UNICEF pide que las instalaciones educativas sean un espacio seguro donde los niños y niñas puedan estar protegidos.
Más de 750 escuelas han sufrido daños desde el inicio del conflicto en el este de Ucrania, un día después de que el Ejército ucraniano acusara a los rebeldes de atacar una guardería en Lugansk, ha denunciado este viernes el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Según UNICEF, los ataques a guarderías y escuelas han sido una «triste realidad» para los niños del este de Ucrania durante los últimos ocho años, lo que ha interrumpido el acceso a la educación de miles de menores a ambos lados de la línea de contacto.
Por ello, la agencia de Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a todas las partes para que respeten la Declaración sobre Escuelas Seguras y protejan a los niños y a sus cuidadores de los ataques, independientemente de las circunstancias en las que se encuentren.
«Las instalaciones educativas deben seguir siendo un espacio seguro donde los niños puedan estar protegidos de las amenazas y las crisis y un refugio en el que puedan aprender, jugar y desarrollar todo su potencial», ha señalado, remarcando que «el derecho de los niños a la educación no puede salvaguardarse en situaciones de conflicto si antes no se protege la educación».
Por otro lado, el conflicto ha causado estragos en el bienestar psicosocial de toda una generación de niños que crecen en el este del país. Además, estos niños viven en una de las zonas del mundo más contaminadas de minas antipersona. Todos los días viven, juegan, van y vienen de la escuela en zonas plagadas de estos artefactos, munición sin explotar y otros restos explosivos de guerra.
Desde el comienzo de la guerra, UNICEF ha estado sobre el terreno en todo el este de Ucrania, proporcionando ayuda psicosocial y educación sobre el riesgo de dichas minas a más de 180.000 niños, jóvenes y cuidadores. UNICEF, que ha garantizado con las comunidades afectadas para proporcionarles el apoyo humanitario necesario, también apoya la reparación de escuelas y guarderías dañadas, además de distribuir suministros de educación vitales, como kits de enseñanza, mobiliario y material deportivo.
En 2013, en la comunidad de La Vega de Caracas, un grupo de venezolanos preocupados por el clima de polarización y violencia que cruzaba a nuestra ciudad, decidimos apostar por la recuperación de espacios para la convivencia y la reconstrucción de los lazos de confianza en las comunidades. Nacía así este camino que conocemos como Caracas Mi Convive.
Lo que comenzó como una experiencia de trabajo enfocado en la integración de las comunidades con el rescate de canchas y espacios deportivos fue avanzando, de manera gradual y firme, hasta convertirse en un compromiso de apoyo y fortalecimiento de los verdaderos liderazgos populares que se construyen en las propias comunidades, de abajo hacia arriba, e inspirados en los valores de la solidaridad, el emprendimiento y la democracia.
Gracias al esfuerzo de muchos venezolanos que se han sumado en este proyecto en Caracas y más adelante en otras ciudades del país, hemos convertido el trabajo de Caracas Mi Convive en una experiencia de vida y una escuela de formación constante que cree en el empoderamiento de las comunidades, el reconocimiento y el valor por las diferencias y el ineludible compromiso por los derechos humanos y la democracia.
Hemos desarrollado diferentes iniciativas. Una de ellas son los Talleres de Prevención de la Violencia, una herramienta que empodera y articula a líderes comunitarios e impulsa la participación de manera activa en los jóvenes, madres, padres, maestros y vecinos en la identificación e intervención de puntos calientes (hot spots), entendidos como los lugares donde se concentra la violencia, a través de actividades de convivencia como la recuperación de espacios públicos, encuentros deportivos, culturales y educativos.
También hemos desarrollado el programa Vamos Convive con el objeto de brindar formación en oficios a jóvenes, principales víctimas de la violencia criminal, con el objeto de ofrecerles una oportunidad para desarrollarse y trabajar. Ya 165 muchachos han sido formados en barbería y otros 50 han sido insertados en empleos, a través de alianzas con empresas aliadas.
