¿Violaciones como arma de guerra? Las denuncias han ido creciendo con el paso de los días por parte de mujeres y niñas que ante las autoridades y organizaciones de derechos humanos afirman haber sido sometidas a abusos sexuales por parte de soldados rusos, en el marco del conflicto lanzado por el Kremlin contra Ucrania. Las agencias de Naciones Unidas: Unicef y ONU Mujeres hicieron un llamado urgente al Consejo de Seguridad del organismo a investigar los casos.
Casi un mes encerradas en un sótano y abusadas sexualmente presuntamente por soldados rusos. Nueve de las víctimas ahora están embarazadas. Esta es una de las más recientes denuncias en medio del conflicto armado.
La acusación fue hecha por 25 jóvenes y niñas entre los 14 y 24 años de edad y los vejámenes habrían ocurrido en Bucha, según afirmó la defensora del pueblo de Ucrania, Lyudmyla Denisova.
Las denunciantes aseguraron que sus atacantes les dijeron que las agredirían “hasta el punto de que no quisieran tener contacto sexual con ningún hombre, para evitar que tuvieran hijos ucranianos”.
Los testimonios fueron recogidos por grupos defensores de derechos humanos en el terreno como La Strada Ucrania, que apoya a sobrevivientes de trata, violencia doméstica y agresión sexual y por la Organización de Naciones Unidas.
Rusia ha negado en repetidas ocasiones cualquier tipo de agresión de sus militares contra civiles.
Pero estas no son las únicas sombrías declaraciones recogidas por los investigadores. Tras la partida de las fuerzas del Kremlin de algunas localidades ucranianas, más mujeres afirman haber sido sometidas a violaciones en grupo y abusos sexuales cometidos en frente de niños.
«A punta de pistola me llevó a una casa cercana. Me ordenó: ‘Quítate la ropa o te mato’. No dejaba de amenazarme con matarme si no hacía lo que me decía. Luego empezó a violarme», dijo en medio del llanto una mujer citada en una investigación periodística de la cadena británica ‘BBC’, cuya identidad fue reservada. Su esposo murió tras ser herido de gravedad en el lugar.
La denunciante describió a su atacante como un hombre checheno joven y delgado y agregó que cuatro soldados rusos que entraron al lugar se llevaron a al agresor, lo que considera salvó su vida. Una vecina de la localidad rural a las afueras de Kiev que, sostiene fue agredida por el mismo hombre, fue hallada muerta.
Kateryna Cherepakha, presidenta de La Strada-Ucrania, también aseguró que su organización ha recibido llamadas que acusaban a soldados rusos de casos de violación, que involucraban a al menos 12 mujeres y niñas.
La ONU exige investigaciones y más protección a las mujeres
Unicef y ONU Mujeres pidieron a las autoridades internacionales una investigación mayor e independiente sobre las denuncias de abuso sexual, al tiempo que describieron un panorama desolador para las familias ucranianas.
“Cada vez escuchamos más sobre violaciones y violencia sexual. La combinación del desplazamiento masivo con los resultados de la gran presión de los reclutas y mercenarios y la brutalidad mostrada contra los civiles ucranianos ha levantado todas las banderas rojas”, aseguró Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el pasado 11 de abril.
En la sesión, el embajador adjunto de Rusia negó los señalamientos y acusó a Kiev y sus aliados de «una clara intención de presentar a los soldados rusos como sádicos y violadores».
La ONU señaló la semana pasada que sus observadores de derechos humanos estaban trabajando para verificar las acusaciones de violencia sexual por parte de soldados rusos.
Pero la organización también indicó que se encuentra indagando denuncias sobre presuntos miembros de las fuerzas ucranianas y de las milicias de defensa civil que habrían cometido actos de violencia sexual.
El embajador de Ucrania ante la ONU aseguró que la oficina del fiscal general de su país estaba lanzando un “mecanismo especial de documentación” para casos relacionados con violencia sexual.
Cherepakha pidió a los organismos internacionales que las denuncias sean tomadas en serio. “Esto es sólo la punta del iceberg. Sabemos y vemos, y queremos que escuchen nuestras voces, que los invasores rusos utilizan ahora la violencia y la violación como arma de guerra en Ucrania”, subrayó.
La agresión sexual es considerada un crimen de guerra de acuerdo con los Convenios de Ginebra y una violación del Derecho Internacional Humanitario. Mientras la Corte Penal Internacional (CPI) y la Fiscalía ucraniana aseguran que abrirán investigaciones al respecto, más mujeres y niñas narran los vejámenes que habrían sufrido en un conflicto que se prolonga.
Un número importante de mujeres no acuden a las instituciones médicas, en consecuencia, la causa de sus muertes no tienen un registro oficial.
Alrededor del 60 por ciento de las muertes maternas reconocidas y clasificadas como «infección» estaban asociadas a un aborto en Brasil y Colombia o tal vez ni aparezcan registradas, porque si el embarazo fue reciente no se mencionaba en el certificado.
De quedar vivas, recibirán quizá la infertilidad como secuela o la hemorragia, la perforación del útero y la infección, entre algunas de las complicaciones inmediatas. Si consideráramos que el número real de muertes maternas por aborto inseguro es aproximadamente el doble de lo que reflejan las estadísticas oficiales, quizá el análisis al tema sería otro en América Latina.
En este año 2022, Chile celebró la histórica votación de la Convención Constitucional que pone fin a la criminalización del aborto y asegura una Educación Sexual Integral. Colombia también despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación.
Anteriormente fue Argentina, ya cumple más de un año la ley que aprobó que el aborto inducido es legal y gratuito, cuando la gestación no supere la semana 14. Por su parte en el 2021, la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional criminalizar el aborto.
Foto: EFE
El cambio es notable, pero el tema también tiene detractores en América Latina. Sin excepciones, está prohibida la interrupción involuntaria del embarazo en los códigos penales de: El Salvador, Honduras, Haití y República Dominicana.
Paraguay, Perú, Costa Rica y Venezuela, sólo despenalizan el aborto en caso de que la salud de la embarazada corra peligro. Ecuador añade como motivos la inviabilidad del feto y violación a la mujer. En Bolivia se incluye la violación o incesto como causas y, en Belice, se agregan los factores socioeconómicos.
También el aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, es ilegal según el Código Penal brasileño. Solamente puede acometerse cuando resulta de una violación, por riesgo la salud de la mujer o en el caso de anencefalia, una anomalía congénita.
Por el momento, los oficialistas conservadores del Congreso de Guatemala archivaron una ley polémica en marzo de este año. En medio de reclamos, contemplaron el endurecimiento de las penas por aborto y prohibirían el matrimonio homosexual.
