nuevas autoridades debe seguir trabajando en la aplicación de la Declaración sobre Escuelas Seguras, de manera que se mantenga el carácter civil de las escuelas y las universidades y se proteja a los estudiantes y los profesores.

El momento actual es crucial para preservar los logros y garantizar que todos los profesores y estudiantes, y particularmente las niñas y las mujeres puedan continuar con su educación

Con ocasión del segundo Día Internacional para proteger la Educación de Ataques, celebrado la semana pasada, la GCPEA hace un llamamiento a la acción mundial urgente. Solo en 2020, la coalición recopiló 2.400 denuncias de ataques a la educación o de uso militar de instalaciones educativas en todo el mundo, con más de 2.700 estudiantes, profesores e investigadores heridos, muertos o afectados por ellos.

España puede desempeñar un papel importante a la hora de poner en práctica las recomendaciones mencionadas y garantizar una educación segura no solo en Afganistán. A principios de este año, España, con el apoyo de la GCPEA, impartió por internet un curso de formación sobre la aplicación de la Declaración sobre Escuelas Seguras que reunió a más de 90 representantes de los ministerios de Defensa, Educación y Asuntos Exteriores de 20 países. La formación partió del compromiso adquirido por el Gobierno español en la Tercera Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras celebrada en Palma de Mallorca en mayo de 2019. Asimismo, España será uno de los anfitriones de la cuarta edición de este evento, que tendrá lugar en octubre en Abuya, Nigeria.

El momento actual es crucial para preservar los logros y garantizar que todos los profesores y estudiantes, y particularmente las niñas y las mujeres, estén a salvo del daño, la muerte y la destrucción de los ataques y puedan continuar con su educación.

Jerome Marston y Marika Tsolakis son investigadores de la Coalición Global para proteger la Educación de Ataques (GCPEA).

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-14/el-ataque-a-la-educacion-en-afganistan.html

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La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica llama a un pacto para proteger el 80% de la Amazonía

Noticias

Un llamado urgente para proteger la Amazonía hacen los pueblos indígenas amazónicos representados por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

La COICA pide a las organizaciones sumarse a la iniciativa “Amazonía por la vida: protejamos 80% al 2025”, para establecer un acuerdo global por la selva tropical más grande del mundo.

El acuerdo busca garantizar la protección permanente del 80% de la selva amazónica para el 2025 y así evitar cruzar un punto de inflexión para la Amazonía, hogar de cientos de pueblos indígenas.

Nosotros, los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica, a través de nuestros conocimientos y saberes ancestrales, hemos protegido la Amazonía durante milenios. A esta lucha se han sumado aliados de organizaciones ambientales, de derechos humanos y la comunidad científica.

Hoy, de manera conjunta, hacemos un llamado a un acuerdo global para la protección permanente del 80 por ciento de la Amazonía para el 2025 como medida urgente para detener el punto de no retorno y responder a la crisis planetaria con un cambio transformador. Es el momento para que la comunidad internacional (gobiernos, sociedad civil, corporaciones, etc.) se una a nuestro esfuerzo por proteger el planeta.

La Amazonía es la selva tropical más grande y con mayor diversidad biocultural del mundo. Es el hogar de 511 pueblos indígenas, incluidos 66 grupos que viven en aislamiento voluntario y contacto inicial. Son más de 300 lenguas que se hablan en esta vasta región que cubre 9 países (Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa).

La Cuenca alberga un tercio de las especies de plantas y animales de la Tierra y el 20 por ciento del agua dulce. Funciona como el corazón biológico de nuestro planeta: secuestra y almacena grandes cantidades de carbono, regula el clima continental y global, produce oxígeno y lluvia, impulsa los sistemas climáticos, entre otros beneficios.

Los Territorios Indígenas (TI) –que ocupan físicamente 237 millones de hectáreas en la cuenca del Amazonas- y las Áreas Nacionales Protegidas (NPA) son vitales para proteger la Amazonía.

Juntos cubren cerca del 50% de esta región. Casi la mitad (45%) del bosque intacto en el Amazonas se encuentra en territorios indígenas, un área más grande que Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Noruega y España combinados (FAO -FILAC 2021, p.12-13).

La Amazonía ya ha perdido el 17 por ciento de su cobertura forestal además, un 7 por ciento de sus selvas tropicales se han degradado. Si la deforestación y la degradación combinadas cruzan el umbral del 20 por ciento, los científicos advierten que el sistema alcanzará un punto de inflexión irreversible que puede traducirse en la muerte regresiva de todo el ecosistema. Esto liberaría emisiones masivas de dióxido de carbono y traería consecuencias rápidas y catastróficas para la estabilidad climática global.

Estamos al borde del punto de inflexión o de no retorno. Nuestras acciones en los próximos años determinarán el destino de nuestro planeta durante los próximos milenios. Asegurar la integridad de los sistemas hidrológicos, la biodiversidad y garantizar el rol fundamental de la Amazonía como regulador climático mundial, requiere que al menos el 80 por ciento de sus bosques permanezcan intactos.

Este es un llamado para establecer un acuerdo global para la protección permanente del 80 por ciento de la selva amazónica para el 2025, concertado por todos los gobiernos de la Amazonía y respaldado por los pueblos indígenas y la comunidad mundial.

