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Asociación colombiana de economistas negras: «Lo que queremos es darle poder a la gente; a las mujeres negras»

La economía puede leerse como una herramienta de construcción al servicio de comunidades y personas, si se entiende, interpreta y analiza a la luz de la clase, el género y la raza. A partir de aquí nace la propuesta de la Asociación Colombiana de Economistas Negras por una economía descolonizada.

Según información recopilada del censo nacional de 2018 y publicada por la Asociación Colombiana de Economistas Negras, en Colombia existen 1 millón y medio de mujeres negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, de las cuales solo el 43,4% estuvieron ocupadas durante ese año. De igual manera, las mujeres negras solo representan el 0,4% de las personas matriculadas en la educación superior, y su promedio de ingreso supera por poco los 700 mil pesos mensuales, muy por debajo del salario mínimo vigente en el país ($877.803).

“La Asociación nace a raíz de la necesidad principalmente de compartir la invisibilidad estadística que hay actualmente sobre los grupos étnicos y principalmente sobre las mujeres negras afrocolombianas. Aunque muchos documentos, muchas relatorías de organismos internacionales han sugerido que Colombia debe avanzar en la desagregación de sus estadísticas por grupos étnicos para mejorar las políticas públicas con un enfoque diferencial que se realiza, para conocer la situación real y actual de los grupos étnicos y mejorarla, realmente los esfuerzos que se han hecho hasta ahora no son suficientes”, afirmó Ana María Valencia, integrante de la Asociación Colombiana de Economistas Negras.

La Asociación se declara abierta y participativa y está conformada por mujeres que evalúan de manera crítica las formas a través de las cuales se ha estudiado y ejecutado la economía en el mundo, a partir de la visión del hombre blanco privilegiado. Frente a esto Valencia afirma que “nosotras creemos en la economía como una herramienta al servicio de las comunidades y personas. Para eso, toca descolonizarla, entender una economía desde nosotras, mujeres históricamente discriminadas”.

Así, se concibe la economía como una herramienta que puede contribuir a la apropiación y el empoderamiento de las comunidades, con el fin de “enfrentarse a un Estado que es tecnocráta, un Estado donde sus funcionarios se ufanan de un conocimiento técnico que en ocasiones los representantes de las organizaciones de los Consejos Comunitarios no tienen. La Asociación quiere contribuir con esas herramientas analíticas, metodológicas, consensuales de proyectos de ley, de iniciativas, de temas presupuestales, para que la gente negra organizada tenga mejores herramientas para discutir sus derechos y las garantías de sus derechos con el Estado”, enfatiza Ana María Valencia.

Una de sus propuestas consiste en el contraste de las fuentes que exponen este tema; “evaluar lo que han dicho otras instituciones, investigaciones, lo que nosotros decimos también. Es importante para cuestionar esas cifras, para ponerlas a hablar entre ellas, pero también con la realidad. Por ejemplo cuando el gestor de Departamento Nacional de Planeación -DNP- nos dice que una persona que tiene $250.000 al mes ya hace parte de la clase media. Nosotras tenemos que ir a los documentos a las fuentes de las que se están pegando esos funcionarios para salir con esas teorías (…) Es difícil con entidades oficiales porque esos son los indicadores que se tienen en cuenta para tomar decisiones en el país, pero nuestra tarea es desnudarlos, es primero: darle la información a la gente para que no piense que esa es la última palabra, y segundo: que se sepa que se puede exigir y contribuir a la generación de información”

La mirada crítica que proponen también se puede aplicar a los modelos de crecimiento y desarrollo, cuestionando la visión que ubica a la comunidad y al territorio como elementos lucrativos, “pero que va en detrimento de las cosmogonía y cosmovisión de las comunidades negras. Nosotras como economistas también queremos desarrollo en los territorios afro, pero un desarrollo que sea consultado, que vaya en la misma vía con lo que nosotros pensamos que es el buen vivir y el bienestar”.

En concreto su propuesta busca analizar y ejercer la economía desde una perspectiva de género y de raza que parte de reconocer las dinámicas de poder, basadas en el racismo y género en Colombia.

La Asociación, cuya inauguración fue el pasado 25 de julio, Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, se propone crear acciones enfocadas en la “información, investigación y análisis crítico de las situaciones socioeconómicas del pueblo negro en Colombia, particularmente de las mujeres negras”. Esta declaración incluye además un horizonte de valores y principios orientados hacia las garantías de Derechos Humanos y la autodeterminación como derecho colectivo de las comunidades negras.

Por lo pronto, la Asociación Colombiana de Economistas Negras resume su objetivo en «contribuir a que las organizaciones del pueblo negro y de las mujeres en particular puedan tener herramientas para la exigibilidad de los derechos, pero además para que la economía deje de ser ese pedestal de gente que habla cosas que las personas no entienden. Queremos que la economía sea algo cercano, sea visto como una herramienta útil que se pueda entender de forma sencilla y para que no nos metan los dedos a la boca. En últimas lo que queremos con la Asociación es darle poder a la gente, darle poder a las mujeres negras”. 

Fuente: https://www.colombiainforma.info/entrevista-lo-que-queremos-es-darle-poder-a-la-gente-a-las-mujeres-negras/

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CLADE: repudio a las actuales políticas del gobierno brasileño ante la pandemia COVID-19

Por: CLADE.

En comunicado público, la CLADE se suma a la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, estudiantes, docentes y otros sectores movilizados del país, que cobran medidas serias del gobierno nacional para la superación del actual contexto de crisis y por la inversión de los recursos necesarios en salud, educación y otros derechos sociales.

