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Mundo: La UNESCO y VIVA Tech lanzan una convocatoria de soluciones basadas en IA que beneficien a la población y al planeta

Mundo/16-04-2021/Autor(a) y Fuente: es.unesco.org

La UNESCO unió esfuerzos con VivaTech para organizar un desafío de startups, nuevos emprendimientos, en Inteligencia artificial por los derechos humanos. Hasta el 30 de abril, los nuevos emprendimientos podrán compartir sus soluciones sobre cómo aprovechar la IA para enfrentar desafíos relacionados con la biodiversidad, la igualdad de género y las barreras lingüísticas. Los finalistas que sean seleccionados reflejarán el compromiso de la UNESCO por garantizar el acceso a la información y aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar la vida de las personas y abordar los desafíos del desarrollo sostenible.

En el ámbito de la inteligencia artificial, la UNESCO desempeña un papel de liderazgo a nivel internacional como co-campeona de la recomendación 3C de la hoja de ruta del Secretario General para la Cooperación digital dedicada a la Inteligencia artificial. Con la Recomendación relativa a la Ética de la inteligencia artificial, que actualmente está en desarrollo, la UNESCO seguirá contribuyendo a proteger y promover los derechos humanos y la dignidad humana a lo largo del ciclo de vida de la IA a través de recomendaciones de políticas y apoyo programático.

VivaTech es el evento tecnológico y de startups más grande de Europa. Coorganizado por Publicis Groupe y Groupe Les Echos y dedicado a la creación de emprendimientos o startups, transformación digital e innovación, la quinta edición se llevará a cabo del 16 al 19 de junio de 2021. En 2019, el evento alcanzó a 231 millones de personas en todo el mundo, reuniendo 124.000 visitantes, incluidas más de 13.000 nuevas empresas, 3.000 empresas de capital de riesgo y 2.500 periodistas de 124 países. Este año, VivaTech brindará una experiencia híbrida, de forma presencial en París y en línea a nivel mundial, la cual reunirá a una comunidad de innovadores aún mayor.

La UNESCO y VivaTech lanzaron tres desafíos hasta finales de abril y convocan a los startups a compartir ideas sobre la forma de enfrentar algunos de los problemas más apremiantes de nuestro tiempo.

Desafío 1: Conservación de nuestra biodiversidad. Ayúdenos a potenciar la IA para preservar nuestro planeta

Con el objetivo de acelerar la transición hacia una vida en armonía con la naturaleza y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los objetivos a largo plazo del marco mundial de la biodiversidad posterior al 2020, se deben aprovechar las tecnologías digitales y la IA para encarar la crisis de la biodiversidad y la naturaleza. La tecnología puede ayudar a garantizar la preservación de la biodiversidad, que es fundamental para la salud de los ecosistemas. La pandemia de Covid-19 arrojó luces sobre las interdependencias entre los seres humanos y otras especies. Nos recordó que, cuando destruimos los bosques primarios o permitimos el comercio de vida silvestre, incrementamos nuestra propia vulnerabilidad. Una biodiversidad alta logra amortiguar algunos de los efectos negativos de las enfermedades infecciosas. A medida que perdemos biodiversidad, perdemos huéspedes alternativos que los vectores de enfermedades infectan, lo cual aumenta las probabilidades de que los patógenos infecten a los seres humanos. La UNESCO se encuentra en la búscqueda de soluciones innovadoras para contribuir a la gestión de ecosistemas, restauración de hábitats naturales y supervisión de la biodiversidad, a fin de ayudarnos a preservar nuestro planeta y la salud de sus habitantes.

Desafío 2: Prejuicio y discriminación de género. Ayúdenos a reducir la brecha digital de género al exponer los prejuicios existentes en IA

Existe una necesidad imperante de que más mujeres participen y lideren el diseño, desarrollo y despliegue de los sistemas de IA. La evidencia muestra que para el 2022, el 85% de los proyectos de IA generarán resultados erróneos debido al sesgo existente si la IA como tecnología y como sector no es más inclusiva y diversa. El informe seminal de la UNESCO de 2019 mostró que las herramientas de asistente de voz generadas por la IA como Alexa y Siri perpetúan estereotipos nocivos y el abuso sexista dirigido a la tecnología “feminizada”, el cual incluso fue anticipado por las empresas tecnológicas. ¿Cómo podemos garantizar la participación de las mujeres en el diseño de la IA? ¿Cómo podemos asegurarnos de que los conjuntos de datos sean más diversos? La UNESCO actualmente busca soluciones innovadoras diversificadas para educar e informar a mujeres y hombres sobre el sesgo de género en los sistemas de IA con el objetivo mayor de generar conciencia sobre la brecha digital de género. Ejemplos de soluciones de startups que se espera incluyen una aplicación de aprendizaje de igualdad de género (EdTech), herramientas de análisis de género y evaluaciones de sesgos algorítmicos, así como herramientas de inversión de igualdad de género.

Desafío 3: Romper la barrera lingüística mediante información e IA. Ayúdenos a fortalecer el acceso a la información en lenguas de escasos recursos

Las lenguas, con sus complejas implicaciones sobre la identidad, la diversidad cultural, la espiritualidad, la comunicación, la integración social, la educación y el desarrollo, son de crucial importancia para las personas, la prosperidad y el planeta. Las personas no solo incorporan en las lenguas su historia, tradiciones, memoria, conocimientos tradicionales, modos únicos de pensamiento, significado y expresión, sino que, lo que es más importante, también construyen su futuro a través de ellos. En este contexto, la UNESCO busca soluciones basadas en la tecnología del lenguaje que contribuyan a la promoción de la diversidad lingüística y el multilingüismo. Esto puede incluir soluciones como correctores ortográficos / gramaticales hasta el reconocimiento de voz y del locutor, traducción automática de texto y audio, síntesis de voz y el diálogo hablado, entre otras, las cuales son herramientas importantes para permitir la diversidad lingüística y el multilingüismo. La Declaración de Los Pinos en el Decenio de las Lenguas Indígenas (2022-2032) exige el diseño y el acceso a tecnologías lingüísticas sostenibles, accesibles, viables y asequibles, la cual sitúa a los pueblos indígenas en el centro de sus recomendaciones bajo el lema “Nada para nosotros sin nosotros”.

