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En nuestros cuerpos habita la lucha antirracista

Por:  Zur

 

El pasado 4 de julio, las mujeres del Bloque Antirracista convocaron a una movilizaron en Gonzalo Ramirez y Yaro, en repudio al racismo en Uruguay, en la región y en el mundo, porque el colonialismo se dibuja de múltiples formas y porque no quieren que otres hablen por  y en nombre de elles.Compartimos la proclama colectiva leída en la actividad y la cobertura fotográfica de Rebelarte.


«Desde el Bloque Antirracista nos pronunciamos en contra de toda práctica racista, estructural, institucional y simbólica en Uruguay y en la región.

El pasado 25 de mayo de 2020, en la ciudad de Mineápolis, Minniesota (Estados Unidos), George Floyd fue asesinado como resultado de su arresto por parte de cuatro policías locales. Se le detuvo por la sospecha de haber utilizado un billete de 20 dólares falso. George era inocente, tenía 46 años.

Este actuar policial remite a casos anteriores como el caso de Breonna Tylor, el 13 de marzo 2020, de 26 años, técnica en emergencias médicas. Recibió 8 disparos, cuando los agentes ingresaron a su departamento en Kentuchy. Estaban realizando una orden de allanamiento por una investigación de drogas en su edificio, no encontraron nada.

No son casos aislados: basta investigar sucesos para darse cuenta que las manifestaciones de discriminación racial que vivimos les afrodescendientes no son anecdóticas sino que tejen relatos de una historia de violencia estructural, de larga data y sumamente legitimada en las formas de hacer política a nivel mundial.

El racismo culpabiliza, restringe,vulnera y mata.

Ser un hombre afro es sinónimo de peligro y desconfianza para la sociedad y para las instituciones, sin embargo, la realidad demuestra que ser un hombre negro implica estar más expuesto a riesgos, amenazas y represión de toda índole. En concreto, la represión policial se ceba con ellos y la presunción de inocencia no se aplica. Se les trata como culpables en todo momento y se les niegan sus derechos humanos.

El racismo cosifica, violenta, viola y mata.

Ser mujer afro es sumar a lo anterior un fetichismo exacerbado de nuestros cuerpos a través de una hiper sexualización y un despojo continuo de nuestra condición de personas, cosifi­cándonos y tratándonos como mercancía y objetos, reproduciendo lógicas capitalistas y machistas. Las consecuencias para las mujeres negras, base de la pirámide racial, son demoledoras, las opresiones y la violencia de todo tipo (emocional, sexual, física, económica y política) y desde todas las esferas (sociedad civil, instituciones) cobran más fuerza sobre nuestros cuerpos.

No es casual que sean las mujeres afro, las personas más perseguidas y asesinadas de todes les actores involucrades en los movimientos sociales. Se ejemplifica con los casos de las lideresas asesinadas como castigo ejemplarizante para acallar los movimientos sociales.

Estamos aquí en la calle, haciendo frente a ese racismo cotidiano, a la violencia policial, no sólo la norteamericana, la violencia policial y los crímenes policiales que suceden aquí en Uruguay y en la región. En Brasil tenemos el caso de Mical Silva, joven de 11 años baleado y asesinado en la ciudad de Salvador durante acción de la policía militar en el transcurso de este año, entre otros casos que no hacen más que evidenciar que la vida en dicha región no vale nada, y cuando es racializada se hace más evidente.

Las muertes de mujeres activistas y representantes de movimientos sociales que están siendo asesinadas en Brasil y en la región no pasa desapercibido por nosotres, compañeres de lucha. La muerte más cercana de la socióloga, feminista, política brasileña y militante de los derechos humanos, y concretamente de los derechos de las mujeres negras en Brasil, Marielle Franco, PRESENTE!

Los y las indígenas de nuestra región son otra de las caras de este racismo desmedido, que vienen siendo estigmatizados por muchísimos años y en diferentes planos. Los Pueblos Originarios y regiones donde habitan son los más afectados y más abandonados a suerte en el tratamiento de la pandemia por el COVID 19. Y no sólo por los gobiernos. En la propia población, la «sociedad civilizada» que supieron construir, que haciendo gala de una profunda ignorancia, falta de solidaridad, falta de conciencia de todo tipo, esgrime la excusa del virus para marcar «la diferencia» presentándose a la vieja y macabra lucha de pobres contra
pobres.

Nos imponen su cultura capitalista, cultura de la escasez, estimulando las peores características del ser humano, pretendiendo desalentar los valores vitales con el sentimiento que mejor han sabido sembrar: el miedo.

Este miedo que mueve estrategias políticas, que en Uruguay está cobrando fuerza. La Ley de urgente consideración (LUC) viene por todes.

La falta de un abordaje urgente en violencia de género y sobre las cuerpas racializadas están a la vista.

La Luc está lejos de profundizar sobre las urgencias de las mujeres y las mujeres afro en particular y sobre la violencia que vivimos. En la que también afecta a los y las migrantes que viven en nuestro país.

