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Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Los sindicatos exigen el derecho a la autodeterminación

Este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la CSI reclama el derecho a la autodeterminación para los pueblos indígenas de todo el mundo.

El secretario general de la CSI, Luc Triangle, ha declarado: “Esta jornada constituye un importante recordatorio de la rica diversidad cultural y de las contribuciones históricas que aportan las comunidades indígenas, así como de las luchas actuales a las que se enfrentan. Los pueblos indígenas son víctimas de una discriminación sistemática, de la marginación y de la violación de sus derechos. Cuestiones como la explotación sin consentimiento de recursos naturales en tierras indígenas, así como la usurpación de sus territorios, requieren una atención inmediata”.

Los sindicatos están reforzando la representación de los pueblos indígenas en sus organizaciones y estableciendo alianzas con organizaciones de pueblos indígenas para abordar asuntos de interés mutuo, en particular el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

Nueva Zelanda: Los sindicatos están abogando por que la legislación obligue a informar sobre las brechas salariales por motivos de etnia y de género. Esta transparencia es crucial para eliminar la considerable brecha salarial de género a la que se enfrentan las mujeres indígenas. La brecha salarial de género global en Nueva Zelanda es del 8,6%, mientras que las mujeres del Pacífico ganan en Nueva Zelanda alrededor de un 26,5% menos que los hombres no indígenas.

Australia: Los sindicatos están trabajando para garantizar una sólida representación sindical de los trabajadores aborígenes e isleños del estrecho de Torres, capacitándolos para conseguir unos salarios justos, protección social y un empleo autodeterminado y satisfactorio.

Noruega: La Norwegian Trade Union Confederation (LO Noruega) promueve la cultura y la identidad de los pueblos indígenas a través del liderazgo, la difusión cultural y el apoyo al proceso de verdad y reconciliación.

América Latina: Para exigir responsabilidades a los gobiernos, los sindicatos utilizan los mecanismos de control de la OIT, lo cual incluye poner de relieve cuestiones como la seguridad laboral y el trabajo forzoso.

Las observaciones de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) hacen hincapié en las deficiencias de los procedimientos judiciales en relación con el asesinato de dirigentes sindicales indígenas, el acoso continuo al que se enfrentan las familias de las víctimas, y la tala ilícita favorecida por el sistema de habilitación, que conlleva el sometimiento de los indígenas a trabajo forzoso (15 de septiembre de 2023).

Las observaciones de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA) y de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) expresan su inquietud por las preocupantes condiciones de seguridad laboral de los trabajadores procedentes de comunidades indígenas y denuncian casos de violencia y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra ellos durante las protestas. La CTA también llama la atención por la falta de consultas durante el proceso de reforma constitucional de la provincia de Jujuy en 2023. En las declaraciones de los delegados de los trabajadores en la Comisión de Aplicación de Normas de la 109ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2021) sobre la aplicación del Convenio 169 por parte del Gobierno de Honduras se denunciaron casos de violencia cometidos contra los pueblos indígenas.

 

https://www.ituc-csi.org/Dia-Internacional-de-los-Pueblos-Indigenas-2024?lang=en

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Derechos laborales: el otro «enemigo»

Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

En su codicia por extender los negocios e incrementar las rentabilidades privadas, los neoliberales, libertarios anarco-capitalistas, empresarios oligárquicos y sus gobiernos en América Latina, no solo atacan a los impuestos (https://t.ly/kBHLZ) sino que han llegado a concebir que los derechos laborales y sociales son un estorbo a la “libertad económica” y los trabajadores que luchan por defenderlos son sus verdaderos “enemigos” de clase. La historia del capitalismo y de la región contradice sus conceptos.

A partir de la primera Revolución Industrial, con el desarrollo de las manufacturas y fábricas, que determinaron el aparecimiento del trabajo asalariado, el capitalismo del primer siglo se levantó sobre la tremenda explotación a los trabajadores. En Inglaterra y Alemania, a la vanguardia de la nueva era económica, las jornadas superaban las 16 horas diarias, sin descansos semanales ni vacaciones; los salarios apenas permitían supervivir a las familias obreras en la miseria; los sindicatos, huelgas y manifestaciones estaban prohibidos; no existían indemnizaciones ni seguridad social. Esas condiciones de vida fueron denunciadas por los pensadores sociales. Conquistar derechos incentivó la lucha de clases, de modo que los trabajadores lograron conquistas, pero pasando por represiones, muertes y sufrimientos. Los historiadores han seguido estos procesos desde esa época hasta el presente, evidenciando que la riqueza de los empresarios nunca provino de su genialidad, sus emprendimientos ni su “trabajo”, sino de la acumulación del valor socialmente generado.

