El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este martes que el uso de armas explosivas en Ucrania está matando y mutilando a niños e impidiéndoles regresar «a cualquier tipo de vida normal». Según las últimas cifras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), desde el inicio de la guerra un total de 277 niños han muerto y otros 456 han resultado heridos, en su mayoría debido al uso de explosivos en zonas urbanas edificadas.
No digo que sea un tema que no preocupe, pero no parece que esté de actualidad denunciar la violencia que sufren las mujeres en Afganistán, como consecuencia de las políticas que siguen realizando los talibanes en el poder contra los derechos humanos.
Cuando los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, aseguraron que todas las mujeres gozarían de sus derechos en el ámbito laboral, educativo y social. Nada están cumpliendo, no son de fiar. Parece que el desacuerdo en el seno talibán es una realidad y una de las consecuencias es la intensificación de la represión.
Las autoridades afganas advierten a las mujeres que, de no obedecer, castigarán a los hombres de sus familias. La Misión de la ONU señala que la medida contradice las declaraciones de los talibanes garantizando el respeto de los derechos humanos de las mujeres y de todos los afganos. De hecho, los talibanes ordenan a las mujeres cubrirse y no salir de casa.
Tras la caída de la República afgana y la instauración del nuevo Emirato Islámico, los talibanes se hicieron famosos internacionalmente por su sexismo y violencia contra las mujeres y su trato en Afganistán. Su motivo declarado fue crear un ambiente donde la castidad y la dignidad de las mujeres puedan ser sacrosantas.
Las mujeres afganas se vieron obligadas a usar el burka en público, porque, el rostro de una mujer es una fuente de corrupción para los hombres que no están relacionados con ellas. En una segregación sistemática, a las mujeres no se les permitía trabajar, no se les permite ser educadas después de los ocho años, y solo se les permite estudiar el Corán.
En este mandato, también se prohíbe que las maestras regresaran a sus trabajos. Inmediatamente después de la ofensiva talibana de 2021, todas las universidades se segregaron por sexo. Durante la ofensiva de agosto, los talibanes aconsejaron a las mujeres que se quedaran en casa porque sus soldados no estaban capacitados para respetar a las mujeres.
En mayo de 2022, el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio publicó un decreto que obliga a todas las mujeres de Afganistán a cubrirse todo el cuerpo cuando estén en público (ya sea un burka o una abaya combinada con un niqab, que deja solo los ojos descubiertos). El decreto decía que se tomarían medidas de cumplimiento, incluidas multas, prisión o despido de puestos públicos, en contra los tutores masculinos que no se aseguran de que sus parientes cumplan con la ley.
Esas medidas recibieron una amplia condena en todo el mundo, exigiendo que siguieran estándares internacionales para establecer relaciones positivas en el plano global. La Misión de la ONU informa de que solicitará reuniones de inmediato con las autoridades de facto talibanes para buscar aclaraciones sobre la decisión actual. Llevará a cabo consultas con miembros de la comunidad internacional para determinar las implicaciones que pudieran resultar. Desde que los talibanes tomaron el poder, los donantes recortaron la asistencia al desarrollo e impusieron sanciones al sistema bancario del país, colocando la economía afgana en situación de colapso.
Es la consagración de la rama más dura, más ideológica y más guerrera de los talibanes. El líder religioso, Haibatullah Akhundzadeh, el guía supremo, que no se ha mostrado desde hace dos años, tuvo que elegir entre varias líneas. Pero el 7 de mayo decidió validar el decreto que impone el uso del chadri (o burka) a las mujeres afganas, con sanciones para los jefes de familia que no hagan cumplir la nueva normativa. Estos retrocesos recuerdan los peores momentos del anterior gobierno talibán, entre 1996 y 2001, cuando a las mujeres afganas ni siquiera se les permitía ir a los hospitales por la ausencia de mujeres médicas.
La facción más radical del movimiento, triunfa en detrimento de los llamados talibanes históricos, cuya figura dominante, Amir Khan Mutaki, ministro de Asuntos Exteriores, podría haberse opuesto al decreto sobre el burka. Por primera vez desde la vuelta al poder de los talibanes el 15 de agosto, aparecen desacuerdos entre las dos facciones principales a plena luz del día.
Lo que les separa no son tanto las diferencias ideológicas –todos los talibanes están de acuerdo, en general, en poner a las mujeres afganas bajo tutela masculina– como la actitud a tomar frente a la comunidad internacional. Para la llamada rama realista, es necesario tener esto en cuenta para beneficiarse de un flujo financiero en un momento en que Afganistán se hunde en una crisis económica sin precedentes. Para los ultras, no es cuestión de ceder a ninguna presión o negociación. Poco después de la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de proporcionar ayuda a la población damnificada, se adoptaron algunas medidas coercitivas.
