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La pandemia empuja a escolares de África fuera de las aulas

La educación de calidad, segura, con perspectiva de género e inclusiva para los niños y niñas de África está cada vez más fuera de su alcance de la mayoría de la infancia del continente, dicen los expertos.

Los centros de educación secundaria de Kenia reabrieron sus aulas en octubre, pero el gobierno debió establecer una pausa no programada, antes del planificado cierre del 23 de diciembre, luego de que estudiantes habían incendiado ya 35 escuelas, en protesta por las medidas especiales para completar los currículos en un periodo muy reducido.

Sarah Kitana, profesora de secundaria en Kathiani, en el sureño condado de Machokos, dice a IPS que un hecho notorio es que hay menos estudiantes en las aulas después de un año de interrupciones impulsadas para contener los contagios de covid-19 y el consiguiente período prolongado sin clases.

Esto es aún más evidente en las zonas rurales.

“A los que han vuelto les resulta muy difícil afrontar el nuevo ritmo de aprendizaje para recuperar el tiempo perdido. Los alumnos de secundaria cursan entre ocho y 13 asignaturas. En algunas escuelas los alumnos se levantan a las 3:00 de la mañana para estar en clase a las 4:30 y terminar la jornada a las 10:.45 de la noche”, explica.

El esfuerzo busca, justifica, “ayudar a dar cierta normalidad a un calendario académico alterado, reestructurado y acortado. Habrá que esperar hasta enero de 2023 para que el calendario escolar de Kenia recupere cierta normalidad”, aunque eso provoque tensiones.

Ya antes de la pandemia,  África, y sobre todo  África subsahariana, ya estaba lejos de alcanzar el 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que pretende alcanzar de forma universal una educación de calidad, inclusiva y equitativa, a fin de promover oportunidades de aprendizaje para todos y durante toda la vida.

En 2019, el Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) indicó que, de todas las regiones, el África subsahariana tiene las tasas más altas de exclusión educativa, ya que no estaban escolarizados más de una quinta parte de los niños de entre 6 y 11 años, un tercio de los de 12 a 14 años y 60 % de los de 15 a 17 años.

En julio de 2021, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) anunció que al menos 40 % de todos los niños en edad escolar de África oriental y meridional estaban sin escolarizar a consecuencia de las medidas anticovid, además de otros problemas previos a la pandemia a los que se enfrenta el persistentemente frágil sistema educativo.

Los datos de las agencias de las Naciones Unidas muestran que hay al menos 15 países con conflictos armados activos en el África subsahariana.

La guerra civil, los embarazos en edad temprana, los matrimonios infantiles, los problemas de acceso debidos a las discapacidades, los desplazamientos provocados por el cambio climático y las crisis económicas derivadas de la covid no harán sino aumentar el número de niños sin escolarizar, afirma Josephat Kimathi, pedagogo especialista del Ministerio de Educación de Kenia.

La falta de educación puede tener consecuencias para toda la vida. Save the Children, la organización internacional en defensa de los derechos de la infancia, indica que sus previsiones con base en la situación de julio de 2020,  indica que los niños sin escolarizar por el cierre de los centros educativos en aquel momento, podrían traducirse en una pérdida de 10 billones (millones de millones) de dólares.

En 16 de los 47 condados de Kenia, un país del este de África, un estudio de referencia realizado por Unicef reveló que más de 27 500 niños con discapacidades estaban sin escolarizar.

No solo se ha interrumpido la educación de toda una generación en la historia de la humanidad, sino que Kimathi afirma que la educación de calidad, segura, con perspectiva de género e inclusiva para los niños de África está cada vez más fuera de su alcance.

“En comparación, Kenia es un país bastante estable. Sin embargo, 1,8 millones de niños y adolescentes de entre 6 y 17 años no están escolarizados. Otros 700 000 niños pequeños, de entre cuatro y cinco años, no pueden acceder a las oportunidades interactivas de la primera infancia que les preparan para entrar en la escuela primaria”, dijo Kimathi a IPS.

Uno de cada cuatro niños de África vive en zonas de conflicto. Save the Children realizó un nuevo estudio sobre 12 países con riesgo extremo de que se incremente el abandono escolar, donde se mostró que la mayoría de ellos son países africanos: Costa de Marfil, Guinea, Liberia, Malí, Chad, Níger, Mauritania, Nigeria y Senegal. Los otros tres son Afganistán, Pakistán y Yemen.

En toda África, asegura el especialista Kimathi, los niños más pobres de las comunidades rurales, asoladas por la sequía, minoritarias y marginadas serán los que más sufran los efectos devastadores de la pandemia.

Grace Gakii, experta en cuestiones de género con base en Nairobi, afirma que la pandemia ya está expulsando a más niñas del sistema educativo africano. Según un informe de 2021 de la Fundación Mo Ibrahim, es posible que al menos un millón de niñas africanas no vuelvan nunca a la escuela.

Según un análisis de la Unesco previo al estallido de la pandemia,  nueve millones de niñas de entre seis y 11 años que viven en África subsahariana, no irán nunca a la escuela, tres millones más que los niños de la misma edad.

Gakii habla de los crecientes desafíos en las comunidades áridas, semiáridas y pastoriles para matricular y retener a las niñas en la escuela y teme perder los logros alcanzados.

La escuela primaria con internado Elangata Enterit, situada en la comunidad pastoril keniana de Narok Sur, es un ejemplo perfecto de éxito. En 2007, la escuela no tenía ni una sola niña que se presentara al crucial y obligatorio Certificado de Educación Primaria de Kenia (KCPE).

Con la intervención a favor de la escolarización de las niñas, el número de ellas que se presentan al KCPE aumentó a 30 estudiantes en 2016 y sigue creciendo.

Son 42 los países en África que ofrecen educación primaria gratuita y obligatoria y los Estados miembros de la Unión Africana se esfuerzan por invertir al menos 20 % de su presupuesto nacional en educación, pero aun así ya antes del estallido de la pandemia de covid, datos de la Unesco mostraban que 100 millones de niños estaban sin escolarizar en África subsahariana.

En julio de 2020, Save the Children estimó que la recesión provocada por la pandemia dejará un déficit de 77 000 millones de dólares en el gasto en educación en algunos de los países más pobres del mundo durante los siguientes 18 meses.

El pedagogo Kimathi afirma que África necesitará planes de educación específicos para cada contexto, que ayuden a crear una resistencia contra las perturbaciones a un sistema educativo ya débil, para volver a ponerse en marcha.

También necesitará, añade, fondos para aplicar los planes de acción, además de medidas proactivas para mantener la seguridad de los niños y sistemas para seguir y garantizar que el continente mantenga el rumbo.

En Kenia, detalla, hay por acelerar la aplicación del derecho a la educación para todos los niños.

Esto incluye el programa en curso «Operación Venir a la Escuela», dirigido a 16 condados rurales en los que son notorios los niños no escolarizados.

Esto, dice, es fundamental para lograr el ODS 4, especialmente a la luz de las terribles predicciones de la Unesco, que estiman que 50 % de los niños del África subsahariana no completarán la educación secundaria en 2030.

