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Éxodo forzado

Ilka Oliva Corado.

Mayo 06 de 2016.

¿Por qué migran niñas, adolescentes y mujeres? ¿Cuál es la razón de dejar el país de origen y lanzarse a la desventura de una travesía indocumentada con la seguridad que serán transgredidas y si bien les va podrán sobrevivir y tratar de lidiar con el averno de la post frontera; eso si llegan a su destino, sino serán un número más de las estadísticas de desparecidas y fallecidas en el tránsito migratorio en tierra de nadie. Sin ninguna autoridad que las busque y que las dignifique llamándolas por su nombre y reconociéndolas en su identidad.

Una tragedia el solo imaginarla pero es una realidad y Guatemala está forzando a miles de niñas, adolescentes y mujeres a buscar salvar sus vidas en otro país, Estados Unidos parece ser la mano más próxima en prestar ayuda, pero es solo una fantasía en la desesperación. Bien es sabido que su política migratoria irrespeta los derechos humanos y laborales de las personas indocumentadas. El abuso por parte de coyotes, autoridades mexicanas y de la Patrulla Fronteriza hacen de la travesía el peor de los infiernos para cualquier ser humano y, la saña con la que transgreden a las niñas, adolescentes y mujeres es atroz. ¿Por qué sigue siendo invisibilizada y solapara la migración forzada y estos abusos? ¿En qué se benefician los gobiernos involucrados?

Buscan salvar sus vidas, huyen de un sistema patriarcal que las violenta y las excluye. Huyen de la miseria, de la pobreza, de la hambruna. De la violencia de género, de la violencia intrafamiliar, de los feminicidios. Huyen de las limpiezas sociales. Huyen de la decadencia de un sistema que las victimiza. De una sociedad ajena a la atrocidad por su indiferencia. Huyen del clasismo, del racismo, del abandono y del olvido.

Huyen porque han perdido hasta la última esperanza que perecer en la travesía es lo de menos. Madres solteras, niñas y adolescentes a las que las bandas delictivas han abusado y han puesto precio a sus cabezas. Abusadas también en el propio seno familiar, por sus padres o familiares cercanos. Por sus cónyuges. La migración es forzada, nadie va a arriesgar su vida así por así y a aventurarse en una travesía por ambición.

Ese esfuerzo, esa psicosis, ese dolor y esa angustia. Esa desolación y esa añoranza regresan al país de origen convertidos en remesas. La ilusión de un hogar, un plato de comida para los suyos sobre la mesa, calzado y estudio para los hijos que se quedaron. Para los padres que se quedaron. Para los hermanos y los abuelos.

¿Cuándo cambiará esta situación? ¿Cuándo el estado guatemalteco dejará de exportar niñas, adolescentes y mujeres para las redes de tráfico para fines de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos que pupulan en la travesía indocumentada entre México y Estados Unidos? ¿Cuándo la sociedad guatemalteca dejará de ser indiferente ante los más golpeados del sistema? ¿Cuándo será un país de política integral que le apuesto al desarrollo, a la justicia social y a la equidad de género?

Mientras tanto, serán miles las que seguirán migrando en esas peregrinaciones buscando en otro suelo lo que no les ofreció el propio.

Fuente del artículo: https://cronicasdeunainquilina.com/2016/05/06/exodo-forzado/

Fuente de la imagen: https://i.ytimg.com/vi/T3fFeiQCa-s/maxresdefault.jpg

 

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Australia: Teachers say close manus and Nauru, Welcome, Refugees

Fuente: www.megaphone.org.au  / 5 de mayo de 2016

TO: PRIME MINISTER MALCOLM TURNBULL AND MINISTER FOR IMMIGRATION AND BORDER PROTECTION PETER DUTTON

We call on Prime Minister Malcolm Turnbull and Minister for Immigration and Border Protection Peter Dutton to immediately:
– Close Manus Island and Nauru detention centres, and
– Bring all refugees and asylum seekers on Manus and Nauru to Australia for processing and resettlement.

Why is this important?

