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Así es la brecha territorial de los sueldos de la enseñanza pública: 6.000 euros en la escuela, 8.000 en el instituto y 9.000 en FP

Un informe de CCOO pone sobre la mesa las enormes diferencias de salario de los profesionales del sector educativo, a las que se añaden otras de menor cuantía en la duración de la jornada lectiva.

«Somos un cuerpo estatal, con un sueldo base igual en todo el país. La diferencia está en los complementos, que cada comunidad aplica como considera», explica Guillermo Herráiz, responsable de Enseñanza de CCOO en Aragón, organización que denuncia en un informe cómo los salarios medios finales de los maestros y profesores de la enseñanza pública pueden llegar a tener horquillas de alrededor de 9.000 euros.

Eso ocurre en la FP, donde entre los 31.808 euros brutos anuales de un profesor aragonés y los 40.796 de otro que trabaje en Euskadi se da una diferencia de 8.988, una brecha que se reduce ligeramente en las escuelas y los institutos.

Los cálculos incluyen, en todos los casos, los complementos que se cobran junto con los sueldos básicos por antigüedad, formación, desempeño de cargos u otros motivos como la insularidad.

«Somos un cuerpo estatal, con un sueldo base igual en todo el país. La diferencia está en los complementos, que cada comunidad aplica como considera», explica Guillermo Herráiz, responsable de Enseñanza de CCOO en Aragón, organización que denuncia en un informe cómo los salarios medios finales de los maestros y profesores de la enseñanza pública pueden llegar a tener horquillas de alrededor de 9.000 euros.

Eso ocurre en la FP, donde entre los 31.808 euros brutos anuales de un profesor aragonés y los 40.796 de otro que trabaje en Euskadi se da una diferencia de 8.988, una brecha que se reduce ligeramente en las escuelas y los institutos.

Los cálculos incluyen, en todos los casos, los complementos que se cobran junto con los sueldos básicos por antigüedad, formación, desempeño de cargos u otros motivos como la insularidad.

«Las diferencias salariales entre territorios vienen determinadas por las retribuciones que tienen carácter autonómico, englobadas en las retribuciones complementarias», advierte el documento, que anota cómo «en la última década ha habido distintos recortes y congelaciones salariales en todo el Estado que se han traducido en una pérdida de poder adquisitivo docente».

En la enseñanza Primaria las diferencias se sitúan en los 5.740 euros que separan los 30.995 que paga el Gobierno de Aragón de los 36.736 que recibe un maestro en Ceuta, en este caso con un complemento específico por las peculiaridades del enclave, y en Secundaria ascienden a 8.244, de nuevo con los mismos territorios en los extremos aunque ahora con los registros en 34.726 y 42.970; siempre, en términos de salario bruto anual.

«Cada comunidad ha ido aplicando los complementos que ha considerado oportunos«, remarca Herráiz, que asegura que «en Aragón hay un bloqueo de la negociación. Nos reunimos mucho con la Consejería de Educación pero apenas ha habido avances desde 2016. La enseñanza ha dejado de ser prioritaria».

En cualquier caso, los salarios brutos de cualquiera de esos tres segmentos de la enseñanza pública se encuentran claramente por encima del salario medio de 22.837 que, según las estimaciones del INE, recibe en España un trabajador con un empleo tipo, y se les aplica la subida del 0,9% que contemplan los Presupuestos Generales del Estado para los sueldos públicos.

«Globalmente, si unimos nuestra última posición en materia de retribuciones, nuestro liderazgo en cuanto a horas lectivas y la alta tasa de interinidad, nos convierte en el profesorado con las peores condiciones laborales del Estado«, concluye el informe, titulado El profesorado peor pagado de España.

El Gobierno de Aragón, que sostiene que en los últimos siete años ha reducido los ratios de alumnos por clase, el nivel de interinidad y el horario lectivo de los profesores de secundaria, matiza la posición del sindicato en el ámbito salarial: «en 2016 se aprobó la extensión de nombramientos de interinos hasta el 31 de agosto, permitiendo recuperar el cobro íntegro de las retribuciones de este colectivo los meses de verano», a lo que se añade que el primer llamamiento se efectúa el primer día hábil de septiembre, señalaron fuentes de la Consejería de Educación.

