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Papúa Occidental: Violar a las mujeres para expoliar la tierra

Por: Daniel Raventós, Julie Wark

Papúa Occidental* suele describirse como un lugar “remoto”, adjetivo práctico que expresa dos significados: un lugar inmaculado para unas vacaciones exóticas y demasiado lejano para que a alguien le importe un bledo.

El diario indonesio Jakarta Post da como primera razón para visitar este lugar maravilloso el poder “bucear con amigables tiburones ballena”. En el número 8 de su lista de motivos cita quedarse embobado observando a los indígenas amistosos, incluyendo a “algunos que no han sido nunca contactados” (para los aspirantes a gran explorador). Es exótico pero seguro, al menos si hacemos caso al motivo número 9: “nadar entre miles de medusas sin tentáculos urticantes”. Desgraciadamente el ejército indonesio no es tan inocuo como las gelatinosas criaturas marinas. Para confirmar esta afirmación basta con leer el informe de la Escuela de Derecho de Yale titulado “Las violaciones de derechos humanos de Indonesia en Papúa Occidental: Aplicación de la ley sobre genocidio a la historia del control indonesio”. Ese genocidio continúa en nuestros días, principalmente porque la “comunidad internacional” y sus medios de comunicación son tan poco firmes como las medusas. El Guardian, por ejemplo, culpa solapadamente a los papúes de su sufrimiento porque “llevan decenios promoviendo la secesión [de Indonesia]”.

El hecho de que los lugares remotos dicten sus propias normas, o al menos que las dicten los hombres fuertes que los dirigen, tiene un gran atractivo para personas como Elon Musk, a quienes gusta hacer su voluntad sin tener que dar cuentas de ello. Y para un régimen como el indonesio es muy útil contar con un famoso multimillonario con un proyecto extravagante para poner algo del brillo que concede la celebridad a su barbarie militarizada, o para desviar la atención de la misma. El pasado diciembre, el presidente indonesio Joko Widodo ofreció a Musk parte de la isla Biak (con una población de más de 140.000 habitantes) para que juegue con su proyecto SpaceX (y acabe con los terrenos de caza tradicionales que serán destrozados en el proceso de lanzamiento de 12.000 satélites, si finalmente consigue que funcionen los lanzamientos).

Pero ¿cómo consiguió Indonesia las tierras de Papúa Occidental para regalarlas tan despreocupadamente? Para explicarlo en pocas palabras, porque la fraudulenta “Acta de Libre Elección” de 1969, reconocida por la ONU, otorgó a Indonesia (a su ejército, para ser más precisos) un acceso descontrolado a los inmensos recursos naturales de Papúa Occidental. Y, como una parte considerable del presupuesto militar procede de su control de las industrias extractivas, estos hombres se dedican a profanar y a violar la tierra y, naturalmente, a sus pobladores. Se calcula que al menos medio millón de papúes occidentales ha sido asesinados, pero no a causa de las pretensiones “secesionistas” de la población (léase derecho a la autodeterminación) sino del proceso de acaparamiento de tierras y de enriquecimiento de los militares para mantener su poder. En el lado receptor, los papúes se basan en sus cada vez más escasas tierras para la supervivencia económica, social y cultural.

Un aspecto poco conocido del genocidio que tiene lugar en Papúa Occidental es que gran parte de la violencia general que está expulsando a la población de sus tierras es violencia sexualizada. Lo cual encaja en el modelo general (por tanto no remoto) de las violaciones de guerra. Un pene es un arma de guerra biológica fácilmente transportable, por lo que en las últimas décadas se han registrado violaciones sistemáticas en las guerras de los Balcanes, Bangladés, Ruanda, Uganda, Myanmar, Timor Occidental, Congo, Sierra Leona,  Liberia, Kosovo, Darfur, Papúa Occidental y otros lugares. Es una estrategia que socava la dignidad y la moral de la población víctima al destruir, a largo plazo, el tejido básico de la sociedad. Es también un instrumento sádico de tortura cuando se obliga a los hombres a presenciar la violación de sus mujeres y de sus hijas, un modo de burlarse de su masculinidad por ser incapaces de proteger a sus mujeres.

Conseguir información sobre lo que sucede en Papúa Occidental es muy complicado pues hablamos de un territorio vedado a periodistas e investigadores independientes. Si consiguen entrar en el país, todos sus movimientos son vigilados por funcionarios, y la gente teme por sus vidas si hablan con extraños. No obstante, tras denodados esfuerzos, la Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer consiguió hacerse una idea de lo que allí ocurría y concluir en 1999 que las fuerzas de seguridad indonesias utilizaban “la violación como instrumento de tortura e intimidación”. Más recientemente, al menos un estudio ha documentado “un sadismo sexual ferozmente creativo (contra los genitales de hombres y mujeres, y habitualmente con público forzado a contemplarlo)”. ¿Qué es el sadismo sexual creativo? Por poner un ejemplo, un informante “presenció cómo cortaban el pene a una serie de hombres en su aldea. Otro informante fue testigo de cómo cortaban la vagina a una mujer y obligaban a su marido a comérsela”. Este terror aparentemente aleatorio se convierte en terror absoluto, pues cualquier mujer puede ser una víctima, por lo que los pueblos indígenas huyen de sus tierras. Luego, los militares las reclaman, creando catástrofes sociales y medioambientales con todo ello.