We, the undersigned teachers stand in solidarity with the family camp asylum seekers and refugees on Nauru who have been holding daily protests against their ongoing detention and offshore processing since the 20th of March.
There is no prospect of safety for refugees on Nauru. The mental health crises, sexual abuse, assaults in the community, discrimination and violence at school and permanent insecurity is intolerable and unnecessary for child and adult refugees.
Now it is clear that the detention of refugees on Manus Island is illegal. Amnesty International described Australia’s detention camp there as “tantamount to torture”, after visiting the centre in November 2013. All asylum seekers and refugees on Manus can and must be immediately brought to Australia.
The discrimination of the offshore camps is stark; while some asylum seekers have spent 1000 days in detention on Nauru without a refugee determination, others who shared the same boat journey to Australia have been living in the community in Australia for nearly three years. The cost of running the offshore prisons alone could pay for half of the $4.5 billion the Turnbull government won’t spend on the last two years of Gonski.
As teachers we uphold the rights of all children to live in a safe environment, to have access to educational opportunities and not be subject to discrimination. As teachers, we embrace the opportunity to work with refugee students and colleagues, and we know that when given a proper welcome, refugees enrich school communities. We address justice and human rights in our classrooms, and we teach our students to stand up to bullying, abuse and lies.

Link original: https://www.megaphone.org.au/petitions/teachers-say-close-manus-and-nauru-welcome-refugees?bucket&source=facebook-share-button&time=1462065364

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Un domingo de poder púrpura

Mexico/04 mayo 2016/Blanca Heredia/Educacion Futura

El domingo antepasado tuvo lugar una marcha multitudinaria contra las violencias machistas en la capital del país. Una manifestación inédita en la que salieron a las calles miles de mujeres y de hombres dispuestos a hablar en voz alta de todas esas violencias cotidianas que lastiman a las mujeres y que suelen permanecer en silencio o mencionarse sólo en susurros compungidos.

Me llenó de ánimo, de energía y de esperanza convivir con tantas mujeres reunidas, uniendo sus voces, su creatividad y su fuerza en contra de la violencia de tantos tipos de la que somos objeto las mujeres en México. Violencia que mata, violencia que deja lastimaduras profundas, violencia pertinaz que no cesa.

Sucesión interminable de muertas y desaparecidas cuyos perpetradores permanecen impunes y en la sombra. Violencia inacabable en los discursos de todos los días, en las frases hechas, en los miles de gestos rutinarios que nos socavan y nos achican, en la multitud de sillas vacías de mujeres en las mesas del poder, y en las prácticas grandes y chiquitas que discriminan de una y mil formas a las mujeres mexicanas todos los días.

Contra la frase hecha de que “las peores enemigas de las mujeres son las propias mujeres”, muchas mujeres salimos a la calle aquel domingo en la Ciudad de México y muchas otras ciudades del país y, juntas, marchamos, cantamos e hicimos patente nuestra decisión de dejar de callar. Participaron también en esas marchas muchos hombres de edades variadas, quienes con su presencia manifestaron elocuentemente que la seguridad de las mujeres no es sólo cosa de mujeres.

Con poquísimas excepciones, la marcha de #nosqueremosvivas en el DF fue una algarabía de morados y púrpuras llena de exigencias fuertes, de indignación, pero también de risas, de propuestas, de creatividad y de luz. Me impresionó lo bien organizado que estaba todo. Me impresionó también la amplísima diversidad de edades, colores y sabores de las mujeres que participaron en la marcha, así como la originalidad y agudeza de muchos de los carteles y las consignas que le dieron voz y colorido.

Con todo, lo que más me impresionó fue la ausencia casi total de ánimos, humores o disposiciones victimistas. El registro básico y el punto de partida eran muy otros. No se trataba de portar o habitar la condición de víctimas y, desde ahí, culpar, gemir, tirarnos al piso, despotricar, movilizar la furia o darnos un cheque en blanco para convertirnos en victimarias. No se trataba ni se trató, en suma, de hablar o actuar desde la debilidad de la víctima, desde la ausencia de poder típica de la víctima, desde esa impotencia que suele –con excesiva frecuencia– transmutarse en permiso para tomar venganza y en “derecho” para volver víctimas de nuestra rabia “justiciera” a otros.

Haber roto esa lógica tan estrecha, tan violenta y tan poco posibilitadora me parece la mayor virtud y el logro más importante de la manifestación en contra de la violencia machista que tuvo lugar el domingo 24 de mayo, así como de las diversas iniciativas que la acompañaron. Entre estas últimas cabe destacar muy particularmente la campaña en redes sociales invitando a las mujeres a narrar y compartir sus primeras experiencias de acoso.

