Sarah Ebery, directora de TEMS en The English Montessori School, explica algunas de las razones por las que estos contenidos deben formar parte de la enseñanza educativa actual
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, supuso una firme apuesta hacia la libertad, la justicia e igualdad de todos los ciudadanos del mundo. Pese a ello, hoy en día, ciertos países siguen sin estar de acuerdo en muchos puntos.
Los derechos contenidos dentro de esta Declaración han de ser conocidos por todos, por lo que, su enseñanza desde los centros escolares es crucial. Por un lado, la educación es uno de los elementos esenciales en el desarrollo y progreso de la sociedad. Y, por otro lado, este mismo derecho fundamental dota a las personas de las capacidades necesarias para desarrollar su pensamiento crítico y capacidad de análisis.
En este sentido, los colegios juegan un papel fundamental para dar a conocer y familiarizar a sus alumnos con los derechos contenidos en la Declaración.
Además, para facilitar y mejorar esta comprensión, es positivo que se introduzcan en los proyectos educativos acciones para explicar cómo se están llevando a la práctica estos derechos humanos en el entorno en el que vivimos, pero también en el resto de las partes del mundo.
La sensibilización, solidaridad y desarrollo de la empatía hacia aquellas personas que no disponen de estos derechos son claves de cara a impartir su enseñanza. Entre otros, algunos objetivos que se pretenden alcanzar mediante la instrucción desde los centros educativos son:
—Que los alumnos sean capaces de nombrar los derechos contenidos en la Declaración.
—Que estos sean conscientes de que, en ciertas ocasiones, los jueces deben tomar decisiones difíciles relativas a los derechos humanos.
—Que los alumnos tengan las competencias necesarias para poder desarrollar un pensamiento crítico y utilicen las técnicas persuasivas y el lenguaje más apropiado al escribir y presentar.
De cualquier modo, no hay mejor aprendizaje que el que se vive de primera mano. Por ello, los colegios han de mostrarse como modelos de inclusión, fomentando la igualdad, la libertad, la convivencia y el respeto hacia los demás, haciendo visible el compromiso colectivo con los derechos contenidos en la Declaración.
Además de las actividades desarrolladas dentro del centro educativo, fuera de este, las familias deben también contribuir al aprendizaje de sus hijos con los derechos humanos. Mediante actividades como la lectura, el cine, los documentales, el teatro, la música o los intercambios entre colegios, entre otras muchas cosas más, los más pequeños aprenden y desarrollan su pensamiento crítico y analítico a la vez que estimulan su intelecto.
De cara al futuro, los niños que han crecido en este tipo de ambientes tendrán mayores facilidades para enfrentarse a su futuro personal y profesional, gracias a su capacidad de análisis y sus facultades para juzgar objetivamente y resolver problemas.
«Fueron liberados 29 estudiantes y 1 profesor secuestrados por parte de hombres armados del Colegio Federal para Niñas en la región de Burnin Yauri del estado» declara el portavoz del gobernador de Kebbi
Fueron liberados después de 7 meses, 29 estudiantes y 1 profesor secuestrados en el estado de Kebbi de Nigeria, el país de África Occidental.
El portavoz del gobernador de Kebbi, Yahaya Sarki, en la declaración escrita afirmó que el 17 de junio fueron liberados 29 estudiantes y 1 profesor secuestrados por parte de hombres armados del Colegio Federal para Niñas en la región de Burnin Yauri del estado.
Mientras Sarki no concedió detalles sobre cómo fueron liberados los estudiantes, afirmó que estas personas serían entregadas a sus familias después del control de salud.
En el asalto realizado el 17 de junio contra el Colegio Federal de Niñas en la región de Burnin Yauri de la provincia de Kebbi, murieron 2 policías y 4 profesores.
Después del ataque, se suspendió la educación en 7 escuelas del estado por problemas de seguridad.
En los estados de Nigeria como Benue, Plateau, Katsina y Zamfara, muchas veces fuıeron secuestrados estudiantes en las escuelas.
La educación fue suspendida en algunos estados a causa de los ataques contra escuelas.
La derogación contó con 61 votos de los miembros del Congreso, de mayoría oficialista.