Cabe resaltar el impacto que ha tenido el Monitor de Víctimas, en alianza con el portal digital Runrun.es, que combina participación ciudadana con periodismo de datos e investigación. A través de la recolección de información sobre los homicidios que ocurren en Caracas, desde la óptica de las víctimas, se busca caracterizar los hechos e identificar patrones que contribuyan con el diseño de políticas públicas orientadas a reducir la violencia. Ha sido fuente para los informes de organismos internacionales que vigilan y diagnostican las violaciones de derechos humanos.
En estos casi de diez años de trabajo hemos podido comprobar, junto a nuestros líderes, que las comunidades organizadas son el gran reservorio de los valores democráticos de un pueblo que insiste en su derecho de hacerse dueño de su futuro, una experiencia de vida que nos ha tocado y cambiado a todos los que hemos estado en contacto con esta poderosa fuerza de organización popular.
Gracias a este trabajo hemos aprendido a ser optimistas sin negar los grandes retos que tenemos ante nosotros. Porque creemos en las personas y en el valor de la organización popular en el trabajo comunitario, defendemos la importancia de la política como un espacio de encuentro ciudadano. Junto a nuestros líderes, reconocemos la importancia que tiene la democracia como un puente que conecta el deseo de cambio en el país con el derecho de las personas por tener un futuro mejor.
Hace nueve años en La Vega un grupo de venezolanos invitamos a la comunidad a ser “convives”. Hoy esta iniciativa les pertenece a todos los luchadores por el futuro que han demostrado la importancia de recuperar los lazos de confianza, hombres y mujeres emprendedores, realistas, solidarios y comprometidos con la Venezuela del cambio por la que todos luchamos.
Caracas Mi Convive se puede resumir en una palabra: convivencia, una que se construye entre todos, con un compromiso por el futuro y el cambio democrático que tanto quiere nuestro país.
Este es nuestro compromiso.
Cofundador de Alimenta La Solidaridad y de Caracas Mi Convive.
www.rpatino.com
Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/opinion/caracas-mi-convive-es-convivencia/
Debe reforzar el sistema de prevención de la tortura
Nubarrones preocupantes sobrevuelan los derechos humanos en Brasil. Diversas voces internacionales aumentaron en las últimas horas el tono de su crítica contra el Gobierno de Jair Bolsonaro. Brasil es el tercer país del mundo con mayor número de personas privadas de libertad,con más de 750.000 detenida-os y cárceles superpobladas.
Experta-os del órgano de prevención de la tortura de las Naciones Unidas (ONU) luego de su visita al país sudamericano, señalaron que “Brasil debe cumplir con sus obligaciones internacionales y reforzar sus mecanismos nacionales de prevención de la tortura”. El comunicado de los especialistas fue difundido el 11 de febrero en la sede de la ONU en Ginebra (https://news.un.org/es/story/2022/02/1503982).
La preocupación principal de la-os especialistas es de tipo institucional. En junio de 2019, Jair Bolsonaro promulgó un Decreto Presidencial que, según la ONU, debilita gravemente el sistema de prevención de la tortura. En virtud del polémico Decreto, los miembros del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura (MNPCT), dejarían de ser remunerados y deberían trabajar de forma voluntaria. Además, el Gobierno decidió unilateralmente disminuir significativamente el apoyo profesional y a nivel de la secretaría de dicho mecanismo. Se espera en las próximas semanas una decisión del Supremo Tribunal Electoral que deberá decidir sobre la legalidad de dicho Decreto Presidencial número 9.831 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9831.htm).
La experta de Líbano, Suzanne Jabbour,quien encabezó la misión realizada entre el 31 de enero y el 4 de febrero, instó a que “se abandone la decisión de desmantelarel mecanismo nacional de prevención de la tortura». Pidió, también, “que Brasil respete sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y consolide sus recursos y esfuerzos para combatir la tortura”.
Integraron la misión, además, Juan Pablo Vegas de Perú, relator para Brasil y la experta noruega Nora Sveaass (https://news.un.org/pt/story/2022/01/1778152).Durante su visita a Brasilia la delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT, por sus siglas en inglés), se reunió, entre otros, con la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, con diversosparlamentarios — incluidos los presidentes de las comisiones de derechos humanos de ambas cámaras–, con representantes del Supremo Tribunal Federal, con el fiscal general de la República y su adjunto encargado de los derechos de los ciudadanos.
