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Libro(PDF): Expansión mercantil capitalista y la Amazonía como nueva frontera de recursos en el siglo XXI

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las causas de las transformaciones socioeconómicas y espaciales que están ocurriendo en la Amazonía, desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), con el apoyo de la Embajada de Suecia en Bolivia y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) lanzamos, a fines de 2019, la convocatoria de investigación: “Expansión mercantil capitalista y la Amazonía como nueva frontera de recursos en el siglo XXI. Procesos, actores, disputas”. En abril de 2020, de las 150 propuestas recibidas se seleccionaron 20 como resultado de la revisión realizada por un Comité Internacional compuesto por 16 evaluadores/as expertos/as de Bolivia, Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador, México, Colombia y Argentina. Destacamos la calidad y relevancia de las postulaciones recibidas, que derivó en la selección de una mayor cantidad de propuestas, pasando de 10 a 20 los proyectos reconocidos.

Autoras(es): 

Javier Gómez Aguilar. Karina Batthyány. [Presentación]

Neyer Maximiliano Nogales Vera. Lizandra Jannette Paye Vargas. Débora Assumpção e Lima. Andrea P. Sosa Varrotti. José Octavio Orsag Molina. Nohely Guzmán Narváez. Jorge Efraín Paucar Anchirayco. Natividad Quillahuaman Lasteros. Bruno Cezar Pereira Malheiro. Milson Betancourt Santiago. Juan Pablo Neri Pereyra. Isabella Cristina Lunelli. Marina Corrêa de Almeida. Manuel Bayón Jiménez. Rinaldo de Castilho Rossi. Nelson Eduardo Bernal Dávalos. Juan Carlos Guzmán Salinas. María Cristina Chuquimarca Mosquera. Martha Moncada Paredes. Tania Verónica Mancheno. Omar Vázquez Heredia. Claudia Rodríguez Gilly. Gustavo Adolfo Muñoz Gaviria. Elizabeth López Canelas. Huáscar Salazar Lohman. Mabel Lizbeth Martínez Carpeta. Julián Andrés Neira Carreño. Luis Fernando Novoa Garzon. Daniele Severo da Silva. [Autoras y Autores de Capítulo]

Editorial/Edición: CLACSO. CEDLA.

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina

ISBN: 978-987-722-897-7

Idioma: Español

Descarga: Expansión mercantil capitalista y la Amazonía como nueva frontera de recursos en el siglo XXI

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2377&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1549

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Libro: La crítica de las Ideologías frente a la crítica de la Religión

La crítica de las Ideologías frente a la crítica de la Religión

Franz Hinkelammert

Hinkelammert, Franz
La crítica de las ideologías frente a la crítica de la religión
: volver a Marx trascendiéndolo / Franz Hinkelammert
; prólogo de C. G. Aguilar. – 1a ed. – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires : CLACSO, 2021.
Libro digital, PDF
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-722-822-9
1. Marxismo. 2. Religiones. 3. Ideologías. I. Aguilar, C. G.,
prolog. II. Título.
CDD 306.2

«Quizá nunca, como en los últimos años, la necesidad de un pensamiento crítico se ha revelado en un factor tan claramente determinante de la sobrevivencia de la especie humana y del planeta. Constituía una evidencia trabajada por K. Marx, frente al avance de la Revolución Industrial y las consecuencias del capitalismo decimonónico; y durante el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI no ha dejado sino de mostrar su absoluta relevancia. El vigor, con que el pensamiento original de Marx continúa inspirando este desafío, es testimonio de la actualidad de su método y de sus aportes a los proyectos de liberación que recorren buena parte del mundo actual.» Prólogo. Carlos Aguilar; p.8)

Descargue y disfrute el libro completo en el siguiente enlace: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20210203072724/critica-ideologias.pdf

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Coronavirus y economía política de la educación

Asistimos desde hace algunas semanas a un amplio debate acerca del próximo inicio del ciclo lectivo en Argentina.

Este debate está fuertemente atravesado por dos posturas diferentes pero no necesariamente contrapuestas. De un lado de la eterna grieta los que pregonan la importancia que los niños y jóvenes vuelvan muy pronto a las aulas y del otro los que advierten acerca de los peligros del regreso de los alumnos en la actual situación de la pandemia y sin previamente haber vacunado a la totalidad del personal docente, directivo, administrativo y de maestranza de las escuelas y haber realizado las obras de mejora y adaptación de la infraestructura necesarias. Si se lee cuidadosamente esta brecha entre unos y otros la diferencia finalmente  está únicamente en el momento del regreso a las escuelas. El Pro, la Coalición Cívica, los Radicales y demás representantes de la derecha pro oligárquica y reaccionaria de nuestro país junto con los medios de difusión, grandes beneficiarios de las políticas ultra capitalistas del Macrismo y sus sacerdotes, los periodistas que funcionan a sobres y privilegios, intentan mostrar a los primeros como los grandes defensores del derecho a la educación y a los segundos proyectándose en contra de de la misma, cuando su propuesta sólo pretende atrasar el comienzo de las clases hasta que se hayan creado las condiciones objetivas para evitar la mayor propagación de la pandemia. Al respecto poco importa la opinión de los infectólogos, adquiriendo relevancia en cambio la de los expertos en propagación quienes predicen, en el caso de abrirse los colegios un muy importante incremento de la cantidad de contagios y muertes.

Iniciar las clases sin haber vacunado previamente al personal y sin las adaptaciones necesarias de la infraestructura implica  activar y multiplicar los factores de propagación. Entonces ¿por qué tanto entusiasmo del lado del lado de la derecha reaccionaria por comenzar la actividad escolar? ¿Aman tanto a nuestros hijos? ¿Les preocupa tan seriamente la formación e instrucción de niños y adolecentes?  A todas estas preguntas respondería con un rotundo NO. ¿Qué mueve entonces a tanto interés por la educación?

Las respuestas deben ser buscadas en otras razones. En nuestra Nación funcionan actualmente 15.090* Colegios Privados a los cuales asisten regularmente 3.489.551* Alumnos. Según cifras difundidas públicamente el nivel de morosidad, es decir de padres que no pagan las cuotas es del 61% y según nuestras fuentes más confiables es del 70 %*. Estos porcentajes están referidos a la deuda acumulada en relación con el pago del arancel correspondiente a lo largo de la cuarentena.

Para que los  alumnos puedan matricularse en el ciclo lectivo 2021 previamente sus padres, tutores o encargados deben poner al día sus deudas con la institución, ya sea  al contado o asistiendo a planes de financiación. Entonces la verdadera preocupación de ciertos sectores es volver a poner en funcionamiento uno de los más lucrativos negocios creados por el capitalismo local: la Educación Privada. Esta está conformada por una oferta educativa que además de cobrar en muchos casos exorbitantes cuotas totalmente fuera de cualquier regulación, (los aranceles oscilan entre$ 450* y $ 40.410* por mes) reciben además importantes subsidios por parte del Estado para su funcionamiento que como promedio alcanzan al 70 %* de los establecimientos privados y que están destinados a pagar total o parciamente la plantilla de personal. Además de este privilegio las Escuelas privadas no pagan IVA, ni ganancias y en muchos casos tampoco aportes patronales, lo cual eleva considerablemente aquellos subsidios percibidos en concepto de subsidios indirectos.

Si no se reanudan las clases no hay obligación de pagar las cuotas y en los directorios de las empresas educativas, distintos a la conducción académica, se ocultan hombres y mujeres poderosos de nuestro país que de tal manera ven erosionados sus negocios.

