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Ashish Kothari: La juventud india tiene el derecho y el deber a resistir y crear, los mayores deben permitirlo o apartarse

Durante los últimos meses un gran movimiento campesino de rechazo a tres leyes del gobierno del BJP sobre agricultura en favor del agrobusiness ha sacudido India.

Jóvenes ecologistas de movimientos como Fridays for Future o Extinction Rebellion les han estado dando apoyo, y así Greta Thunberg publicó un tweet en solidaridad con los campesinos y un documento, una ‘caja de herramientas’ sobre cómo organizar la ayuda a este movimiento. La respuesta del gobierno indio, en una caída vertiginosa hacia el autoritarismo, fue fulminante: se detuvo a una joven activista, Disha Ravi, que había tomado parte en la elaboración y distribución del documento, acusándola de participar en una ‘conspiración internacional’ contra India. Es en este marco en el que hay que entender el siguiente artículo de Ashish Kothari. Como complemento, ofrecemos al final una declaración reciente de la propia joven activista publicada en sus redes sociales.

Todavía no se ha asentado el polvo en el caso de la ‘caja de herramientas’ de Disha Ravi, Shantanu Muluk, Nikita Jacob y Shubham Chaudhuri. Estos jóvenes activistas climáticos que han apoyado el movimiento campesino en India en curso, están bajo el radar de la policía, sometidos a interrogatorios diarios. Al menos por el momento, el estado es incapaz de tomar una acción más drástica debido a la orden con duras palabras del juez Dharmendra Rana concediendo la fianza a Disha. Mientras tanto los jóvenes activistas laborales dalits Nodeep Kaur y Shiv Kumar han sido, presuntamente, torturados en prisión. A ambos se les ha concedido la fianza tras semanas de encierro. Aparte de ayudar a organizar a los trabajadores por sus derechos, también estaban apoyando el movimiento campesino.

El sistema judicial se tomará su tiempo para resolver los casos contra estos jóvenes. Mientras tanto, sin embargo, los honorables ‘mayores’ de India ya están aconsejando a los jóvenes que se centren en sus estudios, mantengan el honor nacional y se busquen trabajos ‘respetables’. El escritor Manu Joseph, a la vez que reconocía la ‘extralimitación’ del estado al arrestar a Disha, ha escrito que los jóvenes deberían «abandonar el activismo y hacer dinero». El portavoz del BJP Sudesh Yadav ha dicho que Disha y otros eran solo «jóvenes mal guiados» que querían buscar «el camino más fácil al estrellato».

Estos consejos son, en primer lugar, totalmente condescendientes. Joseph dice que no deberían «estar luchando batallas que no comprenden» y da a entender que son peones de conspiraciones globales. No entraré ahora en la superficialidad de un argumento que es ciego a las conspiraciones corporativas internacionales tras las leyes y las políticas agrícolas en India desde los años 60. Pero decir que los jóvenes no saben lo que están haciendo, y que solo están siendo utilizados, insulta a la inteligencia de toda una generación. Precisamente lo que los mayores han hecho durante demasiado tiempo.

Pero debemos entender que este enfoque es también peligroso. Supone que los jóvenes están siendo mal dirigidos para que adopten causas que van en perjuicio de India. Es profundamente ahistorico ignorar que durante siglos, no solamente en India sino en todo el mundo, los jóvenes han dirigido a menudo movimientos para una transformación positiva. Estas acciones han dado como resultado avances en la vida social, económica y cultural, así como la protección del medio ambiente del que dependen todos los humanos. Si todos estos jóvenes se hubiesen quedado sentados tranquilamente en sus clases, preparando exámenes, y haciendo cola para entrevistas de trabajo para encajar en el sistema, estos movimientos no hubieran tenido lugar, y el mundo hubiera sido mucho más pobre por ello.

En los años 70, en el contexto de la Emergencia impuesta por Indira Gandhi, Jaiprakash Narayan hizo un llamamiento a la juventud de India para que diesen el paso para resistir la opresión y por la transformación social. El Chhatra Yuva Sangharsh Vahini (CYSV) resultante, al que se unieron miles de jóvenes, dio como resultado algunos de los líderes más brillantes de India. Muchos han ayudado a transformar vidas a mejor. Pienso inmediatamente en Rajendra Singh, quien ha ayudado a la autosuficiencia en agua de cientos de aldeanos en Rajastán, y en Mohan Hirabai Hiralal, quien ha estado implicado en el autogobierno, la conservación forestal y la seguridad de medios de vida en áreas adivasis de Maharashtra. Está también Chetna Gala Sinha, quien se unió al CYSV a los 17 años y fue quien inició el primer banco gestionado por mujeres de India, el Mann Deshi Bank, que ahora tiene un capital circulante de 1.500 millones y ha llevado al empoderamiento y mejora de la vida económica de decenas de miles de mujeres. Y están las mujeres del Movimiento de Tierras Bodhgaya en Bihar, surgido del CYSV, que hizo posible una de las primeras transferencias de propiedad de la tierra a mujeres dalits sin tierra, quitándosela a poderosas instituciones religiosas y feudales del Hindu Bodhgaya Math. En tiempos más recientes, gente joven de las universidades e institutos han desafiado el descarado comunalismo y las acciones contra los dalits y contra las mujeres de la actual administración (sus predecesores habían hecho lo mismo contra regímenes anteriores) llamando nuestra atención sobre algunos de las divisiones más profundas y prolongadas de India.

En las décadas de los 60 y los 70, la juventud en cientos de aldeas, especialmente chicas jóvenes, protestaron contra la tala indiscriminada de los bosques himalayos en Garhwal como parte del Movimiento Chipko. Este movimiento no solo ayudó a conservar bosques inestimables en el Himalaya, sino que inspiró a movimientos similares en muchas otras partes de India y en otros países. Irónicamente, una de ellas, Devaki Devi Rana, que tenía 15 años cuando se unió a las protestas en la aldea de Reni, ahora con 62 ha tenido que vivir el trauma de perder a su cuñado en la desastrosa inundación del 7 de febrero en Uttarakhand. Los habitantes de Reni han estado avisado durante años contra la construcción del Proyecto Hidroeléctrico de Rishiganga, justo debajo de su aldea. Fue la ruptura de esta presa lo que aumentó significativamente el daño por la inundación y mató a varias docenas de trabajadores en ese lugar.En Nagaland, los clubes juveniles han dirigido movimientos para la conservación de bosques locales y la vida salvaje, frente a la caza y la tala de árboles insostenibles, en docenas de aldeas. Gente jóven de las costas de India en Odisha, Kerala y Tamil Nadu han convencido a sus propias comunidades y autoridades locales de proteger los lugares de nido de tortugas marinas en peligro. En el último año o últimos dos años, campañas de jóvenes para salvar de proyectos propuestos de minería, industriales o de infraestructuras frágiles hábitats como la reserva de elefantes DehingPatkai en Assam, las reservas de pájaros de Pulicat y Vedanthangal en Tamil Nadu, y el Parque Nacional Mollem en Karnataka, han incluido algunas de las obras de arte más evocadoras por parte de los estudiantes, y al menos en un par de casos han ayudado a detener la destrucción.

Me estremece pensar dónde estaríamos si todos estos activistas hubiesen pegado su nariz a los libros de texto y se hubiesen centrado en sacar las mejores notas para poder conseguir trabajos en la empresa o el gobierno. De hecho, incluso en esos trabajos, muchos de quienes han adoptado causas progresistas, ayudado a los pobres o protegido el medio ambiente, han pasado por algún tipo de orientación bien fundada de este tipo en su juventud. Conozco personalmente a más de una docena de funcionarios públicos que formaron parte de grupos de acción medioambiental o social en la universidad (incluído aquel al que yo pertenezco), una experiencia que fue inestimable para que hiciesen todo lo posible para conseguir transformaciones positivas en cualquier puesto que se les hubiese encomendado.

Se puede decir lo mismo de algunos de los más destacados artistas, poetas, dibujantes de cómic, fotógrafos, expertos en comunicación, periodistas, abogados, educadores y muchas otras profesiones y modos de vida de India. Aparte de los jóvenes que se han quedado, o han vuelto, a medios de vida del sector ‘primario’ como la agricultura, la pesca, la silvicultura, el pastereo u otras como la artesanía tradicional, sectores que están muriendo debido a la negligencia del gobierno (o peor, por las compensaciones dadas a la producción industrial mecanizada que es más contaminante y con un uso menos intensivo de mano de obra).

Despreciar estas acciones juveniles como parte de ‘conspiraciones internacionales’ es ser profundamente superficial, ahistórico y, bueno, simplemente estar totalmente equivocado. Que alguno de ellos, o parte del activismo climático de los jóvenes de hoy haya estado influenciado por el discurso global, es sin duda cierto. Durante décadas, si no siglos, el flujo global de ideas ha influido en alguno de nuestros mayores movimientos y pensadores, incluídos Gandhi o Ambedkar, que a su vez han influido en movimientos progresistas en otras partes. Si queremos encontrar influencias internacionales que sean regresivas, tenemos que mirar al FMI, el Banco Mundial, las corporaciones multinacionales, los gobiernos del Norte… sin olvidar a los que anteriormente fueron nuestros amos coloniales… que han impuesto procesos ecológicos occidentales ecológicamente devastadores que, por mencionar solo una estadística, han causado la expulsión física de 60 millones de personas en nombre del ‘desarrollo’. Y son nuestros gobiernos los que han comprado estas ideas ajenas, que estos jóvenes activistas están desafiando.