La delegación fue recibida por el MNPCT, que es el organismo de vigilancia de la prevención de la tortura en el país. Y también por sus homólogos estaduales — cuatro Estados sobre 26 — en los que existe dicho mecanismo. La comitiva onusianadialogó con representantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la prevención de la tortura.
«Todas las altas autoridades con las que nos reunimos coincidieron en que es absolutamente esencial contar con un mecanismo de prevención independiente y que funcione bien, tanto a nivel federal, como estatal», declaró Jabbour.
Brasil, como cada uno de los Estados Partes en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), están obligados a establecer mecanismos nacionales de prevención funcionales e independientes. Dichos organismos tienen como tarea realizar visitas periódicas a los lugares en los que hay personas privadas de libertad, como parte de los esfuerzos para prevenir la tortura y los malos tratos y mejorar las condiciones de detención.
Otras condenas internacionales
Apenas tres semanas antes del pronunciamiento de dicha misión de la ONU en Brasil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América del Sur de ONU Derechos Humanos condenaron los recientes asesinatos de activistas ambientales y defensoras y defensores de la tierra en ese país sudamericano. Y exigieron al Estado la protección de “quienes defienden el medio ambiente y el territorio” yque realice investigaciones de manera pronta, exhaustiva e imparcial” (http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/017.asp).
El 9 de enero de 2022 fueron hallados los cuerpos de José Gomes, su esposa Marcia y su hija menor de edad, Joene en la región de São Félix do Xingu, Estado de Pará, en la Amazonia brasileña. Gomes y su familia eran conocidos por liberar crías de tortugas y por la defensa de la tierra y la protección ambiental.
Un día antes, el 8 de enero, se conoció el atentado mortal del campesino José Francisco Lopes Rodrigues. Este defensor de la tierra se encontraba hospitalizado luego de ser víctima — junto con su nieta de diez años–, de una agresión armada en su domicilio de la comunidad de Cedro, en Arari, Estado de Maranhão, el pasado 3 de enero.
En su Informe de País de 2021(http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Brasil2021-es.pdf) la CIDH había puesto el énfasis en la situación contextual de violencia en contra de personas defensoras del medio ambiente y de la tierra en Brasil.
Desde que asumiera el presidente Bolsonaro, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales consideran a Brasil como uno de los países más peligrosos de la región para ejercer la defensa y protección del medio ambiente y de los derechos sociales.
El Informe Mundial 2022 de Human Rights Watch, avanza también críticas frontales al gobierno brasilero por violaciones de derechos humanos en varias áreas de su gestión. Entre ellas, por amenazar al “sistema democrático en Brasil al intentar mellar la confianza en el sistema electoral, la libertad de expresión y la independencia judicial”. También por su mala gestión de la pandemia del Covid-19 así como por su política a favor de la deforestación que sigue asolando a la selva tropical amazónica. “Los pueblos indígenas y otras comunidades que defienden la selva fueron blanco de amenazas y ataques”, sostiene el informe que reúne datos de relativos al año 2021(https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/380707).Dicho informe retoma la información suministrada por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), el cual contabiliza que agentes de policía provocaron la muerte de más de 6.400 personas en 2020, último año sobre el cual existen datos disponibles.
A 5 años del levantamiento y rebelión de Mexicali Resiste contra la devastación de la naturaleza y una serie de agravios a los derechos humanos, esta es una reflexión de los aprendizajes en términos de comunicación que permean otros movimientos sociales.
«Es una tarea más ardua honrar la memoria de los seres anónimos que se las personas célebres. La construcción histórica se consagra a la memoria de los que no tienen nombre «.
Walter Benjamin
Me impactó la imagen de una mujer arrojando una piedra para defender el agua. Mientras la lanza con una mano, tiene un celular en la otra para informar lo que está sucediendo desde una trifulca. Las personas organizadas en la asamblea de Mexicali Resiste fueron a la obra para evitar la construcción irregular de un acueducto que llevaría el agua a la planta cervecera de la trasnacional Constellation Brands.
