Recientemente, el Gobierno ha venido implementando un plan fiscal de carácter agresivo a los derechos más básicos de la clase trabajadora. Bajo la línea de querer cobrar la crisis fiscal a los pobres, servicios como la educación resultan más deteriorados que en años anteriores.
Organismos neoliberales internacionales atentan contra la educación pública
Acompañado a los planes de recortes implementados por el Gobierno PAC, se encuentra la orientación de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos): incluir al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) dentro del presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto (PIB), que se le debe destinar a la educación pública. Esto en los hechos es una maniobra para recortar la educación. Según la constitución política se debe destinar 8% del PIB para la educación, este mandato constitucional no incluye el presupuesto del INA. En este momento ni se ha garantizado el 8% (actualmente se destina cerca del 7,6% en educación) y de acuerdo a realidad educativa encontramos un encadenamiento de problemáticas en cuanto a nuestras condiciones de estudio, tanto desde el inacceso a la educación como problemas en becas, infraestructura y calidad educativa. Meter al INA va a significar reducir la actual inversión en educación.
De este modo, valdría la pena cuestionarse las implicaciones que ha tenido y sigue teniendo la política de austeridad en financiamiento a derechos como la educación. Hemos visto algunos ejemplares de lucha estudiantil que han tenido como centro problemático el desabastecimiento de recursos económicos hacia la educación.
Citemos, por ejemplo: la huelga estudiantil del pasado 7 de abril en el Liceo Napoleón Quesada. Esta levantó la exigencia de la remodelación de las instalaciones del colegio, que datan de 1955 y tienen una orden de insalubridad desde el 2017 por parte del Ministerio de Salud. También está la protesta estudiantil de CINDEA San Antonio, Satélite Llano Bonito, a principios de abril. En esta lucha la exigencia fue la rehabilitación del transporte, tras 7 meses de que se les haya suprimido este servicio. Dicha suspensión ha provocado que estudiantes deserten ya que han debido recorrer distancias de hasta más de 20 km en taxi y son una población de recursos económicos bajos. Asimismo, tenemos el ejemplo de la reciente protesta de estudiantes de la UTN, en la sede central, exigiendo depósitos de becas que tienen más de un mes de atraso y que resulta insuficientes para que los jóvenes puedan sostener su permanencia en la Universidad. Otro ejemplo fue el cierre del colegio por parte de los estudiantes de Batan durante cinco días a inicios de abril, exigiendo la destitución de la directora por las malas condiciones del colegio y varias irregularidades financieras.
Desde la Juventud del Partido de los Trabajadores apoyamos los distintos embriones de lucha y de organización estudiantil que se han venido desarrollando. Consideramos que la única alternativa para que los hijos de la clase trabajadora podamos acceder a una educación realmente pública, de calidad y regionalizada, es luchando de forma unificada contra todas las medidas neoliberales que ha implementado el actual Gobierno PAC en complicidad con el FA, quienes traicionan la lucha y la organización estudiantil, con su actuación no solo desde el Gobierno, sino desde la FEUCR como agente aliado al Gobierno y a las autoridades educativas.
Sigamos el ejemplo de la juventud en Nicaragua
Frente a los planes de ajuste neoliberales que lleva a cabo este Gobierno que se pinta como progresista, es necesario seguir el ejemplo de los jóvenes nicaragüenses, quienes hoy encaminan un proceso de lucha histórico contra la dictadura de Ortega, una dictadura que implementa recomendaciones de organismos imperialistas como el FMI y que no dista de las directrices que imperan en la política educativa en Costa Rica, como la actual orientación de la OCDE acogida por este Gobierno.
Los estudiantes de varios sectores del país han empezado a luchar por mejorar sus condiciones inmediatas de estudio, este es un paso fundamental. La tarea es unificar estas luchas contra la raíz del problema, el desfinanciamiento de la educación pública por parte del gobierno.
Privatización, desinversión y precarización educativa
El avance del derecho a la educación en Latinoamérica no está exento de contramarchas. Los contextos políticos van marcando momentos más propicios para esos avances, y otros, en los que se pone en cuestión el acceso universal a bienes comunes, como son el conocimiento, la cultura y la educación. El gobierno de Mauricio Macri ha tomado decisiones y ha orientado un conjunto de acciones que poco contribuyen a ampliar las oportunidades educativas de los argentinos más pobres. Se inicia un ciclo regresivo en el campo social, con impactos negativos en el sistema escolar. Las brechas educativas tienden a ampliarse en un país donde la pobreza aumenta y la desigualdad se vuelve aún más estructural.
La ampliación del acceso a la educación es un hecho visible en la mayoría de los países del mundo. El fenómeno es, en parte, resultado de la mayor demanda social de educación de las familias y, en parte, de las políticas educativas que amplían la oferta y desarrollan iniciativas para la efectiva escolarización de niños y niñas. En general, estas políticas se desarrollan bajo la guía de los marcos normativos nacionales e internacionales que comprometen a los Estados con la educación y los obligan a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y a promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Luego de varios años en los que América Latina transitó un ciclo virtuoso en el que se ampliaron derechos y se cerraron brechas sociales, la región parece haber ingresado en una etapa marcada por el cuestionamiento a los fundamentos de un conjunto de políticas que ampliaron oportunidades y derechos a las poblaciones más pobres. El ciclo político iniciado en Argentina a fines de 2015, parece inscribirse en esta matriz. Aunque el proceso tiene contradicciones y enfrenta resistencias, las reformas y las decisiones que, en materia de política pública, ha llevado a cabo el gobierno de Mauricio Macri desde el inicio de su mandato, articuladas con un poderoso frente de actores económicos, mediáticos y judiciales, avanza con impactos regresivos en el campo social. En el sistema educativo, este ciclo ya ha puesto en evidencia esta regresividad, con efectos negativos en la garantía del derecho a una educación de calidad para amplios sectores de la población argentina.