Ante el crecimiento rápido del número de contagios y muertes por la pandemia COVID-19 en Brasil y la negligencia pública de la presidencia del país respecto a la gravedad de la crisis sanitaria, la CLADE divulga hoy, 26 de mayo, un posicionamiento público en solidaridad y apoyo a la sociedad brasileña.

“(…) En un momento en que Brasil es reconocido como principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra. Lamentamos la absoluta ausencia de duelo por parte de la máxima autoridad del país, ante las más de veinte y una mil muertes que el país registra y extendemos todo nuestro sentimiento a las víctimas, sus familias y entes queridos, y a todo el pueblo brasileño”, afirma la nota.

El comunicado también subraya los problemas que la educación brasileña enfrenta en este contexto de crisis sanitaria y política. “El presidente ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020”.

A través del posicionamiento, la CLADE se suma a la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, estudiantes, docentes y otros sectores movilizados del país, que cobran medidas serias del gobierno nacional para la superación del actual contexto de crisis y por la inversión de los recursos necesarios en salud, educación y otros derechos sociales.

>> Nota de la CLADE completa.

Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/clade-repudio-a-las-actuales-politicas-del-gobierno-brasileno-ante-la-pandemia-covid-19/

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Libro(PDF): «Pobreza, desigualdad social y ciudadanía. Los límites de las políticas sociales en América Latina»

Reseña: CLACSO

Las ponencias reunidas en este volumen reflejan la vivacidad y diversidad de un debate que aún está por darse en América Latina y el Caribe. Las razones de este retardo son fácilmente identificables: se trata de una de las tantas consecuencias negativas que el triunfo del «pensamiento único» ha tenido en esta parte del mundo. Debido a ello, temáticas como las de la pobreza, la desigualdad social y la inequidad fueron interpretadas en clave crudamente economicista y al interior de un campo teórico –el de la economía neoclásica y su expresión en la política económica, el así llamado «Consenso de Washington»– que impidieron su adecuada comprensión. La proliferación de trabajos inspirados en esta orientación intelectual y política llegó en algunos casos a extremos lindantes con el grotesco. Por ejemplo, proponer políticas altamente focalizadas, destinadas a grupos muy específicamente recortados de la población general, los llamados «targets», haciendo caso omiso del hecho que más de la mitad de la población de nuestro continente se encuentra afectado por la pobreza. Tales políticas pueden ser racionales y efectivas en países del capitalismo desarrollado (¡cosa que aún estaría por verse, de todos modos!) pero constituyen un lamentable consejo para situaciones como las que prevalecen en nuestros países. La famosa «trickle down theory» ha demostrado ser un bello cuento de hadas sin ningún asidero en la realidad. Pensar en que los mecanismos del mercado se harán cargo de atenuar –no hablemos de suprimir– la pobreza es desconocer la experiencia histórica de los capitalismos desarrollados en donde ésta fue considerablemente reducida gracias a la acción de las políticas gubernamentales. Mal que le pese al «pensamiento único» fue el estado y no el mercado quien hizo posible una sociedad menos injusta en el mundo industrializado. Ignorar tan elemental enseñanza sólo puede ocasionar más sufrimientos para nuestras sociedades.

Autor (a):  Alicia Ziccardi. [Compiladora]

Paulette Dieterlen. Sara Gordon. Elina Mecle Armiñana. Miguel Bazdresch Parada. Alicia Ziccardi. Francisco Verdera V.. Alicia Puyana Mutis. Fernando Cortés. Vanina Salles. Rosa María Rubalcava. Laura Golbert. Emilio Duhau. Carmen Midaglia. Pedro Robert. Sergio Raúl Llari. Beatriz Schmukler. Renato Duarte. Judith Villavicencio B.. Pedro Hernández Santiago. [Autores y Autoras de Capítulo]

Editorial/Editor: CLACSO.

Año de publicación: 2001

País (es): Argentina.

Idioma: Español.

ISBN: 950-9231-57-6

Descarga: Pobreza, desigualdad social y ciudadanía. Los límites de las políticas sociales en América Latina

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=233&pageNum_rs_libros=125&totalRows_rs_libros=1392

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Tensiones internacionales, pandemia y efectos previsibles

Por: Marcos Silva Martínez C.

La Pandemia  del COVID19, se convierte en catalizador de cambios geopolíticos y socioeconómicos. Las inquietudes  no deben ser, por si ocurrirán o no, sino, cuán profundos serán y cómo serán afrontados.

Es inevitable el desencadenamiento de una profunda  encrucijada socioeconómica y geopolítica global, que catapultará la inequidad socioeconómica y las tensiones políticas internacionales. Son previsibles  resultados inevitables que generarán redefiniciones del  actual orden geopolítico y económico internacional. “…Hay ya silbos de llama en la braza”… (El S. de Las Escalinatas).

La imprevisible pandemia y sus  efectos sanitarios, económicos y sociales, agudizarán la crisis económica y política internacional y  dinamizarán las crecientes tensiones  por el dominio del poder económico y político global, inducido y dinamizado por la incontrolable globalización del conocimiento científico y técnico y el mercado.

Es una realidad, que esta ocasionando  desplazamiento, diversificación y relocalizando de los centros de producción en el planeta y que  inevitablemente redefinirá un nuevo reparto del poder geopolítico. Los efectos y consecuencias de la pandemia sirven de catalizadores.