La legisladora Lucrecia Hernández, de la bancada minorista de centroizquierda Semilla, dijo que, «la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, no dio la palabra para discutir las objeciones» contra la norma. «Les da vergüenza reconocer que teníamos razón y que ellos se equivocaron”, enfatizó.
La idea contenía la restricción en la enseñanza escolar sobre diversidad sexual y estimaba que «grupos minoritarios» amenazaban el “equilibrio moral” de la sociedad guatemalteca, proponían «modelos de conducta y de convivencia distintos al del orden natural del matrimonio y la familia”.
Salud Reproductiva
Hace 20 años, la División de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS) refirió en un informe que podrían ocurrir entre 83 y 250 muertes por cada 100.000 abortos. Refieren que en los países donde el aborto es legal, promedia una cifra de 0,6 fallecidas por cada 100.000 interrupciones del embarazo. Si comenzamos a sumar las posibles mujeres muertas por la práctica clandestina de un aborto, la cifra es espeluznante.
Todavía existe el temor a las consecuencias legales y a la censura, tanto como la deficiente estadística oficial relativa a la mortalidad materna, así como a la clandestinidad del procedimiento, afirma Erika Royston de la OMS, en su “Estimación del número de muertes por aborto”.
Por su parte, el Instituto Alan Guttmacher realizó un estudio en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana, los que reúnen al 70 por ciento de la población de América Latina. La investigación reflejó que en promedio se realizaron 2,8 millones de abortos inducidos en un año en Brasil. De haber sido estudiada toda la región latinoamericana, hipotéticamente, podrían superar los 4 millones.
Lo más terrible es que un número importante de mujeres no acuden a las instituciones médicas, en consecuencia, la causa de sus muertes no tienen un registro oficial. No convienen las investigaciones legales y sus consecuencias, por lo que tampoco el personal sanitario que participa incluye datos sobre complicaciones del aborto.
Cuando fallece una mujer después de los 40 días de practicado un aborto o de realizarse un nacimiento, generalmente no se considera en la categoría de muerte materna. Suponen que del 30 a 50 por ciento de las muertes maternas no queden registradas y pudieran ser el doble de lo que refieren las estadísticas oficiales.
Es razonable suponer que el subregistro sea mucho más alto para las muertes que ocurren como consecuencia de un aborto inducido en condiciones de clandestinidad, indica el estudio de Ana Langer: “El embarazo no deseado: impacto sobre la salud y la sociedad en América Latina y el Caribe”.
Muchas mujeres están expuestas a quedar embarazadas sin desearlo, por ser activas sexualmente, estar en edad reproductiva sin usar ningún método anticonceptivo o por utilizar los llamados métodos «tradicionales», como el ritmo o el coito interrumpido.
Aunque no hay datos comparativos con la actualidad, refieren que en 1998 esos embarazos no deseados fueron en Bolivia el 26 por ciento. Un año antes, en México fue un 12,1 por ciento. Para los especialistas en reproducción y demógrafos, estas mujeres tienen una «necesidad no satisfecha de planificación familiar o anticoncepción».
En 1994 existían 8 millones de mujeres con esta necesidad insatisfecha en Brasil, 1,8 millones en Colombia, 6,7 millones en México, 1,9 millones en Perú y 351 000 en la República Dominicana, según el Instituto Alan Guttmacher.
La Comisión Guttmacher-Lancet surge sin ánimo de lucro, en homenaje al ginecólogo y obstetra estadounidense que le da nombre, para promover cambios en las políticas, programas y prácticas públicas médicas relativas a la salud reproductiva. Las investigaciones señalan que ocurrieron aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados cada año, entre 2015 y 2019.
En la presentación del libro “El aborto en América Latina: estrategias jurídicas para su legalización y enfrentar las resistencias conservadoras”, de la Red Alas-Latinoamericana de Académicas y Académicos del Derecho, la especialista Agustina Ramón Michel resaltó que “en América Latina no se ha logrado el pleno acceso a la interrupción legal del embarazo, debido a la intervención de sectores religiosos y grupos conservadores, a que se le asocia con ‘lo malo’ y a que los partidos políticos no quieren asumir el riesgo”.
Pero el proceso de despenalización “se ha volteado hacia América Latina”, donde ha sido abierto y discutido, en comparación con el transcurso más elitista que tuvo lugar en Europa o Estados Unidos, precisó.
Embarazos involuntarios
Para el Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas (Unfpa), el embarazo no planeado y el aborto son experiencias compartidas por personas en todo el mundo, con un número especialmente alto en los países en desarrollo.
De estos embarazos no deseados, un 61 por ciento terminó en aborto, o sea, se practicaron 73 millones de abortos por año en el mundo. Muchas de estas prácticas fueron de forma insegura, lo que supone hasta un 13 por ciento del total de las muertes maternas.
“Para las mujeres afectadas, la decisión reproductiva más importante, ‘el quedarse o no quedarse embarazada’, no es una elección”, dijo a los periodistas la médica y directora ejecutiva del Unfpa, Natalia Kanem, la agencia del sistema para la salud sexual y reproductiva.
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La falta de educación, atención sexual y reproductiva, laceran tanto como los estigmas de las sociedades, la falta de opciones anticonceptivas, la pobreza y la violencia, el problema de la desigualdad de género.
Es especialmente grave cuando se trata de adolescentes, quienes apenas conocen sus cuerpos y en muchas ocasiones se ven presionadas y forzadas a establecer relaciones sexuales. Indica la ONU que unas 257 millones de mujeres de todo el mundo no desean quedar embarazadas, ni están usando métodos anticonceptivos modernos. Igualmente, refiere que hasta un 25 por ciento de ellas, no tienen capacidad para negarse a mantener relaciones sexuales.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas señala el aumento los casos de violencia sexual en situaciones de conflicto, donde las mujeres tampoco tienen acceso a métodos anticonceptivos.
La falta de acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a la participación política, el riesgo de las migraciones; todos estos factores están expuestos en un reciente informe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), el Colegio de México y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Las investigaciones de expertos de unas 20 naciones relatan las principales desigualdades de género y sus consecuencias para las juventudes. Plantean recomendaciones a las políticas públicas para atender estos conflictos, en tanto son las desigualdades sociales, un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos humanos, más aún en el caso de las mujeres jóvenes, indica la socióloga cubana María Isabel Domínguez, una de las especialistas.
Se incluyen las desigualdades socio-económicas, la condición e identidad de género, el grupo étnico racial, la orientación sexual discapacidad, los migrantes y las diferencias territoriales.
