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El Salvador: Violencia provoca la deserción de 12 mil alumnos en ocho meses

El Salvador/02 octubre 2017/Fuente: El Salvador

A Paulina Mendoza, una veinteañera residente en San Vicente, la violencia e inseguridad le truncaron los planes de convertirse en bachiller para optar a un trabajo formal o prepararse profesionalmente y, con ello, ayudar a su familia a salir de la pobreza.

La joven estudió hasta sexto grado en una escuela de un caserío del cantón La Cruz, en San Lorenzo, San Vicente, la cual estaba muy cerca de su modesta vivienda. Cuando cursó el tercer ciclo caminaba a diario entre veredas por más de una hora para llegar a un centro educativo de San Sebastián, un municipio vecino.

Ella nunca fue víctima directa de la violencia, pero algunos de sus compañeros murieron a manos de pandilleros; otros desaparecieron sin que se volviera a saber más de ellos.

Durante el 2016 los centros educativos privados tuvieron entre el 12 % y 13 % de deserción estudiantil, lo cual es preocupante para la gremial.

Estadísticas del Ministerio de Educación indican que, hasta agosto pasado, unos 12 mil estudiantes de todo el país desertaron de la escuela. Las autoridades también revelaron que, en 2015, dejaron las aulas 39 mil alumnos, y el año pasado lo hicieron 35 mil.

Las autoridades han determinado que un elevado porcentaje abandona las aulas a causa de la violencia, la inseguridad o tras recibir una amenaza directa de pandilleros.

Lo que pasó con algunos compañeros de Paulina le provocó temor y, cuando recién había iniciado el noveno grado, les dijo a sus padres que dejaría de estudiar.

Su madre, Cristina -una sexagenaria dedicada a los oficios domésticos- sabía muy bien que el trayecto hacia el centro escolar era peligroso; temía que algo malo le pasara a su hija y tuvo que apoyarla.

“No, niña, qué andas haciendo ahí; está muy feo en San Sebastián, mejor ya no vayás”, fue lo que la señora respondió para secundar la decisión de la adolescente, quien entonces tenía 15 años.

Desde el corredor de tierra de su vivienda, construida de láminas y bahareque, la señora también lamenta que su pariente, al no haber finalizado sus estudios, ha tenido que ganarse la vida llevando a cabo diferentes trabajos.

Colegios inauguran a?o escolar 2017

En los últimos meses, la joven se ha dedicado a cuidar a una anciana del cantón, quien está muy enferma. La paga que recibe no es mucha pero debe alcanzarle para sostener a sus dos niños y ayudarle a sus padres y a dos hermanos, con quienes comparte el mismo techo.

El acoso de los grupos criminales no solo repercutió en los estudios de Paulina, sino también en los de su hermano menor. Él cursaba bachillerato fuera de San Lorenzo pero empezó a ser hostigado por unos pandilleros, quienes cada vez que lo veían le increpaban sobre su lugar de procedencia.

La madre del muchacho relata que, en una ocasión, los delincuentes le advirtieron que no querían verlo más por la zona y él debió suspender los estudios. El deseo de superarse hizo que dos años después se matriculara en el bachillerato a distancia, con el que solo asistía al Instituto los fines de semana.

“Gracias a Dios terminó de estudiar, pero le costó más. De no haber sido porque los muchachos (pandilleros) lo molestaban, hubiera salido antes”, dice su mamá.

El hermano de Paulina obtuvo su título de bachiller pero no ha podido conseguir un trabajo estable. Mientras espera una oportunidad laboral, le ayuda a su padre a sembrar frijol y maíz, mientras que su madre cuida a sus nietos, hace los quehaceres domésticos y cría aves que luego vende para aportar al sostenimiento familiar.

Abandonan la escuela para emigrar

En los registros de las autoridades no es común ver que los municipios de San Lorenzo o San Sebastián, ambos de San Vicente, se sitúen entre los más violentos del país. Sin embargo, las autoridades del Centro Escolar Domingo Santos (la única escuela pública de la zona urbana de San Lorenzo) han detectado que el número de alumnos de parvularia a noveno grado se ha reducido de 600 a 400 en los últimos cuatro años.

Guillermo Carlos Carrillo, director de la institución, asegura que el fenómeno de la deserción “fue más evidente” en 2014, cuando cerca de 40 estudiantes abandonaron la escuela. Él atribuye esta situación a diversas causas, pero la principal fue porque los menores de edad emigraron al extranjero con sus grupos familiares (la mayoría de forma ilegal) o se marcharon para reunirse con sus padres.

Deserción

Una de las principales causas de la deserción de los estudiantes es la migración a otros países.