Los grupos de derechos, incluida la Misión de las Naciones Unidas en Afganistán, criticaron duramente la decisión. Se espera que la decisión afecte negativamente las posibilidades de reconocimiento internacional del Emirato Islámico.
Las mujeres no deben aparecer en las calles sin un pariente de sangre y sin burka. Las mujeres no deben usar zapatos de tacón alto ya que ningún hombre debe escuchar los pasos de una mujer para no excitarlo. Las mujeres no deben hablar en voz alta en público, ya que ningún extraño debe escuchar la voz de una mujer.
La situación actual parecía que había cambiado desde el 15 de agosto de 2021, cuando las mujeres podían seguir trabajando sólo en sectores privados. Las médicas, las enfermeras y las profesoras también podían seguir trabajando en el sector público y privado. Las abogadas y las juezas no pueden trabajar. En los últimos seis meses, los talibanes han discriminado sistemáticamente a las mujeres y las niñas introduciendo políticas que han restringido gravemente la libertad de circulación y expresión de las mujeres, socavado el acceso de las niñas a la educación y a las mujeres al empleo.
Los despachos de prensa sobre la nueva normativa reportan que las mujeres deben usar burkas que las cubra desde la cabeza hasta los pies, mostrando sólo los ojos, como tuvieron que hacerlo en el periodo en que los talibanes gobernaron el país, de 1996 a 2001, cuando los talibanes prohibieron toda educación y acceso al trabajo a las mujeres. En 2021, dijeron que habían aprendido la lección. De momento, siguen sin demostrarlo.
La activista sudanesa Amira Osman Hamed ganó el premio de derechos humanos Front Line Defenders, anunció la organización este viernes que también distinguió el trabajo de activistas de Afganistán, Bielorrusia, México y Zimbabue.
La distinguida la activista e ingeniera sudanesa Amira Osman Hamed lucha desde hace dos décadas por los derechos de las mujeres sudanesas y estuvo detenida el año pasado durante la represión tras el último golpe de estado que sufrió el país.
Osman «nunca fue desalentada de su misión», destacó la organización con sede en Dublín al anunciar el premio destacando su «defensa tenaz de la democracia, los derechos humanos y los derechos de las mujeres».
La organización destacó el trabajo de Javier del Tránsito y María del Tránsito Salvatierra por el esclarecimiento de las desapariciones en México, un drama que los afectó personalmente cuando perdieron a su hija, que finalmente apareció en una fosa común.
«Pese al dolor personal y a las amenazas que enfrentaron, Javier y María del Tránsito han continuado demandando verdad y justicia», destacó la organización.
Front Line Defenders también reconoció la trayectoria de la activista afgana Liah Ghazanfar Jawad, de la unión de maestros rurales de Zimbabue (ARTUZ) y de un luchador por los derechos humanos de Bielorrusia, que no fue identificado por motivos de seguridad.
La resistencia de las instituciones de educación superior para enfrentar una reforma con perspectiva de género es fortísima, el pacto patriarcal se reproduce cotidianamente y las mujeres siguen siendo víctimas frecuentes de agresiones y discriminaciones. Como si estuviéramos en la Edad Media o sujetos a los rigurosos criterios de la Inquisición, en las instituciones de educación superior todavía siguen vigentes disposiciones arbitrarias en las que descansa la dominación masculina.
Es inaudito que en pleno siglo XXI, en la Benemérita y centenaria escuela normal veracruzana, una institución históricamente feminizada, con órganos de gobierno integrados mayoritariamente por mujeres, con muchas mujeres en cargos directivos, sigan vigentes criterios que castigan a una estudiante embarazada. Es el caso de Karla, una chica de octavo semestre, que sufre discriminación y le han dado de baja administrativa.
Karla se embarazó, tuvo una amenaza de aborto y los médicos le prescribieron dos semanas de reposo absoluto. Por tanto, faltó a unas clases prácticas, tramitó su incapacidad y aunque tenía justificado faltar dos semanas sólo lo hizo durante cinco días. En la BENV se la aplicaron, por acumulación de faltas fue dada de baja.
Ha ocurrido un uso absurdo de la reglamentación, que ya debería de haber sido reformada con una perspectiva de género para eliminar cualquier sanción y discriminación a las chavas por ser mujeres, por embarazarse, o por tener hijos. La falta de actualización de las reglamentaciones universitarias es prueba de la resistencia misógina, como también lo es lo absurdo y rígido de su aplicación. Los reglamentos escolares de las instituciones de educación superior fueron elaborados desde la perspectiva masculina y están plagados de referentes que sostienen su dominación; su reforma democrática es una asignatura pendiente y no habrá pleno respeto a los derechos humanos si no se transforman a profundidad. Sin embargo, la reforma legal sólo cobrará sentido cuando se cambien las conciencias y las creencias de los agentes de la educación.