La pandemia empuja a escolares de África fuera de las aulas

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Nigeria: La intensificación de los ataques contra niños y niñas hace peligrar el derecho a la educación

Por: Amnistia Internacional 

  • Más de 61 niños y niñas siguen cautivos meses después de un secuestro masivo a manos de bandidos
  • Más de 780 niños y niñas han sido secuestrados en 2021 para pedir rescate
  • Muchas escuelas cierran de forma indefinida ante la inseguridad creciente

Las autoridades de Nigeria están fallando a los niños y niñas, pues al menos 61 siguen cautivos en el norte del país meses después de que unos bandidos los secuestrasen durante ataques masivos a escuelas que también interrumpieron la educación de miles de escolares, y los sometiesen a un trato horrible y degradante durante su cautiverio, manifestó hoy Amnistía Internacional Nigeria.

Con frecuencia se secuestra a niños y niñas en orfanatos, escuelas y lugares de culto y se los mantiene cautivos durante semanas, —que a veces se convierten en meses en función de si se satisfacen —o de cuando se satisfacen— las demandas de sus secuestradores. A veces se les tienden emboscadas durante su trayecto a la escuela en autobús o a pie, y se los secuestra para pedir rescate.

Ningún menor debería pasa por lo que estos niños y niñas están pasando ahora en Nigeria. La educación no debe ser algo que pueda costarle la vida a nadie. Nigeria está fallando de nuevo a estos niños y niñas de un modo horrible.

Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria.

En algunas zonas del norte de Nigeria, la población escolar corre peligro de muerte o secuestro de forma permanente. Desde febrero de 2021 han sido secuestrados más de 780 niños y niñas para pedir rescate en ataques en masa a escuelas o instituciones religiosas en los que algunos han muerto. A veces se obliga a los padres o madres de los menores secuestrados o a las autoridades escolares a suministrar alimentos y ropa para los menores cautivos”, aseguró Osai Ojigho.

El futuro de miles de escolares del norte de Nigeria continúa siendo desolador, pues en algunos Estados centenares de escuelas han cerrado indefinidamente a causa del aumento de la inseguridad. Muchos niños y niñas han abandonado la educación debido al trauma psicológico de presenciar ataques violentos o vivir en cautividad.

Un maestro de la comunidad en la que el 26 de febrero de 2017 fueron secuestrados 317 escolares en la zona de gobierno local de Jangebe (estado de Zamfara) contó a Amnistía Internacional que la inseguridad había reducido drásticamente la asistencia al colegio, pues los niños y niñas tienen miedo a ir aunque los obliguen sus padres.

Un niño de 15 años que sufrió lesiones cuando escapaba de un secuestro masivo en su escuela contó a Amnistía Internacional que no regresaría a la escuela tras su reapertura.

“Si la escuela vuelve a abrir, no volveré al internado. Prefiero matricularme como alumno externo en otro centro. Cada vez que recuerdo lo que pasa me entra miedo; es perturbador. Quiero que se rescate a todos los niños y niñas, especialmente a mis primos”.

“Cuando se atacan instituciones educativas, los daños y las consecuencias pueden ser importantes y de gran alcance. Es esencial proteger la vida de los niños y niñas, y las autoridades de Nigeria tienen el deber de garantizar que el sector educativo del país no se ve de nuevo amenazado por los secuestros, la intimidación y los homicidios de escolares.”

La sección 27 de la Ley de Derechos de la Infancia prohíbe el secuestro de niños y niñas. Nigeria, que ha ratificado la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, tiene la obligación de tomar las medidas apropiadas para impedir el secuestro de niños y niñas y garantizar su derecho a la educación.

Muerte bajo cautiverio o durante un ataque 

Dos niñas y un niño secuestrados en el Instituto Público Federal de Birnin Yauri (estado de Kebbi) el 17 de junio de 2021 fueron hallados muertos unos días después del secuestro. A dos de ellos les habían disparado en las piernas, y se sospechaba que el tercero había muerto a causa de su mal estado de salud.

El 6 de junio de 2021, se encontró a unos pocos kilómetros de Tegina (estado de Níger) el cuerpo de un niño de tres años secuestrado en la Escuela Islámica Salihu Tanko; otros cinco niños y niñas secuestrados durante el asalto también murieron bajo cautiverio. Al menos 136 niños y niñas de entre 3 y 15 años fueron secuestrados durante el asalto y liberados el 26 de agosto después de pasar meses cautivos.

El 17 de febrero, Benjamin Doma murió cuando intentaba escapar de un asalto a su centro escolar, el Instituto Público de Ciencias de Kagara (estado de Níger), durante el que se secuestró a 27 escolares.

El 19 de septiembre, Edeh Donald, alumno de la Academia General Marista de Uturu (estado de Abia) murió cuando unos hombres armados atacaron su autobús escolar en la carretera de Ihube, en la zona de gobierno local de Okigwe, cuando regresaba de una excursión con sus compañeros.

Los grupos armados están atacando deliberadamente a niños y niñas. El uso de menores como escudo o baza para la negociación es inaceptable y debe cesar. El gobierno de Nigeria debe investigar estos ataques como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Osa Ojigho

Niños y niñas cautivos

Muchos niños y niñas secuestrados han sido liberados tras negociaciones, pero aún hay más de 61 menores cautivos meses después de su secuestro. El menos 56 niños y niñas del Instituto Público Federal de Birnin Yauri (estado de Kebbi) continúan cautivos cuando han transcurrido 167 días desde su secuestro el 17 de junio de 2021. Durante el asalto se secuestró también a 102 personas entre las que, además de escolares, había ocho miembros del personal académico y no académico.

En Kaduna, tres estudiantes secuestrados en el Instituto Baptista Bethel el 5 de julio de 2021 llevan 149 días cautivos. Al menos 121 niños y niñas de entre 10 y 15 años fueron secuestrados durante el asalto en la zona de gobierno local de Chikun.

Entre las 66 personas que permanecen cautivas tras su secuestro el 31 de octubre de 2021 en la Iglesia Baptista Emmanuel, en la zona de gobierno local de Chikun (estado de Kaduna), hay niños y niñas, incluido un bebé. “Los ataques a escuelas, los secuestros y los homicidios de escolares demuestran un desprecio absoluto por el derecho a la vida y el derecho a la educación. Las autoridades de Nigeria deben ofrecer protección a las escuelas y a los niños y niñas. Los ataques a escuelas violan el derecho internacional, y las autoridades deben garantizar que se investigan adecuadamente y se lleva a los presuntos responsables ante la justicia en juicios con las debidas garantías en los que no se recurra a la pena de muerte”, expresó Osai Ojigho.

Nigeria: La intensificación de los ataques contra niños y niñas hace peligrar el derecho a la educación

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Ayudando a los más vulnerables de Haití: los desplazados con discapacidad

Las personas con discapacidad en Haití que han tenido que ir de un refugio temporal a otro a causa del terremoto, el fuego y la creciente violencia de las bandas criminales han podido encontrar por fin un hogar seguro, justo antes del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra anualmente el 3 de diciembre.

