Los trabajadores informales plantan cara a la crisis en América Latina

Doris Martínez fue cocinera en un restaurante de Venezuela que cerró sus puertas; migró a Colombia, enfermó de tanto trabajar de pie ante un fogón, y regresó a su país donde, junto a su esposo e hijos, administra un concurrido quiosco de comida rápida en una carretera de los Valles del Tuy, aledaños a esta capital.

El peruano Johnny Paredes fue vigilante y empleado de un restaurante en Lima hasta que decidió trabajar por cuenta propia como vendedor ambulante de prendas de fantasía, en las mañanas, y comidas y bebidas en las tardes, en el emblemático barrio de Miraflores.

El técnico de computadoras mexicano Jorge de la Teja labora en la capital de su país  muchas más horas que en su antiguo trabajo en una empresa de servicios, pero, con el viento a favor del teletrabajo forzado por la covid-19, sus clientes e ingresos han aumentado en los dos años que lleva la pandemia.

En América Latina y el Caribe 140 millones de trabajadores (51 % del total de personas ocupadas) laboran en el sector informal y han sido fuertemente impactados por la covid. Pero, a menudo desde las calles, toman el pulso de la crisis y asumen nuevas tareas o emprendimientos para hacerse con el sustento diario de sus familias.

Desatada la pandemia en marzo de 2020, se perdieron en la región 49,6 millones de puestos de trabajo, tanto formales como informales, y de ellos 23,6 millones ocupados por mujeres, según datos del último panorama laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en febrero.

La informalidad “continúa siendo una de las características más importantes de los mercados de trabajo de la región”, señaló a IPS desde la sede regional de la OIT en Lima la argentina Roxana Maurizio, especialista en economía laboral del organismo.

Estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) han mostrado que, de ese 51 % de trabajadores en la informalidad, hasta 37 % se ocupan en el sector informal de la economía, más de 10 % en el sector formal y 4 % dentro de los hogares.

En la práctica, «una de cada dos personas ocupadas en la región está en condiciones de informalidad», según la OIT y un tercio labora por cuenta propia, de acuerdo a la Cepal.

La OIT considera empleo informal todo trabajo remunerado (tanto el autoempleo como el empleo asalariado) que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos. Para los trabajadores que lo realizan, añade, la remuneración depende directamente de los beneficios derivados de los bienes o servicios producidos.

La venta ambulante es una de las expresiones de la informalidad laboral que domina numerosas calles de las grandes ciudades de la región, como en este mercado al aire libre en Lima. Foto: Cortesía de Johnny Paredes

 

Los rostros de las cifras

Paredes, de 46 años, dijo a IPS desde Lima que “en casos como el mío resulta mejor, por la independencia de tener mi propio horario y encogerlo o alargarlo según como resulte la jornada, y porque en la calle gano al día entre 25 y 35 dólares, el doble de lo que me pagaban en los anteriores empleos”.

De la Teja, de 37 años, coincide y explica que en Ciudad de México mantiene a su familia “con holgura, en alimentos y demás gastos del día a día, me ingresan más de 2000 dólares al mes. Pero se hacen difíciles las cargas extras como seguros, o al pensar en viajar de vacaciones”.

Martínez, a sus 50 años, madre de dos varones y tres hembras y ya con tres nietos, aún hace trabajos en el servicio doméstico y de cuidados en las mañanas y al mediodía, y luego va a “Doris Burger”, el quiosco familiar, al que atiende junto a su esposo y dos hijos.

Allí puede ganarse “unos 30 o 35 dólares de lunes a viernes, y hasta 50 el fin de semana. Mucho más que en los trabajos que he tenido ante un fogón desde jovencita, y mejor también porque ingresa algo de plata para varios miembros de la familia”.

Distinta es la situación de Wilmer Rosales, de 39 años, un “todero” (sabe de varios oficios) en Barquisimeto, ciudad a 350 kilómetros al oeste de Caracas, para quien “aquí en el interior (del país) no se consigue casi nada qué hacer y cuando hay, la paga es muy poca, dos, tres, o cinco dólares por una jornada de trabajo, cuando mucho”.

El reparto de comida y otros productos a domicilio se ha instalado como una fuente de trabajo informal en las ciudades latinoamericanas, en un sector impulsado por la pandemia de covid, que llegó para quedarse. Foto: OIT

 

Recuperación con menos empleo

La OIT mostró en su informe de febrero que el crecimiento económico registrado en la región en 2021, de 6,2 %, ha sido insuficiente para recuperar el mercado laboral, y la tasa regional de desocupación se ubica en 9,6 %.

De los 49 millones de puestos de trabajo que se perdieron en el peor momento de la crisis, en el segundo trimestre de 2020, aún faltan por recuperar 4,5 millones, en su inmensa mayoría correspondientes a mujeres. Y en total hay unos 28 millones de personas buscando trabajo.