La encrucijada sanitaria y letalidad evidente, develan inconsistencias, debilidades e injustificable inequidad  del modelo socioeconómico-político global dominante. Desnudan  inconsistencias de la economía de mercado y consumo. Demuestran que la producción y el consumo, demandan condiciones mínimas para sustentarse y mantenerse en el tiempo  y que la acumulación  de riqueza e ingresos, deben articularse racionalmente con los derechos sociales y la dignidad humana.

No son pocos los gobernantes que explícita o sesgadamente tratan de evitar decisiones y acciones para prevenir  y atacar la pandemia y proteger la salud de los ciudadanos, con el único argumento de no afectar el proceso  productivo  y proteger la economía y los intereses de los gremios económicos y el capital.

Contumaz   la posición del  psicópata, sociópata, narcisista, mitómano, ignorante y perverso  presidente de Estados Unidos, quien actúa con el beneplácito de la ultraderecha, dueña de más del 90% de la riqueza y los ingresos de esa nación.

Desafortunadamente se advierten posiciones parecidas a las del gringo, de  gobernantes de países emergentes y en desarrollo, como ocurre en Colombia. El jefe de gobierno, se manifestó renuente y vacilante a tomar medidas de fondo para proteger la salud de los colombianos, bajo socorridos e irracionales argumentos, de empresarios y gremios económicos colombianos.

La  primera cuarentena la decretó ante la inminencia de un fallo de Tutela de un Tribual  Judicial regional, sobre protección de la salud, frente a los efectos del COVID19. Igual ocurrió con la prórroga de la cuarentena, frente a la posición de la Alcaldesa de Bogotá. Es explicable en él, porque representa incondicionalmente  a los grandes empresarios y a los gremios económicos,  por encima de los intereses legítimos de los colombianos.

La amenaza de la encrucijada socioeconómico colombiana,  es dramática, debido al torrente de gastos que origina la pandemia y a que Colombia, en la región latinoamericana, es la más inequitativa y sexta en el planeta. Tiene  la mayor concentración del ingreso y la riqueza. Mayores índices de desempleo y subempleo (más del 65% antes del COVID 19). Un  desempeño económico-industrial desastroso. Presupuestos  desfinanciados sistemáticamente. Desproporcionada  importación de alimentos que se pueden producir en el país, etc.  El  endeudamiento público  ya supera el 100% del PIB, aunque el gobierno diga otra cosa (deuda externa e interna públicas, vigencias futuras, billonarias demandas contra el estado, deuda contingente y el cáncer de la corrupción).

A  este catastrófico panorama socioeconómico y fiscal, se debe agregar el accionar de los carteles de la corrupción y la politiquería, que explotan  para su particular favor, hasta los mismos efectos de la pandemia.

La corrupción es la pandemia  que crece exuberante, sin control, ante la inoperancia cómplice  del gobierno, de la justicia,  órganos de control, el populismo y la politiquería.

La problemática, económica, social y política colombiana, guardadas algunas proporciones, es similar a la de todos los países en desarrollo, dominados por el mismo modelo económico-político, impuesto desde los mismos centros de poder global.

Las vicisitudes que tienen que afrontar, la mayoría de naciones, para responder a la amenaza del fenómeno de la pandemia, evidencian el nivel de rezago en desarrollo nacional integral y la necesidad de procurar autosuficiencia, al menos en sectores estratégicos, que permitan responder oportunamente las necesidades de abastecimiento básico, de la comunidad. De igual manera demuestran la necesidad de romper, el incondicional sistema de dependencia de naciones de altos niveles de desarrollo y poder lograr autosuficiencia en  abastecimiento y desarrollo de sectores básicos de la producción.

La pandemia del COVID19 demanda cuantiosas  sumas de dinero, para poder    apoyar económicamente a multitudes desposeídas de bienes,  medios de subsistencia y trabajo, con  condiciones  de pobreza generadas por el modelo socioeconómico y político vigente. Son hechos y circunstancias que agudizan la problemática socioeconómica nacional de naciones, pero que los gobiernos  deben atender, ante la arremetida de la pandemia y los altos porcentajes de pobreza.

Es pertinente advertir  que junto a la retórica del manejo de la pandemia,  el presidente colombiano puede utilizar  la problemática sanitaria, para  tender cortinas de humo sobre los develados hechos de corrupción de su elección y últimamente  los que presuntamente relacionan a su Vicepresidenta con negocios con  Memo Fantasma y el narcotráfico.

El poder público en Colombia, hace tiempos alcanzó niveles de corrupción e inmoralidad, difícil de revertir, ante el poder de la politiquería, el clientelismo,  la corrupción, la  obsesión del dinero fácil y la actitud de electores de voluble memoria y voluntad incierta, condiciones que difieren poco  en otras naciones de la región.

Las deplorables  condiciones socioeconómicas, fiscales, institucionales, políticas y de degradación moral del poder público, demandan rectificaciones profundas del modelo económico-político institucional, que permitan reconstruir, reorientar e impulsar positivamente los destinos de las naciones y la justicia social.

Ante las desfavorables perspectivas socioeconómicas y políticas que gravitan sobre el planeta y en particular sobre las naciones de menor desarrollo y mayor dependencia de los centros de poder globales, debemos prepararnos para los cambios que inevitablemente se darán, como consecuencia de los efectos y coyuntura inducida por la pandemia.

Los ciudadanos honestos y socialmente responsables, conocedores de la dramática problemática nacional, debemos  intervenir, plantear soluciones para el mediano y largo plazo y prepararnos  para asumir la dirección y conducción del poder público y evitar la continuidad en el ejercicio de ese poder público, por quienes han demostrado ser incapaces e irresponsables política y socialmente.

