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Ester Bonet: “Hay que mostrar a los niños que sus privilegios son fruto de la desigualdad que afecta a las mujeres”

Por: Pepa Agüera

Ester Bonet, lingüista especializada en el análisis del discurso desde la perspectiva de género y colaboradora en Wikimujeres, nos habla sobre la importancia de visibilizar a los referentes femeninos en la mayor enciclopedia virtual del mundo.

Según datos de la organización benéfica Inspiring Girls International, el 70% de las niñas ve de manera diferente su futuro laboral después de escuchar a mujeres referentes de distintos campos profesionales: así descubren con hechos y ejemplos que no hay límites para sus objetivos. Ver a mujeres artistas, científicas, cineastas, pintoras o astronautas en los libros, en la televisión y, sobre todo, en Internet es en muchos casos decisivo para su futuro. Pero, como cuenta Ester Bonet, “por desgracia, los libros de texto continúan siendo una fuente de referencias sesgadas y sitios como la Wikipedia redundan en el mensaje que las niñas reciben por todas partes”. La enciclopedia virtual es un sitio habitual de consulta del alumnado y, sin embargo, es también un espacio desigual: “Solo el 18% de las biografías son de mujeres”. El equipo de Wikimujeres, encabezado por Montserrat Boix y Ester Bonet, trabaja para disminuir esta brecha.

Pregunta: Tenéis como objetivo convertir la Wikipedia en un lugar más diverso y neutral, ¿qué hacéis para conseguirlo?

Respuesta: Básicamente participamos en eventos e impartimos talleres en los que damos a conocer la Wikipedia y la necesidad de que las mujeres colaboren en ella.  Se calcula que son solo un 10% de las personas que editan; no se sabe la cifra exacta porque solo se cuenta si te das de alta como usuaria y seleccionas la identidad femenina, y también se puede editar anónimamente.

Ester Bonet wikimujeres

La Wikipedia presenta una gran brecha de contenido: solo el 18% de las biografías son de mujeres. Así que cuantas más participemos en la edición, más podremos revertir esta brecha y, lo que es más importante, podremos añadir biografías de otros ámbitos como, por ejemplo, el científico, donde solo representan un 15%: de 307.623 biografías, solo 45.080 son de mujeres.

P: ¿Cuál de ellas os sorprendió más que no estuviera ya en la enciclopedia virtual?

R: Por ejemplo, la política y defensora de los derechos humanos Marielle Franco, que hasta que no fue asesinada no tuvo su entrada.

P: ¿Cómo de importante es que las niñas encuentren referentes en sitios como la Wikipedia? 

R: Es una fuente de consulta importantísima para el alumnado, muchas veces es la puerta de entrada al conocimiento y si la información que ofrece está sesgada, y este sesgo se va multiplicando tantas veces como se consulte. Por ejemplo, si miramos la biografía de Margaret Lindsay Huggins y la comparamos con su marido William Huggins, podemos ver la diferencia que existe.

Datos de Wikipedia de Margaret Huggins y William Huggins

P: Muchas generaciones han crecido sin ejemplos de mujeres científicas, matemáticas, filósofas, políticas… ¿En qué medida puede haber afectado esto a sus carreras? 

R: Ha afectado muchísimo, pues no tienen referentes. Su imaginario está lleno de estas mujeres que gustan a los hombres, modelos, actrices, cantantes… Por ejemplo, si consultamos la brecha de género por lo que respecta a las biografías de actrices vemos como el porcentaje se reduce. En el caso de las actrices pornográficas se revierte del todo y pasa a ser de un 88% de entradas.

Ester Bonet wikimujeres
Ester Bonet wikimujeres

Las niñas también reciben mensajes de lo que se espera de ellas según su género, como la maternidad y el cuidado del hogar. Así, las mujeres académicas o investigadoras, a pesar de ser mayoría en las etapas formativas, se van perdiendo a medida que ascienden en la carrera científica y son muchas menos que los hombres en las posiciones de mayor responsabilidad profesional, como profesoras titulares o catedráticas.

Es trabajo de quienes hacen crecer la Wikipedia buscar otras fuentes donde la realidad no sea sesgada y mostrar otras mujeres y otras maneras de vivir.

Ester Bonet

Por desgracia, la Wikipedia redunda en el mensaje que las niñas reciben por todas partes. Los medios de comunicación difunden un mensaje que la enciclopedia recoge, pues para escribir en ella necesitas tener fuentes de donde obtener la información y así se convierte en un espejo de la sociedad en la que vivimos. Es trabajo de quienes hacen crecer la Wikipedia buscar otras fuentes donde la realidad no sea sesgada y mostrar otras mujeres y otras maneras de vivir.

P: Hoy que es 8M, ¿qué se puede mejorar en el ámbito educativo para que tanto niños como niñas tengan acceso a una educación en igualdad de género? 

R: Los libros de textos continúan siendo una fuente de referencias sesgadas. Hay que pedir a las editoriales que dejen de editar copiando siempre los mismos errores. Hay que escribir explicando la historia de la mujeres en todas sus dimensiones. Si explicamos solo grandes hechos históricos como guerras y conquistas donde el hombre es siempre el protagonista, poco se hará a favor de la igualdad.

P: ¿Qué herramientas o actividades crees que deberían utilizar los docentes para concienciar al alumnado en este aspecto? 

R: No sé bastante sobre este tema, pero supongo que tomar conciencia de la desigualdad a la que se van a enfrentar las niñas cuando sean adultas puede ser una buena manera para pensar en recursos y estrategias. Y, sobre todo, también educar a los niños y mostrarles cómo sus privilegios son fruto de la desigualdad que se ejerce sobre las mujeres: “El trozo de pastel que les toca es mayor porque se comen la parte que les tocaría a las mujeres”.

“El trozo de pastel que les toca es mayor porque se comen la parte que les tocaría a las mujeres”

P: Para terminar, ¿crees que las alumnas ahora cuentan con más referentes? 

Supongo que sí que tienen más referentes, pero no les llegan filtrados, sino que son una mezcla de mujeres que triunfan por su belleza y las que triunfan por su esfuerzo.

P: ¿Qué se puede hacer para seguir mejorando?

Desde muy joven, la frase de Angela Y. Davis “he dejado de aceptar las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar” ha sido un referente y una motivación para avanzar. Creo que para mejorar hay que entender y enseñar que es posible cambiar aquello que no se puede aceptar.

Fuente e Imagen: https://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/ester-bonet-wikimujeres/

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La ONU denuncia la decisión de los talibanes de no reabrir las escuelas para todas las niñas

Los talibanes han decidido vetar la esperada reapertura de las aulas de educación secundaria para las niñas. La ONU y sus agencias lamentan tal decisión y coinciden en tildar el incumplimiento de los compromisos de reabrir las aulas como una medida lamentable y un retroceso en el futuro de las niñas y mujeres afganas, y de los ciudadanos en general.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó en un comunicado que «el incumplimiento por parte de las autoridades de facto de los compromisos de reabrir las escuelas para niñas a partir del sexto grado —a pesar de los reiterados compromisos en favor de la educación de las niñas, incluso durante mi visita a Kabul hace dos semanas — es profundamente perjudicial para Afganistán».

El alejamiento de las aulas, su inseguridad

La negación a la educación viola los derechos humanos de las mujeres y las niñas,  Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU

Las escuelas de educación secundaria tenían previsto abrir sus puertas para las niñas en todo el país tras las vacaciones de invierno; sin embargo, las autoridades talibanes habrían dado marcha atrás a primera hora del miércoles, a la espera de una decisión sobre los uniformes que deben llevar.

«Denegar la educación viola los derechos humanos de las mujeres y las niñas: va más allá de su derecho a la educación, las deja más expuestas a la violencia, la pobreza y la explotación«, explicó Bachelet.

El futuro de Afganistán en peligro

El Secretario General de la ONU, António Guterres, manifestó su profundo pesar por la suspensión impuesta por los talibanes de la vuelta a la escuela para las niñas de secundaria.

«El comienzo del nuevo curso escolar era esperado por todos los estudiantes, chicos y chicas, y por los padres y las familias», dijo Guterres. Añadió que la repentina medida de los talibanes de no reabrir las aulas, «a pesar de sus reiterados compromisos, supone una profunda decepción y daña profundamente a Afganistán”.

”Denegar  la educación no solo viola la igualdad de derechos de las mujeres y las niñas a la educación, sino que también pone en peligro el futuro del país debido a la enorme contribución de las mujeres y las niñas afganas».

«Insto a las autoridades de facto talibanes a que reabran las escuelas para todos los estudiantes sin más demora».

Unas niñas en un centro de aprendizaje en la aldea de Gulab Khail en la provincia de Maidan Wardak,en Afganistán.

© UNICEF/Azizzullah Karimi
Unas niñas en un centro de aprendizaje en la aldea de Gulab Khail en la provincia de Maidan Wardak,en Afganistán.

La determinación de las afganas

Michelle Bachelet ha recordado que, en su reciente visita a Kabul, las mujeres le manifestaron su deseo de hablar ellas mismas con los talibanes.

Las mujeres le dijeron que disponen de «información, soluciones y capacidad para ayudar a trazar una salida a esta crisis económica, humanitaria y de derechos humanos en Afganistán».