Apenas puede exagerarse la importancia de que las mujeres empiecen a hacer públicas sus experiencias como objeto de violencia. Por ahí hay que empezar: nombrando, hablando, desterrando la oscuridad de esas cavernas infames en las que la mujer violentada no se atreve siquiera a hablar del tema, pues vive en un mundo en el que esa violencia es parte del “orden natural de las cosas”.

Al respecto, me resultó especialmente poderoso y conmovedor el siguiente fragmento del texto que publicó en el periódico El Universal Estefanía Vela relatando su primera experiencia de acoso.

[Los efectos de aquel acoso repetido desde niña por parte de ese psiquiatra infantil] Permearon mi vida –mi cuerpo, mis relaciones, mis sueños, mis actos– por años. Porque –y esto es lo que me tomó tiempo entender: el problema no es solo el acto violento en sí, sino la reacción del mundo frente a él. O, más bien: cómo nadie reacciona. Cómo nadie hace nada. Cómo nadie lo reconoce. Cómo todo está diseñado para que te quedes sola.

#nosqueremosvivas le abrió un boquete al cerco del silencio.

#nosqueremosvivas fue el comienzo de un abrazo desde la fuerza para que ninguna mujer en México tenga que quedarse sola y callada frente a la violencia.

Fuente:

http://www.educacionfutura.org/un-domingo-de-poder-purp

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Primera Infancia y Unicef Argentina desarrollan Proyectos de Protección de Derechos en Salta

Argentina/01 de Mayo de 2016/Informate Salta

A través de cursos y talleres de capacitación a operadores y personal cercano a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, se procura fortalecer la articulación entre diversas áreas de Gobierno.

Funcionarios del Ministerio de la Primera Infancia junto a Unicef Argentina mantuvieron reuniones con representantes de Educación y Salud, para definir un cronograma de acciones en favor de la niñez con discapacidad.

La jornada se inició con la reunión mantenida entre el Secretario de Niñez y Familia, Rodrigo Fernández, del Área de Protección de Derechos Unicef, María Lucia Argüello, la Secretaria de Discapacidad y Políticas Inclusivas, Fabiana Ávila, IPNA Fundación de Entidad que promueve Derechos de niños, niñas y adolescentes de Buenos Aires, Eduardo Del Aguila y la Coordinadora de Educación Especial Miriam Kram.

En la oportunidad se presentaron los lineamientos de acción y definieron el cronograma de trabajo con el objetivo de fortalecer la articulación con las distintas áreas para la detección y estimulación temprana de niños y niñas con discapacidad, como también la realización de trabajos conjuntos de Capacitación con CONADIS, dirigido a operadores y agentes sanitarios.

Se acordó la creación de un banco de datos y la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas, destinada a operadores, agentes sanitarios, dispositivos que albergan a la discapacidad y a los establecimientos educativos para la inserción de discapacitados en la escuela común. Al respecto, Rodrigo Fernández destacó la importancia de trabajar juntos por una mirada social y humana de la discapacidad.

Continuando con la ronda de reuniones, se acordó presentar líneas de acción y definir cronograma de cursos y talleres de capacitación a operadores y personal cercano a los niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de favorecer su desinstitucionalización. Participaron de este encuentro, Virginia Tedeschi, miembro de la Asociación Civil DONCEL y Guillermo Guzmán, Jefe de los Centros de Inclusión Transitoria de la Secretaría de Niñez y Familia.

Para finalizar se presentó el curso Llaves para la Autonomía, acompañamiento de adolescentes desde el sistema de protección hacia la vida adulta, dirigido a los jóvenes. A través del curso se transferirán conocimientos y herramientas adaptadas al contexto local y la participación de los adolescentes, para detectar las necesidades y preocupaciones al enfrentar el mundo adulto fuera de la institución.

Fuente: http://informatesalta.com.ar/noticia/99614/primera-infancia-y-unicef-argentina-desarrollan-proyectos-de-proteccion-de-derec

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Los Ángeles: Les niegan la educación a niños inmigrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras en EE.UU.

Estados Unidos/ 02 de Mayo de 2016/ Hoy

Candelario Jimón Alonzo llegó a Estados Unidos con el sueño de lograr más en la vida de lo que podría ser por los caminos llenos de baches en las tierras altas de su nativa Guatemala. Esta era su oportunidad: Podría terminar la secundaria en Estados Unidos y algún día convertirse en maestro.