Fuente: https://es.unesco.org/news/unesco-y-viva-tech-lanzan-convocatoria-soluciones-basadas-ia-que-beneficien-poblacion-y-al

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Mundo: Ciclo «El Derecho Humano a la Educación»

Mundo/16-04-2021/Autor(a) y Fuente: Alianza Pedagógica Social Internacional/CLADE/FOVEDE

Hacía la ruta de la  Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2021: financiamiento de la educación pública y gratuita frente a la pandemia convocada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) que será realizada del 26 al 30 de abril. La Alianza Pedagógica Social Internacional conformada por la CEIP-Histórica (Arg), Centro de Estudios MAEEC-CLACSO (Méx), Masa Crítica (Panamá), Kaichuk Mat Dha (Méx), SAVIA (Paraguay), Centro Martin Luther King (Uruguay), Organización Social, Feminista, Pedagogica Mujer-Pueblo-Magisterio CNTE Durango(Méx), EMANCIPACIÓN (Chile), KAVILANDO (Colombia), Universidad de Panamá, CIPCAL (AL), CII-OVE (Vzla), con mención especial a la RED GLOBAL GLOCAL por la Calidad Educativa (AL) y Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (FOVEDE); estos últimos pertenecientes a la CLADE.

Invitan a su último foro de esta semana denominado «Derecho Humano a la Educación» con la presencia de Suman Bhattacharjea directora de investigación ASER Centre, India.

El encuentro será el día hoy viernes en los siguientes horarios:

  • 06:00 hrs CT/NI/SV/HN
  • 07:00 hrs Mx Mx/Pan/Perú/Colombia/Ecuador
  • 08:00 hrs Vzla/PR/Bol/Chile
  • 09:00 hrs Uy/Arg/San Pablo/Paraguay
  • 14:00 hrs ESP/FR
  • 17:30 hrs India

Fuente e Imagen: Alianza Pedagógica Social Internacional/CLADE/FOVEDE

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Amnistía Internacional: represión en el Sáhara Occidental por defender los derechos humanos

– Intimidación y hostigamiento de las autoridades marroquíes a los defensores saharauis de DDHH por expresar de forma pacífica sus opiniones.

– Recuerda que los presos de Gdeim Izik fueron condenados en juicios sin garantías, en los que no se investigaron las denuncias de tortura

La defensa pacífica de los derechos humanos y expresar opiniones en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí supone sufrir detención, según el último informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

En el Informe 2020/21 Amnistía Internacional denuncia que durante 2020 en el Sáhara Occidental “continuaron la intimidación, el hostigamiento y la detención de defensores y defensoras saharauis de los derechos humanos por expresar de forma pacífica sus opiniones”.

El informe incluye la información correspondiente a los derechos humanos en el Sáhara Occidental en el mismo apartado que la de Marruecos, donde las autoridades usaron la pandemia para reprimir la disidencia aprobando legislación restrictiva e incoar procesamientos por criticar la gestión gubernamental de la crisis o por incumplir las medidas de emergencia.

De los múltiples casos de saharauis defensores de los derechos humanos que han sufrido la represión de las autoridades marroquíes, Amnistía Internacional cita el de los periodistas Ibrahim Amrikli y  Essabi Yahdih.

De Ibrahim señala que fue detenido en mayo en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, y durante más de dos días fue interrogado por su trabajo para la organización de derechos humanos saharaui Fundación Nushatta  y que fue  golpeado e insultado “reiteradamente”.

Dice AI que fue obligado a firmar una “confesión” de cargos falsos en la que reconocía haber arrojado piedras contra agentes, y que dos días más tarde fue acusado de “infringir órdenes relacionadas con la situación de emergencia sanitaria” y de “ofender a funcionarios públicos”.

Respecto a Essabu Yahdi, fundador de Algargarat Media, AI relata que fue detenido en julio en El Aaiún “arbitrariamente” cuando se personó en la comisaría para obtener un certificado administrativo, y que permaneció recluido durante 10 horas, antes de quedar en libertad sin cargos.

“Posteriormente –continúa- dijo que la policía lo había insultado; amenazado con su “detención, violación y asesinato”, e interrogado sobre la línea editorial de Algargarat y su personal y financiación, así como sobre sus publicaciones personales en Internet, “en concreto sobre una en la que se burlaba de otra que había compartido un parlamentario marroquí sobre el rey”.

Juicios sin garantías

Amnistía Internacional recuerda a los presos de Gdeim Izik: “las autoridades continuaron manteniendo recluidos en prisiones de Ait Melloul y Bouzarkarn, (tambien estan en Kenitra y Tiflet2) en el suroeste de Marruecos, a 19 activistas saharauis condenados en 2013 y 2017 en juicios sin garantías y en los que no se investigaron de forma adecuada las denuncias de tortura”. Agrega que “están recluidos a cientos de kilómetros de sus familias y, debido a las restricciones asociadas a la COVID-19, no les permitían las visitas de familiares”.

En el informe se señala que en octubre la ONU renovó hasta octubre de 2021 el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), “sin concederle un componente de derechos humanos, a diferencia de la mayoría de las demás misiones de mantenimiento de la paz de la organización”.