El estudio pone sobre la mesa dos constantes sobre las políticas salariales de las comunidades autónomas en materia de enseñanza: los enclaves africanos y los territorios forales ocupan los primeros puestos por la cuantía de los salarios tanto en Primaria como en Secundaria, mientras que inmediatamente por encima de Aragón en la cola se alternan en los dos casos tres de los gobiernos autonómicos emblemáticos del PP como son los de Madrid, Andalucía y Castilla y León.

La tendencia a pagar sueldos bajos de los gobiernos del PP

En la FP, Canarias desplaza a Navarra en el grupo de cabeza mientras en el de cola Catalunya ocupa el lugar de Madrid, lo que vendría a confirmar, con esa excepción y por pasiva, la tendencia a la cicatería de las administraciones de signo conservador en la enseñanza pública, reforzada también por la aparición de Galicia cerca de esos puestos de cola en los dos principales grupos.

Galicia, Andalucía y Madrid aparecen, por el contrario y por este orden, como los territorios en los que menor tasa de interinidad sufren los profesionales de la enseñanza, con un 5,2% en la primera de ellas y un 13,1% y un 14,3% en las otras dos cuando la media estatal se sitúa en el 22,6% y alcanza cotas superiores al 33% en Navarra, Catalunya, Euskadi y Aragón.

«La inestabilidad en el empleo docente (…) también afecta a la calidad docente, no porque el personal interino tenga menos capacidad para realizar su trabajo, sino porque la alta rotación de personal en un mismo centro educativo dificulta que los proyectos y programas que allí se desarrollan tengan la adecuada continuidad», señala el informe, que también dedica un apartado a la duración del horario lectivo.

Las «situaciones asimétricas» con la jornada lectiva

La llamada Ley Celáa, vigente desde mediados de 2019, recomienda «con carácter ordinario un máximo de veintitrés horas [semanales] en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y un máximo de dieciocho horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas de régimen general», aunque deja al criterio de las comunidades la determinación de esa jornada.

En realidad , solo en cuatro territorios, en Navarra, Euskadi, La Rioja y la Comunitat Valenciana, se aplica la jornada semanal de 23 horas en Primaria y en Infantil, mientras otras tres, Cantabria, Castilla y León y Catalunya, la han recortado a 23.

El seguimiento de la recomendación ha sido mayor en Secundaria y FP, con reducciones a 18 horas de carga lectiva semanal por profesor en La Rioja, Navarra, Euskadi, Andalucía, Asturias, Galicia, Canarias y la Comunitat Valenciana y un régimen de 19 en Baleares, Cantabria, Catalunya, Extremadura y Castilla y León.

Madrid, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y los dos enclaves africanos son los únicos territorios que mantienen las jornadas más amplias en ambos casos.

Esas decisiones, señala el documento, han generado «situaciones asimétricas entre los distintos territorios y, en consecuencia, un agravio comparativo en las condiciones de los y las docentes en función de su enclave territorial«, ya que, según el sindicato, «el aumento de la carga lectiva resta, de facto, tiempo para otras tareas docentes como la programación, la preparación de clases, evaluación, formación, corrección, atención a alumnado y familias o innovación».

Fuente: https://www.publico.es/economia/educacion-publica-brecha-territorial-sueldos-ensenanza-publica-6000-euros-escuela-8000-instituto-9000-fp.html

 

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Matrículas en escuelas privadas de Panamá caen 15,8 % y en públicas suben 5 %

La matrícula para el año escolar 2022 en Panamá, que comenzará el próximo lunes con la modalidad presencial obligatoria, cayó un 15,8 % en las escuelas privadas mientras que en las escuelas públicas subió un 5 %, informó este viernes el Ministerio de Educación (Meduca).

A partir del lunes próximo más de 950.000 estudiantes regresarán a las aulas tras dos años de educación a distancia y semipresencial, modalidad esta última que se implementó durante una parte del año pasado y no en todas las escuelas, debido a la pandemia de la covid-19.

Las proyecciones de la Oficina de Estadísticas del Ministerio de Educaciòn señalan que al sistema educativo ingresarán 954.233 estudiantes este año lectivo 2022, tanto en el sector oficial como en el particular, segùn un comunicado oficial.

«De acuerdo con el desglose, en las escuelas públicas se tiene un estimado de 840.497 alumnos inscritos, con un incremento anual de 5 %. En los colegios particulares suman 113.736 los educandos. Este caso representa una disminución de 15,8 %», detalla el Ministerio.

La crisis derivada de la pandemia ha golpeado con fuerza el empleo en Panamá, un país de 4,28 millones de habitantes y con una economía de servicios muy expuesta a factores externos.