Pero el terror no es realmente aleatorio. Es deliberado. La relación entre las industrias extractivas y la violencia sexual es evidente en los informes de violaciones sistemáticas de mujeres en los alrededores de Grasberg, donde se localiza la mayor mina de oro del mundo y la segunda mayor de cobre (de la tristemente célebre sociedad minera Freeport-McMoRan), que durante 30 años ha estado arrojando millones de toneladas de desechos de metales pesados al sistema fluvial del Ajkwa, que han destruido las tierras bajas y los bosques de manglar antes de contaminar el mar de Arafura. La policía y el ejército utilizan la violación para torturar a las mujeres cuando las interrogan sobre el paradero de sus maridos, sospechosos de ser miembros o simpatizantes del Movimiento Papúa Libre. Un testigo describe el horror que permanece en la memoria de las personas y aterroriza a poblaciones enteras durante generaciones:

“Una muchacha de doce años de la etnia amungme fue víctima de violencia sexual continuada. […] Una patrulla llegó hasta la casa donde vivía con un hermano mayor y sus padres. Cuando los soldados vieron a la víctima la invitaron a ir a su base. Como se negó a hacerlo, uno de ellos la violó delante de sus padres y luego otros soldados siguieron haciéndolo por turnos. A resultas de la violación, la muchacha quedó embarazada y dio a luz a un bebé. Posteriormente, cuando se produjo un reemplazo de tropas en la aldea, la misma muchacha volvió a ser violada, y todo esto continuó durante cinco reemplazos. Al final, la víctima parió cinco hijos”.

Si el pene se convierte en un arma en Papúa Occidental, lo mismo ocurre con los cuerpos de las mujeres. Según la oenegé Survival International, los índices de infección por VIH en la “remota” Papúa Occidental son 15 veces superiores a la media nacional, e incluso mayores en los alrededores de la mina Grasberg. “Algunos papúes creen que el ejército lleva deliberadamente prostitutas infectadas con el virus a las áreas tribales. Se sabe de soldados que ofrecen alcohol y trabajadoras sexuales a los jefes tribales para tener acceso a sus tierras y a sus recursos”.

Por lo general el régimen indonesio se las arregla para encubrir sus atrocidades, pero puede deducirse el modo en que esta violencia sexual sistemática actúa en Papúa Occidental a partir de otros casos. En Bosnia-Herzegovina, por ejemplo, las violaciones de guerra a mujeres musulmanas y croatas fueron una política oficial, violaciones controladas. “Son violaciones hasta la muerte, violaciones como forma de masacre, violaciones para matar y para que las víctimas deseen estar muertas. Es la violación como instrumento para provocar el exilio forzado, la violación para obligarte a abandonar tu hogar y que no desees regresar jamás. Es también una violación para otros la contemplen y la escuchen: la violación como espectáculo. Es la violación de la xenofobia liberada por la misoginia y desencadenada por orden oficial”. Se trataba, además, de violar con planes de futuro: fecundar a muchachas y mujeres musulmanas y croatas para construir supuestamente el Estado serbio con bebés “serbios” que se “infiltren” en el grupo de la madre. Los bebés también se convierten en víctimas cuando son rechazados o estigmatizados por el pueblo natal. En este crimen de procreación forzada, se utiliza a los hijos para envenenar a las comunidades al recordar a todos su terrible origen.

La violación a esta escala socava el sistema de valores de todo un grupo. Las víctimas, que han sufrido agresiones a causa de su identidad, sienten repugnancia por ello y no quieren vivir con ese estigma. En el contexto colonial, la violación se convierte en genocida cuando ataca a las mujeres indígenas por ser indígenas. En su estudio de la violencia sexual, Andrea Smith escribe que “todas las indígenas supervivientes a las que he orientado me has dicho en un momento u otro que desearían no ser indígenas”. La violación ha sido utilizada de forma generalizada para instilar un sistema patriarcal en las culturas indígenas. “Con el fin de colonizar a pueblos cuya sociedad no era jerárquica, los colonizadores deben en primer lugar naturalizar la jerarquía institucionalizando el patriarcado. La violencia de género patriarcal es el proceso mediante el cual los colonizadores inscriben la jerarquía y la dominación en los cuerpos de los colonizados”. Los hombres atacan al “sexo débil”, pero en cierto modo saben que deben destruir el poder de las mujeres en la comunidad. Al escribir sobre Darfur, Sarah Clark Miller observa: “La abominable eficacia de la violación genocida corrompe el papel de las mujeres como cuidadoras de las relaciones, transmisoras de las prácticas culturales y sustentadoras de significado, al utilizar estas funciones habitualmente integradoras contra la comunidad”.