El año anterior, en algunos casos por la misma razón, abandonaron sus estudios 16 menores de edad y en lo que va de 2017 suman 20 deserciones.

Una situación similar ha ocurrido en el Instituto Nacional de San Sebastián. La subdirectora, Lorena Antonia Rivas, señala que en los últimos dos años ha aumentado la deserción estudiantil: en 2016 fueron matriculados 251 alumnos pero solo terminaron el año 231.

Mientras que 2017 lo iniciaron con 262 adolescentes pero, hasta inicios de este mes, 20 de ellos habían abandonado las aulas.

Las principales razones por las que los estudiantes se marcharon, según la maestra, fue por la inseguridad, porque debieron cambiarse de domicilio o porque emigraron.

Algunos maestros consultados sostienen que ninguna institución educativa del país escapa de este fenómeno, pues cada vez que hay reunión de docentes a nivel departamental el tema de la deserción estudiantil está en la agenda.

El profesor Carrillo, quien tiene 25 años de dedicarse a esta profesión, cuenta que hasta hace más de una década la deserción escolar se daba porque los niños debían ayudar a sus progenitores a realizar tareas agrícolas.

Según él, no sabe con certeza por qué los estudiantes fueron sacados del país, pero algunos de sus colegas y padres de familia sospechan que podría haber sido para protegerlos de la violencia e inseguridad que enfrenta el país.

Esta suposición cobra fuerza si se toma en cuenta que en 2014, cuando hubo más deserciones en la escuela de San Lorenzo, el informe “Ocultos a plena luz”, elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), reveló que a nivel mundial El Salvador era el país con mayor tasa de homicidios de personas de entre 0 y 19 años, al registrar 27 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Las estadísticas del Instituto de Medicina Legal revelaron que de los 11,466 homicidios registrados entre el 1 de junio de 2014 y el 30 de abril del año pasado, 7,568 de las víctimas eran menores de edad.

En 2014, el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, admitió que la violencia era la responsable de que un buen porcentaje de estudiantes desertara. Mientras que las autoridades del Ministerio de Educación dijeron no tener cifras concretas de alumnos que hubieran abandonado la escuela, pero señalaron que estaban reforzando los planes para revertir esta situación.

Deserción

En 2014, la deserción en 4o. Grado fue de 5.27 % .  según una investigación.

Mientras que un estudio elaborado en 2015 por el Sindicato de Maestros de Educación Pública (Simeduco) demostró que la violencia era la principal razón por la que los estudiantes abandonaban la escuela.

Además, señaló que la mayoría de alumnos perdía el año escolar porque les resultaba difícil inscribirse en otra institución debido a que el programa de estudios ya iba muy avanzado o a la territorialidad que imponen los pandilleros en los contornos de los centros de enseñanza. Es decir, si en la zona donde habitan los estudiantes delinque una pandilla, difícilmente pueden matricularse en un sector donde hay presencia del bando rival.

Hasta el año pasado, el Ministerio de Educación había detectado más casos de deserción estudiantil en los departamentos de La Paz, San Salvador y Cuscatlá

Fuente: http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/402939/violencia-provoca-la-desercion-de-12-mil-alumnos-en-ocho-meses/
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ACNUR busca apoyo para los refugiados burundeses

02 octubre 2017/Fuente: Acnur

Más de 420.000 refugiados de Burundi siguen necesitando urgentemente asistencia humanitaria y apoyo en la República Democrática del Congo (RDC), Ruanda, Uganda y la República Unida de Tanzania.

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, hace un llamamiento para un mayor apoyo internacional para los refugiados burundeses y sus comunidades de acogida, ya que la permanente falta de fondos está dificultando enormemente la respuesta humanitaria en los países de asilo.

Más de 420.000 refugiados de Burundi siguen necesitando urgentemente asistencia humanitaria y apoyo en la República Democrática del Congo (RDC), Ruanda, Uganda y la República Unida de Tanzania. Dado que el número de refugiados burundeses en los países de acogida sigue siendo alto, es vital que se destinen los recursos adecuados a las actividades humanitarias para salvar vidas. Solo se ha recibido un 19% del llamamiento humanitario revisado por valor de 429 millones de dólares para apoyar a los refugiados burundeses en los países vecinos.

Esta falta de financiación ha obstaculizado gravemente la capacidad de recepción y ha generado tensión en el espacio de asilo, así como ha afectado a la calidad de la protección brindada por los países receptores. Los refugiados burundeses continúan viviendo en campamentos abarrotados, enfrentándose a la consiguiente inseguridad, al deterioro de los albergue de emergencia, a la escasez de agua y alimentos, así como a unos servicios de salud y educación congestionados. La prestación de asistencia y de protección a los refugiados de Burundi todavía no ha alcanzado niveles aceptables, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno de acogida, ACNUR y sus socios.