En el 2020, con el cierre prácticamente de todas las actividades no esenciales, el desempleo se disparó hasta el 18,5 %, la tasa más alta en 20 años y más del doble de la última medición previa (7,1 %), y la informalidad llegó al 52,8 %

Las autoridades educativas previeron una migración de estudiantes del sector privado al público debido a la crisis económica, así como también la desvinculación total del sistema de una parte de los estudiantes.

En este contexto, ya algunas escuelas privadas de Panamá están convocando a los padres para aplicar aumentos en las mensualidades en el 2023.

Un estudio de Unicef presentado la semana pasada reveló que 100.700 niños y adolescentes de entre 5 y 20 años de edad están «fuera de la escuela» en Panamá, otros 59.100 están en riesgo moderado de abandonar los estudios y 29.800 en riesgo grave de hacerlo.

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/panam%C3%A1-educaci%C3%B3n_matr%C3%ADculas-en-escuelas-privadas-de-panam%C3%A1-caen-15-8—y-en-p%C3%BAblicas-suben-5–/47404410

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Así nació la enseñanza concertada

Javier González Moreno

España difiere del resto de países europeos en un aspecto fundamental: mientras en Europa la educación privada generalmente apenas sobrepasa el 10% del sistema educativo, en España alcanza el 30%. Además, en España esa educación privada recibe grandes cantidades de dinero público. ¿Qué hechos históricos han llevado a esta situación? Un breve recorrido histórico nos permitirá también comprender qué es la educación privada concertada y desechar algunos mitos.

Las subvenciones empiezan en el tardofranquismo

En el siglo XIX la fuerte influencia de la Iglesia en España impidió que el Estado asumiera la educación y formara un sistema educativo nacional como en el resto de Europa. Las escasas escuelas existentes siguieron siendo en su mayoría propiedad de la Iglesia y el analfabetismo campó a sus anchas hasta principios del siglo XX. La II República trató de solucionar esta situación pero la Guerra Civil truncó cualquier avance. El franquismo entregó a la Iglesia toda la educación en pago por su apoyo en la Guerra Civil y durante décadas persistió la desescolarización endémica.

En los últimos años del franquismo, organismos internacionales como la UNESCO presionaron a España para que hiciera mayores esfuerzos en educación. Fruto de esto, en 1970 se declaró gratuita y obligatoria la educación entre los 6 y los 14 años de edad (la famosa EGB).

Sin embargo, en aquel momento existía un gran número de centros privados que venían impartiendo estas enseñanzas, en su inmensa mayoría propiedad de la Iglesia católica. Tras esta declaración de gratuidad y obligatoriedad, estos centros privados presionaron al Estado para obtener subvenciones aduciendo que era la única manera de garantizar esa gratuidad para los alumnos que escolarizaban. Con el Ministerio de Educación dominado por fuerzas afines a la Iglesia, muy pronto las subvenciones se multiplicaron sin control.

Mención especial merece el fraile presidente del sindicato vertical de enseñanza franquista, convertido en patronal de la enseñanza en la Transición. Su estrategia para las subvenciones fue conseguir primero unas ayudas a la gratuidad en unos pocos centros, luego unas subvenciones al 30%, luego al 50%, etc. Era la estrategia de la “mancha de aceite”, que una vez que cae sobre la tela se extiende sola.

La Transición y el miedo a una guerra educativa

Los intentos de estatalización de la enseñanza de la II República habían constituido una de las causas de la Guerra Civil. Y la izquierda de la Transición no deseaba repetir ninguna guerra, por lo que la estatalización de todo el sistema educativo quedaba descartada de antemano.

En 1978 se promulgó nuestra Constitución, que es una de las más extrañas de Europa respecto a la educación. Aunque se proclama un derecho a la educación y se encomienda al Estado la organización de la escolarización, no se atribuye al Estado la responsabilidad de su prestación. También se proclama la libertad de enseñanza al mismo nivel que el derecho a la educación y se incluye una referencia a las subvenciones públicas a los centros privados. La Constitución, y las sentencias del Tribunal Constitucional de 1981 y 1985, son muy favorables para los intereses de la enseñanza concertada.

