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El sueño de la educación gratuita en Chile

Chile/27 de Abril de 2016/Las Voces del Mundo

En Chile, en el 2011, cientos de miles de estudiantes marcharon por las calles de este largo y angosto país exigiendo una educación gratuita y de calidad, fin al lucro y acceso a la universidad asegurado como un derecho universal. Un reportaje de Yasna Mussa, desde Santiago de Chile.

Según estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, Chile se ubica en el cuarto lugar con los sistemas universitarios más caros del mundo, teniendo un costo 19 veces mayor, por ejemplo, que en Francia. Además, el aporte monetario de las familias para la educación terciaria de sus hijos alcanza un récord mundial.

La universidad, un sacrificio para muchas familias

En el 2011, Victoria Parra tenía 16 años, cursaba el penúltimo año del liceo en su ciudad natal de Chillán, ubicada a unos 400 kilómetros de la capital, y soñaba con entrar a la universidad, transformándose así en la primera integrante de su familia en acceder a la educación superior. Un sueño que era más bien un sacrificio para su familia.

«Lo pensé mucho tiempo», cuenta Victoria, «pero creo que los papás son capaces de hacer hasta lo imposible para que su hijo cumpla su sueño. En mi familia somos la primera generación en entrar a la universidad, mis papás no son universitarios y siempre esperaron que su hija pudiera entrar, entonces yo creo que hacen un esfuerzo sobrehumano para lograr cumplir el sueño de su hija».

Así, Victoria Parra se instaló en Santiago para estudiar Periodismo en la Universidad Diego Portales, una institución privada que se encuentra dentro del Consejo de Rectores de Chile y que se suma al sistema de gratuidad promulgado en 2015 por la presidenta Michelle Bachelet. El proyecto es parte de la reforma educacional asumida como compromiso de gobierno durante la campaña presidencial.

Victoria es una de las beneficiadas y en el patio de su universidad recuerda que cuando llegó a Santiago estaba feliz y ansiosa por entrar a clases. Sin embargo, esa felicidad era opacada por la preocupación y la urgencia de conseguir becas y ayudas financieras para poder cubrir sus gastos de matrícula, mensualidad, alojamiento, transporte y comida, lo que sumaría una cantidad de 700 mil pesos mensuales, es decir, más de tres veces el salario que reciben sus padres.

«Yo soy la única hija, pero actualmente mi mamá se hace cargo de mi papá porque él está muy enfermo. Y ella trabaja de lunes a domingo con un sueldo mínimo, como gran parte de los chilenos», explica Victoria. «Para la matrícula no hay ninguna opción de beca, la única opción que te dan es pagarla en cuotas mensuales, entonces mis papás tenían que pagar todos los meses alrededor de 50 mil pesos; generalmente lo pagaba un tío mío porque a mi mamá, con los 200 mil pesos que gana, no le alcanzaba, y tenían que enviarme plata para alimentarme, movilizarme, para todo lo que implica vivir en otra ciudad».

La Ley Corta de Gratuidad, un paso importante

Bachelet anunció en diciembre pasado las características de la llamada Ley Corta de Gratuidad, que beneficia a 165 mil estudiantes de los cinco primeros deciles de menores ingresos, es decir a las familias con un presupuesto per cápita de hasta 154.166 pesos mensuales, unos 200 euros, lo que equivale al 50 por ciento más vulnerable del país.

Camila Vallejo fue una de las principales líderes del movimiento estudiantil en 2011. Segunda presidenta mujer en la historia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH, se convirtió en un icono de esa juventud que exigía que luego de 35 años la educación volviese a ser gratuita, tal como lo era antes de la dictadura de Augusto Pinochet. Ahora diputada de la República y presidenta saliente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, ella cree que esta ley es un hito histórico.

Desde su escaño en el Parlamento ve desde la otra vereda los avances en la educación: «Ha sido un gran desafío. En el 2011 muchos nos dimos cuenta de que era importante, necesario y urgente que nuestras instituciones políticas, nuestros espacios de poder político se viesen permeados por las demandas sociales. No bastaba simplemente con tener una mayoría en las calles demandando un cambio en la educación sustantiva, sino que necesitábamos también un Parlamento que apoyara esta idea y que por lo tanto pudiera legislar una reforma estructural en la educación chilena, pudiendo no solamente garantizar el derecho a la educación vía la gratuidad, sino también hacer una reforma profunda».