También cita que en diciembre el Gobierno marroquí firmó un acuerdo con Estados Unidos “por el que accedía a establecer relaciones diplomáticas plenas con Israel a cambio del reconocimiento oficial estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental”.

Respecto al Frente Polisario, “administrador de los campamentos de refugiados saharauis en Argelia”, dice que fue detenida “al menos a una persona por expresar críticas” y que tanto el territorio del Sáhara Occidental como los campamentos del Polisario “seguían siendo inaccesibles para las organizaciones de derechos humanos, lo que dificultó la vigilancia de los abusos contra estos derechos”.

Esto último ha sido negado por el delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi: asegura a Contramutis que las organizaciones de derechos humanos tienen acceso a los campamentos saharauis y que jamás han sido vetadas. “Si este año no han ido se ha debido a las restricciones de la Covid-19, como les ha pasado a comisiones médicas y humanitarias”.

En el informe de Amnistía Internacional no se recogen otros casos de la amplia relación de vulneraciónes de los DDHH ocurridos el Sáhara Occidental ocupado a lo largo de 2020: represión de manifestaciones, acoso a destacadas activistas, como Aminetu HaidarEl Ghalia Djimi o Sultana Jaya y su familia; detenciones, secuestros con amenazas y vejaciones, sentencias condenatorias, malos tratos a los presos políticos saharauis… y la expulsión, en febrero, de una abogada española y una delegación de parlamentarios catalanes, como se puede ver en los informes sobre derechos humanos publicados a final de cada mes en Contramutis.

Entre las sentencias, varias de ellas a jóvenes, destacan la de Khatri Faraji Dadda, de 21 años, a 20 años de prisión, y la del estudiante Husein Bachir, entregado por España a Marruecos a pesar de haber pedido asilo político, a 12 años.

Un caso llamativo fue el de la niña de 12 años Hayat Moulay Ahmed Sidiya, detenida en la escuela, en El Aaiún, y sometida a torturas psicológicas y físicas, como cantar el himno marroquí, arrodillarse y besar la imagen del Rey de Marruecos y recibir golpes, todo ello por llevar en su bata blanca dibujada una pequeña bandera saharaui.

Fuente: https://rebelion.org/amnistia-internacional-represion-en-el-sahara-occidental-por-defender-los-derechos-humanos/

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México: Menores de 18 años, más de la mitad de las desaparecidas por trata. Segob

 

 

El gobierno federal advirtió hoy de la persistencia de casos de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes desaparecidas por acciones de bandas de trata de personas.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó un informe general de la problemática de personas desaparecidas y no localizadas, con énfasis en la afectación por género.

“Las mujeres representan el 24.8 por ciento de las personas desaparecidas, pero si nos enfocamos en el rubro de las niñas y adolescentes menores de 18 años, éstas representan el 55.65 por ciento de ellas (del total de no localizadas) y la mayoría de éstas – y este es un dato que debe preocuparnos, estamos haciendo un trabajo específico no sólo de búsqueda en vida sino atacar el fenómeno de la trata de personas- corresponde al estrato de edades de 10 y 19 años”, indicó.

A su vez, el 62 por ciento de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas se concentran en siete estados: el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México.

 Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), dijo que la mayoría de las víctimas son adolescentes o adultas jóvenes y la hipótesis de búsqueda es la trata de personas e incluso con perfiles físicos similares.

“Toda desaparición de mujer tiene que establecerse hipótesis de razones de género”, explicó

Fosas y recuperaciones

El subsecretario Encinas dijo en principio, como se ha hecho en otros reportes, que el incremento en el hallazgo de fosas clandestinas y cuerpos recuperados corresponde a la confrontación de grupos delictivos en distintas regiones del país, pero también a la intensificación de labores de búsqueda.

Solamente de enero a la primera semana de abril del año en curso, precisó, se han llevado a cabo 293 acciones de búsqueda, pero también se ha incrementado el descubrimiento de fosas y exhumación de cuerpos, en particular por el trabajo de organizaciones de familiares de víctimas.

A pesar de que este fenómeno prevalece, agregó, en 2020 se registró una disminución de 33 por ciento en el número de fosas localizadas y de cerca del 18 por ciento en los cuerpos recuperados, respecto al 2019, tendencia que se mantiene en el primer trimestre de 2021.

También hay un incremento en la entrega de cuerpos recuperados. De los dos mil 736 cadáveres localizados en estos sitios de inhumación clandestina, de diciembre de 2018 a marzo de 2021, cerca del 38 por ciento han sido identificados y el 22.6 por ciento entregados a sus familiares.

Encinas indicó que cinco entidades concentran el 65.9 por ciento de los cuerpos recuperados de fosas clandestinas: Jalisco, Sinaloa, Colima, Guanajuato y Sonora.

A nivel general y nacional, el número de personas desaparecidas o no localizadas alcanza al día de hoy la cifra de 85 mil 006, de 2006 a la fecha.

 Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Una decena de entidades concentran el 76.2 por ciento de los casos, entre estos, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato Ciudad de México, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Estado de México.

Precisó que se registra una disminución de 22.5 por ciento en el número de reportes de desaparición en el año reciente, la baja más significativa, lo cual “marca una tendencia en los últimos dos años, después de los picos alcanzados en 2019”.

De las 44 mil personas reportadas como desaparecidas en el actual sexenio, fueron localizadas el 55.8 por ciento, y de ese total, 92 por ciento fueron ubicadas con vida y 8 por ciento ya fallecidas.