Dos cuestiones accesorias más del orden de la Economía Política: En primer lugar la magnitud de los subsidios. Estos representan alrededor del 0,002%* del PBI. En tiempos de encendidos debates acerca del déficit fiscal una reducción parcial o total de los mismos constituiría un significativo aporte a las cuentas públicas o una oportunidad inmejorable para aplicar esos recursos a causas más nobles. En segundo lugar, dependiendo del arancel cobrado por la institución entre uno y tres alumnos pagan con su cuota el sueldo bruto de un docente. Llamativamente los docentes de colegios privados, uno de los sectores más esclavizados de la economía argentina, no tiene y lo que es peor nunca se han planteado ni participar en la conducción empresaria de las Escuelas privadas ni mucho menos alguna forma de participación en las ganancias. Por el contrario “carnerean”, salvo muy honrosas excepciones  toda medida de fuerza legítima que sus colegas del la Educación Pública llevan adelante. Por otra parte si se pretende entender o enseñar en un nivel muy elemental el concepto de plusvalía se puede relacionar cuánto cobra un maestro por su trabajo, al cual apenas le alcanza para su propia reproducción, y cuanto ganan sus patrones por la tarea que realiza.

En conclusión: el gran negocio de la Educación Privada debe considerarse como el motor que impulsa el acelerado  y desesperado impulso del regreso a las aulas.

Nota:

* Las cifras estadísticas corresponden a elaboración propia en base a información suministrada por el Ministerio de Educación de la Nación, DIGEP, CONSUDEC y Colegios Privados seleccionados.

Fuente: https://rebelion.org/coronavirus-y-economia-politica-de-la-educacion/

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El problema de los salarios en Venezuela

Por: Jorge Forero

Venezuela experimenta una crisis económica con profundas y muy complejas repercusiones sociales, cuyas expresiones más notables son: depresión de la producción nacional, la cual registró una reducción del 52,3% entre 2013 y 2018 según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV)[1]; caída de las tasas de inversión productiva; la contracción del comercio exterior (con un descenso vertiginoso de los ingresos por exportaciones) y las distorsiones del mercado nacional; inestabilidad sistémica dada por severos y muy lesivos fenómenos de megadevaluación e hiperinflación; tendencia hacia la destrucción de fuerzas productivas, que implica una descapitalización neta de su capacidad agroindustrial instalada, así como la pauperización de la fuerza de trabajo como factor de reproducción de valor.

Por supuesto, los elementos esbozados, afectan y socavan de manera estructural a la formación económico-social venezolana como totalidad orgánica: tanto en los referidos indicadores macroeconómicos, y en su situación financiera de ahorro, liquidez y crédito; como en  sus potencialidades de crear valor a través de sus fuerzas productivas y sus capacidades de infraestructura-transporte para la producción y distribución de bienes y servicios.

Sin embargo, la crisis presenta expresiones especialmente dramáticas para la clase trabajadora (la proporción mayoritaria de la población), la cual enfrenta un proceso de precarización sistemática de sus medios y condiciones de vida, ante la caída estrepitosa del valor real de sus salarios[2] y la pérdida de derechos laborales (de beneficios previstos en contratos colectivos, prestaciones y seguridad social, entre otros), con lo cual, se ha condenado a la pobreza a la mayoría de la población venezolana, expuesta en los últimos años a un retroceso significativo en sus posibilidades de satisfacción de necesidades fundamentales.

Para dar cuenta de la abrupta caída de los salarios en Venezuela, basta con señalar que de acuerdo con la cotización oficial de monedas extranjeras publicadas diariamente por el BCV, para el 5 de agosto de 2020 el salario mínimo legal en Venezuela apenas supera los 1,5 dólares americanos, una cifra impresentable para un gobierno que se autodenomina socialista y obrero.

En primer término, porque esto significa una involución significativa respecto a las conquistas sociales alcanzadas durante los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2012), cuyo valor salarial aumentó desde los 149 hasta los 251 dólares americanos; en segundo término porque incluso resultan vergonzosos al compararlos con los salarios mínimos legales decretados en el marco de  gobiernos neoliberales de finales del siglo XX. por ejemplo el segundo gobierno de Rafael Caldera (1993-1998), transitó desde los 104 hasta los 149 dólares entre 1993 y 1998; y en tercer término, porque la oferta electoral fundamental de Nicolás Maduro para la campaña electoral de 2018 (momento en que se registraba un salario de 6,78 dólares americanos), fue precisamente la recuperación económica, y con ello, el aumento de los salarios (cifras del Banco Mundial).

Más aún, si se estiman dos variables que permiten apreciar la lógica distributiva de la política económica: por una parte, el porcentaje del salario mínimo legal en relación con el PIB per cápita nacional, el cual según datos del precitado Banco Mundial, presentó un descenso desde el 30,6% en 2012, hasta el 2,8% en 2018; y por otra parte, la relación dada entre los salarios y el pago de deuda, que en el caso venezolano ha adquirido proporciones escandalosas, con pagos por concepto de servicio de deuda y amortización de intereses superiores a los 70.000 millones de dólares americanos entre 2013 y 2017[3], justamente en el periodo de pauperización de los salarios reales de la clase trabajadora venezolana.

Ante esta realidad de devastación económica nacional y de precarización sistemática de los medios y las condiciones de vida de la clase trabajadora venezolana, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha responsabilizado de tan dramáticos estragos, en un primer momento, a una guerra económica en contra de la economía nacional, y en un segundo momento, a las medidas coercitivas unilaterales (entre las que sobresalen sanciones económicas y financieras) impuestas por el gobierno estadounidense, las cuales se han acentuado en los últimos años, hasta el punto de golpear a la industria petrolera nacional, la fuente fundamental de ingresos del país.

Ciertamente, es innegable que dichas sanciones lesionan de manera grave a las potencialidades de producción de bienes y servicios, y especialmente a las posibilidades de recuperación económica de la nación. En gran medida, porque además de proscribir agencias económicas fundamentales del poder estatal venezolano (como PDVSA y el BCV), y de restringir severamente la inversión internacional e incluso las transacciones de comercio exterior, ha escalado hasta la confiscación, usufructo y saqueo de recursos y activos (propiedad de todos los venezolanos) localizados en el exterior[4].

No obstante, es desleal la posición del gobierno venezolano, reducida a victimizarse y evadir responsabilidades ante la depresión económica más extensa de la historia republicana, sobre todo porque en los hechos, y en muchas ocasiones incluso en el discurso, el gobierno luce impotente e indolente ante la crisis (con un apagón de publicación de estadísticas oficiales de por medio), y primordialmente ante la superexplotación que supone tener el salario más bajo del mundo, con  terribles consecuencias para la población, tales como la caída de la demanda de bienes y servicios, el aumento de la informalidad y la pobreza (por ingresos, por necesidades básicas insatisfechas y la pobreza extrema), el retorno de enfermedades “superadas” y la tortura que significa padecer enfermedades crónicas o terminales;  el avance de la malnutrición infantil y la deserción escolar; y la tragedia sicológica-social-emocional que ha representado el éxodo migratorio por motivos económicos para las familias venezolanas, el cual según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), superó los 4 millones de migrantes venezolanos entre 2015 y 2019.

De acuerdo con la tesis del gobierno, para que se produzca un cambio de la situación económica nacional, es preciso esperar que cese la denominada guerra económica, que el gobierno estadounidense desista de sus sanciones económicas contra el país, que la burguesía nacional-transnacional se sensibilice, y por arte de magia, permita la construcción del socialismo bolivariano y la felicidad social bajo el liderazgo y amparo protector del gobierno (sic.).