Sin embargo, el chico de 16 años se la pasa solo casi todos los días en una casa deteriorada en Memphis, donde vive con su tío; sale ocasionalmente a jugar fútbol y a aprender lo que pueda de inglés con sus amigos.

Las autoridades educativas locales han impedido a Jimón asistir a la escuela desde que intentó inscribirse en enero.

Según abogados, se ha impedido a Jimón y a por lo menos otros 12 jóvenes inmigrantes que huyeron de la violencia en América Central estudiar en secundarias públicas en Memphis porque las autoridades afirman que esos adolescentes carecen de un documento oficial que avale su escolaridad o porque eran demasiado mayores como para graduarse a tiempo.

En lugar de inscribir a Jimón y a los otros menores en alguna escuela secundaria, un distrito escolar falto de efectivo los derivó a una escuela para adultos en el este de Memphis que ofrecía clases de inglés algunas horas a la semana.

Pero antes de que Jimón pudiera siquiera registrarse, el estado clausuró los programas de Desarrollo Educativo General (GED por sus siglas en inglés) y de inglés porque pocos estudiantes se graduaban, lo que en la práctica anuló las posibilidades del chico de acceder a una educación formal.

«La verdad es que yo quería estudiar matemáticas e inglés cuando llegara aquí», dijo Jimón, quien creció hablando español y la lengua indígena quiché. El adolescente, delgado y de voz suave, está en proceso se solicitar un permiso de permanencia permanente.

La portavoz escolar del condado Shelby, Natalia Powers, dijo que su amplio distrito tenía una política que ofrecía a los estudiantes de 16 años o más la opción de inscribirse en un programa GED, pero cuando éste fue cancelado los alumnos tenían disponible en un programa «similar» de una organización local sin fines de lucro.

Sin embargo, los abogados y defensores señalaron que se había negado a los menores la opción de asistir a una secundaria convencional y la organización sin ánimo de lucro de Memphis no enseñaba inglés.

Las escuelas en Estados Unidos continúan como unas de las pocas instituciones gubernamentales en las que se garantizan los servicios a los jóvenes inmigrantes, pero el gobierno federal ha otorgado pocos recursos o poca supervisión para vigilar que eso suceda, en parte porque esas escuelas se gestionan de manera local.

Desde el otoño de 2013, el gobierno federal ha colocado casi 104.000 menores que llegaron solos con tutores adultos en diversas comunidades en todo el país, donde se espera que asistan a la escuela mientras buscan que un tribunal de inmigración les otorgue un permiso de residencia.

Meses después, durante la dramática oleada de cruces irregulares en la frontera, los departamentos de Educación y Justicia emitieron recomendaciones conjuntas en las que se recordaba a los distritos escolares un fallo de 1982 de la Corte Suprema según el cual los estados no pueden negar a los niños la educación pública gratuita, al margen de su situación migratoria.

Los distritos en los que se detecte que han infringido la ley pueden verse obligados a modificar sus políticas de inscripción, pero el proceso no es sencillo. Para empezar, pocos niños migrantes comprenden sus derechos.

Los estudiantes y quienes los defienden pueden demandar a los distritos escolares o quejarse ante los departamentos de Educación o Justicia, pero las investigaciones acumulan tantos retrasos que pueden tardar años y suelen resultar en sanciones civiles, dijo Lisa Carmona, abogada de la organización sin ánimo de lucro Southern Poverty Law Center.

«Algunos estudiantes que vienen de otros países podrían estar muy retrasados, pero eso no permite al distrito escolar decir que nunca tendrán éxi6to, así que los ponen en su entorno menos exigente, para siempre», afirmó John Affeldt, abogado gerente de la organización pro derechos civiles sin ánimo de lucro Public Advocates, con sede en San Francisco.

Muchos distritos escolares se han esforzado para encontrar los recursos y el personal para satisfacer las necesidades educativas de esos estudiantes, que a menudo portan traumas emocionales, tienen huecos de instrucción y son mayores que otros alumnos que estudian en inglés.

Para determinar dónde ése no era el caso, AP analizó estadísticas federales para identificar zonas donde el número de niños inmigrantes era relativamente grande en comparación con el número de inscripciones en las escuelas públicas y en comparación con el número de alumnos que estudian formalmente inglés.