Los límites de la nueva legislación

Las críticas apuntan a la falta de información, errores y restricciones que han perjudicado el proceso. Miles de estudiantes no saben cuál será su situación para este año académico. Camila Rojas, actual presidenta de la FECH y militante de Izquierda Autónoma, asegura que el movimiento estudiantil saldrá a las calles nuevamente en este 2016 y que la implementación de la gratuidad no es más que un sistema de becas que no responde a sus demandas. «Lo que vemos con esta gratuidad es que el sistema de becas mejoró pero sigue siendo eso, un sistema de becas donde principalmente depende de la situación socioeconómica del estudiante», afirma.

Para Rojas, no ha habido un cambio sustantivo en esta propuesta del gobierno socialista de Bachelet: tanto la forma como el fondo siguen presentando numerosos fallos que están provocando confusión en los estudiantes y generando falsas expectativas. Aunque la mayoría de los estudiantes comenzaban sus clases a fines de marzo, muchos han tenido que inscribirse sin saber aún qué pasará con su situación económica.

El proceso de selección puede dejar a estudiantes fuera de la gratuidad por una diferencia de ingresos de 10 mil pesos en el presupuesto familiar, unos 15 euros, siendo uno de los puntos más criticados tanto por alumnos como por dirigentes y políticos.

Javiera Riveros es una de las miles de estudiantes que tenían la esperanza de comenzar este año con el alivio de no endeudarse para tener acceso a la educación. Estudiante de Periodismo, pertenece a una familia donde los cuatro miembros que la componen trabajan para poder llegar a fin de mes y para que tanto ella como su hermana menor puedan acceder a la educación superior.

«Es un sacrificio más que para mí, para mis papás, porque en mi familia somos dos estudiantes», cuenta Javiera. «En un principio a mi hermana no le dieron el crédito con aval del Estado entonces tenían que pagar 400 mil pesos mensuales además de mi mensualidad, y la gratuidad era una esperanza. Yo estoy con beca en estos momentos, la beca Juan Gómez Millas que me cubre parte de la carrera y con crédito».

Este crédito es un contrato con la banca privada que significa un 2 por ciento de interés anual y que se comienza a pagar una vez egresado de la carrera. Con el sistema de gratuidad los estudiantes podrán elegir una carrera universitaria que en promedio dura cinco años, pero en caso de retrasarse por desempeño académico o por motivos personales, tendrán que cubrir ellos la diferencia del arancel por el tiempo extra de estudios. Para Camila Rojas, la ley de gratuidad se encuentra lejos las aspiraciones del movimiento estudiantil pues se sigue tratando a los estudiantes como consumidores.

Incertidumbre y sentimiento de exclusión

Para el joven diputado Giorgio Jackson, otro de los parlamentarios que encabezó el movimiento estudiantil de 2011 junto a Camila Vallejo, si bien la gratuidad es un avance, ésta se encuentra muy lejos de la solución que piden los chilenos quienes exigen el acceso a la educación como un derecho social y universal: «Era una medida para acelerar el beneficio de los estudiantes a la hora de enfrentarse a los aranceles, pero por ningún motivo era consecuencia de la lucha que se ha dado desde hace un buen tiempo por parte del movimiento estudiantil. Por cierto que nos alegramos que hayan estudiantes que este año puedan estudiar gratuitamente, pero eso no puede en ningún momento llamarnos a descansar, o bajar los brazos y sentir que las cosas ya están cumplidas porque todavía no ingresa el proyecto a la educación superior que es por el que estamos peleando durante todo este tiempo».

En Chile, el sueldo mínimo está fijado en 250 mil pesos. Por eso, la incertidumbre de algunos estudiantes que aún no saben si se encuentran dentro de la gratuidad es angustiante. Pedro Gospodnetic es estudiante de segundo año de Sociología en la Universidad de Chile, una de las universidades tradicionales de mayor prestigio en el país y que hasta 1981 era totalmente gratuita. En la actualidad, la carrera de Sociología cuesta 3 millones 10 mil 500 pesos al año, unos 3.936 euros, lo que para Pedro y su familia resulta imposible de costear.

«Estoy financiado con dos becas», explica Pedro. «Una es la beca Bicentenario, la cual paga un 90, 95 por ciento del arancel y el otro lo paga la beca Universidad de Chile que es una beca interna. Y en este año, sigo con las mismas becas pero me han dicho que estoy pendiente, para el proceso de cambio y ya no van a existir estas dos becas sino que se van a reemplazar por el nuevo proceso que es el de la gratuidad. Sobre el cual aún no se informa bien, y nos están estresando, y estamos esperando».