La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación se propuso relevar y analizar las políticas educativas en curso, a un año y medio de iniciado este nuevo ciclo político en el país. El objetivo fue reconocer y valorar evidencias y datos que nos permitieran perfilar mejor la tendencia señalada, e identificar, en qué medida y a través de qué mecanismos, se está operando el estrechamiento de los derechos educativos en Argentina. Toda la evidencia recopilada fue sistematizada y publicada en un informe recientemente difundido, cuyos aspectos principales sintetizamos aquí.
Agravamiento del contexto social de escolarización
Una dimensión clave para perfilar qué está pasando con el derecho a la educación en Argentina es caracterizar lo que denominamos como el contexto social de la escolarización. Las actividades educativas que se desarrollan en las escuelas están siempre marcadas por la realidad social de las comunidades y sus familias. Sabemos que es posible educar en cualquier contexto, que el hecho de enseñar y aprender se puede desplegar aún en las realidades más difíciles; pero también conocemos los obstáculos y déficits que acarrean las condiciones de pobreza para los procesos educativos. Por eso, una buena política educativa debe estar siempre acompañada y potenciada por adecuadas políticas económicas, de empleo y de redistribución de los ingresos, que mejoren las condiciones de vida de las familias de los estudiantes.
Sobre el contexto social en el que se desenvuelve el proceso de escolarización en la Argentina actual, debe apuntarse el negativo impacto que están teniendo diversas decisiones de política económica en las condiciones de vida de la población. La transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados(por la vía de la reducción de impuestos a sectores exportadores e internacionalizados), la tendencia al incremento de la desocupación y la pobreza, así como la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos que perciben los segmentos de hogares más vulnerables, agravan la situación social que enmarca las trayectorias educativas de los estudiantes. Este proceso ha impactado negativamente en los ingresos que perciben los segmentos más desaventajados de la población: el salario mínimo registró una caída del 5,7% en 2016; la Asignación Universal por Hijo (transferencias de ingresos percibidas por las madres en los hogares vulnerables), experimentó una contracción de 6,9% en 2016; por su parte, la jubilación mínima exhibió también la misma tendencia aunque con una pérdida mayor de poder adquisitivo: tras haber crecido 6,9% en 2015, en 2016 tuvo una caída real del 7,0% (Grafico 1).
Gráfico 1. Variación del poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital y Móvil, de la AsignaciónUniversal por Hijo (AUH) y de la jubilación mínima en 2015 y en 2016
Fuente: elaboración propia sobre la base de CIFRA (2017)
Nuevas formas de privatización
El agravamiento económico, social y laboral del último año y medio es un dato significativo para el derecho a la educación, ya que habla de una de las principales variables del afuera de la escuela, que impactan en la enseñanza y en los aprendizajes. Otro aspecto que pone en jaque al sistema educativo, pero desde su mismo interior, son los ensayos parciales, sutiles y novedosos de privatización de la educación que se están desarrollando en Argentina. En un reciente estudio sobre la privatización de la educación en América Latina que fuera comentado en este mismo blog (Contrapuntos, 02/06/2017), Verger, Moschetti y Fontdevilla, analizan las diferentes estrategias a través de las que avanzan los intereses mercantiles en la educación latinoamericana. En ese texto, se alerta sobre formas novedosas o poco visibilizadas de privatización de la educación tales como ciertas alianzas público-privadas, la contratación de servicios externos por parte de los sistemas educativos o las iniciativas educativas sostenidas en las lógicas del management empresarial. La Argentina está siendo un laboratorio avanzado de algunas de estas dinámicas.
La alianza que la gestión gubernamental actual ha establecido con el programa de co-docentes de Enseñá por Argentina (franquicia local de Teach for America), está incorporando a las aulas como docentes a jóvenes talentosos con una breve capacitación docente y un estipendio que equivale a un tercio del salario que perciben los maestros. Otra alianza del mismo tenor, haciendo un uso poco responsable del voluntariado, fue ensayada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires (alineado políticamente con el gobierno nacional) al convocar a vecinos como voluntarios para reemplazar a los docentes y así romper la huelga de maestros que reclamaban una razonable recomposición salarial, luego de un año con más de 40% de inflación.
Otro eje de privatización que se está ensayando consiste en traspasar a privados parte de las acciones propias del gobierno de la educación, como son la producción y difusión de información y estadísticas educativas. A pocos meses de que la nueva gestión de gobierno desmantelara virtualmente el área del Ministerio de Educación y Deportes encargada de relevar y difundir las estadísticas educativas de todo el país, el ministro de la cartera firmó un convenio con un grupo de empresarios y especialistas en educación agrupados en un “observatorio de la educación” cuyas funciones serán las de sistematizar y dar difusión a los datos e indicadores que permiten conocer la situación del sistema educativo argentino. El debilitamiento de una de las áreas técnicas más importantes de la cartera educativa y el traspaso de parte de sus funciones a un consorcio particular, ponen sobre la mesa un vector de privatización que, como de costumbre, se alimenta de un debilitamiento inducido de las capacidades del Estado.