El Pacto por la Amazonía requiere:

  1. Una visión regional panamazónica que aterrice en un plan estratégico común construido sobre los estrictos lineamientos del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Para lograr el 80% de protección al 2025, cada país amazónico debe desarrollar Planes de Acción Nacionales del Bioma Amazónico (PANBA) para detallar sus compromisos y cumplir con la meta de 80 x 25. El proceso debe contar con la participación plena de la sociedad civil, incluyendo a los pueblos indígenas que hemos sido administradores efectivos de este bioma durante milenios.
  2. El 100% de las tierras indígenas legalmente reconocidas y demarcadas y, la asignación de recursos financieros permanentes que permitan su titulación y ampliación.
  3. La implementación de un modelo de gobernanza con representación política y reconocimiento del rol de los pueblos indígenas en el logro de este objetivo a nivel nacional e internacional.
  4. Una moratoria inmediata sobre la deforestación y degradación industrial de todos los bosques primarios.
  5. La definición de una política forestal y de zonificación que permita la creación de zonas intangibles para áreas que permanecen intactas -sin carreteras y otras zonas exclusivas para actividades industriales.
  6. La restauración de tierras degradadas.
  7. Creación de reservas indígenas o áreas protegidas co-gestionadas, ampliadas para comunidades indígenas y locales1 que actualmente no constan como TIs o ANP y otros territorios (OECM) con las salvaguardas y responsabilidad de los Estados para garantizar la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI).
  8. Detener los impulsores clave de la deforestación actual y futura y las presiones del desarrollo industrial mediante la suspensión de nuevas licencias y financiamiento para la minería, el petróleo, la ganadería, las grandes represas, la tala y otras actividades industriales.
  9. Una Condonación de Deuda condicionada a una moratoria permanente a la extracción industrial en territorios indígenas y áreas protegidas.
  10. Que el sector financiero se comprometa a garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y a poner fin a la deforestación en todas las cadenas de suministro que financian. Transparencia y rendición de cuentas del sector financiero y de las cadenas de valor.
  11. La comunidad internacional debe adoptar políticas y marcos inmediatos que garanticen la afluencia permanente de recursos para lograr este objetivo.
  12. La comunidad internacional dinamice recursos financieros necesarios para cubrir los costos de acceso a los servicios básicos de las comunidades indígenas, consolidar su autodeterminación, y fortalecer la gestión integral de los territorios, medios de vida sostenibles y uso del conocimiento ancestral.

Instamos a los países de la cuenca del Amazonas a declarar el estado de emergencia y detener de inmediato la expansión de actividades industriales destructivas, políticas gubernamentales y subsidios públicos dañinos que permiten una mayor destrucción de los bosques. El estado de emergencia abordaría los factores que impulsan la deforestación y, al mismo tiempo, dejaría espacio para el diseño y la implementación de estrategias dirigidas hacia un cambio transformador perdurable.

Las naciones industrializadas deben reconocer su papel en el cambio climático y el rol trascendental de la Amazonía en la mitigación del mismo y canalizar todos los recursos necesarios para garantizar una transición justa para quienes habitamos el bioma y para sus propios ciudadanos. El momento para la acción es ahora.

Los pueblos indígenas de los nueve países amazónicos invitamos a los gobiernos, científicos, ciudades, instituciones financieras y a todos los sectores de la comunidad global que estén dispuestos a actuar por el planeta, a que se unan y apoyen esta iniciativa. La firma de esta declaración es un primer paso para evitar el punto de no retorno de la Amazonía y proteger el 80% para el 2025.

La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA y sus organizaciones miembros en los 9 países, a nombre de nuestras naciones y pueblos indígenas de la Amazonía:

AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.
APA, Asociación de Pueblos Amerindios de Guayana.
CIDOB orgánica, Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano.
COIAB, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña.
CONFENIAE, Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.
OPIAC, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana.
ORPIA, Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (Venezuela).
OIS, Organizaciones Indígenas de Surinam.
FOAG, Federación de Organizaciones Autóctonas de Guayana Francesa.

COICA, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica

Para sumar a su organización a la iniciativa solo debe ingresar a este enlace y completar la información requerida:  https://bit.ly/2V8PH3c

Fuente: https://indixenas.com/2021/09/07/la-coica-llama-a-un-pacto-para-proteger-el-80-de-la-amazonia/

Fuente: https://rebelion.org/la-coica-llama-a-un-pacto-para-proteger-el-80-de-la-amazonia/

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Los profesores de Ecuador sienten complicado hablar de educación sexual en las aulas, pero las falencias en la materia ya causan cientos de muertes

Noticias

Por: eluniverso.com/Informe

Divulgar información científica basada en derechos humanos sin sesgos religiosos es uno de los mecanismos, dicen expertos, para reducir el embarazo precoz

El embarazo adolescente y la alta mortalidad materna del país debido en parte a que la gestación y el parto son de alto riesgo, mientras más joven sea la madre, son dos de las consecuencias de una educación sexual con falencias y vacíos de información.

En los últimos 13 años, 169 niñas y adolescentes de hasta 17 años han muerto durante el embarazo, el parto o puerperio, defunciones que ocurren mientras están embarazadas o dentro de los 42 días siguientes al parto, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el periodo 2008-2020.

El embarazo adolescente y la alta mortalidad materna del país debido en parte a que la gestación y el parto son de alto riesgo, mientras más joven sea la madre, son dos de las consecuencias de una educación sexual con falencias y vacíos de información.