«Insistieron en la igualdad de derechos a una educación de calidad en los ciclos primario, secundario y terciario, y aguardaban con esperanza la reapertura de hoy de las aulas».

Discriminación estructural

En un momento en el que los ciudadanos afganos sufren los efectos de múltiples crisis, la alta funcionaria de la ONU describió la decisión como «muy preocupante».

«Quitarle el poder a la mitad de la población afgana es contraproducente e injusto», afirmó Bachelet, y añadió que «una discriminación estructural como ésta también es profundamente perjudicial para las perspectivas de recuperación y desarrollo del país».

Finalmente, Bachelet hizo un llamamiento a los talibanes para que «respeten el derecho a la educación de todas las niñas y reabran las escuelas para todas las estudiantes sin discriminación ni más demora«.

Esperanzas rotas

Por su parte, la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Catherine Russell, emitió un comunicado en el que describía la decisión como «un gran revés para las niñas y su futuro».

“Millones de alumnas de enseñanza secundaria de todo Afganistán se han despertado hoy con la ilusión de poder regresar a la escuela y reanudar su educación. Sin embargo, sus esperanzas no han tardado en verse truncadas”, lamentó Rusell.

La decisión de los talibanes anula “el derecho de toda una generación de niñas adolescentes a una educación, y les arrebata la oportunidad de adquirir las competencias necesarias para labrarse un futuro”, añadió.

Instó también a las autoridades de facto que cumplan con su “compromiso con la educación de las niñas sin más demora” y a los dirigentes de todos los rincones de Afganistán les pidió que defiendan la educación de las niñas adolescentes.

Todos los niños y las niñas merecen ir a la escuela. Es la forma más segura de guiar al país por un camino más seguro hacia la paz y la prosperidad que merece el pueblo de Afganistán”, concluyó la directora de UNICEF.

Una decisión deplorable

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA) respondió a la noticia con un tuit donde manifiesta como deplorable » el anuncio de hoy de los talibanes de ampliar de manera indefinida el veto para las estudiantes de mayores de sexto grado para asistir a la escuela».

Fuente: https://news.un.org/es/story/2022/03/1506102

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Estudiantes haitianos protestan contra inseguridad

Sucede en el marco de huelgas de sectores de la sociedad civil por la ola de secuestros e inseguridad que vive el país.

Estudiantes haitianos de escuelas públicas y privadas, así como del nivel universitario, protestan desde el pasado lunes contra el secuestro de profesores, estudiantes y directivos y en solidaridad con quienes han sufrido actos de secuestros en los últimos meses.

Durante estos dos días de movilización, los manifestantes levantaron barricadas de llantas quemadas en varias áreas de la capital, Puerto Príncipe, incluyendo Lalue, Poste Marchand, Avenue Christophe, Ruelle Waag y sus alrededores.

De ese modo protestan contra el fenómeno del secuestro, en pleno auge en el país, especialmente en la capital.

Los estudiantes hicieron saber que continuarán movilizados hasta la liberación de sus compañeros, quienes permanecen secuestrados desde hace una semana, cuando se produjo un pico en la ola de raptos, en la cual destacó el secuestro de dos directores de escuelas de educación básica.

Con esta serie de movilizaciones, el tráfico permanece intransitable en varias ciudades haitianas y las escuelas han estado cerradas.

Entrtanto, en el informe parcial de los operativos y casos atendidos desde el 1 de febrero de 2022 a la fecha, la Policía Nacional de Haití (PNH) informó que ha realizado 233 detenciones en todo el territorio nacional, según información revelada por el vocero de la institución, el inspector Garry Desrosiers.

Los principales cargos presentados contra las personas detenidas son posesión ilegal de armas de fuego, violación de un menor de edad, tráfico ilícito de marihuana y confinamiento forzoso, entre otros.

Además‚ seis presuntos bandidos fueron linchados por la población‚ mientras otros dos murieron a manos de la Policía‚ según Desrosiers. Respecto a los objetos incautados‚ la PNH recuperó ocho vehículos‚ 28 armas de fuego‚ 255 cartuchos de varios calibres y cinco kilos de marihuana.

Haití vive una ola de secuestros e inseguridad agravada en el último año, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/haiti-protestas-ola-inseguridad-20220318-0009.html

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Dolor oculto: abuso sexual infantil no se denuncia en comunidades de la Amazonía

Por: Geraldine SantosYanua Atamaín, Leslie Searles, David Díaz Gonzales

En el pueblo awajún —el segundo más grande de la Amazonía peruana, con más de 70 mil integrantes que viven en las regiones de Amazonas, Loreto, Cajamarca y San Martín— denunciar a un miembro de tu comunidad ante la Fiscalía o la Policía Nacional no está permitido, ni aunque se trate de un agresor sexual de menores. La violación de un niño o adolescente se atiende con la intervención del apu de cada comunidad y con una multa económica al violador que varía que entre S/2.000 a S/5.000, según los testimonios recogidos por un equipo de cuatro periodistas de OjoPúblico que recorrió seis comunidades de la región Amazonas. Esta alarmante situación no permite tener cifras reales de estos casos y mantiene impune estos hechos. Las mujeres líderes de los pueblos indígenas luchan en solitario contra esta situación.

Através de una rendija de la puerta de su casa, Nayáp* mira a otros niños que juegan afuera. Sus ojos marrones no dejan de admirar la alegría ajena, pero se limita a observar. Es originario del pueblo awajún, tiene siete años y la piel tostada por el incandescente sol de la Amazonía. No habla castellano, pero el dolor que lleva consigo no necesita palabras para manifestarse, se siente en la habitación donde lo observamos. En setiembre del 2021 fue violentado sexualmente por un integrante de su comunidad, desde ese día solo su silencio lo acompaña, casi no habla.

Nayáp mira a todos con temor. Su casa de madera en la comunidad indígena Nazaret, en Imaza, ubicada en la región Amazonas, es su refugio. En los cuatro últimos meses apenas ha salido al patio de su hogar, teme ir más allá. Dice que el iwa, monstruo que come a los hombres en awajún, está al acecho y prefiere estar oculto.

Un equipo de cuatro periodistas OjoPúblico que recorrió seis comunidades de Amazonas ha llegado a Nazaret, a cuatro horas de la ciudad de Bagua en viaje por carretera, para recoger la historia de Nayáp, cuya madre accedió a hablar con este medio. En esta comunidad hay otros 14 niños que fueron víctimas de abuso sexual solo el año pasado, según las denuncias que recibió la lideresa indígena Georgina Rivera Paz, quien realiza acompañamiento a las niñas y mujeres violadas.

Una calurosa tarde de setiembre del 2021, Nayáp fue encontrado ensangrentado por Sekút*, su madre, al interior de su vivienda, pero la agresión ocurrió en el bosque donde antes solía jugar sin miedo. Lo cogió en sus brazos y lo llevó ante el apu de la comunidad en busca de ayuda y justicia, pero el líder le dijo que no había sanción en el estatuto para los violadores sexuales de varones, cuenta. La herida de la impunidad volvió a abrirse en Sekút. En el 2014, su hija mayor —que entonces tenía 4 años— había sido violada y el líder de ese momento tampoco aplicó ninguna sanción al autor del delito. Por el contrario, Sekút fue acusada de mentirosa.

—No tengo esperanzas de solución aquí, no confío en la justicia de mi pueblo— dice Sekút, de 36 años, en lengua awajún. Ella, al igual que su niño, no habla español. Al traducir los abusos que han sufrido los dos hijos de Sekút, la periodista indígena Yanua Atamaín baja la mirada y un silencio estremecedor invade la pequeña choza.

Sekút debió vender una de sus gallinas ponedoras de huevos para comprar medicamentos que atenuaran el dolor de Nayáp. No pudo llevar a su niño a un centro de salud por orden del apu. “Llevarlo hubiera implicado que el caso sea reportado ante las autoridades, aquí no denunciamos sin el permiso del líder”, explica la lideresa indígena Georgina Rivera mientras sostiene la mano de Sekút.

Awajún - noviembre 2020 - David Diaz
VIGILANTES. Las mujeres awajún temen dejar solos a sus hijos en sus casas porque pueden ser víctimas de abusadores sexuales cuando ellas salen a trabajar sus tierras.
Foto: David Diaz

El miedo a hablar

Nazaret es una pampa verde llena de casas de madera y pequeños árboles, donde el sol no tiene piedad. Sus más de mil habitantes, los awajún, viven ahí desde hace más de 50 años. La comunidad ha soportado invasiones de extraños, derrames de petróleo y el reciente impacto de la pandemia. Estos daños han sido reclamados ante la justicia peruana, pero del abuso sexual contra menores de edad por parte de miembros de la misma comunidad no se habla.

Sekút tiene miedo, pero con sus manos pequeñas y rostro afligido trata de explicarnos el dolor de la injusticia. Dice que acusar a un integrante de la comunidad ante extraños puede traerle enemistades que la llevarían a ser desterrada o hasta la muerte, pero está decidida a que Nayáp encuentre justicia. Sin embargo, acudir a la comisaría de Imaza está a una hora por carretera desde su comunidad e ir al médico legista del Ministerio Público a otras cuatro horas hasta Bagua. “No sé cómo llevar la denuncia fuera de aquí”, se lamenta.