Competencia para la mejora
Otra modalidad en que las lógicas del mercado están ingresando al sistema educativo es la implementación de evaluaciones en todas las escuelas. Desde el año 2016, el principal operativo de evaluación educativa del país comenzó a denominarse Aprender. Esta evaluación fue aplicada en octubre de 2016 en escuelas primarias y secundarias de todo el país con una modalidad censal para los estudiantes de los últimos años de estudio. Que un operativo de este tipo sea censal, significa que releva o aspira a relevar a todos los estudiantes que asisten a esos años de estudio. En el caso de Aprender 2016, la iniciativa se frustró ya que esperaba censar a 1,2 millones de estudiantes, pero omitió a 350 mil, la mayor parte de los cuales (290 mil) son de escuelas estatales (Gráfico 2).
Gráfico 2. Alcance de la evaluación Aprender en los últimos años de estudio de los niveles primario y secundario. Total país y para el sector estatal. Año 2016
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, 2016 (informe Aprender)
Pero más allá de la importante omisión de alumnos de escuelas públicas por parte de la evaluación Aprender, no se comprende por qué este operativo se repetirá todos los años y de manera censal. Si esta iniciativa se propone ofrecer mayor conocimiento sobre la realidad del sistema educativo con el objetivo de implementar políticas para su mejora, hay que decir que no es necesario realizarla con periodicidad anual y régimen censal, ya que se reconoce que los ciclos de diseño, implementación y evaluación de las políticas educativas llevan más de un año (por lo menos dos y hasta tres años). Sobre este criterio es que la más reconocida evaluación internacional, PISA, se realiza trienalmente. En cuanto al carácter censal, debe destacarse que tanto su costo como los problemas que tiene este mega operativo, desaconsejan su uso; una muestra de escuelas, con un buen nivel de desagregación, no sólo es mucho más económico y controlable en su implementación, sino que arroja resultados pertinentes de las distintas realidades educativas de las escuelas, que son muchas y variables, pero que una muestra adecuada puede capturar. Por eso, reiterar evaluaciones estandarizadas todos los años y hacerlo en todas las escuelas del país, como se está haciendo en Argentina, entraña un objetivo claro: que sus resultados se utilicen para conformar rankings de escuelas. Sobre este terreno peligroso está avanzando nuestro país. Hace poco, las autoridades educativas nacionales, indicaron a los directores de las escuelas que difundieran los resultados obtenidos por sus alumnos en la evaluación, una acción que propende hacia la competencia entre escuelas a partir de que cada institución, haga publicidad sobre su “calidad educativa” con estos puntajes. Estas prácticas no sólo comprometen a las instituciones con mayores dificultades con una pérdida de reputación, que profundiza la pérdida de matrícula y de capacidades para la mejora (una “presión negativa”), sino que también incentivan prácticas de manipulación de los operativos y de sus condiciones en las propias instituciones como, por ejemplo, el rechazo de algunas escuelas a inscribir alumnos repetidores o el desarrollo de acciones sutiles para desentenderse de los “estudiantes problema”, hecho que atenta contra el ejercicio del derecho a la educación. Las lógicas del mercado pueden ser eficaces y eficientes para la actividad comercial pero no dan los mismos resultados en los sistemas educativos.
¿Incapacidades de gestión?
A esta riesgosa orientación general de las políticas educativas, se debe añadir también las dificultades que se advierten en la ejecución de las propias políticas. Un caso a resaltar refiere a la educación inicial, un nivel de enseñanza que está en el centro del debate educativo en la región. Expandir y mejorar la oferta de la educación de la infancia está siendo uno de los objetivos prioritarios en muchos países. Argentina no es un caso aparte. La actual gestión ha enfocado su política para el nivel inicial en la provisión de oferta, esto es, en la construcción de jardines de infantes o de nuevas aulas. Tanto los anuncios oficiales como el presupuesto aprobado para el año 2017, destacan la construcción o ampliación de jardines de infantes por un total de $ 5.592 millones de pesos (unos U$D 330 millones de dólares), cifra equivalente al 3,5% de todo lo presupuestado por el Estado nacional para educación en 2017. Sin embargo, hasta la primera semana del mes junio (cerca de la mitad del año), se informaba que habían sido ejecutados $ 506 millones de pesos, sólo el 9% del total presupuestado para el sector, la más baja ejecución de las 19 partidas del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. El dato contrasta marcadamente con los niveles de ejecución que se advierten en otras áreas ya que, la ejecución global del presupuesto del Estado Nacional, para la misma fecha, era de 46% y para el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, de 36%. Incluso, para el conjunto de las obras del Estado nacional que implican construcciones, un tipo de inversión de capital de una naturaleza comparable con la construcción de jardines, se advierte una ejecución del 31%, cifra muy superior a la de los jardines (Gráfico 3). Otro dato significativo es que, del total de 268 jardines que tienen obra prevista en el presupuesto 2017, 215, es decir un 80% del total, no registran aún ejecución presupuestaria alguna hacia mitad de año.
Gráfico 3. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Estado nacionalal 07/06/2017 para diferentes partidas presupuestarias
Fuente: elaboración propia sobre la base de set de datos sobre ejecución presupuestaria, Sec. de Hacienda.
Nota: el análisis de la ejecución presupuestaria se realiza considerando el criterio de lo devengado.