Muchas zonas que acogen refugiados se encuentran en riesgo de sufrir enfermedades contagiosas como la malaria y la diarrea aguda. Urge ampliar la disponibilidad y la calidad de los servicios de salud, incluyendo la creación de nuevas infraestructuras, la contratación de personal capacitado y la adquisición de equipo y suministros médicos.

La falta de financiación del Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha obligado a la agencia a reducir al 60% las raciones mensuales de alimentos en Tanzania, país que acoge a la mayoría de los refugiados burundeses.

Sólo el 56% de los supervivientes de violencia sexual y de género identificados han recibido asistencia y servicios completos.

La provisión de agua sólo es suficiente en dos de los cuatro principales países de acogida y apenas el 17% de los refugiados de toda la región dispone de una letrina familiar mejorada.

Las tiendas de campaña proporcionadas durante el pico de la emergencia están deterioradas y, debido a la falta de recursos, no se puede dar apoyo a la mayoría de las familias con albergues de transición. En Ruanda, un tercio de los 88.000 refugiados viven aún bajo lonas de plástico, que no de dejan de ser vulnerables a lluvias fuertes y tormentas. Es necesario construir de inmediato albergues, así como mejorar y rehabilitar los ya existentes.

Decenas de miles de niños han sido matriculados en la escuela, pero las aulas están abarrotadas y se necesitan escuelas adicionales, al igual que espacios de aprendizaje, para descongestionar la infraestructura educativa.

Si bien se están produciendo algunos retornos de refugiados, ACNUR no está promoviendo el regreso a Burundi, ya que aún no se dan las condiciones para la repatriación organizada a gran escala. Los refugiados burundeses siguen necesitando protección internacional y las encuestas informales indican que la gran mayoría todavía no planea regresar. No obstante, ACNUR seguirá prestando asistencia a los refugiados que hayan expresado su deseo de regresar voluntariamente a su país de origen.

ACNUR hace un llamamiento todos los gobiernos para que sigan manteniendo las fronteras abiertas a los solicitantes de asilo de Burundi y aseguren que no se produzcan retornos forzados.

Es vital que la financiación necesaria para responder a esta crisis aumente, beneficiando así tanto los refugiados como las comunidades que los acogen. También es crucial que, en el contexto del Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (CRRF por sus siglas en inglés), se inviertan fondos adicionales en las zonas de acogida de refugiados. Esto ayudará a los gobiernos locales a incluir a los refugiados en sus planes de desarrollo.

Tanzania -que está aplicando formalmente el CRRF- es el país que acoge a más refugiados burundeses, con 246.000 personas. Otros 88.000 se encuentran en Ruanda, 40.000 en la República Democrática del Congo, 37.000 en Uganda, 7.000 en Kenia y más de 1.000 en Mozambique, Malawi y Zambia.

Fuente: http://www.acnur.org/noticias/noticia/acnur-busca-apoyo-para-los-refugiados-burundeses-1/

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Motivos para educar en la diversidad

Por: Eduardo De la Vega

Las críticas a la escuela ocultan parte de su herencia, sus utopías humanizantes y su vocación por la igualdad.

La  invención es el prodigio de la ilusión radical; la potencia indestructible de la multiplicidad de mundos que no cesan de crear nuevas formas de vidas.

La escuela no escapa a esa lógica del mundo. En su superficie alumbran, entre las sombras, las experiencias del crepúsculo, de los comienzos, del retorno eterno e incesante de la creación radical, vital, indestructible. En dicha superficie nacen también las prácticas de libertad; balbuceantes pero múltiples, localizadas e irradiadas, contaminantes a veces, minúsculas otras; desafiando esa aberración que consiste en el exterminio de la ilusión.

No obstante, hemos sido injustos con la escuela; sólo relevamos sus pesadillas y obsesiones, sus pecados y herejías. Olvidamos casi siempre su mejor sueño, el rostro virtuoso, los anhelos justos.

Olvidamos a Jacotot, el maestro ignorante de Rancière; también a Germain, entrañable para Albert Camus. Otras experiencias anónimas seguirán inciertas e ignoradas, extrañas para la teoría, excluidas de los recintos sagrados, lejos de la historia.

Las razones de educar —en las diferencias— no las encontramos en los actuales contextos neoliberales. La legitimidad de sus razones se remonta, al menos, a las luchas de las comunidades sometidas y condenadas (afroamericanos, indígenas, mujeres, discapacitados, etc.) cuyo epicentro ha sido, sin dudas, la gran batalla por la integración de los negros en la sociedad norteamericana. Aquellos ideales, no obstante, fueron banalizados y adaptados a la lógica del mercado global, cuyas exigencias totalizadoras han propuesto a la escuela como el corazón de un mundo descorazonado.