La relatoría incluye el tema del embarazo adolescente en la región. Para Cuba, esta situación tiene un peso mayor en las provincias rurales del oriente. A finales del 2020, se registraron 105.038 nacimientos, de los cuales en más del 15 por ciento las gestantes no superan los 19 años, y 369 eran niñas que aún no habían celebrado los 15 años.
En Cuba el aborto es legal y gratuito. El 1965, fue el primer país latinoamericano en despenalizar completamente esta práctica, dentro del primer trimestre de gestación. En 1979, un nuevo Código Penal sanciona el aborto ilícito, entendido cuando se comete por lucro; se realiza fuera de las instituciones oficiales; o se realiza por persona que no es médico o sin el consentimiento de la grávida.
En la mayor de las Antillas, las mujeres cuentan con una licencia de maternidad extensa y los progenitores con una licencia de paternidad. Las féminas tienen igual derechos sobre el salario y el 53,22 por ciento de los diputados en la Asamblea Nacional del Poder Popular son mujeres.
Se continúa trabajando entre el Ministerio de Salud Pública y el de Educación con fines didácticos, para lo cual fue aprobado en 2011 el programa de la sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales. El objetivo fue su aplicación en el currículo escolar de los niveles educacionales y el Programa de Atención Integral a la Salud de los Adolescentes del Ministerio de Salud Pública.
“Teniendo como referencia esos documentos, la educación en materia jurídica, implica que los profesores estén suficientemente preparados para dotar a los estudiantes de conocimientos relacionados con sus derechos universales y el acceso a los servicios de salud, por lo que es muy importante el perfeccionamiento y la actualización en educación integral de la sexualidad de todos los programas curriculares ya que permitiría actualizar los elementos cognitivos y preventivos, así como las conductas a seguir en caso de embarazo”, señala la asesora jurídica del Centro Oscar Arnulfo Romero, Liset Mailen Imbert Milán.
La especialista analiza que el espacio escolar no es el único ámbito. Considera también la relación con la cultura, las costumbres familiares y sociales. Así como la baja percepción de riesgo, la concesión de mayor independencia, la necesidad de reafirmación de la personalidad con “la búsqueda de independencia en la toma de decisiones en general y en salud en particular, más marcada en la adolescencia tardía y la posible presión de la pareja o grupo para no utilizar preservativo u otro método anticonceptivo”.
Aun así, se debe insistir en el trabajo de la educación sexual, porque ni el embarazo precoz, ni el aborto, deberían ser experiencias para una adolescente en cualquier parte del mundo.
El especialista en Ginecobstetricia y miembro de la Sociedad Cubana de Desarrollo de la Familia, profesor Miguel Sosa, afirmó que las adolescentes y jóvenes son más susceptibles a las complicaciones biológicas u orgánicas causadas por su propia condición de estar en proceso de maduración.
Por otra parte, advirtió que el embarazo en adolescentes menores de 18 años podría determinar cambios tanto hormonales, como metabólicos e influir negativamente en su proceso de desarrollo. Son particularmente importantes las afectaciones psicológicas que puede producir un embarazo no deseado en las adolescentes, en sus parejas y en su familia.
Dado el perjuicio que trae a la adolescente, a los hijos de esas madres casi niñas y a la sociedad que los acoge sin una maternidad y paternidad responsables, algo que parece dolorosamente común en Latinoamérica como el embarazo en la adolescencia, demuestra que el tratamiento de las políticas públicas, el trabajo en la educación y los nexos con la orientación de la salud, son insuficientes.
Derechos sexuales y reproductivos
Quedó para la historia cuando la Rusia soviética se convirtió el primer país en autorizar el aborto voluntario y gratuito en 1920.
Todavía en el Reino Unido, las mujeres deben acudir a dos médicos para que se les autorice el aborto, aunque el Servicio Nacional de Salud de ese país dice en su sitio web: “La decisión de tener un aborto es solo tuya”.
En la mayoría de los países del continente europeo, el aborto es legal. No obstante, el Parlamento Europeo insta a los países miembros a eliminar cualquier obstáculo en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y considerarlo como un “derecho humano”.
El ‘Proyecto Matic’ pretende que esta práctica sea garantizada por la salud pública, porque todavía se enfrentan al derecho de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, cuya negación de la atención médica se basa en las creencias religiosas o éticas para no realizar abortos.
Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro, constituye una violación elemental de la dignidad humana. Los derechos sexuales y reproductivos deben ser reconocidos indivisible e integralmente como derechos humanos y ejercidos responsablemente.
En el aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba se unieron en la calle los reclamos de la docencia cordobesa. Con una fuerte denuncia a la política de los gobiernos de ayer y de hoy que han promovido el vaciamiento a la educación pública, la precarización laboral y las indignas condiciones para enseñar y aprender.
Compartimos también el comunicado que han difundido los colectivos y agrupaciones convocantes y el registro que hizo La Izquierda Diario en la movilización. La unidad de las luchas para frenar el ataque permanente del gobierno a la educación es algo completamente necesario.
LA LUCHA ES UNA SOLA- FUENTEALBA PRESENTE A 15 años del asesinato del Maestro Carlos Fuentealba, Docentes Autoconvocadxs de la provincia de Córdoba, invitamos a la Marcha que realizaremos el día lunes 4 de abril a las 18hs para recordarlo en la calle, llevando en alto y uniendo nuestros reclamos, trayendo su lucha a la actualidad, desde Colón y General Paz hacia Patio Olmos.
Ayer y hoy el vaciamiento a la educación pública, la precarización laboral y las indignas condiciones para enseñar y aprender por parte de los gobiernos de turno, significan un ataque al derecho a la educación de nuestros estudiantes como así también a nuestros derechos como trabajadorxs de la educación. Y en este mismo sentido, la conducción de la UEPC acompaña las políticas gubernamentales por lo que exigimos al sindicato -que ES de lxs docentes y no de lxs dirigentes- tome las demandas y reivindicaciones de lxs docentes.