Si se unen los fragmentos de información disponibles puede observase que estos son los efectos que la violación sistemática está teniendo en Papúa Occidental. Un estudio descubrió que cuatro de cada diez mujeres habían sufrido violencia por parte del Estado indonesio. Y, dado que ningún tipo de violencia se produce en solitario, no es accidental que la violencia sexual ocurra en regiones con industrias extractivas “estratégicas”, como la minería, la agroindustria de la palma de aceite o la pesca. La violencia sexual y la violencia contra la Tierra están íntimamente relacionadas.

En el campeonato del Antropoceno, Indonesia ha conseguido, mediante métodos brutales, dos primeros puestos: tener la mayor mina de oro del mundo y la mayor producción de aceite de palma del mundo. Otro probable primer puesto sería el de la “utilización de los métodos más brutales”. Impertérrita ante los avisos de la crisis climática, Indonesia continúa con sus megaproyectos, entre los que se encuentra la construcción de una carretera de más de 4.300 kilómetros a través de Papúa, una red vial que causaría daños irreparables en regiones montañosas cubiertas de espesa selva, incluyendo el Parque Nacional Lorenz, Patrimonio de la Humanidad, en busca de mayor acceso a minerales, combustibles fósiles, madera y tierra para inmensas plantaciones de palma de aceite. Esto supone, claro está, pérdida de biodiversidad, pérdida y fragmentación forestal y emisiones de gas de efecto invernadero. Una hectárea de bosque húmedo puede producir 6.000 toneladas métricas de dióxido de carbono cuando se convierte en una plantación. Los incendios de turberas en Indonesia provocan gran parte de la neblina irrespirable que ha asfixiado gran parte del sudeste asiático en los últimos años, hasta el punto de que se estima que estos fuegos han podido causar hasta 100.000 muertes prematuras, solo en 2015.

Las mujeres son violadas en Papúa Occidental para que los militares puedan mantener el poder expoliando y profanando la tierra y todo el planeta. Hace ya mucho tiempo el antropólogo Franz Boas (despojado de su doctorado en Kiev por los nazis, que también quemaron sus libros) insistía en que, dentro de la indiscutible unidad de la humanidad, no existía jerarquía alguna de “razas” (un concepto que él aborrecía), lenguas o culturas, sino una multitud de pueblos; que ninguna cultura puede pretender su superioridad natural. El término “remoto” encubre muchas cosas y sirve para crear un “nosotros” superior y un “ellos” explotable. Mientras tanto Occidente, en su superioridad, se llena la boca hablando de derechos humanos universales a la vez que ignora alegremente la extinción de modos de vida mucho más compatibles con la coexistencia en este planeta. El Banco Mundial considera que las grandes infraestructuras son un “burdo instrumento” de progreso. En Papúa Occidental, el burdo instrumento de la violación representa el tipo más perverso de progreso. Y a nadie le importa un bledo (excepto a los violadores).

* También denominada Nueva Guinea Occidental (Irian Jaya hasta 2001) es la mitad occidental de la isla de Nueva Guinea e islas adyacentes en Oceanía. Fue incorporada al Estado de Indonesia en 1969, en una decisión controvertida que sigue siendo motivo de conflictos. La mitad oriental de la isla es parte del Estado independiente de Papúa Nueva Guinea. (N. del T.)

Daniel Raventós es profesor de economía de la Universidad de Barcelona y miembro del comité de redacción de la revista Sin Permiso. Presidente de la Red Renta Básica y miembro del consejo científico de ATTAC. Su último libro es La renta básica, ¿por qué y para qué? (Catarata, 2021).

Julie Wark es miembro del consejo editorial de la revista Sin Permiso, socióloga, antropóloga y especialista en sudeste asiático: Como autora ha publicado, entre otros Indonesia: Law, Propaganda and Terror (Zed Press, 1983)

Fuente: https://www.counterpunch.org/2021/03/21/west-papua-rape-the-women-to-rape-the-land/

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Dignidad y derechos humanos

Por: Leonardo Díaz

La justificación oficial de un reciente acribillamiento policial de ciudadanos, basado en una “confusión de identidades”.

El respeto a los derechos humanos se fundamenta en un supuesto básico: los seres humanos poseen una dignidad intrínseca por el mero hecho de ser personas.

El reconocimiento de este supuesto no está condicionado por el contexto social o cultural. Este es el motivo por el que prácticas que generan agravio, como la ablación o la violación, son condenables desde el punto ético, aunque dichas prácticas hayan estado arraigadas en tradiciones históricas o culturales.

El reconocimiento de la dignidad intrínseca de los seres humanos tampoco depende de la honorabilidad de los mismos. Si en una sociedad democrática moderna un ciudadano es declarado culpable de infringir una ley, recibe una pena que no implica la degradación de su condición humana, conservando las implicaciones legales y morales de su reconocimiento como persona.

Estos supuestos evidentes, verdades obvias en todo Estado de derecho moderno, no siempre lo son en una sociedad donde algunas veces se piensa que los derechos humanos están condicionados por la honorabilidad social, el estatus jurídico o las prácticas morales de la ciudadanía.

Es la razón por lo que en el imaginario popular dominicano resulta frecuente escuchar afirmaciones donde se estimulan prácticas arraigadas en nuestra historia política como: el maltrato físico, el abuso psicológico y la privación de las libertades civiles si se considera que la persona que sufre los daños “se lo merece” por haber violado la ley o por ser estigmatizado como un paria social.