La gran ficción de Occidente, que se derrumba hoy en Europa como en Estados Unidos, pretendía que la escuela incluya mientras el mundo excluye. El reconocimiento de las identidades y diferencias solo representó, en el interior de una gran fábrica de desechos humanos, un paso de comedia que se disfrazó de inclusión.

Sin duda, las razones de educar en las diferencias es un reclamo justo que surge del corazón de la escuela. No parece serlo las demandas de inclusión, en tanto la escuela nunca excluyó; al menos nunca estuvo en su espíritu, en ninguno de ellos. (1)

La exclusión, en realidad un invento reciente, tampoco estuvo presente en el programa de la modernidad. Sí lo estuvo la invención y consumación del aparato disciplinario: clasificación y distribución diferencial de los sujetos (buenos y malos alumnos, normales y anormales, sano/enfermo); la organización y el control del déficit, las anormalidades, las desviaciones; finalmente, el diseño de una temporalidad indefinida para generalizar las correcciones y los ejercicios.

La homogeneización significaba colocar a todos bajo el mismo modelo, pretender que todos se asemejen con el objetivo, además de someter, de diferenciar, distribuir mejor, organizar según rangos de individuos.

La modernidad no excluyó, normalizó, integró a todos los cuerpos para especializarlos, capacitarlos, aumentar sus fuerzas en términos económicos, a la vez que las disminuye en términos políticos. Formar —de eso se trata la biopolítica descripta por Foucault— sujetos especializados y cuerpos dóciles.

Por lo tanto, la exclusión no estuvo en el horizonte de la escuela pública. La producción de deshechos es un invento reciente, posmoderno, tardío, extraño a la lógica de la modernidad.

Parece necesario realizar un ajuste de cuentas y traer a la escena los otros rostros de la escuela, aquellas experiencias silenciosas de la maestra o el maestro, contracara de los controles, las obsesiones y las malas profecías.

El ajuste de cuentas no satisface a ninguna pulsión autocomplaciente sino a la necesidad de considerar un malentendido que introduce la política, especialmente tras el giro multicultural.

La condena a la escuela oculta parte de su herencia, aquella que insiste con la ilusión; sus utopías humanizantes, su deseo, su voluntad, su vocación por la libertad y la igualdad.

El olvido del legado civilizador no es un gesto sin consecuencias; su intención pretende ubicar el origen de la utopía en la ruptura propuesta, precisamente, por la crítica multicultural. La promesa de inclusión tendría un punto cero de escritura que arranca con la reciente introducción en las aulas de la filosofía de las diferencias.

Comienzo absoluto, ex nihilo, a partir de las ruinas dejadas por el normalismo. A los estigmas, las malas profecías, los circuitos y sus destinos debemos sumarle ahora una sospechosa voluntad expulsiva. La demanda de inclusión formulada al maestro desvía la mirada y detiene los reclamos justos —que deben hacerse a los sistemas económicos antes que a la escuela— mientras decreta la inocencia de la fábrica de espantos y su responsabilidad ante la exclusión.

Recientemente, la palabra «inclusión» ha constituido el núcleo simbólico de las letanías que circulan en la escuela de América Latina. Su eficacia ha permitido recubrir, y luego expulsar de los espacios del pensamiento las ideas de justicia e igualdad, hostiles al ideario neoliberal.

Inclusión, diversidad, integración conforman ahora una constelación simbólica que ya no orienta ni identifica. Solo confunde y culpabiliza al maestro, con efectos devastadores, especialmente, cuando dicha culpabilización se transforma en política educativa.

El docente, luego de «la caída» de la escuela pública, vive en estado de culpa cuya expiación se hará en los recintos sagrados de la formación permanente. La dialéctica del Amo y el ignorante, descripta por Rancière, inspira a los programas «políticamente correctos», en especial las políticas de formación, incluidas aquellas que se disfrazan de participación y promesas de libertad.

Culpar al maestro del no cambio de la escuela permite consumar el crimen perfecto, ya adelantado por Baudrillard; aquél que logra, por un lado, borrar toda pista que lleva al asesino y permite, por el otro, culpar a alguien que no lo ha cometido. De forma tal, que todos creen en la culpabilidad del inocente (el inocente incluido).

La víctima es la escuela, su transformación, las experiencias de lo nuevo. Quedan velados los nuevos posibles que, sin embargo, no dejan de retornar. Las razones de dicha insistencia deben buscarse en el eterno retorno del devenir de la multiplicidad de vidas y existencias, iluminadas por el relámpago virtuoso que extrae de las sombras la silueta renovada de la igualdad.

