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Israel y Palestina: ¿en manos de Trump? Entrevista a Yehuda Shaul

Por: Daniel Koop

La política de Donald Trump en relación al conflicto israelí-palestino ataca los antiguos acuerdos de paz y diluye la posibilidad de los dos Estados. Yehuda Shaul, ex comandante y sargento en las Fuerzas de Defensa de Israel y fundador de la organización Rompiendo el silencio, explica lo que implican los planes de Trump en Israel en esta entrevista.

A principios de febrero, el gobierno de Estados Unidos lanzó el llamado «Acuerdo del siglo» (Deal of the Century), su visión para resolver el conflicto israelí-palestino. Uno de los arquitectos del plan, el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, ha declarado que no mira el mundo como era en 1967, sino como es en 2020, lo que sugiere que el plan abandona los acuerdos de paz negociados previamente y el derecho internacional. Entonces, ¿qué propone este en su lugar?

Debemos distinguir entre lo que propone y lo que hace. Tenemos 52 años de ocupación. Israel gobierna a palestinos sin derechos ni dignidad. Israel ha fragmentado el espacio palestino al construir asentamientos e imponer restricciones a la movilidad para evitar el surgimiento de un Estado palestino.

Lo que dice Kushner es que esto se acepta sin más. Y en lugar de calificarlo como un problema que es necesario tratar y resolver, llamemos solución a la realidad actual y llamemos a esto paz. Ese es exactamente el plan de Trump. Se trata de hacer permanente lo que se supone que es temporal y lo que es un problema que debe resolverse mediante negociaciones, sobre la base de parámetros acordados internacionalmente, el derecho internacional y los principios de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

¿Se trata entonces de normalizar la realidad actual?

Incluso algo peor. Porque lo llamaremos solución. Lo llamaremos paz. Porque eso significa que ya no es ocupación, es anexión, y esta es aceptada. Es como dar un certificado kosher al gobierno permanente sobre los palestinos sin igualdad de derechos.

Se pueden observar todas las cuestiones relativas al estatuto definitivo que durante décadas creímos que debían negociarse: fronteras, seguridad, refugiados, Jerusalén. Ahora Israel se hace de aproximadamente 30% de Cisjordania. El llamado Estado Palestino será entonces un grupo de territorios desconectados y rodeados a 360 grados por Israel. Esos fragmentos de tierra estarán conectados por puentes y túneles que actualmente están bajo control israelí. Las dos rutas que unen con Jordania estarán bajo control israelí permanente. Y nosotros, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), decidiremos quién puede moverse en el llamado Estado Palestino, tal como decidimos hoy quién puede hacerlo en Cisjordania, o entre Cisjordania y Gaza. ¿Qué clase de tratado de paz es ese?

Parece que a los palestinos se les quedaría una contradicción en términos: ¿un Estado sin soberanía plena?

Así es, tomemos el caso de Jerusalén. Ambos lados de la Línea Verde –Este y Oeste– van a Israel. Los palestinos obtienen algunos territorios, aislados entre sí, fuera de la barrera de separación, incluyendo Abu Dis, Kafr Aqab y el campo de refugiados de Shuafat. Y en cierto modo, esa analogía revela la trama completa de este plan. Una capital del futuro Estado Palestino se encuentra en un campo de refugiados. Eso es lo que quiere Trump. Y luego lo llama paz.

El objetivo es destruir todos los principios internacionales acordados, basados en el derecho internacional y en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Destruirá el paradigma de los dos Estados y consolidará una realidad de un único Estado donde los palestinos no tendrán los mismos derechos.

Se trata de intentar dar legitimidad internacional a una realidad en la que los palestinos no tendrán derechos ni dignidad. Esa realidad matará a la democracia israelí. Israel ya no será una democracia si esto se vuelve permanente. Y es por eso que el mundo debe rechazarlo, para asegurarse de que no se convierta en la línea de referencia para futuras negociaciones. Porque la única forma de que el conflicto israelí-palestino finalice es que ambas partes salgan de la sala de negociación con derechos y dignidad.

Quiero volver a algo que usted dijo: que el plan de Trump parece romper con el pasado. Usted dice que todo lo discutido en los últimos 40 años quedó básicamente excluido. Pero en su reciente artículo publicado en Foreign Policy, usted argumenta que el plan de Trump no es nada nuevo, que es un plan «plagiado». ¿Puede explicar eso?