Luego precisó que el mayor número de fosas (615) también se concentra en un puñado de municipios: Tecomán, Colima; Ursulo Galván, Veracruz; Acapulco, Guerrero; Playa Vicente, Veracruz; Salvatierra, Guanajuato; Ahome, Sinaloa; Mazatlán, Sinaloa; Manzanillo, Colima; Acámbaro, Guanajuato, y Puerto Peñasco, Sonora.

Los municipios con mayor número de cuerpos exhumados (de un recuento de mil 305) son Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; El Salto, Jalisco; Tecomán, Colima; Zapopan, Jalisco; Mazatlán, Sinaloa y Ahome, Sinaloa,entre otros.

 Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Recuento histórico

El primer reporte de una persona desaparecida en México fue en 1964; a partir de entonces, la suma es de 217 mil 193, de las cuales el 40.8 por ciento (86 mil 663) prevalecen como personas desaparecidas y no localizadas, y cerca del 60 por ciento han sido localizadas, la mayor parte (93 por ciento) con vida.

En lo que va del actual sexenio el registro es de 44 mil 174 reportes, de los cuales han sido localizadas 24 mil 647, el 55 por ciento. Del total, 92 por ciento fueron localizadas con vida.

“No queremos cantar victoria, pero esto va avanzando bien, hay respuestas importantes por parte de las fiscalías y los estados y esto rendirá mayores frutos”, dijo Encinas en cuanto a la estrategia en esta materia.

Los 10 estados con más reportes de personas desaparecidas son: Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y el Estado de México, que concentran el 76 por ciento, lo cual representa un fenómeno de regionalización de este problema, indicó.

Periodista desaparecido

En relación con Alfredo Jiménez Mota, periodista sonorense desaparecido el 2 de abril de 2005, los funcionarios dijeron que hay un plan de búsqueda.

El caso fue atendido desde el 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió el expediente como violaciones a su integridad, a las garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión, y protección judicial.

Encinas informó que a partir de 2018 el Estado mexicano tuvo acercamiento con familiares de Jiménez Mota para dar atención a todo el procedimiento en la CIDH a fin de establecer un acuerdo de solución amistosa.

Desde diciembre se sientan las bases de ese acuerdo que abordaría seis elementos fundamentales, principalmente para investigar el caso, reconocer la responsabilidad en esta desaparición, fijar compensación económica, medidas de rehabilitación y garantías de no repetición.

Sin embargo, acotó Quintana, al solicitar mayor información de la indagatoria, la Fiscalía General de la República “respondió anoche de manera muy general diciéndonos que no nos van a dar acceso a la carpeta, situación muy preocupante porque ha ocurrido en otras investigaciones”.

El representante de la familia de Alfredo también busca la manera de tener acceso a este expediente.

Encinas dijo que la Procuraduría General de la República no hizo ninguna investigación las administraciones anteriores.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/08/politica/persisten-casos-de-ninas-y-mujeres-desaparecidas-a-manos-de-trata-encinas/

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Papúa Occidental: Violar a las mujeres para expoliar la tierra

Por: Daniel Raventós, Julie Wark

Papúa Occidental* suele describirse como un lugar “remoto”, adjetivo práctico que expresa dos significados: un lugar inmaculado para unas vacaciones exóticas y demasiado lejano para que a alguien le importe un bledo.

El diario indonesio Jakarta Post da como primera razón para visitar este lugar maravilloso el poder “bucear con amigables tiburones ballena”. En el número 8 de su lista de motivos cita quedarse embobado observando a los indígenas amistosos, incluyendo a “algunos que no han sido nunca contactados” (para los aspirantes a gran explorador). Es exótico pero seguro, al menos si hacemos caso al motivo número 9: “nadar entre miles de medusas sin tentáculos urticantes”. Desgraciadamente el ejército indonesio no es tan inocuo como las gelatinosas criaturas marinas. Para confirmar esta afirmación basta con leer el informe de la Escuela de Derecho de Yale titulado “Las violaciones de derechos humanos de Indonesia en Papúa Occidental: Aplicación de la ley sobre genocidio a la historia del control indonesio”. Ese genocidio continúa en nuestros días, principalmente porque la “comunidad internacional” y sus medios de comunicación son tan poco firmes como las medusas. El Guardian, por ejemplo, culpa solapadamente a los papúes de su sufrimiento porque “llevan decenios promoviendo la secesión [de Indonesia]”.

El hecho de que los lugares remotos dicten sus propias normas, o al menos que las dicten los hombres fuertes que los dirigen, tiene un gran atractivo para personas como Elon Musk, a quienes gusta hacer su voluntad sin tener que dar cuentas de ello. Y para un régimen como el indonesio es muy útil contar con un famoso multimillonario con un proyecto extravagante para poner algo del brillo que concede la celebridad a su barbarie militarizada, o para desviar la atención de la misma. El pasado diciembre, el presidente indonesio Joko Widodo ofreció a Musk parte de la isla Biak (con una población de más de 140.000 habitantes) para que juegue con su proyecto SpaceX (y acabe con los terrenos de caza tradicionales que serán destrozados en el proceso de lanzamiento de 12.000 satélites, si finalmente consigue que funcionen los lanzamientos).

Pero ¿cómo consiguió Indonesia las tierras de Papúa Occidental para regalarlas tan despreocupadamente? Para explicarlo en pocas palabras, porque la fraudulenta “Acta de Libre Elección” de 1969, reconocida por la ONU, otorgó a Indonesia (a su ejército, para ser más precisos) un acceso descontrolado a los inmensos recursos naturales de Papúa Occidental. Y, como una parte considerable del presupuesto militar procede de su control de las industrias extractivas, estos hombres se dedican a profanar y a violar la tierra y, naturalmente, a sus pobladores. Se calcula que al menos medio millón de papúes occidentales ha sido asesinados, pero no a causa de las pretensiones “secesionistas” de la población (léase derecho a la autodeterminación) sino del proceso de acaparamiento de tierras y de enriquecimiento de los militares para mantener su poder. En el lado receptor, los papúes se basan en sus cada vez más escasas tierras para la supervivencia económica, social y cultural.

