Page 4 of 378
1 2 3 4 5 6 378

Organizaciones de América Latina presentan detallado informe sobre las amenazas digitales en la región

Internet se ha convertido en un espacio cada vez más hostil para el activismo y las organizaciones en Latinoamérica, la región más peligrosa del mundo para líderes sociales. El nuevo reporte “En la mira: seguridad y principales amenazas digitales.

En América Latina” desarrollado por el Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD) y liderado por Derechos Digitales, analizó más de 400 casos de ciberataque, violencia de género digital, censura, espionaje y vigilancia masiva,
entre otros, ocurridos principalmente durante 2024 en la región.

En conmemoración del Día de la Protección de Datos, Derechos Digitales y el Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD) presentaron el informe «Reporte 2024 en la Mira», que realizó un diagnóstico sobre los riesgos para los derechos humanos en materia de seguridad digital en América Latina. Este informe presentó un análisis de 411 casos de
ciberataques, violencia de género, ciberacoso, censura, ataques a infraestructura crítica, espionaje y vigilancia masiva, que fueron atendidos por las organizaciones miembros del OLAD, subrayando la crítica necesidad de mejorar las medidas de protección de datos personales en la región.

El análisis, además, cubre incidentes en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela, donde se documentaron en medios de comunicación de la región, prácticas abusivas que amenazan la seguridad y privacidad de los individuos, especialmente aquellas personas involucradas en la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión.

Por ejemplo, en Brasil, la Policía Federal anunció una investigación contra exfuncionarios de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) durante el gobierno de Bolsonaro, a quienes acusan de haber vigilado ilegalmente a unas 30.000 personas, entre ellas, periodistas y magistrados del Supremo Tribunal Federal. Por su parte, Colombia sufrió un ciberataque tipo ransomware a los portales de la aseguradora médica Salud Total que generó afectaciones de atención en un sistema con 4,8 millones de afiliados. Estos son solo algunos de los numerosos ejemplos que reflejan la gravedad de la situación.

Rafael Bonifaz, Líder del Programa Latinoamericano para la Seguridad y Resiliencia Digital señaló que «Este reporte es el resultado del trabajo realizado por 14 organizaciones distribuidas por toda América Latina. Es un primer diagnóstico que nos permite entender las amenazas digitales a las que estamos expuestos en la región. Sin duda será un recurso útil para desarrollar estrategias que mejoren nuestra protección digital.”

El informe fue realizado por organizaciones que defienden los derechos digitales y trabajan en la seguridad digital. Se trata de un esfuerzo por entender los riesgos de seguridad en línea en la región e identificar tendencias preocupantes en vulneraciones digitales. A su vez, destaca la importancia de una colaboración más estrecha entre los estados, la sociedad civil y los sectores tecnológicos para desarrollar estrategias que protejan mejor la información personal y los derechos digitales de toda la sociedad.

Consulta el informe completo aquí: “En la mira: seguridad y principales amenazas digitales en América Latina”

El Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD) es una alianza de organizaciones latinoamericanas que trabajan en la defensa de los derechos humanos en línea, que han decidido unir esfuerzos para mejorar el entendimiento del
comportamiento de los incidentes de seguridad digital desde una perspectiva regional y lo integran Fundación  Internet Bolivia.org de Bolivia, Escola de Ativismo, Instituto Nupef y MariaLab de Brasil, Colnodo y Fundación Karisma de Colombia, LaLibre.net Tecnologías Comunitarias y Taller de Comunicación Mujer de Ecuador, Social TIC y Sursiendo de México, Conexión Segura de Venezuela, y Código Sur, Derechos Digitales y Fundación Acceso de alcance regional.

Contacto de prensa: Gastón Wahnish (+54) 114940-3320, prensa@derechosdigitales.org

 

Comparte este contenido:

No hay tregua para Israel, que multiplica sus ataques sobre la población de Cisjordania

Por: Pablo Elorduy

Ahmad Rashid Rushdi Jazar, de 14 años, fue asesinado a tiros por las fuerzas israelíes en Sebastia el domingo 19 de enero. Según Defense for Children International – Palestine, Ahmad y sus amigos estaban sentados en una zona cercana a un jardín de infancia cuando las fuerzas israelíes, ocultas y posicionadas entre los árboles en la zona de Al-Tinat, abrieron fuego contra los niños desde una distancia de 650 metros. Ahmad recibió un disparo en el pecho, cayó al suelo y sangró profusamente. Es uno de los habitantes de Cisjordania que ha sido asesinado en las últimas horas, después de que entrara en vigor el alto el fuego en Gaza.