En América Latina la época colonial sentó las bases de la jerarquización social y de la explotación de la fuerza de trabajo especialmente de los indígenas y campesinos. Las repúblicas surgidas tras los procesos independentistas construyeron Estados oligárquicos, en los cuales las familias de las endogámicas élites de terratenientes, comerciantes y banqueros que controlaron el poder político en los diferentes países, reprodujeron las mismas condiciones laborales heredadas de la colonia. Solo desde mediados del siglo XIX fue abolida la esclavitud y a fines del mismo los liberales y radicales procuraron regular el trabajo para convertirlo en acuerdo mutuo sujeto a los Códigos Civiles, considerando que la igualdad ante la ley solucionaría las inequidades. Sin embargo, con el lento despertar del capitalismo latinoamericano en el siglo XX, si bien se dictaron tempranas leyes como: descanso dominical en Argentina y Colombia (1905), accidentes de trabajo en Guatemala (1906), jornada de ocho horas diarias en Cuba (1909), Panamá (1914), Uruguay (1915) y Ecuador (1916), fue la Constitución de México de 1917 la que inauguró la era del derecho social latinoamericano, al reconocerlos para los trabajadores de ese país.

Hasta entonces, no existían jornadas reguladas, salarios mínimos, pagos por horas extras, indemnizaciones, descansos, límites al trabajo femenino, seguridad social. De modo que, siguiendo el ejemplo mexicano, surgieron los sucesivos Códigos del Trabajo en Chile y Brasil (1931), Venezuela (1936), Bolivia (1939), Costa Rica (1943), Nicaragua (1945), Guatemala y Panamá (1947) y en la siguiente década los códigos merecieron nuevos adelantos en otros países: Argentina, Cuba, Perú, Uruguay, Colombia, República Dominicana, Honduras, Paraguay. Esta conquista de leyes laborales tuvo el objetivo de proteger a los trabajadores, imponer derechos, hacer frente a los explotadores empresarios y hacendados, lograr el mejoramiento de la vida de los trabajadores y de sus familias, que nunca se logró dejando las relaciones obrero/patronales en manos de la “iniciativa privada” y de la “libertad contractual”.

En Ecuador la cuestión social se institucionalizó gracias a los gobiernos nacidos de la Revolución Juliana (1925-1931). En 1925 se fundó el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, y en 1928 la Caja de Pensiones. El presidente Isidro Ayora (1926-1931) expidió varias leyes sobre: Accidentes del Trabajo; Jubilación, Montepío Civil, Ahorro y Cooperativa; Caja de Pensiones; Contrato Individual de Trabajo; Jornada Máxima y Descanso; Trabajo de Mujeres, Menores y Protección a la maternidad; Desahucio; Procedimientos. La Constitución de 1929 reconoció los derechos laborales en forma parecida a la mexicana. En 1938 se expidió el Código del Trabajo. En las siguientes décadas se hicieron reformas y se dictaron nuevas disposiciones, siempre con la idea de garantizar los derechos proclamados como irrenunciables e intangibles.

Históricamente, las leyes laborales y los derechos de los trabajadores no han impedido el desarrollo económico ni el emprendimiento privado, pero sí han puesto límites al insaciable apetito de acumulación de los propietarios del capital, que se alimenta más cuando los trabajadores y sus familias quedan sometidos a infames condiciones de vida. Aun así, América Latina es, en la actualidad, la región más inequitativa del mundo y, con los gobiernos empresariales inspirados en el neoliberalismo y el anarco-capitalismo, se han agravado el desempleo, el subempleo, la informalidad, la pobreza y la miseria, como no ocurría cuatro décadas atrás. Desde los años 80 y 90 del pasado siglo, cuando despertaron y avanzaron, a distintas velocidades, las consignas por “flexibilizar” el trabajo, así como la subordinación a los condicionamientos del FMI, los derechos históricamente conquistados en beneficio de los trabajadores han pasado a ser atacados, cuestionados y estrangulados solo en beneficio empresarial. En cambio, han sido los gobiernos progresistas de la región los que han cortado la vía neoliberal. En Ecuador, después del gobierno de Rafael Correa (2017-2021), quien revirtió la vía neoliberal que parecía igualmente indetenible en el país, también la recuperación de la hegemonía en el Estado a partir de 2017 por parte de un bloque de poder empresarial-oligárquico se ha convertido en un serio obstáculo para el desarrollo económico con bienestar social.