Nos preocupa cuáles van a ser las formas de violencia policial que vamos a seguir padeciendo con una ley que buscará profundizar la represión y la criminalización de las cuerpas de las mujeres y disidencias, sobre todo porque en este punto habrá un claro retroceso en Derechos Humanos.

Con la nueva Ley de Urgente Consideración (LUC) ¿qué garantías tenemos como mujeres afro si desde siempre hemos sido estigmatizadas? La habilitación de un desmedido y peligroso uso de la fuerza policial es inminente y nos deja desamparadas. Vulnera nuestro derecho a protesta, a manifestarnos libremente, nos criminaliza habilitando la represión con armas de fuego y legitimando la presunción de inocencia de los efectivos policiales.

Desde el Bloque Antirracista condenamos, repudiamos y nos unimos al dolor y las movilizaciones mundiales que están teniendo lugar por el asesinato de Floyd, pero:

Entendemos necesario y urgente que la sociedad uruguaya profundice y se interpele sobre las prácticas relacionadas con el racismo, la xenofobia y la discriminación. ¿Somos conscientes de que en Uruguay hay racismo? ¿Por qué Uruguay se moviliza y manifiesta ante casos de racismo extranjeros y no lo hace ante los casos denunciados en nuestras fronteras y en nuestro país?

Es algo que ineludiblemente hay que revisar, porque si no lo hacemos seguiremos señalando afuera, pero reproduciendo adentro el racismo que se expresa día a día en nuestra sociedad y en el seno del Estado uruguayo.

El primero de este mes, Gustavo Castro Mercada, joven afro, en situación de calle, muere de hipotermia. Le negaron el acceso a un refugio, lo sacan por la fuerza policial. La respuesta fue el aparato represivo del Estado. Esta vida negra, no importa?

Hace unas semanas, un programa radial de importante audiencia, se burla de personas afro de la ciudad de Rivera, llamándolos «africanitos y bahianos», esos dichos y burlas tampoco importan?

En 2018, se realizó una marcha que convocaba por justicia por el maltrato del joven afro con discapacidad en una estación de servicio. En este hecho los propios compañeros de trabajo, maltrataban al joven afro, atándolo y golpeándolo mientras decían «así tratamos a los negros en Uruguay». A esta marcha, MUY POCAS personas tomaron las calles para decir que esta vida negra importa.

Entonces, ¿Cuáles son los casos de racismo que nos conmueven? ¿Cuáles son las vidas que importan? ¿Son las vidas negras de Uruguay?

Repudiamos la represión policial y su consecuente violencia, la criminalización de la pobreza y la violencia étnico racial a la que nos vienen sometiendo los gobiernos neoliberales en la región. Sabemos que nuestras cuerpas racializadas se convierten en objetivo.

Estamos despiertas,estamos en alerta.

Es preciso que escuchen nuestra voz. Esa tarea implica revisar constantemente nuestras prácticas machistas y sobre todo racistas, ya que, sin revisión continuará existiendo la voluntad de que otres hablen por nosotres y en nombre de nosotres. El colonialismo se dibuja de múltiples formas.

Esta acción busca posicionarse ante la lucha antirracista en nuestro territorio, recordando las voces afros, migrantes e indígenas.

Sepan que, donde habitan nuestros cuerpos habita la lucha antirrracista!»

Fuente e imagen:  https://zur.uy/en-nuestros-cuerpos-habita-la-lucha-antirracista-2/

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CLADE: Especialistas reclaman un nuevo pacto de justicia socioambiental y económica para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe

Por: Thais Iervolino.

En un evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 2020, representantes de Estados, organizaciones y redes de sociedad civil de la región analizaron las respuestas a los impactos socioeconómicos del COVID-19.

44 millones de personas sin empleo, 230 millones de personas en situación de pobreza y 96 millones viviendo en condiciones de pobreza extrema. Ese fue el escenario presentado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al analizar los impactos de la pandemia en la región.

Bárcena expuso en el evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 2020 (HLPF, por sus siglas en inglés), que se desarrolla virtualmente este mes de julio y se denomina “La Agenda 2030 en el nuevo contexto global y regional: escenarios y proyecciones para América Latina y el Caribe en la crisis actual”. El evento fue organizado el 10 de julio por la CEPAL y la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La secretaria ejecutiva de la CEPAL instó los Estados a garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia con respeto a los derechos humanos y con base en una gobernanza democrática, y subrayó la importancia de extender el apoyo financiero a los países de ingreso medio a través de mayor liquidez (derechos especiales de giro), financiamiento concesional y alivio a la deuda, especialmente a los países del Caribe. “Debemos avanzar hacia una mayor integración regional frente a una geografía económica global distinta”, subrayó.

Junto a Alicia Bárcena también participó del evento Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en nombre del Mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda 2030 y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Laura Giannecchini: «Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas»

Para Laura Giannecchini, la pandemia del COVID-19 desnudó y profundizó tendencias que la CLADE y otras organizaciones y movimientos sociales habían observado en la región, como el estancamiento o regresión económica, el aumento de la pobreza y de las desigualdades, el debilitamiento de los sistemas públicos de educación, salud y protección social, y el crecimiento de tendencias autoritarias.