Un aspecto poco conocido del genocidio que tiene lugar en Papúa Occidental es que gran parte de la violencia general que está expulsando a la población de sus tierras es violencia sexualizada. Lo cual encaja en el modelo general (por tanto no remoto) de las violaciones de guerra. Un pene es un arma de guerra biológica fácilmente transportable, por lo que en las últimas décadas se han registrado violaciones sistemáticas en las guerras de los Balcanes, Bangladés, Ruanda, Uganda, Myanmar, Timor Occidental, Congo, Sierra Leona,  Liberia, Kosovo, Darfur, Papúa Occidental y otros lugares. Es una estrategia que socava la dignidad y la moral de la población víctima al destruir, a largo plazo, el tejido básico de la sociedad. Es también un instrumento sádico de tortura cuando se obliga a los hombres a presenciar la violación de sus mujeres y de sus hijas, un modo de burlarse de su masculinidad por ser incapaces de proteger a sus mujeres.

Conseguir información sobre lo que sucede en Papúa Occidental es muy complicado pues hablamos de un territorio vedado a periodistas e investigadores independientes. Si consiguen entrar en el país, todos sus movimientos son vigilados por funcionarios, y la gente teme por sus vidas si hablan con extraños. No obstante, tras denodados esfuerzos, la Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer consiguió hacerse una idea de lo que allí ocurría y concluir en 1999 que las fuerzas de seguridad indonesias utilizaban “la violación como instrumento de tortura e intimidación”. Más recientemente, al menos un estudio ha documentado “un sadismo sexual ferozmente creativo (contra los genitales de hombres y mujeres, y habitualmente con público forzado a contemplarlo)”. ¿Qué es el sadismo sexual creativo? Por poner un ejemplo, un informante “presenció cómo cortaban el pene a una serie de hombres en su aldea. Otro informante fue testigo de cómo cortaban la vagina a una mujer y obligaban a su marido a comérsela”. Este terror aparentemente aleatorio se convierte en terror absoluto, pues cualquier mujer puede ser una víctima, por lo que los pueblos indígenas huyen de sus tierras. Luego, los militares las reclaman, creando catástrofes sociales y medioambientales con todo ello.

Pero el terror no es realmente aleatorio. Es deliberado. La relación entre las industrias extractivas y la violencia sexual es evidente en los informes de violaciones sistemáticas de mujeres en los alrededores de Grasberg, donde se localiza la mayor mina de oro del mundo y la segunda mayor de cobre (de la tristemente célebre sociedad minera Freeport-McMoRan), que durante 30 años ha estado arrojando millones de toneladas de desechos de metales pesados al sistema fluvial del Ajkwa, que han destruido las tierras bajas y los bosques de manglar antes de contaminar el mar de Arafura. La policía y el ejército utilizan la violación para torturar a las mujeres cuando las interrogan sobre el paradero de sus maridos, sospechosos de ser miembros o simpatizantes del Movimiento Papúa Libre. Un testigo describe el horror que permanece en la memoria de las personas y aterroriza a poblaciones enteras durante generaciones:

“Una muchacha de doce años de la etnia amungme fue víctima de violencia sexual continuada. […] Una patrulla llegó hasta la casa donde vivía con un hermano mayor y sus padres. Cuando los soldados vieron a la víctima la invitaron a ir a su base. Como se negó a hacerlo, uno de ellos la violó delante de sus padres y luego otros soldados siguieron haciéndolo por turnos. A resultas de la violación, la muchacha quedó embarazada y dio a luz a un bebé. Posteriormente, cuando se produjo un reemplazo de tropas en la aldea, la misma muchacha volvió a ser violada, y todo esto continuó durante cinco reemplazos. Al final, la víctima parió cinco hijos”.

Si el pene se convierte en un arma en Papúa Occidental, lo mismo ocurre con los cuerpos de las mujeres. Según la oenegé Survival International, los índices de infección por VIH en la “remota” Papúa Occidental son 15 veces superiores a la media nacional, e incluso mayores en los alrededores de la mina Grasberg. “Algunos papúes creen que el ejército lleva deliberadamente prostitutas infectadas con el virus a las áreas tribales. Se sabe de soldados que ofrecen alcohol y trabajadoras sexuales a los jefes tribales para tener acceso a sus tierras y a sus recursos”.

Por lo general el régimen indonesio se las arregla para encubrir sus atrocidades, pero puede deducirse el modo en que esta violencia sexual sistemática actúa en Papúa Occidental a partir de otros casos. En Bosnia-Herzegovina, por ejemplo, las violaciones de guerra a mujeres musulmanas y croatas fueron una política oficial, violaciones controladas. “Son violaciones hasta la muerte, violaciones como forma de masacre, violaciones para matar y para que las víctimas deseen estar muertas. Es la violación como instrumento para provocar el exilio forzado, la violación para obligarte a abandonar tu hogar y que no desees regresar jamás. Es también una violación para otros la contemplen y la escuchen: la violación como espectáculo. Es la violación de la xenofobia liberada por la misoginia y desencadenada por orden oficial”. Se trataba, además, de violar con planes de futuro: fecundar a muchachas y mujeres musulmanas y croatas para construir supuestamente el Estado serbio con bebés “serbios” que se “infiltren” en el grupo de la madre. Los bebés también se convierten en víctimas cuando son rechazados o estigmatizados por el pueblo natal. En este crimen de procreación forzada, se utiliza a los hijos para envenenar a las comunidades al recordar a todos su terrible origen.