El Congreso de El Salvador, de mayoría oficialista, derogó el martes un decreto legislativo de 1993 que designa el 16 de enero como el “Día de la Conmemoración de los Acuerdos de Paz”.
Con 61 votos a favor, los congresistas del partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, aprobaron sin dispensa de trámite una pieza de correspondencia para renombrar la fecha como “Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado”.
La fecha en la que se rememora el fin de cerca de 12 años de guerra civil en El Salvador ha sido causa de polémica entre grupos de la sociedad civil y el mandatario, quien se niega a conmemorar la fecha y la ha calificado de “negocio” y al conflicto armado como “una farsa”.
Ernesto Castro, exsecretario privado del presidente Bukele y actual presidente del Congreso, dio a conocer en su cuenta de Twitter sobre la iniciativa, afirmando que la iniciativa busca poner “en el centro a los salvadoreños que sufrieron durante la Guerra Civil.
De acuerdo con la carta publicada por Castro, y que fue presentada a la Asamblea Legislativa para abolir el decreto, el cambio de nombre obedece a que “los Acuerdos de Paz, lejos de presentar un beneficio para la población salvadoreña, se constituyen como el inicio de una era de corrupción”.
Sin embargo, para grupos de la sociedad civil, derechos humanos e investigadores salvadoreños, la firma de los acuerdos de paz cobra especial relevancia no solo porque puso fin a la guerra interna del país, sino también porque hizo posible la desmilitarización de la Seguridad Pública y permitió la creación de instituciones que buscan fortalecer la democracia en el país.
Carlos Cañas Dinarte, investigador cultural salvadoreño, explicó este martes a la Voz de América que, gracias a los acuerdos, “se posibilitó el surgimiento de instituciones claves”, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Nacional de la Judicatura y otras “destinadas a cimentar y fortalecer el ejercicio democrático garantizado por la Constitución”.
Algo con lo que también coincide el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, José Apolonio Tobar, quien afirmó en la cuenta oficial de Twitter de la institución que los acuerdos “generaron las condiciones para una nueva sociedad” en el país centroamericano.
“La Firma de los Acuerdos de Paz posibilitó que las armas callaran y que los derechos humanos de los salvadoreños se respetaran”, fueron las palabras de Tobar, citadas por el organismo.
La derogación se da a conocer cuando grupos civiles y de derechos humanos salvadoreños han realizado una convocatoria ciudadana masiva en redes sociales para marchar el 16 de enero en conmemoración de la fecha y en rechazo a muchas políticas impulsadas desde el Ejecutivo, que, según ellos, han ocasionado un retroceso en la democracia del país.
El 16 de enero de 2022 se cumplen 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil en El Salvador, la cual dejó más de 75.000 muertos, unos 9.000 desaparecidos y pérdidas millonarias a la economía.
Con los acuerdos de paz se readecuó el sistema judicial, se crearon nuevas instituciones de derechos humanos y tres cuerpos de seguridad fueron declarados proscritos y reemplazados por una nueva policía civil.
El ejército se sometió al poder político, 7.900 combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se desarmaron y la organización conformó un partido político que gobernó el país entre 2009 y 2019.
La discriminación basada en documentos, hostilidad y racismo fueron una parte inexorable de la vida diaria de los migrantes durante la pandemia en Tijuana, ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos, que se ha convertido en una puerta para las personas que buscan refugio y asilo. Esta es una de las revelaciones de un estudio realizado por Espacio Migrante y Haitian Bridge Alliance con apoyo de Refugees International durante 2020 y mediados de 2021.
Luego de hacer una encuesta con 335 migrantes, sobre todo a centroamericanos, haitianos y africanos, determinaron que la población migrante en Tijuana, sobre todo las personas negras y no hispanohablantes, han enfrentado una mayor barrera institucional para tener acceso a documentos que les permitan trabajar, pagar un alojamiento y disfrutar de servicios públicos.
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“El aumento de la hostilidad hacia los migrantes sigue la línea de tiempo de la militarización de la aplicación de la ley de inmigración en México y las leyes de inmigración durante la administración Trump, políticas que obligaron a más migrantes a permanecer en las ciudades fronterizas, a menudo en condiciones de mayor precariedad, vulnerabilidad y mayor visibilidad”, dice el informe It’s very hard to have rights.