Como el compañero Fuentealba, luchamos por la defensa de la educación pública y exigimos:
MAYOR PRESUPUESTO PARA EDUCACIÓN BASTA DE PRECARIZACIÓN LABORAL DERECHO AL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE TODXS NUESTROS ESTUDIANTES DESDE EDADES TEMPRANAS CON TODAS LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS, LABORALES, MATERIALES. CREACIÓN DE CARGOS NECESARIOS EN CADA UNO DE LOS NIVELES. TITULARIZACIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS CARGOS PRECARIZADOS. CAPACITACIÓN GARANTIZADA POR EL ESTADO, EN SERVICIO Y DE FORMA GRATUITA. NINGÚN CIERRE DE CURSOS NI DE SEDES. PASE DE TRANSPORTE QUE CUBRA LAS NECESIDADES Y ESPECIFICIDADES DE LA MODALIDAD HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA PERMITIÉNDOSE EL ACCESO DE LXS ESTUDIANTES A LA EDUCACIÓN PÚBLICA SALARIOS QUE SUPEREN LA CANASTA FAMILIAR. DEROGACIÓN DE LA LEY 10.694. BASTA DE DIFERIMIENTOS EN EL PAGO A LXS JUBILADXS. POR EL 82% MÓVIL. DEROGACIÓN DE LA LEY 10729 POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS TÍTULOS Y LAS TRAYECTORIAS. INMEDIATO PROCESAMIENTO DE TODOS LOS MAB, NINGÚN DOCENTE SIN COBRAR ¡¡¡JUICIO Y CASTIGO LOS RESPONSABLES POLÍTICOS!!! ¡¡¡CÁRCEL PARA SOBISCH!!!
¡¡¡COMPAÑERO CARLOS FUENTEALBA, PRESENTE!!! ¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!
CONVOCAN: Colectivo de Educación Inicial Córdoba – Docentes del Nivel inicial Autoconvocadxs – Cenmas en Alerta – Profesores comunicadores – Agrupación Carlos Fuentealba – Agrupación Docente María Saleme – Alternativa Docente – Che Docente – Colectivo Docente Otilia Lescano – Docentes en Marcha – Docentes de Base – Espacio de Docentes – Autoconvocados- Tribuna Docente-
Ester Bonet, lingüista especializada en el análisis del discurso desde la perspectiva de género y colaboradora en Wikimujeres, nos habla sobre la importancia de visibilizar a los referentes femeninos en la mayor enciclopedia virtual del mundo.
Según datos de la organización benéfica Inspiring Girls International, el 70% de las niñas ve de manera diferente su futuro laboral después de escuchar a mujeres referentes de distintos campos profesionales: así descubren con hechos y ejemplos que no hay límites para sus objetivos. Ver a mujeres artistas, científicas, cineastas, pintoras o astronautas en los libros, en la televisión y, sobre todo, en Internet es en muchos casos decisivo para su futuro. Pero, como cuenta Ester Bonet, “por desgracia, los libros de texto continúan siendo una fuente de referencias sesgadas y sitios como la Wikipedia redundan en el mensaje que las niñas reciben por todas partes”. La enciclopedia virtual es un sitio habitual de consulta del alumnado y, sin embargo, es también un espacio desigual: “Solo el 18% de las biografías son de mujeres”. El equipo de Wikimujeres, encabezado por Montserrat Boix y Ester Bonet, trabaja para disminuir esta brecha.
Pregunta: Tenéis como objetivo convertir la Wikipedia en un lugar más diverso y neutral, ¿qué hacéis para conseguirlo?
Respuesta: Básicamente participamos en eventos e impartimos talleres en los que damos a conocer la Wikipedia y la necesidad de que las mujeres colaboren en ella. Se calcula que son solo un 10% de las personas que editan; no se sabe la cifra exacta porque solo se cuenta si te das de alta como usuaria y seleccionas la identidad femenina, y también se puede editar anónimamente.
La Wikipedia presenta una gran brecha de contenido: solo el 18% de las biografías son de mujeres. Así que cuantas más participemos en la edición, más podremos revertir esta brecha y, lo que es más importante, podremos añadir biografías de otros ámbitos como, por ejemplo, el científico, donde solo representan un 15%: de 307.623 biografías, solo 45.080 son de mujeres.
P:¿Cuál de ellas os sorprendió más que no estuviera ya en la enciclopedia virtual?
R: Por ejemplo, la política y defensora de los derechos humanos Marielle Franco, que hasta que no fue asesinada no tuvo su entrada.
P: ¿Cómo de importante es que las niñas encuentren referentes en sitios como la Wikipedia?
R: Es una fuente de consulta importantísima para el alumnado, muchas veces es la puerta de entrada al conocimiento y si la información que ofrece está sesgada, y este sesgo se va multiplicando tantas veces como se consulte. Por ejemplo, si miramos la biografía de Margaret Lindsay Huggins y la comparamos con su marido William Huggins, podemos ver la diferencia que existe.
P: Muchas generaciones han crecido sin ejemplos de mujeres científicas, matemáticas, filósofas, políticas… ¿En qué medida puede haber afectado esto a sus carreras?
R: Ha afectado muchísimo, pues no tienen referentes. Su imaginario está lleno de estas mujeres que gustan a los hombres, modelos, actrices, cantantes… Por ejemplo, si consultamos la brecha de género por lo que respecta a las biografías de actrices vemos como el porcentaje se reduce. En el caso de las actrices pornográficas se revierte del todo y pasa a ser de un 88% de entradas.
Las niñas también reciben mensajes de lo que se espera de ellas según su género, como la maternidad y el cuidado del hogar. Así, las mujeres académicas o investigadoras, a pesar de ser mayoría en las etapas formativas, se van perdiendo a medida que ascienden en la carrera científica y son muchas menos que los hombres en las posiciones de mayor responsabilidad profesional, como profesoras titulares o catedráticas.
Es trabajo de quienes hacen crecer la Wikipedia buscar otras fuentes donde la realidad no sea sesgada y mostrar otras mujeres y otras maneras de vivir.
Ester Bonet
Por desgracia, la Wikipedia redunda en el mensaje que las niñas reciben por todas partes. Los medios de comunicación difunden un mensaje que la enciclopedia recoge, pues para escribir en ella necesitas tener fuentes de donde obtener la información y así se convierte en un espejo de la sociedad en la que vivimos. Es trabajo de quienes hacen crecer la Wikipedia buscar otras fuentes donde la realidad no sea sesgada y mostrar otras mujeres y otras maneras de vivir.
P: Hoy que es 8M, ¿qué se puede mejorar en el ámbito educativo para que tanto niños como niñas tengan acceso a una educación en igualdad de género?
R: Los libros de textos continúan siendo una fuente de referencias sesgadas. Hay que pedir a las editoriales que dejen de editar copiando siempre los mismos errores. Hay que escribir explicando la historia de la mujeres en todas sus dimensiones. Si explicamos solo grandes hechos históricos como guerras y conquistas donde el hombre es siempre el protagonista, poco se hará a favor de la igualdad.
P: ¿Qué herramientas o actividades crees que deberían utilizar los docentes para concienciar al alumnado en este aspecto?