Los derechos laborales sistemáticamente han sido afectados, el Ministerio del Trabajo ha pasado a ser dirigido por personas que responden a los intereses empresariales y las políticas laborales han abandonado el principio pro-operario, incluyendo la seguridad social, cada vez en mayor riesgo. Ecuador es hoy uno de los diez peores países para los trabajadores en el mundo (https://t.ly/-R_Qm ; https://t.ly/l2Eoa) pero entre los empresarios hay quienes resaltan que el país ocupa el cuarto lugar entre los más altos salarios de América Latina (https://t.ly/9kjd5) y por eso se oponen a cualquier aumento; en tanto a nivel internacional el BID reconoce que 3 de cada 10 trabajadores latinoamericanos “no alcanzan a tener los ingresos necesarios para superar el umbral de la pobreza” (https://t.ly/uvMD0 ; https://t.ly/UvDZE).

Escudándose en el neoliberalismo y ahora también en el libertarianismo anarco-capitalista, se ataca a la justicia social como aberrante y violenta. El presidente Javier Milei en Argentina se erige como moderno ídolo para quienes siguen sus ideas y creen defender la “libertad económica”, un concepto perverso en América Latina, encaminado contra el Estado, los impuestos y los derechos laborales. En última instancia se pretende retornar a la época en la cual se carecía de normas y los trabajadores simplemente tenían que sujetarse al poder de los propietarios del capital. Es un proceso que solo los trabajadores organizados podrán detener.

Blog del autor: Historia y Presente
www.historiaypresente.com

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Maestros de Colombia protestan contra proyecto de ley educativa del Gobierno

Maestros de Colombia protestaron este lunes en Bogotá contra el proyecto de ley de la educación que discute el Congreso a iniciativa del Gobierno, que califican de perjudicial para el país. Estas protestas ocurrieron en el marco del paro que el magisterio inició contra la propuesta legislativa.

 

Los docentes se congregaron en la Plaza de Bolívar para manifestarse frente al recinto legislativo, al que exigieron frenar la iniciativa de nivel estatutario ―que regula derechos.

 

“Acá está el magisterio colombiano exigiendo al Congreso de la República el hundimiento o retiro del proyecto de ley estatutaria de la educación”, dijo a CNN Nelson Alarcón, integrante de la dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y expresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

 

Agregó que los maestros se oponen a propuestas incluidas en el proyecto como la posibilidad de evaluar su desempeño según el rendimiento de sus alumnos, una medida que consideran “una evaluación punitiva, sancionatoria, para sacar a los maestros y maestros de su carrera docente”.

 

El proyecto de ley, impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, busca regular el derecho a la educación y establecer cambios a los niveles inicial, básico, medio y superior para que la educación “se transforme en el principal factor de movilidad y justicia social del país”, según la exposición de motivos difundida por el Ministerio de Educación.

 

CNN busca contactar al Ministerio de Educación para obtener comentarios sobre las protestas de este lunes.

 

Del lado del oficialismo, algunos legisladores también rechazan el proyecto de ley. Gloria Flórez, senadora del Pacto Histórico —la coalición que postuló a Petro—, dijo a CNN que se debe “rechazar la pretensión que tiene la oposición de destruir la reforma a la educación, sobre la base de defender aquí, el magisterio, la educación pública como principio fundamental”.

 

En contraste, la senadora Paloma Valencia, del opositor partido Centro Democrático, consideró que es urgente una nueva legislación educativa que incluya aspectos como la evaluación de los maestros.

 

“Para mejorar la calidad, que está pésima en Colombia, los niños pierden las pruebas PISA cada año que nos presentamos”, dijo en referencia al Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 

Otro senador, Ariel Ávila, del Partido Alianza Verde, estimó que el proyecto de ley tiene poco futuro por los días que restan para que el Congreso cierre actividades.

 

“La ley estatutaria de educación está prácticamente hundida. En Colombia, los tiempos parlamentarios o congresionales son muy complejos, falta un solo debate, solo está habilitado el día miércoles y, obviamente, va a ser muy difícil que una ley estatutaria salga, así que por tiempos está prácticamente hundida”, dijo.

 

Si la ley se da por descartada, los maestros darían por terminado este paro de labores, que fue iniciado el pasado miércoles y que deja sin clases a más de 5 millones de alumnos de colegios oficiales.

 

https://cnnespanol.cnn.com/2024/06/17/maestros-colombia-protestan-ley-educativa-orix/

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Entrevista a Abel Fernández: “Hoy luchamos por educación, por salud, por los derechos de los trabajadores”. Paraguay

Presentamos una entrevista realizada a Abel Fernández, referente estudiantil de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Asunción, Paraguay. En el vecino país el movimiento estudiantil, en unidad con sectores de trabajadores y jubilados desde febrero iniciaron una gran lucha contra las políticas de ajuste del presidente derechista Santiago Peña, quien recientemente estuvo en el Foro Llao Llao, junto a Javier Milei y lo dueños del país: el empresariado concentrado de Argentina.