Pues también ocurre un trato discriminatorio cuando secretarias, funcionarios, profesoras y profesores coinciden en sancionar, despreciar y condenar a una chica por haberse embarazado. Predomina en la institución un sentido común, una creencia compartida y una representación social dominante claramente discriminatoria hacia las mujeres que rompen o desafían los estereotipos establecidos. En la Normal, el sector dominante de la institución, integrado sea por hombres o mujeres, comparte una visión ideológica conservadora sobre la mujer que se impone durante la socialización y se reitera cuando se castiga a quien disiente.
En lugar de ser un espacio para reivindicar la independencia, la libertad, la creatividad y el derecho al conocimiento como base de la emancipación social, en la Normal predomina una visión anticuada que se opone a la liberación femenina. En la socialización escolar se impone un currículum oculto de carácter misógino que está orientando la formación de maestros. En efecto, Karla y otras estudiantes no son las únicas víctimas que están siendo afectadas por la discriminación y la dominación masculina; pues si estamos hablando de maestros en formación, tendríamos que reconocer que los efectos de la dominación son más amplios y trascenderán a las prácticas profesionales de los maestros en funciones.
La denuncia de Karla corre a cargo de la Comisión de derechos humanos, porque los órganos colegiados de la BENV no pueden resolver el caso de discriminación de que ha sido objeto. Es deseable que su demanda sea atendida, que le permitan terminar y acreditar sus cursos al tiempo que tiene a su hijo. Sin embargo, la Normal debería tomar medidas para que estos problemas no se repitieran y se garantizaran plenamente los derechos humanos de los estudiantes. A la BENV y a otras escuelas normales les vendría bien reconocer que su diseño institucional corresponde a un pasado que ya pasó y que sus reglamentaciones deben estar acordes con la Constitución y con la Ley general de educación superior; que les urge una reforma con perspectiva de género que ponga por encima la emancipación y liberación femenina, y que haga de las maestras y maestros un ejemplo de renovación de las relaciones entre hombres y mujeres.
El primer paso en la constitución de un sistema internacional continental alentado por los EE.UU. fue la Primera Conferencia Interamericana de 1890, que creó la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, transformada en 1910 en Unión Panamericana y en 1948 convertida en Organización de Estados Americanos (OEA).
Durante los procesos independentistas latinoamericanos de las primeras décadas del siglo XIX la Doctrina Monroe (1823), esquematizada en la frase “América para los americanos”, tuvo un doble propósito: de una parte, frenar cualquier intento europeo de reconquista de las antiguas colonias en el continente; de otra, asegurar los intereses comerciales de los EE.UU. en los nacientes países. Pero tal doctrina se transformó en una norma de conducta unilateral para imponer una geoestrategia continental siempre favorable a los EE.UU. Paradójicamente, durante el siglo XIX, las relaciones económicas predominantes entre la mayoría de países de América Latina fueron con Europa.
Al comenzar el siglo XX, al compás del despegue de la expansión norteamericana, el monroísmo justificó tanto intervenciones directas en Centroamérica o el Caribe, como las acciones para alinear los países de la región a los intereses de las empresas estadounidenses y de la política exterior del gigante país. El primer paso en la constitución de un sistema internacional continental alentado por los EE.UU. fue la I Conferencia Interamericana de 1890, que creó la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, transformada en 1910 en Unión Panamericana y en 1948 convertida en Organización de Estados Americanos (OEA).
La OEA fue el instrumento de la Guerra Fría en América Latina a raíz de la Revolución Cubana (1959). Por sobre sus principios y declaraciones, con la directa acción de la CIA, durante la década de 1960 fueron derrocados varios gobiernos constitucionales en la región e instauradas dictaduras militares. Las más refinadas dictaduras anticomunistas, que establecieron Estados terroristas, con permanentes violaciones de derechos humanos, fueron las del Cono Sur, en la década de 1970. Sin embargo, la OEA no actuó para sancionarlas o apartarlas del sistema interamericano, como si ocurrió con Cuba en 1962. A pesar de ello, el programa Alianza para el Progreso (ALPRO), impulsado por John F. Kennedy (1961-1963), si bien, de una parte, respondió al macartismo reinante, de otra coadyuvó al desarrollismo latinoamericano, que posibilitó liquidar los sistemas oligárquicos y las estructuras precapitalistas, para despegar la definitiva modernización capitalista.