En los últimos 13 años, 169 niñas y adolescentes de hasta 17 años han muerto durante el embarazo, el parto o puerperio, defunciones que ocurren mientras están embarazadas o dentro de los 42 días siguientes al parto, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el periodo 2008-2020.

Recién a partir del actual año lectivo hay un mayor contacto con algunas clases en línea. Una docente de ciencias naturales (asignatura en la que se trata la educación sexual) de octavo, noveno y décimo año de educación básica, en una institución fiscal del norte de Guayaquil, cuenta que los refuerzos digitales no llegan a todos, ya que, por ejemplo, 35 de 50 estudiantes finalmente se conectan en promedio.

“En la clase sobre las bacterias y virus optamos este año por explicar sobre el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual. La desventaja es que no todos se pueden conectar y no es lo mismo interactuar virtualmente que de forma presencial. Al verlos de frente uno se da cuenta de que quieren preguntar algo y no se atreven, entonces como docentes se da la pauta para que lo hagan. Al verlos en la pantalla es más difícil, pero igual hacen sus preguntas”, dice.

Lo lamentable, agrega, es que estos temas aún son tabú dentro de algunos hogares, pese a que hay menores que ya tienen actividad sexual desde que tienen los trece años de edad.

Un aspecto positivo es que desde este año tienen de nuevo la posibilidad de adaptar sus contenidos a partir de los ejes temáticos que se plantean para cada nivel de estudio. Estos se imparten a través de clases digitales en las que se usan más recursos, como videos disponibles en internet que dan cuenta de los riesgos de mantener relaciones sexuales sin protección, por ejemplo.

“Les hice ver el caso de un menor mexicano de 14 años que se contagió del VIH(virus de inmunodeficiencia humana que provoca el sida), en su primera relación sexual. Esto da apertura para hablar sobre las otras enfermedades de transmisión sexual y los riesgos”, señala la maestra.

En los establecimientos educativos privados, la educación sexual se ha impartido en línea desde el año pasado durante el confinamiento por la pandemia. Alison López, coordinadora académica de la Unidad Educativa Lemas en el norte Guayaquil, dice que las preguntas fluyeron incluso de forma escrita a través del chat de las plataformas.

“El año anterior hicimos un proyecto sobre cuáles eran los cambios en la parte emocional con el paso de la niñez a la pubertad (en la educación básica superior). Todo lo manejamos tal como se hacía cuando estábamos de forma presencial, tratamos de que el cambio fuera de forma y no de fondo con el uso de herramientas tecnológicas cooperativas”, asegura.

Un aspecto positivo de las clases en línea, agrega, es que los menores más tímidos han planteado sus interrogantes a través de los juegos lúdicos digitales que se usan, lo que no ocurre en forma presencial.

Los profesores de ciencias naturales reconocen que de por sí es complejo tratar el tema de la educación sexual con los estudiantes. Los contenidos más relacionados con la sexualidad se imparten desde quinto año de educación básica hasta que en séptimo se ve la anatomía del sistema reproductor masculino y femenino y la fecundación.

Un docente de una institución privada que prefirió la reserva de su nombre indica que las preguntas son variadas y previsibles, lo que da la oportunidad de prepararse. “Son sobre el uso del preservativo, cómo se forman los gemelos y el proceso de desarrollo del feto. En mi caso sí es un poco incómodo cuando las niñas me preguntan sobre su primer periodo de menstruación que en unas se da a los once o doce años de edad, entonces quieren saber la razón de esas diferencias”, señala.

Teresa Borja, sexóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, asegura que la educación sexual es un comportamiento que se aprende poco a poco desde el inicio de la vida. “Desde que los padres tocan con suavidad el cuerpo, con cariño, te van nombrando las diferentes partes del cuerpo, y tocan de manera calmada, respetuosa, amorosa, serena, todo eso va formando tu sexualidad”.

El aprendizaje empieza en la familia, en la comunidad y sigue en los establecimientos educativos. “En estos dos últimos años desde el punto de vista educativo ha sido un gran retroceso, pero ya se está en camino de un encuentro más personal (con la presencialidad en el aula)”, afirma la especialista.

La estrategia de educación sexual del Estado abarca entregar la información según los distintos niveles de educación como un eje transversal en las asignaturas, sobre todo en la de ciencias naturales. “El programa en sí de enseñanza es bueno, pero creo que ya se debe dar en una materia propia desde el primer año de educación porque hay abusos sexuales que se empiezan a dar desde los primeros años, cuando tienen siete, ocho y nueve años de edad”.

Una de las fallas, añade, es la no generación de relaciones interpersonales respetuosas. “Enseñarles a aprender a cuidar no solo el cuerpo sino la mente y el desarrollo emocional, eso es básico para un buen desarrollo sexual, trabajar con ellos desde el cariño, la paciencia y el cuidado”.

Otra arista es inculcar el derecho igualitario de las personas sin importar el género, edad, creencia religiosa, nivel educativo o capacidad económica. Esto implica “tener la capacidad de respetar todas las formas que se presenten desde la sexualidad, hay personas que tienen intereses sexuales diferentes que mientras no sean contra el otro, deben ser respetadas”, puntualiza Borja.

El aprendizaje en la clase específica debería incluir, manifiesta, las relaciones y los derechos humanos y el respeto por la igualdad. “Es un problema social por resolver, entonces se necesita entrenar personas que tengan esta habilidad de ir cubriendo estos contenidos con capacidad de enseñar. Personas dedicadas a esta área de educación de la sexualidad y la afectividad, como bien la llaman, porque no solo debe quedarse en la parte sexual sino de forma amplia”.