Al menos Ariel Sharon, cuando a fines de los años 70 y principios de los 80 se embarcó en un plan para dividir el espacio palestino –con el fin de construir asentamientos entre pueblos y ciudades palestinas–, tuvo la decencia de admitir que era un plan para evitar el surgimiento de un Estado palestino.

La idea de que cualquier espacio palestino debe estar fragmentado ha sido el principio conductor de la política de Israel durante décadas. Y eso es para nosotros un problema, porque impide la aparición de un Estado palestino junto a Israel. Ahora Kushner dice que esa es la solución. Aceptemos todo.

Kushner habla de reconocer la realidad, pero la palabra «ocupación» no aparece ni una sola vez en todo este plan. ¿Qué fue lo que hice durante dos años en Cisjordania, si no ocuparla? ¿Qué es lo que hice las 24 horas, los siete días de la semana, durante dos años como soldado en los territorios ocupados? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo como ejército durante 52 años en los territorios ocupados, si no una ocupación?

Una de las cosas que solíamos hacer como soldados en los territorios ocupados era lo que llamamos hacer sentir nuestra presencia. La idea es simple: si los palestinos tienen la sensación de que el ejército israelí está todo el tiempo allí, tendrán miedo de atacar. Entonces, ¿qué se hace para que sientan eso?

En Hebrón, por ejemplo, usted tiene tres patrullas caminando por las calles de la ciudad vieja. Entra en una casa palestina al azar, sin haberle hecho inteligencia previa. Luego despierta a la familia y revisa el lugar. Puede imaginar lo que sucede cuando una unidad militar ingresa a su casa a las tres de la mañana.

Una vez que ha terminado de revisar la casa, sale a la calle, golpea otras puertas, corre hacia la otra esquina de la calle, invade otra casa al azar, despierta a la próxima familia, registra el lugar. Así es básicamente como pasa un soldado su turno de ocho horas, las 24 horas del día, los siete días de la semana, desde septiembre de 2000 –cuando comenzó la segunda intifada– hasta hoy.

Porque la única forma de gobernar a un pueblo en contra de su voluntad para siempre, sin darle derechos, es hacer que le teman a uno. En cierto modo, la misión política es la rendición palestina. Y eso es exactamente lo que Trump está haciendo con este plan: intenta obtener la rendición palestina.

Supongamos que el plan se implementa realmente. Según su experiencia como soldado, ¿qué significaría eso en el territorio, tanto para los soldados como para los palestinos? ¿Cómo podemos imaginarlo?

En primer lugar, quiero decir que el plan se implementa incluso sin que se lo implemente. Porque lo más importante, lo que el plan quiere, es cambiar el paradigma. Está dirigido a darnos un paradigma de legitimación de un Estado discriminatorio, donde algunas personas tienen derechos y otras no.

Si esto se convierte en el punto de referencia, entonces no es una receta para la paz sino para un conflicto permanente y sin fin. La idea de que los palestinos aceptarán vivir para siempre sin derechos no va a funcionar. Otra vez: la única forma de evitar esto es que ambas partes salgan de la mesa de negociación con derechos y dignidad.

Lo segundo es la anexión. Si se lleva a cabo la anexión, es un cambio radical. La piedra angular del orden internacional basado en normas es la no adquisición de territorio por la fuerza. ¿No es eso lo que aprendimos de nuestra historia?

Ahora está el comité que se formó hace unos días. Israelíes y estadounidenses se sentarán juntos y decidirán cómo rebanar el territorio palestino y apoderarse de él.

Solo daré un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa si mañana usted aplica la ley israelí en el valle del Jordán? En Israel, hay una ley llamada Ley de Propiedad de Ausentes. Esta norma dice que cualquiera que posea una propiedad en el Estado de Israel pero viva en un país enemigo –y hay una lista de países enemigos– o dentro del territorio de Israel que no es parte del Estado de Israel, o sea, porciones no anexadas de Cisjordania o Gaza, pierde sus tierras en Israel automáticamente. Y el Estado se apodera de esas tierras. Todos los palestinos que están en las áreas no anexadas pero que poseen tierras en las áreas anexadas pierden todo derecho sobre ellas. Esto significa que si Israel se anexiona el Valle del Jordán, los palestinos que viven en las áreas A o B pero que tienen terrenos agrícolas o familiares en la parte anexada del valle pierden automáticamente todo derecho sobre esos terrenos en virtud de la Ley de Propiedad de Ausentes.