Otra área clave donde se advierten déficits severos es en el Plan Nacional de Educación Digital, iniciativa que se propone entregar netbooks a todos los estudiantes que ingresan a la educación secundaria (unos 600 mil por año). En el año 2016, el propio gobierno admitió que pudo entregar sólo 350 mil equipos a los estudiantes, menos de un 60% del total esperado. Si bien se anunció que el déficit se saldaría en 2017, a junio del corriente año sólo se ha ejecutado el 15% de los fondos anuales asignados para el programa. Por otra parte, el presupuesto asignado a este importante programa ministerial ya ha sido recortado en un 14% respecto de lo que había aprobado el Congreso de la Nación ($ 1.000 millones de pesos sobre $ 7.200 millones) y la licitación de equipos que se dio a conocer, consigna la compra de sólo 450 mil netbooks, la mitad de las 850.000 que se deberían adquirir para saldar el déficit de 2016 y cumplir con las necesidades de los nuevos estudiantes de 2017.
Los problemas de gestión reflejados en la subejecución de partidas presupuestarias asignadas, tanto para la construcción de escuelas infantiles como para el Plan Digital, marcan el pulso de una conducción educativa que se ha mostrado sagaz para comunicar y marcar agenda en medios y redes sociales, pero que no ha tenido la misma eficacia para apalancar las decisiones que mejoran la realidad cotidiana de la educación. La pregunta obligada es, hasta dónde la subejecución presupuestaria es una expresión de la incapacidad de gestión o, hasta dónde, el modo velado a través del que avanza el recorte de los recursos públicos destinados a la educación.
Las múltiples ausencias del Estado
Las ausencias del Estado nacional respecto a sus responsabilidades con la educación están reñidas con las normativas, nacionales e internacionales, que obligan a los gobiernos a implementar políticas que garanticen el derecho a la educación. En Argentina, esta situación se ha expresado en el último año y medio en la supresión, debilitamiento y/o ahogo presupuestario de políticas y programas estratégicos para la inclusión educativa. Un ejemplo es la marginación y minimización a que fue sometido el Programa de Educación y Memoria, iniciativa destinada a promover la conciencia sobre los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado. En el mismo sentido, hay que mencionar la derivación de una importante cantidad de recursos destinados a la construcción de escuelas rurales, para ser aplicados en el oneroso operativo de evaluación censal que es bandera política de la actual gestión. Por su parte, las políticas para la educación de la primera infancia (hasta los dos años de edad) brillan por su ausencia en la agenda de acciones acometidas por la actual gestión, en abierta contradicción con la Ley de Educación Nacional que considera a este primer ciclo del sistema educativo, como parte de la educación inicial. Por último, en esta breve enumeración sobre las doloras ausencias de las políticas educativas, hay que mencionar la inexistencia de políticas de desarrollo de la modalidad de educación intercultural bilingüe, contrariando el mandato no sólo de las normativas educativas sino de la propia Constitución Nacional que establece el derecho a la identidad, la cultura y la educación de los “pueblos indígenas argentinos”.
Este listado no podría estar completo si no se mencionara que, a comienzos de 2017, el gobierno nacional se desentendió por completo de la responsabilidad de convocar a las representaciones gremiales de los docentes para un diálogo paritario sobre formación, condiciones de trabajo y salario. Esta responsabilidad, establecida explícitamente en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, tiene como fundamento alcanzar condiciones más homogéneas para el ejercicio de la enseñanza en todo el país. En una nación de organización federal, que exhibe desigualdades históricas entres sus regiones y provincias, la labor del Estado central es crucial para elevar las condiciones de la enseñanza en todo el territorio. El diálogo paritario que no se concretó este año, por primera vez desde que se instaurara por primera vez en 2008, está teniendo un impacto severo en los salarios de los docentes, luego de un 2016 en el que Argentina tuvo un índice de inflación del 41%. Como caso testigo, puede tomarse el de la provincia de Buenos Aires, jurisdicción que congrega al 40% de los docentes del país, dónde el incremento nominal del salario docente sólo superó la mitad del poder adquisitivo perdido en el año 2016 (gráfico 4).
Gráfico 4. Incremento salarial del docente de la Provincia de Buenos Aires e inflación del año anterior al aumento. Años 2014 a 2017
Fuente: elaboración propia sobre la base de Informe Indicativo de Salarios Docentes del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación e índice de inflación del Congreso (para 2013 y 2014), cifras divulgadas por el ex Ministro de Hacienda Pratt Gay (para 2015) e INDEC Gestión Macri (para 2016).
Nota 1: el aumento salarial se construyó a partir de un promedio del salario bruto anual para el cargo de maestro con 10 años de antigüedad en la provincia de Buenos Aires.* Nota 2: el aumento salarial 2017 corresponde al 24% ofrecido por la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires hacia fines del mes de junio, cuatro meses después de la propuesta inicial del 18% ofrecida en el mes de marzo.
Financiamiento educativo: más recursos a deuda que a educación
Todo lo señalado vuelve a poner en el centro el debate la cuestión del financiamiento de la educación. La estructura y distribución de los presupuestos públicos son un aspecto central para valorar las políticas que se propone implementar una gestión de gobierno, ya que permite identificar las prioridades a partir de la asignación de los recursos. Al respecto, el presupuesto educativo del Estado nacional argentino para 2017 es, en términos reales, un 7% inferior al de 2016. Otra forma de ver la pérdida de jerarquía presupuestaria de la educación es a través de su participación en el presupuesto total: 7,4% en 2015; 7,8% en 2016; y 6,8% en 2017. La variación interanual de este indicador da cuenta de una pérdida presupuestaria equivalente al 13%, desde el 7,8% de participación de los recursos educativos en 2016 al 6,8% presupuestado para 2017 (Gráfico 5).