La guía para prevenir los embarazos adolescentes debe incluir la enseñanza de que tener un niño no es solo una función biológica del cuerpo, menciona Borja. “Hay una función afectiva, social, cultural. La cantidad de años que se necesitan para dominar una cultura compleja como la actual no se alcanza durante la adolescencia. Los chicos de 18 y 19 años todavía necesitan de apoyo de sus padres para culminar la universidad, es complicado tener un niño tan pronto”.

La educación sexual es una herramienta también para reducir el machismo y prevenir posibles casos de violencia y abuso sexual contra los niños y adolescentes. “El menor de edad no debe ser introducido a una sexualidad tan precoz sin darse cuenta de las consecuencias. Para eso se necesita ir educando a los padres, a los docentes, a los niños, con el fin de prevenir los embarazos”, asegura.

Uno de los impactos es el círculo de pobreza que se genera cuando se trae un ser sin tener los recursos económicos para su crianza y cuidado. “Primero empezar por el respeto al cuerpo y una vez que se tome la decisión de qué hacer con su sexualidad hay que darle información sobre cómo pueden vivirla sin embarazarse. Hay que proporcionar toda la información sobre el consentimiento sexual y luego viene la decisión de tener o no tener hijos a través de métodos anticonceptivos para los hombres y mujeres”, indica Borja.

En una zona rural de Yaguachi se detectó en 2003 un caso de abuso sexual a una menor de 14 años, luego que sufriera un ataque de epilepsia en el aula. La menor estaba en segundo año de educación básica, en la modalidad de nivelación, ya que se retrasó en su escolaridad por su condición de salud.

La profesora que trabajaba en ese entonces para una fundación cuenta que la menor fue trasladada a Guayaquil tras uno de sus ataques y durante la revisión detectaron que había sido violada. “Lo más grave es que cuando la psicóloga del hospital le preguntó si había sentido un golpe o dolor, la niña respondió con naturalidad que su papá y hermano estaban con ella y que creía que lo hacían para demostrarle cariño. Esto fue denunciado y manejado por los directivos, pero la madre de la niña decía que él era su esposo y que no podía hacer nada”, recuerda la docente.

La historia evidencia cómo en ciertas comunidades se normaliza el abuso sin denunciarlo, pese a que mantener relaciones sexuales con un menor es un delito, enfatiza Brown.

“En muchas comunidades del país se considera normal que niñas de 14, 15 y 16 años sean madres. En algunas se normaliza incluso que existan familiares o parientes muy cercanos que tengan relaciones sexuales con ellas. En Ecuador, la norma es clara: mantener relaciones sexuales con menores de edad es un delito y no existe el consentimiento informado”, asegura la funcionaria.

De ahí que la estrategia al respecto esté en proceso de revisión y cambio, asegura Brown.

Una embarazada no puede ser obligada a dejar sus estudios

El protocolo en la educación pública ante los casos de embarazos adolescentes incluye que la estudiante entregue cada semana tareas específicas que da el docente cuando esta se ausenta por tres meses debido al periodo de lactancia. Ella también debe ser derivada al centro de salud más cercano para el control prenatal y que acceda después del parto a métodos anticonceptivos.

“Los padres de la embarazada pueden llevar y entregar las tareas cada viernes al docente”, afirma una profesora fiscal que tuvo contacto con niñas de 14 años embarazadas cuando laboraba en 2019 en un establecimiento público de Fertisa, en el sur de Guayaquil.

Allí conoció a una de décimo año que había quedado embarazada durante el periodo previo de las vacaciones. “Me dijo que si hubiera conocido sobre la anticoncepción no estaría en gestación y que su madre nunca le habló al respecto. Fue muy penoso. Se trataba de una alumna con buen rendimiento académico, lo que se mantuvo luego del parto”.

Su pareja que estaba en el mismo año fue cambiada de paralelo para evitar las miradas curiosas del resto de estudiantes. “Siendo buena alumna, quedó embarazada”, cuenta la docente que le decían. “Era una adolescente sobreprotegida, entonces se cansó y se fue con el enamorado que tenía y quedó embarazada”, agrega.

La menor logró terminar sus estudios ya que su madre cuidaba a la hija, de la que el padre, de la misma edad de ella, no se hizo cargo. (I)

https://www.eluniverso.com/noticias/informes/los-profesores-de-ecuador-sienten-complicado-hablar-de-educacion-sexual-en-las-aulas-pero-las-falencias-en-la-materia-ya-causan-cientos-de-muertes-nota/

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La educación infantil está amenazada en uno de cada cuatro países

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elperidico.com

La pandemia ha dificultado el acceso a la educación

La educación de cientos de millones de niños en una cuarta parte de los países del mundo se encuentra amenazada por la crisis climática, la pandemia, los ataques a las escuelas o la falta de conectividad digital, alerta la ONG Save the Children.

La República Democrática del Congo, Nigeria, Somalia, Afganistán, Sudán del Sur, Sudán, Mali y Libia son los países que cuentan con sistemas educativos «en riesgo extremo», seguidos por Siria y el Yemen.