Los estudiantes afirman que no han sido considerados para ser parte activa en este proceso de reformas y que por lo mismo se mantienen críticos frente a los cambios propuestos por el gobierno, como asegura Camila Rojas, presidenta de la FECH: «A nosotros se nos presentó el borrador de la reforma junto a otros actores, los rectores principalmente, y durante el 2015 estuvimos trabajando en mesas pre-legislativas. Pero si bien se nos invita, se nos informa, nuestros posicionamientos no quedan considerados finalmente, por lo tanto sí hemos sentido esa exclusión».

2016, un año clave

Tanto por las diferencias entre las partes como por la urgencia que significa encontrar una solución a los estudiantes que aún continúan pagando cifras millonarias en sus aranceles, la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) mantendrá las movilizaciones y el debate hasta concretar un acuerdo que satisfaga sus demandas.

Para Camila Rojas, 2016 será un año clave: «Esperamos que sea un año de ofensiva. Lo que queremos es que este 2016 pueda ser un avance hacia donde la educación se entiende como un derecho social, y para eso sabemos que tenemos que estar movilizados, que es necesario tener fuerza social, convocar a más actores, tener respaldo ciudadano, y ése es el desafío que tenemos este año».

Mientras tanto, la nueva legislación significa una pequeña batalla ganada para familias como las de Victoria Parra, quien asegura que puede respirar más tranquila. Otros siguen esperando que sus nombres aparezcan en la lista que se entregará el próximo 27 de abril. Lo cierto es que en este otoño chileno, las grandes avenidas recibirán nuevamente a miles de estudiantes marchando por reconquistar su derecho a la educación.

fuente: http://es.rfi.fr/americas/20160427-el-sueno-de-la-educacion-gratuita-en-chile

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Uruguay: Crean espacio para la inclusión educativa de niños con trastornos autistas

Uruguay/ 23 de abril de 2016/Ciento Ochenta

De acuerdo a Pérez, la inclusión educativa de niños y jóvenes con trastornos del espectro autista “ha sido una de las dificultades que se han dado prácticamente desde los inicios”.

El plan para la concreción de este proyecto llevaba más de tres años de trabajo, cuando en diciembre de 2015 el Codicen lo aprobó.

“Emanó que se haga este centro de orientación y consulta para las familias que van peregrinando de una escuela a otra o de un liceo a otro, para que deje de estar librado a la buena voluntad del director o el equipo docente y pase a ser un organismo independiente el que asesore a las familias y los oriente, conectándose con los distintos subsistemas para buscar la escolarización de ese niño o joven y seguir un tránsito educativo, que es a lo que tiene derecho por ley”, agregó Pérez.

El presidente de la Federación de Autismo del Uruguay (FAU) dijo que incluiría a la esfera de la educación pública y privada, formal y no formal, de acuerdo a la resolución pero, en una primera instancia, “lo primero para organizar sería el sistema pública, que es lo que corresponde a la ANEP”.

Añadió que esto será “un gran disparador y un gran revulsivo para el sistema”, debido a que es la primera asociación civil que logra concretar un espacio exclusivamente para personas con trastornos del espectro autista.

Un cambio en el modelo educativo

Según dijo Pérez, “esto va a tener que promover que haya cambios en los planes de estudio”, haciendo que los maestros estén preparados para tener a un niño con autismo en el aula. Esta falta de preparación es algo de lo que algunos educadores se quejan hoy en día.

“El sistema tendrá que organizarse de tal forma que las dificultades de aprendizaje, los diferentes tipos de discapacidad, tengan alguna materia en las currículas de los docentes para que puedan ser abordados en igualdad de condiciones, o lo más parecido a ello, que ellos necesiten. A su vez, para manejar distintos mecanismos alternativos de comunicación que hoy en día sirven para todos los niños, no solo para niños con discapacidad”, comentó.

El espacio de consulta estará centralizado en la Unidad de Promoción, Intervención y Desarrollo Educativo (Upide), y estará integrado por Primaria, Secundaria y UTU, la dirección sectorial de Planificación Educativa, el Hospital Pereira Rossell como policlínica de referencia del espectro autista, el Liceo Nº 32, que es el que tiene más experiencia dentro de la inclusión, la inspectora nacional de Educación Especial, el IPES (Instituto de Perfeccionamiento de Estudios Superiores) y el Consejo de Formación en Educación.

Pérez también contó que otro de los planteos futuros será exigir la presencia de un acompañante pedagógico para el niño en el aula, “para mejorar la comunicación con sus compañeros y facilitar la interpretación de los parámetros que maneja el maestro”. Dijo que algunas asociaciones civiles están haciendo cursos para educadores y terapeutas y suelen ser ellos quienes acompañan a los niños hoy en día. El costo de esto corre por parte de los padres de cada alumno.