En esa misma corriente, se inscriben pronunciamientos de altos voceros del gobierno como el ministro de Trabajo, y de algunos defensores de la política económica, tales como el diputado constituyente Jesús Faría y dirigentes de sindicatos alineados con el gobierno, los cuales postulan que es idealista pedir salarios dignos para los trabajadores venezolanos (a propósito de un debate de este último con Pasqualina Curcio divulgado ampliamente), porque las sanciones y la guerra económica hacen que esa demanda sea imposible e insostenible.

Al respecto, debemos decir que esas medidas de dignificación de los salarios resultan inviables únicamente en las condiciones actuales de la economía política venezolana[5], es decir en las condiciones actuales de sus procesos metabólicos de acumulación-distribución y de sus lógicas de reproducción ampliada de capital, en las cuales se privilegia el mundo del capital por sobre el mundo del trabajo, en favor de intereses corporativos de la heterogénea burguesía nacional, y de facciones del capital transnacional integradas a los referidos procesos de acumulación de capital en Venezuela.

Precisamente esa economía política asumida religiosamente por el gobierno de Nicolás Maduro, es la que determina que la riqueza producida socialmente por los trabajadores del país (por más mermada que esté), sea consignada para cancelar una deuda ilegítima mientras se sacrifica la salud, la educación y la alimentación del pueblo; para que se haya producido una fuga de capitales astronómica al amparo de un régimen de complicidad e impunidad, o en el mejor de los casos, de silencio oficial; para que se hayan realizado reformas tributarias que profundizan el carácter antiobrero y antipopular del sistema de recaudación de impuestos nacional (con exenciones obscenas para los grandes capitales que ya no necesitan recurrir a la elusión o evasión porque prácticamente les han liberado de responsabilidad fiscales[6], mientras se imponen tributos regresivos como el I.V.A., y el pago de impuestos sobre la renta a la pauperizada clase asalariada[7]); y no menos grave, para que se proscriba y se criminalice la lucha sindical en Venezuela, con situaciones de persecución política, represión y judicialización penal de líderes de las causas de los trabajadores y trabajadoras.

Por tanto, aunque resulte cierto que la realidad económica del país es compleja y no hay condiciones para instaurar un régimen de salarios equiparable a los que se asignaron durante los gobiernos de Hugo Chávez, no es un disparate  exigir que esa situación cambie. La plataforma LUCHAS defiende un programa auténticamente socialista, pero es un hecho matemáticamente comprobable, que con un conjunto de reformas no maximalistas (sino más bien de signo liberal- socialdemócrata), es totalmente factible cambiar la economía política descrita. Para empezar sería necesaria una reforma fiscal, que permita la creación de un sistema tributario equiparable a los existentes en cualquier país latinoamericano (Britto García y Curcio dejan explícita esa realidad), con el cual se contaría con la base material para la recuperación económica a través de planes de inversión y de crédito con fines productivos, y sería sostenible mejorar significativamente los salarios de la clase trabajadora venezolana.

Otras medidas medulares un poco más avanzadas para recuperar la economía de Venezuela, están relacionadas con la suspensión indefinida de pagos, auditoria y renogociación de la deuda nacional (en los casos de que se compruebe la legitimidad de la misma); un estudio riguroso de las elusiones y evasiones de impuestos de los grandes capitales durante la última década para exigir la compensación correspondiente y si fuera el caso realizar las extinciones de dominio que ameriten  las personas jurídicas que se nieguen a sufragar sus compromisos con el fisco nacional; la identificación de capitales fugados hacia la banca internacional para presionar su repatriación, y en caso de no producirse la misma, para llevar a cabo las confiscaciones de activos en la jurisdicción nacional que resulten pertinentes; y por último una campaña internacional para exigir el retorno y las indemnizaciones que sean necesarias para la hacienda nacional, de los recursos y activos expropiados en el marco de la crisis política nacional dada por la autoproclamación de un gobierno títere de los intereses estadounidenses, que ha actuado como un medio para el saqueo de la riqueza nacional.

Por supuesto, para que estas medidas sean viables, se requiere de un golpe de timón en la economía política del gobierno, algo absolutamente improbable en la gestión de Nicolás Maduro, a la luz de las evidencias.

Vale señalar, tampoco son suficientes las medidas monetaristas que propone Pasqualina Curcio, pues está demostrado en el caso venezolano, que la mera emisión de dinero es impotente para la elevación de la relación oferta y demanda, porque en la sociedad capitalista (que es en la que vivimos) la producción agroindustrial -la producción de valor- no responde a estímulos inorgánicos como la mano invisible del mercado, sino a las tasas de inversión y de ganancia respectivamente.

Tampoco son ciertas las tesis neoliberales, como las formuladas por sectores de derecha política, e incluso por el informe Encovi de la UCAB (publicada el 7 de julio de 2020), el cual plantea que la salida a la crisis económica venezolana está determinada por un cambio de gobierno, porque tal hecho significaría nuevas condiciones de confianza para la inversión nacional e internacional en el país. Afirmación divorciada de la realidad económica global, signada por una caída tendencial de las tasas de inversión y de ganancia (fenómeno previsto por Marx hace más de 150 años). No es un dato menor, que la inversión productiva y las tasas de beneficio han experimentado descensos notables, incluso en las economías centrales del sistema, entre las que por supuesto se destaca la estadounidense (muy a pesar de las presiones de la administración Trump para sus propias burguesías, a través del fallido American First).

En definitiva, la recuperación económica de Venezuela y la dignificación progresiva de los salarios de la clase trabajadora venezolana, tienden a resultar factibles incluso en las condiciones actuales de devastación económica. No es con magia, con alquimia o con manos invisibles, sino con ciencia y trabajo vivo del pueblo venezolano como se pueden dar los primeros pasos para superar los estragos de esta devastadora depresión económica.

Por supuesto, un acuerdo político nacional facilitaría las cosas. Porque la crisis institucional, dada por la yuxtaposición de una forma de gobernar a través de un Estado de excepción permanente por parte de Nicolás Maduro, con amenazas y agresiones internacionales al pueblo venezolano amparadas en un gobierno autoproclamado y sin poder real en territorio venezolano, es un obstáculo inmenso para la economía del país. Pero también es importante señalar, que si ese acuerdo se reduce a las cúpulas que se han disputado el país durante las últimas décadas, puede ser probable retomar la senda del crecimiento, pero es una quimera aspirar un régimen de democracia auténtica y justicia social.

Ante ese escenario, la plataforma LUCHAS se suma a los llamados y exhortaciones de otras organizaciones de izquierda revolucionaria, y de otros factores de la política nacional que están promoviendo un diálogo amplio y democrático para la búsqueda de un Acuerdo Nacional para la recuperación económica del país, donde los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela (como factor esencial de los procesos de producción de valor y como proporción mayoritaria de la población) debemos participar y ser protagonistas, tal y como lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En nuestro caso, entendemos que el problema de los salarios en Venezuela, es esencial para la definición del tipo de sociedad por la cual luchamos, por tal motivo, fieles a nuestros principios y convicciones, seguiremos  en la defensa irreductible del mundo del trabajo, frente a los intereses del mundo del capital.

Notas

[1]     Las cifras más actualizadas en torno a este indicador, fueron divulgadas por un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual este organismo multilateral estima una caída del 70% el PIB en Venezuela entre los años 2013-2019.