En Ecuador, si no era por la ALPRO y la anticomunista Junta Militar (1963-1966), no se habría realizado la reforma agraria, con la cual se liquidó el tradicional sistema hacienda que estranguló toda la vida republicana y convirtió al país en uno de los más atrasados y subdesarrollados del continente. El intervencionismo estatal solo entonces permitió el despegue de la industria y del empresariado capitalista en el país.
La década de 1980 rompió la vía desarrollista. Tanto la nueva política económica internacional inaugurada por Ronald Reagan (1981-1989), orientada como vía a seguir en América Latina, así como los condicionamientos del FMI sobre la deuda externa y desde 1990 el decálogo del “Consenso de Washington”, introdujeron el neoliberalismo. Desde entonces, el sueño de “mercados libres” y empresas privadas rectoras de la economía, ha pasado a formar parte de la ideología de las derechas políticas y económicas de la región, encabezadas por las elites empresariales más ricas y oligopólicas. Con el propósito de reforzar y “continentalizar” el aperturismo globalizador, nuevamente, bajo impulso de los EEUU, se convocó en Miami, en diciembre 1994, la primera Cumbre de las Américas. El documento oficial hace énfasis en el “libre comercio” y la “comunidad de democracias” de las Américas, vinculada a la OEA (https://bit.ly/38Zzu7g). Fue el camino diplomático para acoger el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un acuerdo logrado en Los Ángeles, en julio.
Sin embargo, el nacimiento del ALCA fue frustrado por la Cumbre de los Pueblos, reunión paralela a la IV Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata, Argentina, en 2005. Allí los presidentes Hugo Chávez (Venezuela), Néstor Kirchner (Argentina) e Inácio Lula da Silva (Brasil) frenaron el ALCA. En cambio, impulsaron MERCOSUR, UNASUR y CELAC (Venezuela también el ALBA). Años después, Rafael Correa, presidente del Ecuador, anunció que no asistiría a la VI Cumbre (Colombia, abril 2012) si se excluía a Cuba, una posición asumida igualmente por los países del ALBA, que obligó a la presencia de Cuba en la VII Cumbre (Panamá, 2015). Fue el punto de partida para el inicio de conversaciones con los EEUU, que desembocaron en la apertura diplomática entre los dos países, incluyendo la histórica visita de Barack Obama a La Habana (marzo, 2016), un proceso revertido por el presidente Donald Trump (2017-2021), en una época de predominio de gobernantes conservadores y neoliberales en América Latina.
La convocada IX Cumbre de las Américas, a realizarse en Los Ángeles, EEUU, en junio 2022, proyecta el posible retorno del viejo y tradicional americanismo monroísta. Esta vez, los EEUU excluirían a Cuba, Nicaragua y Venezuela (https://bit.ly/3P76M4U). Ha sido Manuel López Obrador, presidente de México, el primero en cuestionar este comportamiento (https://bit.ly/3slcjed). También los países del CARICOM podrían no asistir a la Cumbre si se excluye a Cuba y se persiste en reconocer a Juan Guaidó como “presidente” de Venezuela (https://bit.ly/390kDcp). Es de esperar que los países latinoamericanos con gobiernos progresistas hagan lo mismo, porque los gobiernos conservadores y empresariales se subordinarán a la política exterior de los EE.UU.
Pero esta nueva Cumbre tiene un elemento particular a considerar: el problema de Ucrania. Es previsible que el “americanismo” intente moverse por la alineación continental a favor de los EE.UU. y la OTAN. Es una geoestrategia en la confrontación entre las grandes potencias, realmente ajena a los países latinoamericanos, que ya se han visto afectados con las sanciones contra Rusia. En esa posible perspectiva continentalista el “enemigo” no solo es Rusia, sino, ante todo, China. El resultado conduciría a frenar las posibilidades económicas soberanas de América Latina con otras regiones del mundo, que no son sus “enemigos”. Además, América Latina es una región de paz y, por tanto, no tiene razones para alinearse con ninguna de las potencias que juegan sus propias geoestrategias. Tiene que exigir la paz en una guerra inconcebible y abogar por un americanismo de nuevo tipo, capaz de convertirse en una fuerza mundial por la paz y las variadas democracias del siglo XXI, respetando el multilateralismo en nacimiento y la multiculturalidad del mundo, en el que no cabe que ninguna potencia se atribuya poseer la vía verdadera y única para la construcción del bienestar humano.