La violación a esta escala socava el sistema de valores de todo un grupo. Las víctimas, que han sufrido agresiones a causa de su identidad, sienten repugnancia por ello y no quieren vivir con ese estigma. En el contexto colonial, la violación se convierte en genocida cuando ataca a las mujeres indígenas por ser indígenas. En su estudio de la violencia sexual, Andrea Smith escribe que “todas las indígenas supervivientes a las que he orientado me has dicho en un momento u otro que desearían no ser indígenas”. La violación ha sido utilizada de forma generalizada para instilar un sistema patriarcal en las culturas indígenas. “Con el fin de colonizar a pueblos cuya sociedad no era jerárquica, los colonizadores deben en primer lugar naturalizar la jerarquía institucionalizando el patriarcado. La violencia de género patriarcal es el proceso mediante el cual los colonizadores inscriben la jerarquía y la dominación en los cuerpos de los colonizados”. Los hombres atacan al “sexo débil”, pero en cierto modo saben que deben destruir el poder de las mujeres en la comunidad. Al escribir sobre Darfur, Sarah Clark Miller observa: “La abominable eficacia de la violación genocida corrompe el papel de las mujeres como cuidadoras de las relaciones, transmisoras de las prácticas culturales y sustentadoras de significado, al utilizar estas funciones habitualmente integradoras contra la comunidad”.

Si se unen los fragmentos de información disponibles puede observase que estos son los efectos que la violación sistemática está teniendo en Papúa Occidental. Un estudio descubrió que cuatro de cada diez mujeres habían sufrido violencia por parte del Estado indonesio. Y, dado que ningún tipo de violencia se produce en solitario, no es accidental que la violencia sexual ocurra en regiones con industrias extractivas “estratégicas”, como la minería, la agroindustria de la palma de aceite o la pesca. La violencia sexual y la violencia contra la Tierra están íntimamente relacionadas.

En el campeonato del Antropoceno, Indonesia ha conseguido, mediante métodos brutales, dos primeros puestos: tener la mayor mina de oro del mundo y la mayor producción de aceite de palma del mundo. Otro probable primer puesto sería el de la “utilización de los métodos más brutales”. Impertérrita ante los avisos de la crisis climática, Indonesia continúa con sus megaproyectos, entre los que se encuentra la construcción de una carretera de más de 4.300 kilómetros a través de Papúa, una red vial que causaría daños irreparables en regiones montañosas cubiertas de espesa selva, incluyendo el Parque Nacional Lorenz, Patrimonio de la Humanidad, en busca de mayor acceso a minerales, combustibles fósiles, madera y tierra para inmensas plantaciones de palma de aceite. Esto supone, claro está, pérdida de biodiversidad, pérdida y fragmentación forestal y emisiones de gas de efecto invernadero. Una hectárea de bosque húmedo puede producir 6.000 toneladas métricas de dióxido de carbono cuando se convierte en una plantación. Los incendios de turberas en Indonesia provocan gran parte de la neblina irrespirable que ha asfixiado gran parte del sudeste asiático en los últimos años, hasta el punto de que se estima que estos fuegos han podido causar hasta 100.000 muertes prematuras, solo en 2015.

Las mujeres son violadas en Papúa Occidental para que los militares puedan mantener el poder expoliando y profanando la tierra y todo el planeta. Hace ya mucho tiempo el antropólogo Franz Boas (despojado de su doctorado en Kiev por los nazis, que también quemaron sus libros) insistía en que, dentro de la indiscutible unidad de la humanidad, no existía jerarquía alguna de “razas” (un concepto que él aborrecía), lenguas o culturas, sino una multitud de pueblos; que ninguna cultura puede pretender su superioridad natural. El término “remoto” encubre muchas cosas y sirve para crear un “nosotros” superior y un “ellos” explotable. Mientras tanto Occidente, en su superioridad, se llena la boca hablando de derechos humanos universales a la vez que ignora alegremente la extinción de modos de vida mucho más compatibles con la coexistencia en este planeta. El Banco Mundial considera que las grandes infraestructuras son un “burdo instrumento” de progreso. En Papúa Occidental, el burdo instrumento de la violación representa el tipo más perverso de progreso. Y a nadie le importa un bledo (excepto a los violadores).

* También denominada Nueva Guinea Occidental (Irian Jaya hasta 2001) es la mitad occidental de la isla de Nueva Guinea e islas adyacentes en Oceanía. Fue incorporada al Estado de Indonesia en 1969, en una decisión controvertida que sigue siendo motivo de conflictos. La mitad oriental de la isla es parte del Estado independiente de Papúa Nueva Guinea. (N. del T.)

Daniel Raventós es profesor de economía de la Universidad de Barcelona y miembro del comité de redacción de la revista Sin Permiso. Presidente de la Red Renta Básica y miembro del consejo científico de ATTAC. Su último libro es La renta básica, ¿por qué y para qué? (Catarata, 2021).

Julie Wark es miembro del consejo editorial de la revista Sin Permiso, socióloga, antropóloga y especialista en sudeste asiático: Como autora ha publicado, entre otros Indonesia: Law, Propaganda and Terror (Zed Press, 1983)

Fuente: https://www.counterpunch.org/2021/03/21/west-papua-rape-the-women-to-rape-the-land/

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Dignidad y derechos humanos

Por: Leonardo Díaz

La justificación oficial de un reciente acribillamiento policial de ciudadanos, basado en una “confusión de identidades”.

El respeto a los derechos humanos se fundamenta en un supuesto básico: los seres humanos poseen una dignidad intrínseca por el mero hecho de ser personas.