[2]     Para el 5 de agosto de 2020, de acuerdo con cifras oficiales cotización de monedas extranjeras publicadas diariamente por el BCV, el salario mínimo legal en Venezuela apenas supera los 1,5 dólares americanos.

[3]     Pago acompañado de una declaración de  cumplimiento de “todas las obligaciones”, y el compromiso de sufragar hasta el último centavo de la deuda” https://telesurtb.net/news/Presidente-de-Venezuela-Hemos-pagado-nuestra-deuda-externa-hasta-el-ultimo-centavo-20171102-0067.html

[4]     Casos paradigmáticos: CITGO, Monómeros de Venezuela y las reservas de oro literalmente robadas a la nación por parte del Reino Unido, los cuales pretenden legitimarse con un gobierno autoproclamado que actúa como un títere de Washington.

[5]     Cabe subrayar que muchos de los problemas esenciales de la economía política venezolana fueron heredados de la denominada Cuarta República y de la propia gestión de gobierno del Presidente Hugo Chávez, tales como la ausencia de un proceso de acumulación originaria; la carencia de una industrialización con un estilo tecnológico nacional, la exacerbada dependencia de la industria petrolera; el endeudamiento y la fuga de capitales; la evasión y la elusión tributaria; y una economía que no produce valor; por mencionar los más sobresalientes.  Sin embargo, estos se han exacerbado hasta niveles insostenibles durante los últimos ochos años.

[6]     Y además los intereses nacionales están supeditados a los designios de jurisdicciones extranjeras.

[7]     Ver: “Quiénes pagan y quiénes no pagan impuestos en Venezuela” de Luis Britto García. En: https://m.aporrea.org/ddhh/a13450.html

Artículo enviado por el Autor a OVE

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Texto: Sobre la reconstitución del pensamiento crítico

Tipo de Material: Artículo
Título : Sobre la reconstitución del pensamiento crítico
Autor : Hinkelammert, Franz J.
Fecha de Publicación : ago-2009
Ciudad: Editorial : Quito : CAAP
ISSN : 1012-1498
Cita Sugerida : Hinkelammert, Franz J. Sobre la reconstitución del pensamiento crítico (Tema central). En: Ecuador Debate. Pensamiento crítico, Quito: CAAP, (no. 77, agosto 2009): pp. 83-106. ISSN: 1012-1498

Reseña: La reconstitución del pensamiento crítico pasa por una nueva lectura de los textos clásicos de Marx de crítica a la economía política. No se trata solamente de cuestionar aquellos vínculos entre economía y política sino de enjuiciar el mito del progreso, proponiendo una nueva perspectiva que asuma alternativas de carácter abierto y no concluidas ni cerradas, reconsiderando la dimensión de los proyectos utópicos

Descargar en: https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/4340/1/RFLACSO-ED77-06-Hinkelammert.pdf

Fuente: https://www.bibliotecasdelecuador.com/Record/ir-10469-4340/Description#tabnav

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Pastor Sastre: La educación en tiempos de coronavirus

Por: Juan Carlos de Pablo.

Preguntas al economista Pastor Sastre (1914-¿?): Argentino, profesor de Economía Política en la Escuela Nacional de Comercio Juan Bautista de la Salle. Doctor en Derecho por la UBA

La educación a distancia no fue inventada a comienzos de 2020, pero se generalizó como consecuencia del coronavirus. ¿Qué diferencia tiene con lo que hasta ahora ocurría en las aulas, donde se desarrollaba una interacción presencial entre maestros y profesores, con alumnos? Superado el evento que nos tiene a todos en vilo, ¿volveremos a las aulas, o las casas de estudio las transformarán en boliches, depósitos de calzado o canchas de pelota a paleta?

Al respecto conversé con el argentino Pastor Sastre, nacido en 1914. Sé que falleció, pero no puedo precisar en qué año. Fue mi profesor de economía política en la Escuela Nacional de Comercio Juan Bautista de la Salle, conocida como «el Comercial de Ramos Mejía». Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, además de profesor fue funcionario en la municipalidad de Córdoba, fiscal de Estado y tierras públicas en dicha provincia, abogado del Banco Hipotecario Nacional y asesor legal y subgerente del Banco Central.

-Tengo en mi biblioteca un ejemplar de Economía política , cuya primera edición usted publicó en 1951. La obra me genera sensaciones encontradas, por el contraste que existe entre el prólogo y el texto.

-Explíquese, por favor.

-¿Qué puedo pensar de un manual de economía política que no contiene un solo gráfico, ni siquiera el de oferta y demanda? Menos mal que el libro también tiene un prólogo, que por favor quiero que lo lea.

-Con gusto. «La esencia pedagógica consiste en evitar sufrimientos a la juventud que acude a las aulas para aprender. Bondad en el profesor, suprema comprensión, ver lo profundamente humano de cada joven, auscultar sus problemas e inquietudes, guiarlos con mano firme, maestra, convincente y persuasiva, despertarlo a la vida, estimularlo, dirigirlo, enderezarlo, proceder sin renunciamientos, con franqueza y sin reacciones mezquinas, sembrando y actuando en forma ejemplar y generosa, allí donde el espíritu ignaro reacciona con encono. El clamor es aprender sin sufrir, sin tortura, y de allí la responsabilidad del profesor que hace agradable la enseñanza, atrayente y seductora, conduciendo y contribuyendo a formar espíritus firmes, leales a sanos principios, en un ambiente feliz, adonde nadie acude con temor. Por eso, en los dinteles de las aulas debería existir esta inscripción: aquí se aprende a vivir».

-¿Sabe por qué me acuerdo tanto, y tan bien, de usted? Porque no armó el curso sobre el texto del libro, sino sobre su prólogo. Usted se ubicaba al fondo del salón y organizaba debates. En 1959 temas no faltaban: la presidencia de Arturo Frondizi, la Revolución Cubana, etcétera. Nos enseñó algo mucho más importante que economía, nos enseñó a pensar.

-Me hizo acordar lo que Paul Marlor Sweezy dijo de uno de sus profesores: «A Joseph Alois Schumpeter no le importaba lo que pensáramos, mientras pensáramos».

-En varias partes del mundo el coronavirus está forzando a dictar las clases sin la interacción directa, que se da en las aulas. ¿Qué piensa?

-La educación a distancia tiene sentido más allá del coronavirus. Porque, por razones geográficas, de horario, etc., no todo el mundo puede acceder a clases presenciales. Por otra parte, tal como era de esperar, la tecnología de la interacción fue mejorando.

-Cierto, pero existiendo la posibilidad, la interacción personal es mejor.

-De acuerdo, pero una clase a distancia es mucho mejor que nada. Por varias razones…

-Explíquese.

-Primero, por el propio dictado de las materias. Al alumno que piensa que el tema que se iba a desarrollar en la clase que no se dictó no se puede tomar en el examen, hay que enseñarle que no ponga el carro delante del caballo. Porque la clave está en saber, el examen es accidental. ¿Se dejaría usted operar por un cirujano que en el quirófano le dijera que no está seguro de lo que tiene que hacer, porque la clase correspondiente a su operación no fue dictada, debido al coronavirus?

-Usted mencionó varias razones.

-Todo sirve para enseñar y aprender. Como consecuencia del aislamiento todos estamos viviendo una experiencia muy particular. Excelente material para reflexionar con los alumnos. Por ejemplo, la cuestión de la disciplina y la exigencia. Quienes estamos en casa exigimos que nuestros compatriotas, los que preparan los alimentos y las bebidas, no bajen los brazos, para que la calidad de lo que consumimos no disminuya. Pues bien, a los alumnos hay que ayudarlos a que desarrollen la misma conducta.