En Jerusalén Este, que fue anexada a Israel, los fiscales generales y los abogados generales militares decidieron al comienzo de la ocupación no aplicar esta ley a Jerusalén Este. Pero el actual fiscal general, en el actual clima político israelí, la aplica. Esto significa que, si hay una anexión del Valle del Jordán o cuando la haya, es probable que también se aplique allí la Ley de Propiedad de Ausentes.

Kushner evitó que Netanyahu anexara territorio inmediatamente después del lanzamiento del plan Trump y aparentemente le dijo que esperara hasta después de las elecciones. ¿Por qué?

Para ser sincero, si fuera Kushner, estaría en contra de la anexión inmediata. Porque lo más importante que puede hacer el plan es destruir el paradigma de los dos Estados. La anexión inmediata dañará esa capacidad porque el mundo también podría reaccionar en forma más negativa.

Dar legitimidad al plan de Trump es peor que la anexión. Esto se debe a que el plan de Trump es un cambio total de paradigma para la región y, simultáneamente, le da legitimidad a la anexión. Por eso es tan peligroso. Es importante que no caigamos en la trampa de las negociaciones. Lo sé, aquí en Europa suena bien: ambas partes deben sentarse a dialogar y negociar para resolver el problema, no hacerlo a través de la violencia. Sin duda, en última instancia, a fin de cuentas, israelíes y palestinos tendrán que sentarse a una mesa y negociar el final de la violencia.

El problema es ¿cuáles son las premisas de estas negociaciones? ¿Se trata de una solución real tangible, que puede otorgar derechos y dignidad a ambas partes? ¿Es una solución que se basa en el derecho internacional? ¿O se trata de un intento de consolidar una realidad de un único Estado sin igualdad de derechos?

¿Entonces usted está diciendo que los políticos europeos deberían lisa y llanamente rechazar el plan?

Sí, claramente. No deben cooperar con un plan que no cumple con los principios del derecho internacional y el paradigma de los dos Estados. Y este plan no se enmarca en ellos.

Ya tenemos los principios No hay por qué reescribirlos. Fueron durante décadas una política declarada. Solo tenemos que aplicarlos.

La idea de hostigar a los palestinos para que se sometan no va a funcionar. A corto plazo, esto envalentonaría a Hamas. Porque, a fin de cuentas, ¿qué hacen los líderes palestinos como Abbas, cuando este le dice a la gente que no debemos recurrir a la violencia? Ya no tiene nada más que decir. Y a la larga, será una catástrofe para Israel. Este es el principio del fin de Israel.

¿De Israel como democracia?

Si no somos una democracia, ¿qué nos queda? Esa es la visión de Israel que teníamos. ¿Un régimen brutal que pisa las gargantas de millones de personas para siempre? Este no es el Israel que quiero.

Traducción: Carlos Díaz Rocca

Fuentes e imagen: International Politics and Society

   https://nuso.org/articulo/israel-y-palestina-en-manos-de-trump/

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Colombia: Un pueblo que exige paz, justicia social y dignidad

Por: John Freddy Gómez, Camila Andrea Galindo/cadtm.org

El pasado 21 de noviembre el pueblo colombiano salió masivamente a las calles, en proporciones nunca antes vistas, en aproximadamente la totalidad de las ciudades del país desde la Guajira hasta Leticia, desde Buenaventura hasta Cúcuta en contra del denominado paquetazo de Iván Duque, la OCDE, BM y FMI.

En Colombia se vive un proceso de disputa entre las clases subalternas y el gobierno nacional, en el cual el gobierno quiere imponer, incluso a sangre y fuego, sus políticas y visión de sociedad, en la que: 1) La sociedad es subordinada a las relaciones del mercado neoliberal; 2) El pueblo debe mantener una dinámica estoica, aletargada y diligente; 3) Se prioriza el capital y los privilegios de clase por encima de la vida y la dignidad; 4) Se cercena la diferencia y se aniquila al diferente; 5) Se conserva el maniqueísmo, el odio y la exclusión como fuente de poder; y, 6) se debe callar ante el sonido aturdidor de una Colombia que se desmorona.