Quizás en los EE.UU. las elites del poder puedan comprender las nuevas dimensiones de la historia del siglo XXI y comprometerse en un nuevo programa para el desarrollo de América Latina, sobre la base de descartar el neoliberalismo, tan nefasto para la región. Las experiencias históricas durante las cuatro pasadas décadas, podrían ser asimiladas de una manera distinta, a fin de que los EE.UU. contribuyan seriamente a reforzar procesos de economías sociales, con fuertes capacidades estatales, altos impuestos a las capas ricas, bienes y servicios públicos de calidad (educación, salud, medicina, seguridad social, infraestructuras), que se han demostrado eficaces, en el marco del propio capitalismo latinoamericano contemporáneo, para dar soluciones estructurales a la economía, con mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo para sus poblaciones.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Fuente de la Información: https://rebelion.org/cumbre-de-las-americas-entre-amigos/
¿Violaciones como arma de guerra? Las denuncias han ido creciendo con el paso de los días por parte de mujeres y niñas que ante las autoridades y organizaciones de derechos humanos afirman haber sido sometidas a abusos sexuales por parte de soldados rusos, en el marco del conflicto lanzado por el Kremlin contra Ucrania. Las agencias de Naciones Unidas: Unicef y ONU Mujeres hicieron un llamado urgente al Consejo de Seguridad del organismo a investigar los casos.
Casi un mes encerradas en un sótano y abusadas sexualmente presuntamente por soldados rusos. Nueve de las víctimas ahora están embarazadas. Esta es una de las más recientes denuncias en medio del conflicto armado.
La acusación fue hecha por 25 jóvenes y niñas entre los 14 y 24 años de edad y los vejámenes habrían ocurrido en Bucha, según afirmó la defensora del pueblo de Ucrania, Lyudmyla Denisova.
Las denunciantes aseguraron que sus atacantes les dijeron que las agredirían “hasta el punto de que no quisieran tener contacto sexual con ningún hombre, para evitar que tuvieran hijos ucranianos”.
Los testimonios fueron recogidos por grupos defensores de derechos humanos en el terreno como La Strada Ucrania, que apoya a sobrevivientes de trata, violencia doméstica y agresión sexual y por la Organización de Naciones Unidas.
Rusia ha negado en repetidas ocasiones cualquier tipo de agresión de sus militares contra civiles.
Pero estas no son las únicas sombrías declaraciones recogidas por los investigadores. Tras la partida de las fuerzas del Kremlin de algunas localidades ucranianas, más mujeres afirman haber sido sometidas a violaciones en grupo y abusos sexuales cometidos en frente de niños.
«A punta de pistola me llevó a una casa cercana. Me ordenó: ‘Quítate la ropa o te mato’. No dejaba de amenazarme con matarme si no hacía lo que me decía. Luego empezó a violarme», dijo en medio del llanto una mujer citada en una investigación periodística de la cadena británica ‘BBC’, cuya identidad fue reservada. Su esposo murió tras ser herido de gravedad en el lugar.
La denunciante describió a su atacante como un hombre checheno joven y delgado y agregó que cuatro soldados rusos que entraron al lugar se llevaron a al agresor, lo que considera salvó su vida. Una vecina de la localidad rural a las afueras de Kiev que, sostiene fue agredida por el mismo hombre, fue hallada muerta.
Kateryna Cherepakha, presidenta de La Strada-Ucrania, también aseguró que su organización ha recibido llamadas que acusaban a soldados rusos de casos de violación, que involucraban a al menos 12 mujeres y niñas.
La ONU exige investigaciones y más protección a las mujeres
Unicef y ONU Mujeres pidieron a las autoridades internacionales una investigación mayor e independiente sobre las denuncias de abuso sexual, al tiempo que describieron un panorama desolador para las familias ucranianas.
“Cada vez escuchamos más sobre violaciones y violencia sexual. La combinación del desplazamiento masivo con los resultados de la gran presión de los reclutas y mercenarios y la brutalidad mostrada contra los civiles ucranianos ha levantado todas las banderas rojas”, aseguró Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el pasado 11 de abril.
En la sesión, el embajador adjunto de Rusia negó los señalamientos y acusó a Kiev y sus aliados de «una clara intención de presentar a los soldados rusos como sádicos y violadores».
La ONU señaló la semana pasada que sus observadores de derechos humanos estaban trabajando para verificar las acusaciones de violencia sexual por parte de soldados rusos.
Pero la organización también indicó que se encuentra indagando denuncias sobre presuntos miembros de las fuerzas ucranianas y de las milicias de defensa civil que habrían cometido actos de violencia sexual.
El embajador de Ucrania ante la ONU aseguró que la oficina del fiscal general de su país estaba lanzando un “mecanismo especial de documentación” para casos relacionados con violencia sexual.