La comunidad de iguales o aquello que podríamos llamar también justicia educativa.

(1) Hacia 1949 la taza de escolaridad en la educación primaria de Argentina era del 94,9 por ciento. Nueve años después ascendía al 103,3 por ciento mientras otros diez países de la región alcanzaban porcentajes similares. En el mismo periodo, el porcentaje de crecimiento de la educación secundaria superó ampliamente al de primaria duplicarse (UNESCO. 1966. Situación demográfica, económica, social y educativa de América Latina. (Buenos Aires. Solar/Hachette. Pp. 71).

Fuente: http://www.lacapital.com.ar/educacion/motivos-educar-la-diversidad-n1474270.html

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España: 213 medidas acordadas por el Congreso contra la Violencia de Género y 18 discrepancias

España/02 de Octubre de 2017/El Periódico

El acuerdo del Congreso aprobado este jueves 28 de julio por el pleno por todos los grupos menos Podemos recoge 213 medidas en diez ejes de actuación, con un presupuesto de 1.000 millones de euros para 5 años a repartir entre Administración Central, comunidades autónomas y ayuntamientos. El Gobierno tiene ahora dos meses para articular el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, que aunará el texto de la Cámara Baja junto con el aprobado hace dos semanas por el Senado.

Además, el acuerdo del Congreso recoge finalmente 18 votos particulares aprobados por mayoría pero que no forman parte del pacto. Doce de esos votos -4 de Compromis, 1 de podemos y 7 del PSOE- fueron aprobados durante el trámite en Comisión. Otros seis, todos de Podemos, han sido aprobados por el pleno del Congreso, aunque este hecho no ha servido para que la formación morada diera su apoyo al texto.

Se ha incorporado, además, una medida de última hora a instancias del PSOE y apoyada por todos los grupos para que se consideren víctimas de violencia de género las madres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o ex parejas, en referencia directa a Ruth Ortiz, que ha seguido el debate desde la tribuna de invitados, y cuyos hijos, Ruth y José, fueron asesindos a manos de su padre José Bretón.

Entre las medidas ya acordadas en julio, está la articulación de unidades de apoyo local que ayuden a las mujeres que pudieran estar viviendo una situación de violencia de género a su identificación, con independencia de la interposición de la denuncia, a fin de facilitarles asistencia y protección. Así, las mujeres maltratadas que no hayan presentado denuncia podrán ser consideradas víctimas y recibir protección. Además, plantea que la Policía Local también proteja a las víctimas.

Por otro lado, en el ámbito sanitario, sugiere formar a los profesionales que atienden a las víctimas de violencia de género en las necesidades específicas de las mujeres transexuales o transgénero víctimas de violencia de género e incluir en los protocolos sobre violencia de género, un epígrafe específico para la atención de las agresiones contra mujeres transexuales o transgénero.

Además, el documento contiene medidas en el ámbito audiovisual, como la que propone suscribir convenios con asociaciones de guionistas para fomentar el tratamiento de la imagen de la mujer «libre de estereotipos y prejuicios» y evitar el «erotismo prematuro».

TRATA, MUTILACIONES GENITALES Y VIOLENCIA SEXUAL

El informe también contempla la ampliación de la definición del concepto ‘violencia de género’ a «todos los tipos de violencia contra la mujer» contenidos en el Convenio de Estambul –matrimonios forzosos, mutilaciones genitales femeninas, trata o violencia sexual–, aunque relega la respuesta penal a leyes específicas.

En concreto, el documento incluye un epígrafe específico sobre la «visualización y atención a otras formas de violencia contra la mujer», como la de carácter sexual. Así, se creará una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual y se impulsarán medidas de prevención y concienciación sobre esta forma de violencia de género, con campañas, materiales informativos y protocolos de actuación, teniendo en cuenta las diferentes realidades de las mujeres (edad, procedencia o situación de discapacidad), especialmente en el ámbito educativo desde Educación Infantil.

Otro de los puntos del pacto aboga por la inclusión de indicadores en la Macroencuesta de la Delegación de Gobierno para la violencia de género sobre todos los tipos de violencia sexual, con especial atención al llamado «acoso callejero».

La subcomisión del Congreso también insta a aprobar una Ley Integral de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. También contempla la elaboración de un estudio sobre las nuevas realidades de la trata y las respuestas operativas que deben implementarse.

DESINCENTIVAR LA DEMANDA DE PROSTITUCIÓN

Para «desincentivar la demanda de prostitución», indica que se harán campañas de concienciación, y talleres dirigidos a los jóvenes» y que las administraciones habrán de difundir información sobre violencias machistas entre las mujeres que ejercen la prostitución y se establecerá un sistema de análisis estadístico que las recoja.