R: No sé bastante sobre este tema, pero supongo que tomar conciencia de la desigualdad a la que se van a enfrentar las niñas cuando sean adultas puede ser una buena manera para pensar en recursos y estrategias. Y, sobre todo, también educar a los niños y mostrarles cómo sus privilegios son fruto de la desigualdad que se ejerce sobre las mujeres: “El trozo de pastel que les toca es mayor porque se comen la parte que les tocaría a las mujeres”.
“El trozo de pastel que les toca es mayor porque se comen la parte que les tocaría a las mujeres”
P: Para terminar, ¿crees que las alumnas ahora cuentan con más referentes?
Supongo que sí que tienen más referentes, pero no les llegan filtrados, sino que son una mezcla de mujeres que triunfan por su belleza y las que triunfan por su esfuerzo.
P: ¿Qué se puede hacer para seguir mejorando?
Desde muy joven, la frase de Angela Y. Davis “he dejado de aceptar las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar” ha sido un referente y una motivación para avanzar. Creo que para mejorar hay que entender y enseñar que es posible cambiar aquello que no se puede aceptar.
Fuente e Imagen: https://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/ester-bonet-wikimujeres/
Los talibanes han decidido vetar la esperada reapertura de las aulas de educación secundaria para las niñas. La ONU y sus agencias lamentan tal decisión y coinciden en tildar el incumplimiento de los compromisos de reabrir las aulas como una medida lamentable y un retroceso en el futuro de las niñas y mujeres afganas, y de los ciudadanos en general.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó en un comunicado que «el incumplimiento por parte de las autoridades de facto de los compromisos de reabrir las escuelas para niñas a partir del sexto grado —a pesar de los reiterados compromisos en favor de la educación de las niñas, incluso durante mi visita a Kabul hace dos semanas — es profundamente perjudicial para Afganistán».
El alejamiento de las aulas, su inseguridad
La negación a la educación viola los derechos humanos de las mujeres y las niñas, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU
Las escuelas de educación secundaria tenían previsto abrir sus puertas para las niñas en todo el país tras las vacaciones de invierno; sin embargo, las autoridades talibanes habrían dado marcha atrás a primera hora del miércoles, a la espera de una decisión sobre los uniformes que deben llevar.
«Denegar la educación viola los derechos humanos de las mujeres y las niñas: va más allá de su derecho a la educación, las deja más expuestas a la violencia, la pobreza y la explotación«, explicó Bachelet.
El futuro de Afganistán en peligro
El Secretario General de la ONU, António Guterres, manifestó su profundo pesar por la suspensión impuesta por los talibanes de la vuelta a la escuela para las niñas de secundaria.
«El comienzo del nuevo curso escolar era esperado por todos los estudiantes, chicos y chicas, y por los padres y las familias», dijo Guterres. Añadió que la repentina medida de los talibanes de no reabrir las aulas, «a pesar de sus reiterados compromisos, supone una profunda decepción y daña profundamente a Afganistán”.
”Denegar la educación no solo viola la igualdad de derechos de las mujeres y las niñas a la educación, sino que también pone en peligro el futuro del país debido a la enorme contribución de las mujeres y las niñas afganas».
«Insto a las autoridades de facto talibanes a que reabran las escuelas para todos los estudiantes sin más demora».
Unas niñas en un centro de aprendizaje en la aldea de Gulab Khail en la provincia de Maidan Wardak,en Afganistán.
La determinación de las afganas
Michelle Bachelet ha recordado que, en su reciente visita a Kabul, las mujeres le manifestaron su deseo de hablar ellas mismas con los talibanes.
Las mujeres le dijeron que disponen de «información, soluciones y capacidad para ayudar a trazar una salida a esta crisis económica, humanitaria y de derechos humanos en Afganistán».
«Insistieron en la igualdad de derechos a una educación de calidad en los ciclos primario, secundario y terciario, y aguardaban con esperanza la reapertura de hoy de las aulas».
Discriminación estructural
En un momento en el que los ciudadanos afganos sufren los efectos de múltiples crisis, la alta funcionaria de la ONU describió la decisión como «muy preocupante».
«Quitarle el poder a la mitad de la población afgana es contraproducente e injusto», afirmó Bachelet, y añadió que «una discriminación estructural como ésta también es profundamente perjudicial para las perspectivas de recuperación y desarrollo del país».
Finalmente, Bachelet hizo un llamamiento a los talibanes para que «respeten el derecho a la educación de todas las niñas y reabran las escuelas para todas las estudiantes sin discriminación ni más demora«.
Esperanzas rotas
Por su parte, la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Catherine Russell, emitió un comunicado en el que describía la decisión como «un gran revés para las niñas y su futuro».
“Millones de alumnas de enseñanza secundaria de todo Afganistán se han despertado hoy con la ilusión de poder regresar a la escuela y reanudar su educación. Sin embargo, sus esperanzas no han tardado en verse truncadas”, lamentó Rusell.
La decisión de los talibanes anula “el derecho de toda una generación de niñas adolescentes a una educación, y les arrebata la oportunidad de adquirir las competencias necesarias para labrarse un futuro”, añadió.
Instó también a las autoridades de facto que cumplan con su “compromiso con la educación de las niñas sin más demora” y a los dirigentes de todos los rincones de Afganistán les pidió que defiendan la educación de las niñas adolescentes.
“Todos los niños y las niñas merecen ir a la escuela. Es la forma más segura de guiar al país por un camino más seguro hacia la paz y la prosperidad que merece el pueblo de Afganistán”, concluyó la directora de UNICEF.
Una decisión deplorable
La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA) respondió a la noticia con un tuit donde manifiesta como deplorable » el anuncio de hoy de los talibanes de ampliar de manera indefinida el veto para las estudiantes de mayores de sexto grado para asistir a la escuela».
Sucede en el marco de huelgas de sectores de la sociedad civil por la ola de secuestros e inseguridad que vive el país.
Estudiantes haitianos de escuelas públicas y privadas, así como del nivel universitario, protestan desde el pasado lunes contra el secuestro de profesores, estudiantes y directivos y en solidaridad con quienes han sufrido actos de secuestros en los últimos meses.
Durante estos dos días de movilización, los manifestantes levantaron barricadas de llantas quemadas en varias áreas de la capital, Puerto Príncipe, incluyendo Lalue, Poste Marchand, Avenue Christophe, Ruelle Waag y sus alrededores.
De ese modo protestan contra el fenómeno del secuestro, en pleno auge en el país, especialmente en la capital.
Los estudiantes hicieron saber que continuarán movilizados hasta la liberación de sus compañeros, quienes permanecen secuestrados desde hace una semana, cuando se produjo un pico en la ola de raptos, en la cual destacó el secuestro de dos directores de escuelas de educación básica.
Con esta serie de movilizaciones, el tráfico permanece intransitable en varias ciudades haitianas y las escuelas han estado cerradas.