Tras el inicio de la pandemia, la crisis se manifestó de manera atípica y en vez de afectar más a las ocupaciones formales hubo una pérdida mayor de empleos informales, lo que dejó a millones de personas sin ingresos.

En Argentina, México y Paraguay, por ejemplo, la reducción de los puestos informales dio cuenta de más de 75 % de la caída del empleo total durante la primera mitad de 2020. En Costa Rica y Perú este valor fue algo menor, 70 %, mientras que en Brasil y Chile fue de alrededor de 50 %.

La situación se ha revertido, y los países con datos disponibles indican que entre 60 y 80 % de los empleos recuperados hasta el tercer trimestre de 2021 lo fueron en condiciones de informalidad.

Entre los factores que favorecen la recuperación informal está la destrucción de empleos por la pandemia, la mayor facilidad para interrumpir una relación asalariada informal, su mayor incidencia en emprendimientos y empresas pequeñas, como el caso de Martínez, y la imposibilidad de muchos informales para hacer teletrabajo.

Para las mujeres hay importantes rezagos en esta recuperación, por su mayor presencia en sectores fuertemente afectados por la crisis y lentamente reanimados, como hotelería y restaurantes. En sectores altamente feminizados, como el trabajo en el servicio doméstico, la tasa de informalidad supera 80 %.

La informalidad tampoco es benigna con los jóvenes, que enfrentan una mayor intermitencia laboral, explicada en parte por las intensas entradas y salidas de la fuerza de trabajo; y la mayor inestabilidad laboral se asocia a su prevalencia en actividades informales, precarias, de baja calificación.

El teletrabajo es una opción de trabajo informal que prosperó durante la pandemia covid-19 en América Latina y un refugio laboral para las mujeres, especialmente perjudicadas por la abrupta caída del empleo durante el confinamiento y el cierre de actividades no esenciales a comienzos de la crisis sanitaria. Foto: OIT

 

No dejar a nadie atrás, especialmente a ellas

Con ese panorama, la informalidad representa un desafío a la necesidad y propuestas en la región para producir, al paso de la pandemia y como modo de superarla, una recuperación sostenible e inclusiva, “sin dejar a nadie atrás”, como reza el mantra ya incrustado en el discurso de diversos organismos internacionales.

Maurizio apuesta claramente por la formalización del empleo. “Hoy más que nunca se requiere que la recuperación esté centrada en las personas; en particular, en la creación de más y mejores empleos, empleos formales”, expuso.

La informalidad “continúa siendo una de las características más importantes de los mercados de trabajo de la región. La recuperación económica y social no será posible si no se avanza de manera significativa en la reducción de su incidencia”, destacó la especialista de la OIT.

Una condición necesaria es “avanzar en un proceso de crecimiento económico con estabilidad, reconstrucción del aparato productivo y mejoras persistentes en la productividad”.

Debe haber, según la experta, “un foco particular en la transición digital y los jóvenes; fortalecimiento de las instituciones de trabajo como, por ejemplo, el salario mínimo; políticas de cuidado que permitan a las mujeres retornar y permanecer en el mercado de trabajo; y apoyo a las pequeñas y medianas empresas”.

Asimismo, abogó por que se amplíen los seguros por desempleo, y políticas de protección social y “garantías de ingresos para la población que continúa siendo fuertemente afectada por la crisis”.

La perspectiva de género adquiere “una relevancia central en la recuperación, teniendo en cuenta que de los 4,5 millones de puestos de trabajo que faltan por recuperar, 4,2 millones corresponden a ocupaciones femeninas”.

Se requiere, entre otras medidas, “facilitar el regreso de las mujeres al mercado de trabajo de la mano de una política de inversión en servicios de cuidados integral y de mayor cobertura, que a la vez sea una fuente de empleo formal. Asimismo, apuntalar la recuperación de los sectores económicos con alta presencia femenina”.

La precariedad en las condiciones de trabajo ha sido una característica de la informalidad asociada a la pobreza en América Latina: Foto Marcello Casal /Agencia Brasil

 

Sindicatos para nueva clase trabajadora

Desde el mundo sindical, el brasileño Rafael Freire, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), agregó el reto de “tener un sindicato para la actual clase trabajadora, que en buena parte es precarizada, tercerizada, trabajando desde aplicaciones”.

Esa fuerza de trabajo, “sin contrato laboral y que cada vez más hace parte del sector informal, lo es en grandes proporciones, por ejemplo 70 % en Honduras y 80 % en Guatemala”, dijo el líder del conglomerado sindical con 55 millones de afiliados desde su sede en Montevideo.

La informalidad, estructural en el panorama social y laboral latinoamericano, es una pesada losa para el despegue económico y la justicia social en la región, y mientras los gobiernos formulan estrategias, definen políticas y toman medias, millones de ocupados informales abren el paraguas de la resiliencia para “resolver” su pan de cada día.