En Alabama, California, Florida, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Jersey, Nueva York, North Carolina, Ohio, Tennessee, Texas y South Carolina, trabajadores sociales y abogados dijeron a la AP que se había impedido a los inmigrantes en edad escolar inscribirse, se les había mantenido fuera de las aulas durante meses por elaborados requisitos burocráticos o se los había derivado a reformatorios y programas educativos para adultos.

Se desconoce la cifra total sobre asistencia de menores centroamericanos en las escuelas porque el gobierno no facilita estadísticas sobre condados que han recibido menos de 50 de ellos, lo que implica que no hay información disponible sobre unos 25.000 niños inmigrantes.

Portavoces de los departamentos de Educación y Justicia declinaron hacer comentarios sobre el alcance del problema, pero señalaron que las agencias se mantienen atentas para proteger los derechos civiles de los menores migrantes no acompañados.

Algunos distritos han adoptado medidas extraordinarias para acomodar a los alumnos, que a menudo llegan para encontrarse con sus parientes y a veces han abandonado su país para escapar de pandillas delictivas o la extrema pobreza.

Un distrito en una zona rural de Kansas modificó la ruta de un autobús escolar para garantizar que un grupo de adolescentes que llegaron solos al país asistiera a clases.

Una secundaria en San Francisco reescribió novelas dirigidas a adultos jóvenes para adaptarlas a un lenguaje de nivel básico y despertar el interés por la lectura de los recién llegados.

En marzo de 2015, las autoridades federales extendieron subvenciones por 14 millones de dólares a distritos escolares donde el gobierno había acomodado más de 50 menores que llegaron solos al país.

Sin embargo, esa cantidad equivale a menos de 175 dólares por menor inmigrante al que se radicó en esos condados desde octubre de 2013 y muchos distritos afirman que tienen que cubrir una enorme parte del costo.

En Miami-Dade, Florida, el cuarto distrito escolar más grande del país, las autoridades estiman que educar a cada estudiante nacido en el extranjero cuesta unos 2,700 dólares más cada año.

«Básicamente hemos tenido que ayudarnos entre nosotros porque no hemos recibido gran cosa en lo que a ayuda se refiere de los estados o los federales», dijo Gabriela Uro, directora del Consejo de Escuelas de Gran Ciudad, que representa a grandes distritos urbanos como el de Miami.

Los nuevos alumnos pueden tener un impacto especialmente grande en distritos más pequeños, como el condado de Nobles, en Minnesota, unas 250 millas al suroeste de Minneapolis. El distrito tiene 3.000 alumnos, y desde el otoño de 2013, el gobierno ha introducido al menos a 121 menores no acompañados en el sistema, lo que supone en torno al 3% del alumnado público actual, según datos federales.

El distrito contrató a dos nuevos maestros de inglés y personal de apoyo educativo especial en el último año para cubrir la demanda.

Todos los niños deben asistir a la escuela hasta al menos octavo grado o hasta que cumplan 16 años, de acuerdo con las leyes de enseñanza obligatoria en los 50 estados. En muchos estados, los estudiantes pueden inscribirse aunque sean mayores de 16.

Para los estudiantes que aprenden inglés, el lineamiento señala que los distritos escolares deben proveer en un periodo razonable servicios adecuados de asistencia lingüística para que los estudiantes puedan participar en igualdad de condiciones en el programa ordinario de enseñanza.

Desde enero de 2015, 22 distritos de Nueva York han cambiado sus políticas como resultado de una pesquisa en curso del fiscal general del estado sobre las acusaciones de que las autoridades escolares habían desviado a los alumnos a programas alternativos que no otorgaban títulos o les habían denegado el acceso.

Ni el Departamento de Educación ni el de Justicia precisaron cuántos de los aproximadamente 14.000 distritos escolares de la nación fueron investigados por incumplimientos similares.

«Continuamos comprometidos en trabajar con nuestros socios federales y organizaciones en comunidades para abordar cualquier problema que los niños que llegaron solos puedan enfrentar en relación con el sistema educativo», dijo la portavoz del Departamento de Educación Dorie Nolt.