Entrtanto, en el informe parcial de los operativos y casos atendidos desde el 1 de febrero de 2022 a la fecha, la Policía Nacional de Haití (PNH) informó que ha realizado 233 detenciones en todo el territorio nacional, según información revelada por el vocero de la institución, el inspector Garry Desrosiers.
Los principales cargos presentados contra las personas detenidas son posesión ilegal de armas de fuego, violación de un menor de edad, tráfico ilícito de marihuana y confinamiento forzoso, entre otros.
Además‚ seis presuntos bandidos fueron linchados por la población‚ mientras otros dos murieron a manos de la Policía‚ según Desrosiers. Respecto a los objetos incautados‚ la PNH recuperó ocho vehículos‚ 28 armas de fuego‚ 255 cartuchos de varios calibres y cinco kilos de marihuana.
Haití vive una ola de secuestros e inseguridad agravada en el último año, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.
Por: Geraldine Santos, Yanua Atamaín, Leslie Searles, David Díaz Gonzales
En el pueblo awajún —el segundo más grande de la Amazonía peruana, con más de 70 mil integrantes que viven en las regiones de Amazonas, Loreto, Cajamarca y San Martín— denunciar a un miembro de tu comunidad ante la Fiscalía o la Policía Nacional no está permitido, ni aunque se trate de un agresor sexual de menores. La violación de un niño o adolescente se atiende con la intervención del apu de cada comunidad y con una multa económica al violador que varía que entre S/2.000 a S/5.000, según los testimonios recogidos por un equipo de cuatro periodistas de OjoPúblico que recorrió seis comunidades de la región Amazonas. Esta alarmante situación no permite tener cifras reales de estos casos y mantiene impune estos hechos. Las mujeres líderes de los pueblos indígenas luchan en solitario contra esta situación.
Através de una rendija de la puerta de su casa, Nayáp* mira a otros niños que juegan afuera. Sus ojos marrones no dejan de admirar la alegría ajena, pero se limita a observar. Es originario del pueblo awajún, tiene siete años y la piel tostada por el incandescente sol de la Amazonía. No habla castellano, pero el dolor que lleva consigo no necesita palabras para manifestarse, se siente en la habitación donde lo observamos. En setiembre del 2021 fue violentado sexualmente por un integrante de su comunidad, desde ese día solo su silencio lo acompaña, casi no habla.
Nayáp mira a todos con temor. Su casa de madera en la comunidad indígena Nazaret, en Imaza, ubicada en la región Amazonas, es su refugio. En los cuatro últimos meses apenas ha salido al patio de su hogar, teme ir más allá. Dice que el iwa, monstruo que come a los hombres en awajún, está al acecho y prefiere estar oculto.
Un equipo de cuatro periodistas OjoPúblico que recorrió seis comunidades de Amazonas ha llegado a Nazaret, a cuatro horas de la ciudad de Bagua en viaje por carretera, para recoger la historia de Nayáp, cuya madre accedió a hablar con este medio. En esta comunidad hay otros 14 niños que fueron víctimas de abuso sexual solo el año pasado, según las denuncias que recibió la lideresa indígena Georgina Rivera Paz, quien realiza acompañamiento a las niñas y mujeres violadas.
Una calurosa tarde de setiembre del 2021, Nayáp fue encontrado ensangrentado por Sekút*, su madre, al interior de su vivienda, pero la agresión ocurrió en el bosque donde antes solía jugar sin miedo. Lo cogió en sus brazos y lo llevó ante el apu de la comunidad en busca de ayuda y justicia, pero el líder le dijo que no había sanción en el estatuto para los violadores sexuales de varones, cuenta. La herida de la impunidad volvió a abrirse en Sekút. En el 2014, su hija mayor —que entonces tenía 4 años— había sido violada y el líder de ese momento tampoco aplicó ninguna sanción al autor del delito. Por el contrario, Sekút fue acusada de mentirosa.
—No tengo esperanzas de solución aquí, no confío en la justicia de mi pueblo— dice Sekút, de 36 años, en lengua awajún. Ella, al igual que su niño, no habla español. Al traducir los abusos que han sufrido los dos hijos de Sekút, la periodista indígena Yanua Atamaín baja la mirada y un silencio estremecedor invade la pequeña choza.
Sekút debió vender una de sus gallinas ponedoras de huevos para comprar medicamentos que atenuaran el dolor de Nayáp. No pudo llevar a su niño a un centro de salud por orden del apu. “Llevarlo hubiera implicado que el caso sea reportado ante las autoridades, aquí no denunciamos sin el permiso del líder”, explica la lideresa indígena Georgina Rivera mientras sostiene la mano de Sekút.
VIGILANTES. Las mujeres awajún temen dejar solos a sus hijos en sus casas porque pueden ser víctimas de abusadores sexuales cuando ellas salen a trabajar sus tierras.
Foto: David Diaz
El miedo a hablar
Nazaret es una pampa verde llena de casas de madera y pequeños árboles, donde el sol no tiene piedad. Sus más de mil habitantes, los awajún, viven ahí desde hace más de 50 años. La comunidad ha soportado invasiones de extraños, derrames de petróleo y el reciente impacto de la pandemia. Estos daños han sido reclamados ante la justicia peruana, pero del abuso sexual contra menores de edad por parte de miembros de la misma comunidad no se habla.
Sekút tiene miedo, pero con sus manos pequeñas y rostro afligido trata de explicarnos el dolor de la injusticia. Dice que acusar a un integrante de la comunidad ante extraños puede traerle enemistades que la llevarían a ser desterrada o hasta la muerte, pero está decidida a que Nayáp encuentre justicia. Sin embargo, acudir a la comisaría de Imaza está a una hora por carretera desde su comunidad e ir al médico legista del Ministerio Público a otras cuatro horas hasta Bagua. “No sé cómo llevar la denuncia fuera de aquí”, se lamenta.
En el pueblo awajún —el segundo más grande de la Amazonía peruana, con 70.468 integrantes que viven en las regiones de Amazonas, Loreto, Cajamarca y San Martín— denunciar a un integrante de tu propia comunidad ante la justicia ordinaria no está permitido.
—Los problemas se tratan internamente, solo se va a la justicia de los apash (los de afuera, en awajún) si el apu lo decide— explica la periodista indígena Yanua Atamain.
Esta práctica es aplicada en la gran mayoría de las comunidades, donde los líderes no permiten la intervención de la policía ni de la Fiscalía sin su consentimiento, e interpretan que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) les reconoce la justicia comunal en el territorio indígena. En un estudio realizado el 2020 sobre la violencia sexual y la justicia comunal en los pueblos indígenas awajún – wampis, elaborado por el abogado Roberto Guevara Aranda, se evidencia que, efectivamente, las comunidades no reportan los casos ante la justicia ordinaria basándose en normas internas que se plasman en los reglamentos de cada comunidad.