Fuente: https://rebelion.org/los-trabajadores-informales-plantan-cara-a-la-crisis-en-america-latina/

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PARÍS – UNESCO: aboga por nuevo contrato social con pueblos indígenas

Fuente: ipsnoticias.net


La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) abogó por que se establezca un nuevo pacto social con los pueblos indígenas, que respete su cultura y derechos al tiempo que aproveche su aporte para la sostenibilidad de la vida en el planeta.

Cada 9 de agosto se conmemora como Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo “y el tema de este año gira en torno a la elaboración de un nuevo contrato social” con ellos, “fundado en los derechos humanos, el respeto a la diversidad cultural, y que no deje a nadie atrás”, dijo Audrey Azoulay, directora general de la Unesco.

“Como administradores de la tierra y representantes de una amplia gama de culturas,  tradiciones  y lenguas, los pueblos indígenas poseen una sabiduría impresionante a la cual recurrir, siempre que se les escuche”, expuso Azoulay.

Argumentó que “si bien los pueblos indígenas pueden estar en una posición idónea para guiarnos hacia una mayor sostenibilidad, también son especialmente vulnerables a los desafíos de nuestro mundo cambiante”.

Como ejemplo citó que los grupos minoritarios han sido más vulnerables a las repercusiones de la covid-19 “en particular debido a la desigualdad de acceso a la atención de salud y a la información pública”.

Los pueblos indígenas constituyen 6,2 por ciento de la población mundial, suman más de 476 millones de personas en 90 países y representan 5000 culturas diferentes, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Al menos 40 por ciento de los 7000 idiomas del mundo se encuentran en algún nivel de peligro y se estima que una lengua indígena muere cada dos semanas, por lo que la ONU ha declarado el período 2022-2032 como Década de las Lenguas Indígenas.

“En el contexto de los desafíos mundiales, los pueblos indígenas nos ofrecen soluciones únicas para avanzar. Sin embargo, para que el mundo pueda beneficiarse de su sabiduría, se deben escuchar sus voces”: Audrey Azoulay.

La Unesco propone para el nuevo “contrato” favorecer la transmisión de las lenguas indígenas y destacar la importancia de sus conocimientos para abordar los  problemas ambientales “a través de intercambios creativos en el marco del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030)”.

En ese sentido, los pueblos indígenas deberían tener “una participación efectiva” en foros como la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la propia Unesco, según Azoulay.

El PNUD también destacó el liderazgo de los indígenas en la protección del ambiente y en la lucha contra el cambio climático, como herederos y practicantes de formas de vida únicas, y porque 70 millones de ellos dependen de los bosques para su sustento y muchos más son agricultores, pastores o recolectores.

La agencia afirmó que, según investigaciones, “donde los grupos indígenas tienen el control de la tierra, los bosques y la biodiversidad florecen”.

Por contraste, más de 86 por ciento de los indígenas del mundo trabajan en la economía informal, y tienen casi tres veces más probabilidades de sufrir desnutrición y vivir en la pobreza extrema.

A menudo carecen de protección social y recursos económicos adecuados, y la pandemia ha afectado desproporcionadamente sus vidas, provocando que sufran aún más la pobreza, la enfermedad y la discriminación.

El PNUD mostró que de las personas indígenas empleadas, 47 por ciento no tiene educación formal, la cifra es mayor para las mujeres, más de una de cada tres mujeres indígenas ha sido agredida sexualmente, y también tienen tasas más altas de mortalidad materna, embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual.

Azoulay dijo que “en el contexto de los desafíos mundiales, los pueblos indígenas nos ofrecen soluciones únicas para avanzar. Sin embargo, para que el mundo pueda beneficiarse de su sabiduría, se deben escuchar sus voces”.

A-E/HM

Fuente de la información e imagen: https://ipsnoticias.net

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Mundo: ‘Peligro inmediato’: la mitad de la fuerza laboral mundial podría perder la vida debido a Covid-19, advierte la agencia de la ONU

Mundo/03-05-2020/Autor(a) y Fuente: www.rt.com

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que alrededor de la mitad de la fuerza laboral mundial, o 1.600 millones de trabajadores, corren un riesgo inminente de perder su sustento debido al impacto económico de la pandemia de coronavirus.

En su último informe, la agencia de la ONU declaró que los más afectados por los efectos financieros del brote de Covid-19 han sido los trabajadores de la «economía informal», incluidos los trabajadores independientes y los que tienen un contrato a corto plazo. 

«Se estima que el primer mes de la crisis dio como resultado una caída del 60 por ciento en los ingresos de los trabajadores informales a nivel mundial», dijo la OIT sobre el daño económico ya causado por la pandemia.