Pensar que ella, desde un movimiento social urbano, es capaz de defender con todo, hasta a pedradas, el agua del lugar en el que vive, me llevó a decir:
¿Por qué no hacerlo? Pedradas, fotografías y palabras. En las urbes también es necesaria la lucha por las tierras y las aguas. Qué bueno que la imagen se hizo viral.
Esta semana cumplen cinco años el levantamiento y rebelión cachanilla contra una serie de agravios contra la naturaleza y los derechos humanos. Acababa de ser el gasolinazo de 2017. Una gran asamblea ciudadana conjugó la fuerza de cientos de personas en ocasiones, miles en otras, que decidieron poner un freno a la amenaza del saqueo de por lo menos el 44% del agua de la reserva que tiene la ciudad de Mexicali.
Frenaron a la trasnacional de diferentes maneras, hasta ganar una consulta. Y hoy, no dan un paso atrás. Ya se organizan pues saben que, aunque el proyecto cervecero está cancelado, la planta y la concesión siguen ahí. En diciembre de 2021 realizaron varias actividades y una marcha de protesta para exigir el cierre definitivo.
Enfoco la mirada en los aportes en términos de comunicación que la organización urbana y movimiento social provocan como colectivo de personas en estos tiempos. Lo presento en el ejercicio de reflexión convocado: Memorias del despertar cachanilla. “Queremos en hacer memoria en colectivo” dijo Txus.
Con Mexicali Resiste hay una gran impronta de reinvención de la protesta virtual de manera efectiva. Son parte de una ola muy grande de movimientos que se avivan a través de las redes sociodigitales, desde la primavera árabe, el #15M, el #Yosoy132, con la característica que Mexicali Resiste tiene una experiencia de cohesión importante a través de lo virtual al transparentar las asambleas mediante transmisiones en vivo y habilitar una fase deliberativa
en lo presencial y en lo virtual como extensión del diálogo y la creación de opiniones en torno a un consenso.
Es un proceso muy importante el de comunicar y compartir las asambleas en contextos urbanos pues las personas no siempre pueden estar físicamente presentes, y sin embargo tienen una preocupación. Esta estrategia se ha replicado en otras luchas efectivas.
Ha funcionado para habilitar que dentro de la virtualidad haya cierta presencia y legitimidad del movimiento, si bien no para tomar una decisión, sí de la manera en que los comentarios influyen en la opinión pública virtual y generan conocimiento.
Desde su ser más íntimo como movimiento social, que alimentó la creatividad con el uso de los símbolos, dejándolos como marcas en las paredes de la ciudad, demostraron que en lo urbano también tenemos una mística muy fuerte que puede hacernos sentir identificados con una lucha y que ese modo nos pertenece. Será un lugar, por más monstruoso, por más árido que sea, somos en él.
Mexicali Resiste encontró en sus pocos montes, en medio de lo horizontal que puede ser el desierto, esa tierra, un cerro que usaron como símbolo y logotipo del movimiento y la colectividad que forman: el centinela, dos colinas. Esas dos colinas pasaron a ser dos líneas que conforman su logotipo. La han utilizado, reutilizado, reinventado en playeras, mantas, lonas y grafitis.
La importancia de hacerlo a nivel urbano es visibilizarlo en las ciudades, para conformar narrativas en torno a cosas que ya no se ven desde el cemento, como el agua. Desde Mexicali Resiste reinventaron el significado del agua, lo contrapusieron con la cerveza.
Se apropiaron de los lenguajes de la publicidad capitalista, como marcas de cervezas involucradas diciendo no a la cervecera o retomando los mensajes amarillos de una famosa librería para hablar de la permanencia de la lucha.
Visibilizaron que la cuenca del Río Colorado, que es la que abastece al valle de Mexicali, principal fuente de agua para todo el estado y para parte de Sonora, es una cuenca que está bajo amenaza por estrés hídrico, por cuestiones de cambio climático, por atravesar zonas desérticas y por el uso que se le da a este afluente compartido con Estados Unidos. Le dieron rostro a una cuenca.