De todas formas, Pérez comentó que esto debería regularse y generar esa preparación específica para la actividad. Indicó que algunas dificultades en la comunicación, o la invasión por parte del acompañante de los roles del maestro son consecuencias de ello.

Fuente: http://www.180.com.uy/articulo/61569_crean-espacio-para-la-inclusion-educativa-de-ninos-con-trastornos-autistas

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Youth Resistance Unleashed: Black Lives Matter

“Those who kill their own children and discriminate daily against them because of the color of their skin; those who let the murderers of blacks remain free, protecting them, and furthermore punishing the black population because they demand their legitimate rights as free men—how can those who do this consider themselves guardians of freedom?”

Che Guevara
Before the United Nations
12-11-1964

In my lifetime young people rose up to challenge and change the world in Little Rock and Birmingham, in Soweto and Tiananmen, in Palestine and Chiapas. In the last decade we saw the rise of Arab Spring and Occupy, and now we are in the midst of vivid mass resistance to the police killing of unarmed Black men and women spurred by the death of Michael Brown in Ferguson, Missouri. Now and historically, it is the youth who reject taken-for-granted injustices.[1] In this moment, young people are the social actors – the leadership, catalysts,  the activists, and the organizers – who seized and defined a continuing travesty of North American life: the police murder of Black lives. Rising up against the thickening layers of institutionalized white supremacy, young people are insisting that Black Lives Matter.

Black Youth Project 100 action to #DecriminalizeBlack (Photo Credit: Sarah Jane Rhee)

With their radical impulse to revolt, that spirit of hopefulness and possibility, the laser-like insight of adolescents into the hypocrisies of the adult world, propel youth to break the rules, resist together, and transcend the immoral status quo. Inspired by the courage and determination of Ferguson youth, young people across the nation walked out of schools, sat-in, died-in, blocked highways and bridges – becoming the fresh, searing forces for equality, racial justice, and dignity.

Youth were not unaware of the risks they were taking by challenging police violence. In fact, it is young people who were painfully and brutally aware of the police targeting of Black youth, and pervasive US institutionalized de-valuing of Black lives.

Though many young activists had already been challenging police violence and the criminalization of Black lives in their own communities, the harrowing, police stalking and shooting of unarmed teenager Michael Brown on August 9, 2014 in Ferguson, Missouri, became the spark that generated a fresh wave of youth uprisings. This new movement in the long struggle for racial justice brought young people together across the country to become more than the sum of their parts.

The activism of the Black Lives Matter movement not only illustrates the brilliance and clarity of young people, but also flies in the face of popular currency that children and youth are less competent, less thoughtful, less wise and more dangerous than adults. The continuing reality of young people as social actors stands in opposition to official policies of silencing, suppressing, expelling and punishing our youth, depriving them of an education and denying their creativity and right to be heard.

Think of young peoples’ loss of rights, for example, through truancy laws; school censorship of high school newspapers, email communication and graduation speeches; the banning of books; relentless harassment and violence against LGTBQ and trans youth; school locker searches and drug testing without reasonable suspicion or due process; school zero tolerance policies that include punishments, school suspensions and expulsions, gang terrorism profiling, stop and frisk, and the calling of police for minor misbehavior. Control, cameras, drug searches, testing, arrests, and school exclusion have replaced dignity.

Rights vs. protections and the myth of the “Superpredator”

Children and youth, in fact, are whole persons who bear human and constitutional rights. They are inevitably an active part of their time and place, their culture and community, their race, class, and ethnicity, and their extended family. Simultaneously, they may also be more vulnerable, more easily manipulated and used by adults, such that they must be, to the extent possible, protected, sheltered and insulated from serious harm, both from their own impulses, and adults who might prey upon them or use youth for their own purposes. This is why human rights activists, for example, advocate for children to be protected from the harshest consequences of war and hazardous labor and family violence.

Of course, young people are becoming-persons, not yet fully adults; but what kind of a person is a child? In considering children as social actors, this contradiction is worthy of continuing deliberation and nuance. How can society heed this paradox – rights versus protections – and tilt toward children as bearers of rights while taking the responsibility for providing youth with equal access, due process, Constitutional rights, economic rights, and human rights? Are youth not right to see the adult world as compromised, duplicitous, and worst of all—indifferent to the crimes and suffering around them?