-¿Cómo?

-Pidiéndoles que continúen con las tareas que les habíamos encargado, enviándoles nuevos deberes, etc. ¿Qué pretextos existen para conseguir material, teniendo acceso a internet? Además, perdón por la obviedad, pero el aislamiento supone que tienen «24 horas diarias» para seguir estudiando.

-Los psicólogos hablan del desánimo, los temores, etcétera.

-Soy abogado, y usted economista, así que ni usted ni yo podemos hablar en términos profesionales. Pero sí en términos humanos, sin pretender vender buzones. El modelo Diluvio Universal, que usted explicó en la primera clase de su curso de economía I, es hoy relevante, no solamente para adoptar decisiones sino para darnos fuerza para seguir adelante.

-Dígalo usted, por favor.

-Más del 99% de la humanidad, cuando «deje de llover», saldremos del Arca de Noé para volver a hacer la vida normal. Entre paréntesis, en esta crisis el Arca es nuestra casa. Se trata, entonces, de sobrellevar esta contingencia de la mejor manera posible, pero sin olvidar que la vida tiene sentido, y que la vamos a seguir viviendo luego de que el coronavirus desaparezca, o se lo circunscriba mejor que ahora.

-¿Cómo será el mundo futuro?

-Imposible saberlo a ciencia cierta, pero la historia brinda algunas pistas. Primero: la unión que genera el espanto difícilmente se pueda mantener cuando el desafío haya desaparecido. Hoy, los hinchas de River y de Boca se saludan como hermanos, pero ya veremos…

-¿Habrá un antes y un después?

-Quienes piensan que el mundo será totalmente diferente no se apoyan en ningún antecedente histórico. Algunas cosas serán diferentes, pero me atrevo a pronosticar que la mayoría no; pero estas consideraciones hoy distraen, y lo que tenemos que hacer es focalizar nuestra mente.

-Volvamos al plano educativo.

-Como le dije, lo que genera el coronavirus tiene que servir como material para la interacción con los alumnos. Ejemplos: podemos explicar el impacto de hechos esperados e inesperados; cómo se procede sobre la marcha; la frecuencia con la cual se cometen errores y la velocidad con la cual se los corrige; a separar la verdadera información de la mera conjetura; a no darnos manija con inverificables teorías conspirativas, a las cuales los argentinos somos tan afectos, etcétera.

-Inolvidable profesor, muchas gracias.

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La economía política de la nueva «ley de esclavitud» de Hungría

Por:  Ágnes Gagyi, Tamás Gerócs/La Haíne

Las manifestaciones explotaron en las calles de Budapest

Fue después de que el parlamento húngaro –controlado por el cuarto gobierno consecutivo con gran mayoría de Fidesz– acabara de aprobar tres leyes cruciales en una rápida votación parlamentaria el 12 de diciembre que los partidos opositores calificaron de ilegales. Los tres elementos principales en el paquete de gobierno fueron la Ley de horas extra, que rápidamente vino a conocerse mejor como la «Ley de Esclavitud», la centralización del procedimiento de nominación de los tribunales y las enmiendas educativas que permiten la privatización de las universidades públicas. La oposición parlamentaria estalló en una fuerte protesta en la sede e hizo un video grabando el proceso electoral, que más tarde se volvió viral. Tras la llamada de uno de los parlamentarios a una marcha pública pacífica en las calles de Budapest para protestar contra el procedimiento legislativo ilegal, gran cantidad de gente se reunió y desencadenó una manifestación masiva. Los manifestantes eran mayormente estudiantes, sindicados y varios grupos activistas.

Previamente, otras olas de manifestaciones han sido motivadas por legislaciones importantes que fueron preparadas de manera parecida, sin ningún diálogo social o consulta a los grupos representativos. Recientemente ha sido el caso con la «Lex CEU», forzando a la Universidad Centroeuropea (CEU) a salir del país, un proceso que en 2018 ha sido complementado con la decisión de cortar a la Academia Húngara de Ciencias y a varias universidades públicas los fondos. Antes del 12 de diciembre, los estudiantes se habían manifestado en frente del Parlamento antes de la votación, para expresar simpatía al CEU y pedir educación gratuita. Levantaron tiendas en la plaza donde estaban, a lo que llamaron universidad libre: un espacio público para lecciones y charlas auto-organizadas. Esta tradición de «universidad libre» llega hasta manifestaciones estudiantiles pasadas y a la ocupación universitaria en los últimos años. Luego de la reciente legislación, los estudiantes simpatizaron con los trabajadores y empezaron a organizar la manifestación con el apoyo de los sindicatos.

Después del 12 de diciembre, el principal foco de la nueva ola de protesta fue la Ley de Esclavitud, la cual permite a las empresas solicitar 400 horas de trabajo extra (anteriormente limitado a 250 horas al año) y retrasar los pagos hasta 3 años. Los sindicatos expresaron su oposición en tanto que la ley permite a las empresas negociar horas extra con trabajadores individualmente, sin los sindicatos.

El primer ministro ha defendido públicamente las reformas, diciendo que los trabajadores que solían buscar oportunidades laborales en el extranjero para trabajo extra, ahora se benefician de la ley y trabajan en Hungría. Sobre la base de que rompen la paz de vísperas de Navidad, los medios estatales y los altos oficiales del gobierno condenaron las manifestaciones «poco cristianas» y hostiles al cristianismo. Un estudio reciente de la Agenda Pública mostró que el 85% de la población en edad de trabajar rechaza la Ley de horas extra.

La reciente enmienda del código laboral ha sido parte de una serie de reformas laborales desde que el gobierno consiguió el poder en 2010. La flexibilización de las relaciones laborales ha sido una tendencia en Hungría casi independientemente del tipo de gobierno en el poder, desde 1990. Lo que ha sido común en los gobiernos liberales, socialistas y ultraconservadores es su afán de agradar a las empresas multinacionales, muy notablemente a las fabricantes de coches alemanas, para invertir en el país. La implementación de varias reformas laborales neoliberales desde los años noventa solía, relativamente, no tener respuesta en una situación de gran desempleo y abundancia masiva de trabajadores, que fueron los legados históricos de la terapia de shock económico en los noventa.

El nuevo contexto de integración económica mundial: reindustrialización

La crisis económica en 2008 atizó Hungría de forma particularmente severa en comparación con países de nivel de desarrollo relativamente similar. La crisis económica y el subsiguiente colapso del gobierno social-liberal previo llevó a una holgada victoria del partido conservador Fidesz, haciendo campaña con la promesa de descolonización económica y renacimiento nacional. Tras ganar la mayoría en 2010, Fidesz se embarcó en un programa de «reindustrialización». En realidad, reindustrialización es un eufemismo en comunicación política para una consecuencia más amplia de la reestructuración industrial de Europa occidental: la deslocalización de segmentos estandarizados de producción con perspectivas de poco beneficio hacia economías de mano de obra barata en lugares geográficos cercanos. En el caso de países europeos del centro y del este, particularmente el grupo de Visegrado, este proceso es dominado por la industria automotriz alemana, que se ha visto bajo una inmensa presión después de la crisis de 2008 para adaptarse a la nueva tendencia económica mundial. Hungría no es el único país ni el más expuesto a la deslocalización de fabricantes alemanes en la región, pero ha sido el que ha provisto la mayor parte de ingresos nacionales como subvenciones para fomentar la deslocalización. Tres de las principales compañías, Audi del Grupo Volkswagen en Győr, Mercedes-Benz en Kecskemét y las más recientes instalaciones de BMW en Debrecen empezaron a operar. Se estima que un tercio de la producción industrial y exportación del país está representado por muchos grandes y pequeños proveedores. La dependencia de exportar a Alemania, un factor clave de las economías locales, ha crecido a cuotas históricas por toda la región. Aproximadamente 120 000 personas están directamente empleadas por fábricas de automóviles en Hungría y un número similar está empleado por proveedores asociados.