Las estrategias de guerrilla urbana, como se dice en publicidad, fueron importantes al igual que las expresiones de protesta en el mismo territorio de la ciudad, salir a las calles a tomar el territorio, como hicieron con el Palacio Municipal.
Las alianzas y la pluralidad fueron claves para la transmisión de los mensajes y los saberes adquiridos. Desde la misma asamblea donde participan personas citadinas de diferentes zonas de la ciudad y con distintas posibilidades económicas. A su vez, la comunicación con personas en Estados Unidos que también apoyaron el movimiento y las redes urbanas crecientes en defensa de las luchas por la tierra, sobre todo en torno al EZLN y el CNI.
Los mensajes encontraron resonancia y tierra fértil en el tejido que provocan como movimiento, incluso para la liberación de presos políticos que tuvieron, y hasta la fecha con sus más recientes movilizaciones.
El territorio juega el papel fundamental, si la acción no es en el terreno y lo visibiliza, no hay modo de generar cohesión, si no hay una defensa del palacio si no hay una ocupación, si no hay una manifestación, si no hay alguien tocando a la puerta del vecino diciéndole ‘Nos están quitando el agua, que de por sí ya no hay, ¿qué vamos a hacer?’. En todo eso Mexicali resiste ha dado el ejemplo.
El papel que tuvieron como medio libre al inicio de las acciones, y que no solamente funcionarán como movimiento sino como un medio de comunicación de su propio actuar, permitió nutrir la constancia, la presencia y el diálogo. Permitió que también personas ajenas al movimiento se enteraran. Y esa experiencia tan importante tan nutritiva. Que fueran un espejo como primera memoria y como primer rostro para seguir definiendo su rumbo de lucha. Fue efectivo ser un reflejo de sí mismos, reintentando las narrativas que nada tenían que ver con los acartonados discursos del poder, sino con un ánimo fresco de decir las cosas (un fresco que ayudó mucho en los veranos).
Reinventaron como movimiento y colectividad el modo de expresar el enojo, la rabia, la indignación, quemado chiles y defendiendo con el cuerpo el agua. Despertaron la imaginación para poder comunicar que el descontento también se puede expresar diciéndoles: no queremos su despojo.
Concuerdo que las personas integrantes de Mexicali Resiste son herederas del levantamiento Magonista de 1911 y de 1937 con la lucha de los campesinos por la tierra y la expropiación de Lázaro Cárdenas de las empresas estadounidense.
La lucha por el agua va más allá de una trasnacional y toca seguir con las preguntas para ampliar los horizontes, narrativos y de lucha.
Fuente de la información e imagen: https://piedepagina.mx/la-revuelta-cachanilla/
Organizaciones indígenas de Ecuador entregaron a la Corte Constitucional más de 365.500 firmas de respaldo recogidas en todo el mundo, para que se les garantice el derecho a una consulta previa, libre e informada a las comunidades sobre los planes de actividades extractivas –sobre todo en minería y petróleo- en sus territorios en la Amazonía.
Representantes de las nacionalidades Cofán y Waorani, entre otras, llegaron a la Corte para mostrar el respaldo internacional a su reclamo de consulta sobre las concesiones mineras y petroleras que el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso pretenda celebrar en la Amazonía.
Lasso, emitió en julio pasado un decreto para intentar duplicar la producción petrolera del país, acción calificada de «inconstitucional» por organizaciones sociales, que le acusan de hacerlo sin mediar la obligatoria consulta a las comunidades que podían ser afectadas. Se espera que la Corte Constitucional se pronuncie en los próximos días sobre la demanda, apoyada por organizaciones sociales ecuatorianas e internacionales.
«No queremos explotar nuestro bosque, ni mineros, ni maquinaria pesada. Queremos que sea como antes, que el río y bosque estén sin contaminación», declaró Víctor Quenamá, presidente de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe.
Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que acompañó a las bases amazónicas, dijo que esta acción forma parte de una lucha contra el cambio climático que se produce por los excesos «del sistema de explotación capitalista». Isa exigió detener esta «forma de desarrollo criminal» que atenta sobre la forma de vida de los pueblos indígenas de la selva amazónica.