Mi propio viaje como investigador-activista en los campos del medio ambiente, el desarrollo y los medios de vida, empezó como uno de tantos jóvenes que en la escuela o la universidad se iniciaron en el activismo ecologista. En aquellos primeros años, cuando según estas narrativas convencionales ‘deberíamos haber estado estudiado tranquilamente’, salimos a las calles para protestar por la caza de especies en peligro por parte de príncipes de Arabia saudí (tuvieron que retirarse debido a nuestras protestas y las de la comunidad Bishnoi), o exigir que el gobierno protegiese el maravilloso bosque de la cadena de Aravalli en Delhi (que fue de hecho declarado de protección oficial tras un año de intensa campaña). Si alguno de estos mayores que piden a los jóvenes que desistan de su activismo vive en Delhi, que sepa que el aire es al menos un poco menos contaminado porque este bosque todavía sobrevive. Que sepa que si el gobierno hubiese escuchado nuestras demandas sobre la contaminación del aire entonces (a principios de los 80), los ciudadanos de Delhi estarían respirando un aire mucho más limpio hoy. En estos últimos 40 años de mi viaje con Kalpavrikish, un grupo de acción ecologista, no puedo reivindicar ninuna transformación extraordinaria, pero hemos conseguido unas cuantas victorias como las anteriores, o detener la tala destructiva de madera en las islas Andamán y Nicobar, y apoyar a comunidades para que consiguiesen derechos colectivos sobre los bosques circundantes que han aumentado su seguridad en medios de vida a la vez que se protegían funciones ecológicas inestimables para el país. Como mínimo, hemos contribuido a un discurso general sobre la necesidad de equilibrar la sostenibilidad ecológica con las necesidades humanas. No lamento ni por un momento haber estudiado menos. O, tras terminar la universidad, no haberme dedicado a ‘hacer dinero’. Por el contrario, he encontrado sentido y satisfacción en llevar una vida de activista. ¡Lo último que he escuchado es que haya formado parte de ninguna ‘conspiración internacional’!

Por supuesto, si las escuelas y universidades fuesen ellas mismas espacios para un aprendizaje con sentido, quizá los jóvenes aprenderían mucho de esto en esas instituciones. Si todas fuesen como SECMOL en Ladakh, o Marudam en Tamil Nadu, o Adharshila en Madhya Pradesh, generaciones enteras de niños y jóvenes crecerían aprendiendo cómo aumentar su curiosidad y creatividad naturales, cómo convertirse en adultos que sean sensibles y responsables hacia otros que les rodean (y hacia las futuras generaciones y el resto de la naturaleza), y cómo no pensar que las únicas cosas que valen la pena en la vida son el dinero, el poder y la fama. Pero el 90% de las instituciones educativas de India están pensadas para crear una fuerza de trabajo obediente para que las corporaciones sigan consiguiendo beneficios y la continuación del centro del poder en el gobierno. Es natural entonces que los jóvenes busquen espacios fuera, donde puedan encontrar sentido y ser innovadores y creativos. Si el activismo es un espacio de este tipo, ¿qué derecho tienen los adultos a arrebatárselo?La gente mayor tenemos que dejar en paz a nuestros jóvenes. Como miembros de generaciones que han creado crisis globales exacerbadas que amenazan la vida misma en la Tierra y niveles vergonzosos de desigualdad entre los que tienen y los que no, deberíamos ser más cautelosos. Tenemos que dejar que florezca la agencia de los jóvenes, ser capaces de guiarlos, de darles un sentido de la historia, facilitar una serie de opciones, pero también entender que tienen el derecho constitucional a llevar a cabo las acciones no violentas que ellos crean apropiadas, y de hecho, el deber constitucional de ayudar a proteger la libertad, la democracia y el medio ambiente. Esto no significa pintar un cuadro totalmente rosa de la juventud: como hicimos en nuestro tiempo, a veces cometerán errores, serán impacientes y apresurados, desearán la oportunidad para una foto, saltar a acciones sin pensar en todas las consecuencias. Así que aconsejémosles paciencia y una visión matizada, ayudémosles a volver a un cierto ‘conocimiento lento’ desplazado por la rapidez de los medios sociales, animemos a la construcción de puentes entre clases, castas, géneros y divisiones ideológicas. Construyamos una atmósfera de respeto mutuo entre generaciones. Pero no les dictemos, no seamos paternalistas y no les amenacemos. Cuando lo hacemos, ponemos en peligro la mayoría de edad de toda una generación.

Ashish Kothari es miembro de Kalpavriksh Vikalp Sangam, en Pune (India). Estos puntos de vista son personales.

Como complemento al artículo de Ashish, ofrecemos la declaración que ha efectuado recientemente la joven activista climática Disha Ravi, citada en el artículo:

«Todo lo que es real se siente demasiado irreal: el abominable smog de Delhi; la comisaría de la policía cibernética; el hospital Deen Dayal; los juzgados de Patiala House, y la cárcel de Tihar. En todos los años en que alguien me había preguntado dónde me veía en 5 años, nunca hubiera respondido que en la cárcel, pero ahí estaba.

Me sigo preguntando qué se sentía al estar allí en ese momento en particular, pero sigo sin respuestas. Me he obligado a creer que la única forma con la que seré capaz de sobrevivir todo esto era engañándome pensando que no me estaba pasando a mí: la policía no llamó a mi puerta el 13 de febrero de 201; no cogieron mi teléfono y portátil y me detuvieron; no me presentaron ante el juzgado de Patiala House; la gente de los medios de comunicación no intentaba encontrar sitio en la sala. Mientras permanecía en pie en esa sala del tribunal, buscando desesperadamente a mis abogados, me hice a la idea de que me tendría que defender por mí misma. No tenía ni idea de si tendría asistencia legal, así que cuando el juez me preguntó si tenía algo que decir, decidí decir lo que pienso. Antes de darme cuenta, era envíada cinco días a custodia policial.

No es una sorpresa que en los días que siguieron mi autonomía fue violada, mis fotografías aparecían en todos los programas de noticias, mis acciones eran consideradas culpables –no en el tribunal, sino en las pantallas planas de quienes buscan audiencia–. Estaba ahí sentada, sin saber de las muchas abstracciones hechas sobre mí para saciar su idea sobre mi persona.

Al terminar los cinco días (19 de febrero de 2021), fuí transferida a custodia judicial durante tres días. En Tihar, fue consciente de cada segundo de cada minuto de cada hora de cada día. Encerrada en mi celda, me preguntaba cuando se había convertido en un crimen pensar que los elementos más básicos de mantenimiento de este planeta eran tan míos como suyos. ¿Por qué millones están pagando el precio final por la avaricia de unos cientos? Su interés en la vida de esos millones depende de si consiguen o no beneficios e incluso ese interés tiene una vida muy corta. Desgraciadamente, también lo tendrá la humanidad, si no actuamos a tiempo para parar ese consumo y avaricia sin fin. Nos estamos acercando poco a poco a nuestro propio fin.

También comprendí, durante el tiempo bajo custodia, que la mayor parte de la gente sabe muy poco o nada de activismo climático o justicia climática. Mis abuelos, que son campesinos, originaron de manera indirecta mi activismo climático. Tuve que ser testigo de cómo les afectaba la crisis del agua, pero mi trabajo se reducía a campañas de plantación de árboles y a limpiezas, que son importantes pero no lo mismo que luchar por la supervivencia. La Justicia Climática trata de la igualdad intersectorial. Se trata de ser radicalmente inclusivo con todos los grupos de personas, de manera que todos tengan acceso a aire limpio, comida y agua. Como siempre dice un querido amigo: «La Justicia Climática no es solo para los ricos y los blancos». Es una lucha junto a aquellos que son desplazados, cuyos ríos han sido envenenados, cuyas tierras han sido robadas, que ven cómo sus casas son arrasadas cada dos por tres. Y aquellos que luchan incansablemente por los derechos humanos básicos. Luchamos junto a los silenciados activamente por las masas y presentados como ‘sin voz’, porque es más fácil para los savarnas –hindúes de casta alta– llamarlos ‘sin voz’. Tomamos la salida fácil y financiamos el ‘salvadorismo’, en lugar de amplificar las voces sobre el terreno.

La inmensa cantidad de amor de la gente me dio fuerzas. Les doy las gracias a todos los que me apoyaron. Los últimos días han ido más allá del dolor, pero sé que soy una de los privilegiados. Tuve la fortuna de tener una excelente asistencia legal voluntaria y gratuita, pero ¿qué pasa con los que no la tienen? ¿Qué pasa con todos aquellos en las cárceles cuyas historias no se venden bien? ¿Qué pasa con los marginados que no merecen tu tiempo de pantalla? ¿Qué pasa con aquellos que se enfrentan a la absoluta indiferencia del mundo? Aunque sus formas físicas estén atrapadas tras los barrotes a causa de nuestro silencio colectivo, sus ideas seguirán vivas mientras lo haga la resistencia del pueblo. Las ideas no mueren. Y la verdad, no importa cuanto tiempo haga falta, siempre acaba revelándose.

‘Somos amenazados todos los días, nuestras voces son aplastadas. Pero seguiremos luchando’ –Soni Sori

Luchando todavía por la justicia climática».