El problema emerge de nuevo al ser testigos recientes de la incredulidad generada por la justificación oficial de un reciente acribillamiento policial de ciudadanos, basado en una “confusión de identidades”, sin que el supuesto mismo de la justificación haya sido cuestionado: la violación de los derechos humanos queda validada si quienes sufren la misma son sujetos de persecusión penal.

Tampoco se cuestiona muchas veces el “agravante” a una violación de los derechos humanos como supuestamente son: las creencias religiosas de las víctimas, o sus bondades personales. Como si la gravedad del desconocimiento a la dignidad de las personas dependiera de si la víctima es una persona religiosa o antirreligiosa; filántropa o misántropa.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/dignidad-y-derechos-humanos-8931637.html
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Argentina: Justicia para Manuela, la salvadoreña muerta en prisión por un aborto espontáneo

Por: Andrea A. Gálvez 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzga a El Salvador por encarcelar a mujeres que sufren complicaciones en sus embarazos. Desde 1998, más de 180 han sido condenadas por pérdidas naturales y abortos

“Manuela, justicia y esperanza”, clamaba una de las pancartas en el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, en el centro de San Salvador.

Hace 13 años, Manuela, una mujer de pocos recursos, bajo nivel educativo, dos hijos y un embarazo avanzado, empezó a sentir fuertes dolores abdominales que terminaron en un aborto espontáneo. Así comenzó su pesadilla. En el hospital, el personal médico que la atendió la denunció, el primer paso de una condena de 30 años de prisión por homicidio agravado. Dos años después murió, presa, por un cáncer linfático. Una enfermedad que, según la familia, ya daba señales años antes y para la que no tuvo atención médica adecuada durante su encarcelamiento.

Acompañada por organizaciones feministas y movimientos de derechos humanos, la familia de Manuela inició una larga batalla legal para que se reconociera que fue condenada injustamente y que sufrió vulneración de sus derechos. “Tuvo un trato completamente inhumano y denigrante”, afirma Sara García, activista de La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que siguió el caso desde el principio y estuvo involucrada en el proceso de demanda contra el Estado salvadoreño.

En los últimos 20 años, 180 mujeres salvadoreñas han sido condenadas por aborto o por homicidio agravado, incluso en casos en que se produjo la muerte del feto debido a complicaciones durante el embarazo. “La criminalización que se da en El Salvador hacia las mujeres no la hemos visto en ningún lugar de América Latina con la misma contundencia y sistematicidad”, explica Paula Ávila Guillén, experta en derechos reproductivos del Women’s Equality Center, una ONG feminista que apoya a personas y organizaciones que lideran la lucha por la libertad reproductiva en América Latina.

En 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició la investigación por el caso de Manuela. Siete años más tarde, en 2019, la Comisión presentó el caso a la Corte, al considerar que el Estado había vulnerado el derecho a la libertad personal por la “detención ilegal” de la víctima, el derecho a la protección judicial, a la presunción de inocencia, a la vida y la salud.

Para los grupos feministas y de derechos humanos la noticia es muy importante. “Es el primer caso relacionado con un aborto y una emergencia obstétrica que llega a la CIDH y nos renueva la esperanza para detener la criminalización en el país y en la región”, aseguran en la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador.

El Salvador que castiga a las mujeres

El Salvador contaba con un sistema que impedía el aborto, aunque con algunas excepciones. Pero, en 1998 entró en vigor una reforma del Código Penal que lo prohibió por completo. Un año más tarde, además se modificó la Constitución con objeto de reconocer como persona “a todo ser humano desde el momento de la concepción”. Estos cambios han provocado una fuerte criminalización.

“Cualquier mujer que acceda a un aborto o que simplemente tenga una pérdida natural de un embarazo se convierte en una posible criminal”, denuncia Ávila. El aborto inducido está  penado entre dos y ocho años –las condenas para los profesionales de salud varían entre los seis y ocho años–, pero en muchos casos las sentencias judiciales lo consideran como “homicidio agravado” –hasta 50 años de prisión– en abortos espontáneos en etapas avanzadas del embarazo.

“Incluso existen casos en los que las mujeres tienen complicaciones obstétricas en etapas avanzadas, pero al acudir al hospital el bebé nace vivo, y aun así se las condena con hasta 15 años de prisión por tentativa de homicidio”, explica Morena Herrera, una de las principales referentes del movimiento por la despenalización del aborto en El Salvador.

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Herrera cuenta que lo que ocurre es que los médicos, el personal sanitario y los trabajadores sociales son los que denuncian a las mujeres que llegan al hospital con emergencias obstétricas. “Existe mucha presión hacia el personal sanitario para que denuncien, si no lo hacen les pueden acusar por complicidad”.

“Muchas veces, los doctores, en vez de brindar la atención que necesitan, interponen una denuncia como primera reacción. Algunas por el temor de ser demandadas no acuden al centro sanitario, lo que conlleva un mayor riesgo de muerte materna por hemorragias e infecciones”, suma Ávila.