Documentación. El estudio señala que la población migrante que está en Tijuana carece de documentos para poder trabajar y conseguir alojamiento. Entre los indocumentados, que en su mayoría son africanos y haitianos, solo recibieron visas de tránsito para viajar al Norte y ya han expirado.
Hay haitianos que iniciaron un proceso de refugiados con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Chiapas y recibieron visas humanitarias. Pero mientras esperan la adjudicación como refugiados, no han podido renovar sus tarjetas humanitarias en Tijuana.
Para los haitianos también renovar documentos cada año es un proceso que genera estrés y ansiedad. Algunos se sintieron abrumados por la difícil, si no imposible, tarea de obtener documentos oficiales de Haití y tener que pagar tarifas cada vez que renovaron sus tarjetas. También describieron sus interacciones con el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) como confusas, debido a la falta de información disponible en su idioma.
Racismo. Desde 2019 ha habido un cambio en la percepción de los migrantes negros, debido a las políticas fronterizas que llevaron a que se quedaran mucho más tiempo en las ciudades fronterizas, afirma el estudio. “Los inmigrantes negros han llegado a ser percibidos como degradantes o contaminantes de la ciudad y como objetivos fáciles de que no recibirán protección de la policía”, explica.
Como ejemplo, señala que en una conversación con un grupo focal descubrieron que algunos mexicanos hacen uso de palabras como “masisi” en haitiano o “mayate” en español (ambas palabras se refieren al termino “maricón”) como insultos a migrantes negros. “Tales comentarios sobre el género, la sexualidad y la extranjería de los hombres negros se utilizan claramente para disminuir a los hombres negros frente a las normas mexicanas de masculinidad, y este caso ilustra la interconexión de varias formas de discriminación y estereotipos”, agrega el estudio.
Y la pandemia… El confinamiento que derivó la primera oleada de casos de covid-19 en todo el mundo también afectó de forma especial a los migrantes.
Empleo: De menos del 10% de los migrantes haitianos y africanos que estaban empleados durante el apogeo de la pandemia, 73% trabajaba en el mercado laboral formal y, por lo tanto, estaban empleados en empresas e industrias consideradas esenciales. Del 22 por ciento de los centroamericanos con un empleo remunerado durante la cuarentena, casi la mitad (47%) trabajaba de forma independiente o “fuera de los libros”. Muy pocos migrantes encuestados podían trabajar desde casa: africanos (11%), haitianos (19% y centroamericanos (9%).
Alojamiento: 97% de los africanos, 96% de los haitianos y 97% de los latinoamericanos y centroamericanos dijeron que la pandemia les había dificultado cubrir sus gastos de vivienda. El alquiler es una preocupación central en parte porque la mayoría de los migrantes encuestados vive en el centro, donde tienen más fácil acceso a la frontera y al transporte, pero donde los alquileres tienden a ser más altos.
Un dato del estudio es que los africanos no suelen quedarse en refugios, algunos por motivos religiosos, por lo que carecen de acceso a importantes redes de intercambio de recursos e información de las que disfrutan los haitianos y latinoamericanos que permanecen en albergues. A raíz de esta información, el informe sugiere que los trabajos para apoyar a los migrantes deben ir debe ir más allá de los albergues; de lo contrario, los africanos permanecerán invisibles y quedarán excluidos.
Acceso a la salud: Muchos migrantes y solicitantes de asilo en Tijuana, especialmente si eran negros o no hablaban español, no podían acceder a la atención médica necesaria. Las mujeres negras, especialmente si están embarazadas, sufren un absoluto desprecio por sus necesidades.