— Disha Ravi

Fuente: https://rebelion.org/la-juventud-india-tiene-el-derecho-y-el-deber-a-resistir-y-crear-los-mayores-deben-permitirlo-o-apartarse/

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Excepcionalismo Moral de la Políticas y prácticas en Materia de Derechos Humanos en los Estados Unidos de América

Por: Jorge Forero Coronel y Nelson Ortega Bonilla/Investigadores del CII-OVE 

El gobierno de los Estados Unidos de América, se ha caracterizado por la promoción de una visión sesgada y reduccionista en materia de Derechos Humanos, centrada en el mito del excepcionalismo moral de ese país, lo cual ha derivado en la tendencia a exceptuarse a sí mismo de los estándares que aplica a los demás[1], los dobles estándares para naciones amigas y enemigas, y el aislamiento legal o negación arbitraria de derechos humanos universales en su jurisdicción, sin que los paladines de la Defensa las libertades fundamentales; sus socios Europeos, cuestionen estas acciones.

De hecho es evidente que ese tema es usado como un instrumento de su política exterior, y que esa lógica supremacista explica su autoproclamación como garante global de dichos derechos, a partir de intereses que nada tienen que ver con una genuina preocupación por el disfrute, promoción y protección de los mismos.

En el presente documento se expone un análisis crítico de las políticas y las prácticas de los Estados Unidos de América en materia de Derechos Humanos, tanto en su actuación internacional como en su jurisdicción.  Sobre la base de un conjunto de datos, se valora la actuación de ese gobierno en  algunas dimensiones, tales como:

  1. Situación de los EE.UU., ante la legislación internacional en materia de Derechos Humanos.
  2. Uso sistemático de torturas y tratos inhumanos de manera directa, así como asistencia y cooperación con gobiernos que han generalizado estas prácticas.
  3. Criminalización de las migraciones: vulneración de derechos a personas con necesidad de protección internacional; Separación forzosa de familias y violación de derechos humanos a niños migrantes no acompañados.
  4. Ascenso del racismo en la administración de las políticas de seguridad y administración de justicia.
  5. Influencia de sus políticas en materia de armas de fuego, narcóticos y migraciones en la violencia criminal del norte de México.
  6. Balance de sus intervenciones militares extraterritoriales.
  7. Las medidas coercitivas unilaterales y la vulneración de los Derechos Humanos.

 

  1. Situación de los EE.UU., ante la legislación internacional en materia de Derechos Humanos

Estados Unidos niega la jurisdicción de la legislación internacional de derechos humanos dentro de su jurisdicción y legislación interna. De un total de 61 instrumentos de derechos humanos, Estados Unidos sólo es Estado Parte en 18 de ellos. Es el único país del mundo que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Además, es notable el hecho de su no ratificación de otros importantes instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que sobresalen:

  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
  • Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer;
  • Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad;
  • Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas;
  • Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.

La exclusión del conjunto de convenciones en materia de derechos humanos en áreas especialmente sensibles, demuestra el doble discurso del gobierno de los Estados Unidos e incluso pone de manifiesto su verdadero talante de transgresor sistemático de derechos humanos fundamentales.

  1. Uso sistemático de torturas y tratos, crueles, degradantes e inhumanos

El gobierno de los Estados Unidos de América emplea de manera sistemática las torturas, los tratos crueles, degradantes e inhumanos, como política. Existe una extensa documentación al respecto, en la presente reflexión se van a referir dos informes puntuales, en los cuales queda explícita la actuación violadora de derechos humanos de organismos de ese país.

El Senado de los Estados Unidos publicó un informe de investigación (2014), sobre los programas de interrogatorios desarrollados por la CIA, en el cual se evidenció el alcance de las violaciones de los derechos humanos de los detenidos y de las faltas de garantías del debido proceso.

En las cárceles secretas operadas por Estados Unidos se han cometido graves violaciones de los derechos humanos que califican como actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Los actos cometidos por Estados Unidos incluyeron simulación de asfixia, la desnudez forzada, la exposición a bajas temperaturas, los baños de agua congelada, la privación del sueño por largos períodos de tiempo, la alimentación e hidratación rectal y las amenazas de abusos y muerte contra las personas detenidas.

Las torturas y los tratos crueles, degradantes e inhumanos, forman parte orgánica de la política de los Estados Unidos. El Informe 2017 de Amnistía Internacional, referido a la actuación de ese país, reseña que en una entrevista el 25 de enero (unos días después de su toma de posesión), el presidente Trump expresó su apoyo a la tortura y afirmó que “confiaría” en el secretario de Defensa, el director de la CIA y otras personas para decidir si Estados Unidos debía emplearla”.

De acuerdo con el informe citado, no se ha adoptado medida alguna para poner fin a la impunidad de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidas las torturas, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzosa cometidas en el marco del programa de detención secreta gestionado por la CIA.

Por el contrario, el presidente Trump propuso para altos cargos gubernamentales al menos a tres personas implicadas en el programa de detención secreta mencionado: Gina Haspel, seleccionada para el cargo de subdirectora de la CIA; Steven Bradbury, propuesto para el cargo de asesor jurídico general del Departamento de Transporte; y Steven Engel, propuesto para dirigir la Oficina de Asesoramiento Jurídico el Departamento de Justicia.

Precisamente las cárceles ilegales han sido escenario de prácticas sistemáticas de tortura. En diciembre de 2017, la ONU emitió una crítica a las autoridades de EE.UU., por crear un agujero negro legal que permitió la detención indefinida de sospechosos sin cargos, y por mantener presos a muchos de ellos durante más de una década. Nils Melzer, el relator especial sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instó a Estados Unidos a poner fin a la tortura de presos en el polémico centro de detención de Guantánamo.

Según Human Rights Watch (HRW), los 31 detenidos que permanecen en Guantánamo, están recluidos de manera arbitraria desde hace más de una década, sin cargos, ni juicio. Antes de las elecciones, el presidente Trump prometió mantener abierto el centro de detención e incrementar la cifra de detenidos allí recluidos. Recientemente, el 1 de febrero de 2019, Jhon Boltón, Asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump, llegó al extremo de amenazar con una celda en la prisión ilegal de Guantánamo al presidente constitucional de Venezuela.

  1. Criminalización de las migraciones:

El gobierno de los Estados Unidos está implementando de manera sistemática, una política de criminalización de las migraciones, la cual además de incumplir con la legislación internacional en la materia, ha desencadenado en una práctica generalizada de infracción de derechos a personas con necesidades de protección internacional;  separación forzosa de familias; y tratos crueles, degradantes e inhumanos hacia la población migrante, incluso hacia sectores especialmente vulnerables, como los niños migrantes no acompañados.

De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, Washington está acentuando esa tendencia. En 2017, el presidente Trump promulgó varias órdenes ejecutivas que afectaban los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

En primer lugar, promueve la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. En segundo lugar, estimula la devolución y/o retención arbitraria de personas solicitantes de asilo (es decir, de población con necesidades de protección) y sus familias.

En tercer lugar, otra orden ejecutiva promulgada el 27 de enero prohibía durante 90 días la entrada de personas extranjeras provenientes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen[2]; suspendía durante 120 días el Programa Estadounidense de Admisiones de Refugiados; reducía de 110.000 a 50.000 el número de personas refugiadas aptas para ingresar en el país durante el año fiscal 2017, e imponía una prohibición indefinida del reasentamiento de personas refugiadas procedentes de Siria”, en cuya situación de guerra intestina los Estados Unidos han tenido un rol protagónico.

Posteriormente, el 24 de septiembre, se proscribieron indefinidamente las inmigraciónes a Estados Unidos de ciudadanos de siete países: Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Siria y Yemen, e impedía la emisión de visados para miembros de ciertas agencias estatales venezolanas y sus familiares.

Uno de los hitos más notables de la política hostil y cruel hacia los derechos de los migrantes, está vinculada con una nueva orden ejecutiva emitida el 16 de agosto, en la cual el Departamento de Seguridad Nacional federal puso fin al Programa de Refugiados Menores Centroamericanos[3].

El informe precitado, denuncia que más de 17.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) no acompañados fueron retenidos tras cruzar de manera irregular la frontera con México entre enero y agosto, los cuales permanecieron bajo custodia durante meses, sin acceso adecuado a atención médica y asistencia letrada, mientras se procesaba su petición de permanecer en Estados Unidos.

Por su parte, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicado en 2015, expone datos que demuestran que no se trata de hechos aislados o de una nueva política de la administración Trump, sino que por el contrario, se trata de una práctica que se ha instaurado desde hace años como política migratoria violadora de derechos humanos a la población más vulnerable de los procesos migratorios, los NNA no acompañados.

El informe referido, señala que en 2013, 17.240 NNA mexicanos no acompañados, fueron detenidos por funcionarios estadounidenses en el paso fronterizo, sin embargo, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados («ORR»), entidad responsable del cuidado y la custodia de los NNA no acompañados durante sus procedimientos migratorios, apenas reportó 740 NNA mexicanos no acompañados bajo su custodia. Es decir, el 96% de los NNA mexicanos no acompañados fueron expulsados de regreso a México sin el debido proceso.