Así lo indica un informe publicado este lunes por Save the Children, que urge a la comunidad internacional a aprender las lecciones de la crisis educativa de la covid-19, que ha interrumpido la escolarización de más de un 90 % de los alumnos del mundo, según cifras de la organización.

La ONG advierte, sin embargo, que la crisis del coronavirus es solo una de las múltiples amenazasque ponen contra las cuerdas el acceso a la educación de los niños a nivel global.

Catástrofes climáticas y ambientales como ciclones, inundaciones o sequías son las responsables del parón académico de cerca de la mitad de los 75 millones de niños que cada año se ven forzados a abandonar su formación.

«El derecho de un niño a la educación no termina en una emergencia», remarca en un comunicado la directora de Save the Children, Inger Ashing, quien cree que, en lugar de volver a la normalidad tras la pandemia, debería aprovecharse la oportunidad para poner fin a problemas que antes ya atenazaban la educación infantil en todo el mundo.

Para lograrlo, el informe insta a los ministerios de Educación y a donantes internacionales a reforzar la inversión en los sistemas educativos de los países más afectados.

Se estima que entre 10 y 16 millones de niños corren el riesgo de no regresar a la escuela debido únicamente a los impactos económicos de la pandemia, que está forzando a estudiantes a abandonar las aulas para trabajar o casarse a una edad temprana, avisa Save the Children.

Antes de la crisis del coronavirus, 258 millones de niños en todo el mundo no tenían acceso a la educación, un balance ahora agravado que requiere urgentemente una respuesta internacional contundente, resalta la ONG en el informe, titulado «Build forward better» («Construir para un futuro mejor»).

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210906/educacion-infantil-amenazada-cuatro-paises-12047428

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Las afganas marcharon en Kabul en defensa de sus derechos y su inclusión en el Gobierno

Noticias

Unas veinte mujeres se manifestaron este viernes en las calles de Kabul, con el fin de reclamar al próximo Gobierno talibán el respeto a los derechos obtenidos en los últimos 20 años y una participación en la vida pública afgana. Amnistía Internacional volvió a advertir que «los derechos de las mujeres están amenazados en Afganistán y estas se niegan a permanecer en silencio», pese al peligro de su protesta.

«Un Gabinete heroico con presencia de mujeres». «Participación política; las mujeres, la ley fundamental». Estos fueron algunos de los mensajes plasmados en las pancartas que portaron las manifestantes que protestaron este viernes en las calles de Kabul, la capital afgana.

Ellas, que no se quieren rendir a la hora de reclamar sus derechos frente al régimen Talibán que se impone de nuevo en el país, calificaron al Gobierno islamista que se tomó el poder el pasado 15 de agosto de ser «opresivo», sobre todo en lo referente a los derechos de la mujer.

La marcha contó con la participación de cerca de una veintena de mujeres, un día después de otro acto similar en la ciudad de Herat. Y en ambos días, todas reclamaron «educación, trabajo, libertad».

Defensoras de los derechos de las mujeres afganas y activistas civiles protestan para pedir a los talibanes la preservación de sus logros y educación, frente al palacio presidencial en Kabul, Afganistán. 3 de septiembre de 2021.
Defensoras de los derechos de las mujeres afganas y activistas civiles protestan para pedir a los talibanes la preservación de sus logros y educación, frente al palacio presidencial en Kabul, Afganistán. 3 de septiembre de 2021. © Stringer / Reuters

Los talibanes, que llegaron de nuevo al poder al momento del retiro estadounidense, prohibieron a las mujeres la mayoría de los trabajos cuando gobernaron el país por última vez hace 20 años.

Durante una conferencia de prensa posterior a la toma de Kabul, un portavoz de los talibanes dijo que los derechos de las mujeres serían protegidos de acuerdo con la ley islámica y que se les permitiría trabajar en sectores importantes de la sociedad. Sin embargo, más que promesas, las afganas quieren acciones, con el fin de salvaguardar sus derechos y educación.

Desde el regreso del régimen islamista al poder, no se ha tenido en cuenta a las mujeres para discutir el nuevo Gobierno afgano, que espera anunciarse pronto y que estará regido por la sharía o ley islámica.

Mujeres perseguidas, amenazadas y obligadas a huir

Las participantes en la marcha de este viernes son de diferentes ámbitos de la sociedad. Se trata de mujeres que reclaman «una participación significativa en la vida pública» de Afganistán.

Según Samira Khairkhwa, una de las organizadoras del evento entrevistada por la agencia EFE, «las mujeres deben ser incluidas en el nuevo Gabinete de los talibanes (…) Los talibanes deben seguir comprometidos con sus promesas de que las mujeres disfrutarán de todos sus derechos en el futuro gobierno. La comunidad internacional no debe olvidarnos y debe escuchar nuestra voz y trabajar por defender nuestros derechos».

Muchas afganas se muestran incrédulas ante la promesa talibán de que formarán un Gobierno «inclusivo» que, en el caso de las mujeres, los líderes fundamentalistas han pedido esperar para ver cuáles serán las nuevas directrices.

Los recuerdos del tiempo en que los militantes controlaron Afganistán, entre 1996 y 2001, siguen vivos. Las mujeres fueron entonces recluidas en sus casas, tenían prohibido trabajar, estudiar, estar maquilladas en público e incluso salir solas a las calles.

La organización Amnistía Internacional aseguró que «los derechos de las mujeres están amenazados en Afganistán y estas se niegan a permanecer en silencio». Pero, a pesar de la fuerza que se manifiesta en las calles para que los talibanes no socaven sus derechos, el camino sigue siendo difícil.