“Creemos que esta crisis sanitaria, que es también económica, social y política, pone en evidencia la urgencia de un cambio radical en la acción de nuestros gobiernos, camino a la adopción de nuevos modelos de desarrollo. Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas”, afirmó.

En su exposición, elaborada a partir de reflexiones colectivas que tuvieron lugar en el Marco del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil y que culminaron el la declaración «América Latina y el Caribe: Pocos avances y nuevos desafíos para la Agenda 2030lanzada en mayo del 2020″, Giannecchini destacó la importancia de realizar ocho cambios para mitigar los impactos de la crisis a la hora de garantizar los derechos humanos. Entre ellos están: la necesidad de fortalecer los sistemas democráticos, incorporando a los movimientos sociales, colectivos de la sociedad civil y poblaciones históricamente excluidas del debate y de la toma de decisión en las políticas públicas; la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de educación, salud y protección social; la contención del avance de los fundamentalismos religiosos en los espacios políticos, que niegan evidencias científicas, fomentando el odio y dificultando la implementación de políticas con perspectiva de derechos; y el establecimiento de un compromiso financiero, político y normativo de largo plazo, y de cooperación internacional, para asegurar el cumplimiento integral de la Agenda 2030.

“Consideramos que es hora de establecer un nuevo pacto de justicia socioambiental y económica para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Un pacto de desarrollo inclusivo, que coloque a las personas en el centro, e inste a los Estados a la acción, de manera que podamos salir de esta pandemia con nuevos paradigmas, basados en la solidaridad, la felicidad y en el bienestar de todas y todos”, subrayó.

Además de Bárcena y Giannecchini, intervinieron en el evento el embajador Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU; Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica; Luz Keila Gramajo Vílchez, secretaria de Planificación de Guatemala; y Markova Concepción Jaramillo, comisionada presidencial para el Examen Nacional Voluntario y representante permanente designada de Panamá ante la ONU. Participaron también Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia y Rochelle Whyte, asesora técnica superior del director general del Instituto de Planificación de Jamaica.

Mira la grabación del panel con la exposición de todos los participantes:

Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/especialistas-reclaman-un-nuevo-pacto-de-justicia-socioambiental-y-economica-para-los-pueblos-de-latinoamerica-y-el-caribe/

 

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Cuba festeja Día de los Niños con la garantía de sus derechos

Centroamérica/Cuba/19 Julio 2020/prensa-latina.cu

Cuba festeja hoy el Día de los Niños con la garantía de sus derechos, en especial el acceso universal y gratuito a los servicios de salud y la educación.
Las celebraciones no tendrán en esta ocasión la masividad de años anteriores, debido a las limitaciones que impone la Covid-19, aunque la isla mantiene controlada la epidemia y ha dedicado especial cuidado a la atención de los infantes.

En ese sentido, el presidente Miguel Díaz-Canel, al referirse el pasado jueves ante el Consejo de Ministros a los logros del país en el enfrentamiento al nuevo coronavirus, destacó que ‘consuela y anima’ que no haya fallecido ningún niño por la enfermedad.

En materia de salud, la isla se encuentra en la posición 35 entre las naciones con la tasa de mortalidad infantil más baja del mundo, con cinco por cada mil nacidos vivos.

Ello se suma a una tasa de supervivencia, en los primeros cinco años de vida, por encima del 99 por ciento, sostenida durante los últimos 20 años, según estadísticas del Ministerio de Salud Pública.

El Programa Nacional de Inmunización garantiza, además, una cobertura de vacunación de casi el 100 por ciento, incluidas vacunas contra 13 enfermedades, entre las que figuran seis que permanecen erradicadas.

En el ámbito de la educación, el pasado mes de junio la Unesco reconoció el liderazgo de la nación caribeña, por la calidad de la enseñanza, la inclusión y en particular por integrar al 99,5 por ciento de los niños menores de seis años al sistema educacional.

La mayor de las Antillas es signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño y su Constitución protege a este sector poblacional, para el cual establece el interés superior de los menores en las decisiones y actos que les conciernan.

La Carta Magna igualmente los resguarda contra todo tipo de violencia.

El mandatario cubano, a propósito del Día Internacional de la Infancia, el primero de junio, sostuvo que el Gobierno de la nación caribeña continuará defendiendo los derechos de los niños frente a cualquier circunstancia.

A pesar del bloqueo estadounidense, recrudecido y multiplicado con nuevas medidas, nada ha quebrado la voluntad de acero del país de proteger los derechos humanos y en particular los de los infantes, afirmaron en igual fecha miembros del Parlamento.