Children were acknowledged as Constitutional persons almost fifty years ago in the landmark U.S. Supreme Court case of In re Gault.  Yet the with the subsequent repressive wave to restrict their active whole personhoods, U.S. courts and legislators have shrunken the Constitutional rights of children by constricting or eliminating their rights to speech and expression, association, action, education, privacy, health care, due process, equal protection, and their right to liberty (by depriving them of liberty). This has been done in the name of either protecting them and “saving” them from themselves, or by constructing some children as superpredators, fearful, larger- than-life monsters, wolf-packs and gangs out to rob, rape and even kill (white) adults. Consequently, specific populations of children are seen as dangerous and capable of destroying civilization.

The diabolical invention of the 1990s youth predator by law enforcement, academics, and the mass media resulted in the harsh criminalization of youth of color– subjecting them to arrests, incarceration, trials in adult criminal courts, and extreme sentencing. The profound echo of young Black men as “superpredator” would arise again with the Ferguson grand jury testimony of Officer Darren Wilson, who saw in Michael Brown someone enormous, looming up and becoming larger even after being stalked and shot by Wilson six times.

It looked like a demon,” Wilson told the grand jury.

Fully 75% of youth who are locked up are confined for non-violent offenses. Racial and ethnic disparities are unconscionable, but the naked disproportion of who is arrested, beaten, and killed characterize the entire youth justice system.[2]

At its best, contemporary analysis of children and adolescents recognizes the dialectical nature of youth: being and becoming, categorically less culpable than adults, and with enhanced prospects for recovery, rehabilitation, and “attaining a mature understanding of [one’s] humanity.”[3]  Diminished culpability is not, however, the same as lesser competence or capacity.  Culpability is commonly misunderstood, and the current conversations about adolescent development research frequently becomes an imprecise discourse that easily collapses into language of lesser adolescent competence or moral action.

Military arsenal deployed against Ferguson protesters

The story of the Aug. 9, 2014 police killing of Michael Brown stayed in the news because the young people in Ferguson refused to leave the streets. And although the protests there and nationally was one of the broadest and most sustained radical coalitions in decades, the protesters themselves were largely young, black, queer, poor, working-class, secular, women and trans.

The young people of Ferguson did not back down in the face of a highly militarized small town police force armed with federally-funded Kevlar helmets, assault-friendly gas masks, combat gloves and knee pads, woodland Marine Pattern utility trousers, tactical body armor vests, some 120 to 180 rounds for each shooter, semiautomatic pistols attached to their thighs, disposable handcuff restraints hanging from their vests, close-quarter-battle receivers for their M4 carbine rifles and Advanced Combat Optical Gunsights[4].

There are scattered reports of stun grenade use in Ferguson, also known as flashbangs or flash grenades. This weapon of choice for American SWAT teams (and Israeli soldiers) originated within British Special Forces more than four decades ago. Ostensibly less than lethal, stun grenades have been known to kill or severely injure numerous victims, and the device was recently in the news for burning a 19-month-old baby in Georgia, resulting in a coma, during one of the thousands of domestic police raids this year. They are designed to temporarily blind and deafen, thanks to a shrapnel-free casing that is only supposed to emit light and sound upon explosion

The grenade launchers used against unarmed youth in Ferguson included the ARWEN 37, which is capable of discharging 37mm tear gas canisters or wooden bullet projectiles. The police used tear gas unsparingly in Ferguson. The Chemical Weapons Convention of 1993 actually bans the gas as a permissible means of warfare. Then again, it is allowed for domestic riot control, and nations like Turkey, Bahrain, Israel and the United States who have exploited the loophole to great avail. Tear gas sucks out your organs, hogs your oxygen and burns you inside and out. Interim blindness and extended coughing fits are common, as well as an overall sense that you are dying or dead. These are police weapons against an unarmed, Black, civilian, domestic population.

The use of “pepper balls” is lethal; the Boston Police Department banned them after a young woman was killed by one which passed right through her eye and skull to the brain. She was guilty of being present in a rowdy crowd after a Red Sox/Yankees game in which the former won. The same goes for the rubber bullets, wooden bullet projectiles, and beanbag projectiles on view with the police in Ferguson

Contemplate the Ferguson police department’s possession of the BEARCAT G3, the SWAT team’s version of the military’s Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) vehicle, or its MRAP All Terrain Vehicle. This armored tank was donated to the Ferguson police by the US Department of Homeland Security.  There are no known mines or IEDs in Ferguson, an ambush is unlikely, so the decision of the St. Louis County Police Department to roll out (or even own) one of these tanks is apparently the contemporary version of fire hoses and dogs.