En el pueblo awajún  —el segundo más grande de la Amazonía peruana, con 70.468 integrantes que viven en las regiones de Amazonas, Loreto, Cajamarca y San Martín— denunciar a un integrante de tu propia comunidad ante la justicia ordinaria no está permitido.

—Los problemas se tratan internamente, solo se va a la justicia de los apash (los de afuera, en awajún) si el apu lo decide— explica la periodista indígena Yanua Atamain.

Esta práctica es aplicada en la gran mayoría de las comunidades, donde los líderes no permiten la intervención de la policía ni de la Fiscalía sin su consentimiento, e interpretan que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) les reconoce la justicia comunal en el territorio indígena. En un estudio realizado el 2020 sobre la violencia sexual y la justicia comunal en los pueblos indígenas awajún – wampis, elaborado por el abogado Roberto Guevara Aranda, se evidencia que, efectivamente, las comunidades no reportan los casos ante la justicia ordinaria basándose en normas internas que se plasman en los reglamentos de cada comunidad.

El informe de Guevara Andrade analiza los reglamentos comunales de 28 comunidades awajún – wampis en Amazonas, como una muestra de las 393 que existen en el territorio de la región. Según las normas internas analizadas, el 96,43 % de estas comunidades no reportan los casos de violación sexual de menores ante el Ministerio Público y el 79 % no brinda tratamiento a las víctimas. Sin embargo, el 67,86 % de las comunidades optan por aplicar multas económicas a los agresores, un acuerdo entre los familiares de la víctima y el violador que varía entre S/2.000 a S/5.000, según los testimonios recogidos por OjoPúblico en seis comunidades de la región Amazonas.

Ni Nayáp ni su hermana, que ahora tiene 11 años, conocen la justicia que administra su pueblo ni la de los apash ya que no fueron ‘indemnizados’ con pagos económicos y sus agresores no han sido castigados. Sekút, la madre de ambos, tiene miedo de ir a trabajar a sus campos de cultivo porque ello implica dejar a sus cinco hijos solos, ya que su pareja labora en otro lugar y no tiene familia en la comunidad a quien confiar a sus pequeños. “No estoy tranquila, tengo miedo de volver a ver a mis hijos heridos”, dice la awajún.

El antropólogo Wilson Atamain explicó a OjoPúblico que no se cuenta con cifras reales sobre la violencia sexual en las comunidades awajún porque la justicia que administran los apus no permite a las familias reportar estos abusos y solo se tienen referencias de casos que atienden las lideresas indígenas. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en Nazaret: de los 15 casos registrados el 2021, solo tres fueron reportados ante el Ministerio Público. “Los casos son invisibles ante la justicia ordinaria, silenciados por la propia comunidad”, dice el experto.

No existe tampoco una base de datos sobre casos de abuso sexual donde se especifique la variable étnica, confirmó el Ministerio de Cultura a OjoPúblico a través de un cuestionario. Solo en el distrito de Imaza, al que pertenece la comunidad donde vive Nayáp, la Estrategia Rural del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) —un mecanismo para atender casos de violencia en las zonas rurales— registró 32 violaciones sexuales el último año, de los cuales 28 fueron contra menores de edad, pero no se puede conocer cuántas de estas víctimas son niños indígenas.

Un manto de impunidad

La comunidad de Huampami en el distrito de El Cenepa —a cinco horas desde la ciudad de Nieva por río— tiene calles estrechas, sin árboles, pese a estar en la misma Amazonía. Allí la docente intercultural Lady Akintui Tsajuput promueve la formación de líderes en el colegio internado Moisés Moreno Romero, que alberga a 475 adolescentes. En esta institución interviene la Estrategia Rural del MIMP para enseñar a las mujeres y varones sus derechos y cómo actuar ante una agresión física, sexual, psicológica y de propiedad en la justicia ordinaria.

awajún - noviembre 2020 - Leslie Serles
SIN ACCESO A JUSTICIA. Lizbeth Chamik no inicia un juicio por alimentos a su expareja porque no puede pagar el viaje hasta Bagua, donde está la Fiscalía.
Foto: Leslie Searles

Además, Akintui Tsajuput les explica a sus alumnos cómo era antiguamente el pueblo awajún: sus tradiciones, sus luchas y los castigos que se imponían a quienes no cumplían las normas. Antes a los violadores se les sancionaba dándoles toé (bebida ancestral, como el ayahuasca, con fines medicinales y alucinógenos) para que limpie su espíritu y luego de eso eran exhibidos ante la comunidad, cuenta la docente.

Para evitar estos castigos y disminuir el derecho a la venganza, que se aplicaba devolviendo el mismo daño que había causado el victimario, se estableció en el pueblo awajún acuerdos económicos a favor de la familia afectada, explica Peña Jumpa. Sin embargo, estos acuerdos económicos han originado que la violencia sexual y física hacia las mujeres y niños indígenas se incremente porque permiten proteger al agresor ya que se evita que sea juzgado por la justicia ordinaria, refiere Juan Carlos Akintui, uno de los jóvenes líderes de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú. En la gran mayoría de comunidades de la región Amazonas, las víctimas viven cerca de sus agresores y no reciben tratamiento psicológico ni de las secuelas físicas producto del abuso, asevera.

“Con los años, el pueblo awajún ha ido normalizando las violaciones, por eso ahora estos hechos se negocian económicamente, como si la dignidad de un hermano tuviera precio”, lamenta Akintui Tsajuput.

Pero no solo se trata de que se hayan dejado de lado sanciones severas sino de que el abuso sexual a menores prácticamente se ha institucionalizado en las comunidades indígenas donde se permite el matrimonio desde los 12 años de edad, según el informe La justicia comunal aguaruna en el Alto Marañón del abogado y magíster en antropología Antonio Peña Jumpa. Esta uniones legitiman las relaciones sexuales desde muy temprana edad y expone a las niñas a abandonar sus estudios, a la violencia y a embarazos tempranos. En el Perú, una persona puede casarse partir de los 16 años, aunque también se trata de un matrimonio adolescente que limita la igualdad de oportunidades para las mujeres.

Cuando se reporta un caso de violación sexual en las comunidades se castiga con dos meses de calabozo (si la víctima es una mujer adulta) y tres meses (si es menor de edad). El Código Penal establece cadena perpetua para quien abuse sexualmente de un menor de 14 años y pena privativa de libertad no menor de 20 años ni mayor de 26 años si la víctima tiene entre 14 años y menos de 18 años.

Por su parte, la abogada y magíster en derecho constitucional Beatriz Ramírez Huaroto refiere que la mayoría de las familias indígenas denuncian los casos de violación sexual ante la comunidad porque “les ofrecen respuestas medianamente rápidas” a comparación de la justicia ordinaria. Sin embargo, estas no aseguran la protección de la víctima porque no hay tratamientos psicológicos ni sanción efectiva al agresor.

“No es que [los indígenas] opten por una sola vía [la comunal], sino que hay barreras fuertes como la distancia geográfica para acceder a los servicios de justicia. No hay un adecuado sistema de justicia que articule entre la justicia comunal y ordinaria”, señala la experta.

Awajún - noviembre 2020 - David Diaz
ESPERANZA.Melissa Kayap, de 16 años, es defensora escolar en la comunidad de Humapami. Ella es preparada por sus docentes para defender los derechos de la mujer y los niños.
Foto: David Diaz

Otra de las razones para que persista la violencia sexual es el arraigado machismo en el pueblo awajún, dice el antropólogo indígena Wilson Atamaín, quien cuestiona que los actuales líderes indígenas no permitan que las mujeres accedan a la administración del poder en sus comunidades, lo que ayudaría a luchar contra la violencia hacia mujeres y menores de edad. “Hay una constante pugna de poder que no deja que las mujeres asuman cargos políticos y, por el contrario, hay un desprestigio a su labor”, dice Atamaín.

En los años 90’ se conformó la Federación de Mujeres del Alto Marañón en Amazonas para capacitar a las nuwas (mujeres en awajún) en reconocer y defender sus derechos ante la justicia ordinaria, pero a partir del año 2000 los casos de violencia familiar y sexual fueron incluidos en los reglamentos de las comunidades precisando que deben resolverse de manera interna, por lo que la violencia volvió a invisibilizarse.

La federación continúa trabajando en empoderar a la mujer indígena para asumir cargos políticos y lograr cambios fundamentales en la cultura awajún, pero “mientras los reglamentos no cambien, los casos seguirán ocultos en las comunidades”, advierte la lideresa Elva Yagkikat Kiak, quien fue formada para asumir el rol de defensora de la mujer indígena en esta organización.

Comisarias sin traductores

—No hay justicia, todo es negocio— dice la defensora comunal Elva Yagkikat Kiak (53), quien en sus 30 años como lideresa awajún dice haber visto decenas de casos de violación sexual contra menores que no lograron justicia porque se llegaron a acuerdos económicos entre agresores y las familias de las víctimas. Aunque lideresas como Elva sensibilizan a las familias indígenas para que estos casos lleguen a la justicia ordinaria, los obstáculos son más fuertes y muchas desisten porque no pueden costear los gastos de movilidad para denunciar la violación en una comisaría o asistir a las citaciones del Ministerio Público. El 36.1 % de la población en esta región vive en pobreza y el 7.7 % en pobreza extrema.