El gobierno socialista pacta los conciertos con la Iglesia

En 1982 llega al gobierno el PSOE de Felipe González. La prioridad para el PSOE era la “modernización”: en educación había que superar la “historia de escasez, inhibición del Estado, politización y ardor ideológico” y centrarse en lograr una escolarización a niveles europeos. Para ello había que promulgar una ley de escolarización que fuera a durar, es decir, que fuera aceptada por todos los actores políticos, incluida la Iglesia.

Las negociaciones con la Iglesia y la derecha parlamentaria fueron muy duras porque estos actores no renunciaban a sus posiciones maximalistas: que el Estado financiara la enseñanza privada sin contrapartidas, incluso absteniéndose de construir centros para no hacerles la competencia. La pretensión de los representantes de los obispos era que el Ministerio de Educación siguiera bajo su influencia como durante el franquismo. De hecho, en la primera reunión con el ministro socialista, presentaron sus propios decretos con el objeto de que fueran firmados y publicados en el BOE, como había venido siendo habitual.

El resultado fue la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985 (LODE), que establecía el siguiente pacto entre Iglesia y Estado (uno más de los pactos de la Transición): la Iglesia conservaba su sistema escolar y recibía subvenciones más estables y cuantiosas, pero a cambio sus centros debían comportarse como centros públicos, es decir, escolarizar sin discriminaciones y gratuitamente. Un concierto es un contrato que ambas partes deben cumplir, se da una financiación pública para prestar un servicio en unas condiciones.

Hay que destacar que el pacto se hizo principalmente para aplacar a la Iglesia y evitar cualquier atisbo de guerra escolar que pusiera en peligro al nuevo régimen político. Todo cuanto se ha dicho de que los conciertos nacieron porque el Estado no tenía dinero para crear suficientes colegios es prácticamente un mito. Y esto se demuestra en que, cuando los obispos se negaron a firmar los conciertos porque consideraban inaceptables las mínimas contrapartidas que se les pedían para recibirlos, el ministro socialista afirmó que la mayoría absoluta socialista en el Congreso aprobaría un crédito extraordinario para inundar España de colegios públicos. Los obispos firmaron los conciertos y esperaron a otros gobiernos que desarticularan los mínimos controles que se habían establecido.

El efecto de los conciertos en el sistema educativo

Realmente los conciertos de la LODE no fueron un invento socialista: se inspiraron en la los artículos 94 y 96 de la Ley General de Educación franquista de 1970. Estos dos artículos preveían un sistema de conciertos con centros privados, pero la falta de voluntad política y la inestabilidad de la Transición provocaron que durante años se funcionara con un sistema “provisional” de subvenciones sin control.

Con la LODE y su sistema de conciertos la educación quedó como un servicio público “impropio”, de segunda categoría, prestado por una “red integrada” de centros privados concertados y centros públicos. Esto significa que ambos tipos de centros son parte integrante del sistema educativo español. Así lo afirma la vigente LOE-LOMLOE en su artículo 108.4: “La prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados”. En tanto la mayoría de estos centros concertados son propiedad de la Iglesia, se puede afirmar que en España la Iglesia forma parte del Estado en educación.

Según la ley, ambos tipos de centros son responsables de la escolarización de todos los alumnos del país, sin discriminaciones y gratuitamente. La realidad es otra, principalmente por las famosas “cuotas voluntarias” que en la práctica son obligatorias en muchos casos y que sirven de filtro para no escolarizar a mucho alumnado con dificultades socioeconómicas. Además, la concertada no está obligada legalmente a establecerse en lugares de difícil cobertura (mundo rural, barrios conflictivos, etc.). Con todo esto se ha pervertido el sistema y se ha conseguido que la subsidiaria sea la pública. La afirmación en la LOMLOE de que “la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo” es mera retórica sin efecto legal (apenas se menciona en el preámbulo de la ley) y un magro reconocimiento para los centros públicos, que son los únicos garantes reales del derecho a la educación en todos los rincones de España y para todos los ciudadanos.

Una pregunta final

Han pasado ya 47 años desde la implantación del sistema de conciertos educativos, que constituye una anomalía en Europa. El gobierno socialista de entonces pactó con la Iglesia que sus centros educativos recibirían fondos públicos y estos se comportarían como públicos, escolarizando sin discriminaciones y gratuitamente. En aras de la calidad democrática y de la eficacia en la gestión de los recursos públicos debemos hacernos esta pregunta y actuar en consecuencia: ¿Se ha cumplido el pacto?