Fuente: https://rebelion.org/tensiones-internacionales-pandemia-y-efectos-previsibles/

Imagen: https://pixabay.com/photos/stock-trading-monitor-business-1863880/

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Estados Unidos: Trump limitará el acceso de beneficios del Seguro Social a personas con discapacidad que no hablan inglés

Redacción: Univisión

Las normas actuales indican que el hecho de que una persona no hable inglés es una causa adicional de imposibilidad de trabajo para que el Seguro Social acepte un caso de discapacidad laboral. Ahora se eliminará la categoría «incapaz de hablar inglés», lo que limitaría el acceso de solicitantes que no son angloparlantes a estos beneficios.
Una nueva ley de la administración de Donald Trump limitaría el acceso a los beneficios por discapacidad del Seguro Social para aquellas personas que no hablan inglés.

Para aplicar a este tipo de beneficios, el solicitante –con una discapacidad que se espera que dure más de un año–, debe someterse a una evaluación que incluye la educación de la persona, que tiene en cuenta si el aplicante habla inglés con el objetivo de saber si puede encontrar trabajo con su condición médica. La categoría de educación divide a los solicitantes en cuatro subcategorías: educación secundaria y superior, educación marginal, educación limitada y «analfabeto o incapaz de comunicarse en inglés».

Con esta medida que entraría en vigor el próximo 27 de abril se eliminaría el inglés como un factor de logro educativo, por lo que a aquellos que no son angloparlantes les costaría más calificar para la ayuda. Es decir, la Administración del Seguridad Social (SSA) ya no consideraría la «incapacidad de una persona para comunicarse en inglés» en las solicitudes, tanto para el Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI) como para los beneficios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

Sin embargo, ahora la SSA indica que las categorías «analfabeto» e «incapaz de comunicarse en inglés» nunca deben estar juntas. A pesar de que la mayoría de las personas que corren el riesgo de quedar discapacitados por una lesión laboral son inmigrantes no educados, la SSA argumenta que hay personas que aunque no dominan el inglés sí han recibido un alto nivel de educación en sus países de origen.

Además, señalan que la fuerza de trabajo hoy es más diversa y que ahora es más fácil para las personas mayores aprender inglés y mejorar así sus perspectivas de empleo.

«Un programa de discapacidad exitoso debe evolucionar y apoyar la toma de la decisión correcta tan pronto como sea posible. Para ayudarnos a hacer eso, debemos modernizar las reglas y normas que usamos para evaluar cómo determinamos los beneficios por discapacidad», puntualiza la SSA en su sitio oficial, y añade: «Las investigaciones muestran ahora que la incapacidad de comunicarse en inglés ya no es una buena medida del nivel de educación de una persona o de su capacidad para trabajar».

Unas 10,000 personas se verían afectadas con esta nueva regla, estima la SSA, sobre todo los puertorriqueños. Según un artículo del Huff Post, aunque solo el 1% de todas las indemnizaciones por discapacidad se destinaron a residentes de Puerto Rico en 2016, ese porciento representó casi un tercio de los beneficios concedidos en parte por la incapacidad de hablar inglés, una cantidad que a la administración Trump le parece «aparentemente desproporcionada».

Fuente: https://www.univision.com/local/nueva-york-wxtv/trump-limitara-el-acceso-de-beneficios-del-seguro-social-a-personas-con-discapacidad-que-no-hablan-ingles

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Colombia: Agenda del Comité Nacional de Paro para la negociación con el gobierno nacional

Redacción: Rebelión

Diciembre 13 de 2019

 

1. GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL

a. Retiro del proyecto de ley estatutaria por el cual se pretende regular el artículo 37 de la Constitución Política, y abstenerse de promover cualquier iniciativa normativa que tenga como fin regular la protesta social.

b. Garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social y la movilización, así como la libertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos políticos. Que la protesta social no tenga un tratamiento militar ni intimidatorio.

c. Garantías especiales dirigidas a acabar con la violencia contra las mujeres en los procedimientos de la fuerza pública en intervención a la protesta social.

d. Implementación de la Resolución 1190 de 2018. Instalación inmediata de la Mesa Nacional de Seguimiento a la Protesta Social, activación de Puesto de Mando Unificado y reconocimiento y fortalecimiento a misiones de verificación.

e. Expedición de directivas precisas a los Gobernadores y Alcaldes para la implementación territorial de la Resolución 1190 de 2018.

f. Desmonte del ESMAD y abstenerse de la creación de cuerpos similares en la Fuerza Pública.

g. Prohibición del uso de las armas de “letalidad reducida” que han producido lesiones, mutilaciones y muertes por la actuación arbitraria de la fuerza pública.

h. Revisión del Código Nacional en cuanto a las facultades que se otorgan a la policía para imponer los mal llamados “traslados por protección”. Inaplicación inmediata de los “traslados por protección”.

i. Celeridad y efectividad en las investigaciones y procesos judiciales que recaen sobre responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y amplia difusión de sus resultados. Con enfoques diferenciales de género, derechos de las mujeres, étnico y

territorial.

j. El traslado de todas las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son conocidas por la justicia penal militar, a la unidad de DDHH y DIH de la Fiscalía.

k. Desarrollar procesos de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de los homicidios, torturas, heridas y detenciones arbitrarias que se presentaron en desarrollo de la participación en las jornadas de movilización y protesta en el marco del paro nacional de 2019, y remitir un informe al Comité Nacional de Paro el cual debe contener enfoques diferenciales de género, derechos de las mujeres, étnico y territorial.

l. Desarrollar procesos de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la muerte de Dylan Cruz, de los líderes y lideresas sociales asesinados, desaparecidos y amenazados.

m. Adelantar procesos de atención, rehabilitación y reparación por las afectaciones físicas y psicológicas de las personas que fueron heridas por la acción arbitraria de la fuerza pública.

n. Libertad inmediata de las personas que están privadas de la libertad por su participación en las jornadas de Paro Nacional. No judicialización de quienes han sido retenidos y se encuentran en libertad.

