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Senegal: Comunidades más unidas para proteger a las mujeres con discapacidad

Senegal/18 agosto 2016/Autoras:  Camille Roch y Tale Longva/Fuente: Amnistía Internacional

Las sesiones de diálogo sobre derechos humanos con las comunidades locales están encontrando soluciones para poner fin a la doble discriminación que sufren las mujeres que viven con discapacidad física en Senegal.

Una decena de mujeres están sentadas frente a la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad Motora de Senegal (ANHMS) en Thies, Senegal, después de una sesión de diálogo sobre la discriminación.

“Cada día encontramos dificultades”
, dice Absa Seye, una joven que ha participado en la sesión. “Las mujeres embarazadas que viven con una discapacidad hacen frente al estigma, y muchas dudan antes de salir de casa durante el embarazo.”

En Senegal, las mujeres que viven con discapacidad se enfrentan a menudo a una doble discriminación, por ser mujer y por su discapacidad. Debido a los prejuicios negativos, corren un riesgo especial de ser estigmatizadas y hacen frente a desventajas desproporcionadas en comparación con el resto de la población.

Las dificultades que comporta su condición física hacen que sean especialmente vulnerables a todas las formas de violencia sexual y de género. En 2014, un estudio de HELITE y Handicap International reveló que el 9,3 por ciento de las mujeres senegalesas que viven con discapacidad denunciaron sexo bajo coacción durante su primera experiencia sexual.

Casi nunca se habla de los derechos sexuales y reproductivos de estas mujeres, como sus necesidades específicas durante el embarazo. El acceso a los servicios de atención de la salud es a menudo complicado, y la falta de personal médico cualificado impide que reciban la atención adaptada que por su condición necesitan.

Para responder a estos desafíos, la ANHMS y Amnistía Internacional Senegal están reuniendo a mujeres con discapacidad física para celebrar sesiones de diálogo con el fin de identificar la discriminación y desarrollar soluciones para abordarla.

Basado en debates participativos en los que intervienen miembros de la comunidad local, este enfoque basado en derechos contribuye a reforzar su conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y a impulsar la participación de las autoridades y los centros de salud en la prevención del trato discriminatorio.

“Estas sesiones ayudan a abordar cuestiones relativas a la accesibilidad a la atención de la salud para las mujeres embarazadas, las dificultades que encuentran en su papel de madres, y cuestiones relacionadas con la sexualidad, que para muchas es algo de lo que nunca hablan”, explica Aminata Dieye, coordinadora de educación en derechos humanos de Amnistía Internacional Senegal.

“He aprendido mucho sobre los derechos sexuales y reproductivos. Gracias a la formación, comprendemos la importancia de asistir a los controles de salud, ya que las mujeres con discapacidad tienen necesidades especiales que deben ser vigiladas durante el embarazo. La formación también fue reveladora en el sentido de que ahora puedo imaginar una vida de mujer casada como cualquier otra mujer”, dice Absa.

Doscientas mujeres han participado en las sesiones de diálogo y actúan como defensoras para informar a otras mujeres en el seno de su comunidad.

“Durante la formación sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad aprendimos algunas cosas que no me gustaría explicar aquí delante de hombres”, dice Absa Seye (en primer plano), haciendo reír a la audiencia. Thies, Senegal, marzo de 2015. © Amnistía International

Llegar a comunidades de todo el país

Partiendo de este enfoque para poner en marcha un cambio de actitud, el proyecto se combina con programas de radio interactivos para llegar a una audiencia más amplia más allá de la región de Thies.

En los programas de radio de una hora de duración en Sud FM y Best FM han intervenido expertos médicos y especialistas de organizaciones internacionales para concienciar sobre los derechos de las mujeres que viven con discapacidad.

Las entrevistas con expertos jurídicos sobre la ratificación por Senegal en 2010 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se centró también en el marco jurídico que rodea su derecho a denunciar el clima de discriminación que aún prevalece.