Estas dinámicas que en Colombia y en gran parte de Nuestra América han sobrevivido desde la colonia, que se han reproducido desde la independencia y que se han intensificado en la etapa neoliberal debido a la relación directa con el imperio estadounidense, han conllevado a que nuestro continente sea uno de los más desiguales del mundo y que Colombia se posicione como el segundo país más desigual en todo el continente americano y se encuentre entre los 10 países más desiguales del planeta. (Monterrosa, 2017)

Esta desigualdad se concreta como una violencia directa contra el pueblo colombiano y se sustenta ante el aumento indiscriminado de la explotación, despojo, opresión y exclusión que se materializa por medio de una clase capitalista con características feudales y violentas, la cual se ha enquistado históricamente en las estructuras del Estado colombiano. Estado que según algunas instituciones es la democracia más antigua de América Latina, siendo para estas instituciones democrático el genocidio como práctica social, la exclusión de la política del 99% del pueblo colombiano, la desigualdad como gestión gubernamental, y la desidia y el odio como piedra angular del relacionamiento social y económico.

Teniendo en cuenta esta breve introducción de las relaciones reinantes en Nuestra América y en nuestro país Colombia, hemos observado en los últimos meses un grito de ¡Basta ya! frente a tanto odio, a la exclusión política y social, a la política de guerra, a un sistema que beneficia al 1% de la sociedad, al racismo, al patriarcado, al sexismo, y al ecocidio como modelo de desarrollo, entre otras características funestas impuestas por medio de la violencia en nuestro territorio.

Bajo el Gobierno de Iván Duque, y su regente Álvaro Uribe Vélez, se ha atestiguado el aumento exponencial de la violencia en el país con aproximadamente 746 líderes y lideresas sociales asesinadas entre el año 2009 y junio del presente año, con un aumento, solo en 2019, del 75% de la violencia contra las lideresas y líderes sociales en el país. (La opinión, 2019) Estos asesinatos y amedrentamientos son resultado de la puesta en marcha de una política gubernamental de guerra y en contra de la consolidación de la implementación de los Acuerdos de Paz.

La violación de los derechos humanos es una constante presente por parte del gobierno colombiano. Se vive en una constante zozobra debido a que la persecución a la oposición política es un pilar de la gestión del gobierno, al igual que la criminalización de la protesta aún cuanto es un derecho fundamental pero que se ha pretendido limitar por medio de su regulación legal, lo que se anuda a un contexto en el que se deslegitima todo proceso social, político y comunitario, y se pretenden invisibilizar, por medio del control de los medios masivos de comunicación y su relación directa de clase.

Un ejemplo de la violación permanente de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario es el caso denunciado ante el Congreso de la República en desarrollo de la moción de censura que se pretendía contra el exministro de Defensa Guillermo Botero, en donde se evidenció el asesinato de entre 8 y 18 niños y niñas en un bombardeo por parte del Ejército en la zona rural de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá. Niños y niñas que fueron presentados como bajas en combate lo que trajo a la memoria del pueblo colombiano los casos de ejecuciones extrajudiciales del período 2002-2008 mal llamados Falsos Positivos. Un caso que sigue siendo rechazado después de conocer que según los relatos de los habitantes de la zona los menores que quedaron con vida fueron perseguidos y acribillados vilmente por las fuerzas militares. (Unidad Investigativa, 2019) Este bombardeo contó con el visto bueno del entonces Ministro de Defensa y del presidente Iván Duque.

Ante esta deplorable operación militar, el pueblo colombiano manifestó su total inconformidad que se evidenció en una presión pública por la cual el Ministro de Defensa presentó su renuncia, siendo homenajeado, reconocido y honrado por parte del Presidente Duque ante sus buenos oficios para el país, una total ironía. Este es uno de los cientos de casos donde se evidencia que el gobierno tiene un papel directo e indirecto en la violencia que asola el país.

Así mismo, las políticas económicas del gobierno de Iván Duque han desembocado en el empobrecimiento de las clases subalternas donde se privilegia los intereses de las élites económicas por encima de las necesidades de un país con grandes brechas sociales y con latentes necesidades de un gasto público que represente un mayor bienestar y satisfacción plena de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales en el país (Gómez & Galindo, 2019).