Iniciativas como «Quienes Deben Decidir», «Wao Resistencia» y «Stand With Sinangoe» recogieron cientos de miles de firmas de apoyo que fueron entregadas a la Corte Constitucional junto a una carta en la que se pide escuchar a los pueblos indígenas y que se «garantice» su derecho a decidir sobre sus territorios.
«Nos sentimos respaldados de todo el mundo por nuestra lucha y resistencia», aseguró Silvana Nihua, presidenta de una organización Waorani, y dijo confiar en que la Corte Constitucional dará el paso «histórico» en beneficio de las comunidades que habitan en la región amazónica y en el país entero.
“El mundo tiene sus ojos sobre Ecuador debido a los históricos casos de la comunidad A’i Kofán de Sinangoe y Waorani de Pastaza, que vencieron al poder empresarial y al Estado ecuatoriano que entregó concesiones mineras y petroleras en sus territorios ancestrales, sin la debida consulta”, expresa la petición.
Por su parte, el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), Marlon Vargas se refirió al precedente que sentó la comunidad del A’i Kofán y subrayó que la corte tiene “la oportunidad histórica” de emitir un fallo favorable que garantice el derecho de las comunidades autóctonas a la consulta y “el consentimiento previo, libre e informado”.
Como parte de esta iniciativa, las comunidades que habitan junto a los ríos Coca y Napo presentaron un centenar de pedidos de medidas cautelares ante el Consejo de Judicatura de Puerto Francisco de Orellana, en el corazón de la región amazónica del país, ante el avance acelerado de la erosión regresiva del río Coca, catalogada como un peligro inminente a los derechos de estas comunidades a vivir en un ambiente sano, a la salud, la alimentación, el acceso a la información y la justicia.
A inicios de abril pasado se produjo en esta región la rotura de los principales oleoductos ecuatorianos: el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y el Poliducto Shushufindi–Quito. La avería y posterior derrame de miles de barriles de crudo al suelo y cauces de los ríos afectó a más de 100 comunidades kitchwa con una población de al menos 27.000 personas.
Las comunidades denunciaron que detrás de la rotura estaba la negligencia de las empresas y otras entidades públicas, que no adoptaron medidas preventivas pese a que alertaron sobre las consecuencias de la erosión regresiva, unido a la inestabilidad geológica, la actividad sísmica y volcánica de la región.
Para evitar futuras averías y derrames, las comunidades demandan la inmediata suspensión del bombeo, el establecimiento de planes efectivos de respuesta inmediata, la reparación ante posibles inundaciones y otros daños, y la provisión de agua y proteína animal de manera estable hasta que los cauces del Coca y el Napo recuperen su normalidad.
El Ejecutivo ecuatoriano ha afirmado que las políticas aprobadas por el Gobierno de Lasso, que buscan intensificar la producción petrolera y minera en el país, tienen como objetivo impulsar la economía y reducir la pobreza que afecta, entre otros grupos sociales, a los indígenas.
Pero las organizaciones indígenas aseguran que su experiencia, a lo largo de décadas de extracción petrolera en el Amazonía, pone de manifiesto que los beneficios de dichas actividades extractivistas no llegan a las comunidades y que, además, entrañan el alto riesgo de desastres irreparables para la naturaleza y la vida de los pueblos originarios.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica); la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos respaldan la campaña “Detén la Extracción en la Amazonía”.
Eloy Osvaldo Proaño. Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Los grupos más afectados por la pobreza en general siguen siendo las mujeres y los jóvenes.
En su informe denominado Panorama social de América Latina 2021 presentado este jueves en forma virtual en su sede de Santiago de Chile, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, señaló que el número de personas que viven en extrema pobreza en la región creció de 81 a 86 millones, lo que implica un retroceso de 27 años en el avance de los indicadores, debido a la profundización de la crisis sanitaria y social desatada por la pandemia de coronavirus.
Bárcena explicó que en términos porcentuales la pobreza extrema pasó de 13,1% en 2020 a 13,8% en 2021, en tanto que la pobreza en general disminuyó de 33,0% a 32,1%.