ACNUR también ha corroborado esta cifra, y ha estimado que alrededor del 95,5% de los NNA mexicanos no acompañados que llegan solos y en condiciones de indefensión y vulnerabilidad absoluta a los Estados Unidos, son devueltos sin la oportunidad comparecer ante un juez de inmigración, con lo cual no solo se violan los tratados internacionales, sino que también se hace caso omiso de la propia legislación norteamericana en la materia.

La CIDH reportó además repatriaciones arbitrarias de NNA no acompañados que se llevaban a cabo durante la noche (procedimiento totalmente prohibido en la legislación internacional); sobre la colocación de esposas a los niños por parte de agentes fronterizos de Estados Unidos para efectuar el retorno; y que muchos NNA mexicanos no acompañados fueron enviados a otras regiones de México, incluyendo lugares situados en el lado opuesto del país al de su comunidad de origen. Esta información es indicativa de prácticas directamente violatorias de los derechos del niño y del propio tratado de repatriación entre México y Estados Unidos.

El escenario se ha tornado más complejo por la violación del debido proceso a los migrantes, el cual es producto de la combinación de la intensificación de la crisis social y el aumento de la violencia en México y Centroamérica, y de las restricciones de presupuesto para atender este problema por parte del gobierno de los Estados Unidos.

A continuación se cita textualmente un párrafo del informe de la CIDH (2015), en el cual se evidencia la gravedad de la situación y el nivel de vulneración de derechos humanos de niños no acompañados por parte del gobierno norteamericano:

“la información pública disponible señala que para junio de 2014 se registraban 375.000 casos de inmigración atrasados, incluyendo 41.640 casos de niños en espera de fecha de audiencia. A finales del año fiscal 2014 de Estados Unidos (el 30 de septiembre de 2014), los casos atrasados ascendían a 408.037, y para finales del mes de octubre de 2014, este número llegó a 421.972. Para junio de 2014 el tiempo promedio de espera para todos los casos, incluido el de los NNA no acompañados, se estimó en 587 días, o más de un año y siete meses. Para abril de 2015, los casos pendientes ascendían a 445.607, entre ellos 70.035 de NNA no acompañados. Uno de los principales factores y causas para el retraso procesal es un número mucho mayor de casos en un contexto de restricciones presupuestarias” (p. 100).

Como se aprecia en las cifras de la CIDH, estamos en presencia de un fenómeno de violación sistemática e intencionada de derechos humanos fundamentales, con el agravante de que una proporción importante de las víctimas son niños y niñas en condiciones de altísima vulnerabilidad.

Pero el mismo informe reseña que existe registro y documentación sobre numerosos casos de tortura y trato cruel por parte de funcionarios de migración de los Estados Unidos hacia niños no acompañados. A continuación se presenta otra cifra textual con datos escalofriantes:

“existen numerosas denuncias sobre abuso físico, incluyendo abuso sexual, golpizas, y el asumir posiciones de estrés a exigencia de funcionarios (…). Más de la mitad de estos NNA no acompañados reportó diversas formas de abuso verbal, incluyendo comentarios raciales, sexualmente cargados, y amenazas de muerte. Más de la mitad informó que se les había denegado atención médica, incluyendo dos jóvenes madres cuyos bebés se enfermaron durante la detención en temperaturas muy bajas, y una niña cuya medicación para el asma fue confiscada mientras sufría ataques de asma. Los NNA no acompañados constantemente denunciaron haber sido recluidos en celdas insalubres, en condiciones de hacinamiento, y con temperaturas de congelación, y aproximadamente el 70% informó haber permanecido detenidos más allá de las 72 horas establecidas por el mandato legal. Muchos informaron haber permanecido detenidos sin mantas y tener que dormir en el suelo, con las luces prendidas. Más del 80% describió cómo se le denegó alimentación adecuada y agua bajo la custodia, incluyendo un niño cuya única fuente disponible de agua potable era el tanque de un inodoro y otros que sólo recibieron alimentos congelados o en mal estado y, posteriormente, se enfermaron” (p. 111).

Los datos aportados por el informe en cuestión, explicitan el carácter notablemente represivo y vulnerador de derechos humanos de la política y las prácticas del gobierno de los Estados Unidos en materia de atención a la población migrante.

Sin embargo, la violación de derechos no se reduce a las prácticas citadas, sino que se agudizan ante situaciones como la separación arbitraria de familias, tratos crueles y atropellos, en palabras de la CIDH: “15% de estos NNA no acompañados, reportó haber sido separado de otros miembros de la familia, y el 30% informó que su dinero y/o pertenencias fueron confiscados por funcionarios y nunca retornados. Muchos niños reportaron haber sido encadenados durante el transporte” (p. 111).

La CIDH precisó además que en el momento de redactar el informe, indican que entre el 18 de julio de 2014 al 14 de octubre de 2014, apenas 179 NNA no acompañados se les permitió permanecer en los Estados Unidos, de un total de 1.637 casos registrados. Respecto de casi todos los NNA no acompañados -1.456-, equivalentes al 89% de los casos, se dictó orden de expulsión.

Pero si lo expuesto no fuera suficientemente atroz y abyecto, la administración Trump ha asumido una política –denominada tolerancia cero-, la cual resulta aún más hostil y violadora de derechos humanos que las de sus antecesores. Dicha política ha derivado en la generalización de prácticas crueles como la separación forzosa de familias (los adultos son criminalizados y objeto de procesos judiciales, mientras que los niños son enjaulados –literalmente- en centros de reclusión temporales para la posterior expulsión de ambos).

En junio de 2018, los agentes de migración de Estados Unidos mantenían a más de 10.000 menores retenidos en centros de detención, ubicados en distintos lugares del país. Los pequeños son encerrados en jaulas de metal; duermen en algunos casos- en delgadas colchonetas sobre el frio concreto y cubiertos solo por sábanas que los protegen de las bajas temperaturas. Esta práctica de crueldad, se ha generalizado aún más ante las detenciones masivas de migrantes indocumentados en el marco de las caravanas humanitarias provenientes de Centroamérica.

La nueva administración de la Casa Blanca, pareciera no tener la más mínima intención de enmedar estos errores y recientemente se han publicado imágenes que muestran las condicones denigrantes en las que se encuentran los menores de edad, cuestionando además que no son jaulas sino centros de detención, dando de esta forma continuidad de las prácticas violatorias de los Derechos Humanos llevados a cabo durante el Gobierno de Trump.

  1. Ascenso del racismo en la administración de las políticas de seguridad y administración de justicia

Un estudio del Registro Nacional de Exculpaciones de Estados Unidos publicado en marzo de 2017, registró que los estadounidenses negros tenían siete veces más probabilidades de ser condenados injustamente por asesinato que los blancos. En lo que se refiere a los delitos relacionados con drogas, los estadounidenses negros inocentes tienen unas 12 veces más probabilidades de que se les aplique una condena equivocada que los blancos. Los infractores varones negros fueron condenados, a condenas 19,1% más largas que aquellos infractores varones blancos en casos similares.

  1. Influencia de sus políticas en materia de armas de fuego, narcóticos y migraciones en la violencia criminal del norte de México

México experimenta una grave y severa crisis de violaciones graves de derechos humanos y crímenes violentos, la mayoría de los cuales han sido cometidos con armas de fuego. El país ostenta la tasa de homicidios más alta registrada en toda su historia, donde dos de cada tres homicidios son cometidos con armas de fuego. El 70% de las armas recuperadas y rastreadas en las diversas escenas del crimen en México provienen de los Estados Unidos.

La “cooperación” de Washington en equipos militares y armas de fuego, así como el entrenamiento militar estadounidense de miles de soldados como parte de la Iniciativa Mérida, cuya punta de lanza es la denominada “guerra contra el terrorismo”, ha redundado en el crecimiento vertiginoso de las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado, con tasas aún más altas que antes de que comenzara la Iniciativa referida y con una impunidad casi total.

Un estudio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en México (2018), reporto que en junio de 2018, una docena de congresistas estadounidenses señalaron que “el uso de las fuerzas militares mexicanas en la guerra contra las drogas ha resultado en un dramático aumento de las violaciones a los derechos humanos, incluidas la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”. Por ende, pidieron “una evaluación completa y pública de la Iniciativa Mérida, así como una revisión de la ayuda que brinda Estados Unidos a México en cuanto a seguridad y venta de armas” (p. 4).

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que, durante el período que comprende los años de 2011 a 2016, pudieron rastrearse 74 mil 515 armas de fuego recuperadas en diversas escenas del crimen en México, y que éstas fueron producidas o habían sido vendidas en la Unión Americana.

De acuerdo con el informe precitado, “al menos 37.435 personas, de diciembre de 2006 a junio de 2018, han sido víctimas de desapariciones forzadas en México[4], mientras que (…) se han cometido 121.035 homicidios con arma de fuego, de los cuales 16.898 ocurrieron durante 2017” (p. 4).

El informe revela además que la gran mayoría de estos crímenes continúan impunes, sin la apertura de investigaciones penales o sentencias, y sin una reparación integral para las víctimas, lo que permite inferir que existen estructuras que han permeado al Estado mexicano y que están asociados a factores muy poderosos, entre los que se destacan, carteles del narcotráfico, estos últimos, los principales socios del comercio legal e ilegal de armas auspiciado y usufructuado por los Estados Unidos.