Y, como si no fuera poco, con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la Ley de Financiamiento, el gobierno en manos de sus ministerios y en comunión con los tanques de pensamiento del gran capital colombiano como FEDESARROLLO y ANIF, entre otros, han delineado las nuevas reformas laborales, pensionales y de administración del erario público que van en detrimento de los derechos y dignidad del pueblo colombiano.

En la propuesta de reforma laboral entre otras características encontramos la flexibilización y desregulación del mundo del trabajo con la incorporación del trabajo por horas, la reducción de un 25% del salario a los menores de 28 años; y, la eliminación de las horas extras, de los recargos nocturnos y festivos, y de los intereses de las cesantías.

Así mismo, la reforma pensional pretende el aumento de la cotización y la edad para pensionarse, la eliminación del régimen de prima media pública y el traslado de las cargas de cotización desde el empleador hacia el empleado, entre otras dinámicas totalmente regresivas que solo benefician al gran capital y al capital financiero, y sumen al pueblo colombiano a una mayor tasa de sobreexplotación del trabajo (Semanario Voz, 2019).

Otra política totalmente onerosa es la consolidación del Holding Financiero, que traslada la discrecionalidad de la administración de las empresas estatales desde el Estado a un órgano autónomo y determinado por las necesidades privadas que conlleva el tránsito hacia la privatización de estos con el fin de impulsar las Asociaciones Público-Privadas que no es más que la entrega de los dineros público al gran capital.

Ante esta arremetida de reformas neoliberales en el país, el incremento de la violencia, la criminalización y la estigmatización de los procesos sociales y, el incumplimiento permanente a los acuerdos con estudiantes, campesinos e indígenas se consolidó el Paro Nacional del pasado 21 de noviembre con el fin de exigir el cumplimiento pleno de los acuerdos económicos, la implementación de los Acuerdos de Paz, el rechazo ante cualquier reforma económica regresiva y la construcción de una economía enfocada en el bienestar de la sociedad, entre otras demandas totalmente legítimas y que han desembocado en una movilización permanente, crítica y que ha puesto en el foco los enemigos del pueblo colombiano como es el gobierno de Iván Duque, y las Instituciones Financieras Internacionales como son el FMI, el BM y la OCDE.

El pasado 21 de noviembre el pueblo colombiano salió masivamente a las calles, en proporciones nunca antes vistas, en aproximadamente la totalidad de las ciudades del país desde la Guajira hasta Leticia, desde Buenaventura hasta Cúcuta en contra del denominado paquetazo de Iván Duque, la OCDE, BM y FMI.

Esta masiva movilización no solo puso de manifiesto el hastío por las políticas neoliberales del gobierno de ultraderecha que vive Colombia; sino que fracturó el poder de las élites colombianas al superar el miedo con la esperanza, al gritar a toda voz el anhelo de una sociedad en paz y con justicia social, al fijar como objetivo de transformación a esa estructura económica que determina la violación generalizada de los derechos en el país; es sin lugar a dudas el despertar de una sociedad que ha sido reprimida históricamente, una fuerza incontenible por la dignidad.

Este despertar y comunión entre las clases subalternas en el país supero la movilización del 21 de noviembre y ha planteado la continuidad con movilizaciones pacíficas, cacerolazos, plantones, dinámicas culturales, entre otras actividades que han quebrado el silencio, y han puesto al gobierno y sus élites económicas en actitud defensiva con la militarización de las ciudades y toques de queda, en donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, y se ha llevado a cabo una intensificación de la violencia por medio del control de la protesta y su estigmatización por parte de los medios masivos de comunicación, la difusión del miedo con el fin de vender seguridad estatal, entre otras dinámicas hostiles y represivas que fermentan cada vez más la lucha popular.

El Gobierno de Iván Duque mantiene su postura indolente con el pueblo colombiano, mientras crece la indignación y movilización en el país pretende acabar con esta por medio de la violencia, una dinámica histórica en nuestra nación, y no por la vía del diálogo, aun cuando así lo haya manifestado en sus alocuciones presidenciales. Las redes de solidaridad, la visibilización de las problemáticas del país y la caracterización de los responsables aumentan minuto a minuto, la fiesta democrática se da en las calles y la politización que menguaba en algunos sectores en el país está mermando a pasos agigantados.

Lo de Colombia y gran parte de Nuestra América es un tiempo de esperanza, de amor y solidaridad en el que nos encontramos con el otro y otra para desde la diferencia construir una sociedad digna, justa, equitativa y en paz.