Otro de los temores de las familias para buscar una reparación a las víctimas en la justicia ordinaria es el lenguaje, ya que muchas madres awajún no hablan español. En ninguna de las comisarías de Amazonas hay traductores awajún, por lo que la atención se vuelve complicada para una madre indígena si no tiene la compañía de una líder, quienes tampoco reciben ningún tipo de ayuda para solventar sus viajes y muchas veces se ven expuestas a agresiones y amenazas por su labor.

awajún - noviembre 2020 - Leslie Serles
INFANCIA ROTA. En el pueblo awajún se permite que las niñas se casen desde los 12 años. Amazonas es una de las regiones con la tasa más alta de gestantes entre los 12 y 17 años.
Foto: Leslie Serles

—La ausencia del Estado y el miedo a ser despreciado en la comunidad por denunciar a un hermano pesan más, todos debemos callar y llorar en silencio la muerte de nuestros niños por violación—, señala la lideresa Georgina Rivera del Consejo Indígena Amazónico del Perú, quien reportó el año pasado la muerte de tres niñas producto de violaciones sexuales. Los casos no tuvieron sanción en las comunidades y los agresores quedaron libres.

OjoPúblico reportó en noviembre del año pasado uno de estos casos a través de su cuenta de Twitter. Aunque el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se comprometió a intervenir, la familia de la víctima nunca fue contactada para llevar el caso ante el Ministerio Público.

— ¿Quién repara un corazón roto, cómo se vive después de ver morir a tu hijo y aparentar que todo está bien?—se pregunta Rivera Paz sin hallar respuesta. Hace siete años, su sobrino falleció a causa de una violación sexual, y si bien el caso fue a la justicia ordinaria no hubo sanción porque el padre de la víctima falleció y no hubo quien siguiera el proceso.

El fracaso de dos formas de hacer justicia

Los líderes consultados para este informe refieren que los casos de violación disminuirán si se aplican sanciones más drásticas contra los victimarios. Salomón Awanach, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú, refiere que con los años el pueblo awajún perdió el valor del “respeto a la vida de sus hermanos”, que los hizo resistir a través de los siglos. Hoy, por el contrario, los niños abusados sexualmente son discriminados, no tienen oportunidades de insertarse en la comunidad y hay quienes son empujados a la prostitución en su lucha por sobrevivir.

El sociólogo Rafael Molina Palacios explica que si bien la justicia propia es reconocida por el Estado Peruano a raíz del Convenio 169 de la OIT, lo que está ocurriendo es que sobre la base de ello se están vulnerado los derechos de los niños abusados sexualmente. Se requiere de un cambio en el enfoque de hacer justicia por parte de los sabios indígenas, señala. Sin embargo, sostiene que el cambio en las leyes de las comunidades demorará años y es un proceso de evolución social que necesita del compromiso de académicos, fiscales, abogados, docentes y jueces awajún que reflexionen y planteen soluciones a esta cruda problemática.

Awajún - noviembre 2020 - David Diaz
LUCHA. En la comunidad de Mamayaque, Elizbeth Tsakím saca adelante sola a sus cuatro hijos tras el abandono de su pareja. Ella siente que su familia es más vulnerable ante la violencia sexual.
Foto: David Diaz

Por su parte, el abogado Roberto Guevara Aranda, quien trató casos de violación sexual en niños indígenas en la Defensoría del Pueblo de Amazonas, afirma que es necesario que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Justicia trabajen junto a las organizaciones indígenas para llegar a un consenso al impartir justicia para estos casos, cambiando los reglamentos comunales para imponer sanciones mayores a los agresores.

Al respecto, la vocería del Ministerio de Cultura respondió a OjoPúblico a través de un cuestionario de preguntas que “trabajan en la elaboración de una estrategia con enfoque intercultural en los servicios que brinda el Estado para la prevención, atención y protección frente a la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas”. Sin embargo, no dio más detalles de plazos ni de los expertos que trabajan en el tema.

El Ministerio de Cultura tampoco aceptó la entrevista solicitada por este medio con la viceministra de Interculturalidad, Rocilda Nunta Guimaraes, ni el Ministerio Publico concretó la entrevista con el fiscal Alexander Fasanando Riveiro, quien forma parte del subsistema especializado en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo. Ambas autoridades son indígenas shipibos que tienen como función ver la interculturalidad en los organismos del Estado.

—Es el fracaso de dos sistemas porque no existen políticas públicas ni comunales para enfrentar esta dolorosa realidad— cuestiona Guevara Aranda. El Estado no ha podido acercarse al pueblo awajún porque busca implementar procedimientos largos y tediosos como estipula el Código Penal y no comprende las dificultades económicas y geográficas que deben enfrentar las víctimas en busca de justicia en la Amazonía. Mientras ello ocurra, el dolor de niños como Nayáp seguirá ocultándose en sus casas de madera, invisibilizado en medio de la Amazonía.

Fuente de la información e imagen: https://ojo-publico.com

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Venezuela: Fe y Alegría propone estrategias para Fortalecer la Educación

María B. Jordán | LA PRENSA DE LARA.-

Generar propuestas para que diferentes sectores como la familia, profesores, productores, pero también el Estado se una a la protección y la defensa de la educación, es el «pacto en la educación» que fue anunciado por representantes de Fe y Alegría, cuyo objetivo es compartido por el sector público y universitaria, ante la emergencia educativa en el país.

Noelbis Aguilar, directora de Fe y Alegría, explicó a LA PRENSA que el pacto de educación se trata de unir a los diferentes sectores y rescatar lo que está deteriorado en el sistema educativo, donde no sólo se incluya a la familia, sino a diferentes áreas como el productivo, pero también el estado venezolano, quien debe garantizar espacios idóneos para impartir las clases.

«Deben existir diálogos y acuerdos para promover la educación como un derecho fundamental, eso sucede en cualquier país del mundo», dijo Aguilar, quien explicó que va desde la protección y la formación a los docentes y estudiantes, pero que también involucre a los otros sectores que hacen vida en el país, porque sin educación no hay futuro y muchos están quedando excluidos porque no cuentan con herramientas para clases en pandemia.

Esa opinión la comparten Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores de Lara, y aseguró que desde hace varios años han exhortado la necesidad de buscar estrategias para salvar la educación «porque no se está formando de manera adecuada y el Gobierno nacional no cumple con sus responsabilidades», añadió que lo ideal es que todos los sectores se unan para poder mejorar la calidad de educación que se ha tenido en Venezuela desde hace años.

Espacios y salones en buen estado, dotación de insumos, material bibliográfico y deportivo, pero además formación y buenos salarios son algunas de las prepuestas que tienen desde el Colegio de Profesores para incentivar a que la educación tenga un giro.

De acuerdo

El sector universitario también comparte la idea, tomando en cuenta que la educación no puede seguir en manos de los profesores y los estudiantes, pues el Gobierno nacional debe accionar, «deben priorizar la educación, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades», dijo Déborah Velásquez, presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA (Apucla), y enfatizó que deben exigir que hagan una inversión para la sociedad.

https://www.laprensalara.com.ve/nota/44133/2022/03/fe-y-alegria-propone-estrategias-para-fortalecer-la-educacion

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Las barreras que persisten para el acceso a la educación de niños migrantes

Por: El Tiempo 

Pese a que desde 2018 existen en Colombia lineamientos para facilitar el acceso a la educación de niños migrantes, aún hace falta trabajo para que esos lineamientos nacionales lleguen a escuelas alejadas, también se necesitan mecanismos para ubicar mejor a los menores de edad en los cursos, y se requiere articular el sistema educativo con otros sistemas de atención de apoyo más amplios para las familias.

Esas son algunas de las conclusiones de una investigación realizada por Dejusticia, que analizó las condiciones para el acceso, promoción y permanencia de niños migrantes a la educación en 11 regiones que han recibido, en los últimos años, una importante cantidad de menores de edad desde Venezuela.

De acuerdo con la investigación, elaborada por Lucía Ramírez, Silvia Ruiz y Valentina Rozo, las barreras que hay para los menores de edad migrantes se concentran, por un lado, en dificultades para certificar y finalizar los estudios; y, por otro, en factores que dificultan la permanencia en el sistema educativo una vez ya entraron.

Aunque los datos de este informe se recolectaron en 2019, la investigadora Ramírez explicó que varias barreras continúan. Entre los obstáculos que se identificaron está que a los menores de edad les piden tener un Permiso Especial de Permanencia (PEP) para dejarlos matricular, también se encontraron casos en los que les pedían estar afiliados al sistema de salud o tener sisbén, e incluso, tener visa.

Si bien en 2021 el gobierno expidió el Estatuto Temporal de Protección, que busca ser un mecanismo que permite a los migrantes que están en Colombia regularizar su situación migratoria, con el ánimo de que tengan acceso a más servicios y menos trabas para temas como la educación, Ramírez destacó que ese estatuto aplica solo para aquellos migrantes venezolanos en condición de irregularidad que demuestren que se encontraban en Colombia a 31 de enero de 2021.

“La migración continúa, quienes entraron después del 31 de enero de 2021 no podrán acogerse al estatuto, por eso es importante que las instituciones educativas tengan claras las reglas que hay desde 2018, eso será relevante para quienes no se puedan regularizar”, expuso Ramírez.

Precisamente, el Decreto 1288 de 2018 estableció que los niños y jóvenes venezolanos pueden continuar sus estudios en Colombia, validando los grados cursados en Venezuela mediante la presentación de evaluaciones en los colegios.