«Para millones de trabajadores, sin ingresos significa sin alimentos, sin seguridad y sin futuro», dijo el Director General de la OIT, Guy Ryder, sobre el fuerte impacto de una caída económica.La crisis cada vez más profunda en muchas partes del mundo ha dejado a más de 436 millones de empresas enfrentando dificultades financieras y un posible cierre, declaró la OIT, que inevitablemente perjudicará a los trabajadores. El informe enumeró los sectores más afectados como manufactura, alojamiento y servicios de alimentos, comercio mayorista y minorista, y bienes raíces.

Agregó que, según datos de la OIT, se espera un aumento «masivo» de los niveles de pobreza en todo el mundo, a menos que los gobiernos reconozcan la necesidad de reconstruir sus economías en torno a mejores prácticas laborales y «no un retorno al mundo precario de precarias trabajar para la mayoría «.

Desde que surgió el nuevo coronavirus en China a fines del año pasado, se han confirmado más de 3.1 millones de casos en todo el mundo y más de 216,000 personas han muerto. Los drásticos bloqueos para limitar su propagación han tenido un efecto negativo en la economía mundial, lo que provocó la agitación del mercado y numerosas proyecciones de la fuerte recesión que se producirá este año.

Fuente e Imagen: https://www.rt.com/news/487288-coronavirus-economic-impact-workforce-jobs/

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La Confederación Intersindical en defensa de los Servicios Públicos

Por: Tercera Información

  • La Confederación Intersindical exige que la experiencia del COVID-19 sirva para blindar unos servicios públicos gratuitos, universales y 100% públicos.
  • Exige la protección de todo el personal de la Administración Pública que está en primera línea de lucha contra el COVID-19: sanidad, dependencia, mayores y limpieza.

Comunicado

La Confederación Intersindical se muestra firme en lo que debe ser una lucha común para todo el Estado, la defensa de unos Servicios Públicos gratuitos, universales y 100% públicos.

La Confederación Intersindical reclama, no solo que se recupere todo lo arrebatado durante esta última década, especialmente la recuperación de las 35 horas semanales que supone la contratación de miles de personas, sino que exige ir más allá y ampliar el sector público hasta equipararnos, al menos, a los niveles escandinavos. Queremos recordar que llevamos más de una década denunciando la merma en los servicios públicos, la falta de recursos humanos y materiales, la necesaria renovación de centros públicos obsoletos y la privatización de servicios esenciales. Con esta crisis sanitaria y social se demuestra que nuestro compromiso siempre ha sido y será la defensa del estado del bienestar que llegue a toda la ciudadanía en igualdad y equidad.

Las organizaciones ecologistas y la comunidad científica vienen advirtiendo desde hace años que una epidemia de estas dimensiones podía darse y convertirse en algo recurrente de manera cíclica. La realidad del cambio climático y de una economía capitalista globalizada que tiene como último objetivo la obtención de beneficio a costa de esquilmar el medio natural y la vida de las personas y los derechos de trabajadoras y trabajadores, nos sitúa en un escenario en el que el modelo económico en el que vivimos es insostenible y peligroso para la propia supervivencia de la especie y del planeta.

Exigimos, por tanto, la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, la gestión pública directa de los servicios públicos y todos los trabajos relacionados con los mismos, desde limpieza hasta gestión de residuos, pasando por la gestión de aguas, comedores, atención a mayores y personas dependientes… Exigimos que el sector privado se ponga al servicio del sector público de manera inmediata y permanente para desarrollar una economía puesta realmente al servicio del interés de la mayoría social trabajadora y no de minorías privilegiadas.

La Confederación Intersindical exige, de manera inmediata, que todos los equipos de trabajo que son primera línea contra el COVID-19 estén protegidos. Es urgente que todas las personas cuenten con el material necesario para protegerse, garantizar espacios de trabajo seguros que impidan el contagio y, por supuesto, el respeto por sus derechos laborales, el derecho a la salud laboral y el de conciliación con la vida familiar.

La Confederación Intersindical es consciente del enorme esfuerzo que estamos haciendo, por parte de toda la sociedad, pero recuerda que algunas de las personas que están haciendo frente al COVID-19 pertenecen a sectores enormemente castigados por las medidas neoliberales y se enfrentan con falta de personal y material al virus, estando al cuidado de un sector de riesgo, como son las personas mayores y dependientes.

Exigimos el necesario aumento de las plantillas de manera inmediata y permanente, su adecuada protección y la garantía de que su trabajo se realizará en espacios seguros con rigurosa atención al derecho de trabajadoras y trabajadores.

La Confederación Intersindical quiere recordar también, que precisamente quienes están más expuestas al contagio son sectores feminizados, especialmente castigados por los recortes y por la falta de seguridad laboral y económica. Sanidad, limpieza, cuidado de mayores y dependientes, supermercados… Trabajos feminizados que, en muchos casos se encuentran externalizados y con unos salarios bajos, en comparación con trabajos de la misma categoría pero con mayor presencia masculina (hablamos de brecha salarial).