Cherepakha pidió a los organismos internacionales que las denuncias sean tomadas en serio. “Esto es sólo la punta del iceberg. Sabemos y vemos, y queremos que escuchen nuestras voces, que los invasores rusos utilizan ahora la violencia y la violación como arma de guerra en Ucrania”, subrayó.
La agresión sexual es considerada un crimen de guerra de acuerdo con los Convenios de Ginebra y una violación del Derecho Internacional Humanitario. Mientras la Corte Penal Internacional (CPI) y la Fiscalía ucraniana aseguran que abrirán investigaciones al respecto, más mujeres y niñas narran los vejámenes que habrían sufrido en un conflicto que se prolonga.
Un número importante de mujeres no acuden a las instituciones médicas, en consecuencia, la causa de sus muertes no tienen un registro oficial.
Alrededor del 60 por ciento de las muertes maternas reconocidas y clasificadas como «infección» estaban asociadas a un aborto en Brasil y Colombia o tal vez ni aparezcan registradas, porque si el embarazo fue reciente no se mencionaba en el certificado.
De quedar vivas, recibirán quizá la infertilidad como secuela o la hemorragia, la perforación del útero y la infección, entre algunas de las complicaciones inmediatas. Si consideráramos que el número real de muertes maternas por aborto inseguro es aproximadamente el doble de lo que reflejan las estadísticas oficiales, quizá el análisis al tema sería otro en América Latina.
En este año 2022, Chile celebró la histórica votación de la Convención Constitucional que pone fin a la criminalización del aborto y asegura una Educación Sexual Integral. Colombia también despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación.
Anteriormente fue Argentina, ya cumple más de un año la ley que aprobó que el aborto inducido es legal y gratuito, cuando la gestación no supere la semana 14. Por su parte en el 2021, la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional criminalizar el aborto.
Foto: EFE
El cambio es notable, pero el tema también tiene detractores en América Latina. Sin excepciones, está prohibida la interrupción involuntaria del embarazo en los códigos penales de: El Salvador, Honduras, Haití y República Dominicana.
Paraguay, Perú, Costa Rica y Venezuela, sólo despenalizan el aborto en caso de que la salud de la embarazada corra peligro. Ecuador añade como motivos la inviabilidad del feto y violación a la mujer. En Bolivia se incluye la violación o incesto como causas y, en Belice, se agregan los factores socioeconómicos.
También el aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, es ilegal según el Código Penal brasileño. Solamente puede acometerse cuando resulta de una violación, por riesgo la salud de la mujer o en el caso de anencefalia, una anomalía congénita.
Por el momento, los oficialistas conservadores del Congreso de Guatemala archivaron una ley polémica en marzo de este año. En medio de reclamos, contemplaron el endurecimiento de las penas por aborto y prohibirían el matrimonio homosexual.
La legisladora Lucrecia Hernández, de la bancada minorista de centroizquierda Semilla, dijo que, «la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, no dio la palabra para discutir las objeciones» contra la norma. «Les da vergüenza reconocer que teníamos razón y que ellos se equivocaron”, enfatizó.
La idea contenía la restricción en la enseñanza escolar sobre diversidad sexual y estimaba que «grupos minoritarios» amenazaban el “equilibrio moral” de la sociedad guatemalteca, proponían «modelos de conducta y de convivencia distintos al del orden natural del matrimonio y la familia”.
Salud Reproductiva
Hace 20 años, la División de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS) refirió en un informe que podrían ocurrir entre 83 y 250 muertes por cada 100.000 abortos. Refieren que en los países donde el aborto es legal, promedia una cifra de 0,6 fallecidas por cada 100.000 interrupciones del embarazo. Si comenzamos a sumar las posibles mujeres muertas por la práctica clandestina de un aborto, la cifra es espeluznante.
Todavía existe el temor a las consecuencias legales y a la censura, tanto como la deficiente estadística oficial relativa a la mortalidad materna, así como a la clandestinidad del procedimiento, afirma Erika Royston de la OMS, en su “Estimación del número de muertes por aborto”.
Por su parte, el Instituto Alan Guttmacher realizó un estudio en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana, los que reúnen al 70 por ciento de la población de América Latina. La investigación reflejó que en promedio se realizaron 2,8 millones de abortos inducidos en un año en Brasil. De haber sido estudiada toda la región latinoamericana, hipotéticamente, podrían superar los 4 millones.
Lo más terrible es que un número importante de mujeres no acuden a las instituciones médicas, en consecuencia, la causa de sus muertes no tienen un registro oficial. No convienen las investigaciones legales y sus consecuencias, por lo que tampoco el personal sanitario que participa incluye datos sobre complicaciones del aborto.