Para el régimen de Orbán, las remesas de inversión extranjera directa en industrias que producen para la exportación son de importancia crucial y constituyen una parte orgánica de lo que los analistas liberales llaman su régimen «iliberal». Fidesz ganó las elecciones de 2010 con el mensaje de una descolonización económica, una contra-narrativa a la hegemonía neoliberal de las décadas post-socialistas. Lo que en comunicación política fue referido como interés económico húngaro, en política económica significa un fuerte programa de apoyo estatal al crecimiento del capital nacional. Sin embargo, el régimen puede estribar solo en aumentar el espacio de maniobra del capital nacional dentro de las condiciones objetivas de la integración del mercado mundial. Las subvenciones por inversión directa extranjera en industrias exportadoras ayudan a mantener el balance de pagos en orden, mientras los sectores no comercializables donde las condiciones pueden ser moldeadas por políticas estatales (como la banca, telecomunicaciones o transporte) ven duras reorganizaciones de la propiedad a favor de los nuevos capitales nacionales oligopólicos. Mientras tanto, en comunicación política, la creación de trabajo por la industrialización ha sido mantenida en el frente de las campañas del gobierno como una herramienta para legitimar políticas contra el bienestar, la transición del estado del bienestar a la sociedad del trabajo abrazada por Orbán.

La industria mercantil alemana

Como parte de su agenda de reindustrialización, el gobierno de Fidesz dio ventajas a la industria alemana en la redacción de importantes marcos políticos de trabajo para beneficiar la deslocalización en el país. Esto fue más allá de directamente subvencionar a las empresas multinacionales con bajadas fiscales y concesiones de propiedad. Los lobbies industriales, apoyados por la Cámara Húngara de Industria y Comercio, han estado directamente envueltos en política y ayudaron a escribir muchos borradores legislativos, lo que significa reformar terrenos políticos clave, tales como la educación, el fisco y el trabajo. Esto es, las modificaciones del código laboral, desde 2010, han sido escritas con la ayuda de actores industriales alemanes. El resultado de la agenda de reindustrialización ha sido altamente nocivo para mucha gente. El gobierno húngaro ha abandonado explícita e implícitamente los intereses de los trabajadores en las relaciones industriales y, en cambio, solamente representa los intereses de la industria, incluyendo su sector más influyente, las multinacionales alemanas.

1. Fiscalidad

Una de las consecuencias de la interferencia política demostrada por los periodistas de investigación es que entre los impuestos a las empresas de todos los estados miembros de la Unión Europea, los más bajos son los de Hungría. La tasa plana impositiva de las empresas es del 9%, pero la tasa efectiva que las compañías pagan tras varias concesiones es de solo 7’2%, mientras las 30 multinacionales más grandes dominadas por manufactureras alemanas pagan una tasa efectiva del 3’6%. El contra-efecto de tales impuestos corporativos bajos con el gran subsidio a las empresas –muchas de esas provisiones son desconocidas– es el IVA (VAT) del 27%, el más alto de la Unión Europea, cuyo peso cae en los asalariados que están compelidos a gastar gran parte de sus ingresos en bienes de subsistencia. No es una sorpresa que el sistema tributario de ingresos personales húngaro sea casi regresivo, con una tasa plana universal del 15%.

2. Educación

Entre los regalos a la industria, como créditos fiscales y subvenciones a empresas, la Cámara Alemana fue también invitada a ayudar redactando secciones clave de la reforma educativa. Con su ayuda, los políticos húngaros introdujeron el proyecto del sistema de formación profesional alemán, combinado con la bajada de la edad mínima legal de escolarización obligatoria de 18 a los 16 años. Como resultado, los jóvenes de familias pobres eran obligados a pasar sus años de escuela en el sistema profesional y a empezar a trabajar para la industria a una edad temprana. Esos jóvenes son preparados por las compañías asociadas al sistema de formación profesional, el cual ayuda a la compañía a imponer las destrezas necesarias en la producción. Como mucha gente recolocada de Alemania está altamente estandarizada, las empresas necesitan trabajadores de baja o media cualificación. Entonces, los estudiantes no necesitan pasar demasiado tiempo en la escuela con educación general. Después de unas semanas o meses, pueden obtener las aptitudes necesarias que supone la fábrica. Sociólogos de la educación alertan de que los cortos programas educativos asociados con el sistema de formación profesional pueden atrapar a gente joven en el mismo puesto en la fábrica durante toda su vida sin expectativas de mejora.

Al margen del bajo nivel de cualificación, los estudiantes son formalmente supervisados por la escuela durante la formación y no directamente empleados por las empresas, por lo que estas no están obligadas a pagarles salarios equivalentes ni a ofrecerles contratos seguros. En resumen, el sistema de formación profesional ha sido diseñado por el lobby industrial alemán y sus socios húngaros para garantizar la actual ola de reindustrialización en la periferia de Europa con trabajo flexible, barato y especializado, tan joven como legalmente sea posible. El otro aspecto de la reforma educativa fue la centralización de la educación pública y una desinversión de la educación superior y de la Academia Húngara de Ciencias.

La expulsión de Hungría de la Universidad Centroeuropea (CEU), una de las universidades más reconocidas internacionalmente, estaba cargada de rencillas ideológicas, pero constituyó solo la punta del iceberg en este proceso. Las universidades públicas húngaras han sido forzadas a reducir su capacidad, desintegrar facultades y eventualmente ser privatizadas. La frustración de los estudiantes en las grandes ciudades ha sido de lejos la marca de contestación a lo que la agenda de reindustrialización del gobierno entiende por educación. En términos de protestas y organización de los estudiantes, las más memorables acciones tuvieron lugar entre 2013 y 2015, cuando crecientes organizaciones estudiantiles en diferentes universidades ocuparon campus, incluyendo uno de los más grandes campus de Budapest, en la Universidad Eötvös Loránd (ELTE). También bloquearon puentes y unidos a compañeros de secundaria convirtieron momentos clave de Budapest en festivales nocturnos espontáneos con vibrantes mensajes políticos. Los estudiantes bien organizados consiguieron algunas de sus primeras pretensiones, tales como la renuncia del controvertido secretario de educación del Partido Democristiano o la suspensión del sistema de cuotas universitarias planeado.

Las manifestaciones estudiantiles estallaron otra vez tras los ataques lanzados en la CEU. En este momento, a causa de la mayor complejidad del contexto geopolítico en la región, incluyendo las aspiraciones del primer ministro Orbán como nuevo líder de extrema derecha anti-Soros, la apuesta fue demasiado alta. En última instancia, los estudiantes no pudieron descarrilar la hostilidad del gobierno contra la universidad a pesar de –o quizá incluso debido a– la solidaridad internacional con la CEU y los debates desencadenados en el Parlamento Europeo y entre los socios de coalición de Fidesz en el Partido Popular Europeo.