Cuba celebra el Día de los niños el tercer domingo de julio, fecha en la cual habitualmente se desarrollan numerosas actividades en todo el territorio nacional.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=382814&SEO=cuba-festeja-dia-de-los-ninos-con-la-garantia-de-sus-derechos
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Mujeres de América Latina ‘bajo presión’ para aceptar cesáreas durante la pandemia

Mujeres que dieron a luz en medio de la pandemia de COVID-19 en América Latina enfrentaron una presión creciente en favor de las cesáreas, revela una nueva investigación de openDemocracy, publicada este jueves 16 de julio.

La investigación encontró además múltiples reportes de maltrato, prohibiciones de acompañante y negativas de asistencia en casos de emergencia – pese a la existencia de leyes contra la “violencia obstétrica” y la “medicalización abusiva” en varios países.

América Latina ya tenía la mayor tasa de cesáreas del mundo, estimada en 40% de todos los nacimientos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no sobrepasen el 15% e insiste en que solo deben practicarse cuando las justifican razones médicas.

La OMS reiteró esta recomendación en sus pautas sobre el parto durante la pandemia publicadas en marzo, y añadió además que las mujeres deben contar con una compañía de su elección al parir, recibir un trato digno y respetuoso, información clara, analgesia adecuada y apoyo para amamantar si lo desean.

La práctica de cesáreas, inducciones, episiotomías y otros procedimientos que no sean médicamente necesarios, o que no cuenten con consentimiento informado, está prohibida por leyes nacionales o estadales contra la violencia obstétrica en por lo menos ocho países latinoamericanos, entre ellos ArgentinaEcuadorMéxicoUruguay y Venezuela.

La mayoría de estas leyes garantizan una compañía en el parto, cohabitación con el recién nacido y apoyo para amamantar. Pero activistas por la salud materna aseguran que ni esas normas ni las pautas de la OMS eran suficientes para proteger estos derechos incluso antes de la COVID-19. Y la pandemia no hizo más que empeorar las cosas.

En Argentina, Margarita Goñi, del grupo activista El Parto es Nuestro (EPEN), dijo que “en marzo y las primeras semanas de abril”, cuando el gobierno decretó el aislamiento obligatorio, en algunos hospitales “se comenzó a citar a inducción o directamente a cesárea por estar de 38 semanas de embarazo”, si bien las pautas del propio ministerio de salud establecen que “es importante evitar cesáreas injustificadas”.

Violeta Osorio, del grupo de derechos humanos Las Casildas, agregó: “Se le dice a las embarazadas que es mejor programar una cesárea a entrar en trabajo de parto en el medio de un pico de COVID-19. Pero esto es contradictorio con la necesidad de no saturar el sistema de salud, dado que una cesárea implica más tiempo de internación e insumos”.

En Ecuador, Sofía Benavides (también de EPEN) dijo que su grupo reunió testimonios de 26 mujeres que dieron a luz durante el brote de COVID-19. Trece de ellas dijeron que se vieron obligadas a parir “solas” por las restricciones que prohibieron los acompañantes, y quince dijeron que no pudieron tener contacto temprano piel con piel con los recién nacidos.

Benavides también describió que una clínica privada “ofrecía: ‘vienes sola, se te practica una cesárea, no te damos habitación, te mantenemos en zona de observación y te cobramos 1.200 dólares’. Lo único bueno es que le permiten permanecer con el bebé”.

En México, el ginecólogo y obstetra Christian Mera, del Grupo Médico Proparto Natural, prevé que las estadísticas mostrarán “en abril y mayo un aumento en las cesáreas”, impulsado por “el miedo a que se saturen los hospitales”, un miedo “contradictorio porque la cesárea tiene mayores riesgos y, en el caso del COVID-19, se suma el riesgo de la hospitalización e infección”, observó.

En toda la región, “los niveles de cesáreas han llegado a ser extremadamente altos, incluso en las mujeres sin COVID-19”, dijo a openDemocracy Bremen de Mucio, asesor regional en salud materna de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En Uruguay, que a mediados de julio registraba alrededor de 1.000 casos de COVID-19 y una treintena de muertes, el ministerio de salud fue acusado de hacer la vista gorda cuando varios centros de salud suspendieron temporalmente los acompañantes en partos, contraviniendo la ley.

En Venezuela, dos mujeres jóvenes que dieron a luz en mayo en maternidades públicas de Caracas, reportaron haber permanecido “solas” y “asustadas” hasta que les dieron el alta, luego de pasar por procedimientos sobre los que no las consultaron, como ruptura artificial de membranas (lo que se conoce como romper bolsa), inducción y episiotomía (corte en la abertura vaginal).

Solas y mal informadas

A partir de marzo, openDemocracy entrevistó a decenas de mujeres y organizaciones no gubernamentales, parteras y obstetras de Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, que detallaron experiencias de parto en la pandemia que parecen infringir tanto las pautas internacionales como las leyes locales.

La mayoría de las mujeres dijeron que debieron parir sin acompañantes de su confianza, prohibidos por la COVID-19. Esto “multiplica el riesgo de maltrato” en países donde la violencia obstétrica “siempre está presente”, advirtió la partera mexicana Nuria Landa, del grupo Nueve Lunas.