2. DERECHOS SOCIALES

a. Política pública que elimine la tercerización laboral y propenda por la formalización laboral y trabajo decente.

b. Garantías de seguridad social y condiciones de trabajo para los trabajadores y trabajadoras en situación de precariedad, entre ellos especialmente los y las jóvenes, o trabajadores de oficio (recicladores), la industria manufacturera u otros en especial situación de precariedad.

c. Pacto social y político por el derecho fundamental a la salud, universal, gratuito, de calidad y sin barreras:

-La financiación de la red pública hospitalaria estará a cargo del Estado.

-Eliminar la intermediación de entidades privadas en la red pública de salud; las actividades y recursos de salud deben manejarse a través de instituciones públicas.

-Formalización de los trabajadores y trabajadoras del servicio de salud, en un periodo no superior a seis meses, garantizándoles estabilidad laboral, y condiciones dignas de trabajo.

-La nómina de los trabajadores y trabajadoras de las Empresas Sociales del Estado será responsabilidad directa del Estado. Reformar las normas pertinentes en materia de salud, contenido en la ley 100 de 1993 y normas afines.

d. Definición de una tasa de interés para los créditos de vivienda, justa y acorde a los ingresos reales de las personas que quieren adquirir vivienda propia. Con enfoques diferenciales de género, derechos de las mujeres y étnico.

e. Dignidad laboral y pensional para los y las artistas y trabajadores y trabajadoras de la cultura, creando condiciones para su acceso efectivo al sistema de seguridad social integral, utilizando los recursos de la estampilla procultura para su acceso al sistema pensional y no a BEPS.

f. Garantizar la contratación de artistas nacionales en la realización de eventos y producciones financiados con recursos públicos, así como más y mejores oportunidades de empleo.

g. El Estado Colombiano debe garantizar la atención y tratamiento oportuno, gratuito, de fácil y universal acceso, con calidad humana y científica a las y los adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con identidades de género diversas, personas con discapacidad, personas mayores que viven y conviven con VIH sin ser juzgados(das), ni discriminados(das).

h. Realizar periódicamente investigaciones científicas, generar información estadística y pedagogía asociada al VIH y SIDA.

i. Inclusión en los currículos académicos de profesiones del área de la salud y otras áreas relacionadas, como trabajo social y psicología, formación en temas de prevención en violencia obstétrica y ginecobstetricia, parto respetado, parto fisiológico, derechos sexuales, derechos reproductivos, duelo gestacional y perinatal, lactancia natural basada en evidencia científica actualizada, mecanismos de participación e incidencia política para la defensa, exigibilidad y reivindicación de derechos.

j. Implementación y presupuestos para la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y la educación para la sexualidad que posibilite el desarrollo de la autonomía de las mujeres, las niñas, adolescentes y jóvenes y posibilite relaciones libres de todas las formas de violencia, entre ellas la violencia obstétrica.

k. La atención integral en salud debe tener un enfoque diferencial de género, derechos de las mujeres, étnico y territorial de acuerdo con la ley estatutaria 715 y la política de atención integral en salud (PAIS) en la atención a todas las personas que habitan en el territorio colombiano especialmente a las personas en mayor en situación de vulnerabilidad (LGTBI, Mujeres, personas viviendo con VIH/SIDA ITS, víctimas del conflicto sexual particularmente)

l. Reconocimiento y garantía de los derechos económicos de las mujeres como avance en acabar con las brechas de la desigualdad social y la feminización de la pobreza.

m. Aplicación de los convenios 190 (acoso laboral y sexual) y 161 (servicios de salud en el trabajo) de la OIT, en la política laboral nacional con enfoque de género y derechos de las mujeres.

n. Dar efectiva aplicación a la política de emigración e inmigración con enfoque de Derechos Humanos.

3. DERECHOS ECONÓMICOS

a. Retiro de Colombia de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico-OCDE

b. Eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres.

c. Garantizar al sector del transporte terrestre en todas sus modalidades la reposición uno a uno del parque automotor.

d. El Gobierno no adelantará proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria.

e. Ecopetrol debe ser una empresa 100% estatal.

f. Aumento del presupuesto de Cultura a mínimo el 2% del Presupuesto Nacional.

g. Eliminación del impuesto 4 por mil

h. Implementación de políticas públicas para el fomento y fortalecimiento de las entidades Cooperativas y Solidarias.

i. Revisión del marco normativo que obstaculiza la creación y desarrollo de las entidades cooperativas y solidarias.

j. Priorizar en los fondos de emprendimiento los proyectos asociativos cooperativos y solidarios.

k. Promoción de la educación solidaria en todos los niveles de formación.

4. ANTICORRUPCIÓN

Trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción y garantía de aprobación de estos.