Según el informe de la Cepal consignado por Associated Press, los grupos más afectados por la pobreza siguen siendo las mujeres y los jóvenes. En cuanto a los números del desempleo en la región, la tasa de desocupación en 2021 llegaría a 11,8% para las mujeres y a 8,1% para los hombres, en comparación al 12,1% y al 9,1% respecto de 2020, y afecta principalmente a los sectores de menores ingresos.
En detalle, en 2021 la pobreza aumentó sobre todo en Brasil y Costa Rica debido a los recortes de las ayudas estatales. En contrapartida, Chile y República Dominicana mantendrían sus niveles, apoyados en la continuidad de las transferencias fiscales.
Bárcena llamó a mantener las transferencias monetarias de emergencia en 2022 o hasta que la crisis sanitaria esté controlada, ya que fueron claves en gran parte de los países para mantener a raya los niveles de pobreza.
“La recuperación económica de 2021 no ha sido suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la pandemia, estrechamente vinculados a la desigualdad de ingreso y género, a la pobreza, a la informalidad y a la vulnerabilidad en que vive la población”, agregó Bárcena durante la presentación del trabajo.
La Cepal además estimó el crecimiento del producto interno bruto en la región en 2021 en 6,2%, y para 2022 proyecta 2,9%.
Por otra parte, la secretaria ejecutiva de la Cepal indicó que una de las áreas más afectadas durante la pandemia es la de la educación, por la suspensión de las clases presenciales de los niños y su reemplazo por otras en línea, ya que no todos tienen conectividad buena o regular en la región.
Los participantes en un debate del órgano de seguridad de la ONU reconocen el papel clave de las mujeres en los procesos de paz y en todos los ámbitos de la vida pública y social. Michelle Bachelet denuncia los abusos contra las mujeres en Afganistán. Un nuevo fondo respaldará a las defensoras de las mujeres en escenarios de conflicto o crisis.
“Las decisiones en materia de paz que no reflejan las voces, realidades y derechos de las mujeres no son sostenibles. Debe haber una defensa clara y una inversión significativa en las mujeres defensoras de los derechos humanos y constructoras de la paz”, afirmó este martes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En su participación en un debate ministerial abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la violencia contra las mujeres en los procesos de paz y seguridad, Michelle Bachelet llamó a eliminar la brecha digital, ampliar el apoyo financiero y aumentar la rendición de cuentas por ataques e intimidación contra las mujeres.
“El trabajo de abordar la discriminación, la desigualdad, la negación del espacio cívico de las mujeres y la violencia de género también debe ser una prioridad para la construcción de la paz”, recalcó.
Bachelet destacó el papel del Consejo de Seguridad en el esfuerzo de construir la paz por y para las mujeres; sin embargo, subrayó que entre 1992 y 2019, sólo el 13 % de los negociadores, el 6 % de los mediadores y el 6 % de los signatarios de los principales procesos de paz en todo el mundo fueron mujeres.
La pandemia empeora la situación
“Y eso fue antes de que estallara la pandemia y antes de que una ola de conflictos cada vez más intensos, transiciones políticas antidemocráticas y crisis humanitarias desastrosas se apoderaran de muchas sociedades, reduciendo aún más los derechos de las mujeres”, advirtió.
Explicó que la situación a la que ahora se enfrentan las defensoras de los derechos humanos son mucho peores, como lo son las perspectivas de una participación plena, no simbólica, de las mujeres en la configuración y construcción de la paz.
Para ilustrar esta aseveración, citó que sólo el 1% del financiamiento a los países frágiles o afectados por conflictos se destina a las organizaciones de derechos de las mujeres y reportó que en 2020 su Oficina verificó 35 asesinatos de defensoras de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas en siete países afectados por conflictos donde se pudieron recuperar datos.
“Este número, que sin duda es un recuento insuficiente, superó las cifras confirmadas de asesinatos en 2018 y 2019”, acotó.
Agregó que también se han documentado patrones de abusos de actores estatales y no estatales contra las defensoras de la igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos entre otras causas, asegurando que esos ataques buscan disuadir la participación y liderazgo de las mujeres.