Con esto se busca evitar que las instituciones exijan a los menores documentos de sus grados en Venezuela que difícilmente pueden obtener.

Más allá de las exigencias de estos documentos, que no deberían hacer los colegios, la investigación también detectó que hay barreras para la permanencia en el sistema educativo, como las diferencias entre el sistema colombiano y el venezolano, el hecho de que previsiblemente en su país no estudiaron ciertos contenidos locales, o que aunque estén en el mismo grado, tengan aprendizajes diferenciales.

En ese sentido, Ángela Rosales, directora de la ONG Aldeas Infantiles, resaltó lo difícil que puede ser para los niños, pues llegan con un nivel educativo diferente en términos de edad y nivel cursado.

“Por ejemplo, una niña de tercero de primaria en Colombia y Venezuela pueden tener distintos conocimientos o logros. Muchos niños venezolanos logran acceder a escuelas pero no tienen el nivel educativo para su grado, eso dificulta su articulación con los otros niños y afecta la permanencia porque, por ejemplo, los ubican en un nivel escolar muy por debajo de su edad”, explicó, al añadir que para un joven puede ser desalentador estar en el colegio en grados y con compañeros varios años menores que él o ella.

Añadió que una solución para cerrar las brechas educativas y fomentar la permanencia podría ser permitir a los niños estar con compañeros de su misma edad, y que con metodologías flexibles puedan ponerse al día para estar al nivel del curso en el que deberían estar para su edad.

Más allá de esto, Ramírez agregó que hay barreras que tiene que ver en general con las deficiencias del sistema educativo colombiano como dificultades infraestructurales, de presupuesto, de cantidad de docentes, que eran situaciones que ya vivía Colombia desde antes de la migración venezolana, a las que se suma el deber de atender a la población migrante.

Se ha demostrado que el acceso de niños y niñas a educación es una de las variables que más genera progreso y desarrollo económico en un país: Ángela Rosales

En cuanto a las consecuencias, además de que no poder acceder a educación limita las posibilidades de desarrollo intelectual y personal de los niños, y los expone a riesgos de reclutamiento forzado, trabajo infantil, maltrato y hasta explotación sexual; la desescolarozación de menores tiene otros efectos en la sociedad, pues limita la posibilidad de integración socioeconómicas de la población. También limita que más adelante esos jóvenes puedan acceder a educación superior, lo cual es clave para el empleo formal.

Esto redunda, como lo expuso la directora de Aldeas Infantiles, en pobreza. “Se ha demostrado que el acceso de niños y niñas a educación es una de las variables que más genera progreso y desarrollo económico en un país. Si un país tiene un número importante de adolescentes y jóvenes que logran oportunidades de estudio y luego de trabajo, habrá un buen número de personas que sean una fuerza productiva; pero si los niños no tienen la educación necesaria, tienen menos posibilidades de ser parte activa de la comunidad, de empleo, y eso genera un ciclo de pobreza mayor”, concluyó.

https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/investigacion-sobre-barreras-para-el-acceso-a-educacion-de-ninos-migrantes-658527

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El poder y el derecho internacional público

Franklin González*

“El que quiera luchar hoy contra la mentira y la ignorancia difundiendo la verdad, tendrá que vencer al menos cinco dificultades. Deberá encarnar el valor de escribir la verdad aunque se la desfigure por doquier; la inteligencia necesaria para descubrirla; el arte de hacerla manejable como arma; saber a quién confiarla y tener la astucia indispensable para difundirla” (Bertolt Brecht).

Hoy se discute en el terreno de la disciplina de las relaciones internacionales sobre la vigencia y aplicación del conjunto de normas jerarquizadas y coordinadas que se aplican a las relaciones externas entre sujetos soberanos, es decirentre Estados y otros sujetos de derecho internacional como las organizaciones internacionales o en otros términos, lo que se denomina Derecho Público Internacional (DPI), el cual ha atravesado por distintos momentos. Va desde la Paz de Westfalia de 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años en Alemania; pasando por la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945, donde los Estados establecieron las “reglas de juego” en las relaciones internacionales; los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales, piedra angular del derecho internacional en cuestiones humanitarias; la declaración de París de 1856 sobre la guerra en el mar; la Convención de Viena de 1961, que regula las  relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados que establece que todas las controversias internacionales deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad como los principios de la justicia y el derecho internacional. Todos estos acuerdos han sido muy relevantes para sentar las bases de este corpus normativo en la actualidad.

Se parte del principio que el DIP está consagrado, en su máxima expresión, en la ONU, como garante de la igualdad jurídica entre los Estados en independencia de su ubicación, tamaño e importancia.

En estas reflexiones analizaremos las relaciones entre dos variables: el poder y el derecho público internacional y luego establecernos sus conexiones a propósito de las actuales circunstancias que se viven en el mundo.

Pactum societatis o pactum subiectionis

“Entre los individuos, como entre las naciones, el    respeto al derecho ajeno es la paz” (Benito Juárez, 1867

Como sabemos en las relaciones internacionales existen muchas formas de resolver los conflictos entre los países y las naciones.

Una, la hobessiana (de Thomas Hobbes), que partiendo de su visión negativa del ser humano, asume que todo debe resolverse a través de la fuerza y de la imposición del “más fuerte”. Las únicas “reglas de juego” y de convivencia que se respeta es el de la “naturaleza” que vive de la guerra y de un juego de “suma cero”, donde unos ganas -los poderosos-, y otros pierden -los débiles-. Aquí se hablaría de enemigos. Ha existido y seguirá existiendo para siempre y es la que con frecuencia violenta las normas y/o leyes que deben regular el comportamiento de los Estados y gobiernos en el escenario internacional y levanta la máxima de que cada “Estado es libre de perseguir sus fines en relación con otros, sin restricciones morales o legales superiores a las que quiera imponerse el propio Estado” (Rodríguez Hernández, Leyde Ernesto Generalidades de teoría de las relaciones internacionales sobre seguridad internacional: 1).

Dos, existe otra forma de resolver los conflictos y las diferencias, fue la se dieron todos los Estados al firmar, el 26/06/1945, la Carta de las Naciones Unidas. Allí bajo la concepción liberal lockeana (de John Locke) o grociana (de Hugo Grocio), se establece el respeto a la soberanía, independencia y autodeterminación de las naciones y se contempla que las controversias deben resolverse de forma pacífica y en correspondencia con los estatutos establecidos para tales efectos. Es decir, se establecieron las “reglas de juego” en el comportamiento internacional bajo los principios del Derecho Público Internacional. Aquí se hablaría de rivales

También se encuentra la visión “idealista” o “universalista” representada por Immanuel Kant, que establece el desiderátum de lo que debería ser el comportamiento internacional entendido desde la cooperatividad y no desde la política del conflicto o del uso de la fuerza. En este sentido, se le dará importancia a los derechos y obligaciones legales internacionales (derecho internacional) y a la armonía natural del interés nacional como regulador de la paz internacional. Aquí se hablaría de amigos.

Estas tres concepciones consideran que los estados buscan el poder en un juego eterno y se inscriben dentro de lo que Robert Cox llamaría “teorías de  resolución de problemas”, esto es, pretenden mantener el statu quo dominante. (Cox, Robert W. “Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales: más allá de la teoría de las relaciones internacionales”:150-159). Pero Robert Cox también habla de las concepciones que buscan el cambio y la transformación y en este sentido se encuentra la concepción marxista que plantea la superación de la tradicional concepción estatocéntrica existente en esta disciplina. A partir de la noción de clase social como actor transnacional, de la noción de la lucha de clases y de la existencia de las contradicciones, se introduce una nueva manera de enfocar los asuntos en la arena internacional. El Estado como producto de las relaciones antagónicas entre las clase sociales, juega papel en la política internacional pero como actor secundario. El nivel de análisis sería el de Sociedad Mundial, es decir, se parte del concepto de totalidad como unidad de los fenómenos de la realidad social considerada globalmente. El marxismo ve a la sociedad en perpetuo cambio, en constante transformación.

Finalmente, en el texto (2017: 17-19) Así se domina el mundo. Desvelando las claves del poder mundial, del Coronel del Ejército español Pedro Baños, se sostiene que el mundo de hoy es como un patio de colegio donde se encuentran los estudiantes que domina y los que son dominados.

Y ciertamente, al recordar los años de estudios en nuestras escuelas y liceos, viene a la mente los alumnos que eran líderes natos e impuestos, los que se aliaban por razones de conveniencias, los que pasaban inadvertidos, los que destacaban por tus talentos académicos, culturales o deportivos y los que gozaba de un respeto por todos sus compañeros.

Como conclusión de esta parte digamos que en la esfera internacional es fácil distinguir entre el pactum societatis (pacto de asociación) o pactum subiectionis (pacto de sumisión). De allí que sea importante conocer las singularidades de los sujetos de estos entornos para poder comprender ciertas actuaciones y escenarios.

El Poder

«Meter a alguien en la prisión, mantenerlo en prisión, privarle de alimento, de calor, impedirle salir, hacer el amor (…) ahí tenemos la manifestación de poder más delirante que uno pueda imaginar» (Michel Foucault).

Maquiavelo considera la política como la búsqueda del poder a cualquier costo, con total independencia de toda consideración moral, lo cual es en gran medida ajustado a la realidad. Es la virtú que en el lenguaje del florentino significa precisamente la voluntad de alcanzar el poder.