 

Los estudiantes de Paraguay realizaron -desde febrero- masivas marchas que tuvieron su pico en abril, contra la ley “Hambre Cero” del derechista partido Colorado en el poder. Una ley sancionada sin debate ni consulta en el Congreso Nacional, que con un nombre demagógico encierra el desfinanciamiento de diversos programas sociales, sobre todo el llamado “Arancel Cero”, que como resultado de la lucha de los estudiantes había sido proclamado ley en plena pandemia y garantizaba el acceso a la educación universitaria de estudiantes que provenían de colegios nacionales y los subvencionados por el Estado, es decir: de bajos recursos. El programa “Arancel Cero” estaba financiado por el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y garantizaba que del pago que Brasil realiza a Paraguay por la venta de energía de la hidroeléctrica Itaipú, más del 70% estuviera destinado a las universidades con aquel fin, además de diferentes programas y políticas sociales, mientras el 28% se destinaba al Tesoro Nacional para inversión en infraestructura. Esto explica la masividad de la lucha estudiantil y por qué otros sectores del pueblo trabajador paraguayo, como los jubilados, se unieron a los estudiantes para pelear por el “Arancel Cero”.

 

Como veremos en esta entrevista, las políticas de Santiago Peña tienen mucha similitud con el plan de Javier Milei. En Argentina más de un millón de personas respondieron ganando las calles de norte a sur, contra el ataque a la universidad pública, en Paraguay los estudiantes también ganaron las calles enfrentando el desfinanciamiento de planes sociales y de la universidad.

 

¿Podés contarnos cuál es la situación hoy en Paraguay y por qué están luchando los estudiantes universitarios, cuáles son sus demandas?

 

Respecto a la situación que hay en Paraguay actualmente, los estudiantes universitarios hemos salido a las calles con distintas reivindicaciones. Pero esto al igual que lo que sucede en Argentina, debe ser comprendido de un contexto social o contexto histórico más amplio. El hecho de que se estén dando en Paraguay actualmente situaciones que demuestran un completo autoritarismo y una especie de dictadura parlamentaria, con una mayoría avasalladora que incluso llega a reclutar tránsfugas de distintos partidos. Partidos que supuestamente eran de oposición pero que hoy en día en el Senado y en Diputados renuncian a sus partidos, los partidos que los llevaron ahí por presentarse como una oposición, y pasan al oficialismo de la Asociación Nacional Republicana, o sea a los colorados, pero más específicamente al cartismo [por el expresidente Horacio Cartes, NdE]. Estos diputados y senadores, o incluso intendentes, renuncian en sus partidos para sumarse a las líneas del cartismo. Es decir que en el Parlamento, allí donde se hacen las leyes, tienen mayorías compradas para hacer lo que quieren con el Estado. Esta situación nos llevó a que en 8 meses de asumir el gobierno cartista [se refiere al Gobierno de Santiago Peña, NdE] hayan logrado derogar una ley, que es algo que a los universitarios nos conmocionó mucho, que es la ley del FONACIDE [Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, NdE]. Se trata de una de las primeras leyes en Paraguay que fue un proyecto de Estado, no proyecto de gobierno, no un caudillismo de cinco años, sino una ley que es para perdurar en el tiempo, para fomentar la investigación, las becas, los aranceles de la universidad pública, inversión a escuelas, alimentos escolares, inversión para infraestructuras en municipios, para medicina (como trasplantes de órganos trasplantes de tejidos y apoyo para pacientes oncológicos).

 

En síntesis, es una ley pensada para ayudar a sectores vulnerables a lo largo del tiempo, para poder cambiar la situación de nuestro país. Esta ley FONACIDE era financiada con los pocos fondos reales que Paraguay tiene. Paraguay es un país pequeño y tenemos pocos recursos. Actualmente la soja, que es uno de nuestros mayores productos de exportación, está a la baja; la carne vacuna también se encuentra a la baja, mientras que el petróleo está subiendo y Paraguay no tiene fuentes o recursos de petróleo, así que dependemos plenamente de su compra, y los recursos hidroeléctricos (ya sea Itaipú o Yacyretá, siendo Itaipú el que genera más excedente o royalty por venta) son prácticamente las únicas fuentes de financiamiento que nosotros tenemos.