El suicidio de mujeres jóvenes embarazadas es una de las peores consecuencias que tiene la penalización del embarazo en El Salvador. En el año 2009, el suicidio era la segunda causa de muerte en chicas adolescentes, tasa que se fue reduciendo a lo largo de los años. El resultado de la violencia y la criminalización es un elevado número de adolescentes, que cursando embarazos, muchas veces forzados, terminan quitándose la vida por el miedo de ir a prisión.

El Salvador es también uno de los países con más violencia sexual de América Latina y del mundo: se estima que cada 4 horas se produce una violación. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) calculó que en 2017 se registraron 19.190 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años de edad, es decir, 53 niñas o adolescentes embarazadas por día.

Conquistas del movimiento feminista

Primero se conoció el caso de “Las 17”  –17 mujeres encarceladas con penas de hasta 40 –. Las organizaciones feministas del país iniciaron una gran campaña para pedir su liberación y se encontraron que la prisión de mujeres por motivos relacionados con abortos era más habitual de lo que creían. Según cuenta Ávila, que participó en este proceso, muchas presas mantenían en secreto su historia por el estigma que supone, pero a medida que los colectivos feministas estaban más presentes, se animaron a compartir lo que les ocurrió. Gracias a esto, se llegó a documentar más de 180 casos, la mayoría con penas de entre 15 y 30 años de prisión por pérdidas espontáneas del embarazo y por aborto.

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Con el paso de los años, y gracias a la labor de algunas organizaciones, muchas de ellas fueron indultadas o se redujo su condena. “La liberación y la reducción de condenas ha sido uno de los grandes logros, que se ha conseguido encarando un sistema opresor donde la Fiscalía, la policía, el hospital están en contra de las mujeres”, afirma Ávila.

Pero aún quedan 18 mujeres que siguen en prisión con penas de entre 30 y 35 años y la criminalización continúa, según la activista: “Sólo el año pasado nuestra organización acompañó el caso de 10 mujeres condenadas a cárcel por sucesos relacionados con aborto y que enfrentaron procesos judiciales injustos”, comenta Sara García, activista de La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto del país.

La promesa

En la cárcel cualquier ocasión era buena para reunirse y soñar con la libertad detrás de los barrotes. Teodora Vásquez, que tuvo que dejar a un niño de 3 años y asumir la pérdida de su bebé por un aborto espontáneo y entrar presa por este suceso, conoció en prisión a varias mujeres con realidades parecidas a la suya. Con decenas de años por delante, la promesa para el día de después de quedar libre era la misma: liberar a las demás compañeras. “Entablamos una relación bien fuerte con otras presas e hicimos un pacto que consistía en excarcelar a todas las mujeres”, cuenta Vásquez.

En el 2015, cuando fue indultada, empezó a participar en los movimientos feministas y en las campañas de liberación de otras presas. Según cuenta Teodora, en el Salvador se castiga la pobreza y la falta de educación. “La justicia sólo castiga a las que no tenemos recursos. Hay un estigma muy fuerte de las mujeres pobres, quebrantan con facilidad nuestros derechos”, comenta.

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Morena Herrera afirma que no ha habido ningún caso de mujeres de clase media y alta que hayan sido acusadas o condenadas por una emergencia obstétrica. “El perfil que hemos encontrado es muy específico, las mujeres que están en prisión son jóvenes, con bajo nivel educativo, pobres y con abortos espontáneos en etapas avanzadas del embarazo”, explica Herrera.

De la cárcel, las mujeres pobres salen con peores expectativas económicas, recrudeciéndose el ciclo de la violencia y discriminación. En palabras de Vásquez: “Una entra pobre a la cárcel porque no tiene recursos para defenderse y sale sin nada, con los lazos familiares truncados, con muchas incertidumbres, no se sabe cómo le va a ir a una”. Aún así, ella encontró abrigo en otras compañeras, buscó la forma de salir adelante y encontrar fuerzas en conquistas como la demanda contra el estado salvadoreño por el caso de Manuela.

“Estamos en un momento emblemático porque El Salvador tendrá que responder por todos los daños ocasionados en el caso de Manuela y brindar justicia a todas las mujeres que hemos sufrido situaciones similares”, concluye Teodora Vásquez, que pasó 10 años en la cárcel injustamente.

Esta también es la expectativa de las agrupaciones feministas: “Nosotras esperamos que la sentencia del CIDH genere medidas de reparación integral para su familia, que se impulsen medidas de no repetición como la transformación de las leyes que actualmente están generando discriminación, además de garantizar el secreto profesional, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para que casos como el de Manuela y otras mujeres no vuelvan a suceder”.

La última palabra la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien se espera que en el segundo trimestre dicte el fallo, después de las audiencias públicas del pasado 10 y 11 de marzo. Una esperanza de justicia que sobrepasa el caso de Manuela y que sirve de aliento para las mujeres que aún continúan presas y para otras que aún sufren criminalización en El Salvador y en la región.