  1. Los derechos humanos en el contexto de las intervenciones militares extraterritoriales estadounidenses

Estimar y describir el impacto de las intervenciones militares extraterritoriales de los Estados Unidos en materia de Derechos Humanos amerita un tratado, por la complejidad de los casos y por el carácter multidimensional de los derechos conculcados. Por tanto, en este apartado apenas se van a citar algunos estudios de instituciones de gran prestigio, de manera de obtener una referencia general de dicho impacto con énfasis en la variable: víctimas mortales.

Un estudio de la Universidad de Brown (EE.UU.) ha registrado 480.000 víctimas mortales de las guerras en las que EE.UU. ha participado desde 2001, entre ellos 244.000 civiles. Asimismo, los enfrentamientos en Afganistán, Irak, Siria y otros países, habrían causado 10 millones de refugiados. Según el informe, Washington gastó en esos conflictos 5,9 billones de dólares, cifra que ascenderá a 6,7 billones para 2023 si se mantiene el ritmo de inversión.

Las cifras de la institución universitaria norteamericana resultan conservadoras al compararlas con un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en 2008, en el cual se afirma solamente la invasión a Iraq dejó 400.000 muertos.

Los casos de Libia y Siria también presentan cifras cruentas. El investigador Nicolas Davies, calculó en más de 200.00 el número de víctimas mortales del conflicto desatado en 2011. Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH)[5], estima que en el conflicto de ese país,  hubo al menos 250.000 víctimas mortales, entre ellos 74.426 civiles y de ellos, 12.517 niños y 8.062 mujeres.

  1. Las medidas coercitivas unilaterales y la vulneración de los Derechos Humanos.

Las mencionadas de manera equívoca sanciones[6] han sido una forma no convencional de violación de los derechos humanos, en terceros países, la mayoría de ellas aplicadas con la excusa de defenderlos, y en muchos casos con el doble rasero de ni siquiera suscribir los acuerdos internacionales, que extraterritorialmente justifican defender.

Un total de 29 países[7] forman la lista en los que según la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC por sus siglas en inglés), los Estados Unidos aplica medidas coercitivas al margen del Derecho Internacional establecido por la Organización de Naciones Unidas.

Según un informe de Amnistía Internacional (2009) denominado “El embargo estadounidense contra Cuba su impacto en los derechos económicos y sociales”, destaca que “Las repercusiones negativas del bloqueo son bien patentes en las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo humano de Cuba y afectan gravemente a los grupos socioeconómicos más vulnerables de la población”, citando al coordinador residente de la oficina de Naciones Unidas en el país caribeño durante el año 2008.

En el informe del Secretario General de Naciones Unidas  “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, nos indica que “El bloqueo tiene un impacto negativo en todas las áreas económicas, sociales y culturales, limitando seriamente el derecho al desarrollo de Cuba. En términos estrictamente económicos, se estima una afectación de al menos 130.178,6 millones de dólares”.

Por su parte la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO en inglés) a petición del Senado norteamericano, en un informe reciente sobre Venezuela señaló que estas medidas habían contribuido a la caída abrupta de su Producto Interno Bruto, buscando el colapso del país Sudamericano, que ha sufrido desde el 2015 según cifras oficiales la pérdida de sus ingresos en más de 130.000 millones de dólares, más que suficientes para garantizar el bienestar de su población que han visto afectadas sus libertades fundamentales por la extraterritorialidad de las leyes impuestas por los Estados Unidos.

Es una guerra donde la famosa herramienta del smart power, constituye una amenaza que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin que exista hasta el momento un mecanismo de reparo o juisticia para quienes aplican este tipo de medidas que afectan directamente a poblaciones enteras.

[1] Estados Unidos firma tratados y leyes de derechos humanos, pero en función de sus inestables intereses puntuales, establece reservas, no ratifica o simplemente no suscribe los mismos.

[2] Todos estos países padecen conflictos inducidos directa o indirectamente por la política exterior estadounidense.

[3] Ese programa permitía que menores de 21 años que huían de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras,  cuyos padres residen en Estados Unidos en situación regular, solicitar entrevistas para su reasentamiento como personas refugiadas antes de viajar a Estados Unidos. El Programa también permitía solicitar la entrada a Estados Unidos a los niños y las niñas de esos tres países que no podían optar a la condición de personas refugiadas y no tenían ninguna otra forma de reunirse con sus progenitores.

[4] El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, así como las fosas comunes multitudinarias halladas en diversas regiones del norte de México, han marcado un hito en estas prácticas.

[5] Se trata de una ONG radicada en Londres.

[6] Las sanciones son medidas aplicadas por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

[7] Afganistán, Bielorrusia, Burundi, Bosnia y Herzegovina, Cuba, Chipre, China, Corea del Norte, Egipto, Guinea, Guinea Bissau, Haití, Irán, Irak, Liberia, Líbano, Libia, Malí, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Rusia, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Túnez, Venezuela, Yemen y Zimbabue.

 

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La Lucha por la Educación Pública: Un Breve Análisis desde América Latina

(Artículo escrito para el suplemento “Plural· de la Revista Viento Sur)

Por: Luis Bonilla-Molina

@Luis_Bonilla_M

Coordinador Internacional del portal Otras Voces en Educación / Premio de Justicia Social otorgado por el Proyecto Democrático Paulo Freire de la Universidad de Chapman, por su trabajo con el sector docente a nivel internacional durante la pandemia 2020.

  1. Introducción

La crisis económica del capitalismo y la reestructuración del modo de producción, derivada esta última del emerger de la cuarta revolución industrial, tienen un capítulo muy dramático en el hecho educativo. Desde el año 2015 veníamos advirtiendo que podía ocurrir un Apagón Pedagógico Global (APG), signado por la virtualidad como ejercicio de centralidad pedagógica a escala planetaria.  Estas afirmaciones se basaban en el estudio de la arquitectura financiera de las grandes corporaciones tecnológicas, el énfasis de éstas en la producción de tecnologías y narrativas educativas digitales y su creciente vínculo con los gobiernos y ministerios de educación. Los hechos confirmaron estos análisis y demostraron la importancia de estudiar el curso de la economía y la trayectoria de colisión del capital tecnológico trasnacional con los sistemas educativos.

El COVID-19 fue utilizado para abrir paso a la virtualidad y la educación en casa como paradigmas emergentes del capitalismo cognitivo. Las grandes corporaciones tecnológicas se habían venido preparando para el paso abrupto y global a la virtualidad, mientras los Ministerios de Educación de la región no dejaban de estar prisioneros de la epistemología capitalista de la primera y segunda revolución industrial, creyendo que solo comprando chatarra tecnológica resolverían el desfase surgido desde la tercera revolución industrial.

Como hemos insistido, desde la tercera revolución industrial y la aceleración de la innovación científica que ella trajo, vinculada al modo de producción y a la sociedad, ha surgido un desencuentro entre lo que quiere el capitalismo cognitivo y lo que realizan los sistemas escolares. Esto no se resuelve con la simple compra de computadores, internet y capacitación para educación en línea. Está surgiendo una paradoja, según la cual el modelo de escuela que sirvió a la reproducción cultural del sistema capitalista, en la primera y segunda revolución, ya no resulta útil para el modelo de reproducción que demanda el capitalismo de las plataformas en el marco del emerger de la cuarta revolución industrial. Lo que ocurrió en materia educativa durante la pandemia del COVID-19, pueden ser solo los relámpagos que anuncian una gran tormenta sobre la escuela pública, la profesión docente y el derecho humano a la educación. Por supuesto que la escuela emancipadora que defendemos y la educación pública vinculada a los intereses de la clase trabajadora dista mucho de cualquiera de estas propuestas.

En el Foro Mundial de Educación (2015) realizado en Incheon, Corea, ante los representantes educativos de más de 150 países, las grandes corporaciones tecnológicas anunciaron que estaban trabajando para un escenario de virtualidad educativa generalizada a escala planetaria, con un horizonte máximo de diez años, algo que de manera cómplice desoyeron los gobiernos neoliberales, para abrirle puertas a un nuevo modelo de privatización y mercantilización educativa.

A comienzos de la pandemia, prácticamente ningún sistema escolar de la región contaba con plataformas propias, arquitectura de la nube independiente, repositorios digitales en formato de la cuarta revolución industrial y mucho menos habían formado a los y las docentes para la complementariedad de la virtualidad con la presencialidad; el día D anunciado por las grandes corporaciones tecnológicas se inició con la explosión global del virus.  La situación de incertidumbre generalizada que azotó a los sistemas educativos creó las condiciones de posibilidad para el desembarco suave de las corporaciones tecnológicas en la vida escolar.  Por ello, cuando en marzo de 2020 se inicia la cuarentena preventiva radical en la región, quienes de inmediato aparecieron con sus “alternativas”, fueron las grandes corporaciones tecnológicas, imponiendo a la fuerza, una acelerada alfabetización en el manejo de plataformas, pensadas con una lógica de nuevos estilos y orientaciones en la reproducción del conocimiento, la castración del pensamiento crítico y el aprendizaje centrado en competencias. No se democratizó la apropiación de los algoritmos, ni se trabajó la comprensión y apropiación crítica de la realidad, sino se puso en marcha un ensayo de apropiación de rutinas para abrirle puertas al modelo de enseñanza que requiere el mundo digital ideado por el capital. La lógica de enseñanza que contienen las plataformas virtuales es un debate urgente en el magisterio.