 

Hay que entender también que nuestro presidente ha hecho más de 30 días de viajes al exterior, en sus 8 cortos meses de gobierno, promocionando al Paraguay como un paraíso fiscal donde no existen impuestos, y realmente en Paraguay los impuestos son muy bajos.

Beneficios para pocos y poca recaudación e inversión en infraestructura, salud, educación, para todo el resto de la población. Entonces estamos en una coyuntura de poca recaudación fiscal, que nosotros en Paraguay le denominamos «fuente 10», y por otro lado está la existencia de los excedentes de Itaipú, que le llamamos «fuente 30» (y el FONACIDE se financiaba con esta «fuente 30»). Ahora con la ley Hambre Cero de este Gobierno (que casualmente las iniciales son HC, como el ex presidente Horacio Cartes, acusado de corrupción en Estados Unidos y con causas en Colombia y Brasil), han desmantelado el FONACIDE y han desmantelado 10 años de una política de Estado. Se trata de una ley que fue aprobada en el Congreso sin debate, aprovecharon su mayoría, callaron las voces de la oposición, y la aprobaron en tiempo récord.

 

Entonces con esta ley Hambre Cero ellos desarticularon un proyecto de Estado para establecer un proyecto de gobierno que va a ser gestionado por el Tesorero del Partido Colorado (el partido oficialista) que tiene una trayectoria de corrupción impresionante. Entonces, él va a ser el que administre prácticamente los únicos recursos verdaderos que tenemos en Paraguay con la supuesta meta de distribuir y hacer llegar la alimentación a todos los niños y niñas de la educación básica y secundaria, lo cual según estadísticas y según los estudios que se estuvieron haciendo con investigadores, no va a alcanzar el dinero y, nosotros consideramos, que van a empezar a sacar de cualquier otro lado sin que nos demos cuenta y van a feudalizar la alimentación escolar. ¿Qué queremos decir con eso? Que por ejemplo, la gobernación del departamento central, que es la Gobernación con mayor población en todo Paraguay y cuyo gobernador es opositor a la ley Hambre Cero, no está considerado dentro del reparto como forma de castigo político.

 

Es decir que van a distribuir la alimentación a donde el Gobierno crea que «corresponda», es decir, entre sus aliados políticos. Esto les va a permitir también robar bastante dinero de nuestra única fuente legítima para los próximos dos años donde va a haber elecciones municipales.

 

Ante esta situación, lo que hoy se está dando y la lucha de los estudiantes universitarios se basa en volver a conseguir asegurar los fondos de los proyectos que quedaron desfinanciados con la aprobación de la criminal ley Hambre Cero. Los estudiantes universitarios reivindicamos la necesidad de políticas de Estado, no políticas del gobierno de turno. Políticas que financien la educación, la investigación, las becas, programas de salud, como los trasplantes de órganos, apoyar a los pacientes oncológicos, o los programas de ollas populares y maestras mochileras (que son docentes que van hacia los sectores más vulnerables).

 

En síntesis, nosotros buscamos que se vuelvan a financiar los proyectos de un programa de Estado que duró 10 años y que fue financiado con efectividad mediante la «fuente 30» durante ese tiempo. De la misma manera vamos a seguir peleando contra la ley HC porque consideramos que es una ley criminal.

 

Santiago Peña lleva adelante políticas de ajuste al pueblo trabajador. ¿Nos podés contar cuáles son esas políticas y cómo los afecta?

 

Santiago Peña lleva adelante políticas como la creación de la Superintendencia de jubilaciones que generó un malestar en los jubilados [que busca poner bajo un solo ente la supervisión de las ocho cajas jubilatorias que existen en el país y que también fue aprobada en tiempo récord y sin la participación de los afectados, NdE].

 

Esto se da al mismo tiempo que se niegan, por ejemplo, a aumentar los impuestos para sectores como el tabaco (que en nuestro país son los más bajos de la región, un 22%). Hay que tener en cuenta que aquí en Paraguay se producen cantidades como 10 veces mayores a las necesarias de cigarrillos y que hay noticias de narcotráfico, de que los cigarrillos sirven como moneda de cambio para distintas cosas, y el mayor financista, hoy presidente del Partido Colorado, es Horacio Cartes, que es dueño de enormes tabaquerías en todo el país. Quizás tenga que ver, quizás no, pero a los estudiantes universitarios nos parece interesante observar eso.

 

También es necesario añadir que la clase trabajadora está siendo amedrentada. Estamos además en un país con el 60% de trabajo informal, donde no existen derechos laborales, donde la cultura del sindicalismo es mal vista y es incluso atacada, donde el derecho a la protesta es amedrentado, donde se apunta a los referentes estudiantiles y sindicales y a cualquiera que levante la voz contra las políticas que está llevando a cabo el gobierno.