Varias mujeres denunciaron asimismo abuso verbal de un personal hospitalario sobreexigido, mientras otras parturientas dijeron que fueron separadas de sus bebés y no pudieron amamantarlos.

“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”

Las infracciones a la guía de la OMS y a las leyes se presentan tanto en hospitales públicos como privados. “No nos trataron con dignidad”; así es como Lidia Cordero describe lo que sintió al quedarse sola en trabajo de parto en una sala de emergencias de un hospital público de Huixquilucan, México, donde asegura que no le dieron información necesaria para entender lo que los médicos hacían con ella.

“Literal, fuimos las apestadas del hospital”, dijo Montse Reyes, que tuvo una cesárea programada en mayo en una clínica privada de México. Reyes asegura que tras el nacimiento ella y su bebé dieron positivo en el test de COVID-19, pero el personal no le informó los resultados hasta que le dieron el alta, tras pasar dos días en aislamiento.

No la separaron de la recién nacida, pero ambas fueron colocadas “en una zona aislada detrás de una puerta de cristal” y “nadie quería tener contacto con nosotras. Eran las 11 de la noche y yo no había tomado ni un vaso de agua desde las 10 de la noche del día anterior”, relató.

“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”, explicó Daniela Echeverría, en Ecuador.Si bien le permitieron estar con su esposo, los dejaron solos en la sala de partos durante tres horas, tras lo cual ella sufrió un desgarro vaginal y su beba había tragado líquido amniótico y meconio, señal de sufrimiento fetal.

Echeverría cree que el personal fue reducido por la pandemia, y el único equipo de guardia (una médica y dos enfermeras) estaba atendiendo otro parto.

En Uruguay, la coordinadora del Grupo por la Humanización del Parto y Nacimiento, Laura Vega, dijo que su organización recibió “70 denuncias en todo el país”.

La ausencia de información clara es un asunto que se reitera en los testimonios recopilados por openDemocracy. Dos mujeres que fueron a cesárea en dos ciudades uruguayas en abril (antes de que el gobierno revirtiera la prohibición de acompañantes en mayo) dijeron haberse enterado a último momento que darían a luz sin sus parejas.

“Ni siquiera me preguntaron. La ginecóloga le dijo a mi compañero que no era conveniente que entrara al quirófano”, dijo Anahí Oudri.

Andrea Fernández sostuvo: “En ese momento no me daba para discutir. Tenía terror a la cesárea, y sabés que si no ganás la discusión, no está bueno ver caras malas”.

Una crisis global

En todo el mundo, la investigación de openDemocracy identificó infracciones a las pautas de la OMS en al menos 45 países desde que comenzó la pandemia. Esta evidencia procede de testimonios directos, de ONG y de otros medios periodísticos.

En América Latina, los toques de queda y las restricciones al transporte por el coronavirus llevaron a que muchas mujeres perdieran controles de embarazo, tuvieran que caminar largas distancias para llegar a un hospital o incluso se vieran obligadas a partos en casa, no planificados y riesgosos.

En mayo, nuestra reportera en Venezuela vio a una mujer con una gestación de 31 semanas a la que le negaron inicialmente asistencia en una maternidad pública de Caracas. Fue trasladada horas más tarde a otro hospital, pero su bebé estaba muerto.

En Ecuador, durante el mes de abril, a dos mujeres con emergencias obstétricas se les negó asistencia varias veces en salas de urgencia de hospitales públicos de Guayaquil, según la abogada feminista Ana Vera, del grupo de derechos sexuales y reproductivos Surkuna. La ciudad estaba por entonces sumergida en la crisis de COVID-19.

“Tuve que intervenir directamente llamando a autoridades del ministerio de salud pública” para que le “dieran antibióticos a una” y una “transfusión de sangre” a la otra, dijo Vera a openDemocracy.

También en abril, Nuria Landa, la partera mexicana, recibió llamadas telefónicas de emergencia de dos mujeres que estaban haciendo trabajo de parto en sus casas, tras ser rechazadas por un hospital reconvertido para atender casos de COVID-19 sin previo aviso.

Otra mujer en Guadalajara, México, relató a openDemocracy que había parido sin complicaciones en su casa en abril, pero al día siguiente se sintió mal y fue al hospital para que le hicieran un test de coronavirus, que al principìo le fue negado, según dijo.

“La doctora me introdujo más fuerte los dedos, remolineó dentro”, dijo la mujer, que aseguró haber sido regañada por el parto domiciliario e informada de que tenía restos de placenta y necesitaba un legrado. Esto resultó incorrecto, según explicó, cuando un segundo médico ordenó una ecografía, así como un test de coronavirus (que dio positivo).

La mujer denunció su caso a las autoridades como una violación a las normas sobre maltrato médico en su estado (que no cuenta con una ley contra la violencia obstétrica). Sin embargo, no está claro si esas autoridades van a investigar su queja, y nadie de los ministerios de salud de Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela respondió las consultas de openDemocracy.