Recomendaciones. Espacio Migrante y Haitian Bridge Alliance enfatizan cinco demandas generales de los funcionarios e instituciones mexicanas:
Cumplir las “sólidas, pero rutinariamente ignoradas” leyes de derechos humanos del país y que trabajen juntos para desarrollar mecanismos para que los migrantes accedan a derechos
Normalizar la disponibilidad de información en los idiomas de los grupos de migrantes como práctica gubernamental y entre las organizaciones de la sociedad civil
Los gobiernos federales, estatales y municipales, junto con las organizaciones de la sociedad civil, incluyan el origen nacional como métrica para evaluar el acceso a los servicios y los datos de salud, educación y empleo
Capacitación en normas de derechos humanos, antirracismo y competencia cultural a los profesionales que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, gobierno local, servicios de inmigración y refugiados, atención médica y educación.
Pep Ruf es probablemente la persona que más conocimiento tiene sobre lo que hay que hacer para promover los proyectos de vida independiente de las personas con discapacidad intelectual. Y, por tanto, para respetar aquello que les reconoce el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas: el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Ruf es pedagogo y profesor de educación social en la UB y la UOC, y desde hace veinte años coordina el área de apoyo a la persona (que incluye vida independiente, inclusión laboral y ocio) de la Fundación Catalana Síndrome de Down, que ha acompañado a unos 250 proyectos de vida independiente y que en estos momentos presta servicio a 90 personas, la mayor parte con síndrome de Down.
Anteriormente, Ruf había trabajado en servicios residenciales y antes en el ámbito de los CRAE. Coincidimos con él en Sevilla, en el encuentro de familias con hijos con síndrome de Down que organiza cada año Down España, donde Pep Ruf ha impartido dos charlas, una para padres y madres, y otra para los propios jóvenes, sobre el reto de la emancipación de las personas con discapacidad intelectual.
¿Qué condiciones deben darse para poder realizar un proyecto de vida independiente?
La respuesta está muy condicionada por los recursos que destina la administración. En Cataluña hay unas 1.600 personas con discapacidad intelectual que están disfrutando de una vida independiente porque cuentan con un programa de apoyo. Respecto a España no tenemos datos fiables, se habla de 8.600 personas con discapacidad beneficiarias de asistencia personal, pero no sabemos cuántas de ellas tienen discapacidad intelectual, y además este dato no incluye otros servicios como pisos compartidos.
En Cataluña, este servicio fue regulado por la Generalitat con una prestación que se traducía en 10 horas semanales de media de apoyo a la persona, que comienza con todos los preparativos a realizar hasta que la persona puede trasladarse a su casa. Claro, diez horas por semana están dando respuesta a perfiles de autonomía medio-altos, es decir, a personas mayores de 18 y menores de 68 que pueden realizar una vida autónoma con apoyos intermitentes, y que tienen unos mínimos recursos (o bien por salario o bien por prestaciones sociales) que les permiten asumir el coste de una vida independiente, como la propia tenencia del hogar, los suministros, los gastos, etc. Y, además de autonomía, también es necesario que estas personas no tengan problemas de salud física y mental muy relevantes o que pongan en riesgo su seguridad. Es decir, lo que queda claro es que, al menos en Cataluña, esta prestación no está dando respuesta a todo el abanico de perfiles de personas con discapacidad.
Pero esto supongo que no será sólo por las prestaciones, imagino que la voluntad de la persona también va a influir.
Primero, en ningún sitio está escrito que el derecho a la vida independiente sea exclusivo de unos perfiles o de unas circunstancias concretas; por tanto, debe ser para todas las personas con discapacidad. Aquí ya tenemos una primera vulneración del derecho hasta que esto no se haga realidad, en Cataluña y en toda España. Segundo, estamos hablando de perfiles de personas que necesitan mayores intensidades de apoyo, y estas 1.600 personas que hay en Cataluña con un proyecto de vida independiente tienen una media de edad de unos treinta y bastantes años, lo que significa que hay una franja de personas que pronto empezará a envejecer, lo que forzosamente irá acompañado de la necesidad de ir aumentando progresivamente los apoyos que reciben si quieren seguir haciendo la vida que han tenido hasta ahora. Por tanto, sí o sí deben desplegar servicios que puedan dar respuesta a todos los perfiles, independientemente del tipo de discapacidad y de la cantidad de apoyo que necesite la persona.
En ningún sitio está escrito que el derecho a la vida independiente sea exclusivo de unos perfiles o de unas circunstancias concretas
¿Qué beneficio ha visto que tiene el optar por el modelo de vida independiente en relación con la opción de quedarse en casa con los padres?