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Vietnam por implementar medidas integrales para garantizar seguridad de estudiantes en escuelas

Bajo la orientación del Ministerio de Salud de Vietnam, el Ministerio de Educación y Formación, y las localidades del país elaboraron las hojas de ruta, implementaron los ensayos y prepararon las condiciones necesarias para que los niños regresen a las escuelas de manera segura.

Así lo afirmó hoy el titular del Educación y Formación de Vietnam, Nguyen Kim Son, al responder a preguntas de diputados de la Asamblea Nacional, y subrayó también que la reapertura de los centros educativos en todo el país es una necesidad y una tendencia evidente.

Precisó que hasta el momento, el 88,25 por ciento de los alumnos en Vietnam tomó las clases en forma presencial, después de que la cartera había difundido a los maestros y padres las medidas de respuesta a los casos del COVID-19 en escuelas.

Mientras tanto, apuntó que las localidades vietnamitas pueden ajustar con flexibilidad el tiempo de finalización del curso escolar 2021-2022, de acuerdo con la situación epidémica.

Como parte de los esfuerzos para adaptarse a la nueva situación, 55 de las 63 ciudades y provincias de Vietnam adoptaron los planes para el regreso a escuelas de los niños en edad preescolar tras las vacaciones del Tet (Año Nuevo Lunar), mientras 57 permitieron la reapertura de escuelas primarias, y 59 aceptaron la reanudación de las enseñanzas secundaria y preuniversitaria, especificó.

Los datos señalaron que solo el 18 por ciento de los alumnos infectados contrajo el coronavirus en escuelas, y la mayoría se contagió en sus hogares, señaló el ministro.

Mientras tanto, al contestar a las preguntas de parlamentarios sobre el plan de vacunación para los niños de cinco a 11 años, el viceministro de Salud Do Xuan Tuyen precisó que el Primer Ministro ya autorizó la compra de casi 22 millones de dosis de vacuna Pfizer para ese grupo etario, los cuales llegarán a Vietnam antes del 30 de abril.

Puntualizó que el Ministerio ha orientado a los centros de atención médica locales sobre la vacunación de manera segura a los menores, y las respuestas en caso de emergencia./.

Fuente: https://es.vietnamplus.vn/vietnam-por-implementar-medidas-integrales-para-garantizar-seguridad-de-estudiantes-en-escuelas/153712.vnp

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Nueva Ruta Educativa O Moda Sexenal Trasnochada

Por: José Luis Coronado Alvarado

Sin duda desde la llegada al Gobierno Federal  de la 4T, se generaron expectativas sobre el nuevo rumbo que seguiría la educación nacional y primero con Esteban Moctezuma Barragán, quien llego con la moda del buen trato a los educadores y planteando el esquema de la Nueva Escuela Mexicana y eliminando lo punitivo de la Reforma Peñanietista en la Materia, sin embargo todo quedo solo en eso, en la mera declaración de la eliminación del esquema de Permanencia, que tanto ruido hizo en el sexenio de triste memoria y que de hecho, trajo tantos dolores de cabeza al magisterio nacional y en donde la figura antes respetada de los educadores, fue puesta por los suelos, ridiculizada y satanizada por los poderes facticos de nuestro país, beneficiarios de la ancha avenida privatizadora que en ese entonces se puso en marcha y siguió su curso.

Ya con más discreción, o dicho sea de paso, de manera más opaca en  lo mediático, la Secretaria Delfina Gómez, ha planteado, en la hora actual,  desde una visión simplista y sexenal de corto alcance y de retardada puesta en marcha, la consulta para cambiar los Planes y Programas de Educación básica y en estos vaivenes, que luego se convierten en pesadilla para los educadores, porque luego pareciera que se trata de volver a empezar en  la ruta educativa, nuevos conceptos, formatos, criterios y formas de ver el panorama que de hecho ya se conocen en  el magisterio y que aspiran a presentar como una reforma de gran calado y otra vez, a prepararse en los nuevos conceptos y en la visión que al final de cuentas sigue siendo la misma gata solo que con una nueva revolcada y entonces valdría la pena preguntar….¿Y luego que paso con los resultados de los foros educativos realizados en distintos lugares de la geografía nacional? ¿Acaso ello solo dio para la ju8stificacion del trabajo de Moctezuma en la SEP? ¡Y ahora hasta el SNTE se apunta desde sus dirigencias nacional y seccionales listos para participar! ¿Y la bilateralidad ausente por complicidad, sometimiento o simples intereses económicos? ¡Al tiempo las respuestas!