“Este proyecto ha fomentado los conocimientos sobre la situación de las personas que viven con discapacidad, desde la sensibilización que hemos llevado a cabo en el seno de nuestras familias hasta la comunidad en general, a la que se ha llegado a través de los programas de radio. Incluso ha habido personas que me han parado en la calle para decirme que han escuchado el programa de radio y que no eran conscientes de todas las dificultades a las que se enfrentan las personas que viven con discapacidad”, dice Diobe Ndiaye, una joven que participó en la sesión de diálogo.

Los mismos derechos para todas las mujeres

Los esfuerzos sostenidos para proteger los derechos de las mujeres con discapacidad han dado lugar a mejoras. Las reuniones con miembros de la comunidad local y la formación del personal médico han resultado eficientes para difundir información, mejorar la accesibilidad a las instalaciones de atención de la salud y abordar las barreras específicas para la discapacidad.

En el centro maternal de Thies, por ejemplo, pequeñas modificaciones están cambiando las cosas, observa Aby Cisse, que trabaja en la ANHMS. Se ha instalado una nueva rampa para mejorar el acceso, y se ha trasladado la sala de obstetricia a la planta baja para que a las mujeres les resulte más fácil la consulta con el personal.

La mayor visibilidad generada por los programas de radio también ha dado lugar a la distribución de muletas por el socio principal de la asociación, a disposición de las personas de la asociación.

El proyecto liderado por la ANHMS y Amnistía Internacional Senegal se hace eco de la implementación de nuevas medidas sociales en todo el país para apoyar a las personas con discapacidad, como la distribución de la tarjeta de igualdad de oportunidades (carte d’égalité des chances), que da derecho a su titular a ventajas económicas, como la contribución total o parcial al costo de la atención médica que necesite.

Pero todavía queda un largo camino por recorrer para que las mujeres con discapacidad disfruten de los mismos derechos que las demás mujeres.

“Se necesitan nuevas medidas como la carte d’égalité des chances para las personas que viven en la pobreza extrema ya que les permite acceder a atención y servicios médicos. Pero aún queda mucho por hacer en todos los ámbitos para que estas medidas sean plenamente efectivas. Por ejemplo, sensibilizar a los centros de salud para que garanticen que las personas titulares de la tarjeta se benefician realmente de las ventajas a las que tienen derecho.”

En Senegal, la formación de mujeres que viven con discapacidad forma parte del programa Educación – Empoderamiento – Justicia (EEJ), que tiene como objetivo reforzar los derechos humanos y contribuir a una mayor justicia a través de la educación en derechos humanos e iniciativas de empoderamiento, con especial atención a la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas.

Fuente: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/estrechar-los-lazos-entre-las-comunidades-para-proteger-los-derechos-de-las-mujeres-con-discapacidad/

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Irán: Activistas de los derechos de las mujeres, tratadas como “enemigas del Estado” tras reanudarse la campaña represiva

www.amnesty.org/17-08-2016/

Las autoridades iraníes han intensificado su campaña de represión contra activistas de los derechos de las mujeres en el país en la primera mitad del año, llevando a cabo duros interrogatorios y haciendo cada vez más comparaciones entre la delincuencia y toda iniciativa colectiva relacionada con los derechos de las mujeres; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

La investigación de la organización revela que, desde enero de 2016, más de una decena de activistas de los derechos de las mujeres en Teherán han sido citadas para ser sometidas a largos e intensivos interrogatorios de la Guardia Revolucionaria, y amenazadas con la cárcel por cargos relacionados con la seguridad nacional. Muchas habían participado en una campaña lanzada en octubre de 2015 que abogaba por una mayor representación de las mujeres en las elecciones parlamentarias de Irán de febrero de 2016.

“Es una vergüenza absoluta que las autoridades iraníes traten como enemigos del Estado a activistas pacíficas que defienden la participación de las mujeres en pie de igualdad en los órganos decisorios. Defender la igualdad de las mujeres no es un delito. Pedimos que termine de inmediato este aumento del hostigamiento y la intimidación, que no es sino otro revés para los derechos de las mujeres en Irán”, ha afirmado Magdalena Mughrabi, directora adjunta provisional del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“En lugar de abordar el alarmante historial de Irán en materia de derechos de las mujeres, las autoridades han vuelto a optar por la represión, acusando a activistas de los derechos de las mujeres de colusión en tramas conspirativas orquestadas desde Occidente, en un intento de mantener sus prácticas discriminatorias con las mujeres.”