Cuando fallece una mujer después de los 40 días de practicado un aborto o de realizarse un nacimiento, generalmente no se considera en la categoría de muerte materna. Suponen que del 30 a 50 por ciento de las muertes maternas no queden registradas y pudieran ser el doble de lo que refieren las estadísticas oficiales.
Es razonable suponer que el subregistro sea mucho más alto para las muertes que ocurren como consecuencia de un aborto inducido en condiciones de clandestinidad, indica el estudio de Ana Langer: “El embarazo no deseado: impacto sobre la salud y la sociedad en América Latina y el Caribe”.
Muchas mujeres están expuestas a quedar embarazadas sin desearlo, por ser activas sexualmente, estar en edad reproductiva sin usar ningún método anticonceptivo o por utilizar los llamados métodos «tradicionales», como el ritmo o el coito interrumpido.
Aunque no hay datos comparativos con la actualidad, refieren que en 1998 esos embarazos no deseados fueron en Bolivia el 26 por ciento. Un año antes, en México fue un 12,1 por ciento. Para los especialistas en reproducción y demógrafos, estas mujeres tienen una «necesidad no satisfecha de planificación familiar o anticoncepción».
En 1994 existían 8 millones de mujeres con esta necesidad insatisfecha en Brasil, 1,8 millones en Colombia, 6,7 millones en México, 1,9 millones en Perú y 351 000 en la República Dominicana, según el Instituto Alan Guttmacher.
La Comisión Guttmacher-Lancet surge sin ánimo de lucro, en homenaje al ginecólogo y obstetra estadounidense que le da nombre, para promover cambios en las políticas, programas y prácticas públicas médicas relativas a la salud reproductiva. Las investigaciones señalan que ocurrieron aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados cada año, entre 2015 y 2019.
En la presentación del libro “El aborto en América Latina: estrategias jurídicas para su legalización y enfrentar las resistencias conservadoras”, de la Red Alas-Latinoamericana de Académicas y Académicos del Derecho, la especialista Agustina Ramón Michel resaltó que “en América Latina no se ha logrado el pleno acceso a la interrupción legal del embarazo, debido a la intervención de sectores religiosos y grupos conservadores, a que se le asocia con ‘lo malo’ y a que los partidos políticos no quieren asumir el riesgo”.
Pero el proceso de despenalización “se ha volteado hacia América Latina”, donde ha sido abierto y discutido, en comparación con el transcurso más elitista que tuvo lugar en Europa o Estados Unidos, precisó.
Embarazos involuntarios
Para el Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas (Unfpa), el embarazo no planeado y el aborto son experiencias compartidas por personas en todo el mundo, con un número especialmente alto en los países en desarrollo.
De estos embarazos no deseados, un 61 por ciento terminó en aborto, o sea, se practicaron 73 millones de abortos por año en el mundo. Muchas de estas prácticas fueron de forma insegura, lo que supone hasta un 13 por ciento del total de las muertes maternas.
“Para las mujeres afectadas, la decisión reproductiva más importante, ‘el quedarse o no quedarse embarazada’, no es una elección”, dijo a los periodistas la médica y directora ejecutiva del Unfpa, Natalia Kanem, la agencia del sistema para la salud sexual y reproductiva.
Foto: PL
La falta de educación, atención sexual y reproductiva, laceran tanto como los estigmas de las sociedades, la falta de opciones anticonceptivas, la pobreza y la violencia, el problema de la desigualdad de género.
Es especialmente grave cuando se trata de adolescentes, quienes apenas conocen sus cuerpos y en muchas ocasiones se ven presionadas y forzadas a establecer relaciones sexuales. Indica la ONU que unas 257 millones de mujeres de todo el mundo no desean quedar embarazadas, ni están usando métodos anticonceptivos modernos. Igualmente, refiere que hasta un 25 por ciento de ellas, no tienen capacidad para negarse a mantener relaciones sexuales.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas señala el aumento los casos de violencia sexual en situaciones de conflicto, donde las mujeres tampoco tienen acceso a métodos anticonceptivos.
La falta de acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a la participación política, el riesgo de las migraciones; todos estos factores están expuestos en un reciente informe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), el Colegio de México y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Las investigaciones de expertos de unas 20 naciones relatan las principales desigualdades de género y sus consecuencias para las juventudes. Plantean recomendaciones a las políticas públicas para atender estos conflictos, en tanto son las desigualdades sociales, un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos humanos, más aún en el caso de las mujeres jóvenes, indica la socióloga cubana María Isabel Domínguez, una de las especialistas.
Se incluyen las desigualdades socio-económicas, la condición e identidad de género, el grupo étnico racial, la orientación sexual discapacidad, los migrantes y las diferencias territoriales.