 

Tenemos entendido que otros sectores se unieron a la lucha, como los jubilados, ¿cuáles son sus demandas y si hay otros sectores que también salen a luchar?

 

Varios sectores se solidarizaron con nosotros como los jubilados, que ya fueron los primeros afectados por la creación de la Superintendencias. Nosotros nos solidarizamos con ellos cuando se aprobó esa ley súper rápido. Entonces los jubilados se solidarizaron con nosotros y empezamos a unirnos. Los campesinos también se acercaron a nosotros. Movimientos como el Frente Sindical Clasista, los gremios de los mayores Institutos de Salud del país, médicos, enfermeros, jubilados, padres de familia, docentes entre otros, se suman a nuestros movimientos y a nuestras marchas y reivindicaciones porque entienden que son las mismas. Todos perseguimos una mayor justicia social, políticas de Estado, derechos para los trabajadores, que la clase obrera pueda acceder a la universidad pública, laica y de calidad. Por otra parte nosotros como universitarios no podemos ser indiferentes a todo lo que ocurre, debemos unirnos a todos los afectados y luchar entre todos juntos para conseguir un país más justo.

 

¿Tienen algún tipo de coordinación, cómo van decidiendo los pasos de la lucha?

 

La lucha en la Universidad surgió de manera totalmente orgánica [se refiere al hecho de que surgió desde los estudiantes, desde abajo. NdT.] dadas las condiciones en las que nos encontramos.

 

Quizás Stroessner [Alfredo Stroessner, dictador paraguayo que gobernó desde 1954 hasta 1989. NdE.] se fue pero la dictadura jamás se fue, así que el coloradismo se perpetúa en el poder con la mediocridad y el clientelismo en todos los sistemas, en los sistemas de salud, educación, en los municipios, gobernanzas, etcétera. Así que también lo hicieron en los sistemas académicos.

 

Por eso, como se decía en la Revolución de los Claveles en Portugal, hay que entender que o cerramos la universidad y empezamos de nuevo o reconocemos que el enemigo está adentro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Nuestro Centro de Estudiantes, nuestros representantes frente al Consejo Superior Universitario, que sería la segunda instancia de representación antes de llegar a los decanos y rectores nos traicionaron, se alinearon firmes al oficialismo cartista y vendieron a sus compañeros, esa es la verdad, nos vendieron porque ellos sirven a este clientelismo que existe y se extiende a todos los aspectos de la sociedad paraguaya. Por lo tanto, no les importó que sus compañeros íbamos a perder el arancel cero, no les importó que los jubilados tuvieran los ahorros de su vida en peligro, no les importó los pacientes oncológicos, no les importó la investigación, las becas, nada les importó. Porque esa sumisión al Partido Colorado les aseguraba, quizás, un puesto en el gobierno en el futuro o distintas prebendas que da el clientelismo Colorado. Así que nuestro enemigo está adentro y eso nos empujó -y realmente estoy alegre de eso-, estoy contento porque de esa situación tan difícil que se nos presentaba de no tener representatividad, de organizarnos por nuestra propia cuenta, actualmente los estudiantes que hicimos la toma, que estamos articulando con los otros sectores, nos denominamos autoconvocados. Las tomas, las medidas de fuerza, las manifestaciones, las mesas de investigación, las mesas de diálogo, todo surgió de manera orgánica en un ejercicio de democracia porque aprendimos sobre la marcha, nos equivocamos, pero ejercimos una democracia directa, asamblearia.

 

En la Facultad de Arquitectura existe el ágora, que es donde hacíamos las asambleas, y obviamente su nombre hace una referencia a los antiguos espacios de Grecia. Las circunstancias nos empujaron a hacer un ejercicio crítico de lo que es la democracia de verdad y a luchar y salir a las calles, tomar la facultades, unirnos a los demás que sufren las penas de un Estado corrupto, para alzar nuestra voz y luchar por lo que es justo, ante una circunstancia donde se ve todo tan difícil. Incluso los que te representan te fallan y te traicionan, te apuñalan por la espalda. Uno debe ser capaz de buscar que todas las voces escuchen y no ser cómo el presidente Santiago Peña que constantemente repetía que simplemente los estudiantes éramos una minoría ruidosa. Entender que en la democracia siempre va a haber minorías y mayorías, pero no porque sea una minoría sus reivindicaciones valen menos. Muchas minorías a lo largo de la historia pelearon por cosas que en un momento parecían simple ruido para el pensamiento colectivo mayoritario de la época. Por ejemplo, la esclavitud: hoy en día no podemos entender cómo durante tantos siglos estuvieron sin abolir ese crimen a la humanidad.