El principal aporte de Maquiavelo, para unos estudiosos, fue la separación contextual de la política -a la cual le dio una autonomía plena y total- frente a la moral, sembrando así unas bases sólidas de una ciencia del poder o al menos de una técnica del poder. Para otros, habría fundado una nueva ética social en concordancia con el individualismo moderno; que se pueden encontrar en las lecturas de El Príncipe y también en los Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio.

En todo caso, Maquiavelo abogaría por la preservación del poder político por encima de cualquier consideración de orden ético; sus reflexiones y análisis sobre la naturaleza del poder político y sobre las distintas maneras de conservarlo fueron el producto de su propia experiencia durante la época en que se desempeñó como canciller o diplomático de Florencia. Afirmaba que para que un gobierno sea efectivo, no interesa en modo alguno el Estado deseable, que debiera existir sino el que existe. Expresaba al mismo tiempo que había “que preocuparse de cómo viven los hombres y no de cómo deberían vivir; quien abandona el estudio de lo que se hace para indagar lo que debería hacerse está preparando su ruina más que su preservación”(https://labrecha.me/opinion/escritores-en-la-brecha/fernando-de-la-fuente/y-maquiavelo-que-dice-del-poder-y-la-autoridad/); además insistía en que la fuerza es el origen del poder y pasa por encima de las razones y de los pactos entre pares.

Para Michel Foucault el poder no es simplemente reprimir o prohibir. El poder es algo intrínseco de los vínculos sociales y, por tanto, es algo que está insertado en todas las relaciones sociales que establecemos: padres-hijos, profesor-alumno, médico-paciente, carcelero-preso, etc. De allí que para este autor el poder baja del pedestal del Estado y se establece a través de las relaciones que unas personas ejercen sobre otras en la vida cotidiana.

Así pues, el poder se ejerce y varía dependiendo del rol y la situación. En ocasiones, seremos sujetos que ejerzan poder. Por ejemplo, si somos profesores y lo ejercemos sobre los alumnos y alumnas. En otros casos, estaremos en la otra parte de la relación (como cuando vamos al médico en calidad de paciente y estamos sometidos a su autoridad, pues de ello depende nuestra salud).

En Microfísica del poder señala:

«El poder no es un fenómeno de dominación masiva y homogénea de un individuo sobre los otros, de un grupo sobre otros, de una clase sobre otras; el poder contemplado desde cerca no es algo dividido entre quienes lo poseen y los que no lo tienen y lo soportan. El poder tiene que ser analizado como algo que no funciona sino en cadena. No está nunca localizado aquí o allá, no está nunca en manos de algunos. El poder funciona, se ejercita a través de una organización reticular. Y en sus redes circulan los individuos quienes están siempre en situaciones de sufrir o ejercitar ese poder, no son nunca el blanco inerte o consistente del poder ni son siempre los elementos de conexión. El poder transita transversalmente, no está quieto en los individuos»(https://www.antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=646).

Para este pensador la clave para descifrar y entender el poder debe buscarse no en el plano legal o de la autoridad, sino en sus hogares moleculares de una microfísica del poder. De allí que el poder debe ser interpretado como una especie de propiedad que puede ser adquirida, cedida o dividida y no bajo el argumento único utilizado por Maquiavelo, quien lo pensó en términos exclusivamente de relaciones de fuerza.

El poder no posee ninguna sustancialidad, tampoco es una entidad acumulable ni capitalizable sino que sólo existe en acto, en el tránsito de su ejercicio en la factibilidad de la concreción. En este sentido, Foucault postula que el poder tiene el don de la ubicuidad, es decir, está en todas partes, ya que se produce a cada instante en cualquier relación que venga de cualquier parte. Adiciona que “el poder no es una institución y no es una estructura, no es cierta potencia de la que algunos están dotados: Es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada” (Foucault, 2002: 113).

El pensador francés distingue dos concepciones del poder en la historia: Una, la interpretación jurídica y liberal del poder político, que se encuentra en los filósofos del siglo XVIII y la otra, la concepción marxista, que denomina “economicismo” de la teoría del poder o funcionalidad económica del poder.

En definitiva, Foucault se dedicó prioritariamente a estudiar el poder desde el punto de vista de los “operadores de dominación” de las relaciones de poder. Estudió la relación de dominación en lo que tiene de fáctico, de efectivo y de ver cómo ella misma es la que determina los elementos sobre los cuales recae. Si se quiere captar los mecanismos de poder en su complejidad y en detalle, no se puede uno limitar al análisis de los aparatos de Estado.

Desde la concepción marxista, el poder vendría a ser un elemento o fuerza represiva que ayuda a mantener el sistema de producción de clase y en el caso concreto del capitalismo, se trata de un modo de producción que practica la explotación y dominio de los capitalistas sobre los trabajadores, comenzando por la clase obrera.

 

El poder en las relaciones internacionales

“Vosotros sabéis, como nosotros sabemos, que, tal como suceden las cosas en el mundo, el derecho es un tema del que tratan sólo los que son iguales entre sí por su poder, en tanto que los fuertes imponen su poder, tocándoles a los débiles padecer lo que deben padecer”. (Tucídides en la Historia de la Guerra del Peloponeso).

De la simple observación del escenario internacional se puede evidenciar que la igualdad jurídica de los estados no existe, es una ficción y la razón está en que unos estados tienen más poder que otros, lo cual conduce a decir que el derecho internacional, en palabras de Marcelo Gullo, sería una especie de teleraña que atrapa a la mosca más débil pero que deja pasar a la mosca más fuerte.

Ciertamente los estados existen como sujetos del sistema internacional, pero en tanto y en cuanto poseen poder y sólo aquello que poseen poder puede tener la capacidad de construir su propio destino.

Los estados no son iguales unos a otros, sencillamente, porque algunos tienen más poder que otros. Por la propia naturaleza del sistema internacional, donde rige, en cierta forma, una situación que se asemeja al estado de naturaleza, los estados con poder tienden a constituirse en estados líderes o a transformarse en estados subordinantes y, por lógica consecuencia, los estados desprovistos de los atributos del poder suficiente para mantener su autonomía tienden a devenir en Estados vasallos o estados subordinados, más allá de que logren conservar los aspectos formales de la soberanía.

En el escenario internacional existen señores y siervos. Estados subordinantes y estados subordinados. Y para el ejercicio de su dominio, los estados subordinantes utilizan tanto el poder militar, el económico, y también todo el poder cultural. Para un estado periférico, el querer decidir sobre su propio destino implica, siempre, una tensión dialéctica entre el temor a las sanciones que pueda recibir y el deseo de alcanzar la libertad o la máxima capacidad de autonomía posible que es capaz de conquistar.

En momentos como los actuales, en los cuales las grandes potencias se encuentran en disputa por la hegemonía mundial, se presentan condiciones favorables para que un estado ubicado en la periferia del sistema intente consolidar su poder nacional y alcanzar el máximo de autonomía posible. (“Apuntes para una teoría de las Relaciones Internacionales” de Marcelo Gullo).

Los hechos hablan por sí solo.

“(…) cada gobernante de los Estados Unidos tiene una frase retórica para América Latina o para el mundo: uno habló del buen vecino, otro de la Alianza para el Progreso; ahora la consigna son los derechos humanos. Nada cambió en su política hacia el hemisferio y el mundo, todo quedó igual; siempre prevaleció la diplomacia de las cañoneras y el dólar, la ley del más fuerte. Las frases son tan efímeras como las administraciones. Lo único perdurable en la política yanqui es la mentira” (Fidel Castro en 1978).

Si el poder es la medida de todas las cosas, entonces el Derecho Internacional es, y lo será por un largo período histórico, una hermosa utopía inalcanzable. Como lo demuestran numerosos ejemplos históricos, cuando están en juego los intereses vitales de las grandes potencias el principio de la igualdad jurídica de los estados se transforma en una ficción que apenas sirve a fines decorativos. La política internacional comporta siempre un choque de voluntades –voluntad para imponer o para no dejarse imponer la voluntad del otro- porque está constituida por Estados que pretenden determinarse libremente.

En los últimos años, el Gobierno de EE.UU. ha recurrido a una variedad de medidas coercitivas, incluidas sanciones unilaterales, para presionar a los países que son incompatibles con sus políticas. Incluso, en medio del brote del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, varios países sufren las sanciones unilaterales de Washington, que complican la lucha contra la pandemia.

Es indudable que en las actuales circunstancias internacionales está imperando la política de la fuerza, sobre todo por parte del “estado profundo” de EEUU… No hay país del mundo, incluso de los llamados “aliados”, como los que conforman la Unión Europea, que no hayan sido objeto de amenaza por su política supremacista.

EUU se está comportando como lo que en nuestro país llamaríamos un “guapetón de barrio” y este tipo de personaje no cree en normas, reglamentos ni en leyes, y tampoco respeta la opinión del otro. El derecho público internacional sólo se respeta si favorece su interés

Esa visión es parte de una política hegemónica que no respecta a nada ni a nadie en el campo internacional. Ahora los gobiernos no deben ser electos por sus pueblos. Es el todo poderoso que decide cómo y cuándo cambiar o colocar gobiernos. Sólo necesita que un gobierno no le agrade, lo acusan de dictadura y violador de los derechos humanos y ello justificar cualquier acción negadora del derecho público internacional.