“Mientras se producía el tan esperado alto el fuego en Gaza, la maquinaria de muerte de Israel intensificó sus disparos en Cisjordania, matando a diez personas en Jenin”, denunció ayer, martes 21 de enero, la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. “Si no se obliga [a Israel] a detenerse, el genocidio israelí contra los palestinos no se limitará a Gaza. Recuerden mis palabras“, afirmó Albanese. Además, Israel ha realizado decenas de arrestos en Cisjordania en las últimas horas.

Las Fuerzas Armadas de Israel (FDI) han bautizado la incursión sobre Jenín como “muro de hierro”, una referencia al ensayo The Iron Wall, un breve artículo que prefiguró el corpus político del futuro Estado de Israel escrito por Ze’ev Jabotinsky, uno de los padres del sionismo y colaborador del fascismo de Benito Mussolini en los años 30 del siglo pasado.

Mientras continúa la alegría desconfiada por la consecución del alto el fuego en Gaza, los temores de que las Fuerzas Armadas de Israel y las milicias de los colonos intervengan impunemente sobre Cisjordania se basan en las declaraciones de miembros del Gobierno. A principios de enero, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, que está a cargo de Cisjordania, defendió que “Nablus y Jenin deberían parecerse a Jabalia”, la ciudad palestina al norte de la Franja de Gaza que Israel destruyó por completo en los últimos meses de la guerra, informa Mondoweiss.

Trump da carta blanca a Netanyahu

Los ataques sobre Jenin del martes coinciden con una de las primeras decisiones de Donald Trump. El presidente de EE UU, cuya campaña fue financiada por representantes de las élites sionistas, anuló con una orden ejecutiva las sanciones de la era Biden que se impusieron a los colonos israelíes extremistas en Cisjordania acusados ​​de llevar a cabo violencia contra los palestinos. “Levantar las sanciones a los colonos extremistas los alienta a cometer más crímenes contra nuestro pueblo”, ha afirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino en un comunicado.

Según informes publicados en EE UU, Trump tiene previsto reanudar los envíos de bombas de 2.000 libras a Israel. El envío de estas bombas fue la única condición impuesta por Biden a Israel en medio del genocidio. Pese a esa línea roja marcada por el expresidente, la realidad indica que los envíos de este tipo de artillería se han seguido produciendo. No obstante, el gesto de Trump marca una dirección clara que ya ha sido señalada: el alto el fuego no es una intención de contravenir a Israel, a quien se permitirá seguir con sus planes para el conjunto de los territorios palestinos.

Elise Stefanik, embajadora de EE UU ante Naciones Unidas, reafirmó esa sospecha en una intervención del martes durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en la que defendió que Israel tiene dominio “bíblico” sobre la Cisjordania ocupada.

La primera administración de Trump terminó con la política estadounidense de no reconocimiento de los asentamientos ilegales —según el derecho internacional— en Cisjordania y se espera que la Casa Blanca mantenga esa misma política. La Comisión de Colonización y Resistencia al Muro, dependiente del Gobierno de Palestina ha informado que ya hay 898 puestos de control y puertas militares israelíes en la Cisjordania ocupada. En lo que va de año ya se han establecido 17 nuevos puestos. Sólo en el este de Ramala, el ejército israelí ha instalado, en menos de un día, cinco nuevas puertas metálicas, aislando seis aldeas en un espacio de menos de 12 kilómetros, durante los días previos a la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza.

Mientras, en el territorio costero, se suceden las operaciones para rescatar cuerpos sepultados por los edificios derruidos después de quince meses de ataques aéreos. En las primeras horas tras el alto el fuego ya había un centenar de cadáveres recuperados y las estimaciones de la agencia de Defensa Civil Palestina sitúan en diez mil los cuerpos enterrados bajo los escombros. Además, casi tres mil cuerpos se han fundido como resultado de los bombardeos.

Fuente de la información e imagen: El Salto

Comparte este contenido:

Ataque israelí contra hospital de Gaza quema vivos a palestinos desplazados

El Ejército israelí atacó el hospital de Al-Aqsa donde se encontraban refugiados al menos un millón de palestinos desplazados. El ataque dejó al menos cuatro muertos y más de 40 heridos, entre los que se encuentran personas quemadas tras un incendio causado por el bombardeo. El Ejército de Israel, como es habitual, dijo que estaba atacando un centro de comando de Hamás. Nuestros corresponsales en Jerusalén para Israel y los Territorios Palestinos, Federico Cué Barberena y Janira Gómez Muñoz, ampliaron la información sobre la situación en la Franja de Gaza y los últimos ataques entre Israel y Hezbolá.

https://www.france24.com/es/video/20241014-informe-desde-jerusal%C3%A9n-ataque-israel%C3%AD-contra-hospital-de-gaza-quema-vivos-a-palestinos-desplazados

 

 

Comparte este contenido:

México: Grave Situación De Violencia Y Crisis Humanitaria En Comunidades Indígenas

A los Pueblos Indígenas de México y del mundo

A la opinión pública solidaria

A los medios de comunicación

Al Gobierno Federal

Con mucha preocupación nos dirigimos a la opinión pública para compartir con ustedes la grave situación de violencia y crisis humanitaria que se está viviendo en diferentes regiones indígenas de México. En el momento de publicación de este comunicado, las organizaciones firmantes y otras instancias solidarias están atendiendo a alrededor de 110 personas indígenas desplazadas en Michoacán y 251 en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, quienes después de varios días continúan esperando ayuda humanitaria de parte del gobierno. Desde Chiapas nos reportan que, en lo que va del año 2024, han registrado tan sólo en los municipios de Frontera Comalapa, Siltepec y Chicomuselo 8,190 personas desplazadas, entre las que se encuentra un número indeterminado de personas indígenas.

En un lapso de apenas tres semanas, desde el 25 de agosto, hemos registrado 7 comunidades afectadas en la región de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y un número aún indeterminado de comunidades afectadas en la costa de Michoacán; 1 persona víctima de homicidio en la comunidad de Cinco Llagas de Chihuahua, 1 persona asesinada en el municipio de Chenalhó en Chiapas y dos personas asesinadas de la comunidad de El Coire en la costa de Michoacán, quienes también reportan 7 personas desaparecidas, entre las que se encuentran 2 jóvenes menores de edad.

Ha sido difícil documentar con detalle lo ocurrido, pues en todos los casos existe una dinámica que obliga a las víctimas de la violencia a guardar silencio; quienes se atreven a proveer información de la situación han recibido amenazas de muerte. Aún así hemos podido documentar la falta de acceso a la alimentación básica y la incertidumbre en la que se encuentran todas estas personas, que en su mayoría son mujeres, niñas y niños.

Desde las organizaciones hemos acompañado a las comunidades en su solicitud para que se fortalezca la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas para que puedan inhibir de manera suficiente la comisión de delitos. Sin embargo, hemos visto con preocupación una omisión sistemática de estas fuerzas para coordinarse con quienes valientemente han solicitado su presencia. En Chihuahua, por ejemplo, se pidió de manera reiterada a lo largo de varios días que se incrementara el número de elementos y se proporcionara ayuda para generar un corredor humanitario que permita el desplazamiento de las familias a lugares seguros o para el acceso de alimentos. Lamentablemente, la respuesta estatal fue reducir la presencia de elementos y en algunos casos criminalizar a quienes pedían ayuda. En el caso de Michoacán se pidió semanas antes del punto más alto de violencia y a manera preventiva la instalación de un comando integrado por las fuerzas armadas precisamente en la zona donde después se desatarían los ataques contra la población civil; sin embargo nos reportan la obstrucción de las autoridades estatales al bloquear cualquier petición para atender las necesidades de seguridad.

Esta falta de respuesta asertiva y coordinada con las mismas autoridades indígenas promueve la desconfianza y lastima una relación que debiera ser de respeto. La percepción que nos han compartido desde los territorios es de que no se está impidiendo tampoco que los grupos criminales perpetren crímenes graves, como ataques armados prolongados, allanamiento de casas, reclutamiento forzado especialmente de jóvenes menores de edad y violaciones de niñas y mujeres.

Frente a esta situación de suma gravedad hacemos un llamado al Gobierno Federal para que, atendiendo a sus obligaciones para con la población, coordine los esfuerzos interinstitucionales necesarios para:

• Proteger a la población civil con medidas preventivas que garanticen los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que se encuentran bajo asedio en estos momentos.

• Construir un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil cautiva por los grupos de la delincuencia organizada, con el fin de salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de las personas afectadas.

• Poner en marcha rutas para el desarme de los grupos armados.

• Articular esfuerzos con las fiscalías estatales para que investiguen con debida diligencia los hechos delictivos y presenten avances en las investigaciones que garanticen el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos y de la población en general.

• La búsqueda en vida de las personas víctimas de desaparición, haciendo uso de los protocolos específicos para la búsqueda de menores de edad.

• Que en aquellas comunidades indígenas en las que la presencia militar ha sido solicitada, las autoridades de los tres niveles de gobierno respeten el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, así como los canales, protocolos y procedimientos definidos por cada comunidad, respetando sus instituciones jurídicas y leyes tradicionales.

• Que se generen medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos que han tenido la valentía de denunciar lo ocurrido y que están trabajando en la atención de las emergencias humanitarias. Los hechos que hemos descrito constituyen graves violaciones a los derechos humanos, la integridad y la existencia misma de los pueblos indígenas que hoy son víctimas de ellos. El Estado en sus tres niveles tiene la obligación de proteger, defender y procurar justicia a estas comunidades.