Defender la igualdad de las mujeres no es un delito. Pedimos que termine de inmediato este aumento del hostigamiento y la intimidación, que no es sino otro revés para los derechos de las mujeres en Irán.
Magdalena Mughrabi, directora adjunta provisional del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

Las mujeres citadas para ser interrogadas no recibieron explicación ninguna del motivo de su citación pero, una vez dentro de la sala de interrogatorio, fueron bombardeadas con acusaciones de espionaje y colusión con “movimientos radicados en el extranjero que pretenden derrocar el sistema de la República Islámica”. Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que los miembros de la Guardia Revolucionaria profirieron insultos contra las mujeres, incluidos insultos asociados al género. No se permitió a las activistas estar acompañadas de sus abogados durante los interrogatorios, que, en algunos casos, duraron hasta ocho horas.

Según ha podido saber Amnistía Internacional, los interrogatorios se centraron concretamente en dos iniciativas locales: un sitio web llamado “Escuela Feminista”, que publica artículos y otra información sobre teorías y prácticas feministas y sobre el estado de los derechos de las mujeres en Irán y en todo el mundo, y la “campaña para cambiar el rostro masculino del Parlamento”, lanzada con antelación a las elecciones parlamentarias de febrero de 2016 en Irán para promover una mayor presencia de defensoras de los derechos de las mujeres en el Parlamento.

Miembros de ambas iniciativas han recibido presiones para cerrar o suspender sus actividades y practicar más la autocensura. En la declaración final de la “campaña para cambiar el rostro masculino del Parlamento” se explicaba que los logros de esta campaña –conseguir que se multiplique por cinco el número de mujeres aspirantes a una candidatura, dar resonancia a las reivindicaciones de igualdad de las mujeres, nombrar y poner en evidencia a los candidatos con un historial de comentarios sexistas– han hecho montar en cólera a los cuerpos de seguridad, con consecuencias como citaciones judiciales reiteradas, amenazas, largos interrogatorios y la apertura de nuevos casos relacionados con la seguridad nacional contra miembros activos de la campaña. El sitio web de la escuela feminista no ha vuelto a ser actualizado desde mediados de febrero de 2016.

El objetivo más reciente de estas medidas intensificadas de represión es la reconocida revista sobre derechos de las mujeres Zanan-e Emrooz (Mujeres de Hoy), que el 26 de julio anunció la suspensión de sus actividades.

“Que no sueñen las autoridades iraníes con que el hostigamiento de activistas de los derechos de las mujeres practicando interrogatorios y obligándolas a cerrar sus publicaciones sigilosamente va a pasar inadvertido. Deberían apoyar a las activistas de los derechos de las mujeres, no perseguirlas”, ha afirmado Magdalena Mughrabi.

Las autoridades iraníes deberían apoyar a las activistas de los derechos de las mujeres, no perseguirlas.
Magdalena Mughrabi, directora adjunta provisional del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

La peor manifestación del renovado asalto contra quienes trabajan en favor de los derechos de las mujeres ha sido la detención y reclusión arbitraria de la doctora Homa Hoodfar desde el 6 de junio; con la doble nacionalidad canadiense e iraní, Homa Hoodfar es una prominente catedrática de antropología que ha centrado su labor académica durante varias décadas en asuntos que afectan a las mujeres. Exceptuando una breve reunión con su abogado, la doctora Homa Hoodfar ha permanecido la mayor parte del tiempo recluida en régimen de incomunicación desde su detención, y actualmente está en la prisión de Evín, en Teherán.

Había trabajado con la red feminista internacional WLUM (Mujeres que viven sometidas a leyes musulmanas), cuyo fin declarado es fortalecer la lucha de las mujeres por la igualdad y sus derechos en contextos musulmanes.