Gráfico 5. Participación del presupuesto educativo en el presupuesto nacional.Años 2015, 2016 y 2017
Fuente: elaboración propia en base a leyes de presupuesto 2015, 2016 y 2017
Probablemente, el rasgo más expresivo del presupuesto 2017 es que el Estado nacional vuelve a gastar más en deuda que en educación. Mientras que la relación deuda/educación había sido de 1,04 en 2015 (por cada peso gastado en deuda se habían destinado $1,04 a educación) y de 0,85 en 2016 (se gastó menos en deuda que en educación), esta relación es de 1,55 en 2017 (Gráfico 6). Esto significa que se transferirá a los acreedores del Estado nacional un 55% más que los recursos que se invertirán en educación.
Gráfico 6. Distribución de fondos del Estado nacional presupuestados para deuda y para educación; relación entre deuda y educación. Años 2015, 2016 y 2017
Fuente: elaboración propia sobre la base de Oficina Nacional de Presupuesto.
La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, CADE, viene expresando su preocupación por las decisiones oficiales que están debilitando el derecho a la educación en Argentina. La pérdida de presencia del Estado nacional en la conducción de la política educativa del país; las iniciativas de privatización y comercialización de la educación que están en curso y; la reducción sistemática de los recursos destinados a financiar la educación, abren una etapa que puede ser crítica para el sistema educativo, en particular, para el sector de la escuela pública.
491.895 docentes dieron clase en centros no universitarios el curso pasado. Cuando Rajoy llegó al Gobierno, eran 494.516
Educación informa de una subida del 1% al incluir en el dato a los concertados y privados, cuya plantilla no ha dejado de aumentar pese a la crisis
«Estamos en unos mínimos muy mínimos, se toman como habituales cosas que eran excepcionales y eso hace que sean irreversibles», dice una profesora
A los profesores y profesoras de los centros educativos públicos no les ha llegado la recuperación. Los colegios e institutos de la red pública siguen con menos docentes que cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno en 2011, pese a que la economía ya ha vuelto a niveles previos a la crisis. En el curso 2011-2012 daban clase 494.515 profesores en colegios, institutos y centros de FP, según datos del Ministerio de Educación. El último, la cifra se quedó en 491.895, es decir, 2.621 menos.
El número de profesionales con carga docente en centros no universitarios –queda excluido el personal administrativo– ha crecido poco a poco desde 2013-2014 tras el batacazo del ejercicio anterior, el mayor en la serie en los últimos años: solo en 2012-2013 se prescindió de 21.900 profesores de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP y Educación Especial. Mientras tanto, los docentes de la concertada y la privada –Educación no desglosa datos de una y otra– han seguido aumentando curso a curso: 188.000 en 2011-2012, 192.717 en 2012-2013 (el año demoledor para la pública), 193.779 en 2013-2014… hasta llegar a los 203.632 este último año.
Si sumamos la variación de profesores de todos los centros, sin importar la titularidad, el aumento alcanza el 1%. Este es el porcentaje que ha destacado el Ministerio de Educación en su nota de prensa para informar de estos datos, pese a que una parte mínima corresponde a más recursos de profesorado para los centros públicos. La escuela concertada y privada tuvo el curso pasado 5.904 profesores más, lo que supone un incremento del 3% frente al 0,3% de la pública, cuya plantilla total es más del doble (494.515 frente a 203.632). Además, de los 100 centros de enseñanza que empezaron a funcionar este curso, solo 43 eran públicos, menos de la mitad.
En la horquilla de tiempo que va desde 2011 hasta 2016, el número de alumnos y alumnas en colegios, institutos y centros de Formación Profesional públicos ha subido de 5.394.203 a 5.505.523. Menos docentes para más estudiantes.
En los datos de plantillas recogidos para este artículo no se incluyen las enseñanzas de régimen especial (enseñanzas de idiomas, música, danza, arte dramático o deportivas) aunque la situación de su profesorado ha seguido una suerte similar y el mismo esquema de evolución.
En los centros concertados y privados, en estos casos, sí se produjo un pequeño recorte en número de docentes –de 6.157 en 2011-2012 a 6.065 el curso siguiente– que se recuperó mucho más rápidamente que en la pública. En solo un año, el 2013-2014, el número aumentó en casi 700 mientras que los centros de gestión pública apenas arañaron 200 profesores más.
20 horas lectivas y medias jornadas
Esperanza Rodríguez ha trabajado en este periodo en el mismo instituto y asegura que no ha percibido «ninguna mejoría». «Con los recortes ya se toman como habituales situaciones que antes eran excepcionales y tengo la sensación de que se han normalizado en el funcionamiento de los centros y eso hace que sean irreversibles. Estamos en unos mínimos muy mínimos», afirma la profesora de Filosofía.
Pone como ejemplos las medias jornadas en la plantilla –docentes que dan unas horas en un centro y completan en otros–, la desaparición del tiempo para el trabajo en equipo o la dificultad para desarrollar proyectos educativos con un horario sobrecargado de horas lectivas –en 2012 aumentaron de 18 a 20 semanales y aún no se ha revertido–. Sí se ha recuperado la tasa de reposición al 100% –en 2012 solo se reponían una de cada diez jubilaciones– y las ratios (número de alumnos por aula), aunque algunas comunidades como Madrid siguen sin cumplirlas.