El informe de Guevara Andrade analiza los reglamentos comunales de 28 comunidades awajún – wampis en Amazonas, como una muestra de las 393 que existen en el territorio de la región. Según las normas internas analizadas, el 96,43 % de estas comunidades no reportan los casos de violación sexual de menores ante el Ministerio Público y el 79 % no brinda tratamiento a las víctimas. Sin embargo, el 67,86 % de las comunidades optan por aplicar multas económicas a los agresores, un acuerdo entre los familiares de la víctima y el violador que varía entre S/2.000 a S/5.000, según los testimonios recogidos por OjoPúblico en seis comunidades de la región Amazonas.
Ni Nayáp ni su hermana, que ahora tiene 11 años, conocen la justicia que administra su pueblo ni la de los apash ya que no fueron ‘indemnizados’ con pagos económicos y sus agresores no han sido castigados. Sekút, la madre de ambos, tiene miedo de ir a trabajar a sus campos de cultivo porque ello implica dejar a sus cinco hijos solos, ya que su pareja labora en otro lugar y no tiene familia en la comunidad a quien confiar a sus pequeños. “No estoy tranquila, tengo miedo de volver a ver a mis hijos heridos”, dice la awajún.
El antropólogo Wilson Atamain explicó a OjoPúblico que no se cuenta con cifras reales sobre la violencia sexual en las comunidades awajún porque la justicia que administran los apus no permite a las familias reportar estos abusos y solo se tienen referencias de casos que atienden las lideresas indígenas. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en Nazaret: de los 15 casos registrados el 2021, solo tres fueron reportados ante el Ministerio Público. “Los casos son invisibles ante la justicia ordinaria, silenciados por la propia comunidad”, dice el experto.
No existe tampoco una base de datos sobre casos de abuso sexual donde se especifique la variable étnica, confirmó el Ministerio de Cultura a OjoPúblico a través de un cuestionario. Solo en el distrito de Imaza, al que pertenece la comunidad donde vive Nayáp, la Estrategia Rural del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) —un mecanismo para atender casos de violencia en las zonas rurales— registró 32 violaciones sexuales el último año, de los cuales 28 fueron contra menores de edad, pero no se puede conocer cuántas de estas víctimas son niños indígenas.
Un manto de impunidad
La comunidad de Huampami en el distrito de El Cenepa —a cinco horas desde la ciudad de Nieva por río— tiene calles estrechas, sin árboles, pese a estar en la misma Amazonía. Allí la docente intercultural Lady Akintui Tsajuput promueve la formación de líderes en el colegio internado Moisés Moreno Romero, que alberga a 475 adolescentes. En esta institución interviene la Estrategia Rural del MIMP para enseñar a las mujeres y varones sus derechos y cómo actuar ante una agresión física, sexual, psicológica y de propiedad en la justicia ordinaria.
SIN ACCESO A JUSTICIA. Lizbeth Chamik no inicia un juicio por alimentos a su expareja porque no puede pagar el viaje hasta Bagua, donde está la Fiscalía.
Foto: Leslie Searles
Además, Akintui Tsajuput les explica a sus alumnos cómo era antiguamente el pueblo awajún: sus tradiciones, sus luchas y los castigos que se imponían a quienes no cumplían las normas. Antes a los violadores se les sancionaba dándoles toé (bebida ancestral, como el ayahuasca, con fines medicinales y alucinógenos) para que limpie su espíritu y luego de eso eran exhibidos ante la comunidad, cuenta la docente.
Para evitar estos castigos y disminuir el derecho a la venganza, que se aplicaba devolviendo el mismo daño que había causado el victimario, se estableció en el pueblo awajún acuerdos económicos a favor de la familia afectada, explica Peña Jumpa. Sin embargo, estos acuerdos económicos han originado que la violencia sexual y física hacia las mujeres y niños indígenas se incremente porque permiten proteger al agresor ya que se evita que sea juzgado por la justicia ordinaria, refiere Juan Carlos Akintui, uno de los jóvenes líderes de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú. En la gran mayoría de comunidades de la región Amazonas, las víctimas viven cerca de sus agresores y no reciben tratamiento psicológico ni de las secuelas físicas producto del abuso, asevera.
“Con los años, el pueblo awajún ha ido normalizando las violaciones, por eso ahora estos hechos se negocian económicamente, como si la dignidad de un hermano tuviera precio”, lamenta Akintui Tsajuput.
Pero no solo se trata de que se hayan dejado de lado sanciones severas sino de que el abuso sexual a menores prácticamente se ha institucionalizado en las comunidades indígenas donde se permite el matrimonio desde los 12 años de edad, según el informe La justicia comunal aguaruna en el Alto Marañón del abogado y magíster en antropología Antonio Peña Jumpa. Esta uniones legitiman las relaciones sexuales desde muy temprana edad y expone a las niñas a abandonar sus estudios, a la violencia y a embarazos tempranos. En el Perú, una persona puede casarse partir de los 16 años, aunque también se trata de un matrimonio adolescente que limita la igualdad de oportunidades para las mujeres.
Cuando se reporta un caso de violación sexual en las comunidades se castiga con dos meses de calabozo (si la víctima es una mujer adulta) y tres meses (si es menor de edad). El Código Penal establece cadena perpetua para quien abuse sexualmente de un menor de 14 años y pena privativa de libertad no menor de 20 años ni mayor de 26 años si la víctima tiene entre 14 años y menos de 18 años.
Por su parte, la abogada y magíster en derecho constitucional Beatriz Ramírez Huaroto refiere que la mayoría de las familias indígenas denuncian los casos de violación sexual ante la comunidad porque “les ofrecen respuestas medianamente rápidas” a comparación de la justicia ordinaria. Sin embargo, estas no aseguran la protección de la víctima porque no hay tratamientos psicológicos ni sanción efectiva al agresor.
“No es que [los indígenas] opten por una sola vía [la comunal], sino que hay barreras fuertes como la distancia geográfica para acceder a los servicios de justicia. No hay un adecuado sistema de justicia que articule entre la justicia comunal y ordinaria”, señala la experta.
ESPERANZA.Melissa Kayap, de 16 años, es defensora escolar en la comunidad de Humapami. Ella es preparada por sus docentes para defender los derechos de la mujer y los niños.