El fiscal general de Teherán manifestó, en una entrevista concedida a los medios de comunicación el 24 de junio, que la causa penal de la doctora Homa Hoodfar está relacionada con “su entrada en ámbitos relativos al feminismo y delitos contra la seguridad nacional”. Días antes, varios medios de comunicación vinculados a la Guardia Revolucionaria publicaron artículos en los que se afirmaba que

la doctora Homa Hoodfar era “la responsable en Irán de una operación de establecimiento de redes feministas” y que la Campaña para cambiar el rostro masculino del Parlamento era “su proyecto más reciente”.

En esos artículos también se afirmaba que su trabajo con la red WLUM para promover el feminismo y la igualdad de las mujeres en los países musulmanes y para reforzar la autonomía corporal de las mujeres tenía como fin “alterar el orden público” y “promover cambios socioculturales que en definitiva allanan el camino […] a un derrocamiento blando”.

“Es indignante que las autoridades iraníes equiparen a delitos contra la seguridad nacional la valiosa labor de la doctora Homa Hoodfar relacionada con el feminismo y los derechos de las mujeres en contextos musulmanes. Esta desalentadora evolución pone de relieve los extremos escalofriantes y absurdos a los que están dispuestas a llegar las autoridades iraníes para reprimir a quienes desafían la discriminación autorizada por el Estado”, ha afirmado Magdalena Mughrabi.

“Las autoridades iraníes deben liberar de inmediato y sin condiciones a la doctora Homa Hoodfar y poner fin al acoso incesante de todas las activistas de los derechos de las mujeres en el país.”

Es indignante que las autoridades iraníes equiparen a delitos contra la seguridad nacional la valiosa labor de la doctora Homa Hoodfar relacionada con el feminismo y los derechos de las mujeres en contextos musulmanes.
Magdalena Mughrabi, directora adjunta provisional del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

Decenas de miles de miembros y simpatizantes de Amnistía Internacional han pedido su liberación inmediata e incondicional por tratarse de una presa de conciencia que ha sido encarcelada exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.

Información complementaria

En Irán, las mujeres sufren discriminación generalizada tanto en la legislación como en la práctica, incluidos los ámbitos del matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, la libertad de circulación, el empleo y el acceso a cargos políticos. Mujeres y niñas no reciben protección adecuada frente a la violencia intrafamiliar y de otra índole, incluidos el matrimonio precoz y forzado y la violación conyugal. La legislación sobre el uso obligatorio del velo (hiyab) autoriza a las fuerzas policiales y paramilitares a actuar de manera selectiva y regular contra las mujeres mediante hostigamiento, violencia y prisión.
Documento público

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Entrevista: “La evaluación educativa debe ser desarrollada por docentes en el aula”

16 de agosto de 2016/Por Fabíola Munhoz, de la CLADE

Rasheda Choudhury, de CAMPE Bangladesh y de la CME, comenta la aplicación de pruebas estandarizadas como forma de medir la calidad educativa, así como las contradicciones de los actuales indicadores globales para el seguimiento de la Agenda de Educación 2030

Con miras a impulsar enfoques innovadores de las calidades educativas en la agenda de educación post-2015, invitamos Rasheda Choudhury, representante de CAMPE Bangladesh y de la Campaña Mundial por la Educación (CME), a comentar la aplicación de las pruebas estandarizadas como forma de medir la calidad educativa, así como los límites y contradicciones de los actuales indicadores globales para el seguimiento de la Agenda de Educación 2030. Lea la entrevista completa a continuación.

La aplicación de pruebas estandarizadas en larga escala, como una forma de medir la calidad educativa, ha sido promovida internacionalmente, así como en diferentes países de América Latina y el Caribe. ¿Cuál es el paradigma que está por detrás de este tipo de política y qué intereses lo han movido?

Rasheda Choudhury – Este paradigma se ha desarrollado a lo largo de los años. En el nuevo milenio, la educación ha sido considerada como un tipo de servicio por ciertos grupos. Empresas e instituciones internacionales monetarias y financieras, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos regionales empezaron a promover la educación como una commodity (mercancía), y sus intereses han motivado el desarrollo de políticas en base al concepto particular de la educación como un servicio, y no como un derecho humano, un bien público.