 

Hoy luchamos por educación, luchamos por salud, luchamos por derechos de los trabajadores, la posibilidad de manifestación, cosas que ya están dadas en otros países, pero aquí en la región, lastimosamente, siguen siendo amedrentadas. Lo cual debería no desmoralizarnos, sino motivarnos a pelear con más fuerza ya que si otros pudieron conseguir victorias sociales significativas, Latinoamérica lo puede hacer, a través de los estudiantes, a través de los trabajadores. Eso se demuestra en que, sin siquiera pensarlo, las manifestaciones y movilizaciones en Argentina [se refiere, sobre todo, a la manifestación del 23/4 que reunió a un millón de personas por el presupuesto universitario, pero que concentró las demás demandas contra el gobierno de Javier Milei NdeT.] también se dieron en Paraguay.

Fuente: https://www.izquierdadiario.es/Entrevista-Hoy-luchamos-por-educacion-por-salud-por-los-derechos-de-los-trabajadores

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México: Sólo 33% de los sindicatos que tienen Constancia de Representatividad firmaron un contrato colectivo

El director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, comentó que realizarán un mapeo de qué está pasando con estas Constancias de Representatividad que no se están convirtiendo en un nuevo contrato colectivo de trabajo.

 

El 33% de los sindicatos que tramitaron una Constancia de Representatividad ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) firmó un contrato colectivo de trabajo.

 

Hasta la fecha, la autoridad desconoce qué está pasando con el 70% de las constancias que tienen vigencia de seis meses, y que no son utilizadas por las organizaciones sindicales para la representación de los trabajadores; cabe señalar que este documento se incluyó en la reforma laboral para terminar con las extorsiones patronales.

 

En tanto, especialistas advirtieron que las constancias se han otorgado, en muchos casos, sin una verificación por parte de la autoridad; asimismo, consideran que éstas se han convertido en una nueva forma en la que el patrón se “arregla” con el sindicato por seis meses para no tener conflictos, dado que las negociaciones sindicales ahora requieren del aval de los trabajadores por medio de votaciones.

 

CFCRL realizará mapeo

Al respecto, el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, comentó que realizarán un mapeo de qué está pasando con estas Constancias de Representatividad que no se están convirtiendo en un nuevo contrato colectivo de trabajo.

 

«Nosotros, lo que podemos suponer en general, es la primera aproximación que tenemos, es que el sindicato consigue con trabajos el 30% del respaldo de los trabajadores, pero cuando llega a emplazar a huelga, resulta que el patrón le dice, ‘pues tienes el 30%, pero yo tengo el 70% o el 60% que no tienes sindicato. Y si quieres, estállame la huelga porque sé muy bien que dentro de las 72 horas te voy a promover el incidente de inexistencia de huelga, y vas a quedar hasta en ridículo”.

 

Después del primero de mayo de 2023 muchas empresas se quedaron sin contrato derivado del proceso de legitimación; entonces, en todo 2023 se registró una gran cantidad de solicitudes de constancia de representatividad, “en esa área el Centro Federal todavía no tiene el suficiente personal o las suficientes herramientas o no tiene un criterio homologado y entonces hubo quienes sí hacían verificaciones, en donde no hacían verificaciones, en donde hacían medio verificaciones y entonces se le dieron a ciertos nuevos sindicatos un sin fin de constancias de representatividad que nunca se volvieron contratos. Esto es conseguían la constancia, le prometían al patrón 6 meses de seguridad sin tener otro sindicato ahí presente”, explicó Óscar de la Vega Castillo, socio de D&M Abogados.

 

Cabe resaltar que de enero a marzo de 2024 se han otorgado 3,042 constancias de representatividad; mientras que los contratos firmados son 1,900 contratos colectivos de trabajo nuevos, es decir 62% de las Constancias de Representatividad.

Fuente;

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Las medidas del Gobierno canadiense contra los estudiantes internacionales ponen en jaque el mercado laboral

Las autoridades migratorias del país norteamericano reducirán a la mitad las horas que pueden trabajar los alumnos extranjeros.

El pasado diciembre, el ministro de Migración de Canadá, Marc Miller, lanzó una serie de medidas con restricciones para los estudiantes internacionales que residen en el país, entre ellas, limitar las horas de trabajo que legalmente pueden ejercer durante su estancia. El número bajaría de 40 horas semanales a 20, iniciando en abril. El plan del Gobierno busca reducir el número de estudiantes extranjeros, que han sido señalados por algunos sectores como un factor para la crisis de vivienda que atraviesa la población canadiense.