Samuel cree que ser discapacitado visual en Haití es un castigo. Tras ser despedido de su trabajo por su discapacidad, le resultó imposible encontrar empleo. «Ha sido muy difícil alimentar a mi familia, por no hablar de pagar la matrícula” del colegio, dice este padre de dos hijos.

Con discapacidad visual desde hace más de una década, Samuel, de 48 años, ha pasado la mayor parte de este tiempo en el campamento La Piste, en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Este lugar para desplazados internos ha acogido a personas con todo tipo de discapacidades desde el mortífero terremoto de siete grados que golpeo Haití en 2010.

Samuel (en el centro) y su familia esperan para salir de un emplazamiento provisional para desplazados internos en Puerto Príncipe.

OIM/Monica Chiriac
Samuel (en el centro) y su familia esperan para salir de un emplazamiento provisional para desplazados internos en Puerto Príncipe.

En junio de este año, el lugar fue devorado por las llamas, dejando a cientos de personas luchando por sus vidas y sin hogar una vez más. Poco después, una asociación local remitió a Samuel a Delmas 103, una escuela y lugar temporal de acogida en Puerto Príncipe, donde ha estado viviendo.

Violencia tras el terremoto

Los terremotos y los incendios no son los únicos peligros a los que se enfrentan los haitianos como Samuel. Desde marzo de 2020, un alarmante aumento de la violencia de las bandas en Puerto Príncipe ha provocado el desplazamiento de unas 19.000 personas.

La violencia está interrumpiendo el suministro de ayuda humanitaria a cerca de 1,5 millones de personas en todo el país, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

Las personas discapacitadas desplazadas han sufrido con regularidad debido a la violencia constante. La Organización Internacional para las Migraciones está proporcionando asistencia de protección vital a los más vulnerables afectados por la violencia.

Judith, de 27 años y madre de dos hijos, sufrió una lesión medular por una herida de bala.

OIM/Monica Chiriac
Judith, de 27 años y madre de dos hijos, sufrió una lesión medular por una herida de bala.

Necesidades específicas

La oficial de proyectos de la Organización, Claire Gaulin, afirma que las personas con discapacidad tienen necesidades específicas.

«Los desplazados a la fuerza, ya sea por catástrofes naturales o por la violencia relacionada con las bandas, necesitan apoyo para ser reubicadas en un lugar seguro donde puedan vivir con seguridad y dignidad», y añade que «también requieren un examen médico para identificar sus necesidades de atención sanitaria. Muchos no han pasado por la consulta del doctor durante mucho tiempo, lo que a veces puede empeorar sus condiciones».

También han recibido muletas y sillas de ruedas, una línea telefónica de apoyo y ayuda para poner en orden su documentación.

«Las personas con discapacidad en Haití también se enfrentan con frecuencia a la discriminación, por lo que necesitan un apoyo específico para su integración y participación en la comunidad«, dice Claire Gaulin. «En última instancia, necesitan apoyo para recuperar su autonomía, lo que puede hacerse organizando formación para ayudarles a desarrollar actividades generadoras de ingresos y dándoles la oportunidad de acceder a servicios especializados.»

La Organización Internacional para las Migraciones creó un servicio de apoyo para la reubicación* voluntaria de más de 10.000 personas que viven en los barrios más afectados por la violencia, incluidas más de 5200 mujeres y niñas y 550 personas con discapacidad.

Las familias que vivían en una escuela han sido reubicadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en otros emplazamientos seguros.

OIM/Monica Chiriac
Las familias que vivían en una escuela han sido reubicadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en otros emplazamientos seguros.

La vuelta a la normalidad

Unas 247 familias desplazadas, entre las que se encuentra la de Samuel, ya han abandonado el edificio de la escuela Delmas 103 al que huyeron tras el incendio y han sido reubicadas en las regiones y casas que han elegido. Como parte del proceso de reubicación, la agencia de la ONU apoya a cada familia con asistencia en efectivo para cubrir un año de alquiler.

Mientras tanto, la OIM también ha renovado el sitio de Delmas 103, conocido por la mayoría como la Ecole Communale de Pétion-Ville. La escuela está ahora equipada con nuevos pupitres y pizarras, y está lista para recibir de nuevo a los estudiantes, tan pronto como sea seguro hacerlo.

Ahora que Samuel ha recibido un nuevo alojamiento, su atención se centra en la salud de sus dos hijos adolescentes que, debido a una enfermedad hereditaria, ya están perdiendo parte de la vista.

«A los chicos les persigue la idea de que algún día se quedarán ciegos como su padre», dice Samuel. «Ahora que ya no vivo en sitios provisionales, puedo dedicar tiempo a encontrar los medios para cuidar de mi familia y continuar con mi terapia médica en un entorno seguro».

Este viernes 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

*El programa de reubicación de la Organización Internacional para las Migraciones y el apoyo a los desplazados internos han sido posibles gracias al Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de las Naciones Unidas (CERF). Estas actividades se han llevado a cabo en coordinación con la Dirección General de Protección Civil de Haití (DGPC), la Unidad Nacional de Construcción de Viviendas y Edificios Públicos (UCLBP) la Fundación J’Aime Haïti, así como la Oficina del Secretario de Estado para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (BSEIPH).
Fuente: https://news.un.org/es/story/2021/12/1500792
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FMI, un enemigo común para la educación en Latinoamérica

Por Luciana Jouli, Mayra Pedraza

Las organizaciones sociales y políticas encuentran en las calles una forma de lucha frente a los avances neoliberales direccionados desde los organismos del poder económico y político . En América Latina, las movilizaciones y protestas son la expresión de las desigualdades sociales existentes que se viven y se sienten en los cuerpos de las y los latinoamericanas/os.

Desigualdades que, en la actualidad, expresan el proceso de concentración de riqueza y transferencia de recursos de los sectores que menos tienen hacia los que más acumulan que se dio en la pandemia.(1)

Ante este contexto de mayor desigualdad, el campo del pueblo opone resistencia en toda América Latina, encontrando nuevas formas de protesta, que van haciendo posible identificar un enemigo común y conocido: el Fondo Monetario Internacional (FMI). Un organismo internacional que define y determina las realidades económicas locales a través de las presiones por pago de sus deudas. Deudas que desde la educación no ha de ser pagada ni con los salarios de los trabajadores, ni con el hambre de los niños y adolescentes que llegan con hambre y necesidades insatisfechas a las aulas, ni con la restricción de este derecho, ni con la falta de acceso al derecho a la conectividad de la comunidad educativa.

Latinoamérica se mueve en defensa propia

Durante el 2020 y pese al pleno apogeo de la Pandemia, se vivieron movilizaciones y protestas impulsadas desde el sector educativo en toda América Latina.  Los trabajadores de la educación se vieron afectados particularmente y esto impulsó reclamos y resistencias en países como: Ecuador, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil, México, Costa Rica y Panamá.