Los intereses que impulsan este paradigma son, en su mayoría, excusos y comerciales, como es el caso de las instituciones financieras internacionales que vienen promoviendo la industria de las pruebas. El Banco Mundial, por ejemplo, no está preocupado con los bienes públicos. Al contrario, está interesado en hacer negocios y obtener lucro con estos bienes.

En Bangladesh, ¿cuáles son las principales consecuencias de la aplicación de este tipo de prueba en la definición de los currículos y en las relaciones interpersonales en las escuelas, particularmente en las vidas de niñas, niños y sus familias? ¿Cómo esto también afecta la profesión docente?

Antes no teníamos este tipo de test en mi país. Solíamos tener pruebas de evaluación regulares y normativas en el interior de las salas de aula, que eran conducidas por las y los docentes. Sin embargo, en 2009, el gobierno introdujo exámenes públicos aplicados al 5º año de la educación primaria, lo que empezó a crear todo tipo de discrepancias e implicaciones negativas en lo que toca a las relaciones interpersonales en las escuelas, especialmente en niñas y niños. Por ejemplo, una/o estudiante del 5º año de la educación primaria en Bangladesh, hoy se despierta en la mañana, va a la escuela, después regresa del aula, tiene que ir a clases de entrenamiento que son ofrecidas por empresas o individuos, y entonces vuelve a su casa, tiene que hacer las tareas y, en seguida, nuevamente prepararse para los exámenes. ¡Pobre niña/o! Toda su jornada ha transcurrido alrededor de los test y del esfuerzo para desempeñarse bien en estas pruebas.

Esto es lo que hemos experimentado en nuestro país y, en este contexto, desde CAMPE Bangladesh, empezamos a desarrollar una jornada de investigaciones con miras a recoger evidencias que pudieran enseñarle a los gobiernos y tomadores/as de decisión que estas pruebas son más nocivas para las y los estudiantes de lo que se imaginan. Las pruebas no son exclusivamente conducidas por el poder público y tampoco su aplicación garantiza la calidad de la educación. Nuestras/os estudiantes no están aprendiendo, están gastando dinero. Esto se ha convertido en un negocio tan grande, que inclusive las madres y padres con menos ingresos son forzadas/os a comprar libros de texto y manuales para que se entrenen en este tipo de test. Asimismo, son forzadas/os a enviar a sus hijas/os a centros de entrenamiento privados, fuera del sistema formal y público de enseñanza.

Esto también está afectando a la profesión docente, pues ahora las y los maestras/os están más interesadas/os en trabajar en estos centros privados que en instituciones y escuelas del sistema educativo formal, pues quieren garantizar que sus estudiantes tengan mejor desempeño en las pruebas estandarizadas. En ese sentido, la profesión docente ha sido afectada éticamente, y se ha vuelto un negocio.

¿Nos podrías comentar la relación entre estas pruebas y el mercado que se crea alrededor de su diseño e implementación? ¿En qué medida la ganancia de determinadas empresas promueve su aplicación?

La aplicación de estas pruebas estandarizadas la promueven tomadoras/es de decisión y el Ministerio de Educación de Bangladesh. Inicialmente, se pensó que estaban haciendo un buen trabajo en evaluar a niñas y niños que concluían la educación primaria. Sin embargo, poco a poco, se fue ampliando su comercialización, y las empresas juegan un papel fundamental en el diseño de estas evaluaciones. Con su aplicación, las y los estudiantes son obligadas/os a matricularse en centros particulares de entrenamiento y a comprar libros de texto sobre las pruebas, lo que implica distintas motivaciones de lucro.

Inclusive los gobiernos ya calcularon que hay un negocio de cerca de 100 millones de dólares alrededor de la industria de los test. El propio gobierno de Bangladesh se ha quedado preocupado con esta situación, pues la existencia de centros de entrenamiento privados para las pruebas está generando discrepancias e inequidades entre las y los estudiantes. Aquellas/os que pueden pagar los centros de entrenamiento particulares logran mejores resultados, mientras que las personas con menos ingresos se privan de aprender en el sistema público. Esta situación promueve la segregación en el sistema educativo, y es totalmente impulsada por fines lucrativos.