Estamos aún muy lejos de conocer todo el arsenal educativo construido por las corporaciones del capitalismo cognitivo, para sustentar en el futuro próximo su propuesta de sociedad educadora digital.  Lo que presenciamos durante la pandemia fue solo la construcción de hegemonía sobre una nueva orientación, sobre un horizonte estratégico.  En otro artículo trabajaré los prototipos de escuela, bachillerato y universidad que está construyendo el capitalismo cognitivo con el ánimo de poner en marcha una nueva orientación escolar que elevará de manera exponencial la exclusión educativa que conocimos en las tres primeras revoluciones industriales.

En contravía a los anuncios de distintos sectores políticos, el neoliberalismo educativo sigue vivo y actuando con rostro de sociedad educadora, avanzando en nuevas formas de mercantilización y privatización educativa. En el marco de la pandemia muchos sistemas escolares (Puerto Rico, Panamá, Brasil, Argentina, Colombia, entre otros) avanzaron en acuerdos de largo alcance con corporaciones tecnológicas, para asociar la virtualidad y las mercancías digitales a la praxis educativa de los próximos años; la lucha por el mínimo del 6% del PIB para educación aparece como un botín en disputa por las grandes corporaciones tecnológicas.  La nómina docente, que ocupa una parte importante del presupuesto educativo, está en la mira del capitalismo cognitivo, por ello le abren paso al paradigma de la educación virtual en casa, sembrándolo hoy y, aspirando cosechar frutos de desplazamiento de les docentes en los próximos años.

Por los bordes comenzó a hablarse de la formación docente para el modelo de educación en casa, convirtiendo lo que ocurrió durante la pandemia en un ensayo de lo que la OCDE denominó como la “sociedad educadora en red”. Irene Rigau, seguidora  del Gregorio Luri Medrano (colaborador del Club de Roma) y antigua Consellera de la Educación de la Generalitat de Cataluña, señaló en el Congreso Mundial de Educación de Kairós (2020) que “ante la situación que vivimos el futuro de la escuela puede estar cuestionado”  y que las “posibilidades que tiene la tecnología, podría favorecer la aparición de nuevos profesionales de la enseñanza, contratados por grandes operadores del mercado, del mercado en red, que podrán garantizar visitas a domicilio, asistencia telefónica, consultas en sus despachos, en que la educación en casa, podría ser la tónica más generalizada con el apoyo tecnológico”.  Precisa Rigau que “había un escenario que nos parecía muy distante, el de la sociedad en red, que en estos momentos podría ser realidad, desplazando en muchos países al modelo de escuela como una organización de aprendizaje … en el centro de la comunidad”. Finaliza puntualizando que “la involución y el desmantelamiento de la escuela, facilitará que ésta sea sustituida por redes de aprendizaje”. Las afirmaciones de Rigau, son una nítida expresión de la perspectiva de los corsarios neoliberales quienes se aprestan a tomar por asalto en la post pandemia, el botín que representa el presupuesto destinado por los ministerios de educación a la nómina docente.

La pandemia ha estado signada por una brutal privatización, estratificación y generación de exclusión educativa.  La inmensa mayoría de gobiernos en América Latina abandonaron la responsabilidad de los Estados en garantizar las condiciones mínimas para desarrollar el proceso educativo.  No dotaron a les docentes, estudiantes y familias de dispositivos, acceso a internet, planes de datos y, en un inusitado clímax del paradigma de la sociedad educadora neoliberal, trasladaron a estudiantes, docentes y familias los costes de la continuidad del vínculo pedagógico en pandemia.  Esta nueva forma de privatización educativa ha sido precariamente denunciada y amenaza con instalarse como una constante en la lógica de la educación como bien común.

Este modelo de privatización generó daños colaterales de profundo impacto social global. Apareció el fenómeno de la estratificación educativa entre aquellos estudiantes que tenían acceso a computadores, conexión a internet, planes de datos suficientes y una familia de acompañamiento de emulación forzosa del rol docente, respecto a quienes no poseían estas condiciones tecnológicas y/o de apoyo y quienes tuvieron como alternativas modelos tecnológicos añejos (Radio-TV) o guías de auto aprendizaje, mientras los y las estudiantes de zonas de difícil acceso, indígenas y de pobreza extrema no podían acceder a ninguna de estas opciones.  Esta estratificación pretende construir imaginarios de auto exclusión, al darse cuenta importantes sectores de estudiantes humildes, que el no poseer equipos y condiciones tecnológicas mínimas, conlleva a no poder seguir avanzando en la educación con sello de mundo digital.  Esto pareciera continuar en la fase de salida de pandemia con los anuncios que hacen los ministerios de educación sobre alternancia o los llamados modelos híbridos.

Hoy, los Ministerios de Educación de la región no conocen a ciencia cierta cuál es la matrícula real, quienes permanecen en sus sistemas educativos y quienes han abandonado, o quedado excluidos porque están en la amplia franja de población sin acceso al mundo de la tecnología 3G, 4G o 5G.  La vuelta presencial a las aulas en la post pandemia estará signada por un titánico esfuerzo de los y las docentes para reincorporar a las aulas a quienes quedaron desconectados durante el año 2020.

  • El Covid-19 y las posibilidades de avanzar en la unidad del magisterio. Inventario de Actores

El neoliberalismo educativo ha lanzado una ofensiva planetaria contra la escuela presencial y la educación pública. Enfrentar esta arremetida demanda una articulación y unidad del magisterio sin precedentes. Ello exige un adecuado inventario de actores, situaciones a resolver y afirmación de las potencialidades.   En este artículo me interesa identificar actores que han sido claves en la construcción de resistencias anti neoliberales de distinto signo e intensidad durante el año 2020.  Por un lado, están los sindicatos, por otra las coaliciones en defensa de la educación como derecho humano y finalmente algunas instituciones académicas y científicas.

En el caso de los gremios y sindicatos, es muy importante ubicar su vínculo con corrientes sindicales internacionales; en muchos casos sindicatos militan en varios agrupamientos internacionales, lo cual implica una lectura mucho más fina, imposible de lograr en los límites de extensión de este artículo.

En la región existe un desarrollo desigual de los procesos de instauración de las corrientes sindicales internacionales.  La mayoría de gremios y sindicatos están fuera de algún agrupamiento internacional y en buena medida pesa la orientación política de cada organización para tomar una decisión al respecto. En ocasiones los cambios de orientación política en la dirección de los gremios conllevan a desafiliaciones y/o afiliaciones a una u otra corriente internacional.

La Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) agrupa a sindicatos muy numerosos y diversos en sus composiciones políticas, perspectiva de independencia de clase y cultura de movilización unitaria. Destacan la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina(CTERA), la Federación Colombiana de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (FECODE),  el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación(SUTEP) del Perú, la Unión Nacional de Educadores de Ecuador (UNE), el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) de México, el Colegio de Profesores de Chile,  y otros tantos sindicatos mucho más pequeños. En unos casos sus métodos de trabajo los ubican en la perspectiva transformadora amplia, mientras que en otros viven profundan tensiones a su interior; en el caso de México, el SNTE, cuestionado por sus vínculos con el PRI y los gobiernos burgueses, aún antes de la conducción por parte de Elba Esther Gordillo, cuenta desde finales de 1978 con una corriente clasista y antiburocrática a su interior, la Coordinadora Nacional de los y las Trabajadores de la Educación (CNTE) que agrupó las fuerzas que lucharon durante la pandemia por  la defensa del magisterio ante el modelo de neo privatización educativa. Algo similar ocurre en el Colegio de Profesores de Chile, con el Movimiento por la Unidad Docente (MUD) y otras corrientes clasistas que tensionan a favor del manejo democrático y clasista del gremio, mientras que en Ecuador, Colombia y Perú fueron la UNE, FECODE y SUTEP de conjunto, quienes lideraron el trabajo de resistencia ante la ofensiva del capital en el 2020. El caso de Argentina es muy particular, dada la multiplicación de gremios de base de distintas orientaciones y las diferencias tácticas que mantienen las grandes centrales sindicales. Es incorrecto hacer una caracterización de la IEAL como si fuera una sola expresión en el terreno de la lucha de clases, cada organización que forma parte de ella debe ser valorada en su actuación en el contexto nacional y ello deriva en una caracterización dinámica del IEAL.

Otro actor regional es la Confederación de Educadores Americanos (CEA),  conformada por una serie de gremios diversos, entre los cuales están la Confederación Nacional de los Trabajadores de los Establecimientos de Enseñanza (CONTEE) de Brasil, el SNTE de México, el Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior de Nicaragua (FEPDES), la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) del Uruguay, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) de la Argentina, La Confederación de Trabajadores Urbanos (CTU) de Bolivia, el Frente Reformista de Educadores Panameños (FREP), la Federación de Sindicatos de Trabajadores Técnico-Administrativos de Instituciones Públicas de Educación Superior de Brasil (FASUBRA). A decir verdad, su capacidad de incidencia regional fue mínima en la coyuntura del COVID-19, aunque algunas de sus organizaciones como FASUBRA estuvieron muy activas en el marco nacional.

Por otra parte, está la Confederación Sindical de los Trabajadores de las Américas (CSA) vinculada a la AFL-CIO de los Estados Unidos y a la Confederación Sindical Internacional (CSI), de la cual forma parte la Central de los y las Trabajadores Argentinos (Autónoma (CTA-A), a la cual está afiliada la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios- Histórica (CONADU-H)  una de las organizaciones de docentes que estuvo muy activa en la unidad internacional en lucha contra el neoliberalismo educativo y combativa a nivel nacional, en el marco de la pandemia.