 

https://www.cadtm.org/Colombia-un-pueblo-que-exige-paz-justicia-social-y-dignidad


Referencias

Gómez , J., & Galindo, C. (4 de Noviembre de 2018). La ley de financiamiento: La ley del Embudo en Colombia. Obtenido de CADTM: http://www.cadtm.org/La-ley-de-financiamiento-La-ley-del-Embudo-en-Colombia
Gómez, J., & Galindo, C. (17 de Febrero de 2019). El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Una hoja de ruta austeritaria de desarrollo en Colombia. Obtenido de CADTM: http://www.cadtm.org/El-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2018-2022-Una-hoja-de-ruta-austeritaria-de
La opinión. (3 de Noviembre de 2019). Violencia contra líderes sociales aumentó en 75% en 2019. Obtenido de La opinión: <href=»#op»>https://www.laopinion.com.co/colombia/violencia-contra-lideres-sociales-aumento-en-75-en-2019-186481#OP
Monterrosa, H. (16 de Noviembre de 2017). Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Obtenido de La República: https://www.larepublica.co/economia/segun-el-banco-mundial-colombia-es-el-segundo-pais-mas-desigual-de-america-latina-2570469
Semanario Voz. (9 de Noviembre de 2019). Paro nacional contra el paquetazo de Duque. Obtenido de Semanario Voz: https://semanariovoz.com/paro-nacional-paquetazo-duque/
Unidad Investigativa. (10 de Noviembre de 2019). Secretos del bombardeo que mató a 8 niños y cobró la cabeza de Botero. Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/asi-fue-el-bombardeo-en-el-que-murieron-8-ninos-en-caqueta-432146</href=»#op»>

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COMUNICADO: Se estrena exhibición sobre educación en DDHH en la sede de la ONU, Ginebra

Ginebra/13 de Marzo de 2017/

La exhibición «Transformando vidas: El poder de la educación en derechos humanos» (traducción tentativa) fue inaugurada el 6 de marzo en el Palacio de las Naciones, sede de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

La nueva exposición, disponible hasta el 17 de marzo, da a conocer la importancia de la educación en derechos humanos centrada en inculcar valores como la dignidad, la igualdad y la paz para prevenir la violación y el abuso de derechos. El evento conmemora el 5º aniversario de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en materia de Derechos Humanos, en diciembre de 2011.

La muestra ha sido organizada por la Soka Gakkai Internacional (SGI), la coalición global para la educación en derechos humanos HRE 2020, el Grupo de Trabajo de ONG en Enseñanza y Aprendizaje en Derechos Humanos, los estados de la Plataforma para la Educación y Formación en materia de Derechos Humanos, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). (Ver paneles en http://www.sgi.org/in-focus/2017/transforming-lives.html [http://www.sgi.org/in-focus/2017/transforming-lives.html])

Durante el acto inaugural, la embajadora Maria Nazareth Farani Azevêdo, delegada permanente de Brasil ante la ONU en Ginebra, comentó: «La educación y la formación en derechos humanos es decisiva en la consolidación de sociedades pacíficas, tolerantes y sostenibles, en las que prime el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos de todos».

Abdulaziz Almuzaini, director de la Oficina de Enlace de la UNESCO en Ginebra, señaló: «Felicito a los organizadores por su comprometida labor en sensibilizar y fomentar en el mundo la acción a favor de la educación en derechos humanos».

Hirotsugu Terasaki, director general de la SGI de Asuntos Globales y de Paz, citó las siguientes palabras del presidente de la SGI Daisaku Ikeda: «Es de lo más crucial erigir un sólido movimiento por la educación en derechos humanos que propicie las condiciones sociales para que se valore más la diversidad y la dignidad».

También tomaron la palabra Craig Mokhiber, administrador responsable de la Dependencia de Asuntos Económicos y Sociales y de Desarrollo del ACNUDH, y Emma Melander Borg de la coalición HRE 2020.

Los veinticinco paneles muestran los cambios generados por la educación en derechos humanos en la vida de las personas en Australia, Burkina Faso, Perú, Portugal y Turquía, y alientan a ciudadanos, gobiernos y entidades de la sociedad civil a trabajar por el arraigo de una cultura favorable a los derechos humanos.