Fueron cerca de 20 mujeres que protestaron este viernes frente al palacio presidencial en Kabul, Afganistán. 3 de septiembre de 2021.
Fueron cerca de 20 mujeres que protestaron este viernes frente al palacio presidencial en Kabul, Afganistán. 3 de septiembre de 2021. © Stringer / Reuters

Por ejemplo, de las 250 juezas que cuenta Afganistán, muchas intentaron huir en los últimos días. Una de ellas le contó a la agencia Reuters cómo fue perseguida por hombres que una vez había encarcelado y que fueron liberados por los talibanes hace pocos días.

«Cuatro o cinco miembros del Talibán vinieron y preguntaron a la gente en mi casa: ‘¿Dónde está esa jueza?’ Estas eran personas a las que yo había encarcelado», relató la mujer, que ahora se encuentra refugiada en Europa.

Además, hay alrededor de 1.000 defensoras de los derechos humanos que también podrían estar en la mira de los talibanes. Según Horia Mosadiq, activista de derechos humanos afgana, los presos liberados «están llamando con amenazas de muerte a las mujeres jueces, mujeres fiscales y mujeres policías, diciendo ‘iremos tras ustedes'».

Fuente: https://www.france24.com/es/medio-oriente/20210903-afganistan-protestas-mujeres-derechos-inclusion-gobierno

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Ghana ha renovado su censo para hacerlo más inclusivo, pero han aflorado las viejas tensiones

Rose Mary Hernández Román

La autora, investigadora de la Universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg, recuerda que los datos servían para controlar el país en la época colonial. Hoy, la estadística poblacional contribuye a revelar realidades que apoyen políticas públicas encaminadas a un mejor desarrollo, pero hay polémica.

Ghana acaba de efectuar su censo de población y vivienda más reciente, una tarea que se lleva a cabo cada diez años. Por primera vez se ha utilizado un sistema digital de recopilación y transferencia de datos. El uso de las innovaciones digitales ha aportado ventajas significativas. Por ejemplo, ha facilitado la comprobación de la calidad de los datos en tiempo real y reducido el tiempo necesario para procesarlos.

Además, la integración de información basada en GPS sobre la ubicación de los entrevistados ha añadido nuevas capas de datos espaciales. El nuevo sistema permite analizar espacialmente el acceso a necesidades básicas como el agua. Esto ayuda a la estadística a cumplir su objetivo de analizar las condiciones de vida de los ciudadanos.

En un artículo de investigación publicado el año pasado, examiné la transformación digital del sistema de datos ghanés sobre la población. Por el momento, el estudio de estos avances se ha centrado principalmente en los costes y la aplicación.

Pero hay también aspectos políticos y sociales que se han pasado en gran medida por alto. Por ejemplo, el objetivo del censo digital de este año era dar “voz a todos los habitantes del país”. Para lograrlo, se introdujeron cambios, como por ejemplo, nuevas categorías censales que cubren la situación de discapacidad. Esto indica una nueva forma de inclusividad. Y con el uso de las TIC, las nuevas áreas focales incluían el acceso a infraestructuras básicas.

Por otra parte, el último recuento de habitantes ofrece una ventana al disputado terreno de las estadísticas de población. Estas se basan en clasificar la variación individual en categorías, que son medios técnicos para poder contar los habitantes. Pero son mucho más que eso. Producen líneas divisorias con las que la gente se identifica, personal y colectivamente. De ese modo constituyen un elemento fundamental para esquematizar a la ciudadanía y representarla como nación.

Ghana es una democracia relativamente joven. Y la construcción del país aún no ha terminado. No es de extrañar, por tanto, que las categorías de los censos hayan sido objeto de debate. El último no se ha librado. Queda claro por el hecho de que ha suscitado emociones intensas acerca de la ciudadanía y la pertenencia.

La consolidación del sistema estadístico

Históricamente, el sistema de datos de población ghanés ha dependido en gran medida de la realización de censos. Algunos países, como Países Bajos o Dinamarca, se basan en sus sistemas de registro civil para obtener esas estadísticas. Pero, tradicionalmente, en Ghana no se ha invertido lo suficiente en estas capacidades. Por lo tanto, los cálculos de población requerían encuestas y proyecciones periódicas.

En la era colonial, los censos no se centraban tanto en las condiciones de vida de la población como en establecer el control sobre la colonia

Los cimientos para establecer un sistema estadístico integral en Ghana pueden situarse en la Constitución de 1979 y en la Ley de Servicios Estadísticos de 1985. Ambas establecieron el Servicio Estadístico de Ghana como un organismo independiente. En 2019, una revisión de la Ley de Servicios Estadísticos (Ley 1003) otorgó competencias adicionales a la institución.

Esta consolidación ha beneficiado de distintas maneras al censo de población y vivienda de 2020/2021. Por ejemplo, se ha usado el sistema de direcciones del país para comprobar la calidad de los datos mediante la comparación con el registro de viviendas existente.

La evolución

En la historia ghanesa posterior a la independencia, la confección del censo hacía algo más que meramente cubrir las necesidades de datos de diferentes programas políticos y de desarrollo. Ha ayudado también a construir una sociedad en la que los individuos se reconocieran a sí mismos. De este modo, ha contribuido de manera crucial a forjar la visión que el país tiene de sí mismo.