5. PAZ

a. Implementar en las políticas públicas nacionales y regionales la Cultura de Paz, con enfoque de género y derechos humanos de la mujer.

b. Desarrollar un programa Nacional de cultura y arte para la Paz, la memoria y la convivencia.

c. Garantizar el cumplimiento e implementación integral de los acuerdos de paz firmados en La Habana. Implementando enfoque trasversal de género, mujer, familia, generación, étnico y territorial.

d. Dar funcionamiento a la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de PAZ – CSIVI

e. Cesar definitivamente cualquier intento de reformar mediante ley o acto legislativo, el Acuerdo de Paz.

f. Presentación, previa discusión en la CSIVI, al Congreso de la República, con moción de urgencia, de los proyectos de acto legislativo y de ley, que hacen falta para la implementación normativa del acuerdo de paz y garantía de respaldo por los partidos de Gobierno.

g. Garantías efectivas para la reincorporación económica, social y política, tierra para excombatientes, protección y seguridad, reconocimiento e interlocución con el partido FARC.

h. Adecuación del presupuesto para la paz de conformidad con el Plan Marco de Implementación y el Acto Legislativo 01 de 2016.

i. Promoción de la inclusión de las disposiciones de paz territorial en los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental. Realizar para ello la discusión con Alcaldes y Gobernadores.

j. Retomar la agenda firmada por el Gobierno colombiano y el ELN.

k. Respeto a los protocolos firmados por el gobierno nacional y el ELN, y la continuación de los diálogos de Paz, con base en la agenda pactada y firmada.

l. El Estado promoverá diálogos con todos los grupos armados para la consecución de la Paz. Desmantelará los grupos paramilitares.

6. DERECHOS HUMANOS

a. Replantear y modificar la doctrina militar y la política de seguridad y defensa.

b. Depurar de la Fuerza Pública a los agentes vinculados a presuntas violaciones de Derechos Humanos.

c. El desmonte total de las estructuras paramilitares y la judicialización penal de sus actores, con una veeduría internacional que garantice la transparencia de dicho proceso. Realizar investigaciones eficaces que revelen los vínculos entre diversos sectores económicos, políticos, y militares con los paramilitares.

d. Reconocimiento integral por parte del Estado de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, la eliminación de las batidas militares con fines de reclutamiento y reformulación ley 48 de 1993 en función del reconocimiento del servicio social alternativo para la paz.

e. Construcción participativa de una política pública integral de respeto y garantía para la defensa de Derechos Humanos.

f. Implementación de la normativa en materia de Garantías para la defensa de Derechos Humanos en Colombia:

– Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política – SISEP (Decreto 895 de 2017).

– Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los territorios (Decreto 660 de 2018)

– Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida SAT de la Defensoría del Pueblo, (Decreto 2124 de 2017)

7. DERECHOS DE LA MADRE TIERRA

Definición de las políticas ambientales, minero-energéticas, de protección de páramos, demás ecosistemas esenciales para la vida y de la biodiversidad, con las comunidades indígenas, población negra, campesinos, habitantes del territorio, habitantes de páramo,  organizaciones ambientales y sindicatos del sector.

a. Reconocimiento al carácter vinculante y decisorio de las consultas populares y los acuerdos municipales en defensa del agua, la vida y el territorio.

b. Prohibición total del Fracturamiento Hidráulico (fracking) y cancelación de los proyectos pilotos.

c. Declaración de emergencia climática y ecológica; avance decidido en la transición energética justa, cambiando el modelo energético de manera progresiva, que respete los derechos de la naturaleza y los Derechos Humanos.

d. Reconocimiento del agua como derecho humano fundamental, bien público y común, garantizando su flujo natural.

e. Protección de las selvas y la Amazonía como sujeto de derechos. Garantizar la protección de ecosistemas estratégicos, incluyendo el territorio Amazónico, a partir de modelos concertados entre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con las comunidades campesinas y étnicas del territorio, la ordenación del territorio en términos socioambiental, tomando como instrumento de planeación la Zonificación Ambiental Participativa (ZAP) y fortaleciendo la confirmación de Zonas de Reserva Campesina y Resguardos Indígenas.

f. Prohibición del uso del glifosato para la fumigación de cultivos de uso ilícito.

g. Prohibición de actividades de alto impacto y de mediana y gran minería en los páramos y otros ecosistemas esenciales para la vida, respetando las actividades ancestrales de las comunidades rurales que han habitado estos territorios históricamente.

h. Firma, ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú.

i. Formulación de una nueva política ambiental que contemple la reforma al Sistema Nacional Ambiental – SINA y al proceso de licenciamiento ambiental, con enfoque proteccionista.

j. Construcción de una política de gestión integral de residuos sólidos que tenga en cuenta las asociaciones de recicladores y prohíba los plásticos de un solo uso.

k. Conformación de Mesa de conflictos por extractivismo y transición energética.

8. DERECHOS POLÍTICOS Y GARANTÍAS

a. Realización de un nuevo censo de población que visibilice y reconozca a las Comunidades negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

b. Desarrollo de un marco normativo, financiero e institucional para garantizar la autonomía jurisdiccional y administrativa, de los territorios colectivos titulados a comunidades étnicas.

c. Cese de todos los tipos de violencias contra las mujeres, desde la concreción de políticas públicas con enfoque de derechos de mujer y género, así como acoger los acuerdos internacionales en protección de la vida y derechos de las mujeres.