Producto de una escisión de la CSA en el año 2017 se funda la Alternativa Democrática Sindical (ADS), de la cual forma parte la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP) la cual  estuvo muy presente en las resistencias anti neoliberales en educación durante el año 2020.

Adicionalmente, la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura (FLATEC) es otra de las centrales sindicales regionales. De ella, forman parte organizaciones que fueron muy activas en la resistencia a la ofensiva neoliberal durante la pandemia, especialmente la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) de Panamá y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) de Costa Rica. Como en las restantes organizaciones, el movimiento es desigual, unas organizaciones son muy activas, mientras otras no terminan de aparecer en el escenario de la lucha anticapitalista.

La Federación Sindical Mundial (FSM) no suele actuar como un escenario de coordinación de la lucha magisterial, a pesar que algunos de sus sindicatos pertenecen al campo de la educación, entre ellos el Sindicato Unitario Fuerza Magisterial (SINAFUM) de Venezuela. Fue muy débil su incidencia en el magisterio y la actividad gremial docente en el marco de la pandemia. El presidente de la FSM fue invitado al Congreso Mundial de Educación en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo.

Entre la inmensa mayoría de “no alineados” con ninguno de los agrupamientos internacionales y que tuvieron un protagonismo especial en el año 2020, destacan la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico (FMPR),   Surrey Teachers Association perteneciente al Bristh Columbia Teachers Federation(BCTF) de Canadá,  United Teachers Los Ángeles (UTLA) y el Chicago Teachers Unión (CTU) de Chicago, ambos de los  EEUU, la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), el Sindicato Nacional de Docentes de la Enseñanza Superior (ANDES) y SINASEFE, de Brasil, la Asociación Puertorriqueña De Profesores Universitarios (APPU), la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia (CONMERB) , la CNSUESIC de universitarios en México, la FERC-CGT de Francia,  de así como una serie de sindicatos locales como SUTEBA el Tigre, Ademis de Buenos Aires,  Amsafe y la COAD de Rosario, el SUTE de Mendoza, Argentina, la Intersindical de Valencia, el USTEC-STEs de Cataluña, España, SITRAIEMS-CDMX de México, la Intergremial de Formación Docente del Uruguay. La Asociación de Profesores Universitarios (APU) de Colombia, el SINDEU de Costa Rica.

Es importante ubicar otros actores regionales no gremiales, quienes trabajan en la defensa de la educación pública. El primero, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) conformado por más de 600 centros de investigación, 99 instituciones asociadas y 82 redes temáticas.  Clacso constituye el más importante tejido de investigadores(as) sociales en la región, con vínculos en los cinco continentes; cuenta con cinco grupos de trabajo sobre educación que enfatizan en el derecho humano a la educación.  El desafío de Clacso continúa siendo el de una mayor articulación con el movimiento social y gremial en educación.

El segundo, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) que agrupa a dieciocho foros y coaliciones nacionales por el derecho a la educación, nueve redes regionales y cinco organizaciones nacionales. La Clade tiene un enorme potencial, al ser una amplia red de redes del movimiento social organizado.

El tercero, el Consejo de Educación Popular de América Latina (CEAAL), constituido por un centenar de colectivos nacionales y locales de educación popular, concentrado fundamentalmente en trabajo educativo comunitario.

Un cuarto actor es el Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación (CII-OVE) que se ha convertido en un factor de articulación y trabajo unitario entre los distintos actores del movimiento social en defensa de la educación pública. Su capacidad de relacionamiento, diálogo y organización fue fundamental para la realización del I Congreso Mundial en defensa de la Educación Pública y contra el Neoliberalismo Educativo realizado en septiembre de 2020.  La alianza de Otras Voces en educación con la Cooperativa de Educadores y Educadoras, Investigadores e Investigadoras Populares Histórica (CEIP-H) ha potenciado y diversificado el trabajo que vienen realizando.

Finalmente, existen un enjambre de colectivos y movimientos de base, muchos de los cuales no están asociados a ningún corriente nacional o internacional, pero que trabajan de manera sostenida y combativa en defensa del derecho a la educación en todos los niveles. Ellos en sí mismo, representan una capacidad de acción impresionante con los cuales se debe trabajar en mayores niveles de articulación y unidad en la acción.

El Foro Mundial de Educación (FME) del Foro Social Mundial (FSM) que tuvo una presencia muy fuerte a comienzos del siglo XXI, si bien ha perdido empuje continúa siendo un referente del trabajo importante en favor de la inclusión y en defensa de la educación pública.

Lamentablemente, durante la pandemia la universidad pública reaccionó muy lentamente. El asedio de la privatización, la desinversión y el desmantelamiento de programas de investigación y extensión ha pesado mucho en ello. Esto no es nuevo, se reflejó claramente en la precariedad de propuestas y la carencia de debates sustantivos actualizados que vimos en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) de 2018.  El sector más dinámico de las universidades parecieran ser hoy sus gremios y sindicatos.

  • Situaciones a tomar en cuenta

En un marco de ofensiva global y regional del capital sobre la educación pública, existen un conjunto de situaciones que es importante abordar para construir una correlación de fuerzas favorables, no solo para la defensa del derecho humano a la educación, sino para la construcción de una escuela transformadora y una agenda anticapitalista amplia.

La primera de ellas, la fragmentación de las fuerzas gremiales y sindicales. No considero que esté planteado en el corto ni mediano plazo el impulso de procesos de integración, sino que la prioridad es la unidad de acción. Esta unidad se construye con el diálogo, el reconocimiento de las diversidades y la superación de auto referencias morales, de superioridad ideológica o de otro tipo. Es evidente que todas las organizaciones sindicales y gremiales han alcanzado importantes logros en la batalla contra la mercantilización y la privatización educativa, pero seguramente en el camino también se han cometido errores, fallas e inconsistencias. Se trata de enfatizar en la potencialidad de lucha y la importancia de la unidad de acción partiendo de la independencia de clase. Por ello, la tremenda significación de lo que ocurrió en el Congreso Mundial contra el neoliberalismo educativo, fundamentalmente al expresar la confluencia de sindicatos y gremios, quienes desde distintos lugares de militancia gremial convergieron en la unidad de acción.

La segunda, la dispersión de las iniciativas que atomiza los esfuerzos. Ciertamente, los gremios y sindicatos tienen que abordar pragmáticamente el día a día de la acción reivindicativa, pero ello no puede estar desconectado del combate a las iniciativas nacionales, regionales y globales que lanza el neoliberalismo. Por ejemplo, el capitalismo cognitivo ha lanzado una iniciativa global denominada el Gran Reinicio que contiene las claves de un cambio de 180 grados en materia educativa y ello siendo precariamente discutido y enfrentado por las organizaciones gremiales.

El impacto de las disputas partidarias en lo gremial y sindical sigue siendo una cuestión para abordar.  Desde mi punto de vista esto se resuelve con la democratización de las estructuras y los procesos de toma de decisión, en virtud de la pluralidad de militancias que conforman los gremios y la vocación unitaria que prevalece desde abajo.

Pero quizá la cuestión que más afecta es la idea anti sindical que el neoliberalismo ha venido sembrando desde la década de los ochenta del siglo XX, alimentada por el funcionamiento burocrático y de claudicación de algunas direcciones gremiales.  Urge una cruzada unitaria que coloque en primer plano el gremialismo y sindicalismo docente como herramienta de trabajo y lucha de los y las trabajadores de la educación.  Ello comporta repensar muchas dinámicas y prácticas de los sindicatos docentes para impulsar la horizontalidad en lo que sea posible, la contraloría colectiva del trabajo gremial y la rotación de cargos que rompa con caudillismos; privilegiar la fuerza de lo colectivo en el sindicato.

En el caso de las organizaciones del movimiento social, asociadas a la promoción y defensa del derecho humano a la educación, el mayor problema deriva en el papel que le otorgan al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número cuatro o ODS4. El ODS4 es la agenda global del capitalismo en educación. Aunque su construcción haya convocado a distintos actores sociales y se haya presentado como resultante del consenso mundial en materia educativa, en realidad expresa el consenso de las clases dominantes. El ODS4 tiene un carácter desmovilizador y postula una ruta de estandarización que termina siendo funcional a la mercantilización, privatización y reconversión de la escuela conforme a los parámetros del capitalismo cognitivo.

  • Posibilidades

El Congreso Mundial en Defensa de la Educación Pública y Contra el Neoliberalismo Educativo realizado de manera virtual el 25, 26 y 27 de septiembre de 2020, en el cual hablaron más de 100 organizaciones gremiales y pedagogos críticos de cuatro continentes y que contó con la participación de 11.800 personas fue la materialización de un esfuerzo unitario sin precedentes, para denunciar y articular acciones contra la ofensiva neoliberal en el marco de la pandemia. En este evento participaron gremios y sindicatos de las distintas agrupaciones internacionales del magisterio y de todas las corrientes políticas transformadoras, así como importantes referentes de las educaciones populares, demostrando que es posible construir una agenda de acción mancomunada.

La Coordinación Internacional de los y las Trabajadores de la educación surge como una posibilidad para mantener este espacio y avanzar en nuevas formas de trabajo compartido. La convocatoria a una marcha global por el derecho a la educación en el año 2021 o 2022, puede ser un esfuerzo que contribuya en ese sentido.