K-9 dogs. Yes, the 2014 St. Louis County and Ferguson Police Departments also used growling German shepherds to threaten demonstrators. In addition, these police forces had access to the Long Range Acoustic Device (LRAD), which emits a sound so pain-inducing that is causes bleeding from the ears. LRADs were also on display (though not used) during the Chicago anti-NATO demonstrations in 2011. On top of all this, the police department of Ferguson – a police force that is 94% white, in a town that is 67% Black – not only possessed an armored personnel carrier and weapon loads to intimidate demonstrators, carried out surveillance of the protesters from an MD Helicopter 500 Series in the sky above Ferguson.

Vibrant transformation of the possible

The fierce young, unarmed and highly disciplined young people who dared to stand up against police violence are to thank for revealing to the US public that the war-making hardware, paid for by our tax dollars, is coming home to police forces for use against the Black, Latino, indigenous communities and to patrol US borders.

This military-grade weaponry of the police in Ferguson was not about riot control during the long months leading up to the grand jury verdict in the murder of Michael Brown. It was the arsenal of white supremacy and racial oppression.

In the face of this violent intimidation, young people continued to peacefully demonstrate in Ferguson and to document their struggle at websites like Ferguson Action and using Twitter hashtags like #SHUTITDOWN.

Created in the crucible of Black Lives Matter is a new generation of young, African American organizers and activists, with experience in strategy development, tactics, decision-making under pressure, coalition building, and clarity about long range, radical goals, about their vision. They are savvy and wise, filled with love and caring for each other and for everyone who has suffered the terror of police violence: youth, their families and loved ones, allied people of color, trans and LGBTQ youth, native and Palestinian people, victims of police violence and whole communities.

Thus the Chicago struggle for city reparations for those who suffered police torture and subsequent decades on death row or juvenile life without parole before they were exonerated utilizes art, performance, persistence and unlikely allies. New York activists agitate for divestment from corporation that construct and operative for-profit prisons. There are movements to end solitary confinement from California to Rikers Island, and renewed efforts to commemorate and open old cases of lynchings across the nation.  The struggle for dignity and justice continues in immigrant rights struggles and the fierce, elegant courage of the youth and dreamers who have seamlessly embraced their queerness, their multiple heritages, and their human rights.

All this indicates a vibrant transformation of the possible. Police torture and killing of African Americans is visible, no longer background normal, as Black youth resist being branded as criminals at birth. Their resistance is communal, shared, and collective.

Can we hold the moment? Do we have the knowledge that young people are capable of seeing and seizing what adults cannot imagine?  In the uncertainty and complexity of civil strife and disciplined rebellion, shall we see children and young people capable of being agents of their own liberation?


[1]   Sources for the Ferguson story include: Darryl Pinckney, Ferguson and Resistance Against the Black Holocaust, © 2015 The New York Review of Books, Distributed by The New York Times Syndicate;Chris Crass, SpeakOut | Op-Ed; Kevin Zeese and Margaret Flowers, Ferguson Exposes the Reality of Militarized, Racist Policing, Popular Resistance | News Analysis; Adeshina Emmanuel, Ferguson Case Highlights Need for National Data on Police Shootings, The Chicago Reporter .

[2]  See the website of the W. Haywood Burns Institute, at www.burnsinstitute.org for racial and ethnic disparities at every stage of the youth justice system.

[3] See the trilogy of U.S. Supreme Court cases and the accompanying Amicus briefs: Roper v. Simmons(2005) , Graham  v. Florida (2010), and Miller v. Alabama (2012).

[4] See Radley Balko’s Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces (2013) for this research, photos, and the following details of Ferguson police weaponry.

 

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México: Demandarán en desfile alza del salario mínimo

México/ 27 de Abril de 2016/La Voz de la Frontera
El aumento de los salarios mínimos, la situación de los jubilados y pensionados y la desaparición de la Comisión de Salarios Mínimos (CNSM) será la temática que los integrantes del Congreso del Trabajo del Municipio de Mexicali habrán de llevar en su participación del desfile del 1 de mayo.

En una reunión celebrada ayer por representantes de varios sindicatos y organizaciones sociales, el CTMM que preside el doctor Carlos Octavio Maya Quevedo, señalaron que estas marchas deben servir para hacer conciencia en las autoridades y la sociedad de las dificultades económicas de la clase trabajadora.