3. Reformas laborales

La regulación laboral es el otro gran importante terreno político doméstico para la reindustrialización de Hungría donde el mercantilismo industrial alemán coincide con la capacidad estatal húngara. La primera enmienda principal del código laboral vino no mucho después de que Fidesz llegara al poder. Como lo mencionado anteriormente, la reforma laboral fue la continuación de prácticas previas dirigidas a atraer capital industrial alemán garantizando las condiciones laborales más flexibles posibles. Como importantes estudios han mostrado (Laki et al., 2013; Berki and Neumann, 2015), el código laboral de 2012 debilitó significativamente a los sindicatos e incrementó el poder directivo. Los cambios más recientes bajo la etiqueta de la «Ley de Esclavitud» se ajustan perfectamente a esta larga tendencia de flexibilización y desregulación. No obstante, la reforma general del código laboral del 2012 fue realmente el punto de inflexión en flexibilización: fue introducida una regulación del tiempo de trabajo acumulado asignado más descentralizado, lo que significa ayudar a las empresas a reajustar los ciclos comerciales muy agitados. La reforma hizo posible forzar a horas extra de trabajo cuando la demanda es alta, pero deja un mal salario o tiempo vacío sin pagar cuando la demanda es baja. Como consecuencia, los marcos de tiempo de trabajo bajaron los ingresos. A día de hoy, la extensión del tiempo de trabajo unas 400 horas por año es una forma de preparación para un ciclo descendente, en cuanto que no solo fuerza horas extra de trabajo en la reciente tendencia ascendente, sino que también permite a las empresas despedir trabajadores o dejarlos sin actividad cuando el ciclo cambie. De acuerdo con la nueva legislación, las empresas pueden elegir pagar las horas extra solo en el extenso periodo de inactividad, que en el caso de empresas de propiedad extranjera puede también ser beneficioso por optimizar la exposición de cambio de divisas.

Más aún, la flexibilidad lleva al sistema salarial a un estado donde el salario base es bajo y la proporción de varios elementos basados en logros es alta (p. ej. horas extra). Como resultado, varias formas de empleo precario, por ejemplo, agencias de trabajo temporal o contratos de duración determinada, han incrementado dramáticamente. Las agencias de trabajo temporal, por ejemplo, se duplicaron entre 2012 y 2014. Dentro de esta tendencia general, esto no es una sorpresa: a medida que las unidades de producción se reducen en la cadena de suministros –ahora rápidamente relocalizadas en Europa del Este– la calidad de los contratos también se debilita. Las empresas duplican sus beneficios de ello: pueden usar las condiciones laborales más favorables en las fábricas de Europa del Este mientras tienen también herramientas altamente disciplinadas cuando las necesitan para forzar concesiones de los fuertes sindicatos alemanes, donde los efectos de la deslocalización han sido también devastadores para los trabajadores de cuello azul (obreros manuales).

Régimen de workfare

Otro importante legado histórico reforzado por la serie de reformas laborales es que el mercado de trabajo húngaro se ha fragmentado altamente durante la transición. Por una parte, la demanda de fuerza de trabajo industrial está ahora en rápido crecimiento debido a la tendencia alcista del ciclo de negocio y de las masivas relocalizaciones industriales del país. Por otra parte, el desempleo estructural que tuvo como raíz la crisis económica mundial es todavía demasiado alto y concentrado demográficamente en las regiones más pobres del este del país. Para este segmento de la fuerza de trabajo, el gobierno de Fidesz introdujo otra medida de autocontrol, bautizada como la iniciativa de la fuerza de trabajo pública.

El programa de empleo público de Fidesz sustituyó anteriores subsidios por desempleo con una infraestructura que proporcionaba prestaciones por desempleo a cambio de trabajo público obligatorio (recanalizando fondos dedicados previamente a programas de transferencias sociales en esta dirección). La gente desempleada no es automáticamente escogida para participar en el programa: es labor de los gobiernos locales (dominados por Fidesz a lo largo del país) «invitarlos» al programa. Puesto bajo el control del Ministerio de Interior, este programa encarnaba los acuerdos de tendencias largoplacistas de las políticas postsocialistas, ampliamente criticadas por expertos por poner creciente poder discrecional en manos de las autoridades. El programa de subsidios por sí mismo, completado en su presente forma por Fidesz, fue iniciado por el gobierno socialista-liberal previo a 2010.

Durante el pico de desempleo después de la crisis de 2008, aproximadamente el 5% de la fuerza de trabajo húngara activa fue empleada por el programa de empleo público. Si bien, en este punto, el programa fue altamente criticado por las élites liberales como un malgasto de dinero, ganó popularidad entre la gente afectada, especialmente en regiones donde generaciones enteras habían estado condenadas a permanecer fuera del mercado de trabajo formal. El programa también fue popular en las clases medias rurales, quienes se habían visto frustradas por previas políticas de redistribución a los más pobres, una frustración que fue la base del triunfo de partido radical de derecha de Jobbik en la campaña anti-Roma de 2008-2010.

Este nuevo régimen de subsidios produjo efectos altamente controvertidos en las relaciones sociales locales. En muchas áreas, la mayoría de la población local optó por una nueva forma de sistema de clientelismo entre los municipios locales, representando las élites locales a los empleadores, y la gente de los programas de subsidios.

Dentro de estos sistemas, los alcaldes mismos se volvieron más dependientes de los fondos centrales para el programa público de empleo, ya que acceder a ellos también está basado en derechos personales y políticos. En pueblos pequeños esto creó una forma muy abierta y personalista de relaciones entre patrón y cliente al viejo estilo, que los medios liberales denominaron feudal. Este nuevo patrocinio piramidal está basado en una alta relocalización de los fondos centrales a través de finas conexiones políticas y de lealtad (similar a la manera en la que las compañías estatales tenían que negociar con el gobierno durante el estado socialista) pero también proporciona unas clases dominantes con las herramientas esenciales para disciplinar y regular la fuerza de trabajo local insatisfecha en áreas donde otras expectativas de empleo no existen.

Escasez de trabajo inesperada

En 2016, el ciclo de negocios pasó de dos décadas de abundancia de trabajo a una repentina escasez del mismo. Aunque el rápido desplazamiento fue una sorpresa para los legisladores, las tendencias estructurales detrás del proceso no eran nuevas en absoluto. Por una parte, la intensificación de la reindustrialización creó condiciones de incremento de la demanda para trabajadores de baja y media cualificación. Por otra parte, el libre movimiento de personas en la Unión Europea movilizó a los trabajadores húngaros con presiones económicas crecientes en su hogar a buscar mejores oportunidades en el extranjero. Debido al duro tratamiento de los trabajadores desde al menos 2012, algunos salieron en busca de mejores oportunidades no solo en Europa occidental sino incluso en países vecinos, como Eslovaquia o República Checa. Se estima que 600 000 personas han tenido que dejar el país en los últimos años. La mayoría de ellos no son solo los cualificados, para los que siempre ha habido alta demanda en Europa occidental, sino que también grandes segmentos de media o baja cualificación decidieron marcharse.

La escasez de trabajo ha supuesto tal problema para la industria, incluyendo los productores de coches alemanes, que incrementaron la presión en el gobierno de Fidesz para intervenir. Intentos anteriores se enfocaron en los trabajadores públicos, por ejemplo algunas enmiendas fueron agregadas a la iniciativa de prestación por desempleo pública, que permitieron a gente coger trabajos en la industria si el gobierno municipal aceptaba. Además, el gobierno anunció una reducción masiva de funcionarios públicos en la administración, con el propósito de empujar a la gente al mercado laboral. Estas medidas se mostraron insuficientes, ya que para muchos funcionarios públicos no era preferible dejar su relativamente fiable workfare (trabajo para cobrar una ayuda estatal) público donde podrían negociar con el alcalde, y pasar a un altamente explotador y convulso workfare industrial por algunos euros más. Para mayores y funcionarios públicos con experiencia que han servido a varias administraciones, los lugares de trabajo industriales no han sido una opción viable.