Las consignas que se observaron en cada una de las movilizaciones desarrolladas se relacionaron con reclamos específicamente educativos, pero también abarcaron aspectos más amplios en cuanto a demandas sociales. En, Ecuador, las comunidades se posicionaron para combatir el «paquetazo de Lenín Moreno» y defender  el poder adquisitivo de los salarios  en medio de una crisis institucional gubernamental. En Chile, el conflicto educativo siempre estuvo latente. Los “mochilazos” y las “revoluciones pingüinas” así nos lo recuerdan. En 2019 las y los estudiantes despertaron a todo un país expresando que “no eran 30 pesos, sino 30 años” de ser los buenos alumnos del Fondo Monetario.

Por su parte, en Colombia, el pliego de peticiones también denominado «paquetazo», coincidió con la convocatoria de sindicatos y centrales obreras colombianas en rechazo a la violencia y las políticas de Iván Duque, su presidente. En tanto en Perú, el Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación de Perú (sutep) exigió al gobierno destinar el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional a la educación. En ese país, mientras, se desarrollaba la salida del presidente en funciones, Martín Vizcarra, y la asunción de Fernando Sagasti. El SUTEP en conjunto con la CGTP (Confederación General de Trabajadores de Perú) exigía la conformación de una Asamblea Constituyente y la redacción de una nueva Constitución, atravesado por fuertes manifestaciones.

En Paraguay y Uruguay, el reclamo se centró en mayor presupuesto para el sector educativo. Mientras tanto, en México la consigna se centró en el reclamo por la retribución del salario a docentes contratados. En Costa Rica, las movilizaciones fueron en rechazo al Fondo Monetario Internacional –FMI- y las políticas del gobierno. Mientras que en Panamá las centrales obreras docentes se posicionaron en contra las medidas de recorte de ayudas del Gobierno de Laurentino “nito” Cortizo, presidente de dicho país. A la vez que el pueblo de Bolivia exigía la renuncia de Víctor Hugo Cárdenas, el entonces ministro de Educación de facto de Bolivia, por promover la privatización de la educación en el país.

La efervescencia y las muestras de iniciativa popular que se viven en Latinoamérica nos permiten afirmar, como Giménez y Caciabue que  “la calle no es de la derecha reaccionaria y rancia -aunque se vista de jóvenes libertarios-, la calle es de las mayorías dispuestas a profundizar el proyecto de país que cierre con todas, todos y todes adentro, esa es la deuda urgente”.

Históricamente, la resistencia a la mercantilización de la educación, impuesta generalmente por el FMI, ha marcado la agenda de las organizaciones sociales políticas en general y de las comunidades educativas, en particular. Las protestas y movilizaciones en Latinoamérica descritas dan cuenta del clamor popular respecto de la urgencia de terminar con las desigualdades sociales existentes, así como también de la disposición de los sectores del campo y del pueblo a tomar las calles y levantar sus voces por una sociedad donde una vida digna no sea un reclamo, sino un derecho. Donde la deuda a pagar sea con el pueblo y no con los organismos internacionales.

Argentina: ¿los organismos internacionales deciden?

No sólo se debe remitir a la memoria cercana de los pueblos vecinos. Argentina ha sido, a lo largo de la historia, el campo de disputa entre un proyecto de subordinación y dependencia, por un lado y de soberanía e independencia, por el otro. Desde 1824, con el empréstito Baring Brothers, Argentina entra en el camino del endeudamiento. El FMI hará su aparición primero en la década del 60, y con más fuerza luego de la crisis de la deuda de la década del 80 y los gobiernos neoliberales de los ’90.

En el sector educativo, los organismos internacionales también desarrollaron sus estrategias. En particular, en agosto de 1995 se promulgó la Ley de Educación Superior (Nº 24.521), ley que fue propuesta y financiada por el Banco Mundial (BM).

Según Etchichury (2016) “El Banco Mundial, aprobó un crédito específico para la reforma de la educación superior, cuya ejecución se inició en 1995. El informe técnico correspondiente a aquel préstamo describía los problemas centrales que el BM observaba en el sistema universitario de 1995 y adelantaba sus propuestas de solución. Ante ese panorama, el Banco y el Gobierno argentino acordaron un préstamo por 165 millones de dólares destinado —según declara el BM— a “establecer un ambiente competitivo para el mejoramiento de la educación superior y proveer, a través de un mecanismo transparente de financiamiento, los incentivos apropiados para avances continuos en eficiencia educativa y mejora de la calidad” (The World Bank, 2004: 2)”.

Dicha ley regula y determina los objetivos, alcances, financiamiento y recursos de la educación superior en Argentina hasta el día de hoy. Horacio Etchichury describe en su trabajo titulado “La tercera década: Ley de Educación Superior y el legado del Banco Mundial” publicado en 2016, que el proyecto sostenido con el crédito aprobado en 1995, tiene el 31 de diciembre de 2003 como fecha de conclusión. Un año después, el Banco Mundial elaboró un informe de evaluación donde consideró “satisfactorio el nivel alcanzado en el logro de los objetivos del proyecto”.

No al Presupuesto del FMI! Paro Nacional Docente y movilización el miércoles 24 de octubre | UTE

Como se sabe tanto el FMI, como el Grupo Banco Mundial, fueron creados en la Conferencia de Bretton Woods en 1944. Para ser elegibles como miembros del Grupo Banco Mundial, los países deben primero adherirse al FMI. Tales aspectos vislumbran lo objetivos comunes de dichos organismos.

Actualmente, el discurso de la fuerza social de Juntos por el Cambio -JxC-, compuesto por las alianzas del neoliberal PRO, sectores concentrados de la economía local en asociación con trasnacionales, ONG’s y Fundaciones y representado en el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y en la diputada de CABA María Eugenia Vidal, sostiene en sus discursos que estamos “aislados del mundo” y es necesario “volver”. Esto no significa otra cosa que la vuelta al circuito de la financiarización y sus consiguientes consecuencias para la sociedad en general y el sistema educativo, en particular. Es necesario recordar que los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y la asesoría del FMI dieron como resultado mayor desigualdad social.

Uruguay: Estudiantes salieron a la calle para protestar contra la reforma educativa - El Chubut

Según el informe elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y las universidades de Avellaneda, Quilmes, Tres de Febrero, General Sarmiento y San Martín, la educación pasó de representar el 7,8 por ciento del presupuesto total del Estado nacional en 2016 al 5,1 por ciento 2020; hubo un descenso del presupuesto en la partida “Políticas socioeducativas”, que llegó a ser en el 2020 sólo el 6 por ciento de lo que era al inicio de la gestión y un recorte del presupuesto en obras del 2018 al 2019 de un 71%. La cara más oscura de este proceso de desinversión se hizo visible en la explosión que ocurrió en agosto de 2018, en la escuela N°49 de Moreno, provincia de Buenos Aires, qué se cobró las vidas de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Otro hecho de negligencia ocurrido bajo el gobierno macrista  que no se puede omitir son las 135 mil netbooks que fueron encontradas en febrero de 2020 en el Correo Argentino y que no habían sido entregadas a las/os niñas/os y adolescentes del sistema educativo nacional.