¿Cómo crees que deberían ser las evaluaciones educativas en un marco de derechos humanos? ¿Qué rol deberían jugar estudiantes y docentes en la definición de estas pruebas?

Los marcos de derechos humanos contienen el entendimiento de que niñas y niños son niñas/os. Ellas/os no son instrumentos de test, no son máquinas, ni robots que pueden ser examinados cada cierto tiempo para que se desempeñen mejor. Esto es algo que debemos respetar en un marco de derechos humanos. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de la ONU ha mencionado, categóricamente, que niñas y niños deben tener tiempo de jugar, de ocio, de diversión, etc.. La industria de los test no está preocupada con esto. Ciertamente deben existir las evaluaciones educacionales, no queremos escaparles. Necesitamos saber si nuestras/os niñas y niños se están desempeñando bien o no, pero este proceso debe desarrollarse en el aula, en una evaluación normativa y regular que sea conducida por docentes, no por instituciones lucrativas o centros privados de entrenamiento.

En lo que toca al papel de estudiantes y docentes, las y los maestras/os son la fuerza orientadora en las salas de aula. En un marco de derechos humanos, deben ser muy cautelosas/os en no violar los derechos de las niñas y niños, además de prudentes respecto a sus propios derechos. En ese sentido, deben estar preparadas/os para la sala de aula, deben estar debidamente motivadas/os y formadas/os para relacionarse con las niñas y niños en la educación primaria, tratándolas/os como niñas/os, no como máquinas. Si están motivadas/os y son profesionales bien preparadas/os, no deben temer las evaluaciones. Deben promover y practicar el marco de derechos humanos en el aula, y a la vez evaluar a sus estudiantes, trabajando para que superen sus dificultades.

Ha habido un intenso debate sobre la definición y el diseño de indicadores globales para el seguimiento de la Agenda de Educación 2030. ¿Cuál es su opinión sobre la inclusión de un indicador global que determina la aplicación de evaluaciones estandarizadas a niñas y niños del 2º y del 3º año de la educación primaria?

Estoy realmente chocada con esta situación. Después de llevar casi dos décadas como activista por el derecho a la educación y otros derechos, me encuentro en medio a este debate, como si fuera correcto aplicar pruebas estandarizadas al 2º y al 3º año de la primaria. Eso no tiene ningún sentido, pues las y los estudiantes de esta franja de edad deben ser evaluadas/os por docentes bien preparadas/os en las salas de aula, no a través de pruebas estrictas conducidas por centros de entrenamiento privados, o exámenes aplicados por el poder público en base a indicadores.

Todavía no creo que eso se haya incluido entre los indicadores globales de la Agenda de Educación 2030. Sin embargo, sigue el debate al respecto, pues muchos países, entre ellos Francia y los integrantes del Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac), se han posicionado en contra de la aplicación estas pruebas estandarizadas. Estamos hablando de niñas/os de 6 a 8 años de edad, que no deberían ser examinadas/os de esta manera. Debería haber un indicador respecto a la necesidad de crear evaluaciones regulares que se apliquen a las/os estudiantes en el aula, apoyando su aprendizaje y facilitando el proceso de enseñanza.

Aún podemos incidir para modificar los indicadores temáticos de la Agenda 2030. Tenemos un largo camino en lo que toca a convencer a las/os líderes mundiales de que un indicador como ese no debe estar en el marco de la Agenda 2030, pues vulnera los derechos humanos. Y empezaremos esa labor de incidencia a nivel nacional, no apenas luchando en los planes ético o ideológico, sino confrontando también los intereses económicos involucrados.

¿Cuáles son, en tu opinión, las dimensiones centrales de una educación de calidad?

La educación de calidad para nosotras/os es el completo bien-estar de las niñas/os, especialmente en la primaria. Las niñas y niños deben tener acceso a conocimientos y desarrollar las habilidades que se requieren para que puedan avanzar a la próxima etapa de estudios. Pero la educación no significa solamente aprendizaje. Un ser humano completo debe tener valores y conocimientos necesarios para ejercer su ciudadanía en este siglo, para ejercer su ciudadanía global. Estamos hablando de niñas y niños de la educación primaria, que tienen derecho a un tiempo de diversión y ocio, y deben practicarlo para que puedan ejercer su ciudadanía global, adquiriendo conocimientos y habilidades y desarrollando el placer por aprender.