9. AGRARIA, AGROPECUARIA Y PESQUERA

a. Tramite con las diferentes comunidades campesinas y organizaciones del sector agrario, agropecuario y pesquero, los temas relacionados con las necesidades del sector, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio, OCDE y, todo lo relacionado con la economía campesina, pequeños y medianos empresarios y productores agrícolas nacionales y, pescadores continentales y marítimos, la soberanía alimentaria.

b. Adoptar la Resolución A/C.3/73/L.30 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales

c. Reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos políticos. Cumplimiento integral de la sentencia STP 2028 de la Corte Suprema de Justicia

d. Cumplimiento del Artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo referente a la construcción participativa de la Política Pública del Campesinado Colombiano.

e. Adoptar una política de reforma agraria integral.

f. Promoción y apoyo a los mercados campesinos y agroecológicos, seguros de cosecha, compras públicas con normas para organizaciones locales de pequeños y medianos productores.

g. Adoptar políticas de defensa de la producción agropecuaria nacional, asistencia técnica, reducción de precios de fertilizantes, precios justos, remunerativos y estables, proyectos productivos, y revisión de los impuestos al agro.

h. Financiación y crédito agropecuario. Condonación de deudas y acceso a mecanismos de financiación, subsidios y créditos de bajo interés.

i. Protección a semillas propias y nativas.

j. Reconocimiento y desarrollo de figuras territoriales campesinas y de pueblos indígenas y negros. Respeto a su ordenamiento territorial, tierras y territorio.

k. Condiciones especiales para el acceso del campesinado a los sistemas de seguridad social integral.

l. Política de Formalización del empleo campesino y agropecuario

m. Plan Nacional de Salud Rural en su totalidad con presupuesto asignado, con énfasis a la atención en las mujeres rurales, históricamente invisibilizadas, relegadas y discriminadas en la atención en salud, así como en los beneficios de estrategias de salud rural comunitaria. Articular el PDET en el pilar salud junto al PNSR.

n. Garantías de acceso y propiedad de la tierra y el agua para las mujeres campesinas.

o. Constitución de una mesa para la discusión de garantías para el ejercicio de la pesca artesanal continental y marítima.

10. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO, Y PROCESOS Y ORGANIZACIONES

El Gobierno reactivará e iniciará de inmediato con los sectores, procesos y organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados por los anteriores y el actual Gobierno con:

– Estudiantes universitarios

– Organizaciones indígenas

– Comunidades negra, afrocolombiana, raizal y palenquera

– Organizaciones sindicales estatales

– FECODE

– Madres comunitarias

– Sectores campesinos y agrarios

– Movimiento social de mujeres

– Movimiento de víctimas

– Transportadores

– Población con discapacidad

– Organizaciones de derechos humanos

– Minga social por la defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz

– Mesa Única Nacional del Decreto 870 de 2014. Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popula

– Asociación Colombiana de Campesinos

– Mesa Campesina del Cauca.

– Mesa de Derechos Humanos por la Defensa de la Vida y el Territorio en el Departamento del Cauca.

– Paro cívico del Chocó

– Paro cívico de Buenaventura

– Paro cívico de Tumaco

– Comunidades negras del Norte del Cauca

– Acuerdos obtenidos con las mujeres indígenas del CRIC que han sido atropelladas en diferentes Formas.

11. RETIRO DE PROYECTOS NORMATIVOS

a. Retiro del proyecto de ley de Crecimiento Económico, reforma tributaria en tránsito en el Congreso de la República. (No. 278 de 2019 Cámara – 227 de 2019 Senado), abstenerse de sancionarlo si ya hubiese agotado su trámite legislativo o proceder con su derogatoria

inmediata.

b. El Gobierno se abstendrá de tramitar la reforma al sistema pensional. Garantizará un sistema de protección social a la vejez público y solidario. El enfoque de protección a la vejez no puede ser hacia sistemas contributivos o semi-contributivos individuales.

c. El Gobierno se abstendrá de realizar reformas laborales que desmejoren los derechos y garantías contemplados en el ordenamiento jurídico, actualmente. Especialmente se abstendrá de regular el trabajo por jornal o por horas, establecer salarios mínimos diferenciados por sectores o para jóvenes o de otro tipo, o flexibilizar la estabilidad laboral.

12. DEROGATORIA DE NORMAS

a. Derogatoria de los artículos 83, 193, 198, 240, y 242 de la ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo.

b. Derogatoria del impuesto o Tarifazo Nacional relacionado con el tema Electricaribe.

c. Derogatoria inmediata del decreto No. 2111 de 2019, por el cual se crea el Holding Financiero.

d. Derogatoria de la Circular no. 049, de 2019, sobre estabilidad reforzada.

e. Derogar Ley Naranja, Ley 1834 de 2017 y Ley TIC, Ley 1978 de 2019.

f. Derogar Ley Zidres, Ley 1776 de 2016.

13. CONSTRUCCIÓN NORMATIVA.

Creación de espacios de construcción participativa de las siguientes iniciativas:

a. Creación del Sistema Nacional del Cuidado, y de condiciones pensionales especiales dignas para cuidadores y cuidadoras, en desarrollo de la ley 1413 de 2010.

b. Concertar el contenido de un Estatuto del trabajo conforme al Artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que beneficie a la clase trabajadora, en especial a la juventud y sobre la base de principios mínimos fundamentales allí establecidos, así como el respeto al derecho de asociación, la no persecución sindical y respeto por las iniciativas que este desarrolle especialmente en lo referente a Convenciones Colectivas de Trabajo.

c. Garantizar que la prestación de servicios públicos no se privatice; se revierta a favor del Estado las que ya fueron privatizadas y se reformen las normas necesarias para ello (Ley 142 de 1994, Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, entre otras).

d. Actualización del código nacional de tránsito, nuevo código nacional de transporte, nuevo régimen sancionatorio del sector transporte, cambiar el modelo de regulación económico del sector transporte que proteja el pequeño propietario

e. Reforma participativa del Sistema General de Participaciones

f. Implementar la ley 1346 de 2009 que acoge la convención del protocolo facultativo para las personas en condición de discapacidad. Suscribir plenamente el protocolo facultativo para personas con discapacidad.

g. Reglamentar la Ley Estatutaria de Salud.