La defensoría del pueblo de Ecuador dijo en mayo, en respuesta a nuestras preguntas, que no había recibido ninguna denuncia de violencia obstétrica durante la pandemia. Esa oficina no respondió nuevas preguntas para actualizar esos datos en julio.

Mientras tanto, una portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que su oficina “también ha recibido reportes preocupantes sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas embarazadas en el contexto de la pandemia de COVID-19”.

“Nos preocupa que en todo el mundo, con sistemas de salud sobreexigidos, se desvíen con frecuencia los recursos para servicios de rutina como los de salud materna… Documentar estos incidentes es un primer paso crucial para exponer el problema. Los estados deben adaptar sin demoras sus prácticas a las pautas de la OMS”.

Contribuyeron a este artículo Magda Gibelli (Venezuela) y Agostina Mileo (Argentina).

Fuente: https://efectococuyo.com/coronavirus/mujeres-de-america-latina-bajo-presion-para-aceptar-cesareas-durante-la-pandemia/

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Catalina Bonnet Toro: Movilización social con Hambre de cambios

La presión social que crece cada día y las constantes manifestaciones no se detendrán, pues con la crisis por la llegada del Covid-19, lo único que ha puesto en la mesa, es evidenciar los vacíos que aún quedan

Existen hitos importantes en la historia de la protesta social. El mundo ha sido testigo del levantamiento de los ciudadanos, especialmente, la última década, desde el alzamiento de la primavera árabe; en sus inicios tuvo lugar en Túnez, dando inicio a que muchos países de oriente medio, salieran en su rechazo a la desigualdad en temas sociales, económicos y políticos; como Egipto, Yemen y Libia, donde sus manifestaciones, llegarían al punto de derrocar a sus líderes.

La función principal de un movimiento social es generar cambios, o expresar un descontento. Tradicionalmente se dan en espacios públicos, pero gracias a las redes sociales emergentes, la invitación a la discusión de activistas, diferentes movimientos, o cualquier ciudadano, se trasladan al espacio virtual con una voz, mucho más fuerte y, hasta global. Lo hemos visto con el movimiento MeToo, que inició como una campaña contra la violencia sexual  por denuncias contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein; o de las protestas contra el racismo motivadas por la muerte de George Floyd, un exguardia de seguridad asfixiado durante un arresto en Nueva York.

Esta ola de protestas, se permea a lo largo y ancho del planeta. Solo falta hacer memoria. Para no irse tan lejos, tenemos a Latinoamérica; aparece entonces, un movimiento estudiantil que se gestó en Chile, contra el gobierno de Sebastián Piñera en el 2011, donde se buscaba reformar el acceso al ingreso a las universidades, con una educación superior gratuita. Fin que se consiguió después de cinco años de estar en las calles, cuando la presidenta, Michelle Bachelet, puso su fin, con una frase que destacaron todos los medios, la gratuidad universitaria  “es un derecho, no un regalo”.

Pero el estallido social no se queda ahí. Esto se propagaría  como un virus desde Chile hasta Colombia, donde vemos como la “normalización de las protestas” se desata en la región. Hay que destacar que hoy América Latina es la región más desigual del mundo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), pues se estima que de 2019 a 2020, el desempleo pasará de 8,1% a 13,5%, es decir, que habrá más de 44 millones de personas sin trabajo. Así que no es de extrañarse como se incrementan cada vez más estos actos con Hambre – en mayúscula-  por cambios reales.

Deténganse en Colombia. El descontento en el país, se hace cada vez más evidente, a pesar de que se intente desestimar las marchas pacíficas, con actos vandálicos y un uso excesivo de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), no se deja envolver bajo esa cortina de humo. Lo vimos durante las pasadas marchas del 21 de noviembre del año pasado. Este Paro nacional se caracterizó por una unión de los diferentes  gremios afectados como campesinos, indígenas, docentes, estudiantes, comunidades afro, mujeres, comunidad LGTBI, pensionados, transportadores, en fin parecía que todo el país obedecería al llamado del paro.  Al fin, la marcha como mecanismo de participación ciudadana, tomó su papel, y el país, lograría conmocionarse ante su gente.

La presión social que crece cada día y las constantes manifestaciones no se detendrán, pues con la crisis por la llegada del Covid-19, lo único que ha puesto en la mesa, es evidenciar los vacíos que aún quedan; vemos como la línea que divide a la clase media de la pobreza y la pobreza extrema se ha vuelto más delgada, con un escenario de 20 millones más de personas en pobreza extrema en la región. Informalidad, desigualdad del ingreso,  falta en oportunidades de trabajo, acceso a la salud y a la educación eran problemas que América Latina enfrentaba, y salen a luz, por la pandemia como lo explicó Ángel Gurría, secretario General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Y si los gobiernos acataran las medidas por contrarrestar los efectos que se perciben, junto con todo lo anterior, ya podríamos hablar de reconstruir, (antes de que sea demasiado tarde),  nuestra región, con la necesidad de reinventarnos en tiempos de Covid, como podría ser desarrollar nuestro potencial agrícola, sería una oportunidad de crear un impacto positivo, pues como se ha dicho la crisis alimentaria es una realidad. Pero la respuesta podría ser América Latina, señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya que tiene la reserva más grande del planeta en tierras cultivables.  La región latinoamericana tiene un enorme potencial para aportar soluciones globales en materia alimentaria.