Fuente:http://www.debatebuenaeducacion.org/index.php/entrevistas/45-la-evaluacion-educativa-debe-ser-desarrollada-por-docentes-en-el-aula-no-por-instituciones-que-buscan-el-lucro

Imagen: http://www.debatebuenaeducacion.org/images/Bangladesh.jpg

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Inocencia interrumpida: La realidad del matrimonio infantil en el mundo

África/Asia/16 de agosto de 2016/Fuente y autor: publimetro/Irene Ayuso Morillo

Una de cada tres niñas se casan antes de cumplir los 18 y una de cada nueve antes de los 15. Esta práctica las priva del derecho a la educación y expone su salud a peligros como embarazos y partos precoces, VIH y violencia sexual y doméstica.

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Brasil: Lula expondrá ante la ONU “nuevos hechos” de la persecución judicial en su contra

América del sur/ Brasil/Noticias/www.hispantv.com

La defensa legal del expresidente brasileño presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ‘nuevos hechos’ que prueban la ‘persecución judicial’ que sufre.

Los abogados de Luiz Inácio Lula da Silva estiman que tanto él, investigado por supuesta corrupción, como su familia, sufren represalias por haber denunciado a finales del mes pasado, también ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “abusos” cometidos en las pesquisas por el escándalo de la petrolera estatal Petrobras.

El pasado miércoles, el expresidente brasileño denunció ya en su país que los fiscales que se ocupan del caso inventan pruebas “inexistentes” para precipitar un juicio apresurado antes de que las pesquisas hayan llegado a su término.

Fuente:

http://www.hispantv.com/noticias/brasil/284853/lula-denuncia-persecucion-judicial-onu

Fuente:

http://217.218.67.233/hispanmedia/files/images/thumbnail/20160814/17384047_xl.jpg

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organismo de la ONU corrobora informes Nauru pide a Australia para intervenir

Oceanía/Australia/Agosto del 2016/www.australianherald.com

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha expresado su preocupación por las condiciones de los refugiados en Nauru, centro de detención en alta mar de Australia.

«Estamos muy preocupados por las graves acusaciones de violencia, asalto sexual, trato degradante y las autolesiones contenida en más de 1.000 informes de incidentes de centros de procesamiento en alta mar en Nauru, muchos de los que al parecer los niños involucrados», dijo Ravina Shamdasani, portavoz de la ACNUDH.

El organismo de la ONU ha intervenido después de 2000 informes sobre los refugiados que viven en el centro de detención fueron puestos en libertad por el Guardián Australia.Los informes escritos por activistas de derechos humanos que visitaron la isla durante 2013-2015 casos entrañan de acoso, abuso sexual, condiciones de vida terribles y el trauma mental.

Shamdasani también confirmó la veracidad de los informes que decían que hacían juego con los testimonios de los refugiados a los funcionarios del organismo de derechos humanos de la ONU durante su visita a la isla.

El organismo de derechos internacionales también ha pedido a Australia y Nauru a «rápidamente fin a la detención de inmigración de los niños, y» instituir alternativas humanos que respeten los derechos «.

En declaraciones a los medios de comunicación, la organización dejó en claro que las violaciónes se compraron varias veces para el aviso del gobierno australiano y la policía de Nauru «, pero no está claro en qué medida se investigaron los hechos alegados.»

Los informes implican siete casos de asalto sexual, 59 de asalto, 30 de las autolesiones y 139 casos de refugiados que amenazaban con dañar a sí mismos.

La indignación por las terribles condiciones en las que se mantienen los refugiados, está siendo expresada por los ciudadanos y los grupos australianos también.

El arzobispo de la Iglesia Anglicana de Melbourne, Philip Freier, salió en fuertes críticas al gobierno por su silencio e inacción. «Siempre es incorrecto utilizar las personas como un medio para otro fin. Sin embargo, el Gobierno ha hecho esto bajo secreto estricto, porque sabe que la mayoría de los australianos repudiar esos malos tratos atroz», dijo Freier. El cura también reiteró el ofrecimiento de la iglesia anglicana para ayudar a los refugiados.