El pueblo argentino siempre fue un centro de resistencia a los Planes de Ajuste Estructural que el FMI y los organismos internacionales han intentado imponer sobre el país.  El 2021 nos encuentra con un sector educativo que necesita transformaciones y una deuda al organismo multilateral de crédito de 46 mil millones de dólares, número cercano al tercio de las acreencias totales del organismo. Tal como describió el diputado y sindicalista Hugo Yasky: “El préstamo que tomó el FMI equivale a construir 13.133 escuelas”.

No puede caer sobre los hombros de trabajadoras, trabajadores y las y los miembros de la comunidad educativa el pago de la deuda. Tal como lo ha dicho la calle: “Nosotras/os no debemos nada”. En todo caso, la deuda es con los derechos y las condiciones de igualdad. Ante una profunda crisis sistémica global, las pérdidas se intentan imponer sobre los millones de trabajadores, mientras el 1% de la humanidad (donde se encuentran los dueños de las grandes tecnológicas que fueron protagonistas de la educación en pandemia) incrementa su patrimonio, apropiándose de las riquezas socialmente producidas.

Es momento de emprender la escuela de la lucha callejera, donde el Pueblo demuestra su fuerza, construye su historia y aprende a conseguir conquistas y derechos; donde los movimientos sociales y las organizaciones manifiestan sus reclamos e intereses. El pago de la deuda no puede significar reducción de presupuesto educativo, baja de los salarios a trabajadores de la educación, infraestructuras obsoletas y niñas/niños y jóvenes sin dispositivos ni conectividad. Las comunidades educativas, comunidades de aprendizajes, en conjunto con los sectores del pueblo, deberán constituirse también como ámbitos donde acumular fuerza para no permitir este nuevo intento de avance en las lógicas de mercantilización de la educación.

Nota:

(1) Ver: Otro 17 de octubre: Un balance de la coyuntura argentina con la mirada en la calle, Paula Giménez y Matías Caciabue, https://estrategia.la/2021/10/17/otro-17-de-octub…esta-en-la-calle/

Jouli es Licenciada en Educación Especial. Pedraza es Licenciada en Ciencias Políticas. Ambas miembros del Centro de Estudios y Formación en Política Educativa (CEFOPED), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: https://rebelion.org/fmi-un-enemigo-comun-para-la-educacion-en-latinoamerica/

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La realidad de los niños en África: durante el 2020 más de 21 mil fueron reclutados por el ejército y alrededor de 6 mil fueron víctimas de violación

Solo el año pasado, más de 6.400 niños en África (32% de ellos, niñas) fueron víctimas de una o más violaciones, mientras miles son reclutados y utilizados por el Ejército y grupos paramilitares. Estas cifras fueron dadas a conocer a través de un informe realizado por la ONU.

África cuenta con más de 21.000 niños reclutados y utilizados por el Ejército y grupos armados no estatales desde 2016, mientras más de 2.200 menores padecieron violencia sexual, alertó un informe difundido este martes por la ONU.

Asimismo, más de 3.500 infantes fueron secuestrados y se registraron más de 1.500 casos de agresiones a escuelas y hospitales.

Así lo afirmó un comunicado del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de la ONU, que lamentó el récord mundial de la región en cuanto a niños víctimas de violencia sexual.

«Africa occidental y central incluso tiene el segundo número más alto de secuestros», según la nueva publicación de Unicef, que pidió a los socios que apoyen y aumenten la documentación de las violaciones graves a los niños, a la vez que prevengan y respondan a esa clase de agresiones a ellos.

Desde 2005, una de cada cuatro violaciones graves verificadas por la ONU en todo el mundo se cometió en Africa occidental y central.

Solo el año pasado, más de 6.400 niños (32% de ellos, niñas) fueron víctimas de una o más violaciones graves en la región.

Como resultado de la escalada de conflictos y la pandemia de coronavirus, 57,5 millones de niños necesitan asistencia humanitaria, una cifra que casi se duplicó desde 2020, recogió la agencia de noticias ANSA.

Las regiones afectadas sufren varias crisis humanitarias provocadas por el yihadismo y conflictos intercomunitarios (Malí, Níger, Burkina Faso o Nigeria), guerras civiles enquistadas (República Centroafricana) o reivindicaciones separatistas (Camerún).

Yemen ya se había visto afectado desde 2004 por una guerra interna entre el gobierno central y la insurgencia hutí.

Desde 2011 estuvo marcado por las protestas populares antigubernamentales, que desembocaron en el actual conflicto interno y regional.

Para la ONU, en Yemen hoy «el acceso a la atención médica es limitado o inexistente, la economía está al borde del colapso y millones de personas están al borde de la hambruna». 

En este sentido, advirtió que Yemen «es el peor desastre humanitario del mundo, que sigue agravándose».

Fuente: https://misionesonline.net/2021/11/24/ninos-en-africa/

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Tanzania permitirá que madres adolescentes sigan estudiando

Tanzania anunció este miércoles que iba a autorizar que las estudiantes embarazadas y las madres adolescentes sigan con sus estudios, eliminando así una prohibición muy criticada, instaurada por el difunto líder autócrata John Magufuli.

En 2017, este país del este de África había empezado a expulsar niñas embarazadas de las escuelas públicas y les prohibía regresar a las aulas tras dar a luz. La decisión fue criticada por los defensores de derechos humanos, que pedían que se eliminara la ley.

Tras la muerte del expresidente Magufuli el pasado 18 de marzo, Samia Suluhu Hassan, que asumió la presidencia, trató de terminar con algunas políticas instauradas por su predecesor.

«No hay tiempo que perder», añadió.

Durante su mandato, Magufuli había jurado que ninguna estudiante embarazada podría terminar sus estudios, ya que era inmoral que las niñas fueran sexualmente activas.

«Doy dinero para que una estudiante estudie de manera gratuita. Y después, termina embarazada, da a luz y luego, regresa a la escuela. No, durante mi mandato, no», declaró en 2017.

Esta decisión fue criticada por grupos de defensa de los derechos humanos, pero también por donantes internacionales, que suspendieron la financiación al país.

Por ejemplo, el Banco Mundial congeló de hecho un préstamo de 300 millones de dólares para la educación de las niñas en protesta por la prohibición.

En aquel momento, la oenegé Human Rights Watch publicó un informe en el que se afirmaba que funcionarios de las escuelas realizaban pruebas de embarazo para expulsar a las estudiantes embarazadas.

Fuente: https://www.elfinancierocr.com/cables/tanzania-permitira-que-madres-adolescentes-sigan/QNQETG66YZEO3CF5OBLD2RNWF4/story/

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Débil consenso global en «los futuros de a educación»: el mundo urge nuevo contrato social sin proponer planes de acción. UNESCO

Dos años de preparación y consultas mundiales de la UNESCO que involucraron a más de un millón de personas han terminado en un débil consenso global sobre los futuros de la educación. Este informe urge un nuevo contrato social para la educación como paso fundamental para reimaginar juntos nuestros futuros «pacíficos, justos y sostenibles», a partir de transformar la educación misma para lograr algo similar con esos futuros, pero reconoce que las propuestas son simplemente un punto de partida, una invitación a pensar e imaginar más que un plan de acción. Su texto íntegro se acaba de publicar en inglés y francés, y no saldrá en español y otros idiomas hasta el 2022.
No obstante, UNESCO ha puesto ambición tanto en el título de su nuevo informe mundial sobre el futuro de la educación, titulado Reimaginar nuestro futuro juntos: un nuevo contrato social para la educación, como en su premisas de que la humanidad y el planeta Tierra se encuentran en peligro y la gobernanza democrática ha retrocedido. También en el método de buscar y adoptar medidas consensuadas de forma urgente para cambiar de rumbo y replantearnos nuestros futuros.