Entre las comunidades cuyos centros públicos están aún lejos de los niveles de personal docente de 2011 están Murcia (con un 9,5% menos) y Castilla La Mancha (un 8%). También Cataluña y Canarias, donde sigue volatilizada el 2% de las plantillas de profesores.
A la espera de la oferta de empleo público
Desde los sindicatos confirman que «no se ha producido la reversión de los recortes en educación» y fían una mejora de las condiciones a la oferta de empleo público pactada con el Gobierno de la que todavía se ha concretado poco. «Las plazas que se van a estabilizar son 250.000 pero el Gobierno aún no ha concretado cuántas corresponderían al sector educativo, uno de los que tiene más tasa de interinidad», señala Maribel Loranca, de UGT.
En los últimos años, esta cifra ha alcanzado el 20%, lo que repercute directamente en la estabilidad de las plantillas y la dificultad para abordar proyectos educativos a largo plazo, dicen los sindicatos.
UGT recuerda, además, que aún hay medidas de austeridad de los decretos de 2012 que no se han desterrado, «como el aumento de las horas lectivas a 20». Hasta entonces eran 18. Algunas comunidades, como Cantabria, han iniciado la reducción de esta carga sin llegar todavía al escenario precrisis.
“De tanto ahorrar en educación, nos hemos hecho ricos en ignorancia”
En septiembre esta institución cumple 150 años de fundación. Semana.com habló con su rector, Ignacio Mantilla Prada, sobre la importancia de este aniversario y los problemas que atraviesa la educación superior pública, entre ellas la estigmatización de la que es víctima.
SEMANA: La Universidad Nacional de Colombia está cumpliendo 150 años, ¿qué representa este aniversario? Ignacio Mantilla: Es una fortuna para nosotros cumplir 150 años y ser la universidad pública más grande del país. Sobrevivir siglo y medio a todas las convulsiones que ha tenido Colombia es un gran logro. Queremos aprovechar este aniversario para recordar el pasado, pero también para reflexionar sobre el presente y el futuro. Ahora la educación superior vive una coyuntura particular. La tendencia a privilegiar el subsidio a la demanda, con programas como ‘Ser Pilo Paga’, pone en aprietos a la Universidad Nacional y a la educación pública en general, entonces creo que en esta conmemoración también debemos pensar sobre cuál es el modelo de educación que le conviene a Colombia, máxime si se tiene en cuenta que la Nacional ha sido pionera en muchos campos; por ejemplo acá nacieron los primeros doctorados en 1986.
SEMANA: ¿Cómo ha hecho la Universidad Nacional para sobrevivir tanto tiempo? I.M.: Creo que se debe a que, pese a las dificultades, la universidad ha sido una institución crítica, que siempre ha utilizado el argumento como su mejor arma, pero que a la vez se ha convertido en guardián tanto del avance de la ciencia y la tecnología, como de la política y el conocimiento social, cualidades labradas durante 150 años, que el país reconoce. Esto es evidente en el acompañamiento que ha hecho al proceso de paz por solicitud de los actores involucrados (Gobierno y Farc-EP), quienes manifestaron su confianza total en la Institución.
SEMANA: En los rankings internacionales y nacionales, la Nacional siempre queda como la mejor institución educativa del país. Si uno de los problemas que tiene la Nacional es la financiación, ¿cómo ha hecho para mantener esos altos estándares de calidad? I.M.: A pesar de los problemas presupuestales, la universidad tiene una riqueza muy grande en sus estudiantes. De hecho, hoy en día nuestros alumnos de pregrado prefieren hacer un posgrado antes que ir a buscar un trabajo. Cuando ellos compiten por cupos para ser admitidos en las universidades del exterior les va muy bien. Por otra parte, la Nacional siempre ha contado con un equipo de profesores con formación de alta calidad, quienes gozan de un salario digno no obstante las condiciones económicas de la Institución, y tienen libertad para enseñar e investigar lo que ellos consideran pertinente para el desarrollo del país.
SEMANA: ¿Cuáles son los aportes más valiosos que la Universidad Nacional le ha hecho al país en estos 150 años? I.M.: Son innumerables, pero rememoro los 135 años en los que la Nacional estuvo en el Hospital San Juan de Dios, durante los cuales se hicieron investigaciones que trascendieron internacionalmente. Como ninguna otra institución de educación superior hemos tenido una vida cultural sumamente rica. El Auditorio León de Greiff es reconocido como el mejor escenario musical de Bogotá, y además contamos con cerca de 20 museos solo en la ciudad. En el área de las ciencias, fuimos herederos del trabajo de José Celestino Mutis, el Sabio Caldas y Humboldt, gracias a lo cual poseemos un robusto inventario de la flora y fauna colombiana. La universidad ha formado a los protagonistas más importantes de la política nacional del siglo XX, como el presidentes Carlos Lleras Restrepo, y a grandes líderes como Jorge Eliécer Gaitán y el sacerdote Camilo Torres, no el guerrillero que todo el mundo ve, sino al destacado sociólogo. Incluso García Márquez fue alumno de la Escuela de Derecho. Sin duda, la Institución ha dejado una huella imborrable en el país.