Por experiencia sabemos que el movimiento social y las convergencias son como las mareas, lo importante es saber captar la potencialidad radicalmente transformadora de las mismas y actuar en ellas. La invitación es a seguir acompañando y ayudando a producir nuevas mareas anticapitalistas.

Referencias bibliográficas

Bonilla-Molina, L (2017) Apagón Pedagógico Global, Las reformas educativas en clave de resistencia. Viento Sur. Disponible en: https://vientosur.info/wp-content/uploads/spip/pdf/vs147_l_bonilla_molina_apagon_padagogico_global_apg_las_reformas_educativas_en_clave_de_resistencias.pdf

Hernández N., Luis (2015) La larga marcha de la CNTE. Revista el Cotidiano.  Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/325/32548630003.pdf

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El derecho humano en el que varios países de América Latina van por delante de Europa.

Por: Katarina Zimmer/BBC Mundo

La historia detrás de uno de los compromisos ambientales más importantes de Costa Rica es como un cuento de hadas legal.

Todo comenzó hace casi 30 años, con un joven que quería detener la contaminación en su barrio y terminó con una reforma constitucional. Los impactos de los esfuerzos del niño se extienden hasta el día de hoy.

En 1992, un arroyo que serpenteaba a través de un pequeño pueblo cerca de la capital, San José, era el sitio donde los lugareños arrojaban su basura. Al no tener un sistema de gestión de desechos adecuado, los residuos terminaban amontonados en sus orillas.

Frustrado por la situación, Carlos Roberto Mejía Chacón, de 10 años, presentó un recurso de apelación ante la Sala Constitucional de Costa Rica contra el municipio local.

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La vuelta al mundo: la situación de los refugiados sirios en Líbano, Turquía y Francia

Desde hace una década, más de 5,7 millones de sirios han huido por la guerra en su país. En Líbano, los refugiados sirios viven en difíciles condiciones debido a las restricciones del Gobierno y la crisis económica. En Turquía habitan unos 3,6 millones de sirios; allí la situación ha cambiado debido a que una parte de la población turca desea que regresen a su país. Francia, la segunda nación europea con el mayor número de refugiados sirios, se comprometió a recibir a 10.000 personas de todas las nacionalidades para el período 2020-2021, la mayoría ciudadanos sirios.

Fuente: https://www.france24.com/es/medio-oriente/20210316-vuelta-mundo-siria-refugiados-libano-turqu%C3%ADa-guerra

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#IamMySong: Las mujeres afganas se niegan a dejar de cantar

Mujeres afganas asisten a un acto para celebrar el Día de los Derechos de la Mujer en Kabul, el domingo 7 de marzo de 2021.

En Afganistán, una nota del Ministerio de Educación del 10 de marzo ha levantado una ola de ira en las redes sociales, ya que prohíbe a las niñas de 12 años o más cantar en la escuela. El movimiento «#IamMySong» se lanzó en Twitter con una petición en línea que reunió más de 100.000 firmas. Desde entonces, el ministerio ha retirado su nota, modificándola, torpemente. Pero el daño está hecho y la movilización continúa.

Ahmad Sarmast fue quien empezó el movimiento. Es el fundador del Instituto Nacional Afgano de Música (ANIM), el único centro de aprendizaje musical del país, amenazado por los talibanes, entre otros, desde su creación en 2010.

El 10 de marzo, Ahmad Sarmast tuiteó, con el hashtag #IamMySong: «El acceso a la música y al canto es uno de los derechos humanos y ciudadanos más básicos, ni la discriminación ni el sectarismo deben impedir que las mujeres accedan o enseñen este sublime arte». El tuit terminaba con esta invitación: «Únase a la campaña cantando una canción en apoyo del derecho a la música y a la libertad de las mujeres afganas».

 

 

Hace unos días, el hashtag tenía más de 600.000 publicaciones en su haber, y vídeos de mujeres públicas en Afganistán comenzaron a proliferar en la red, como la de Shaharzad Akbar, directora de la comisión independiente de derechos humanos, mirando a la cámara con un velo carmesí en la cabeza.

 

 

Numerosos activistas de derechos humanos se manifestaron para exigir la retirada de estas notas enviadas a las escuelas. Y funcionó. El ministerio habló de un error en la redacción, de un malentendido explicando que la nota se refería a niñas y niños, y que se trataba más bien de evitar cualquier reunión por la pandemia de Covid-19. Pero nadie cree estas explicaciones, y la campaña sigue su curso.

Para muchos, la nota del ministerio es una prueba de que dentro del propio gobierno afgano, el conservadurismo religioso es la norma. Es una reminiscencia de los oscuros días del régimen talibán entre 1992 y 1996, que prohibía a las mujeres salir de casa sin burka y sin estar acompañadas por un hombre, un régimen que prohibía la educación de las niñas.

Este paso en falso se produce en un momento en que el gobierno está negociando con los talibanes un acuerdo de paz en Doha. Y según una parte de la población, Kabul debería defender los derechos de las mujeres en estas negociaciones, y ¿cómo podría hacerlo si no lo hace dentro de su gobierno y en los territorios que controla? Los defensores de los derechos humanos y de la educación en Afganistán exigen una investigación sobre lo ocurrido.

Fuente: https://www.rfi.fr/es/oriente-medio/20210315-iammysong-las-mujeres-afganas-se-niegan-a-dejar-de-cantar

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Una nueva iniciativa protegerá a los niños en México de los peligros de la migración

El programa corre a cargo de dos agencias de las Naciones Unidas y cuenta con la aportación financiera de la Unión Europea. “Los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes migrantes viajan con ellos y deben protegerse en todo lugar y en todo momento”, destaca el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México.

La Agencia de la ONU para los Refugiados y UNICEF anunciaron este viernes en México el lanzamiento del proyecto de Promoción global de mejores prácticas para niñas, niños y adolescentes en situación de migración.

La iniciativa busca reforzar las estructuras de atención y protección de la niñez y adolescencia en situación de movilidad humana en México, El Salvador, Zambia y África del Sur, y cuenta con la financiación de siete millones de euros aportados por la Unión Europea. Este proyecto de cooperación sur-sur comporta un intercambio de conocimiento y buenas prácticas entre países durante los siguientes 30 meses.

En México, el proyecto continuará promoviendo la reciente reforma de la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, mediante el fortalecimiento de los sistemas de protección para mejorar las opciones de cuidados alternativos, y reforzando las capacidades de recepción de familias con niños, niñas y adolescentes, la respuesta de salud mental y apoyo psicosocial, y la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad.

El plan se pondrá en marcha en los estados mexicanos de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz en colaboración con los gobiernos federal y estatales, y en coordinación con diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

“Los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes migrantes viajan con ellos y deben protegerse en todo lugar y en todo momento. Para fortalecer las instancias y los mecanismos encargados de protegerles, entre ellos brindar opciones de cuidado y de apoyo psico-emocional, es necesaria la suma de esfuerzos de todos los sectores involucrados”, señaló el representante de UNICEF en México, Christian Skoog.

UNICEF / Adriana Zehbrauskas
Migrantes en las afueras de Reynosa, México.

La COVID-19 disminuye el número de menores en movimiento, pero no los riesgos

Durante el año 2019, las autoridades mexicanas identificaron aproximadamente 52.000 niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana.

A lo largo de su camino, estos menores se enfrentan a diversos tipos de riesgos y violencia, como la sexual y la de género, la captación por redes de trata o crimen organizado, separación familiar, abusos, extorsión o secuestro, entre otros abusos. Al mismo tiempo, afrontan una variedad de obstáculos para poder acceder a sus derechos y a mecanismos adecuados de protección internacional, sin importar si viajan con sus familias o no acompañados

“El número de niños solicitantes de asilo ha aumentado a nivel mundial y también en México. Sin embargo, no se identifica a muchos de los niños, niñas y adolescentes que llegan a México y necesitan protección internacional como refugiados. Son particularmente vulnerables frente a diversos riesgos durante el desplazamiento. El lanzamiento de este proyecto es muy oportuno y brindará un apoyo importante en la implementación de la reciente reforma legal que prohíbe toda detención migratoria de niños, niñas y adolescentes”, señaló el representante de la Agencia de la ONU para los refugiados en México, Mark Manly.

Aunque el cierre de fronteras debido a la pandemia de COVID-19 hizo disminuir las cifras, el escenario para los menores que se desplazan deviene aún más vulnerable, debido al confinamiento y a la reducción del acceso a servicios básicos como salud y educación, las limitaciones en un gran número de albergues y a las restricciones en el acceso a medidas de protección.

Sin embargo, el flujo migratorio ha vuelto a incrementarse durante los últimos tres meses estableciendo nuevos desafíos.

“Esta iniciativa de UNICEF y ACNUR, en favor de la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes, se une a otros proyectos auspiciados por la Unión Europea en México en favor de los derechos de las personas migrantes que buscan la integración de las personas con necesidades de protección internacional a través del trabajo, la asistencia y reconocimiento de derechos de las personas migrantes, su atención en situaciones de emergencia, la trata de personas y la atención de las causas de la migración en los países de origen”, destacó Jean-Pierre Bou, embajador adjunto de la Unión Europea.

Fuente: https://news.un.org/es/story/2021/03/1489772

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