COMITÉ NACIONAL DE PARO.  

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=263715

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El rostro del descontento en Chile: quiénes protestan y cuáles son sus demandas

Redacción: France 24

El deseo de un cambio radical se expresa con fuerza en las calles chilenas, una vorágine que acorrala aún más al presidente Sebastián Piñera. Este es el rostro del descontento social en un agobiado Chile.

Arengas exigiendo el fin del sistema de fondos de pensiones o cánticos reclamando nuevamente educación gratuita y de calidad evidencian el descontento en las calles chilenas e involucran a varios sectores. Si bien las movilizaciones comenzaron el pasado 18 de octubre en la noche en Santiago de Chile, impulsadas por los estudiantes secundarios, con el paso de los días se han ido sumando diferentes ciudades y actores sociales, quienes han puesto sobre la mesa una serie de demandas.

El viernes 18 de octubre, una evasión masiva en la estación Los Héroes del metro de Santiago fue la primera señal del estallido social que comenzaba a ocurrir en la nación sudamericana. Ese día, jóvenes, trabajadores y adultos mayores manifestaron su molestia por el aumento del pasaje del transporte público. El inconformismo, entonces, empezó a apoderarse de los habitantes de la capital chilena.

La respuesta del Gobierno fue declarar estado de emergencia y sacar el Ejército a las calles; a lo que los ciudadanos respondieron con cacerolas para exigir el fin de ambas medidas. La voz de los manifestantes se escuchaba en los sectores más vulnerables y también en los barrios más acomodados.

Chile: ¿por qué protestan en una de las economías más prósperas de la región?

Para Tania Vallejo, una joven entre los miles que salieron a protestar, el asunto de fondo es la desigualdad: «La gente no está protestando solo por los pasajes del metro, esa fue la gota que rebosó la copa, la gente está enojada y lleva mucho tiempo enojada. Estamos alegando por muchas cosas, porque nos han pisoteado por muchos años y nunca se había dicho nada y colapsó la cosa», dijo a France 24.

Las pensiones: un tema prioritario para los chilenos

Los adultos mayores también han sido protagonistas en las manifestaciones. Cientos de pensionados se han sumado a las protestas pacíficas para reclamar por una jubilación digna. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas del año pasado, 10.198 personas entraron en la categoría de nuevos pensionados, con un ingreso mensual de menos del 50 por ciento del salario mínimo.

De ahí que en las calles de Chile durante las jornadas de protestas se haya escuchado también este reclamo: «Son muy bajas las jubilaciones, no nos alcanza el dinero ni para pagar el transporte para ir a buscar los medicamentos». Son palabras de Carlos Rodríguez, pensionado chileno.

 

Una educación gratuita y de calidad, en el centro de los reclamos

Universitarios y estudiantes secundarios se han movilizado desde el primer día de las manifestaciones. Los jóvenes insisten en que no se ha cumplido su principal petición: educación gratuita y de calidad. Desde 2006, los estudiantes chilenos han realizado este reclamo sin obtener una respuesta concreta del estado.

Durante el pasado gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se avanzó en la materia, pero solo se logró la gratuidad para un sector de la población y, en medio de la convulsión social en las calles de Chile, reapareció esta problemática.

Natalia Acevedo, estudiante chilena, aseguró a France24 que «este es un reclamo justo, necesario y que se debe solucionar cuanto antes».

Acevedo agregó: «Primero fue en 2006, luego en 2011 y ahora los estudiantes estamos señalando todos los problemas que hay en la educación pública. La educación pública frente a la educación privada tiene muchas diferencias y eso ya no lo queremos más».

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Un manifestante alista una cauchera en medio de la protesta contra las medidas económicas del Gobierno chileno el pasado 23 de octubre de 2019.

Un manifestante alista una cauchera en medio de la protesta contra las medidas económicas del Gobierno chileno el pasado 23 de octubre de 2019.© Pablo Sanhueza / Reuters

Otro actor fundamental ha sido el magisterio chileno. Los profesores decidieron abandonar las aulas por estos días para reclamar en las calles demandas históricas como la titularidad en las horas de extensión, pues solo reciben una remuneración por honorarios.

Desigualdad y garantías laborales: los trabajadores se suman

En las jornadas de protesta se ha escuchado la voz de los trabajadores. Dirigentes sindicales aseguran que la crisis que padece la nación sudamericana obedece al descontento social por políticas impulsadas durante las últimas décadas, como el alza permanente de los servicios básicos, el estancamiento en el aumento de los salarios y la «mercantilización de los derechos sociales como la salud».

Para la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el actual sistema económico en Chile no ofrece las mismas oportunidades a todos los ciudadanos y, por el contrario promueve la desigualdad. Fue por eso que, desde esta organización, sus dirigentes convocaron a una huelga nacional de dos días que paralizó a la nación el 23 y 24 de octubre.

 

«Es una medida dictatorial que nos recuerda los peores momentos de nuestro paso en esa noche oscura, donde muchos compañeros y compañeras perdieron hasta la vida en situaciones de malas prácticas en ese estado de excepción. Con este tipo de decisiones se demuestra la incapacidad que tiene el presidente de la República para dialogar», afirmó el dirigente.

Así, jóvenes, trabajadores y pensionados de todas las clases sociales en Chile continúan manifestándose en las calles de las 16 regiones que conforman este extenso país. Su exigencia es, básicamente, una sola: cambios de fondo para construir un nuevo pacto social.

Fuente: https://www.france24.com/es/20191026-quienes-demandas-protestas-chile-radiografia

 

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