El reconocimiento de este supuesto no está condicionado por el contexto social o cultural. Este es el motivo por el que prácticas que generan agravio, como la ablación o la violación, son condenables desde el punto ético, aunque dichas prácticas hayan estado arraigadas en tradiciones históricas o culturales.

El reconocimiento de la dignidad intrínseca de los seres humanos tampoco depende de la honorabilidad de los mismos. Si en una sociedad democrática moderna un ciudadano es declarado culpable de infringir una ley, recibe una pena que no implica la degradación de su condición humana, conservando las implicaciones legales y morales de su reconocimiento como persona.

Estos supuestos evidentes, verdades obvias en todo Estado de derecho moderno, no siempre lo son en una sociedad donde algunas veces se piensa que los derechos humanos están condicionados por la honorabilidad social, el estatus jurídico o las prácticas morales de la ciudadanía.

Es la razón por lo que en el imaginario popular dominicano resulta frecuente escuchar afirmaciones donde se estimulan prácticas arraigadas en nuestra historia política como: el maltrato físico, el abuso psicológico y la privación de las libertades civiles si se considera que la persona que sufre los daños “se lo merece” por haber violado la ley o por ser estigmatizado como un paria social.

El problema emerge de nuevo al ser testigos recientes de la incredulidad generada por la justificación oficial de un reciente acribillamiento policial de ciudadanos, basado en una “confusión de identidades”, sin que el supuesto mismo de la justificación haya sido cuestionado: la violación de los derechos humanos queda validada si quienes sufren la misma son sujetos de persecusión penal.

Tampoco se cuestiona muchas veces el “agravante” a una violación de los derechos humanos como supuestamente son: las creencias religiosas de las víctimas, o sus bondades personales. Como si la gravedad del desconocimiento a la dignidad de las personas dependiera de si la víctima es una persona religiosa o antirreligiosa; filántropa o misántropa.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/dignidad-y-derechos-humanos-8931637.html
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Argentina: Justicia para Manuela, la salvadoreña muerta en prisión por un aborto espontáneo

Por: Andrea A. Gálvez 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzga a El Salvador por encarcelar a mujeres que sufren complicaciones en sus embarazos. Desde 1998, más de 180 han sido condenadas por pérdidas naturales y abortos

“Manuela, justicia y esperanza”, clamaba una de las pancartas en el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, en el centro de San Salvador.

Hace 13 años, Manuela, una mujer de pocos recursos, bajo nivel educativo, dos hijos y un embarazo avanzado, empezó a sentir fuertes dolores abdominales que terminaron en un aborto espontáneo. Así comenzó su pesadilla. En el hospital, el personal médico que la atendió la denunció, el primer paso de una condena de 30 años de prisión por homicidio agravado. Dos años después murió, presa, por un cáncer linfático. Una enfermedad que, según la familia, ya daba señales años antes y para la que no tuvo atención médica adecuada durante su encarcelamiento.

Acompañada por organizaciones feministas y movimientos de derechos humanos, la familia de Manuela inició una larga batalla legal para que se reconociera que fue condenada injustamente y que sufrió vulneración de sus derechos. “Tuvo un trato completamente inhumano y denigrante”, afirma Sara García, activista de La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que siguió el caso desde el principio y estuvo involucrada en el proceso de demanda contra el Estado salvadoreño.

En los últimos 20 años, 180 mujeres salvadoreñas han sido condenadas por aborto o por homicidio agravado, incluso en casos en que se produjo la muerte del feto debido a complicaciones durante el embarazo. “La criminalización que se da en El Salvador hacia las mujeres no la hemos visto en ningún lugar de América Latina con la misma contundencia y sistematicidad”, explica Paula Ávila Guillén, experta en derechos reproductivos del Women’s Equality Center, una ONG feminista que apoya a personas y organizaciones que lideran la lucha por la libertad reproductiva en América Latina.

En 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició la investigación por el caso de Manuela. Siete años más tarde, en 2019, la Comisión presentó el caso a la Corte, al considerar que el Estado había vulnerado el derecho a la libertad personal por la “detención ilegal” de la víctima, el derecho a la protección judicial, a la presunción de inocencia, a la vida y la salud.

Para los grupos feministas y de derechos humanos la noticia es muy importante. “Es el primer caso relacionado con un aborto y una emergencia obstétrica que llega a la CIDH y nos renueva la esperanza para detener la criminalización en el país y en la región”, aseguran en la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador.

El Salvador que castiga a las mujeres

El Salvador contaba con un sistema que impedía el aborto, aunque con algunas excepciones. Pero, en 1998 entró en vigor una reforma del Código Penal que lo prohibió por completo. Un año más tarde, además se modificó la Constitución con objeto de reconocer como persona “a todo ser humano desde el momento de la concepción”. Estos cambios han provocado una fuerte criminalización.

“Cualquier mujer que acceda a un aborto o que simplemente tenga una pérdida natural de un embarazo se convierte en una posible criminal”, denuncia Ávila. El aborto inducido está  penado entre dos y ocho años –las condenas para los profesionales de salud varían entre los seis y ocho años–, pero en muchos casos las sentencias judiciales lo consideran como “homicidio agravado” –hasta 50 años de prisión– en abortos espontáneos en etapas avanzadas del embarazo.

“Incluso existen casos en los que las mujeres tienen complicaciones obstétricas en etapas avanzadas, pero al acudir al hospital el bebé nace vivo, y aun así se las condena con hasta 15 años de prisión por tentativa de homicidio”, explica Morena Herrera, una de las principales referentes del movimiento por la despenalización del aborto en El Salvador.