Finalmente, desde las organizaciones que firmamos el presente comunicado damos todo el respaldo a la comunidad indígena Tsotsil de Tzajalchen que el pasado 24 de agosto declaró que su comunidad es y será el “Campamento civil por la Paz, Los peregrinos de Tzajalchen, Chenalho Chiapas, México”. Exigimos a los tres niveles de gobierno respetar esa decisión para proteger ese campamento como un espacio seguro para quienes están huyendo de la violencia.

ATENTAMENTE. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Data Cívica Fondo Defensores Grupo de Periodistas Independientes.

Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International-IPRI en México: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ; Colectivo Emancipaciones; Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA; Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA Oaxaca.

Para mayor información contactarse a: Citlalli Hernández Saad 614 130 6883 mexico.ipri@iprights.org Nataniel Hernández Núñez 56 4160 1225 proteccion@redtdt.org.mx

Fuente de la información e imagen:  https://www.tlachinollan.org

Comparte este contenido:

El Salvador profundo

Recientemente, estuve en una visita de trabajo (para una investigación que realizo con mis estudiantes de Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación de la Universidad de El Salvador) en el norte del Departamento de Morazán, en concreto en el Caserío El Trueno, en el Municipio de Torola. Era la segunda vez que visitaba Torola; la primera vez fue allá por 1995-96 cuando –recién terminada la guerra civil (1981-1992)— Miguel Ventura me pidió que lo apoyara en un proceso de formación política para las comunidades del norte de Morazán. Accedí a dar el apoyo que me solicitaba Miguel Ventura, consciente de que ese departamento había sido –en su zona norte— uno de los principales teatros de la guerra civil, con todas las secuelas de destrucción, abandono y dolor que ello había supuesto para sus pobladores. En la UCA, en donde yo trabajaba en ese entonces, imperaba el compromiso –un legado de los jesuitas asesinados en 1989— de proyectar el quehacer universitario (y de tener presencia universitaria) entre los sectores sociales populares. Contaba, pues, con el aval de mi jefe –el P. Rodolfo Cardenal— para insertarme, como profesor, en ese proceso de educación popular.

Antes de 1995-96 ya había visitado Morazán: primero San Francisco Gotera, en 1986[1]; y luego, poco después de firmados los Acuerdo de Paz (1992), Perquín, Sabanetas y el Zancudo. En esas ocasiones, apenas pude conocer las dinámicas de vida de este departamento. Después de mi experiencia en Torola –en donde di una charla de análisis político a pobladores que, durante la guerra, habían permanecido en el campo de refugiados de Colomoncagua (Honduras)— mis viajes al norte de Morazán se hicieron frecuentes, prácticamente hasta que dejé la UCA, en 2008. En coordinación con la Fundación Segundo Montes, en ese tiempo bajo la dirección de Miguel Ventura, organizamos jornadas de formación socio política que me permitieron tener contacto con pobladores de, entre otros lugares, Perquín, Torola, San Fernando, Arambala, Jocoaitique y Cacaopera.

Otro El Salvador se abrió a mis ojos. Gentes que habían vivido y seguían viviendo en el abandono, pero que no habían perdido las ganas de vivir y de esforzarse por salir adelante con lo poco (extremadamente poco) que tenían. Gentes que acogían agradecida, en sus humildes hogares, a alguien que –como yo— llegaba a hablarles de democracia, derechos humanos, participación, sociedad civil y temas equivalentes.

En esos años inmediatos al fin de la guerra de la guerra civil, a este otro El Salvador también pertenecían las gentes del nororiente de Chalatenango (Guarjila, Los Ranchos, San José Las Flores, Aracatao, Las Vueltas) que habían vivido los embates de la guerra, la represión militar y el exilio, en su caso, al campo de refugiados de Mesa Grande (Honduras). Y, actualmente, a este otro El Salvador pertenecen las gentes que, con su pobreza a cuestas, sobreviven en los distintos rincones olvidados y marginados de este país, especialmente en sus zonas rurales y costeras.

No soy ingenuo ni tampoco ciego: El Salvador profundo está marcado por la pobreza, el abandono y la precariedad. Pese a ello, lo que encontré en el caserío El Trueno, después de casi 30 años de haber estado en la zona por primera vez, me impactó por lo mucho del parecido con lo que vi en 1995-1996: una precariedad, abandono y pobreza tales que era como si el tiempo se hubiera detenido. Me las vi con una injusticia social arraigada quizás desde siempre; una injusticia social que ha marcado la vida de bisabuelos, abuelos, padres, hijos y nietos desde tiempos inmemoriales. Una injusticia social que marca la vida de los niños y jóvenes de las comunidades que habitan la zona y que, ahora como en el pasado, no es motivo de preocupación para las autoridades del Estado.