SEMANA: Si la universidad ha sido tan importante para el país, ¿por qué la clase política no se la ha jugado para fortalecerla y ha preferido apoyar la educación superior privada? I.M.: Eso forma parte de la opción que ha tomado el Estado colombiano de privilegiar el subsidio a la demanda, que prácticamente le quita su obligación de proveer de educación superior a todos los colombianos. Y el mejor ejemplo es ‘Ser Pilo Paga’, que termina destinando más dinero a la universidad privada que a la pública. Para el Gobierno es más fácil y rentable mediáticamente lanzar 40.000 becas para estudiantes de escasos recursos, que crear 400.000 cupos en las universidad públicas. Un modelo excluyente porque con ‘Ser Pilo Paga’ se quedan por fuera jóvenes que podrían ser ‘repilos’, pero que no tienen la oportunidad de obtener una beca porque su formación en la educación básica fue deficiente, lo cual no significa que no sean brillantes.
SEMANA: En ese sentido, ¿cuál es la importancia de la educación superior pública? I.M.: Creo que muchas políticas neoliberales ven la inversión en educación sólo en términos de retorno y ganancia económica. Frente a esa postura dominante, pienso que un país que abandone la educación pública le abre las puertas a la desigualdad y a la exclusión. ¿Qué futuro le vamos a ofrecer a los jóvenes que no pueden pagar una universidad privada? ¿Qué posibilidades tienen de ascenso social? Se podría resumir en la siguiente frase: “De tanto ahorrar en educación, nos hemos hecho ricos en ignorancia”. Eso es lo que lograría un país que no ve la educación como una gran inversión, sino como un costo que debe asumir sin ninguna convicción. No debería haber dudas sobre la necesidad de tener una universidad pública fuerte y completamente subsidiada.
SEMANA: ¿Cómo ve en el futuro a la universidad? I.M.: Con optimismo. Observo que en sus dos últimas legislaturas, el Congreso ha apoyado la educación superior pública, y espero que la tendencia continúe. Por eso considero que allí, obviamente sin dejar a un lado el Ejecutivo, es donde debemos dar los debates y las batallas para fortalecerla, mejorar la financiación y, en últimas, convencer a la sociedad colombiana sobre la importancia de la universidad pública.
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SEMANA: ¿Tenemos Universidad Nacional para otros 150 años? I.M.: La Universidad de Salamanca cumple 800 años el próximo año; la de Bologna va a cumplir mil años en las próximas décadas. Eso significa que las universidades son las instituciones más antiguas que hay en Occidente. Y lo han logrado porque se equivocan menos que los gobiernos y no toman decisiones al vaivén de las modas, sino que se convierten en depositarias de un conocimiento y a la vez en gestoras del cambio social a partir de análisis e investigación. En ese sentido, tenemos Nacional para rato.
SEMANA: Por último, a raíz del acto terrorista en Andino ¿Por qué su indignación por un artículo del diario ‘El Tiempo’? I.M.: Porque es inaceptable que se relacione directamente al terrorismo con la universidad. La expresión “extremistas de la Universidad Nacional”, indica que aquí graduamos extremistas y no es así, nosotros formamos geólogos, físicos, ingenieros. Esa es una estigmatización que hemos tenido que cargar por décadas, es como el sentimiento que tenemos los colombianos en el exterior cuando se generaliza y dicen que todos somos narcotraficantes. No podemos seguir cargando esa cruz y los medios no pueden seguir relacionándonos con grupos terroristas.
SEMANA: ¿Por qué se continúa con la estigmatización? I.M.: Hay un lastre que llevamos, ese de creer que la universidad es el centro de operaciones de grupos guerrilleros, y no lo hemos podido borrar. Cada vez que salen a la luz actuaciones negativas de algún egresado o estudiante lo primero que se dice es que pertenece la Nacional, no ocurre lo mismo con alumnos o profesionales de otras instituciones. En estos casos no se habla de los “ladrones graduados en tal universidad” o de los “defraudadores o violadores de tal otra”. La Nacional no tiene responsabilidad en las actuaciones de los egresados cuando no están en el ejercicio profesional para el que se les formó. Se nos puede criticar por la mediocridad de un profesional mal formado en la universidad, pero no por otras cosas.
El club de padres de familia del plantel se siente molesto porque fueron los últimos en enterarse de lo que estaba pasando. Mientras que los directivos de la escuela estaban negociando con el Meduca.
Lejos de un cierre por no poder hacerle frente al aumento del salario de los profesores, el Instituto Pedagógico de Las Cumbres, dejará de operar en diciembre porque decidió vender sus terrenos al Ministerio de Educación (Meduca).
Además el dueño aseguró estar cansado de llevar una relación tóxica con los padres de familia, de acuerdo con la denuncia hecha por Nadia Pérez de Singh, presidenta del Club de Padres de Familia y Acudientes.
«Hace dos meses la escuela estaba negociando con el Meduca, sin embargo, ni la entidad que es el ente que tiene que velar por la educación de los estudiantes comunicó la situación a los padres de familia, por lo que fuimos los últimos en enterarnos», señaló Pérez.
El pasado miércoles que fue la reunión en la escuela para dar el anuncio, había dos funcionarios del Meduca y ninguno mencionó nada de la venta, el propietario solo se limitó a decir que el cierre era por la mala relación con los padres, quienes consideraron este argumento inválido, relata la representante de los padres de familia.
La asociación asegura que siempre han mantenido las vías de comunicación abiertas e incluso pusieron los fondos de la organización a disposición para financiar aires acondicionados y una rampa que se necesitaba para discapacitados o en caso de algún accidente.