Con Venezuela esa política ha llegado a su máxima expresión y mencionemos sólo dos casos.

Alex Saab

Estuvo en la palestra de noticias la decisión tomada por el gobierno saliente del país africano Cabo Verde, presidido por Jorge Carlos de Almeida Fonseca, quien en una acto de sumisión, permitió que un avión de EEUU, cual pirata, secuestrara al diplomático venezolano Alex Saab y lo trasladara a ese país.

Este empresario fue “sancionado” por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en julio de 2019, por supuestamente tener «contratos sobrevalorados» para la construcción de viviendas de interés social en Venezuela, y por permitir que Maduro se «beneficiara significativamente» de la importación y distribución de alimentos, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Casi un año más tarde, fue detenido cuando hacía una parada técnica en Cabo Verde, a pesar de su condición diplomática como enviado especial de Venezuela.

El gobierno saliente de Cabo Verde hizo caso omiso del llamado por parte de la ONU de liberar al diplomático, y a rendir cuenta sobre «las causas objetivas y la base jurídica de la detención, el arresto y la posible extradición del embajador Alex Saab Morán a EE.UU»

Desde el punto de vista del Derecho Internacional Público se ratifica una vez más que este se convierte en una ficción en tanto el Tribunal Conjunto de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) había declarado, en dos oportunidades, que Alex Saab, era inocente, debía ser puesto en libertad y prohibía su extradición a Estados Unidos.

Organismos de carácter multilateral y regional como las Naciones Unidas y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), además de los gobiernos de Rusia, Irán, China y países africanos, han alzado su voz en denunciar al peligroso precedente que deja para el mundo ésta inédita agresión contra las relaciones diplomáticas.

Es evidente que Venezuela y el diplomático venezolano Alex Saab están siendo víctimas de una guerra jurídica por parte de Estados Unidos (EE.UU.) y sus gobiernos aliados incondicionales.

El robo de gasolina

Con el mayor descaro, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que por un monto de $26.681.397,67 vendió los 1,116 millones de barriles de gasolina que robó a Venezuela en agosto de 2020 al interceptar en el Mar Arábigo cuatro tanqueros, Bella, Bering, Pandi y Luna, que se dirigían a Venezuela con el producto comprado a Irán. Ese “decomiso” se vendería para alimentar un fondo inventado por EDEUU para la lucha contra el terrorismo, argumentando que los negocios de Irán permiten financiar a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, también calificados unilateralmente como terroristas por los mismos Estados Unidos en medio de su enfrentamiento con ese país.

Ese acto de piratería afectó directamente a Venezuela, que ya había pagado ese envío de gasolina para subsanar las fallas en la producción local, originadas en gran parte por el bloqueo que el mismo Estados Unidos ha impuesto al país como medida unilateral.

El bloqueo de EEUU es político, económico-financiero y busca sabotear cualquier comercio de insumos vitales para Venezuela, en su afán de debilitar al Gobierno bolivariano, tarea en la que lo han acompañado sus satélites externos e internos.

Ambos casos evidencian lo que el jurista italiano, Danilo Zolo (2007), en el texto La justicia de los vencedores. De Nuremberg a Bagdad, sostiene en el sentido que la justicia internacional responde a los intereses de los victoriosos, generalmente las grandes potencias.

Zolo afirma que “Estados Unidos posee un poder imperial en un sentido complejo, tanto estratégico como normativo. Un poder imperial por fuera y encima del derecho internacional, público y privado. Es así como la potencia imperial se ha cristalizado en un “policía internacional que justifica su acción con argumentos teológicos y éticos” (142,143).

El derecho a la rebelión

“Si las sociedades se mantienen y viven, es decir, si los poderes no son “absolutamente absolutos”, es que, detrás de todas las aceptaciones y las coerciones, más allá de las amenazas, de las violencias y de las persuasiones, hay la posibilidad de ese momento en el cual la vida no se canjea más, en el cual los poderes no pueden ya nada y en el cual, ante los cadalsos y las metralletas, los hombres se sublevan”(Michel Foucault en ¿Inútil sublevarse?)

Entender lo que pasa en el mundo de hoy pasa por conocer la historia, la cultura de sus pueblos y su posición geográfica, es decir, entender la geopolítica en pleno desarrollo.

Irán

El Ayatolá Jameneí, dijo el 27/03/2021, lo siguiente: “Para hacer frente al bloqueo hay dos vías. Una, pedir al que bloquea que levante los embargos, que él ponga sobre la mesa sus exigencias arrogantes y que diga que si hacemos esas cosas él reducirá el bloqueo. Esa es una vía: la de la humillación. La otra vía es producir nosotros los bienes sancionados. La parte contraria, al ver que esos bienes se producen, no sabrá qué hacer, porque ella misma se beneficia de ese intercambio de mercancías. Eso hará que las sanciones se vuelvan ineficaces. Irán ha elegido la segunda vía”

Allí, en esas palabras, se resume la posición en relación al derecho a la rebelión del pueblo persa, “hueso duro” de roer para la política imperial. Hoy por hoy Irán es un actor internacional de peso.

La República Islámica anunció el sábado 08/01/2022 sanciones contra 52  funcionarios estadounidenses, entre los cuales se encuentran el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley (uno de los responsables en la muerte de Qassem Soleimani; líder de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, quien fuera asesinado por un ataque con drones estadounidenses en Bagdad el 03/01/2020), el asesor de seguridad nacional de la era Trump, Robert O’Brien, y a Nikki Haley, quien se desempeñó como enviada de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

Ante esas sanciones, el “poderoso” reaccionó y sus voceros manifestaron de inmediato que se negaba a ser amenazado por Irán y advirtió que Teherán enfrentaría “graves consecuencias” si atacaba a los ciudadanos de su país.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo: “No se equivoquen: Estados Unidos protegerá y defenderá a sus ciudadanos” y que “si Irán ataca a cualquiera de nuestros ciudadanos, incluidas a las 52 personas nombradas, enfrentará graves consecuencias”.

Pero “sancionados” se quedaron.

Y pese a las amenazas del “todo poderoso del norte”, en su propio “patrio trasero o delantero”, ha continuado el envío de barriles del hidrocarburo utilizado para diluir el crudo extrapesado venezolano, por parte de Irán. Son cinco tanqueros del país persa que llevan a Venezuela “combustible de resistencia” para hacer frente a las medidas coercitivas unilaterales e ilegales de Estados Unidos.

El año pasado, las dos empresas estatales, ambas “sancionadas por EEUU, intercambiaron unos 4,82 millones de barriles de condensado iraní por 5,55 millones de barriles de crudo pesado venezolano, en su mayoría transportados en buques con bandera del país persa.

 

Nicaragua

El 07/11/2021, en las elecciones presidenciales realizadas en Nicaragua, salió electo por cuarto mandato consecutivo el líder sandinista Daniel Ortega.

Como reacción a la decisión soberana de ese pueblo centroamericano,  EE.UU. de inmediato, con el “garrote en la mano”, procede a realizar lo que hace contra otros pueblos que se resisten a seguir bajo su tutela. Es así como prohíbe la entrada a todos los funcionarios del gobierno sandinista, incluyendo alcaldes, vicealcaldes, ministros y familiares del presidente Ortega y su esposa.

Según una declaración firmada por Joe Biden, el 17/11/2021, se sostiene que las acciones de la pareja, así como las de otros funcionarios nicaragüenses, «socavan o lesionan las instituciones democráticas o impiden el retorno a la democracia» en el país centroamericano.

La medida afecta también a cónyuges, hijos e hijas de las personas descritas.

El texto detalla que las medidas se toman en vista de lo importante que es para EE.UU. «fomentar los procesos e instituciones democráticas en Nicaragua» y «dada la supresión de los derechos humanos y la democracia» en esa nación.

Según la declaración no podrán ingresar a EEUU como inmigrantes o no inmigrantes, todos los miembros del gobierno de Nicaragua, incluidos funcionarios electos, alcaldes, vicealcaldes y secretarios políticos (del partido sandinista) que participaron en «graves abusos o violaciones de los derechos humanos”.

Igualmente, la medida aplica para funcionarios de los servicios de seguridad, militares, miembros de la Policía Nacional y del sistema penitenciario.

Tampoco podrán ingresar a Estados Unidos los funcionarios de alto nivel del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación; así como los miembros de los ministerios, de agencias reguladoras y empresas paraestatales.

La respuesta nicaragüense no se hizo esperar y la dignidad floreció con mucha intensidad.

El gobierno de ese país dijo que quedara constancia que “Nicaragua es cien veces menos poderoso militarmente que EE.UU., sin embargo nosotros somos infinitamente más poderosos en DIGNIDAD, PATRIOTISMO Y MORAL que los gobernantes de ese país podrido y nefasto para la humanidad entera. Así que nos reservamos el derecho de tomar las mismas medidas diplomáticas, políticas y sociales con los ciudadanos estadounidenses Y con todos los malos nicaragüenses y familiares de Nicaragüenses que se hayan involucrados de una manera directa o indirecta, así como aquellos que hayan renunciado a su nacionalidad Nicaragüense y estén coludidos de cualquier forma o pasen cualquier tipo de información sensible, de Nicaragüenses patriotas a los agentes, personal o vendepatrias que apoyan cualquier tipo de agresión a nuestra patria, sea económica, social, política o militar!!. Aplicar sin contemplaciones la ley patriótica contra los traidores”.