Fuente e imagen: https://ctxt.es/es/20210401/Politica/35598/aborto-El-Salvador-carcel-Manuela-despenalizacion-Corte-Interamericana-de-Derechos-Humanos–Andrea-A-Galvez.htm

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Colombia: Corte protege derecho a educación de grupo de niños que exponen su vida para ir al colegio

Niñas, niños y adolescentes de la vereda Zúñiga, municipio de Coromoro (Santander), deben desplazarse por una vía peligrosa para asistir al colegio en la vereda de Pueblo Viejo.

La Corte Constitucional protegió los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la vereda Zúñiga, municipio de Coromoro (Santander), quienes deben desplazarse por una vía peligrosa para asistir al colegio en la vereda de Pueblo Viejo.

La Corte Constitucional recuerda en una reciente decisión en la que se protege el derecho a la educación, que el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Zúñiga instauró una tutela contra la Alcaldía de Coromoro y la Gobernación de Santander, debido a la negativa de dichas autoridades de reconstruir el puente “El Derrumbe”, que comunica a las dos veredas y que colapsó en el 2016, producto de las fuertes lluvias.

“Debido a esta situación, los menores de edad se han visto forzados a transitar hacia la vereda Pueblo Viejo por el terreno circundante al lugar en donde se encontraba el puente, arriesgando sus vidas e integridad personal, debido a que en esa zona es recurrente el desprendimiento y caída de rocas”, señala la Corte en una comunicación.

Fuente: https://www.semana.com/nacion/articulo/corte-protege-derecho-a-educacion-de-grupo-de-ninos-que-exponen-su-vida-para-ir-al-colegio/202155/

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Argentina: Día de la Visibilidad Trans: los CAJ asesoraron a 40 travestis-trans para acceder a documentación y regularizar su situación migratoria

Las consultas registradas giraron en torno a la falta de documentación, situación migratoria, acceso a derechos fundamentales y denuncias por violencia institucional.

El 31 de marzo es la fecha adoptada en todo el mundo para reivindicar la dignidad y los derechos de las personas trans y travestis y reflexionar sobre sus condiciones de vida.

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, los Centros de Acceso a la Justicia realizaron este martes 30 un operativo focalizado en esa población junto a la Dirección Nacional de Equidad Étnico Racial Migrantes y Refugiados, Anses, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y la Asociación Civil La Rosa Naranja, en la sede del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en Alsina 1223.

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“Desde los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) estamos brindando atención legal primaria con un abordaje interdisciplinario. Hacemos un seguimiento de las diferentes situaciones que nos presentan las personas y hasta que no se resuelven, los trabajadores/as del CAJ no dejan el caso”, puntualizó Fernando Torres, coordinador regional de los CAJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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En este sentido, Carlos Álvarez Nazareno, director nacional de Equidad Étnico Racial Migrantes y Refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sostuvo que muchas consultas que se recibieron fueron por falta de documentación, por situación migratoria, acceso a derechos fundamentales y denuncias por violencia institucional.

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“Hay una concatenación de situaciones de vulneración que lleva a que las compañeras travestis-trans, particularmente de esta zona —Balvanera, Constitución, Congreso—, no logren tener todos sus derechos garantizados. Creemos que estos operativos ayudan a identificar la vulneración del derecho, a identificar la falta de tal o cual tramite y poder resolverlo, si no es el momento, a corto plazo”, explicó Carlos Álvarez Nazareno.

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La jornada contó con la participación de la fundadora de la Asociación Civil “La Rosa Naranja”, Marcela Tobaldi, quién contó la difícil situación en la que se encuentran las personas travestis, trans, transgéneros en nuestro país.

«Para salir de la calle una persona travesti trans necesita el derecho a tener una identidad de género que esté acompañada con un DNI. Si tenés una causa judicial no accedés al DNI y por ende a la política pública. Nosotras necesitamos recursos económicos que el Estado provee para poder, por ejemplo, acceder a la educación. Es un derecho fundamental para que las mentes de las personas travestis trans puedan abrirse y entender que la calle no es un lugar para vivir, ni mucho menos para generar recursos», enfatizó Tobaldi.

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En este contexto de pandemia, los Centros de Acceso a la Justicia junto a la Secretaría de Derechos Humanos diseñaron diferentes estrategias para poder llevar este tipo de operativos a barrios donde residen particularmente las poblaciones migrantes y travesti-trans, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires sino también de todo el país.

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“Esta pandemia profundizó las necesidades que tenemos, en especial acceso a la salud, el empleo y poder tener una vida con mejores oportunidades, como lo puede tener cualquier otra identidad de otro género. Es terrible la extrema necesidad, más aún siendo migrante porque hay una persecución constante de la policía”, remarcó Madeleine Valverdi, de la organización civil La Rosa Naranja y referente trans travesti migrante.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/dia-de-la-visibilidad-trans-los-caj-asesoraron-40-travestis-trans-para-acceder

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Japón ya no permitirá a los profesores inspeccionar si sus estudiantes usan ropa interior blanca

Los docentes de las escuelas públicas ya no podrán comprobar el color de la ropa interior de los alumnos.

Los maestros de las escuelas públicas ya no podrán verificar el color de la ropa interior de sus estudiantes después de que las autoridades japonesas prohibieron la controvertida práctica.