Dirigentes como el maestro Alfredo Miranda Maciel de la Asociación de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en la capital de Baja California, Margarita Quiroz del Movimiento de Resistencia Magisterial, Manuel Pimentel Osornio de ASA, entre otros, advirtieron la necesidad de hacer una revisión de la legislación laboral.

Resaltaron las luchas constantes que muchas organizaciones sindicales han sostenido en los últimos años en busca de mejores condiciones de vida, sin embargo, diferentes acciones de Gobierno a nivel nacional como local, han afectado la situación económica de millones de mexicanos.

Maya Quevedo destacó la importancia de que se busque contener la depreciación del salario el cual ha perdido más del 70% del poder adquisitivo en las últimas tres décadas, incrementando las desigualdades en donde hay sectores que viven en marginación extrema.

Es por ello que se requiere la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) por haberla convertido en un ente que ha servido para mantener los salarios comprimidos en comparación a los índices de la inflación y culpando al salario por ello lo cual es completamente falso, señalaron.

Esas serán las demandas que se habrán de llevar al desfile, insistieron, no obstante que lamentaron que desde hace varios años las autoridades no han querido escuchar las demandas de los trabajadores y no acuden a la invitación que les hacen los líderes sindicales.

Más adelante, dijeron que en los próximos días se estarán reuniendo para hacer la planeación estratégica de su participación en el desfile junto con los maestros del SETE, en coordinación con el SUTI, ASA, el sindicato de trabajadores de Sagarpa, jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE y el MRM, entre otros.

Fuente: http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n4147406.htm
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México: Emotiva despedida del GIEI en la Normal de Ayotzinapa

Fuente: desinformémonos.org / Eliana Gilet / 27 de Abril de 2016

“La primera víctima del caso Ayotzinapa es la verdad. Llegamos por invitación de ustedes y ustedes han sido nuestra razón de ser, ustedes y los normalistas. Su ejemplo ha sido el motor de nuestro trabajo”, sostuvo Alejandro Valencia, uno de los abogados, colombiano, que integra el GIEI Ayotzinapa.

Abrazados por collares de flores de cempaxóchitl, los expertos internacionales que durante 14 meses trabajaron en procura de la verdad de lo ocurrido en la noche del 26 y 27 de Setiembre de 2014 en Iguala de la Independencia, Guerrero, tomaron asiento a la sombra del calcinante sol que pegaba en el patio de la Normal. Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Beristain, presentaron este miércoles 27 de abril, su segundo informe sobre el caso en la Normal Rural de Ayotzinapa.

“Fueron ustedes quienes destruyeron esas mentiras que el gobierno quiso hacernos creer que eran verdad”, fueron las palabras con las que los madres y padres de los muchachos desaparecidos recibieron a los investigadores.

Fue una ceremonia corta y por suerte, no protocolar. Recibidos por la Banda de Guerra de la Escuela, el propósito oficial de la visita fue la entrega del segundo y último informe del GIEI sobre la masacre. Presentado públicamente el pasado domingo 24 de Abril, sus conclusiones no distan de lo ya enunciado en su primer informe, a un año del ataque.

La agresión fue una sofisticada operación represiva, coordinada desde el Centro de Control y Monitoreo estatal, llamado C4, que siguió el accionar de los estudiantes, – que tomaban camiones para trasladarse días más tarde a la Ciudad de México a la marcha que recuerda la represión del 2 de Octubre de 1968 -, y de la que participaron fuerzas policiales de los 3 niveles y también el Ejército Mexicano afincado en el 27 Batallón de Iguala.

Pero además de confirmar el “sofisticado nivel de coordinación de algunas autoridades en la comisión de los crímenes” – palabras textuales de otros expertos de la ONU expresadas en un comunicado público – lo que vino a confirmar el Segundo Informe, fueron las tremendas deficiencias en el Sistema Judicial mexicano, que rayan el delito, como en el caso de Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República y peritos de esa dependencia realizaron un recorrido por el entorno del Río San Juan, un día antes que en esa zona hallaran los restos que dieron positivos en la identificación de uno de los muchachos, Alexander Mora Venancio. Lo grave es que ese “recorrido previo” nunca fue reportado en el expediente oficial del caso.

Además de constatar que 17 personas señaladas como testigos fundamentales de la “verdad histórica” (y falsa) difundida por el gobierno mexicano, fueron torturadas, “poniendo en entredicho la verosimilitud de esta versión”.