Luego, en un acto de soberanía y como respuesta a esas sanciones, el gobierno de Daniel Ortega anunció su decisión de romper sus lazos diplomáticos de larga data con Taiwán para asegurar su lealtad a Pekín y se dijo que: «La República Popular de China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable de todo el territorio chino» y agrega que “Nicaragua rompe a partir de hoy las relaciones diplomáticas con Taiwán y deja de tener cualquier contacto o relación oficial».

 

Cuba

Aprovechándose de la situación interna actual de Cuba, que ha estado pasando por una grave escasez de alimentos y medicinas, los “poderes facticos” de EEUU han puesto en funcionamiento una poderosa maquinaria comunicacional para recrear un escenario inexistente de inestabilidad y violencia, y forzar así un cambio de régimen, al mostrar a Cuba como un estado fallido.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ante anuncios de manifestaciones a principios de diciembre de 2021, afirmó ante el cuerpo diplomático acreditado en Cuba, que para ese momento se había producido más de 29 declaraciones de funcionarios y políticos estadounidenses desde el 22 de septiembre, dirigidas a alentar, orientar e instigar acciones de desestabilización en Cuba, y que ante tales actitudes, Cuba no iba a permitir la agresión persistente de Washington.

El canciller calificó esas acciones de “operación fallida” y afirmó:Algunos de mis colegas en Washington parece que se quedaron vestidos para nada, para la fiesta suya que no ha ocurrido” y agregó: “El guion no ha sido bueno y la puesta en escena ha sido peor”.

El bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU contra Cuba ya cumplió 60 años, pese a que la Asamblea General de la ONU se ha pronunciado en 29 ocasiones consecutivas en contra de estas políticas. Y lo peor es que siguen renovándose y extendiéndose hasta la actualidad. De hecho, más de 240 medidas fueron adoptadas contra Cuba por el Gobierno estadounidense entre 2017 y enero de 2021, de las cuales 55 fueron aplicadas durante la pandemia del coronavirus.

Ahora, lo real y cierto, es que Cuba sigue allí, erguida ante esa arremetida imperial y dejando huella imborrable para la historia.

Venezuela

Ante las sanciones de todo tipo contra la República Bolivariana de Venezuela por parte de quienes mandan en EEUU, el gobierno bolivariano no se ha quedado de “brazos cruzados”. Es así como en el marco de la resistencia e insurgencia, interpuso, el 13/02/2020, ante la Corte Penal Internacional de La Haya una denuncia contra las autoridades de EE.UU. por «crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano» y emprendió una campaña que busca darle visibilidad a esa realidad, puertas adentro, con el lema «las sanciones son un crimen”.

Pero también la República Bolivariana de Venezuela convocó en septiembre del año 2021, en el marco del 76° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU y en su sede diplomática ante el máximo organismo internacional en Nueva York, a la primera Reunión Ministerial del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, en la que los 18 países miembros adoptaron una declaración política a favor del respeto al instrumento fundacional de la máxima instancia del multilateralismo mundial.

A este encuentro fueron invitados los ministros y representantes de Argelia, Angola, Belarús, Bolivia, Camboya, China, Corea del Norte, Cuba, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Laos, Nicaragua, Palestina, Rusia, San Vicente y las Granadinas, y Siria.

En la declaración adoptada, los Estados firmantes ratifican que la Carta de la ONU y sus propósitos y principios permanecen atemporales, universales, y que todos son indispensables, no solo para preservar y promover la paz y la seguridad internacionales, el Estado de derecho, el desarrollo económico y el progreso social, sino también los derechos humanos y para lograr una mundo más pacífico, próspero, justo y equitativo.

Asimismo, expresan la determinación de expandir el trabajo del Grupo de Amigos más allá de la sede central de la ONU en Nueva York, particularmente a sus Oficinas en Ginebra, Nairobi y Viena, así como en la sede de otras agencias especializadas de la Organización.

Los Estados miembros además manifiestan su seria preocupación por la creciente tendencia a recurrir al unilateralismo, en detrimento de no sólo el multilateralismo, sino también de la cooperación y la solidaridad internacionales, las cuales deben profundizarse más que nunca a fin de forjar soluciones colectivas, inclusivas y efectivas a los desafíos y amenazas comunes del siglo XXI, incluida la pandemia de COVID-19.

En la declaración, renuevan el firme compromiso con un multilateralismo revitalizado y transmiten el apoyo a las naciones y pueblos sometidos a enfoques unilaterales y arbitrarios, a la vez que invitan a otros países a que consideren unirse al Grupo de Amigos o respalden esta Declaración lo antes posible.

Debe recordarse que el Grupo de Amigos de la Carta es una iniciativa venezolana, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, trabajada de manera estrecha, desde el año 2020, con las delegaciones de Bolivia, China, Cuba, Irán, Nicaragua, Siria y Rusia, a la que se han ido sumando Estados de distintas regiones del mundo. El 6 de julio de ese año se celebró la Reunión de Representantes Permanentes ante la ONU de los Estados Miembros del Grupo de Amigos de la Carta, preparatoria de su lanzamiento por parte de los Ministros de Relaciones Exteriores, en la que se aprobó la Declaración Conjunta de la iniciativa multilateral.

Quienes no se doblegan, sino que más bien se resiste y, sobre todo, se revelan ante el poder de los «fuertes», son los que han acordado desarrollar este grupo de amigo de los principios que dieron lugar a la ONU.

Y para rematar, el 06/12/2021, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aprobó con el voto mayoritario de los países miembros, el reconocimiento de las credenciales del presidente Nicolás Maduro Moros, como único representante legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.

Los países que no votaron a favor de esta decisión fueron: Australia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Georgia, Guatemala, Islas Marshall, Israel, Paraguay, Reino Unido,  Corea del Sur y Hondura.

De ello debe desprenderse no sólo el conocimiento de los países que son incondicionales a la política intervencionista gringa, que cada vez son menos, sino también la necesidad de seguir luchando por el respeto al Derecho Internacional Público y en la profundizando de la “Diplomacia de Paz” que, tarde o temprano, terminan dando buenos resultados.

En definitiva, el gobierno bolivariano es el principal obstáculo para que Estados Unidos logre su verdadero objetivo: apoderarse de Venezuela por lo que ella significa, geoeconómica y geopolíticamente y recuerda mucho lo dicho por el General Norman Schwarzkopf de EEUU, al mando de la coalición durante la Primera Guerra del Golfo (1990-1991), que habla por sí mismo: «Si todo Kuwait hubiese tenido zanahorias en lugar de petróleo, nunca me habrían enviado aquí»(https://www.nodo50.org/redoesteparia/CitasLa%20ganader%C3%ADa%20Elegida-3-Imperio,%20primac%C3%ADa%20y%20gobierno%20global.html).

Parece claro que a ninguna administración estadounidenses -ni demócrata ni republicana-, le conviene la existencia de un Estado que desafíe su statu quo, ya sea que lo hagan directamente, como en los casos de China y Rusia, o lo hagan enarbolado una idea alternativas a su hegemonía, respeto por la soberanía y autodeterminación y la defensa de un multilateralismo en plena construcción.

Por eso, Venezuela es un tema difícil de ignorar para los EE.UU y todo indica que continúa y continuará la estrategia de desestabilización.

Sin embargo, Venezuela como país “débil”, sigue en pie de lucha, en resistencia activa, insubordinado y sublevado, porque escogió el camino de no seguir siendo objeto de una historia hecha por otros, sino más bien ser sujeto de la misma

Conclusión

  1. Hoy más que nunca se necesita de soluciones comunes y no unilaterales, en un nuevo orden mundial más equilibrado y más equitativo. Con menos injusticia y diferencias entre los pueblos, donde se respeten las diferencias ideológicas, políticas y culturales. Donde la tolerancia sea base de los acuerdos y las conversaciones y las imposiciones sean cosa del pasado. Sin embargo, como sabemos todas las administraciones gubernamentales de EEUU han hecho todo lo contrario; han actuado al margen del Derecho Internacional Público, violentado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y desconocido cualquier principio de respeto a las reglas de juego internacional. Esa visión es parte de una política hegemónica que no respecta a nada ni a nadie en el campo internacional.
  2. En el pluralismo jurídico transnacional, representado por EEUU, se considera que los gobiernos no deben ser electos por sus pueblos. Es el “todo poderoso” que decide cómo y cuándo cambiar o colocar gobiernos. Sólo necesita que un gobierno no le agrade, lo acusan de dictadura y violador de los derechos humanos y ello justifica cualquier acción negadora del derecho público e incluso privado internacional.
  3. Pero los pueblos, cuando son dignos, no sólo se resisten sino que se sublevan.

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*Franklin González es Sociólogo, Profesor Titular, Jubilado. Ex Director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV. Doctor en Ciencias Sociales. Con dos Postdoctorados. Profesor de Postgrado en la UCV,  la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en el Instituto de Altos Estudios “Pedro Gual” del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y en el Instituto de Investigación y Postgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. Fue Decano de Postgrado de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG) y embajador en Polonia, Uruguay y Grecia. framongonzalez@gmail.com

 

Fuente: El Autor escribe para el Portal Otras Voces en Educación

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