La prefectura de Saga, en la isla de Kyushu, en el suroeste de Japón, anunció el cambio después de que las autoridades descubrieron que 14 de sus escuelas requerían que las estudiantes usaran ropa interior blanca.

Anteriormente, los maestros tiraban de los tirantes del sujetador de las alumnas y veían a adolescentes desvestirse en el vestuario para asegurarse de que estaban cumpliendo con las reglas del uniforme.

Las reglas de la ropa interior serán abolidas cuando comience el año escolar japonés en la segunda semana de abril, informó NewsOnJapan.

Un estudio realizado en la cercana ciudad de Fukuoka el año pasado encontró que más del 80 por ciento de sus escuelas tenían reglas sobre el color de la ropa interior de los estudiantes. El informe indicó que se obligó a algunos estudiantes a quitarse la ropa interior en la escuela si eran del color incorrecto.

Citando las estrictas medidas disciplinarias que a las que las estudiantes podrían enfrentarse si infringían las reglas, los autores del informe dijeron que su trato era una «violación de los derechos humanos».

Las pautas estrictas para los escolares japoneses se establecen en una lista conocida como las «reglas negras» y también incluyen la longitud de los dobladillos de las faldas de las niñas y el uso de productos para el cabello.

Otras ofensas punibles incluyeron ir de compras en el camino a casa desde la escuela, dejar libros de texto en clase y sentarse para una lección antes de que suene la campana.

Otro informe realizado en la prefectura de Shizuoka al oeste de Tokio encontró que los estudiantes tenían miedo de hablar en contra de las reglas bajo la amenaza de que sus calificaciones se verían afectadas.

Fuente: https://www.abc.es/recreo/abci-japon-no-permitira-profesores-inspeccionar-si-estudiantes-usan-ropa-interior-blanca-202103311106_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

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‘No tienen a nadie’. Un icono transgénero de 88 años combate la soledad de los mayores. México

Samantha Flores, creadora de un centro comunitario en Ciudad de México para personas LGBTQ de la tercera edad que cerró durante la pandemia, espera reabrirlo.

 La pintura rosa de su escalera está descascarada, la barandilla de metal negro desconchada, pero Samantha Flores está tan perspicaz como siempre entre una profusión de plantas trepadoras y una explosión de flores rojas.

A sus 88 años, el icono transgénero mexicano sigue siendo elegante, divertida y a veces coqueta, sentada en una pequeña mesa redonda en el rellano fuera de su diminuto apartamento en Ciudad de México, donde ha recibido a quienes tocan su puerta, a una distancia segura, durante toda la pandemia.

Después de casi nueve décadas como socialité, gerente de un bar gay, defensora de los derechos LGTBQ y muchas otras cosas en el medio, Flores tiene una gran comunidad de viejos amigos y vecinos que llaman a la puerta.

“Sin mis amigos yo no sería quien soy”, dijo.

Pero, como bien sabe Flores, muchas personas mayores no tienen tanta suerte. Así que hay una parte de su comunidad que desea muchísimo recuperar: el centro de acogida que fundó y dirige para ayudar a los adultos mayores LGTBQ a combatir su aislamiento. Fue la primera organización de este tipo en México.

En marzo del año pasado, el centro cerró cuando el coronavirus comenzó a recorrer el país. El gobierno mexicano ha prometido vacunar a todos los ancianos para finales de este mes, pero en algunos barrios de Ciudad de México, la vacunación acaba de empezar.

Así que Flores sigue esperando.

“Mi deseo más grande del mundo es volver a abrir la casa”, dijo.

Fundado hace tres años, Vida Alegre, como se llama el centro, ofrecía meditación, terapia de duelo, comidas, un club de cine y formación tecnológica. Pero sobre todo, dijo Flores, daba a los ancianos solitarios un sentido de comunidad.

“El adulto mayor, en general, sufre de dos cosas. De soledad y de abandono”, dijo. “Es un estorbo para la familia”.

Para las personas mayores lesbianas, gays, bisexuales y trans que crecieron en otra época y que tal vez fueron rechazadas por sus familiares, el aislamiento puede ser aún peor.

“No tiene a nadie, absolutamente a nadie”, dijo Flores.

 

ImageFlores afuera del centro comunitario para personas LGTBQ de la tercera edad que fundó hace tres años, el primero de su tipo en México.
Credit…Marian Carrasquero para The New York Times

En el último año, Flores se ha convertido en una especie de celebridad. En junio del año pasado, la revista Vogue México publicó un perfil sobre ella y más tarde apareció en una campaña de la firma de moda Gucci.

Pero para Flores, el glamour y la atención son solo nuevas plataformas para hablar de lo que más le importa: Vida Alegre, y la discriminación a la que todavía se enfrentan las mujeres trans mexicanas y que a menudo causa que su único medio de vida sea el trabajo sexual.

“La sociedad en general, tiene la culpa de que las chicas trans trabajen en la calle”, dijo. “No les dan otra oportunidad”.

Cuando se une a las actitudes machistas y a la violencia generalizada de las pandillas, la discriminación también puede ser mortal para las mujeres trans en México, que suele figurar entre los países más peligrosos del mundo para las personas trans. Pocos tienen la suerte de vivir tanto tiempo como Flores.