La Confederación Intersindical exige recuperar la gestión directa por las diferentes administraciones públicas, las medidas necesarias para garantizar que el trabajo realizado se haga de forma segura y que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar, porque por desgracia, siguen siendo las mujeres quienes se encargan de los cuidados también en sus casas.

Exigimos el reconocimiento a nivel estatal del artículo 189 de la OIT sobre trabajo doméstico, para equiparar de una vez por todas este trabajo central con el resto de trabajos. Exigimos una especial atención para quienes están desempeñando labores de cuidado en la economía informal, un sector especialmente vulnerable que, además, forma parte de la red global de cuidados, que permite que los hogares de este país y sus miembros más vulnerables sean cuidados por mujeres migradas, en muchos casos sin papeles y sin ningún tipo de seguridad ni protección legal.

La Confederación Intersindical quiere hacer una llamamiento a toda la sociedad para que reflexionemos cómo esta crisis se está gestionando en nuestras casas, cómo la diferencia de renta hace que se pase mejor o peor esta cuarentena en función del dinero que tengas, de la casa que tengas, de si hay libros, acceso a internet, espacios de ocio, balcones o terrazas, o ventanas que den a un patio interior. No se puede trabajar y cuidar al mismo tiempo. Qué sociedad es esta que hemos construido que permite que haya personas ancianas solas y aisladas, con muy pocos recursos algunas de ellas, otra vez principalmente mujeres. Cómo se puede trabajar y al mismo tiempo atender a hijas e hijos sin una red de cuidados.

La Confederación Intersindical exige que los cuidados se pongan en el centro, que la vida se convierta en lo prioritario, que tengamos, de una vez, una economía para el planeta y para las personas. Exige que la salida de esta crisis fortalezca el Estado del Bienestar que tan necesario se está demostrando en estos días.

Defiende lo público. Defiende lo de todxs!

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2020/03/31/la-confederacion-intersindical-en-defensa-de-los-servicios-publicos

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¿Vigilar y castigar a los mismos siempre? Seguridad, salud pública y derechos humanos en la pandemia

América/Argentina/25/03/2020/Autor: Salta12/Fuente: pagina12.com.ar

Referentes de derechos humanos, abogados, intelectuales y políticos rechazaron la mirada militarista del gobernador salteño. La tensión entre cuarentena, seguridad y respeto por los derechos humanos.

En un Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia marcado por la cuarentena y la suspensión de todo acto público y teñido de pedidos para que vuelvan los militares a ocupar las calles, Salta/12 indagó sobre la tensión que atraviesa el país y la provincia entre la extrema necesidad de mantener el aislamiento social por la pandemia del Covid-19 y el injustificado uso de la fuerza vulnerando los derechos de los sectores históricamente más postergados.

Para el filósofo y docente de la Universidad Nacional de SaltaHernán Ulm, “Hay una línea muy finita que separa las políticas sanitarias de las biopolíticas contemporáneas de las que hablaba Foucault y que ponen en riesgo los derechos civiles que además están consagrados en la Constitución”.

El intelectual explicó que “hay que tener cuidado con la logia del pánico, que se esconde detrás de la lógica higienista sanitaria con la cual nos están bombardeando los medios”. Y agregó que “los gobiernos están utilizando esta especie de estado de excepción no puntualmente declarado para eventualmente avasallar las garantías constitucionales, eso se ve muy en claro en el accionar cotidiano”.

Con respecto al pedido del gobernador Gustavo Sáenz de que el gobierno nacional ponga al Ejército en el control de las calles, el docente declaró: “Creo que hacer ese pedido un día antes del 24 de marzo es por lo menos sintomático”.

Y volvió sobre lo que para él es lo más preocupante: “el discurso del pánico, que nos convierte a todos en vigilantes y denunciantes los unos de los otros”. Aseguró que allí es donde “ya no hace falta que estén las fuerzas de seguridad, todos nos empezamos a ver como gendarmería”,

Por lo que para el pensador es el discurso bélico el que está por detrás del discurso sanitarista, “estamos en guerra, hay enemigos invisibles, y esos discursos son muy peligrosos porque se produce la ruptura de los vínculos más elementales de la sociedad”.

Pero además explicó que lo que sucede en las calles con las detenciones por parte de la Policía tiene que ver con un “civismo selectivo, basado en un modelo clasista que ya conocemos”.

Para el abogado especialista en derechos humanos Rodrigo Solá, el manejo entre la seguridad y los derechos humanos es muy difícil “porque hay varios derechos en juego, por un lado la libertad y por otro la salud pública”.