Fuente: http://www.hoylosangeles.com/noticias/estadosunidos/hoyla-les-niegan-la-educacion-a-ninos-inmigrantes-de-el-salvador-guatemala-y-honduras-en-ee-uu-20160502-story.html

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Panamá: indígenas exigen reunion con Varela y la ratificación del Convenio 169 de la OIT

NODAL/29 de abril de 2016

 

Los indígenas no están dispuestos a seguir esperando más para la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

‘No podemos dilatar más el tema de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, y el Gobierno no puede seguir hablando de que es un compromiso, debemos ir a la acción y solicitamos hechos concretos…’, señaló Elivardo Membache, directivo de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip).

El Convenio, firmado por la OIT en 1989, debe ser ratificado mediante ley, para lo cual el Ejecutivo debe enviar la iniciativa a la Asamblea Nacional, que el próximo viernes concluye sesiones ordinarias.

Los reclamos de la Coonapip surgen un mes después de que el presidente Varela acordara con autoridades comarcales y líderes de las siete etnias indígenas la ratificación del Convenio, que garantiza derecho de los pueblos nativos a la tierra, a la educación, así como el respecto a sus creencias culturales.

La Coonapip, además, se opone a que el tema sea discutido en una consulta ampliada, tal como lo sugirió el titular de Gobierno Milton Henríquez. Incluso, rechaza sentarse en la mesa con el ministro y piden que la negociación sea con una comisión de alto nivel, en la que participe directamente el presidente de la República.

‘Las diferencias surgidas con el ministro Henríquez no son un invento, y (él) se ha convertido en un pésimo interlocutor con los grupos indígenas, tanto es así que las autoridades tradicionales están considerando no asistir a convocatorias que emanen del despacho del Ministro’, señala una resolución aprobada por la Coonapip, este martes.

La semana pasada, el ministro Henríquez sugirió que el tema fuese consultados con diversos sectores.

‘Hay personas que han manifestado opiniones del Convenio 169, si lo debemos ratificar o no, pero este tema no solo se reduce a una discusión entre los pueblos indígenas o entre los pueblos indígenas y el Gobierno’, aseguró el titular de Gobierno.

La medida ha sido rechazada de plano por la Coonapip.

‘Querer llevar este tema a consulta pública es querer crear una inestabilidad innecesaria en la sociedad, buscando confrontar a los grupos indígenas con la sociedad, y no consideramos prudente este planteamiento, sobre un convenio internacional harto conocido que han ratificado 22 países del mundo y en nuestra región solo falta la aprobación de Panamá y El Salvador’, señaló la agrupación.

El 16 de marzo, el presidente Varela, reunido con las autoridades comarcales en Bocas del Toro, se comprometió iniciar el proceso de revisión del Convenio el próximo sábado 30 de abril.

‘Vamos a facilitar una mesa de trabajo que estará encabezada por el ministro de Gobierno. Además, participarán los ministerios de Trabajo, de la Presidencia y la Cancillería para conocer los pro y contra de este convenio y evaluar su funcionamiento en los 22 países que ya lo han ratificado’, dijo el mandatario durante ese encuentro.

La Coonapip insiste en una reunión con Varela para ‘explicar sin intermediarios’ sus planteamientos y mejorar las relaciones entre el Gobierno y las autoridades tradicionales.

Membache dijo que tomarán ‘otras acciones’ en caso de que en el próximo período de sesiones ordinarias, que inicia el 1 de julio, no se ratifique el Convenio 169.

El ministro Henríquez, por su parte, se reunió este martes con autoridades indígenas a las que reiteró la consulta ampliada para la ratificación del Convenio.‘Llevar este tema a consulta pública es crear una inestabilidad que busca enfrentar a los indígenas con la sociedad’

El ministro dijo que recibió instrucciones del presidente Varela para ‘realizar diálogos abiertos no solo con los pueblos indígenas sino con los panameños no indígenas con el fin de escuchar opiniones y las objeciones’, señala un comunicado del Ministerio de Gobierno.

En el encuentro participaron representantes de las comarcas Ngäbe Buglé y Madugandí, así como dirigentes de las tierras colectivas de Emberá, las de Bayano, las del territorio Naso y representantes de la comunidad Bri-Bri.

El Convenio 169 entró en vigor en 1991, pero debe ser ratificado antes que surta efectos en Panamá. Bolivia y Colombia fueron las primeras naciones que acogieron el documento como parte de sus normas en 1991. La República Centroafricana ha sido el último país en suscribirse, en 2010.