El retroceso en el tiempo que experimenté se vio reforzado por algo que percibí en 1995-96 y sigue estando presente en 2024: la calidez, cordialidad, fraternidad y capacidad de compartir de las gentes de Torola (y que se puede extender, creo yo, a todo el norte de Morazán). También me llamó la atención, al igual que en 1995-96, las ganas de aprender de estas personas, su escucha atenta y su disposición a apoyar, disciplinadamente, aquello que les ayude a mejorar su vida o a conocer mejor sus problemas.

Mientras caminaba desde el centro de reuniones del colectivo de mujeres (la casa de lámina de una lidereza puesta a disposición de la comunidad) hasta el lugar en donde esperaba el vehículo que movería al grupo de estudiantes hacia San Salvador y Santa Ana, no dejaba de pensar en la dura realidad social que me rodeaba. Las dos horas y pico caminando cuesta arriba fueron favorables para darle vuelta a las ideas; no podía dejar de decirme: “este es El Salvador profundo”. Y aquello que decía Monseñor Romero de que “con este pueblo no cuesta ser buen pastor” se me imponía al recordar los tamales pisques que, con esfuerzo y usando lo poco que tienen, nos habían preparado o en las tortillas de maíz nuevo que me regalaron para que me trajera a casa.

Definitivamente, elijo a este El Salvador como mi país. No el país de ficción, grato para quienes han perdido el sentido de realidad o quieren mostrar que creen en algo en lo que no creen.  Por mi parte, me quedo con El Salvador real. Con su gente, con sus pobres; con quienes, como dijo José Martí, quiero yo mi suerte echar.


[1] Con mi ahora exesposa, Ana Delma Márquez (que había nacido en San Francisco Gotera) decidimos llevar a nuestro hijo de un año (Oscar Arnulfo) a casa de sus bisabuelos.

Fuente de la información e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com

Fotografía: Luis Armando González

Comparte este contenido:

México: Alertan por incremento de asesinatos, reclutamiento forzado y amenazas por grupos armados en Chiapas

Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la “situación crítica de violencia” que atraviesa el municipio Frontera Comalapa, así como el incremento de los enfrentamientos armados entre grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio de la sierra y la frontera de Chiapas, en las inmediaciones de la cabecera municipal de Chicomuselo.

“No existe autoridad alguna que detenga la violencia que se torna cada vez más crítica”, lamentaron las organizaciones en una acción urgente, en la que alertaron por “el clima de miedo y terror” que atraviesa la población en los municipios al ser víctimas de amedrentamiento, hostigamiento y amenazas permanentes, mientras “el ejército mexicano se mantiene en la zona sin actuar”.

Denunciaron que el pasado 5 de septiembre la situación escaló en Frontera Comalapa luego de que integrantes de grupos de la delincuencia organizada fueron “casa por casa reclutando forzosamente a todos los hombres jóvenes de la cabecera municipal, incluidos menores de edad. De todos ellos se desconoce su paradero, lo que representa una desaparición masiva de personas”.

El 4 de septiembre, los enfrentamientos se recrudecieron en las afueras del municipio, “escuchándose disparos continuos y gritos en el casco urbano”, y el 25 de agosto en el barrio Reforma, municipio de Bejucal de Ocampo, un grupo armado asesinó entre 5 y 10 personas civiles. “La población se encuentra refugiada en sus casas, sin posibilidad de salir, confinada por la delincuencia organizada. Todas las entradas y salidas están bloqueadas, no hay acceso a alimentos básicos, y escasez de lo poco que logran conseguir. No hay acceso a servicios básicos, como salud y educación pública”, resumieron las organizaciones.

De acuerdo con los testimonios, señalaron, desde hace 15 días uno de los grupos criminales pasa “casa por casa, barrio por barrio, para avisar que todas y todos estaban reclutados para ir a las reuniones. En ellas se organizan a los grupos para los bloqueos y otras acciones. De no asistir, hay amenazas, extorsiones, despojos de propiedades, desplazamiento forzado, castigos físicos y asesinatos”.

En la acción urgente, firmada por la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género. Guatemala – México (MTMG), el Colectivo de monitoreo – Frontera Sur y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), exigieron a las autoridades federales y estatales construir un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil cautiva por los grupos de la delincuencia organizada, así como implementar acciones para brindar atención integral a la población civil que huye por la violencia extrema, e investigar y desarticular a los grupos armados.

A continuación el comunicado completo:

Organizaciones civiles de derechos humanos hacemos un nuevo llamado urgente por la situación crítica de violencia en el municipio de Frontera Comalapa, estado de Chiapas. Esta sitúa a la población en un clima de miedo y terror, que atraviesa situaciones de amedrentamiento, hostigamiento y amenazas permanentes que ponen en grave riesgo la vida e integridad de la población en general y particularmente de personas defensoras de derechos humanos en la región.