La relatoría incluye el tema del embarazo adolescente en la región. Para Cuba, esta situación tiene un peso mayor en las provincias rurales del oriente. A finales del 2020, se registraron 105.038 nacimientos, de los cuales en más del 15 por ciento las gestantes no superan los 19 años, y 369 eran niñas que aún no habían celebrado los 15 años.
En Cuba el aborto es legal y gratuito. El 1965, fue el primer país latinoamericano en despenalizar completamente esta práctica, dentro del primer trimestre de gestación. En 1979, un nuevo Código Penal sanciona el aborto ilícito, entendido cuando se comete por lucro; se realiza fuera de las instituciones oficiales; o se realiza por persona que no es médico o sin el consentimiento de la grávida.
En la mayor de las Antillas, las mujeres cuentan con una licencia de maternidad extensa y los progenitores con una licencia de paternidad. Las féminas tienen igual derechos sobre el salario y el 53,22 por ciento de los diputados en la Asamblea Nacional del Poder Popular son mujeres.
Se continúa trabajando entre el Ministerio de Salud Pública y el de Educación con fines didácticos, para lo cual fue aprobado en 2011 el programa de la sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales. El objetivo fue su aplicación en el currículo escolar de los niveles educacionales y el Programa de Atención Integral a la Salud de los Adolescentes del Ministerio de Salud Pública.
“Teniendo como referencia esos documentos, la educación en materia jurídica, implica que los profesores estén suficientemente preparados para dotar a los estudiantes de conocimientos relacionados con sus derechos universales y el acceso a los servicios de salud, por lo que es muy importante el perfeccionamiento y la actualización en educación integral de la sexualidad de todos los programas curriculares ya que permitiría actualizar los elementos cognitivos y preventivos, así como las conductas a seguir en caso de embarazo”, señala la asesora jurídica del Centro Oscar Arnulfo Romero, Liset Mailen Imbert Milán.
La especialista analiza que el espacio escolar no es el único ámbito. Considera también la relación con la cultura, las costumbres familiares y sociales. Así como la baja percepción de riesgo, la concesión de mayor independencia, la necesidad de reafirmación de la personalidad con “la búsqueda de independencia en la toma de decisiones en general y en salud en particular, más marcada en la adolescencia tardía y la posible presión de la pareja o grupo para no utilizar preservativo u otro método anticonceptivo”.
Aun así, se debe insistir en el trabajo de la educación sexual, porque ni el embarazo precoz, ni el aborto, deberían ser experiencias para una adolescente en cualquier parte del mundo.
El especialista en Ginecobstetricia y miembro de la Sociedad Cubana de Desarrollo de la Familia, profesor Miguel Sosa, afirmó que las adolescentes y jóvenes son más susceptibles a las complicaciones biológicas u orgánicas causadas por su propia condición de estar en proceso de maduración.
Por otra parte, advirtió que el embarazo en adolescentes menores de 18 años podría determinar cambios tanto hormonales, como metabólicos e influir negativamente en su proceso de desarrollo. Son particularmente importantes las afectaciones psicológicas que puede producir un embarazo no deseado en las adolescentes, en sus parejas y en su familia.
Dado el perjuicio que trae a la adolescente, a los hijos de esas madres casi niñas y a la sociedad que los acoge sin una maternidad y paternidad responsables, algo que parece dolorosamente común en Latinoamérica como el embarazo en la adolescencia, demuestra que el tratamiento de las políticas públicas, el trabajo en la educación y los nexos con la orientación de la salud, son insuficientes.
Derechos sexuales y reproductivos
Quedó para la historia cuando la Rusia soviética se convirtió el primer país en autorizar el aborto voluntario y gratuito en 1920.
Todavía en el Reino Unido, las mujeres deben acudir a dos médicos para que se les autorice el aborto, aunque el Servicio Nacional de Salud de ese país dice en su sitio web: “La decisión de tener un aborto es solo tuya”.
En la mayoría de los países del continente europeo, el aborto es legal. No obstante, el Parlamento Europeo insta a los países miembros a eliminar cualquier obstáculo en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y considerarlo como un “derecho humano”.
El ‘Proyecto Matic’ pretende que esta práctica sea garantizada por la salud pública, porque todavía se enfrentan al derecho de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, cuya negación de la atención médica se basa en las creencias religiosas o éticas para no realizar abortos.
Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro, constituye una violación elemental de la dignidad humana. Los derechos sexuales y reproductivos deben ser reconocidos indivisible e integralmente como derechos humanos y ejercidos responsablemente.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 3
Total Users : 35460266
Views Today : 3
Total views : 3418971