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Herrera cuenta que lo que ocurre es que los médicos, el personal sanitario y los trabajadores sociales son los que denuncian a las mujeres que llegan al hospital con emergencias obstétricas. “Existe mucha presión hacia el personal sanitario para que denuncien, si no lo hacen les pueden acusar por complicidad”.

“Muchas veces, los doctores, en vez de brindar la atención que necesitan, interponen una denuncia como primera reacción. Algunas por el temor de ser demandadas no acuden al centro sanitario, lo que conlleva un mayor riesgo de muerte materna por hemorragias e infecciones”, suma Ávila.

El suicidio de mujeres jóvenes embarazadas es una de las peores consecuencias que tiene la penalización del embarazo en El Salvador. En el año 2009, el suicidio era la segunda causa de muerte en chicas adolescentes, tasa que se fue reduciendo a lo largo de los años. El resultado de la violencia y la criminalización es un elevado número de adolescentes, que cursando embarazos, muchas veces forzados, terminan quitándose la vida por el miedo de ir a prisión.

El Salvador es también uno de los países con más violencia sexual de América Latina y del mundo: se estima que cada 4 horas se produce una violación. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) calculó que en 2017 se registraron 19.190 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años de edad, es decir, 53 niñas o adolescentes embarazadas por día.

Conquistas del movimiento feminista

Primero se conoció el caso de “Las 17”  –17 mujeres encarceladas con penas de hasta 40 –. Las organizaciones feministas del país iniciaron una gran campaña para pedir su liberación y se encontraron que la prisión de mujeres por motivos relacionados con abortos era más habitual de lo que creían. Según cuenta Ávila, que participó en este proceso, muchas presas mantenían en secreto su historia por el estigma que supone, pero a medida que los colectivos feministas estaban más presentes, se animaron a compartir lo que les ocurrió. Gracias a esto, se llegó a documentar más de 180 casos, la mayoría con penas de entre 15 y 30 años de prisión por pérdidas espontáneas del embarazo y por aborto.

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Con el paso de los años, y gracias a la labor de algunas organizaciones, muchas de ellas fueron indultadas o se redujo su condena. “La liberación y la reducción de condenas ha sido uno de los grandes logros, que se ha conseguido encarando un sistema opresor donde la Fiscalía, la policía, el hospital están en contra de las mujeres”, afirma Ávila.

Pero aún quedan 18 mujeres que siguen en prisión con penas de entre 30 y 35 años y la criminalización continúa, según la activista: “Sólo el año pasado nuestra organización acompañó el caso de 10 mujeres condenadas a cárcel por sucesos relacionados con aborto y que enfrentaron procesos judiciales injustos”, comenta Sara García, activista de La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto del país.

La promesa

En la cárcel cualquier ocasión era buena para reunirse y soñar con la libertad detrás de los barrotes. Teodora Vásquez, que tuvo que dejar a un niño de 3 años y asumir la pérdida de su bebé por un aborto espontáneo y entrar presa por este suceso, conoció en prisión a varias mujeres con realidades parecidas a la suya. Con decenas de años por delante, la promesa para el día de después de quedar libre era la misma: liberar a las demás compañeras. “Entablamos una relación bien fuerte con otras presas e hicimos un pacto que consistía en excarcelar a todas las mujeres”, cuenta Vásquez.

En el 2015, cuando fue indultada, empezó a participar en los movimientos feministas y en las campañas de liberación de otras presas. Según cuenta Teodora, en el Salvador se castiga la pobreza y la falta de educación. “La justicia sólo castiga a las que no tenemos recursos. Hay un estigma muy fuerte de las mujeres pobres, quebrantan con facilidad nuestros derechos”, comenta.

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Morena Herrera afirma que no ha habido ningún caso de mujeres de clase media y alta que hayan sido acusadas o condenadas por una emergencia obstétrica. “El perfil que hemos encontrado es muy específico, las mujeres que están en prisión son jóvenes, con bajo nivel educativo, pobres y con abortos espontáneos en etapas avanzadas del embarazo”, explica Herrera.

De la cárcel, las mujeres pobres salen con peores expectativas económicas, recrudeciéndose el ciclo de la violencia y discriminación. En palabras de Vásquez: “Una entra pobre a la cárcel porque no tiene recursos para defenderse y sale sin nada, con los lazos familiares truncados, con muchas incertidumbres, no se sabe cómo le va a ir a una”. Aún así, ella encontró abrigo en otras compañeras, buscó la forma de salir adelante y encontrar fuerzas en conquistas como la demanda contra el estado salvadoreño por el caso de Manuela.

“Estamos en un momento emblemático porque El Salvador tendrá que responder por todos los daños ocasionados en el caso de Manuela y brindar justicia a todas las mujeres que hemos sufrido situaciones similares”, concluye Teodora Vásquez, que pasó 10 años en la cárcel injustamente.

Esta también es la expectativa de las agrupaciones feministas: “Nosotras esperamos que la sentencia del CIDH genere medidas de reparación integral para su familia, que se impulsen medidas de no repetición como la transformación de las leyes que actualmente están generando discriminación, además de garantizar el secreto profesional, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para que casos como el de Manuela y otras mujeres no vuelvan a suceder”.

La última palabra la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien se espera que en el segundo trimestre dicte el fallo, después de las audiencias públicas del pasado 10 y 11 de marzo. Una esperanza de justicia que sobrepasa el caso de Manuela y que sirve de aliento para las mujeres que aún continúan presas y para otras que aún sufren criminalización en El Salvador y en la región.

Fuente e imagen: https://ctxt.es/es/20210401/Politica/35598/aborto-El-Salvador-carcel-Manuela-despenalizacion-Corte-Interamericana-de-Derechos-Humanos–Andrea-A-Galvez.htm

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