 

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Flores se mudó a la Ciudad de México, donde comenzó a sumergirse en la naciente escena gay de la capital de las décadas de los años 50 y 60.
Credit…Marian Carrasquero para The New York Times

Pero la suerte, al parecer, ha estado a menudo del lado de Flores.

Nacida en la ciudad de Orizaba, en el estado de Veracruz, en 1932, Flores creció en una casa con un terreno lleno de naranjos, guayabos, limoneros y aguacateros, y describe su infancia como idílica. Su familia aceptaba tácitamente ya entonces lo que ella llama su naturaleza afeminada, dijo.

“No podía pasar desapercibida”, recuerda Flores.

Pero a sus espaldas, siempre había murmullos de vecinos y compañeros de escuela, dijo Flores, y después de graduarse de la secundaria, no podía esperar a salir de Orizaba.

“Lo que quería era salir del pinche pueblo y de la pinche gente”, dijo. “Me di cuenta de que era yo criticada y ahora ya señalada por maricón”.

Flores se trasladó a Ciudad de México, donde comenzó a sumergirse en la incipiente escena gay de la capital en los años 50 y 60.

“Para mí fue la libertad”, dijo.

Una noche de 1964, Flores fue invitada a una fiesta de disfraces y, junto con algunos amigos, decidió ir en drag. Eligió el nombre de Samantha para su personaje por el de Grace Kelly en la película Alta Sociedad, que tenía música de Cole Porter, su cantante favorito.

“A mí me gustó Samanta por lo doble”, dijo Flores. “Bing Crosby le decía Sam, y es como de Samuel”.

La anfitriona de la fiesta era una amiga de Flores, Xóchitl, entonces una de las mujeres trans más famosas de México, quien, según Flores, tenía conexiones con los ricos y poderosos que le permitían la libertad de celebrar fiestas extravagantes para la comunidad LGTBQ.

“Ella fue la que abrió las puertas a la mujer trans”, recuerda Flores. Poco a Poco, Flores apareció en público como Samantha hasta que, eventualmente, fue Samantha.

“Me identifiqué totalmente y encontré mi verdadera personalidad”, dijo.

Pronto, Samantha Flores se convirtió en una presencia fija de la vida nocturna de Ciudad de México.

 

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A sus 88 años, el icono transgénero mexicano sigue siendo elegante, divertida y a veces coqueta.
Credit…Marian Carrasquero para The New York Times

Por aquel entonces, cuenta Rodríguez, formar parte de la comunidad LGTBQ en México era aún más peligroso; la policía detenía regularmente a las mujeres trans en la calle o hacía redadas en bares gay y confiscaba sus pertenencias.

“Existía mucha persecución”, dijo. “A veces, si eran policías malos, te llevaban a lugares y te violaban sexualmente o te golpeaban”

Pero Flores dijo que se las arregló para evitar los problemas. Ya sea porque podía pasar fácilmente por mujer o por su amistad con la bien relacionada Xóchitl, nunca la molestó la policía.

Aun así, Flores dijo que se sentía incómoda como mujer trans en México, y decidió mudarse a Los Ángeles. Durante varios años, en la década de los 70 y principios de los 80, vivió entre México y Los Ángeles, donde trabajó administrando un bar gay, entre otras cosas.

Cuando regresó a México a tiempo completo a mediados de los 80, la crisis del sida estaba en pleno apogeo.

“Mis mejores amigos, mis amigos más amados, murieron de VIH”, recuerda Flores. “Perdí la cuenta. Si te digo 300, no te exagero”.

Ver la crisis a la que se enfrentaba su comunidad la inspiró a convertirse en activista.

“Me volví luchadora”, dijo.

Al principio, Flores fue voluntaria en una organización benéfica contra el sida, y más tarde empezó a reunir dinero para niños con VIH y mujeres víctimas de la violencia en el norte de México, recaudando fondos en representaciones teatrales, como Los monólogos de la vagina, que se representó en México durante años.

Luego, hace unos años, un amigo suyo le sugirió que creara un refugio para adultos mayores LGTBQ.

“Ahí se me prendió”, dijo Flores.

Le tomó años recorrer la burocracia mexicana y hallar el lugar adecuado, pero finalmente consiguió alquilar un edificio de una sola habitación en una calle muy transitada del barrio de Álamos. Ahora Vida Alegre se encuentra allí, con el edificio pintado de azul brillante y una bandera arcoíris en la fachada.

La comunidad ha crecido hasta contar con unas 40 personas, de las que aproximadamente la mitad son heterosexuales y van allí solo por la compañía.

“Es la empatía y la convivencia”, lo que atrae a la gente, dijo Flores. “El abandono y la soledad se han escapado”.

Además de reabrir Vida Alegre, Flores tiene otro deseo.

“Estoy esperando al príncipe azul en caballo blanco con armadura de plata y que me venga a dar serenata”, dijo Flores. “Tengo 35 años viviendo aquí, con las ventanas abiertas, esperándolo. No ha llegado aún”.

Fuente: https://www.nytimes.com/es/2021/04/02/espanol/Samantha-Flores-icono-trans.html

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