Durante los 18 años que trabajé en servicios residenciales no conocí a nadie que hubiera decidido esa opción. O sea que la primera diferencia tiene que ver con la dignidad y la libertad, el poder decidir cómo, dónde y con quién quieres vivir. Segundo, ante los grandes temores y dudas que se planteaban, hemos confirmado que una persona con discapacidad es capaz de hacer vida independiente con apoyos, esto ya no es ninguna fantasía ni ninguna utopía, y por tanto aquí ocurre como con la educación inclusiva: ya no hay debate técnico sobre si es posible, en todo caso hay un debate político, sobre qué oportunidades queremos para estas personas, sobre si se deben crear opciones de vida alternativas a las que hemos conocido hasta ahora. Se habla de la institucionalización cuando estas personas pierden a su familia y deben ingresar forzosamente en servicios residenciales; pero también hay quien va a vivir con parientes, que no deja de ser otra forma de institucionalización porque muy a menudo no lo han elegido. Nadie forzosamente prolonga la convivencia con la familia de origen como única opción de vida conocida.
Yo le preguntaba por los beneficios…
Lo más claro es que el bienestar de la persona con discapacidad aumenta porque toma el control de su vida. Ver que es capaz, con los apoyos y acompañamientos necesarios, tiene un gran impacto en la persona y en su entorno. Pero también aporta tranquilidad. En estos veinte años hemos conocido a muchas familias que se han alegrado de haber tomado esa decisión, porque ven que cuando ellos falten su hijo o hija tiene un plan de vida. Nos falta resolver el tema del envejecimiento, que es la realidad con la que ahora nos estamos encontrando, pero al menos a las familias les da mucha tranquilidad ver que su hijo tiene un proyecto y un sistema de soportes montado, controlado y acorde con sus expectativas.
¿Cómo detecta un padre que su hijo le está pidiendo un proyecto de vida independiente?
Es que la respuesta está en la misma pregunta. Yo siempre digo que la vida autónoma la aprendí con el día a día y que me la permitieron en mi casa. Quisiera creer que una persona con discapacidad debe seguir el mismo itinerario. Porque las entidades ya van llenas de cursos y actividades e itinerarios formativos, y estas personas acumulan muchos créditos –por decirlo de algún modo– en sus currículos de autonomía personal. Por tanto, esta autonomía se empieza a ejercer y se empieza a fomentar en el ámbito familiar, desde pequeños, pero cuando se llega a cierta edad esta preocupación familiar por el día de mañana debería estar sincronizada con el interés personal de lo que quiero ser y lo que quiero vivir de mayor, por qué puedo y por qué no puedo, qué impedimentos tengo o no, qué soluciones hay o no, y esto hay que poderlo hablar. Hay hijos o hijas con los que este diálogo es muy fácil, y algunos con los que no, porque tienen dificultades comunicativas o porque no están interesados en el tema. Hay familias que te explican que ellos tienen la preocupación y que su hijo no quiere ni oír hablar de alternativa alguna que no sea vivir con la familia. Y esto debe respetarse también. Lo que ocurre es que, a determinadas edades, esto implica una angustia para la familia muy importante. En estos casos lo que seguramente debe hacerse es dejar el día de mañana lo más planificado posible con el hijo o hija. Explicarle que nadie te obligará a cambiar tu situación, pero debemos hablar de qué futuro podemos prever, y que tú seas conocedor y valides que éste es el plan de vida que quieres.
A las familias les da mucha tranquilidad ver que su hijo tiene un proyecto y un sistema de soportes montado, controlado y acorde con sus expectativas
¿En la Fundación dan servicio a personas solas o siempre viven en grupo?