La SGI es una asociación budista de base comunitaria con doce millones de miembros alrededor del mundo, que promueve la paz, la cultura y la educación en base a las enseñanzas humanistas de la tradición budista.

Contacto:

Joan AndersonOficina de Información PúblicaSoka Gakkai InternacionalTel: +81-80-5957-4711E-mail: anderson[at]soka.jp

Fuente: http://www.lavanguardia.com/vida/20170309/42695197878/comunicado-se-estrena-exhibicion-sobre-educacion-en-ddhh-en-la-sede-de-la-onu-ginebra.html

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Asignatura pendiente

Por: Ana Lilia Herrera Anzaldo

Erradicar de raíz la discriminación, la violencia y los feminicidios es un tema de formación.

En la antesala de la segunda década del siglo XXI, va siendo hora de que nuestro país erradique, para siempre, cualquier práctica de inequidad o desigualdad motivada por el género.

Ello exige la premisa fundamental de fijar que la fuerza y la talla no son símbolo de superioridad, pues los seres humanos nos convertimos en una especie superior no por nuestra fuerza, velocidad o agudeza de los sentidos, sino por la inteligencia. Lo relevante es ejercitar la razón.

El propósito de la igualdad entre hombres y mujeres, y los principios de no discriminación están orientados a destacar la dignidad del ser humano y establecer los valores de las personas como un baluarte para la vida y para el desarrollo social, tomando en cuenta un ámbito cultural y educativo que otorgue mejores condiciones sociales a la gente.

Son muchos los documentos y manifiestos que a lo largo de la historia se han esmerado en proclamar la equidad de la mujer respecto al hombre, tal como la Carta o Declaración Internacional de los Derechos Humanos, la cual expone la necesidad de un pleno desarrollo y progreso de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.

Hoy, en México y el mundo, tenemos marcos normativos, información e indicadores que ya desagregan por género diferentes fenómenos, pero erradicar de raíz fenómenos como la discriminación, la violencia y los feminicidios es un tema de formación.

La desigualdad social no es superioridad. Se debe de convencer de que el rico no es superior al pobre, o el blanco sobre el moreno, el más instruido sobre el menos educado; el católico sobre otras religiones; el que nació aquí sobre el que nació allá; el mestizo sobre el indígena; el religioso sobre el ateo; el sano sobre el enfermo; el capacitado sobre el discapacitado; el joven sobre el viejo; o el adulto sobre el niño. La igualdad debe ser un horizonte en todos los ámbitos.

Es urgente, desde la escuela, fijar la idea de que los hombres y las mujeres somos y seremos diferentes, pero ello no nos hace superiores o inferiores entre nosotros. La percepción y la inequidad son construcciones sociales que reclaman con urgencia cambios sociales dirigidos, como el que se logró con la política de población implementada en nuestro país en la década de los años 70 y que redujo de manera notable el número de hijos por pareja.

Así como las máquinas no pueden estar construidas de partes iguales, la sociedad se compone de seres diferentes que, en conjunto, deben perseguir el mismo fin: el bienestar de todos. Equidad no es que todos hagan lo mismo, sino que todos nos pongamos de acuerdo en función de nuestras capacidades y habilidades.

La inequidad de género que aún persiste en diversas regiones de nuestro país es –a querer o no– una forma de discriminación. Es urgente consolidar la idea de que el tratamiento subordinado de la mujer es una forma de discriminación tan atroz como la discriminación racial, religiosa, de clase o por alguna discapacidad.

Sin duda, hoy debemos plantearnos la formación en valores y en la defensa de nuestros derechos como personas desde el hogar, pero la escuela debe constituirse en una plataforma de inclusión, solidaridad y promoción de la igualdad.

El objetivo es extender la igualdad y el respeto de nuestros derechos a todos los campos de la vida social, empezando por la relación hombre-mujer, a través de asignaturas que desde la educación básica eduquen para lograrlo.

Por ello, hoy resulta indispensable una auténtica herramienta de cambio en el desarrollo de mujeres y hombres, como la implementación de una estrategia educativa transversal en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, que se centre en transformar los patrones culturales y enseñe a las niñas, niños y adolescentes, entre otras cosas, a identificar la violencia, a no generarla y a denunciarla.

Fuente: http://www.vanguardia.com.mx/articulo/asignatura-pendiente

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