El pacto recoge, asimismo, la puesta en marcha de instrumentos de protección de emergencia para las víctimas de matrimonio forzado y eliminar las trabas para que puedan acogerse al derecho de asilo.

Además, el Pacto establece adoptar las medidas que permitan que la custodia compartida «en ningún caso se imponga en casos de violencia de género» y no pueda adoptarse, «ni siquiera provisionalmente», si está en curso un procedimiento penal por violencia de género y existe orden de protección.

También se establece el carácter «imperativo» de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera «presenciado, sufrido o convivido» con manifestaciones de violencia.

Igualmente, se suprime la atenuante de confesión en delitos de violencia de género, cuando las circunstancias de los hechos permitan atribuir fehacientemente su autoría.

CAMPAÑAS CONTRA LAS AGRESIONES SEXUALES EN CITA

En el ámbito educativo, el informe establece incluir «en todas las etapas educativas» la prevención de la violencia de género, del machismo y de las conductas violentas y garantizar dicha inclusión a través de la Inspección Educativa; designar en los Consejos Escolares de los Centros Educativos un profesor encargado de impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad; y realizar campañas de prevención en las universidades, prestando una atención particular a las «agresiones sexuales en cita» y solicitando el apoyo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para los programas de formación y prevención.

También contempla que para la concesión y mantenimiento de becas y ayudas al estudio, pueda ser excepcionada la exigencia de cumplimiento de umbral académico cuando se acredite que la persona ha sufrido una situación de violencia de género. En cuanto a los profesores, introducir en el título de grado de Educación Infantil o Primaria de las Facultades de Educación, tanto en la enseñanza pública como en la privada, una materia específica sobre prevención de la violencia de género en el medio escolar.

Asimismo, recomienda eximir del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en otros impuestos sobre la renta las ayudas y prestaciones que se perciban por esta lacra por parte de los hijos menores de edad.

18 DISCREPANCIAS

Entre las medidas que no todos apoyan pero que sí recibieron el refrendo de una mayoría de los grupos, el PSOE propone que las menores de 18 años víctimas de violencia de género o intrafamiliar no necesiten el consentimiento de los padres para abortar; que cotice para las víctimas la renta activa de inserción; o que se considere violencia económica el impago de alimentos. Además, piden que se refuerce la estructura institucional y que se designe procurador de la víctima en un primer momento, así como que se instituya de inmediato una comisión de seguimiento del pacto.

El acuerdo incorpora finalmente 7 votos particulares de Podemos sobre, entre otras cosas, sobre la penalización del proxenetismo, el matrimonio forzoso o el acoso sexual laboral. Igualmente, incluye cuatro votos de Compromis, que solicita, por ejemplo, eliminar contradicciones sobre sexismo en la educación, elaborar un Código de Publicidad no sexista y prohibir la publicidad sobre prostitución.

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170928/213-medidas-acordadas-por-el-congreso-contra-la-violencia-de-genero-y-18-discrepancias-6317050

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ONU denuncia racismo contra afro-canadienses

Canadá/02 de Octubre de 2017/

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas analizará un documento referido a los canadienses de origen africano, que esboza recomendaciones para el gobierno de Ottawa, incluyendo que pida disculpas por la esclavitud y provea reparaciones por las injusticias cometidas.

Un grupo de trabajo de la ONU emitirá en los próximos días su informe final sobre la situación de los derechos humanos de los descendientes de africanos en Canadá, elaborado en base a sus consultas con funcionarios del gobierno y grupos de interés, llevadas a cabo en octubre de 2016 en Ottawa, Toronto, Halifax y Montreal.

Un documento difundido en agosto último despertó preocupación en torno al legado canadiense de racismo en contra de la comunidad negra, trazando sus orígenes en el esclavismo del Siglo 16, pero con reverberaciones que se proyectan hasta el presente.

Según el documento, resta mucho por hacer en materia de derechos e igualdad para los negros en Canadá.
Según el documento, resta mucho por hacer en materia de derechos e igualdad para los negros en Canadá. © PC/Mark Blinch

“La historia da cuenta de racismo y de estereotipos raciales profundamente arraigadosen instituciones, cuerpos policiales y en las prácticas”, sostiene el reporte de la ONU, a tal punto que “se han hecho invisibles, especialmente en los grupos dominantes”.

“Esta forma contemporánea de racismo replica las condiciones históricas y efectos de segregación espacial, desventajas económicas y exclusión social”, agrega el reporte.

La esclavitud fue abolida en las colonias británicas en 1830.