De estas 1.600 personas hay quienes viven solas o con aquellos que han escogido, y algunos viven en pisos compartidos promovidos por entidades. La Fundación siempre ha sido contraria a este modelo, porque partimos de la idea de que en el momento en que una entidad ostenta la tenencia de un piso y administra plazas o habitaciones, quién entra y quién no entra, y con qué requisitos, la entidad comienza a establecer normas de convivencia, criterios de funcionamiento… y aquí termina la vida independiente. Pero esto es un posicionamiento de la Fundación y hay otras entidades que, también muy legítimamente, han apostado por promover pisos compartidos porque hay gente que no puede permitirse comprar un piso o que no tiene los ingresos para alquilar. Nosotros también tenemos gente que comparte piso, por razones económicas, pero se han puesto de acuerdo ellos, yo nunca he decidido que tú vives con éste porque como no te puedes pagar un piso, y por eso yo os junto y os pasáis la vida juntos.
¿El apoyo de las 10 horas en que consiste?
Yo siempre explico que el apoyo a una persona con discapacidad física pasa mucho por la ayuda física, es decir, por hacer cosas por aquella persona, mientras que en el caso de la persona con discapacidad intelectual el apoyo pasa mucho por acompañar, intermediar, asesorar, orientar, hacer seguimiento, ayudar a aprender… Pero la función más genérica que veo es la de acompañar. Porque la vida independiente son imprevistos, cambios, y cuando ya tienes unos objetivos alcanzados de autonomía surge un imprevisto, empezando por el momento en que tu supermercado decide cambiar los productos de pasillo. Y este acompañamiento debe ir reduciéndose y debe ser muy intermitente y muy poco invasivo. En la Fundación tratamos de limitar los apoyos no por escatimar recursos sino porque es muy fácil invadir la autonomía y la intimidad, y si caes en esto te acercas mucho al modelo residencial. Siempre he dicho que el mejor apoyo a la autonomía es el más invisible, obviamente atendiendo a las necesidades de la persona.
¿Pero estas 10 horas se traducen en visitar la casa dos mañanas por semana?
Cada persona se las administra como quiere, en función de sus horarios laborales, de las actividades que tenga, y a veces también debemos ajustarnos a la disponibilidad de la persona de apoyo. Cada usuario tiene un educador de referencia que va a su casa, y un educador social, que es el técnico que realiza el seguimiento y la valoración desde el primer día. Por tanto, tienes dos referentes del servicio, y estas 10 horas se pueden distribuir como sea necesario, pensando en el día que toca hacer la compra, o la limpieza, o la planificación de la agenda… Pero hay que tener en cuenta que cuantos más días vamos menos rato podemos estar, y aquí entra también el tiempo de desplazamiento y el hecho de que no se puede entrar dando órdenes, sino que hay que conversar un rato, preguntar cómo va todo, etc. Hay unos rituales cuando entras en un domicilio que deben respetarse.
Ruf, en el taller impartido a jóvenes en el encuentro de Down España | Foto: VS
En su charla ha dicho que también ha visto muchas experiencias que no han tenido éxito; ¿qué factores hacen que una experiencia no acabe de funcionar?
Lo que decía es que hemos conocido casos de personas a las que no hemos podido ayudar, y que esto es la evidencia de que el derecho a la vida independiente no está garantizado a cualquier persona con discapacidad. Básicamente, cuando el proyecto no sigue adelante es porque no se da alguno de los factores de viabilidad: problemas de capacidad económica (por eso hablamos de garantizar unos ingresos mínimos para estas personas, que alteren salario y prestaciones sociales); acceso a la vivienda (las personas con discapacidad forman parte de los colectivos de exclusión residencial porque no se pueden comprar una vivienda y en muchos casos ni alquilarla, y esto debe verse como tal y se tienen que tomar medidas); la falta de apoyo de los referentes naturales (cuando digo que el derecho a la vida independiente no está reconocido por todos hablo también de familiares y gente del entorno de la persona); y por último, y muy especialmente, personas con nivel de autonomía más bajos que necesitan más apoyos de los que habitualmente están regulados en las prestaciones que existen en los distintos territorios. Estas personas por ahora no acceden a opciones de vida independiente: o se quedan con sus familias o acuden a servicios residenciales. No olvidemos que en Cataluña una plaza residencial cuesta, de media, unos 3.000 euros al mes. Ese mismo dinero convertido en asistencia personal daría salida a otras opciones. Esto implica reconvertir la cartera de servicios y trasladar recursos de un tipo de servicio a otro.