Hoy podemos elegir si queremos ser las víctimas de un Estado fallido, o podemos buscar soluciones, pues en medio de la tormenta es cuando se conoce al buen piloto. Quizás necesitaremos mejores líderes y, en el futuro pospandemia, pasar a la acción por todos aquellos que han salido a manifestar su descontento, su dolor, su impotencia, de no ver cambios; y terminar por proteger y defender los derechos humanos de las generaciones venideras.

Fuente: https://alponiente.com/movilizacion-social-con-hambre-de-cambios/

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EE.UU. revoca suspensión de visas a estudiantes extranjeros

La medida llega después de que varios estados y universidades demandaran la propuesta de Trump de expulsar a los estudiantes.

Bajo presión de una demanda a la que se sumaron 17 estados, el Distrito de Columbia y varias instituciones de educación superior, el Gobierno de Donald Trump aceptó este martes no suspender las visas a los estudiantes extranjeros matriculados en universidades de Estados Unidos (EE.UU.) que ofrezcan toda su docencia en línea.

Durante una audiencia celebrada en Boston (Massachusetts), una jueza federal presentó el acuerdo al que llegaron el Gobierno y las instituciones académicas, con lo cual se retiró la norma que el Ejecutivo intentaba imponer.

Según esta decisión, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) permitiría a los estudiantes extranjeros permanecer en EE. UU. incluso si su universidad opta por ofrecer los cursos exclusivamente en línea mientras dure la pandemia de la Covid-19.

La semana pasada, el Departamento de Seguridad Interna actualizó una orden que impedía a estudiantes extranjeros matricular en universidades que se inclinaron por la docencia virtual como medida preventiva ante el coronavirus.

Además de no emitirse nuevas visas para estos centros, la medida gubernamental contemplaba deportar a los estudiantes que ya estaban matriculados si las universidades no retomaban la docencia de tipo presencial, o un modelo que combinara clases presenciales y virtuales.

Tras el anuncio, la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés) presentaron una demanda contra la administración Trump alegando que se trataba de una decisión arbitraria y que afectaría a miles de estudiantes y a todas las universidades del país.

Según estimados, más de un millón de estudiantes extranjeros están matriculados en casas de altos estudios de EE.UU. Esos jóvenes constituyen el 6 por ciento de los estudiantes universitarios en la nación y generan ingresos cercanos a los 45.000 millones de dólares entre matrículas y otros gastos.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/eeuu-revoca-suspension-visas-estudiantes-extranjeros-20200714-0044.html

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Alertan a la Unión Europea sobre graves crisis de derechos humanos en México

México y la Unión Europea sostuvieron la IX edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel en materia de derechos humanos el 10 de julio pasado, durante el cual organizaciones civiles entregaron un extenso diagnóstico sobre la crisis de derechos humanos en México y formularon recomendaciones a las autoridades mexicanas y europeas.

 

  • Ante la crisis sanitaria y económica en México y sus impactos a corto, mediano y largo plazo, organizaciones civiles hacen un llamado a la Unión Europea y al Estado mexicano a fortalecer su relación bilateral en materia política, técnica y de cooperación.

  • Exigen al gobierno de México y a la Unión Europea fortalecer mecanismos de consulta y participación de la sociedad civil, así como de transparencia y rendición de cuentas.

Organizaciones civiles denunciaron ante el Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, la grave crisis de derechos humanos en México, agudizada por los efectos de la crisis sanitaria y económica que han impactado de forma desproporcionada a los derechos humanos de las víctimas, particularmente a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

México y la Unión Europea sostuvieron la IX edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel en materia de derechos humanos el 10 de julio pasado, durante el cual organizaciones civiles entregaron un extenso diagnóstico sobre la crisis de derechos humanos en México y formularon recomendaciones a las autoridades mexicanas y europeas.

En el encuentro, las OSC apuntaron como un hecho positivo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya reconocido, en parte, la magnitud de la crisis en materia de derechos humanos y se haya comprometido a resolver algunas de las problemáticas más graves como las desapariciones; sin embargo, en la práctica, se siguen manteniendo altos índices de violencia y violaciones a los derechos humanos e impunidad.