“Hay que preguntar por qué un equipo pequeño como el del GIEI Ayotzinapa pudo hacer más por la verdad que una institución. Es por la voluntad. No nos olvidaremos de ustedes y tampoco de este caso. Diremos todo lo que hemos visto.” sostuvo Cox. “Ustedes nos dijeron: ‘dígannos siempre la verdad’y así lo hemos hecho. La confianza que nos dieron fue un regalo y una responsabilidad que hemos honrado todo este tiempo”, dijeron a los padres, este miércoles, en Ayotzinapa.

Emocionada, la abogada colombiana Ángela Buitrago, se sumó al agradecimiento expresado por sus otros colegas: “A pesar de los golpes que nos da la vida, sigamos pensando que hay un futuro sólo se construye con confianza. Estamos en una sociedad violenta, Colombia también lo es y no quiero perder la esperanza. Agradezco que nos permitieran entrar en sus vidas, escuchar sus relatos y los de sus hijos. Me han enseñado mucho, me los llevo a todos en el corazón.”

“Estoy convencida que la verdad libera y que ustedes seguirán en su búsqueda”, dijo a su turno la abogada guatemalteca, Claudia Paz y Paz. “La verdad siempre libera. Sabemos que seguirán caminando en búsqueda de la verdad y la justicia. Tengan certeza que donde estemos los vamos a seguir apoyando y acompañando.”

En la presentación del domingo, los peritos internacionales denunciaron la falta de cooperación y obstáculos puestos por las autoridades para el avance del caso. Particularmente, señalaron que al 15 de marzo habían recibido apenas la mitad de la información solicitada a distintas reparticiones del Estado mexicano, y que, apenas días antes de la presentación del informe, les llovieron respuestas que no pudieron analizar a tiempo como para incluirlas en su Segundo Informe.

Los familiares y las organizaciones de derechos humanos que trabajan con ellos ya han hecho llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su pedido de que ésta genere un mecanismo de seguimiento del caso, que tenga al frente al presidente del organismo y relator para México, el comisionado James Cavallaro y que incluya, al menos, a uno de los integrantes del GIEI.

“Sabemos que enfrentaron a un monstruo de muchas cabezas, que atacaba su trabajo” respondió Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, uno de los 43 jóvenes que continúan desaparecidos a los abogados.

“Vamos a seguir como padres con los informes que nos dejaron. No dejen que esos 43 corazones dejen de latir”, dijo a su turno Mario César González, papá de César Manuel González, también desaparecido.

“Queremos decirles que la esperanza sigue viva. Lleven en sus corazones la seguridad de que los padres los vamos a recordar por siempre. Nuestro corazón sigue vivo para ustedes, por todo lo que hicieron por nosotros y por todos los mexicanos.

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México: Violencia contra mujeres se previene desde casa: CEDHJ

México/ Guadalajara/ 26 de Abril de 2016/

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, afirmó que la violencia contra las mujeres se previene desde el hogar y las aulas.

Al participar en la mesa de diálogo «De la omisión a la alerta, educar para prevenir», que organizó la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), el ombudsman señaló:

«Hay un problema de fondo más que de forma en el tema de la violencia contra las mujeres, que involucra a los padres de familia en la formación de los hijos, que a menudo sólo observan conductas machistas o misóginas por parte de sus progenitores».

Álvarez Cibrián expuso que el fenómeno de la discriminación y violencia contra las mujeres se debe también abordar desde las aulas, es decir, desde la enseñanza básica y cuando las personas aún son pequeñas.

Añadió que además se debe trabajar en la parte cultural, social, deportiva, económica y política, porque con una visión integral de prevención es como se podrá lograr un cambio en favor de las mujeres.

Explicó que la CEDHJ no puede intervenir durante los procesos penales, por ejemplo, en el caso de una agresión contra una mujer, porque así lo establece la ley.

Sin embargo, dijo, en lo que corresponde a la seguridad pública y procuración de justicia, la CEDHJ tiene una intervención directa, y resaltó que el eje rector del nuevo sistema de justicia penal es el respeto a los derechos humanos.

Aseguró que con los juicios orales, la CEDHJ tiene un papel imprescindible porque estará haciendo aportaciones en materia de capacitación, es decir, transmitiendo conocimientos a agentes policiales, fiscales e impartidores de justicia.

Álvarez Cibrián recordó que los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano forma parte, tienen rango constitucional y, por tanto, son aplicables y tienen vigencia en la integración de averiguaciones y en la etapa procesal a favor de los derechos de las mujeres.

«La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en esta materia y ha emitido protocolos de actuación a favor de grupos vulnerables», recordó.

Fuente: http://www.informador.com.mx/jalisco/2016/657884/6/violencia-contra-mujeres-se-previene-desde-casa-cedhj.htm

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