Desde el pasado 25 de agosto del año en curso, alertamos acerca del incremento de los enfrentamientos armados entre grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio de la sierra y la frontera de Chiapas, específicamente en las inmediaciones de la cabecera municipal de Chicomuselo. Ese día, en el barrio Reforma, municipio de Bejucal de Ocampo, un grupo armado asesinó entre 5 y 10 personas civiles.

Al envío de esta acción urgente ocurre lo mismo en los ejidos Emiliano Zapata y San Jose las Chicharras, municipio de Bellavista, así como en Frontera Comalapa.

Según los hechos referidos por testigos y testigas directas, desde hace 15 días uno de los grupos criminales está pasando casa por casa, barrio por barrio para avisar que todas y todos estaban reclutados para ir a las reuniones. En ellas se organizan a los grupos para los bloqueos y otras acciones. De no asistir, hay amenazas, extorsiones, despojos de propiedades, desplazamiento forzado, castigos físicos y asesinatos.

El día de ayer, 4 de septiembre, los enfrentamientos se recrudecieron en las afueras de Frontera Comalapa, escuchándose disparos continuos y gritos en el casco urbano. La población se encuentra refugiada en sus casas, sin posibilidad de salir, confinada por la delincuencia organizada. Todas las entradas y salidas están bloqueadas, no hay acceso a alimentos básicos, y escasez de lo poco que logran conseguir. No hay acceso a servicios básicos, como salud y educación pública.

Hoy, 5 de septiembre, la situación escaló. Integrantes de grupos de la delincuencia organizada fueron casa por casa reclutando forzosamente a todos los hombres jóvenes de la cabecera municipal, incluidos menores de edad. De todos ellos se desconoce su paradero, lo que representa una desaparición masiva de personas.

El Ejército mexicano se mantiene en la zona sin actuar, no existe autoridad alguna que detenga la violencia que se torna cada vez más crítica.

Es importante resaltar que la población civil de Frontera Comalapa es víctima del actuar de ambos grupos armados, tanto el que controla directamente su municipio como el que está de avanzada.

Como lo denunció la Diócesis de Tapachula el pasado 01 de septiembre del 2024:

“los hermanos de las comunidades sufren por muchas razones: son usados como escudos humanos en los enfrentamientos de los carteles, viven en situaciones de esclavitud al no poder transitar libremente por sus comunidades, son obligados para estar en los retenes – llamados filtros que los carteles mantienen en las comunidades, tienen que pagar una cuota impuesta por la autoridad de su comunidad en caso de no poder estar en los filtros, son obligados a guaradr silencio ante la muerte y desaparición de algunos de sus familiares, carecen de alimentos y viven en la incertidumbre de lo que puede pasar al dia siguiente.

Por estas circunstancias lamentables se está vulnerando la vida y la integridad personal de los pobladores de los barrios, ejidos y comunidades deFrontera Comalapa y municipios vecinos. La tendencia de estas circunstancias es su agudización, en medio de un alza de violaciones graves a los derechos humanos. Por ello interpelamos a las instancias de los gobiernos Federal y Estatal a actuar de manera inmediata en lo siguiente:

  • Construir un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil cautiva por los grupos de la delincuencia organizada, con el fin de salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de los barrios, ejidos y comunidades de Frontera Comalapa y municipios vecinos para evitar hechos de difícil reparación.
  • Implementar acciones para brindar – atención integral a la población civil que huye por la violencia extrema.
  • Poner en marcha rutas de investigación y desarticulación de los grupos armados.
  • Garantizar la vida e integridad fisica de la poblacion civil que se encuentra asediada por los ataques y enfrentamientos en la zona.

Destinatarios:

Sr. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Correo: amlo@presidencia.gob.mx

Sra. Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación.

Correo: secretario@segob.gob.mx

Sr. Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos y Población, Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Correo: subsedhpm@segob.gob.mx

Sra. Alicia Bárcena, Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE). Correo:

Correo: canciller@sre.gob.mx

Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Secretaría de Seguridad Ciudadana

Correo: contacto@sspc.gob.mx

Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador del Estado de Chiapas.

oficinadelagubernaturadelestado@gubernatura.chiapas.gob.mx

Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez. Secretaria General de Gobierno de Chiapas.

sectec.sgg@gmail.com
sgg@sgg.chiapas.gob.mx

Comisario General Lic. Gabriela del Socorro Zepeda Soto. Secretaria de Seguridad Publica y protección Ciudadana.

ssypcinfo@sspc.chiapas.gob.mx

Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas.