Solá sostuvo que en el estado democrático hay herramientas para “hacer conciliar el ejercicio de los dos derechos sin necesidad de llegar a un estado de sitio”.

“Cada vez que se sucede algún tipo de crisis, sea económica, sanitaria, de migraciones, los que afloran son estos movimientos de derecha que tratan de avanzar contra las libertades individuales”, dijo quien el año pasado ganó uno de los concursos para integrar el hasta aquí todavía no puesto a funcionar Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.

El abogado admitió que le parecen justificables las restricciones “excepcionales y temporarias para limitar la circulación ante semejante pandemia”, pero no acuerda con el llamado a las Fuerzas Armadas. En ese sentido consideró «exagerado» el pedido del gobernador para que los militares tomen las calles y dirigido hacia un sector de la población al que «lo único que le da tranquilidad son esas reacciones de seguridad. Sí podrían hacerlo en pasos fronterizos difíciles de controlar, pero no en las calles”.

No hay estado de sitio

La abogada querellante en causas de lesa humanidad, María José Castillosostuvo que en realidad, más que controlar el cumplimiento del aislamiento social, la Policía está haciendo un uso de la fuerza desmedido “pero esta vez con un pretexto”, sobre todo en los barrios más populares y marginales, con quienes la Policía “siempre se encarniza”.

“Es grave lo que está sucediendo porque son todas detenciones arbitrarias y excesivas violando todas las garantías”, y recordó que no se declaró un estado de sitio y “las garantías constitucionales siguen existiendo”.

La abogada añadió que la economía informal es la que más está sufriendo porque “es muy difícil comprobar el vínculo laboral en los casos eximidos por el decreto, como la venta ambulante de comestibles y verduras, por ejemplo”.

Indicó que le han llegado denuncias de persecución a gente que va a buscar su ración de comida a los merenderos y comedores. En algunos casos, hay cientos de personas detenidas en un solo lugar o en un mismo barrio.

Castillo expresó que se debe sostener el aislamiento “pero no permitir los abusos de autoridad, porque no detienen a la clase mediasino que hacen razias en las barriadas en donde la situación de aislamiento no es la misma”. En su opinión, hay que activar los mecanismos de denuncia, “Derechos Humanos de Nación ya lanzó un número y Salta debería hacerlo también”.

El ex diputado provincial y abogado Guillermo Martinelli reconoció que las fuerzas de seguridad “tienen que tener un grado de energía suficiente como para que la gente cumpla con lo dispuesto, que será lo único que nos pueda proteger”, y sostuvo que muchas veces “los jóvenes se sienten inmunes a todo riesgo”.

Sin embargo, criticó la manera de actuar contra ciertos sectores de la sociedad, “allí se manifiesta un prejuicio y el control debe ser para todos”, sostuvo.

Con respecto al discurso de Gustavo SáenzMartinelli consideró que el gobernador “tiene una tendencia hacia las Fuerzas Armadas, no creo que sean imprescindibles en estos casos, cada uno tiene su rol, Gendarmería para el control de fronteras y la Policía en las calles”.

Y agregó que el estado de sitio no solucionaría nada, “hay gente que no sabe lo que significa porque no lo ha vivido, y no ayudaría en nada”. El ex legislador aseguró que “en lugar de hacernos cumplir nuestras obligaciones, nos darían un castigo que puede generar más problemas sanitarios juntando a la gente en una alcaldía o en un calabozo”.

Repudio

La referenta de HIJOS en SaltaMariana Gamboa, repudió los dichos del gobernador. “No me extraña de una persona que tiene un nivel de posicionamiento ideológico claro de entender que puede poner como su mano derecha en seguridad a un negacionista como (el militar Juan Manuel) Pulleiro”.

Con respecto al accionar de la Policía, Gamboa sostuvo que no es lo mismo vivir en las zonas más urbanas y del centro que en las periferias, y mucho menos en las zonas rurales. “Este no es un estado de excepción, no están suspendidas las garantías de los ciudadanos, sino que tiene que ver con la salud colectiva”, enfatizó.

En ese sentido, añadió que “es muy difícil hacer una cuarentena en una vivienda de nailon o en una pieza sin condiciones materiales básicas, por lo que estar en el merendero o en una canchita es una posibilidad al menos más llevadera y se tiene que tener en cuenta”. Aseguró que hace falta más trabajo para controlar las condiciones en esas situaciones en lugar de perseguir a estas personas: “No es con represión, sino con conciencia y comunicación que se cambia la cosa”.

De manera similar se expresó Cristina Cobos, integrante de la organización de derechos humanos Lucrecia Barquet, quien rechazó los dichos del gobernador y se manifestó totalmente en desacuerdo.

“El Ejército no tiene esas funciones y espero que el Gobierno Nacional no autorice al Ejército a salir a las calles”, dijo Cobos, “en todo caso debería pedir refuerzos de Gendarmería para la frontera. Me parece un despropósito, menos a un día de recordar un aniversario más de la atroz dictadura cívico militar”, concluyó.