La crisis de desapariciones se mantiene en el país, con un registro oficial de 61,637 personas desaparecidas, incluidas 5,184 personas desaparecidas en 2019, de las cuales 1,277 son niñas y mujeres. Las personas defensoras de derechos humanos, particularmente las defensoras indígenas de la tierra y del territorio, son el blanco de agresiones por parte de actores tanto privados como públicos. Los datos confirman que desde inicios del 2019, 33 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, de entre las cuales 4 fueron mujeres, incluyendo dos mujeres trans defensoras de derechos humanos y 19 periodistas, demostrando que labor periodística es de alto riesgo en México. La violencia de género se torna particularmente alarmante con el encierro, como lo reflejan las 11 mujeres, en promedio, asesinadas cada día. Cada 30 minutos un niño o niña es víctima de abuso sexual. Las niñas, niños y adolescentes son, por su parte, víctimas de 7 asesinatos y 7 desapariciones al día. Tan solo en el primer año de la administración, 117 crímenes de odio contra personas LGBTTTI+ fueron contabilizados. Los datos públicos disponibles, si bien no reflejan la totalidad de los casos, sí dejan entrever un aumento de la violencia y violaciones a los derechos humanos en el contexto de la pandemia.

La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos dio a conocer que entre de marzo a junio, en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19, se registraron 103 agresiones en contra de quienes defienden el derecho a la salud; 47 ataques contra el personal de salud, 141 agresiones contra personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas y 237 personas desaparecidas.

Asimismo, las OSC externaron su preocupación ante las deficiencias estructurales de las instituciones de administración y procuración de justicia, que propician la persistencia de la impunidad, la ausencia de políticas integrales de atención a víctimas, el mantenimiento de la política de militarización de la seguridad pública y el incumplimiento de México con recomendaciones y resoluciones internacionales. También hicieron hincapié en el debilitamiento de algunos órganos reguladores y autónomos; los señalamientos generalizados y difamaciones contra las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación; el impacto de las medidas de austeridad sobre las instituciones de derechos humanos; así como la falta de criterios técnicos para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas relacionadas con derechos humanos.

Respecto al “Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación” entre la Unión Europea y México, resaltaron el cierre de las negociaciones durante la pandemia, sin consulta ni participación de la sociedad civil, lo que evidencia la priorización de los actores económicos sobre los derechos humanos, contraviniendo los principios europeos de gobernanza y participación. Esto se refleja en la falta de evaluaciones de impacto en derechos humanos y ambientales incluyendo consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe, como se ha hecho con los megaproyectos del Tren Maya y del Corredor Transístmico, cuyas consecuencias ambientales y sociales serán devastadoras.

Por lo anterior, entre otras recomendaciones, las OSC exhortaron al gobierno de México y a la Unión Europea:

A cancelar los megaproyectos que han provocado asesinatos de personas defensoras y suspender aquellos que carecen de valoraciones sobre los impactos en derechos humanos y consultas (CPLI), y paralelamente implementar mecanismos obligatorios para identificar, prevenir, abordar y reparar los daños actuales y posibles de las actividades empresariales públicas y privadas, tanto domésticas, como extranjeras.

A fortalecer su cooperación política, técnica y económica, para paliar los efectos de la crisis por la COVID-19 y sus impactos a corto, mediano y largo plazo.

A reevaluar sus estrategias en materia de derechos humanos, en particular las dirigidas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, personas defensoras, periodistas, migrantes, personas LGBTTTI+, pueblos indígenas, y niñas, niños y adolescentes ante el recrudecimiento de la violencia en el contexto de la pandemia.

A fortalecer la cooperación técnica para lograr un mayor acceso a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

A incorporar una perspectiva de prevención en las acciones realizadas para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, por ejemplo mediante la emisión  periódica de alertas por parte de la Delegación de la Unión Europea en casos de amenazas, detenciones arbitrarias y otros graves ataques.

A diseñar una política migratoria y de asilo con enfoque de derechos humanos.

Finalmente, las OSC instaron al Gobierno Mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a hacer públicos los resultados del diálogo de Alto Nivel sostenido con la Unión Europea, en particular su valoración acerca del diagnóstico presentado y su propuesta para el seguimiento de las recomendaciones.

 

Organizaciones mexicanas firmantes:

Artículo 19 México y Centroamérica,

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas,

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A C.,

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C,

Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos,

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C. (Consorcio Oaxaca)

Equis: Justicia para las Mujeres,

Espacio OSC,

Gire, Grupo de Información en reproducción elegida, A.C.,

IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.,

Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, INEPPA, A.C.,

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.,

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER),

Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ),

Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) compuesta por Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A.C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A.C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A.C. (Bachajón, Chis.); Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C. (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ) (Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.);  Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A.C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A.C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A.C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A.C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” (Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C. (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A.C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A.C. (Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C. (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

 

Organizaciones europeas firmantes:

Coordinadora Alemana por los Derechos  Humanos en México,

Oficina Ecumenica por la Paz y la Justicia,

President de la Comissió de DDHH del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, vicepresidente Fundación DDHH del Consejo General de la Abogacía Española, Decano del Colegio abogacía Girona, Carles McCragh,

Colectivo París Ayotzinapa,

Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH),

Organización Mundial contra la Tortura (OMCT),

Taula per Mèxic

La Adhesiva

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/boletin-alertan-a-la-union-europea-sobre-graves-crisis-de-derechos-humanos-en-mexico/

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