Para el Club de Padres de Familia, aunque se trate de una empresa que puede decidir si vende o no, debieron de avisarles con más tiempo a los padres y no es cierto que el cierre sea por falta de capacidad económica para hacerle frente al incremento del sueldo de los profesores, porque los acudientes eran conscientes y estaban dispuestos a asumirlo, siempre y cuando se les comunicara con el tiempo reglamentario.
La ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez, no descartó que el plantel sea adquirido por el Estado. «Ellos tenían interés de cerrarlo hace tiempo y se acercaron a nosotros para ver si la podíamos adquirir», informó Paredes.
Según la titular de Educación, Panamá Norte es un área bien poblada, y una de las metas del Meduca es construir una escuela integral en ese sector, por lo que podría ser una oportunidad para el Estado la adquisición del Pedagógico, aunque primero debe pasar por una evaluación para tomar la decisión.
En cuanto al aumento de las matrículas, la ministra dio a conocer que un centenar de planteles han anunciado los aumentos, en su mayoría los de la ciudad.
Paredes asegura que los aumentos en la matrícula están entre $5 y $40, pero hay dos casos excepcionales que superan esta cifra.
«Esperamos que las escuelas puedan asumir el ajuste a sus docentes sin que el impacto sea demasiado alto en los padres», añadió Paredes.
El administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Oscar García, dijo que los padres que consideren que no han sido informados adecuadamente pueden presentar su queja.
Pagos
El próximo 15 de julio se hará efectivo el pago de $300 a más de 44 mil educadores del país.
La ministra Paredes afirmó: «Es cierto que las escuelas particulares tienen que cubrir para el otro año un ajuste de $300 para todos sus educadores, así que esta es la causa principal de los ajustes que ellos han planteado y estaremos verificando que se cumpla con el pago a los docentes.
El Meduca negó que el cierre del Instituto Pedagógico, ubicado en Las Cumbres, esté relacionado directamente con el incremento en la matrícula, sino que es una decisión de la junta directiva, según dice el comunicado.
Australia/Junio de 2017/Fuente: The World University Rankings
Resumen: El corto plazo político y el fracaso en establecer una estrategia clara para un sistema masivo de educación superior están entre las principales preocupaciones de los líderes universitarios australianos, según un importante informe que se considera relevante para los sectores de otras naciones. Las universidades australianas en una encrucijada: información de sus líderes e implicaciones para el futuro, basada en entrevistas con 117 universidades y líderes de políticas, explora el impacto de la mayor turbulencia en las políticas de educación superior del país en los últimos años. Una serie de planes han surgido de los sucesivos gobiernos dirigidos por los liberales para aumentar los honorarios y recortar los fondos, la última de las cuales puede no volver a pasar por el Parlamento.
Political short-termism and a failure to set a clear strategy for a mass higher education system are among the key worries of Australian university leaders, according to a major report seen as relevant for other nations’ sectors.
Australian Universities at a Crossroads: Insights from their Leaders and Implications for the Future, based on interviews with 117 university and policy leaders, explores the impact of the major turbulence in the country’s higher education policies in recent years. A variety of plans have emerged from successive Liberal-led governments to raise fees and cut funding, the latest of which may again not make it through Parliament.
In one section of the survey, respondents rated the importance they assigned to 32 issues. Internationalisation, student learning outcomes, addressing the needs of society and strategic planning “were rated most important for the future of the system”, the report says.
In response to open-ended questions “numerous leaders raised the need to review and restructure the sector to diversify institutional goals and functions and to seriously consider merging and/or reducing the number of institutions,” the report notes.
One respondent, a senior vice-chancellor, said: “Australia has too many universities for its population.”
Meanwhile on policy, a vice-chancellor from a university in the Group of Eight – which represents research-intensive institutions – said: “The lack of a bipartisan agreement on education being a national priority has been an immense frustration.”
Australia has a system of income-contingent loans and uncapped student numbers similar to England. Another respondent to the study complained that issues around massification have been “left to student choice and so called markets,» rather than being the responsibility of a government endeavouring to ensure public good. «What are we producing here? Are we prepared to let certain disciplines fade away? Who has responsibility for the national interest?” the respondent added.
A Group of Eight vice-chancellor said: “I think our trajectory is pretty similar to public universities in the United States and in the UK and Canada so I don’t think there is anything special about us. Government is reluctant to pay the cost of massive expansion.” Australian universities would consequently rely on international student numbers, and on borrowing for the capital spending needed to maintain institutions, the interviewee continued.
“That is taking us into a very different world: little government income, total reliance on fees, highly geared – so a really disruptive technology could be fantastically difficult to manage in those circumstances,” the vice-chancellor added.
One former institutional leader criticised vice-chancellors over their initial backing for the government’s plans to deregulate fees, which were later abandoned, saying they had «lost any moral compass» as a group.
The study’s lead authors were William B. Lacy, professor of sociology at the University of California, Davis and affiliated professor at the Centre for Studies in Higher Education at the University of California, Berkeley, and Gwilym Croucher, senior lecturer at the Centre for the Study of Higher Education, University of Melbourne.
Professor Lacy told Times Higher Education that the Australian system faced “internal issues…as well as significant external changes, including the global neoliberal transformation of higher education». «Unless successfully addressed, these developments and challenges may inhibit Australian universities from continuing to perform above expectations and as global leaders,» Professor Lacy said.
“A big lesson from the report is that leaders across Australian higher education, government and the academy agree is it is no longer good enough to look only to the next few years,» Dr Croucher added. «A long-term strategic view over the next 15-20 years is unavoidable if universities are to continue to thrive.»}
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