Este es el contexto en el que el gobierno decidió intervenir más radicalmente en las relaciones laborales en interés de la industria. Como los desafíos de la escasez de mano de obra se originan, en el contexto de una economía global, en una posición estructural de la economía húngara y la industria automotriz alemana más profunda, la solución no parece ser fácilmente lograble y la crisis política continúa en Hungría. Como última instancia, un grupo de diputados de todos los partidos parlamentarios opositores, incluidos liberales, socialdemócratas, verdes y miembros de la extrema derecha, entraron dentro de la televisión pública estatal a transmitir públicamente cinco demandas elaboradas con protestas civiles. Estas son: la cancelación de la ley de horas extra, menos horas de trabajo extra para agentes de policía, independencia judicial, unirse a la Fiscalía Europea y medios de comunicación públicos independientes. Los diputados pasaron una noche en el edificio de la oficina de la sede de la televisión pública, pero no pudieron expresar bien la demanda ya que fueron obligados a abandonar el edificio a la fuerza por una compañía de seguridad privada de la televisión. La empresa de seguridad solía ser parte de la red de negocios del ministro del interior antes de su inauguración ministerial. Después de que el presidente Áder firmara la enmienda del código laboral el 20 de diciembre, la Confederación Húngara de Sindicatos llamó al boicot y a la huelga general.

Trabajo y política: agencia en las demostraciones

Mientras la indignación ante la Ley de Esclavitud es compartida por la gran mayoría de la población, las estructuras que pueden dar voz y posibilidades concretas a tal indignación son relativamente débiles. La oposición parlamentaria, aglutinada en el terreno de la política simbólica, debido al arrollador poder político y de infraestructura de Fidesz, usaba activamente su poder organizativo residual para fomentar la visibilidad de las manifestaciones. Sus acciones dejaron claro, de nuevo, cómo de lejos se han desplazado las políticas húngaras hacia el autoritarismo. Sin embargo, también focalizaron la atención pública en políticos de la oposición y en llamadas a la acción que repitieron proyectos sin éxito para la unidad de partidos opositores, que han constituido el fin de cada ciclo de manifestaciones incluso desde 2010. Esto ayudó a desviar la atención fuera de la Ley de Esclavitud, de los trabajadores a los que afecta y de los pactos de comercio que tomaron un rol activo en las extensas y estructurales dimensiones del conflicto.

En la política del post-socialismo húngaro, los partidos de la oposición suelen apoyar las exigencias de los trabajadores y continuar con la tendencia flexibilizadora cuando llegan al poder. Antes de las elecciones parlamentarias en abril de 2018, el partido de la oposición más efectivo en unir sus filas para movilizar a los trabajadores de los collares blancos (oficinistas y administradores), quienes se decepcionaron con las severas condiciones de trabajo, fue el de extrema derecha Movimiento por una Hungría Mejor (Jobbik). La novedad de la situación hoy es que todos los partidos de la oposición buscan encontrar nuevas conexiones con los acuerdos de comercio, especialmente después de que Jobbik sufriera una importante derrota en las elecciones parlamentarias de abril. En la situación actual, los políticos del partido socialista, particularmente importantes en este compromiso, Jobbik, o la nueva formación de la oposición Momentum, haciendo campaña con una agenda liberal proeuropea, pueden difícilmente ganarse la confianza como aliados a largo plazo de los trabajadores.

Estudiantes y trabajadores

Lo novedoso de estas manifestaciones hoy día es que es la primera vez para estudiantes y trabajadores para organizarse explícitamente en solidaridad entre ambos colectivos. Los estudiantes que se sumaron a la manifestación clamaban su propia causa expresando solidaridad con los trabajadores. Un nuevo medio de izquierdas, Merce.hu, cubrió las manifestaciones nuevas desde una perspectiva de trabajo y de sindicato.

El sindicato del sector del metal (Vasas) también expresó simpatía recíproca con los estudiantes. Vasas suele reunir sindicatos de grandes empresas, especialmente de aquellas con gran demanda de fuerza de trabajo. Se ha llamado a una huelga general, pero el panorama no carece de interrogantes. Los mismos sindicatos fueron descentralizados durante el periodo de transición y muchas de las negociaciones industriales tuvieron lugar a nivel de fábrica. En el lado de los trabajadores, las organizaciones han sido débiles ya desde el cambio de régimen. Debido a la descentralización de las negociaciones colectivas del sector a la fábrica, los sindicatos tendieron a operar bajo una política no conflictiva, lo cual también refleja su dependencia de la buena voluntad del poder central. Algunas huelgas decisivas en la industria del automotor en los últimos años señalaron la decadente significancia del trabajo en este sector. Hoy, muchos sindicatos reaccionaron contra la Ley de Esclavitud con un abierto y explícito rechazo y con amenazas de huelgas, lo cual es nuevo elemento. En su dureza, la Ley de Esclavitud podría dar una oportunidad para un cambio de paradigma en la organización sindical –hacia a un modelo menos dependiente que está más integrado con la participación obrera. Además, tales colaboraciones entre trabajadores y estudiantes podrían construir conexiones que puedan ser significativas en el futuro; al actual nivel de dependencia de los trabajadores de las diversas funciones del régimen, y la falta de un poder organizativo de masas de los sindicatos que precediera la Ley de Esclavitud, la capacidad sindical de organizar una base de masas para la resistencia debe ser limitada.

Conclusión

Vemos el conflicto político que estalló alrededor de la Ley de Esclavitud como un choque reflejando la velocidad con que el nuevo régimen local autoritario ha estado reprimiendo las capacidades de reproducción social en servicio del capital internacional. Mientras los debates políticos en el mundo occidental tendían a describir Hungría como un caso exótico de extremo iliberalismo doméstico, vemos este régimen como un caso de cómo funciones destructivas y disciplinantes de la crisis capitalista presente son incorporadas en la sociedad local en regiones que tienen menos capacidad de exportar sus crisis a otro lugar. A medida que la crisis económica fuerza a la industria alemana a reorganizar y privar de derechos a las regiones del sur de Europa, los nuevos regímenes autoritarios en Europa del Este parecer entrar en alianza económico-política con ella, tratando de conformar políticas europeas para su propio beneficio.

Atrapado entre sus propias aspiraciones y las necesidades de la industria alemana, frente a la actual mejora económica y el contexto de escasez severa del trabajo, la no muy innovadora solución de Fidesz fue usar su autoridad al máximo para promover una mayor flexibilización y formas explotadoras de control laboral. Este movimiento acrecienta el conflicto de clase en el que el régimen es construido, y transforma lo parcialmente en un conflicto político. La indignación por la Ley de Esclavitud marca un momento clave cuando el asunto del trabajo fue encarado en el discurso político público en un nivel sin precedentes desde el cambio de régimen. Las luchas en su contra están configurando coaliciones y capacidades organizativas que podrían ser significativas en el futuro. No obstante, la agencia que ha está naciendo en la resistencia a la ley está encarando el peso y la inercia de un sistema global en colapso.

Fuente: https://www.lahaine.org/mundo.php/la-economia-politica-de-la

 

 

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