¿Y esto no se está haciendo?
Actualmente no vemos señales de una apuesta clara por parte de ninguna administración. En el caso de Cataluña, no olvidemos que el programa de apoyo al propio hogar, que nace en el año 2002, es la primera prestación antes de la Convención que se crea en toda España. Es la primera administración que regula en su cartera de servicios una prestación, que no da respuesta a todos, pero que ya abre esta vía, y lo hace dos años después de que la Fundación comenzara esta experiencia pionera. Pero veinte años más tarde todavía no se ha desplegado para todas las discapacidades ni para todas las personas con discapacidad intelectual, y por tanto aquí tenemos una asignatura pendiente importante.
Actualmente no vemos señales de una apuesta clara de promover la asistencia personal por parte de ninguna administración
Pensaba que antes me diría que hay casos que fracasan por la inmadurez de la persona, es decir, que ellas mismas o sus familiares les empujan a intentarlo cuando todavía no están preparadas.
Ha habido algún caso en el que quizás por parte de la persona no existía la demanda, o que la familia tenía la preocupación y la persona no lo ha aceptado. Pero algunos de estos casos son los de personas que necesitan más apoyos de los que ahora podemos proveerles. Cuando la asistencia personal esté desplegada por cualquier tipo de discapacidad y tengamos modelos más amplios de los que tenemos hoy teóricamente, no podremos decir que no a nadie. Otra cosa es que cada entidad gestione un tipo de servicio u otro, o trabaje con unos perfiles u otros, pero teóricamente por ahora una persona con discapacidad intelectual con un grado de dependencia 2 o 3 o vive en familia o va a un establecimiento residencial… perdón, va a una lista de espera de no sé cuántas miles de personas que están pendientes de tener una plaza residencial porque es lo único que hay, porque la asistencia personal todavía no se ha desarrollado por personas con discapacidad en Cataluña ni España.
¿Qué países deberíamos tomar como modelo?
La respuesta fácil es mirar al norte. Los países nórdicos –que tienen el nivel de bienestar social que tienen– son los que han desplegado más recursos de asistencia personal, y allí puedes encontrar a personas con pluridiscapacidades severas con servicios de asistencia personal. Pero no sólo podemos reflejarnos con el norte, también en el mundo anglosajón existen diferentes experiencias muy interesantes y, de hecho, el modelo de aquí fue importado de EE.UU, y era un modelo para cualquier tipo de discapacidad con cualquier intensidad de soporte. Lo que ocurre es que en nuestro país, por falta de recursos y por exceso de tecnocracia, tendemos a constreñir demasiado las prestaciones sociales con unos sistemas muy poco flexibles. Y las entidades que dependemos de fondos públicos acabamos, queriendo o sin querer, encorsetando los programas porque tienes una administración, que es quien te regula y te financia, que te dice hasta aquí y de este modo y de ningún otro. Y esto es un problema. La reconversión de esos 3.000 euros de los que te hablaba es una cuestión de voluntad política de reconvertir la cartera de servicios sociales, y hace falta un empujón para hacerlo.
8.000%. Esa es la cifra en que aumentó el número de venezolanos que solicitaron refugio en todo el planeta desde 2014, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Siete años en que el éxodo de migrantes venezolanos ha pasado de ser un fenómeno de ese país a una realidad en toda la región que ha llevado a foros internacionales y ha moldeado en algunos casos políticas públicas de otras naciones.
La peregrinación de migrantes venezolanos a través de Colombia —muchos de ellos caminando— hacia otros países del continente (como Perú, Ecuador y Chile) y la llegada de muchos otros a sitios más lejanos como Estados Unidos y España es un cuadro común. No obstante, como señala la ACNUR, cientos miles de ellos no tienen documentación ni permiso de permanencia en país alguno de la región, lo que les limita el acceso a derechos y servicios básicos. Todo esto propicia casos de xenofobia, tráfico de personas y explotación laboral, además de violencia y abuso sexual.
En total, hasta noviembre de 2021, había 4,99 millones de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina y el Caribe y 6,04 millones el todo el mundo, según cifras de R4V, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (establecida por la ONU y la OIM), números que la ACNUR usa en sus reportes.