Cobos es otra de las ganadoras del concurso para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. El concurso se realizó durante los últimos meses de la gestión de Juan Manuel Urtubey pero aún hoy el Comité sigue sin funcionar. El argumento oficial del actual gobierno fue “la falta de presupuesto”.

Fuente e imagen: https://www.pagina12.com.ar/254958-seguridad-salud-publica-y-derechos-humanos-en-la-pandemia

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Venezuela: Bachilleres en Zulia pasan de estudiar a ser buhoneros, colectores o pimpineros

Redacción: Crónica Uno

La deserción de maestros y profesores alcanza 55 % en el estado Zulia. La mayor deficiencia de profesionales de educación está en las asignaturas de Matemática, Química y Biología. Los egresados de educación media prefieren trabajar para comer que continuar estudios universitarios.

Maracaibo. “Prefiero comer que estudiar”, así comenzó su relato Reinaldo José Castillo, un joven bachiller zuliano de apenas 16 años de edad.

“Perdí la cuenta de las veces que fui con el estómago vacío para el liceo. Ni siquiera pude pagar mi paquete de grado porque somos muy pobres. Fui a la Universidad del Zulia, porque quiero ser ingeniero, pero cuando vi que las condiciones eran iguales allá que en el liceo, todo feo, sucio y casi no dan clases, me puse a trabajar”, añadió.

Para él, las posibilidades de cumplir su sueño de hacer una carrera universitaria se desvanecen entre las necesidades más urgentes: ayudar a resolver dentro de su grupo familiar: “Llevar dinero a casa para la comida”.

Igual que “Chúo”, como es conocido el joven por sus cercanos, 15.000 jóvenes egresaron como bachilleres este año escolar 2018-2019 en el estado Zulia. De estos, se calcula que solo 10 % ingresó a la educación superior, de acuerdo con cifras del Sindicato Unitario de Magisterio del Estado Zulia (Suma); el resto cambió los cuadernos y la expectativa de una nueva etapa para “crecer de golpe”.

“Ya no soy un niño. Ahora debo ser responsable y ayudar a mis padres. Me cuesta mucho contar el dinero porque casi no vi Matemática. En el liceo no hay profesores, pero mi papá me va enseñando”, dijo el joven trigueño antes de guindarse de un tubo que sostiene el techo improvisado de una camionetica que hace viajes en la línea avenida La Limpia-Centro en Maracaibo, y que es conducida por su padre.

Gualberto Mas y Rubi, presidente del Suma, mostró su preocupación por las deficiencias con las que se están graduando los bachilleres actualmente.

El problema no está resuelto por otorgar un título. El problema que tenemos es la calidad de egresados que estamos formando (…) Los alumnos tienen en promedio de entre 11 y 13 puntos en Matemática en el ámbito regional, porque no hay profesores para esta asignatura. Los muchachos están saliendo mal preparados”, señaló.

Educación en decadencia

Las fallas en la calidad de la educación en el estado petrolero de Venezuela obedecen a varios “elementos distractores de la educación”, según Mas y Rubi.

La falta de maestros y profesores, las condiciones de insalubridad en los planteles y la infraestructura, los robos, la falta de agua y de electricidad y la eliminación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) son algunos de los problemas que contribuyen a la escasa calidad de la educación.

Para el inicio del período escolar 2019, el Zulia contaba con 35.000 docentes, actualmente la diáspora se calcula en 55 %, es decir, que apenas 18.000 profesionales de la educación se incorporaron a sus lugares de trabajo.

En el caso de los estudiantes, las cifras son “alarmantes”, según el presidente del Suma, y aunque aclaró que no ha culminado el informe de deserción escolar para el período que recién termina, aseguró que hasta ahora 60 % de los estudiantes no se inscribieron.

Además, advirtió que el turno de la tarde desapareció en 90 % de los planteles, y el restante 10 % de planteles cerró en su totalidad, según las cifras recolectadas hasta ahora por el magisterio.

“La educación venezolana se caracterizaba por el doble turno, pero ya en el Zulia eso está a punto de desaparecer. En total hay 525 escuelas que pertenecen a la gobernación, de las cuales en 450 cerraron el turno de la tarde. En el caso del ministerio, que tiene 1.750 planteles, 1.400 cerraron el turno de tarde. Nos falta precisar cuántos cerraron completamente, porque hay mucho hermetismo e incluso nos niegan el paso al plantel”, manifestó.

Se quedan solo con el bachillerato

La incorporación de los jóvenes egresados de bachillerato al campo universitario es casi nula. Según Fetramagisterio, las cifras de la Universidad del Zulia son “espeluznantes”.