presidencia@cedhchiapas.org 

Dr. Olaf Gómez Hernández. Fiscal General del Estado de Chiapas.
staff_secretarial@fge.chiapas.gob.mx

Licda. Gabriela Guadalupe Velasco Cordero. Directora General de la Comision Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas para el Estado de Chiapas.

direcciongeneral@ceeav.chiapas.gob.mx

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno. Secretario de Proteccion Civil del Estado de Chiapas
 maraniz69@hotmail.com

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género. Guatemala – México (MTMG)

Colectivo de monitoreo – Frontera Sur

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

Fuente de la información e imagen:  https://desinformemonos.org

Comparte este contenido:

Huellas de humanidad en la lucha por la educación

Las humanidades constituyen un campo de conocimientos que, desde una historia cargada de contradicciones, apuesta a echar luz a la realidad. ¿Qué tendrán estos saberes para decir o para preguntar sobre estos tiempos tan aciagos que transitamos? «Voces en educación» es la columna de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNC que apuesta por poner una palabra en el debate público desde el campo educativo y una pluralidad de miradas. En esta primera entrega, algunas pistas del contexto y los gestos de humanidad que se resisten a ser clausurados.

Por Guadalupe Molina para La tinta*

Ante los desgarros de un tiempo donde el odio y el desprecio por el otro circulan con tanto desparpajo naturalizado, una pancarta estudiantil persiste en mostrar y sostener en alto un mensaje: “Que nada de lo humano te sea ajeno”. Son palabras de Juan Pablo Abratte, pedagogo que fue decano de la FFyH entre 2017 y 2019, y que ya no está entre nosotrxs. Que no nos sea ajena la educación como práctica profundamente humana para recibir, acoger, abrazar, tramar con otrxs; la educación como derecho humano insoslayable que requiere tanto de esos gestos como de unos saberes que pongan lo humano (en un sentido no especista) en el centro de la escena.

Nos encontramos peleando por los salarios docentes universitarios, por su terrible pérdida del poder adquisitivo, porque no se llega a fin de mes, porque tomamos otro trabajo y, tal vez, otro más para poder paliar la cosa, y, aun así, no alcanza. Y esto en el mejor de los casos. Somos personas asalariadas, pero quienes no, ¿qué hacen? Muchxs engrosan las cifras de desempleadxs o de integrantes de redes informales de la economía, cada vez más precarizadas. Claro está, el contexto no ayuda. La tarea no es solo resistir, sino persistir en la producción de un mundo más justo y digno. 

La lucha por el salario no es nueva

Algunas comparaciones con los años 90 están a flor de piel, sin embargo, hay por lo menos tres rasgos que tiñen de modo inédito la lucha actual por los salarios. En primer lugar, según un informe de julio de 2024 por Mariana González para CIFRA-CTA , este año, el salario mínimo real fue 53,1% menor que en 2015 y el más bajo de las últimas tres décadas. La caída del salario docente universitario en un 47%, en un período tan corto de tiempo, da cuenta de una brutalidad que no hemos vivido antes. Este es el dato duro para entender las condiciones de las que hablamos en materia salarial, a lo que se suma el escaso presupuesto universitario para el mantenimiento de la infraestructura, los servicios y las políticas de inclusión y promoción de la ciencia y la tecnología. En esta misma tónica, docentes del resto del sistema educativo están luchando también por una recomposición salarial, sin el Fondo Nacional de Incentivo Docente ―FONID―, otro hecho inédito, ya que ningún gobierno se atrevió a suspenderlo desde su creación en 1998.

En segundo lugar, muchos discursos actuales cuestionan con un desparpajo y liviandad inusitados una de las mayores conquistas en nuestro país, que se encuentra expresada en la Ley de Educación Nacional ―LEN―. Me refiero al valor que se le da a la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado (artículo 2, Ley 26205/2006). La arremetida de los discursos meritocráticos, mercantilistas y negadores de estos derechos dejan de lado un pilar democrático fundamental de nuestra sociedad argentina.

Este año, se cumplen los 140 años de la Ley 1420 de 1884 que plasmó una de las primeras y fundamentales conquistas, al definir la educación como pública, gratuita, laica y obligatoria (con sus particularidades en aquel contexto). En la misma tónica, la LEN constituye actualmente un pilar irrenunciable, en tanto expresa que la educación y el conocimiento son derechos sociales que el Estado debe garantizar para todxs lxs niñxs, jóvenes y adultxs de este país, más allá de las circunstancias en que se encuentren lxs estudiantes. Solo por dar un ejemplo, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch, puso en duda la relevancia de la obligatoriedad educativa, afirmando que “la libertad también es que, si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”.