La tradición de informes como este (sus 4 precedentes históricos fueron Aprender a ser: la educación del futuro,  en 1971-1972; La educación encierra un tesoro,  1993-1996; Los Siete saberes necesarios para la educación del futuro, 1999, y Replantear la educación. ¿Hacia un bien común mundial?) es de presentarlos como históricos y únicos en cada generación para repensar cómo el conocimiento y el aprendizaje darán forma al futuro de la humanidad y del planeta. Pero ante la generación que ha de afrontar grandes desafíos de creciente desigualdad ante las previsibles disrupciones de la inteligencia artificial y las pretensiones de dotar de ética y derechos a las máquinas, UNESCO se limita a recordar principios reconocidos como derechos humanos formalmente por la ONU en 1948 como una educación de calidad a lo largo de toda la vida o la educación como bien público y común, según expertos del Consejo Editorial de Ibercampus.

Preparado por una Comisión Internacional sobre el Futuro de la Educación que preside la presidenta del país más pobre del mundo las últimas décadas, la República Democrática Federal de Etiopía, Sahle-Work Zewde, el Informe busca desde antes de la Covid 19 proyectar la educación hasta el año 2050 y más allá, así como según la literatura oficial navegar por las interrupciones clave relacionadas con el clima, la participación democrática, la digitalización y el trabajo. Pero casi su única receta para garantizar esos dos principios institucionalizados a partir de 1948 es urgir un nuevo contrato social para la educación que tiene como objetivo reequilibrar nuestras relaciones entre nosotros, el planeta y la tecnología.

En un momento en que el clima, la salud y los desafíos tecnológicos se cruzan, repensar la educación es más necesario que nunca para orientar el futuro, dijo la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay. Y debemos hacer esto juntos porque la educación del mañana debe dejar más espacio para la participación y la contribución de toda la comunidad educativa y de la sociedad en general. Este informe propone acciones para forjar este nuevo contrato social para nuestras sociedades.

El Informe pide también pedagogías para enfatizar cambios en la cooperación, la colaboración y la solidaridad. Insta a que los planes de estudio se orienten hacia el aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario. Afirma que la enseñanza debe profesionalizarse aún más como un esfuerzo colaborativo y reconocer a los docentes como figuras clave en la transformación educativa y social. Pide también que las escuelas sean protegidas como sitios indispensables para promover la inclusión, la equidad y el bienestar colectivo, pero que se rediseñen para fomentar una mayor colaboración y convertirse en ejemplos de sostenibilidad y neutralidad de carbono.

El Informe hace un llamamiento a un programa de investigación colaborativa sobre el derecho a la educación a lo largo de la vida e insta a renovar la solidaridad global y la cooperación internacional para expandir las oportunidades educativas en los espacios sociales, culturales y profesionales.

Afirma que el derecho a la educación debe ampliarse para que sea de por vida y abarque el derecho a la conectividad. Uno de los mensajes clave que nuestra Comisión escuchó de todas las consultas es que la educación no solo es esencial para que las personas vivan una vida digna y significativa; también es crucial para dar forma a nuestros futuros compartidos , dijo el presidente Sahle-Work Zewde. Pensar en la educación como una forma de bienestar compartido es una idea clave que se encuentra presente en el informe. Nuestros sistemas educativos deben enfatizar mejor nuestra interconexión, fomentar el pensamiento crítico, el compromiso cívico y la conciencia de nuestra humanidad y nuestro planeta compartidos. Forjar un nuevo contrato social para la educación es un paso fundamental hacia la reinvención de nuestro futuro juntos.

El Informe pide que millones de personas, instituciones y organizaciones de todo el mundo impulsen y realicen el nuevo contrato social,  llamando a los educadores, jóvenes, investigadores y tomadores de decisiones a renovar la educación tras discutir lo que debemos mantener, lo que debemos abandonar, lo que necesita ser reinventado y cómo lograrlo en sus instituciones educativas y comunidades.

Nombrada en 2019, la Comisión Internacional está compuesta por líderes de la política, el mundo académico, las artes, la ciencia, los negocios y la educación. De las 17 personas que la integran, tres son latinoamericanas: Cristovan Buarque, político y profesor emérito de la Universidad de Brasíl; Elisa Guerra, profesora, fundadora del Colegio Valle de Filadelfia, en México, además de autora de la serie Filadelfia para la Editorial Pearson y Premio ALAS-BID a la mejor educadora de Latinoamérica 2015, y Tarcila Rivera Cea, una de las más reconocidas activistas indígenas en Perú y el mundo, presidenta de CHIRAPAQ, Centro para Culturas Indígenas de Perú.

Hacia un nuevo contrato social para la educación: resumen de 186 páginas

Nuestro mundo atraviesa un momento crítico. Ya sabemos que el conocimiento y el aprendizaje son fundamentales para la renovación y la transformación. Sin embargo, las disparidades mundiales, así como la necesidad apremiante de replantearnos por qué, cómo, qué, dónde y cuándo aprendemos, suponen que la educación aún no está cumpliendo su promesa de ayudarnos a forjar un futuro pacífico, justo y sostenible.

En nuestra búsqueda de crecimiento y desarrollo, los seres humanos hemos ejercido demasiada presión sobre nuestro medio natural, poniendo en peligro nuestra propia existencia. Hoy en día, los altos niveles de vida coexisten con profundas desigualdades. Aunque cada vez más personas participan en la vida pública, el tejido de la sociedad civil y la democracia está perdiendo firmeza en muchos lugares del mundo. Los rápidos cambios tecnológicos están transformando muchos aspectos de nuestra vida, pero estas innovaciones no están orientadas como deberían a la equidad, la inclusión y la participación democrática.

Todas las personas que viven hoy en día tienen la importante obligación, tanto para con las generaciones actuales como para con las futuras, de garantizar que nuestro mundo sea un mundo de abundancia y no de escasez, y que todos disfruten plenamente de los mismos derechos humanos. A pesar de la urgencia de actuar, y en un contexto de gran incertidumbre, tenemos motivos para estar llenos de esperanza. Como especie, nos encontramos en un momento de nuestra historia colectiva en el que tenemos más acceso que nunca al conocimiento y a herramientas que nos permiten colaborar. Para la humanidad, la posibilidad de participar en la creación conjunta de mejores futuros nunca ha sido mayor.

Este informe mundial de la Comisión Internacional sobre Los futuros de la educación plantea la cuestión de la función que puede cumplir la educación para dar forma a nuestro mundo común y nuestro futuro compartido de cara a 2050 y más allá. Las propuestas que presenta son el resultado de un proceso mundial de participación y creación conjunta de dos años, que mostró que un gran número de personas, ya fueran niños, jóvenes o adultos, son muy conscientes de que estamos conectados en este planeta compartido y de que mejorar esa experiencia para todos exige que trabajemos juntos.