El Servicio Jesuita a Refugiados de Australia, otra organización que trabaja por el bienestar de los solicitantes de asilo, instó al primer ministro para ejercer el liderazgo y cerrar el centro de detención en alta mar. Se llamó al gobierno a «mover los solicitantes de asilo a condiciones humanas con el apoyo y servicios adecuados.»

Otras ramas de la ONU, incluyendo el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, el Comité de la ONU contra la tortura, el relator especial de la ONU sobre la tortura, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, y el alto comisionado de la ONU para los refugiados también han criticado Australia por pasar por alto la difícil situación de los solicitantes de asilo que viven en Nauru.

Como la política del país en materia de inmigración es atacada, ex primer ministro Tony Abbott ha dicho Australia podría haber considerado «Solución Malasia» anterior del gobierno laborista al problema Nauru. La solución consiste en Australia el envío de 800 de los refugiados que llegan en barcos a Malasia a cambio de 4.000 refugiados registrados CDH.

Australia tiene una postura dura sobre la inmigración con el gobierno el gasto de $ 1 mil millones en la ejecución de un centro de detención en alta mar en las dos islas de Nauru y Manus en el Pacífico Sur. El gobierno australiano dice que ha estado dirigiendo los refugiados a las islas para evitar la pérdida colosal de vidas que se puedan producir se debe permitir a los solicitantes de asilo para atravesar el mar para llegar a Australia.

Amnistía Internacional ha publicado recientemente un informe que describe las terribles condiciones que enfrentan los refugiados en Nauru. Los incidentes de informe que aparece de abuso sexual, intentos de suicidio, auto-inmolación y el comportamiento inducido por trauma, especialmente en los niños. También describe las condiciones de vida patéticas en Nauru – refugiados mentira hacinados en carpas de vinilo bajo altas temperaturas sin acceso a ayuda médica.

Fuente: http://www.australianherald.com/index.php/sid/246685743

Fuente imagen: http://cdn.bignewsnetwork.com/cus1471080426.jpg

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Perú: Miles de peruanos marchan contra la violencia de género

América del Sur/Perú/Noticias/www.hispantv.com

Miles de peruanos tomaron el sábado las calles de las principales ciudades del país en una marcha nacional para rechazar la violencia contra la mujer.

Organizaciones civiles, activistas de derechos humanos y mujeres maltratadas participaron en la marcha nacional a la que también se sumó el presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski, después de una polémica sobre recientes sentencias judiciales contra agresores machistas. Según estimaciones, al menos 50.000 peruanos tomaron parte en la movilización, que se celebró bajo el eslogan «Ni una menos, Perú».

Los manifestantes en Lima, capital, iniciaron su acto desde el Campo de Marte y partieron hacia la plaza del Paseo de los Héroes Navales frente a la sede del Poder Judicial.

«Lo que no queremos en el país es la violencia, sobre todo contra las mujeres y los niños. Vamos a promover la cultura de paz, de tolerancia», aseguró el mandatario.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, (con camisa blanca) en medio de los manifestantes en Lima, capital, 13 de agosto de 2016.

 

La marcha fue convocada durante las últimas semanas mediante las redes sociales, luego de que los medios se hicieran amplio eco de sentencias judiciales consideradas benévolas contra agresores de mujeres.

En el primer semestre del año, 54 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas en Perú y otras 118 fueron víctimas de intento de feminicidio, tal como indican datos oficiales.

Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, siete de cada diez mujeres han sufrido maltrato físico o psicológico por parte de sus parejas. Una reciente encuesta arrojó que un 78 por ciento de los peruanos aseguraba vivir en una sociedad machista.

tmv/ctl/hnb

Fuente: http://www.hispantv.com/noticias/peru/284807/peruanos-marchan-violencia-genero-feminicidio

Fuente imagen: http://217.218.67.233/hispanmedia/files/images/thumbnail/20160814/0103072_xl.jpg

 

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