Por ejemplo, según escribe el historiador Gerardo Serra, el primer censo de Ghana después de la independencia, realizado en 1960, se presentó como un alejamiento del colonialismo y como un primer paso hacia la era moderna. En la época colonial, estos recuentos no se centraban tanto en las condiciones de vida como en establecer el control sobre la colonia.

Cuando Ghana volvió al régimen democrático, en 1992, el censo hizo hincapié en el desarrollo nacional prestando más atención a la planificación del agua, el transporte, la salud y las infraestructuras educativas

Tras la independencia, reflejaban la preocupación cada vez mayor por el aumento de los habitantes, y se centraban en la natalidad y la ciudadanía. Gradualmente, se fueron añadiendo categorías que supuestamente debían reflejar la estructura económica del país. Por ejemplo, tras los programas de ajuste estructural de 1983, el censo de 1984 se adaptó a las necesidades de las organizaciones internacionales, entre ellas, el Banco Mundial.

Por otra parte, la descentralización en ciernes del sistema de Gobierno exigía una localización mayor del análisis y la declaración de datos. Cuando Ghana volvió al régimen democrático, en 1992, la elaboración de la estadística hizo hincapié en el desarrollo nacional. Las cuestiones a las que se prestó mayor atención fueron la planificación del agua, el transporte, la salud y las infraestructuras educativas.

Desacuerdos

Los cambios en el objeto y el método ghanés han ido acompañados históricamente de desacuerdos acerca de las categorías utilizadas. Se añadieron y situaron en primer plano nuevas categorías, como los límites de las autoridades locales, los nombres de las comunidades o las distinciones profesionales.

Este censo no ha sido distinto. Los debates públicos y los boicots locales a la edición del 2021 se han centrado en las preocupaciones por una representación insuficiente.

Por ejemplo, en la región de Alta Ghana Oriental se expresó la preocupación por la supuesta discriminación en la enumeración de localidades. En la región del Volta, las protestas se centraron en que supuestamente no se habían incluido subgrupos de la etnia ewé.

El estudio suscitó también debate público acerca de quién se considera ghanés. Algunos alegaban que determinados grupos incluidos en la entrevista representaban a extranjeros. Por ejemplo, tachaban de togoleses a los residentes en las zonas fronterizas, mientras que repetidamente se calificaba de inmigrantes a las poblaciones de fulanis y hausas.

Y mientras que el Gobierno lo enmarcaba como un medio para mejorar el desarrollo del país, algunos residentes afirmaban que no iban a participar porque el desarrollo había pasado por alto a sus comunidades.

Estos debates han politizado la elaboración de esta estadística, convirtiéndola en una oportunidad para cimentar la identidad nacional y, al mismo tiempo, reformular el relato oficial sobre el potencial de los datos para fomentar el desarrollo.

El censo de población y vivienda de 2020-2021 ha ido acompañado de la promesa de mejores datos para el desarrollo. Sin embargo, las protestas en torno a la identidad y la pertenencia son preocupaciones que la tecnología no puede solventar.

Alena Thiel es investigadora posdoctoral, investigadora principal del artículo How Democracies Know: Identification Technologies and Quantitative Analyses of Development in Ghana, Universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg.

Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-13/ghana-ha-renovado-su-censo-para-hacerlo-mas-inclusivo-pero-han-aflorado-las-viejas-tensiones.html

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“A los jueces no les importa si los niños lloran”

Tlachinollan

Por: Abel Barrera Hernández

En el marco de la campaña impulsada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”: “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”, se documentaron 25 casos de feminicidios, 30 de violencia sexual, 180 de violencia familiar y 100 de violencia económica. El confinamiento obligado por la pandemia, exacerbó la violencia intrafamiliar, mientras que las autoridades encargadas de investigar los delitos y administrar justicia, dejaron en estado de indefensión a las mujeres indígenas, al cerrar sus puertas.

El estado de Guerrero, cuenta con dos alertas de género focalizadas en 8 municipios. En la región de la montaña sobresale la ciudad de Tlapa, donde se han consumado la mayoría de feminicidios. Desde el primer caso que documentamos en el 2006, de una niña Nahua de Temalacatzingo, Municipio de Olinalá hasta el mes de junio del presente año, hemos registrado 76 feminicidios. La ausencia de justicia para las mujeres indígenas es abismal. De estas historias trágicas solo existe una sentencia condenatoria por este delito. La lucha es desigual, porque las familias enfrentan un aparato de justicia burocratizado e insensible, sin embargo, no sucumben ante las adversidades. Con el apoyo de organizaciones de mujeres se ha logrado ejercer presión a los jueces, para que juzguen con perspectiva de género y pongan a salvo sus derechos.

La violencia contra las mujeres indígenas se ha arraigado en los municipios más pobres. En Cochoapa el Grande, el ambiente que se respira es adverso, porque la misma presidenta municipal y la síndica procuradora, criminalizan a las mujeres. Son encarceladas por atreverse a denunciar a sus parejas, después de este agravio las obligan a regresar a su domicilio conyugal. Si se deciden a interponer denuncias, las obligan a devolver el dinero que sufragaron para el pago de la dote. Sin ninguna consideración humanitaria ni jurídica, les arrebatan la custodia de sus hijos; les imponen multas onerosas y difunden fotografías en los medios locales para denostarlas. Lo más grave, es el involucramiento de funcionarios públicos en la desaparición de las mujeres. La colusión que se ha establecido entre elementos de la policía con el crimen organizado, son el nuevo sello de los gobiernos municipales. Dejan   en manos del sicariato, la responsabilidad de garantizar seguridad a la población.