El grupo de trabajo elaboró decenas de recomendaciones para corregir los errores del pasado y del presente que afectan a los canadienses de ascendencia africana, entre las que figuran que el gobierno federal pida perdón y disponga el pago de compensaciones a las víctimas.

El documento traza una línea entre la segregación racial en la historia del país y el racismo estructural que reside en el corazón de numerosas instituciones canadienses de la actualidad, que tienen sus expresiones en la pobreza, problemas de salud, bajos logros educativos, altas tasas de desempleo y la sobrerrepresentación de los afro-canadienses en el sistema de justicia.

Viola Desmond y John Ware, en sendos sellos postales emitidos en 2012, en reconocimiento a su lucha por los derechos civiles de los negros en el país.
Viola Desmond y John Ware, en sendos sellos postales emitidos en 2012, en reconocimiento a su lucha por los derechos civiles de los negros en el país. © cpimages

La historia es particularmente conmovedora en Nueva Escocia, donde a través de las generaciones los afro-neo escoceses han demostrado resistencia y flexibilidad para crear una cultura distinta, según los autores del texto.

En Halifax, la comunidad de Africville prosperó a pesar de la “oposición más dura”, prosigue el escrito e incluso la mayoría de sus residentes llegaron a ser propietarios de sus tierras.

Los autores del reporte piden al gobierno federal que provea de apoyo financiero para sostener a quienes se encuentran en disputas, siglos después que sus ancestros vieron como se les negaban los títulos de propiedad de los territorios en los que se habían asentado.

En cuanto al perfil racial, entre 2005 y 2015 el número de personas de raza negra detenidas en prisiones federales llegó al 71 por ciento de la población carcelaria total.

Los expertos sostienen que las personas de raza negra son frecuentemente blanco del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales.

Fuente: http://www.rcinet.ca/es/2017/09/25/onu-denuncia-racismo-contra-afro-canadienses/

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Kenia: Pobres en servicios educativos, ricos en recursos naturales: La realidad de 175 millones de menores en el mundo

Kenia/02 de Octubre de 2017/Guía ONGS

Escuelas en peligro de extinción’ es el claim de la campaña puesta en marcha por Entreculturas, una iniciativa con la que se quiere dar visibilidad a los más de 175 millones de niños, niñas y jóvenes que no acuden al colegio pero que viven en lugares ricos en recursos naturales. ¿Qué está pasando para que se siga dando tanta desigualdad cuando hay personas que viven en países con medios para salir adelante pero donde los servicios educativos no llegan?

La organización quiere denunciar la fuerte presión que existe en sitios con numerosos recursos minerales, fósiles, pesqueros, forestales y agrícolas, entre otros. Estos se ven explotados por otros gobiernos que cogen el control y generan violencia y conflictos que afectan especialmente a los menores. Su salud y desarrollo se ve dificultado y no pueden acceder a una educación como merecen. Como Entreculturas señala con el nombre de esta acción, las escuelas están en peligro de extinción en algunos rincones del planeta.

Daniel Villanueva, director de la Fundación Entreculturas, denuncia que en estos momentos hay “264 millones de niños en el planeta que no van al colegio y dos tercios de ellos vienen países ricos en recursos naturales”. Villanueva destaca países como Kenia, donde 30.000 escuelas públicas están en riesgo de desaparecer debido a situaciones como el acaparamiento de tierra para proyectos agrarios, madereros o hidroeléctricos, entre otros. Los conflictos que se suceden a escala internacional suponen en la mayoría de los casos un ataque directo a la educación, generando la destrucción de colegios, asesinatos, agresiones y amenazas tanto a estudiantes como a los propios docentes.

Con ‘Escuelas en peligro de extinción’ se quiere “llamar la atención sobre esta realidad y analizar las relaciones entre el derecho a la educación y la explotación de los recursos naturales”. comenta Daniel Villanueva.”Diez de los países con indicadores educativos más bajos son ricos en recursos naturales y ocho de ellos están siendo o han sido asolados por conflictos”, añade Valeria Méndez de Vigo, responsable de estudios e incidencia de Entreculturas.

La campaña pretende hacer un llamamiento dirigido a gobiernos e instituciones para que adopten medidas al respecto. Entreculturas reflexiona sobre todo ello en una completa información que se puede consultar en su página web, www.entreculturas.org.

Fuente: http://www.guiaongs.org/noticias/pobres-servicios-educativos-ricos-recursos-naturales-la-realidad-175-millones-menores-mundo/

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La educación en el sistema penitenciario es un tema pendiente en Uruguay

América del sur/Uruguay/30 Septiembre 2017/Fuente: La Red 21

La jornada sobre educación, trabajo y arte en cárceles celebrada el pasado viernes concluyó que la educación en el sistema penitenciario es un tema pendiente para Uruguay.