A menudo ya están dedicados a generar esos cambios ellos mismos. Este informe incorpora sus contribuciones a todos los factores, desde la forma de replantearse el espacio de aprendizaje hasta la descolonización de los planes de estudios y la importancia del aprendizaje social y emocional, y explora sus miedos reales y crecientes en relación con el cambio climático, las crisis como la COVID-19, las noticias falsas y la brecha digital.

La educación, es decir, la forma de estructurar la enseñanza y el aprendizaje a lo largo de la vida, ha desempeñado durante mucho tiempo un papel fundamental en la transformación de las sociedades humanas. Nos conecta con el mundo y entre nosotros, nos abre a nuevas posibilidades y refuerza nuestras capacidades de diálogo y acción. Pero para forjar futuros pacíficos, justos y sostenibles, es necesario transformar la educación misma.

La educación puede considerarse un contrato social, esto es, un acuerdo implícito entre los miembros de una sociedad de cooperar para obtener un beneficio común. Un contrato social es más que un convenio, ya que refleja normas, compromisos y principios que tienen un carácter legislativo formal y que están culturalmente arraigados. El punto de partida es una visión común de los fines públicos de la educación. Este contrato consiste en los principios fundacionales y organizativos que estructuran los sistemas educativos, así como en el trabajo distribuido que se realiza para crearlos, mantenerlos y perfeccionarlos.

Durante el siglo XX, la educación pública buscaba esencialmente apoyar a la ciudadanía nacional y los esfuerzos de desarrollo mediante la escolaridad obligatoria de niños y jóvenes. Pero en el momento actual, en el que nos enfrentamos a graves riesgos para el futuro de la humanidad y la propia vida del planeta, debemos reinventar urgentemente la educación para que nos ayude a afrontar los retos comunes. Este acto de reimaginar significa trabajar juntos para crear futuros que sean compartidos e interdependientes. El nuevo contrato social para la educación debe unirnos en torno a los esfuerzos colectivos y aportar el conocimiento y la innovación necesarios para forjar futuros sostenibles y pacíficos para todos, basados en la justicia social, económica y ambiental. Y debe también, al igual que hace el presente informe, defender la función que desempeñan los docentes.

Son tres las preguntas esenciales que deben plantearse en materia de educación de cara a 2050, a saber, ¿qué deberíamos seguir haciendo?,¿qué deberíamos dejar de hacer? y ¿qué debería reinventarse de forma creativa?

Principios fundacionales

Todo nuevo contrato social debe basarse en los amplios principios que sustentan los derechos humanos (inclusión y equidad, cooperación y solidaridad, así como responsabilidad colectiva e interconexión) y deberá regirse por los dos principios fundacionales siguientes:

  • Garantizar el derecho a una educación de calidad a lo largo de toda la vida. El derecho a la educación, establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, debe seguir siendo el fundamento del nuevo contrato social para la educación y debe ampliarse para incluir el derecho a una educación de calidad durante toda la vida. También debe abarcar el derecho a la información, a la cultura y a la ciencia, así como el derecho a acceder y contribuir al patrimonio común de conocimientos, es decir, los recursos de conocimiento colectivos de la humanidad que se han acumulado durante generaciones y que se transforman continuamente.
  • Reforzar la educación como bien público y común. En su calidad de esfuerzo social compartido, la educación crea propósitos comunes y permite que los individuos y las comunidades florezcan de forma conjunta. Un nuevo contrato social para la educación no solo debe garantizar que esta reciba financiación pública, sino que comprende también un compromiso de la sociedad en general de incluir a todos en los debates públicos sobre la educación. Es este énfasis en la participación lo que refuerza la calidad de patrimonio común de la educación, esto es, una forma de bienestar compartido que se elige y se logra conjuntamente.

Estos principios fundacionales reposan en lo que la educación ha permitido a la humanidad conseguir hasta ahora y contribuyen a garantizar que, a medida que avanzamos hacia 2050 y más allá, la educación empodere a las generaciones futuras para que reimaginen sus futuros y renueven sus mundos.

Entre las promesas del pasado y las incertidumbres del futuro

La agravación de las desigualdades sociales y económicas, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, un uso de los recursos que sobrepasa los límites planetarios, el retroceso democrático y las tecnologías de automatización disruptivas son las características de nuestra coyuntura histórica actual. Estas múltiples crisis y desafíos que se superponen socavan nuestros derechos humanos individuales y colectivos, y han provocado daños para una gran parte de la vida en la Tierra. Aunque la expansión de los sistemas educativos ha creado oportunidades para muchos, un gran número de personas debe conformarse con un aprendizaje de baja calidad.

Mirar hacia el futuro nos pone frente a un cuadro aún más sombrío. Ciertamente, es posible imaginar un planeta agotado, con menos espacios para la habitación humana. Los escenarios futuros extremos también incluyen un mundo en el que la educación de calidad es un privilegio de las élites, y en el que amplios grupos de personas viven en la miseria porque no tienen acceso a los bienes y servicios esenciales. ¿No harán las desigualdades educativas actuales más que agravarse con el tiempo hasta que los planes de estudios lleguen a ser irrelevantes? ¿Cómo afectarán estos posibles cambios a nuestra humanidad esencial?

Ninguna tendencia es inexorable. Son posibles múltiples futuros alternativos, con transformaciones disruptivas en diversas esferas clave, como se indica a continuación:

  • El planeta está en peligro, pero la descarbonización y la ecologización de las economías están en marcha. En este caso, los niños y los jóvenes ya cumplen una función de liderazgo, exigiendo una acción real y haciendo severos reproches a quienes se niegan a afrontar la urgencia de la situación.
  • En el último decenio, el mundo ha sido testigo de un retroceso de la gobernanza democrática y un aumento del sentimiento populista impulsado por la identidad. Al mismo tiempo, han prosperado la participación ciudadana y el activismo cada vez más activos que combaten la discriminación y la injusticia en todo el mundo.
  • Las tecnologías digitales encierran un enorme potencial de transformación, pero aún no hemos descubierto cómo hacer realidad sus numerosas promesas.
  • El reto de crear un trabajo decente centrado en el ser humano está a punto de tornarse mucho más complejo a medida que la inteligencia artificial (IA), la automatización y las transformaciones estructurales cambian la configuración de los panoramas laborales en todo el mundo. Al mismo tiempo, cada vez más personas y comunidades reconocen el valor del trabajo de asistencia y cuidado y las múltiples formas en que debe brindarse seguridad económica.

Cada una de estas nuevas perturbaciones ejerce repercusiones considerables para la educación. A su vez, lo que hagamos juntos en materia educativa determinará la forma en que responderá.

Actualmente, la forma en que organizamos la educación alrededor del mundo no basta para garantizar sociedades justas y pacíficas, un planeta sano y un progreso compartido que beneficie a todos. De hecho, algunas de nuestras dificultades provienen de nuestra manera de impartir educación. Un nuevo contrato social para la educación debe permitirnos pensar diferente sobre el aprendizaje y las relaciones entre los alumnos, los docentes, el conocimiento y el mundo.