 

En los últimos años, Canadá se ha convertido en un destino popular para los estudiantes internacionales debido a las facilidades que proporciona para obtener empleo. Las nuevas restricciones del Gobierno han sido criticadas por asociaciones estudiantiles y empleadores, quienes creen que se fomentará la migración hacia el mercado del trabajo ilegal.

Fuente: https://elpais.com/internacional/2024-01-22/las-medidas-del-gobierno-canadiense-contra-los-estudiantes-internacionales-ponen-en-jaque-el-mercado-laboral.html

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Más de 650 días sin aumento salarial: El Magisterio venezolano vuelve a las calles

Por: Rose Mary Hernández

Concentración de los maestros, trabajadores y pensionados por salarios dignos, en las inmediaciones de la Iglesia San Vicente de Paul – Cumaná

Desde el lunes 08 de enero de 2024, luego del periodo vacacional decembrino, en Venezuela se espera poder dar inicio al segundo lapso para quienes están cursando estudios en Educación Inicial, Básica, Media y Media Técnica, así como la continuidad de formación en las carreras universitarias. Sin embargo, el retorno se encuentra difuso ante el llamado a movilizaciones y protestas nacional por parte de la base magisterial teniendo en cuenta la delicada situación económica que viven las y los trabajadores activos, jubilados, pensionados y el resto de la administración pública, quienes cerraron el 2023 con 441 jornadas de reclamos con exigencia de derechos laborales, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)1 y sin respuesta por parte del Estado Patrono, situación que viene aconteciendo desde el 15 de marzo de 2022, fecha del último incremento decretado por el gobierno de Nicolás Maduro, donde estableció para ese entonces un sueldo mensual de 130 bs que equivalía a 30 dólares acompañado de un discurso prometedor de la recuperación gradual del poder adquisitivo.

A pesar que a inicio del año el presidente y voceros del gobierno2 han informado que “la economía de Venezuela creció en el 2023 un 4.5% como lo pronosticó la Cepal”, hoy se han acumulado más de 650 días sin mejoras significativas, por el contrario, el salario mínimo para jubilados y pensionados se ubica en 3,62 dólares mensuales, mientras que, para trabajadores activos oscila entre 5, 12 y 40 dólares dependiendo de la ubicación en la tabla de pagos por conceptos de mejoramiento profesional o de clasificación.

Todo esto ha ocurrido en medio de un contexto inflacionario en el que los precios siguen aumentando tanto en bolívares como en divisas, lo que frustra aún más al trabajador(a) que ve cómo a diario puede cumplir menos con la posibilidad de alimentarse, vestirse, comprar medicamentos, realizar higiene mental o esparcimiento como parte de una vida saludable.

Por tanto, con una agenda de levantamiento de voz, este martes 09 de enero, las y los trabajadores de escuelas públicas volvieron a las calles en exigencia de demandas económicas, la firma de un nuevo contrato colectivo para sustituir el que está vencido desde hace cuatro años, pago de deudas pendientes, restitución del HCM, eliminación del instructivo Onapre, mejores condiciones laborales y el rechazo a una bonificación que no tiene repercusión en pasivos laborales al carecer del carácter salarial afectando a más de 4 millones trabajadores de la administración pública.

Agitando pancartas con consignas como «¡Maduro, hasta cuándo corrupción!, No al salario de hambre, no a pensiones de muerte!» y «¡Salarios y pensiones indexados a la canasta básica!», maestros activos y jubilados marcharon en rechazo a la «bonificación» de los salarios y el deterioro de la educación.

Profesores de la Universidad Nacional Experimental “Rómulo Gallegos” salieron a las calles de San Juan de los Morros para sumarse al reclamo de la reivindicación salarial ante canasta básica una calculada en $520 por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Para el 10, 11 y 12 del mes presente, el magisterio barinés decretó paro de 72 horas, mientras que el 15 de enero, fecha en la que conmemora el Día del Maestro, sigue el llamado a continuar en todo el territorio nacional con la agenda de reclamos y lucha para recuperar la calidad de vida de las personas que conforman todos los gremios. También se estima que se dé a conocer la ruta de acciones a posterior.

1 https://www.instagram.com/versionfinalweb/p/C1fbhVqOKmC/

2http://mincomercionacional.gob.ve/?p=15869#:~:text=Comercio%20NacionalPrensa-,Presidente%3A%20Venezuela%20creci%C3%B3%20en%20el%202023%20un%204.5,como%20lo%20pronostic%C3%B3%20la%20Cepal&text=El%20presidente%20de%20la%20Rep%C3%BAblica,y%20el%20Caribe%20(Cepal).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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