OBRAS CIVILES E INICIATIVAS LEGISLATIVAS

Aprueban consulta y consentimiento previo para proyectos en las comarcas

Los proyectos estatales que se desarrollen en las comarcas o tierras colectivas deberán someterse a consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas donde sean desarrollados.

La medida está contemplada en el proyecto de ley 81, aprobado en tercer debate por Asamblea Nacional, este lunes. ‘Se establece el ejercicio del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas que afecten sus derechos colectivos, entendiendo como estos sus tierras, territorios, recursos, modos de vida y cultura’, señala el artículo 1 del proyecto, que fue presentado por la diputada de la comarca Ngäbe Buglé Crescencia Prado.

El documento ya había sido objetado parcialmente por el Ejecutivo en julio de 2015. La Comisión Indígena de la Asamblea Nacional corrigió lo que el Ejecutivo cuestionó y volvió a presentar la propuesta ante el pleno el miércoles 20 de abril.

La norma establece que las consultas se deben realizar ‘a través de un diálogo intercultural en lengua materna y español, que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisiones del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos’.

‘Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deberán ponerla en conocimiento de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas que serán consultados, mediante métodos y procedimientos culturalmente adecuados, tomando en cuenta la geografía y el ambiente donde habitan’, señala la norma.

La diputada Prado sostuvo que el proyecto de ley se origina ante la ‘falta de respeto a los pueblos indígenas y las violaciones constantes de las normas que amparan sus derechos colectivos e históricos’.

La norma establece que las autoridades gubernamentales deberán brindar las información a los pueblos indígenas y a sus representantes desde el diseño del proyecto o programa, y con la debida anticipación. También sobre los motivos, implicaciones, impactos y consecuencias.

Fuente: http://www.nodal.am/2016/04/panama-indigenas-exigen-reunion-con-varela-y-la-ratificacion-del-convenio-169-de-la-oit/

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Colombia: Proyecto de ley busca que no haya más niños desaparecidos

América del Sur/Colombia/Abril 2016/Fuente y Autor: WRadio

La iniciativa legislativa es impulsada por los representante a la cámara del movimiento Mira, Guillermina Bravo y Carlos Guevara.

De acuerdo con el autor de este proyecto, entre 2011 y lo que va de 2016, la cifra de niños desparecidos asciende a 16.243 casos. En Bogotá, se presenta el mayor número de reportes de menores desaparecidos con 7.641 menores, equivalente al 47%, seguido de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Risaralda. Durante los dos primeros meses de este año, 505 menores han desaparecido en todo el país, 148 se han encontrado vivos, 1 muerto y 356 continúan desaparecidos.

Al presentarse un alto número de desplazamientos de los niños raptados, el proyecto de ley prevé la creación de un sistema nacional de alertas por desaparición de  niños, niñas y adolescentes, que será liderado y coordinado por la Policía Nacional y  que contempla la ejecución de campañas de alerta en los sistemas de transporte masivo de pasajeros, zonas de frontera, medios de comunicación, sitios web,  canales de televisión públicos y privados, redes sociales, aplicaciones y en la línea nacional 123, entre otros .

La alerta de desaparición se declararía de forma inmediata por las autoridades cuando se trate de un menor de 7 años, para los menores entre 7 y 12 años deberá declararse a más tardar 12 horas después de efectuada la denuncia. El proyecto también contempla la creación de una una  línea especial gratuita y permanente para recibir denuncias e información sobre los menores desaparecidos, manifestó la

La Policía Nacional, en coordinación con  Fiscalía General de Nación, Medicina legal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Comisarías de familia, unificarán los registros de menores de edad reportados, creando, de esta manera, un registro único de información.

“Cuando se registre la desaparición, se creará una alerta con la foto del menor en las facturas de servicios públicos y empaques, entre otros. No podemos seguir siendo indiferentes ante esta problemática, cuando un niño se pierde, todos somos responsables, todos debemos buscarlo y brindar las herramientas para poder hacerlo”, añadió el representante Guevara.

 

Fuente de la noticia: http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/proyecto-de-ley-busca-que-no-haya-mas-ninos-desaparecidos/20160427/nota/3118363.aspx
Fuente de la imagen:http://www.wradio.com.co/images/3118363_n_vir3.jpg
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