Propuestas para renovar la educación

La pedagogía debería organizarse en torno a los principios de cooperación, colaboración y solidaridad. Debería fomentar las capacidades intelectuales, sociales y morales de los alumnos, para que puedan trabajar juntos y transformar el mundo con empatía y compasión. Al mismo tiempo, hay que “desaprender” la tendenciosidad, los prejuicios y las divisiones. La evaluación debería reflejar estos objetivos pedagógicos, de tal modo que se promuevan un crecimiento y un aprendizaje significativos para todos los alumnos.

Los planes de estudios deberían hacer hincapié en un aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario que ayude a los alumnos a acceder a conocimientos, y producirlos, y que desarrolle al mismo tiempo su capacidad para criticarlos y aplicarlos. Los planes de estudios deben adoptar una comprensión ecológica de la humanidad que reequilibre la forma en que nos relacionamos con la Tierra, teniendo en cuenta que es un planeta vivo y nuestro único hogar. Es importante frenar la difusión de información errónea mediante una alfabetización científica, digital y humanística que refuerce la capacidad de distinguir la mentira de la verdad. En los contenidos, métodos y políticas de educación deberíamos promover la ciudadanía activa y la participación democrática.

La enseñanza debería seguir profesionalizándose como una labor colaborativa en la que se reconozca la función de los docentes de productores de conocimientos y figuras clave de la transformación educativa y social. La labor de los docentes debería caracterizarse por la colaboración y el trabajo en equipo. La reflexión, la investigación y la creación de conocimientos y nuevas prácticas pedagógicas deberían ser parte integrante de la enseñanza. Esto significa que hay que respaldar la autonomía y la libertad de los docentes, y que estos deben participar plenamente en el debate público y el diálogo sobre los futuros de la educación.

Las escuelas deberían ser lugares educativos protegidos, ya que promueven la inclusión, la equidad y el bienestar individual y colectivo, y también deberían reimaginarse con miras a facilitar aún más la transformación del mundo hacia futuros más justos, equitativos y sostenibles. Las escuelas deben ser sitios que reúnan a grupos diversos de personas, ofreciéndoles desafíos y oportunidades que no existen en ninguna otra parte. Hay que aportar las modificaciones necesarias a las arquitecturas, los espacios, los horarios y las agrupaciones de alumnos de las escuelas, a fin de alentar y permitir a los individuos para que trabajen de consuno. Las tecnologías digitales deberían tener como objetivo apoyar a las escuelas, y no sustituirlas. Las escuelas deberían forjar los futuros a los que aspiramos garantizando los derechos humanos y convirtiéndose en ejemplos de sostenibilidad y neutralidad en carbono.

Deberíamos disfrutar y acrecentar las oportunidades educativas que surgen a lo largo de la vida y en diferentes entornos culturales y sociales. En todo momento de la vida, las personas deberían tener oportunidades educativas significativas y de calidad. Deberíamos conectar los lugares naturales, físicos y virtuales de aprendizaje, aprovechando al máximo las mejores características de cada uno. Los principales responsables son los gobiernos, cuya capacidad de financiación y regulación pública de la educación debería fortalecerse. Es necesario ampliar el derecho a la educación, a fin de que sea permanente y abarque el derecho a la información, la cultura, la ciencia y la conectividad.

Promoción de un nuevo contrato social para la educación

El cambio y la innovación a gran escala son posibles. Estableceremos un nuevo contrato social para la educación mediante millones de actos individuales y colectivos: actos de valor, liderazgo, resistencia, creatividad y cuidado. Un nuevo contrato social debe superar la discriminación, la marginación y la exclusión. Debemos esforzarnos por garantizar la igualdad de género y los derechos de todos, independientemente de la raza, el origen étnico, la religión, la discapacidad, la orientación sexual, la edad o la ciudadanía. Se necesita un enorme compromiso en favor del diálogo social y del pensamiento y la actuación conjuntos.

Un llamamiento a la investigación y la innovación. Un nuevo contrato social requiere un programa de investigación colaborativo de alcance mundial que se centre en el derecho a la educación a lo largo de toda la vida. Este programa debe basarse en el derecho a la educación e incluir diferentes tipos de datos y formas de conocimiento, incluido el aprendizaje horizontal y el intercambio de conocimientos más allá de las fronteras. Deberían aceptarse las contribuciones de todos, de los docentes a los alumnos, y de los académicos y centros de investigación a los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.

Un llamamiento a la solidaridad mundial y la cooperación internacional. Un nuevo contrato social para la educación requiere un compromiso renovado de colaboración mundial que fomente la educación como un patrimonio común, sobre la base de una cooperación más justa y equitativa entre los agentes estatales y no estatales. La comunidad internacional desempeña un papel esencial para ayudar a los agentes estatales y no estatales a ajustarse a los propósitos, normas y reglas compartidos necesarios para hacer realidad un nuevo contrato social para la educación. En este sentido, debería respetarse el principio de subsidiariedad y promoverse los esfuerzos locales, nacionales y regionales. Deben tenerse en cuenta en particular las necesidades educativas de los solicitantes de asilo, los refugiados, los apátridas y los migrantes, mediante la cooperación internacional y el trabajo de las instituciones mundiales.

Las universidades y otras instituciones de educación superior deben participar activamente en todos los aspectos de la creación de un nuevo contrato social para la educación. Ya sea que apoyen la investigación y el avance de la ciencia, o que sean colaboradoras contribuyentes de otras instituciones y programas de educación de sus comunidades y el resto del mundo, las universidades creativas, innovadoras y comprometidas con el afianzamiento de la educación como patrimonio común cumplen una función clave en los futuros de la educación.

Es esencial que todos puedan contribuir a forjar los futuros de la educación: niños, jóvenes, padres, docentes, investigadores, activistas, empleadores, líderes culturales y religiosos, etc. Tenemos tradiciones culturales profundas, ricas y diversas que pueden servir de cimiento, y los seres humanos cuentan con una gran capacidad de acción colectiva, inteligencia y creatividad. Ahora nos enfrentamos a una importante disyuntiva, a saber, seguir por un camino insostenible o cambiar radicalmente de rumbo.

El presente informe sugiere respuestas a las tres preguntas básicas siguientes: ¿qué deberíamos seguir haciendo?, ¿qué deberíamos dejar de hacer? y ¿qué debería reimaginarse de forma creativa? No obstante, las propuestas son simplemente un punto de partida. Este informe es más una invitación a pensar e imaginar que un plan de acción. Estas cuestiones deben abordarse y responderse en las comunidades, los países, las escuelas y los programas y sistemas educativos de todo tipo, en todo el mundo.

Establecer un nuevo contrato social para la educación es un paso fundamental para reimaginar juntos nuestros futuros.

Fuente: https://www.ibercampus.es/debil-consenso-global-en-los-futuros-de-a-educacion-urge-nuevo-contrato-social-sin-proponer-planes-de-accion.htm

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