Foto: David Diaz
Otra de las razones para que persista la violencia sexual es el arraigado machismo en el pueblo awajún, dice el antropólogo indígena Wilson Atamaín, quien cuestiona que los actuales líderes indígenas no permitan que las mujeres accedan a la administración del poder en sus comunidades, lo que ayudaría a luchar contra la violencia hacia mujeres y menores de edad. “Hay una constante pugna de poder que no deja que las mujeres asuman cargos políticos y, por el contrario, hay un desprestigio a su labor”, dice Atamaín.
En los años 90’ se conformó la Federación de Mujeres del Alto Marañón en Amazonas para capacitar a las nuwas (mujeres en awajún) en reconocer y defender sus derechos ante la justicia ordinaria, pero a partir del año 2000 los casos de violencia familiar y sexual fueron incluidos en los reglamentos de las comunidades precisando que deben resolverse de manera interna, por lo que la violencia volvió a invisibilizarse.
La federación continúa trabajando en empoderar a la mujer indígena para asumir cargos políticos y lograr cambios fundamentales en la cultura awajún, pero “mientras los reglamentos no cambien, los casos seguirán ocultos en las comunidades”, advierte la lideresa Elva Yagkikat Kiak, quien fue formada para asumir el rol de defensora de la mujer indígena en esta organización.
Comisarias sin traductores
—No hay justicia, todo es negocio— dice la defensora comunal Elva Yagkikat Kiak (53), quien en sus 30 años como lideresa awajún dice haber visto decenas de casos de violación sexual contra menores que no lograron justicia porque se llegaron a acuerdos económicos entre agresores y las familias de las víctimas. Aunque lideresas como Elva sensibilizan a las familias indígenas para que estos casos lleguen a la justicia ordinaria, los obstáculos son más fuertes y muchas desisten porque no pueden costear los gastos de movilidad para denunciar la violación en una comisaría o asistir a las citaciones del Ministerio Público. El 36.1 % de la población en esta región vive en pobreza y el 7.7 % en pobreza extrema.
Otro de los temores de las familias para buscar una reparación a las víctimas en la justicia ordinaria es el lenguaje, ya que muchas madres awajún no hablan español. En ninguna de las comisarías de Amazonas hay traductores awajún, por lo que la atención se vuelve complicada para una madre indígena si no tiene la compañía de una líder, quienes tampoco reciben ningún tipo de ayuda para solventar sus viajes y muchas veces se ven expuestas a agresiones y amenazas por su labor.
INFANCIA ROTA. En el pueblo awajún se permite que las niñas se casen desde los 12 años. Amazonas es una de las regiones con la tasa más alta de gestantes entre los 12 y 17 años.
Foto: Leslie Serles
—La ausencia del Estado y el miedo a ser despreciado en la comunidad por denunciar a un hermano pesan más, todos debemos callar y llorar en silencio la muerte de nuestros niños por violación—, señala la lideresa Georgina Rivera del Consejo Indígena Amazónico del Perú, quien reportó el año pasado la muerte de tres niñas producto de violaciones sexuales. Los casos no tuvieron sanción en las comunidades y los agresores quedaron libres.
OjoPúblico reportó en noviembre del año pasado uno de estos casos a través de su cuenta de Twitter. Aunque el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se comprometió a intervenir, la familia de la víctima nunca fue contactada para llevar el caso ante el Ministerio Público.
— ¿Quién repara un corazón roto, cómo se vive después de ver morir a tu hijo y aparentar que todo está bien?—se pregunta Rivera Paz sin hallar respuesta. Hace siete años, su sobrino falleció a causa de una violación sexual, y si bien el caso fue a la justicia ordinaria no hubo sanción porque el padre de la víctima falleció y no hubo quien siguiera el proceso.
El fracaso de dos formas de hacer justicia
Los líderes consultados para este informe refieren que los casos de violación disminuirán si se aplican sanciones más drásticas contra los victimarios. Salomón Awanach, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú, refiere que con los años el pueblo awajún perdió el valor del “respeto a la vida de sus hermanos”, que los hizo resistir a través de los siglos. Hoy, por el contrario, los niños abusados sexualmente son discriminados, no tienen oportunidades de insertarse en la comunidad y hay quienes son empujados a la prostitución en su lucha por sobrevivir.
El sociólogo Rafael Molina Palacios explica que si bien la justicia propia es reconocida por el Estado Peruano a raíz del Convenio 169 de la OIT, lo que está ocurriendo es que sobre la base de ello se están vulnerado los derechos de los niños abusados sexualmente. Se requiere de un cambio en el enfoque de hacer justicia por parte de los sabios indígenas, señala. Sin embargo, sostiene que el cambio en las leyes de las comunidades demorará años y es un proceso de evolución social que necesita del compromiso de académicos, fiscales, abogados, docentes y jueces awajún que reflexionen y planteen soluciones a esta cruda problemática.
LUCHA. En la comunidad de Mamayaque, Elizbeth Tsakím saca adelante sola a sus cuatro hijos tras el abandono de su pareja. Ella siente que su familia es más vulnerable ante la violencia sexual.
Foto: David Diaz
Por su parte, el abogado Roberto Guevara Aranda, quien trató casos de violación sexual en niños indígenas en la Defensoría del Pueblo de Amazonas, afirma que es necesario que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Justicia trabajen junto a las organizaciones indígenas para llegar a un consenso al impartir justicia para estos casos, cambiando los reglamentos comunales para imponer sanciones mayores a los agresores.
Al respecto, la vocería del Ministerio de Cultura respondió a OjoPúblico a través de un cuestionario de preguntas que “trabajan en la elaboración de una estrategia con enfoque intercultural en los servicios que brinda el Estado para la prevención, atención y protección frente a la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas”. Sin embargo, no dio más detalles de plazos ni de los expertos que trabajan en el tema.
El Ministerio de Cultura tampoco aceptó la entrevista solicitada por este medio con la viceministra de Interculturalidad, Rocilda Nunta Guimaraes, ni el Ministerio Publico concretó la entrevista con el fiscal Alexander Fasanando Riveiro, quien forma parte del subsistema especializado en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo. Ambas autoridades son indígenas shipibos que tienen como función ver la interculturalidad en los organismos del Estado.
—Es el fracaso de dos sistemas porque no existen políticas públicas ni comunales para enfrentar esta dolorosa realidad— cuestiona Guevara Aranda. El Estado no ha podido acercarse al pueblo awajún porque busca implementar procedimientos largos y tediosos como estipula el Código Penal y no comprende las dificultades económicas y geográficas que deben enfrentar las víctimas en busca de justicia en la Amazonía. Mientras ello ocurra, el dolor de niños como Nayáp seguirá ocultándose en sus casas de madera, invisibilizado en medio de la Amazonía.
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