Nos ha llegado información de que los salones de las facultades de Humanidades, Educación, Derecho y Nutrición y Dietética no llegan a seis alumnos. Están desapareciendo escuelas en la Universidad del Zulia. Lo que es lamentable, porque otrora las universidades privadas no tenían nada que envidiarle”, lamentó.

Cada vez hay más jóvenes dedicados a la venta ilegal de combustible, verduras y plátanos, peluquería informal, colectores en unidades de transporte, entre otros oficios.

Zulia
Los bachilleres se dedican a vender y no optan por los estudios formales. Foto: Mariela Nava

Víctor se graduó este año de bachiller y tampoco pudo ingresar a la universidad. Hoy se dedica a la venta de combustible de manera ilegal. “Hay que buscar qué comer. Yo sé que esto es un delito, pero es lo que da ahorita un poco más de plata. Si busco un trabajo normal, me van a pagar una miseria, en cambio con esto me gano hasta 50 dólares diarios. Ya no quiero estudiar más, no vale la pena”, indicó.

Para Mas y Rubi es injusto que la educación de los jóvenes del país llegue de manera “forzada” hasta el bachillerato y que de ahí en adelante no tengan más opción en el campo educativo.

“Vemos con preocupación cómo los jóvenes se incorporan al buhonerismo, a la venta de artículos para el consumo. Lo único que no hace el joven de la clase social baja es estudiar, o está trabajando o lo están sosteniendo medianamente en su casa”, expresó.

El presidente de Suma aseguró que en algunos municipios, como Machiques y La Villa del Rosario, los bachilleres son sometidos por grupos guerrilleros.

En el caso de Machiques y La Villa del Rosario, nos llegó información alarmante. La guerrilla está reclutando estudiantes de bachillerato para llevárselos a la montaña para cultivar, y los devuelven al liceo entre miércoles y jueves. Y eso lo debe investigar la autoridad venezolana. ¿Qué está haciendo ese muchacho en tres o cuatro días fuera del liceo? Y se aparecen los viernes a buscar objetivos, cuando uno perfectamente sabe que ese muchacho no va a avanzar porque ha perdido gran parte de la asistencia a clase”, advirtió.

Sin embargo, no solo los jóvenes renuncian a continuar sus estudios universitarios por trabajar, los maestros y profesores también lo hacen para obtener ingresos superiores.

“En este momento, más que irse del país, los maestros se han convertido en trabajadores de oficio. Hemos conseguido a nuestros colegas trabajando de choferes de taxi o carros por puesto, peluqueras, buhoneros; en algunas casas montan una escuelita, entonces esos oficios les da más ingreso que trabajar para un colegio”, aseguró Mas y Rubi.

El PAEZ desapareció del Zulia

En los pupitres del Zulia hace más de dos años no se sirve comida. El Programa de Alimentación Escolar del Estado Zulia (PAEZ) desapareció en 90% de los planteles. Hoy la frecuencia ha bajado a una vez al mes, y solo despachan granos y arroz.

“Yo recuerdo que antes nos daban desayuno y almuerzo. Yo llegaba a mi casa lleno; ahora no. A veces nos dan caraotas con arepa o con pasta, y piden colaboración para el cubito y la sal. Casi siempre tengo hambre”, dijo un alumno de tercer año de bachillerato en un liceo del oeste de Maracaibo.

Bachillerato Zulia
La opción de alimentarse a través del PAEZ ya no satisface a los estudiantes. Foto: José Núñez

La directora del mismo plantel, que prefirió no identificarse, dijo que ha visto cómo los alumnos pequeños y grandes se desmayan en los salones porque no comen.

“A uno le da impotencia porque no podemos hacer nada. Aquí hace tres años que no traen comida del Ministerio de Educación. Por eso, los muchachos que graduamos no siguen estudiando, porque ya no quieren pasar hambre. Muchos sienten la obligación de aportar en casa; por aquí por el barrio hay muchos que se tiraron a la calle a trabajar, porque lamentablemente no hay opciones en este país para la educación”, manifestó.

Datos
  • Escuela Especial Idelfonso Vásquez, parroquia Santa Lucía. Cerró por falta de matrícula.
  • Liceo Rafael María Baralt, en su mejor momento llegó a tener 3.000 alumnos, hoy solo tiene 135 alumnos y 14 docentes, de los cuales ocho están activos y seis no volvieron o están suspendidos.
  • Liceo Udón Pérez, uno de los íconos de la educación secundaria en el Zulia, tiene cerrados los dos pisos inferiores, las puertas de los salones fueron selladas con soldadura y hay un cementerio de pupitres. Una sola sala sanitaria para todos, y menos de 200 alumnos inscritos, y 21 docentes.
Fuente: https://cronica.uno/bachilleres-en-zulia-pasan-de-estudiar-a-ser-buhoneros-colectores-o-pimpineros/01
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