El viernes 22 de setiembre se llevó a cabo la jornada “Educación, trabajo y arte en las cárceles” en el anexo del Palacio Legislativo.

La actividad constó de una mesa pública de diálogo con autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), de la Universidad de la República (Udelar) y del Consejo de Formación en Educación; y el realto de las experiencias de diversos programas que trabajan con el foco en las personas privadas de libertad como el Programa Integral Metropolitano (Udelar), Usina Cultural Matices, Programa Población de la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar), Área de Derechos Humanos del Servicio de Extensión y Actividades en el Medio (Udelar), y Learning Together (Universidad de Cambridge).

Los panelistas que intervinieron en la jornada coincidieron en señalar que la educación en el sistema penitenciario continúa siendo un tema pendiente, recoge la página web de la Udelar

El comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, hizo referecia al trabajo de las docentes de la Universidad de Cambridge, Ruth Armstrong y Amy Ludlow, fundadoras y directoras del programa “Learning Together” (aprendiendo juntos) y destacó la experiencia de poder “escuchar propuestas innovadoras y transformadoras” en un tema central como es la educación en el sistema penitenciario.

Petit reconoció que aunque se está trabajando mucho ese sigue siendo un tema pendiente en nuestro país. A su vez consideró que la experiencia de Armstrong y Ludlow muestra cómo puede el estudiantado universitario “invadir” las cárceles con aire fresco, innovación, ideas y posibilidades de trabajo superando obstáculos y prejuicios.

Por su parte el prorrector de Enseñanza de la Udelar, Fernando Peláez, coincidió con Petit en que se ha avanzado mucho, pero todavía queda muchísimo por hacer porque los resultados son aún insuficientes.

A su vez señaló que hay una tradición de trabajo importante vinculada a esta temática en la Udelar, en varias de sus Facultades, servicios y equipos de estudiantes. En el último año se dio un “salto cualitativo importante»”luego que la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) planteara al Consejo Directivo Central de la Udelar, la necesidad de un programa de articulación y coordinación del acceso a la educación para las personas privadas de libertad, expresó. Este equipo está liderado por Gabriela Pasturino, integrante del área de Derechos Humanos de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM), quien expresó que el intercambio con las docentes de la Universidad de Cambridge en los últimos tres días fue muy emotivo y esclarecedor, y permitió “una simbiosis entre ellas y las personas privadas de libertad respecto a lo que querían hacer”.

La coordinadora de la Unidad Académica de CSEAM, Mariana Mendy, explicó en su turno que la Udelar cuenta desde el año pasado con un área de Derechos Humanos y que allí se definió como uno de los temas centrales la problemática de las personas privadas de libertad, principalmente educación en ese contexto.

Aprendiendo Juntos

A través del programa “Learning Together” (Aprendiendo Juntos) de Armstrong y Ludlow, las personas privadas de libertad y estudiantes universitarios asisten a un curso dictado en una cárcel, cuyas reglas y contenido están determinados por el consenso entre ellos.

Ambas docentes señalaron que la experiencia en Uruguay fue muy energizante y se emocionaron al ver la “cultura de investigación” que tiene el país y cómo las autoridades de distintas instituciones están abiertas al intercambio, reseña la web de la Udelar.

Las visitantes recordaron que la educación y la seguridad están muy vinculadas: una persona con educación limitada tiene más probabilidades de cometer delitos.
A su vez señalaron que los aspectos de la educación que interactúan con la rehabilitación de las personas privadas de libertad son la edad, el poder de decisión sobre uno mismo y el desarrollo pleno de la identidad, los vínculos sociales, las situaciones y oportunidades que tenemos como integrantes de una sociedad. Mientras que destacaron que sus investigaciones parten del diálogo con los estudiantes e instituciones que integran el programa, sin remitirse meramente a preconceptos teóricos.

Según reporta el artículo de Udelar el objetivo principal de Armstrong y Ludlow no es conformarse con casos individuales, sino presentar a los gobernantes y a las instituciones de educación terciaria un desafío para generar un cambio importante en la sociedad a largo plazo. Actualmente trabajan con 25 universidades y 25 cárceles próximas geográficamente –para facilitar la movilidad de los estudiantes–, y están intentando que los cursos que aprueban las personas privadas de libertad sean acreditados para que puedan acceder a un título universitario.

Fuente: http://www.lr21.com.uy/comunidad/1346001-jornada-educacion-arte-trabajo-carceles-uruguay-udealr

Imagen: http://www.lr21.com.uy/wp-content/uploads/2017/09/educacion-carceles.jpg

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