Las acciones criminales se han recrudecido porque no solo se atenta contra la vida de una mujer, si no que desaparecen y asesinan a madres e hijas. En algunos casos han quemado sus cuerpos. En otro caso, se consumó una violación tumultuaria, donde participó el esposo. De forma brutal violaron y mataron a la esposa, a martillazos, dejando a su pequeña hija sobre el charco de sangre.

La violencia contra las mujeres se profundiza por la inacción de las autoridades, por su complicidad con los criminales y por el patrón de impunidad que persiste en el aparato de justicia del estado. Las pocas denuncias que se han interpuesto se mantienen estancadas. Le cargan toda la responsabilidad a los familiares para que indaguen el móvil del feminicidio. Los desgastan con trámites burocráticos para que se desistan en su exigencia de justicia. No cuentan con asesores jurídicos ni con peritos intérpretes. El personal de la fiscalía, en lugar de tomar en cuenta el estado de indefensión de las mujeres y el contexto de violencia que persiste contra ellas, ponen en duda sus declaraciones. Se coluden con los abogados particulares de los perpetradores.

No solo los agentes investigadores de la fiscalía se prestan a estas marrullerías, también hay jueces que se han amafiado con abogados para vender la justicia al mejor postor. En esta cultura machista, los funcionarios municipales toman partido por los hombres; en las agencias de los ministerios públicos, las mujeres son revictimizadas, y en los juzgados, la autoridad judicial tuerce la ley en favor de los perpetradores. La jauría de abogados particulares son los mejores aliados para negociar los delitos. Se encargan de investigar a los clientes para ver si cuentan con solvencia económica, sobre todo si hay algún familiar en Estados Unidos. Saben que las remesas son garantía para satisfacer las pretensiones de quienes procuran y administran justicia.

El caso de Angélica, indígena Na savi, que se casó cuando estudiaba la secundaria, es una muestra de la corrupción que persiste entre los jueces.  Ella procreó una niña y un niño. Durante tres años soportó el maltrato de su esposo, quien la dejó en la casa de sus padres, con el pretexto de que trabajaría como jornalero agrícola. Se ausentó por dos años, y se desentendió del cuidado de los hijos. A su regreso la situación empeoró por el alcoholismo de su esposo, al grado que la violencia se agudizo. Angélica no tuvo otra alternativa que defenderse ante la agresión constante de su pareja. Los suegros en lugar de apoyarla se fueron contra ella y cuando se defendía de la agresión de su esposo, sus padres se metieron y la tundieron a golpes. La corrieron de su casa y le quitaron a sus hijos.

Cuando pidió apoyo legal, su esposo la acusó de robo por la cantidad de 48 mil pesos y otros objetos de valor. El único interés de Angélica era recuperar a sus hijos y buscar un lugar seguro donde vivir. Ante la imposibilidad de que el juez civil de Tlapa la escuchara, Angélica sintió que su denuncia seria ignorada. Supo que su pareja había contratado a un abogado particular, quien se dio el lujo de comentar cuánto le había pagado al juez para ganar el caso.

En su lucha por recuperar a sus hijos, el juez ordenó que Angélica dejaría de ver a sus hijos porque los maltrataba. Nunca imagino que por defender a sus hijos estaría en riesgo su libertad. En el ministerio público agilizaron la denuncia de robo con el fin de encarcelarla, mientras tanto el juez familiar, otorgó medidas cautelares a favor del esposo. Son muy significativa las palabras sencillas y contundentes que expreso en su lengua materna, sobre la mala actuación de los jueces.

“A los jueces no les importa si los niños lloran. Cuando los separan de su mamá o su papá, no les interesa porque no tienen sentimientos. Se burlan de nuestro dolor y se aprovechan de que somos pobres y no hablamos bien el español. Como madre he demostrado en estos años el gran amor que tengo por mis hijos y por eso, ya no permití que me siguieran golpeando. Preferí salirme de la casa para ponerme a salvo y proteger a mis niños. Sin embargo, esto no toma en cuenta el juez. Solo tiene ojos para ver el dinero. No le importa que una madre esté llorando por sus hijos, ni le duele decir que me los quiten, porque no tiene corazón y tampoco parece que sea humano. Solo tiene interés por el dinero”.

La lucha de las mujeres indígenas se da a flor de tierra, con sus pies desnudos, pero con el corazón por delante. No podrán expresarse en español, pero en su vida cultivan los más altos valores del respeto por las leyes y por los derechos de sus hijos. Están dispuestas a enfrentar la violencia de su esposo y la misma violencia que ejercen las autoridades. Saben que está en riesgo su vida, y muchas de ellas han sido víctimas de estas atrocidades por la indolencia y la postura delincuencial que tienen los funcionarios públicos municipales, las autoridades ministeriales y los mismos jueces. Angélica a sus 22 años ha demostrado tener la fuerza para enfrentar al aparato de justicia del estado, que pisotea sus derechos y esquilma a los más pobres. El juez ha ordenado que le quiten a sus hijos. Para Angélica esta decisión arbitraria no es definitiva, seguirá dando la batalla.

Fuente de la información e imagen:  https://www.tlachinollan.org

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