En tercer lugar, asistimos a una escalada de inmoralidad y violencia social que se ejerce principalmente sobre lxs más pobres, las mujeres y diversidades sexo-genéricas, las infancias y juventudes, lxs viejxs, las personas enfermas, indígenas, afrodescendientes, es decir, sobre quienes son concebidxs con un valor humano inferior ante los ojos de quienes detentan algún poder o se creen “humanamente superiores”. Norbert Elias, en el “Ensayo teórico sobre la relación entre establecidos y marginados”, se pregunta: ¿qué lleva a un grupo a considerarse superior y denostar a otros al calificar su condición como humanamente inferior? Solo la creencia de que hay personas más o menos valiosas justifica los procesos de estigmatización, violencia, desprecio y exterminio del otro. En esta línea, niños y niñas se van a dormir sin comer, las variadas situaciones de violencia de género, el cierre del INADI, el desmantelamiento de las áreas de género, el acopio de alimentos, el desfinanciamiento de enfermedades terminales son solo algunos hechos.

Ocultando su carácter espurio, la perversión de tomar la parte por el todo emerge como argumento válido que justifica injusticias de distinto orden, hace que todo dé igual y sea muy sencillo cuestionar los derechos conquistados. La apología de los discursos misóginos, racistas, clasistas y centralistas es bestial, pero más bestial es la simpleza con la que corren como verdad revelada en los medios de comunicación y las redes sociales como TikTok, Instagram o X.


En esta trama tan complicada, que excede las cuestiones partidarias, aunque no las ignore, vale pensar qué hacemos quienes confiamos en los gestos humanos/humanitarios y reivindicamos las ciencias sociales y humanidades. ¿Cómo encaramos nuestra tarea cotidiana de la docencia y el trabajo con el conocimiento, ya sea que estemos en la universidad o en una escuela, en la montaña o una barriada popular, en una institución de gestión privada o de gestión pública? ¿Cómo sostenemos y ampliamos prácticas ligadas a la solidaridad, la esperanza, la confianza en el otro, la apuesta por un mañana mejor?


Estas inquietudes son comunes a quienes nos consideramos trabajadorxs de la educación, preguntas que unen tremendas contradicciones, la lucha por el bolsillo, las conversaciones con estudiantes, querer estar en clases, las opciones inconducentes y las movilizaciones masivas donde nos encontramos aferrados a un sueño que no es otro que el de una vida digna.

Vuelvo al mensaje de una tía muy querida, maestra de toda la vida, Teresita Molina de Cordi, directora de escuela primaria e inspectora jubilada. Suele repetir que el mejor lugar para una docente es el aula, el que más se disfruta, el que te nutre con las vidas de los niños, niñas, niñes. Su mensaje es de febrero de 2018, en un momento familiar de muchas pérdidas, y dice: «Hay una cosa que me suena y te la comparto: la vida no se clausura y no se clausura porque, si no, no veríamos las huellas, no tendríamos horizontes y seguramente que hemos de agudizar las miradas y los recuerdos agradecidos. Sí, la vida es como un río, tiene una vertiente, tiene una naciente y va a desembocar a un mar o a un lugar donde se abren nuevos horizontes. No se clausura la vida, para nada, ¡abre! Bueno, sigamos las huellas, las huellas son proyectos y hay que continuarlas».

Las palabras de Juan Pablo Abratte son huellas, las luchas de Madres y Abuelas son huellas, las conquistas de derechos en estos 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina son huellas, la expansión inusitada de los feminismos son huellas, el persistir en la reivindicación y ampliación de los derechos humanos son huellas y la lista queda abierta para que cada unx la amplíe con sus memorias, sentires, pensamientos y deseos.

Solo tengo certeza de algunas huellas, de la gente querida y próxima, la apuesta renovada a la educación como terreno humano y de humanidades, no un servicio esencial que trata de meternos en otro laberinto sin salida. Tengamos en claro las prioridades y los horizontes: el abrazo al otro diferente, extraño y, a la vez, tan humano como nosotrxs. La persistencia en las luchas laborales, por condiciones justas de trabajo, de todxs lxs trabajadores docentes que visualizamos en las calles y en las aulas estos reclamos y los ideales por enseñar, aprender y expandir el conocimiento en múltiples direcciones que nos nutran y dignifiquen.

En tiempos de tantos hechos inmorales, mejor volver a las huellas que son proyectos y que, como convicciones profundas e irrenunciables, hoy más que nunca, nos marcan el rumbo. Ni la vida ni las luchas están clausuradas.

*Por Guadalupe Molina para La tinta / Imagen de portada: Tui Guedes.

*Voces en Educación es una columna institucional de la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE) de la UNC, un espacio de comunicación pública de la ciencia del campo educativo local.

Huellas de humanidad en la lucha por la educación

Comparte este contenido:
Page 4 of 378
1 2 3 4 5 6 378