UNICEF/Alessio Romenzi
Mujeres en la clínica Mirza Mohammad Khan, en Afganistán. El centro sanitario cuenta con el apoyo de UNICEF.
Exclusión de las mujeres en Afganistán
Durante su alocución, la Alta Comisionada se refirió al caso de Afganistán, subrayando la exclusión de las mujeres del Gabinete de facto y otros foros clave y advirtiendo que esta supresión socava en gran medida la capacidad de los gobernantes para garantizar un futuro pacífico duradero.
“Las mujeres afganas han sido excluidas de la toma de decisiones que afectan a sus vidas y familias, y se les ha impedido ejercer plenamente su derecho a participar en todas las esferas de la vida cívica y pública”, abundó.
Bachelet también consideró que frente a un desastre humanitario de proporciones sin precedentes, el país necesita que toda su gente se una. “En cambio, la negación de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas está dañando enormemente la economía y el país en su conjunto”, alertó.
Recordó que en los últimos meses, muchas defensoras de los derechos humanos, periodistas, abogadas y juezas afganas se han visto obligadas a huir o a esconderse, a menudo tras repetidas amenazas.
En este contexto, instó al Consejo de Seguridad a garantizar la rendición de cuentas de los responsables de las violaciones y abusos de los derechos humanos en Afganistán, incluso contra mujeres y niñas, “para permitir las condiciones para una paz sostenible”.
“Pido a todos los Estados que utilicen su influencia con los talibanes para fomentar el respeto de los derechos humanos”, enfatizó.
Solicitó además el establecimiento de vías seguras y programas de reasentamiento para las defensoras de los derechos de las mujeres afganas, al igual que la suspensión inmediata de la deportación de las afganas que buscan protección en otros países.
El caso de Colombia
Bachelet contrapuso la situación en Afganistán con el caso del Acuerdo de Paz de Colombia de 2016, en el que hubo una amplia participación de las mujeres y se incluyeron medidas puntuales de género.
“La Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz también han promovido la participación de las mujeres, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha reconocido el papel fundamental de las mujeres en esa búsqueda”, apuntó.
No obstante, añadió que se deben fortalecer medidas específicas de género en cuestiones como la reforma agraria, la participación política, las garantías de seguridad y otros puntos del acuerdo.
También recomendó mayores esfuerzos para combatir la continua violencia sexual relacionada con el conflicto y para garantizar que las víctimas de esos crímenes sean tratadas con dignidad y tengan acceso a protección, justicia y reparación adecuadas. “Este trabajo servirá a la causa de la justicia y, por lo tanto, a la paz”, concluyó Bachelet.
Misión de Verificación de la ONU en Colombia/Daniel Sandoval
Mujeres colombianas decoran un muro con mensajes de paz.
Objetivo compartido
El debate en el Consejo de Seguridad fue organizado por Noruega, país que ostenta la presidencia del órgano en enero.
La canciller de ese país, Anniken Huitfeldt, resaltó que existen deficiencias persistentes en la creación de entornos seguros y propicios para que las mujeres constructoras de paz y defensoras de los derechos humanos puedan desempeñar su labor e instó a trabajar con miras a alcanzar el objetivo compartido de garantizar la participación plena, equitativa y significativa de las mujeres en todas las etapas de los procesos de paz.
Fondo de apoyo
En el misma línea que el Consejo de Seguridad, ONU Mujeres lanzó hoy el Fondo Humanitario y para la Paz de las Mujeres, que busca acelerar el respaldo a las defensoras de los derechos humanos de las mujeres en la primera línea del conflicto y la crisis.
La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bohous, y la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega presentaron el Fondo en un evento virtual en el que definieron dichos recursos como una nueva ventana de financiamiento para las defensoras de derechos humanos que trabajan por la paz inclusiva y la acción humanitaria.
El Fondo es un mecanismo global de financiamiento conjunto flexible y rápido cuya meta es revitalizar la acción y aumentar los recursos para la participación, el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres en los procesos de paz y seguridad y en las respuestas humanitarias.
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