En América Latina y el Caribe, los venezolanos están distribuidos así (cifras aproximadas hasta noviembre de 2021):
La asistencia humanitaria en Dadaab es cada vez menor y los refugiados somalíes tienen muy pocas opciones para llevar una vida segura y digna
Ginebra/Nairobi, 14 de diciembre de 2021.- A poco más de seis meses de la fecha límite anunciada para cerrar los campos de refugiados en Kenia, aumenta la urgencia para encontrar soluciones sostenibles para las personas refugiadas en los campos de Dadaab, que corren el riesgo de verse privadas de la poca asistencia que reciben actualmente.
“El cierre planificado de los campos en junio de 2022 debería ser una oportunidad para acelerar el proceso de encontrar soluciones duraderas para las personas refugiadas”, asevera Dana Krause, coordinadora general de MSF en Kenia. “En la actualidad, la mayoría de somalíes refugiados en Dadaab –muchos de los cuales han estado atrapados en los campos durante tres décadas– se enfrentan a una asistencia humanitaria cada vez menor y opciones limitadas de llevar una vida segura y digna”.
En un nuevo informe realizado por MSF, la organización apela a Kenia y a sus socios internacionales a cumplir los compromisos asumidos en el Pacto Mundial sobre Refugiados en 2018, permitiendo que las personas refugiadas somalíes se integren en la sociedad de Kenia o sean reasentadas en el extranjero.
El informe hace hincapié en que el número de personas refugiadas que regresan voluntariamente de Kenia a Somalia ha disminuido drásticamente en los últimos tres años –de más de 7.500 en 2018 a menos de 200 en 2020–, de acuerdo con el ACNUR, y coincidiendo con el aumento de la violencia, el desplazamiento y la sequía en Somalia. Mientras tanto, las ofertas de reasentamiento de los países desarrollados se han agotado en gran medida, dejando a los refugiados con pocas opciones más que quedarse en Kenia, donde tienen derechos limitados. En la actualidad, a las personas refugiadas en Dadaab se les prohíbe trabajar, viajar o estudiar fuera de los campos.
La reciente promulgación de la ley de refugiados en Kenia podría brindar la oportunidad de una mayor integración a las personas refugiadas dentro de Kenia, pero esto depende de que se implemente de manera amplia para incluir a todos los refugiados, incluyendo a los somalíes.
“Lo que más tememos es que cerrar los campos sin ofrecer una solución a las personas refugiadas podría resultar en un desastre humanitario”
Joroen Matthys, coordinador de proyecto de MSF en Dagahaley
“Kenia tiene ahora una elección simple: dejar que los refugiados caigan aún más en la precariedad o defender sus derechos ofreciéndoles la oportunidad de estudiar, trabajar y moverse libremente,” dice Krause. “Los países donantes deben compartir esta responsabilidad aumentando la asistencia para el desarrollo a Kenia, garantizando que las personas refugiadas tengan acceso a los servicios públicos”.
El plan de cierre de los campos ya ha hecho que la asistencia humanitaria se desplome, y el Programa Mundial de Alimentos advirtió el pasado septiembre que podría verse obligado a dejar de distribuir raciones de alimentos por completo a finales de este año si no llega más financiación.
“Lo que más tememos es que cerrar los campos sin ofrecer una solución a las personas refugiadas podría resultar en un desastre humanitario”, afirma Joroen Matthys, coordinador de proyecto de MSF en Dagahaley, uno de los tres campos que componen Dadaab. “Es vital que las personas refugiadas tengan acceso interrumpido a la asistencia humanitaria durante todo el proceso de cierre del campo y hasta que tengan la certeza sobre su futuro y puedan volverse autosuficientes”.
“Incluso cuando los países ricos han incumplido los derechos de los refugiados, Kenia ha mostrado su generosidad al acoger a cientos de miles de personas refugiadas durante años,” dice Krause. “Este año se conmemora el 70 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Kenia debería aprovechar esta oportunidad para cambiar de rumbo y encontrar soluciones duraderas que pongan en el centro los intereses de las personas refugiadas”.
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