Y bueno si hasta Gilberto Guevara Niebla y , beneficiario de las críticas hacia los educadores  y su sindicato en tiempos dela Negra Noche padecida por el magisterio en el sexenio anterior , saco a relucir su visión, pero no olvida citar al actual gobierno y sus precedesores, de querer acabar con lo anterior en el caso actual, por considerar los daños neoliberales a la educación Pública, sin embargo vale decir, que  a la fecha,  se siguen planes y programas del pasado, libros neoliberales de mucha paja y distorsionado contenido, sin una visión clara de lo que requiere el ciudadano de este siglo, padeciendo aun las oscuridades de tiempos idos y sin reconocer el papel  que han venido jugando de manera importante los educadores en este trance educativo.

Bien por el propósito de aspirar al hombre y la mujer nuevos, aunque en esos conceptos de separación suene más a modismos como aquello de los niños, las niñas y los adolescentes y…. preguntaba un viejo maestro…¿Y no hay adolescentas? Y la pregunta obligada ¿Acaso no ha sido siempre el papel histórico de los maestros formar ciudadanos nuevos y de bien? ¡Más interrogantes, sin duda hay, que posteriormente tendrán respuesta!

Y vale la pena  rescatar el carácter universalista y nacionalista del conocimiento, la diversidad como punto de partida de los aprendizajes y buscar en lo comunitario el nuevo horizonte de la educación………¿Acaso no lo han hecho antes los educadores?

Y entonces el planteamiento central pudiera ser que el ciudadano nuevo a formar requiere de una visión clara y comprometida, que siempre has estado presente en las maestras y maestros del país y que aun en medio de la contingencia, han sabido enfrentar el reto para el que no fueron formados, ni capacitados ni profesionalizados por la SEP…..Si  va a haber una reforma de gran calado por que no empezar por el compromiso de la SEP para con sus maestros y la niñez para crear la nueva ruta por la que han de fortalecerse, los educadores, el normalismo , los niños y jóvenes y la sociedad mexicana en la nueva era de la Educación Publica Nacional evocando a Vasconcelos a poco más de 100 años de haber fundado esa gran  Institución que es la SEP ¿Habrá voluntad para ello? ¿Al tiempo las respuestas!

Por lo pronto y en anuncio de última hora ya todos a clases  presenciales, sin decir el cómo, ni hacerse cargo de lo que cuesta el retorno por las necesarias medidas sanitarias a implementarse, al fin que no hay problema eso lo sacan adelante los profes…. ¡Será? ¡Hasta la próxima!

Fuente de la información: https://insurgenciamagisterial.com

Fotografía: etcétera

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Colegios públicos vs colegios privados: crece la brecha de desempeño en Colombia

Entre las muchas de las graves consecuencias para la educación que dejó el cierre de instituciones educativas, hay una que está causando especial preocupación: la brecha que hay entre los colegios públicos y privados. En 2021 creció. (Lea Icetex tiene abierta convocatoria para dar 29 mil créditos para educación superior)

Así lo acaba de revelar un análisis hecho por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana. Tras examinar los resultados de las Pruebas Saber 11 (calendario A), que presentan quienes están a punto de graduarse del colegio, observaron que en comparación a 2019 la brecha de desempeño entre colegios públicos y privados creció 7 puntos, a favor de los privados.

Hay varias áreas en las que esa “brecha” creció de manera desproporcionada. Una es inglés: pasó de 7.8 puntos a 10.2. Matemáticas es el otro caso preocupante, pues es en la que peor se encuentran los colegios oficiales frente a los privados. En esa área en 2021 la brecha fue de 6.2 puntos, mientras que en 2019 fue de 4.5. En lenguaje sucedió algo similar: pasó de 4.2 puntos a 5.9.

Otra brecha de desempeño que también creció fue la que existe entre los estudiantes de zonas urbanas y los que están en zonas rurales. “Mientras que para el 2019 la brecha fue de 24.1 en el puntaje global, en 2021 (el año de la mayor brecha de los últimos cinco años), subió a 26 puntos”, explica el LEE en un comunicado.

“Históricamente, los estudiantes de colegios de la zona urbana del país obtienen mejores puntajes que sus pares de la zona rural, pero la pandemia trajo aún mayores desafíos para que los estudiantes rurales continuaran con sus estudios. En muchos casos, tienen menos acceso a herramientas tecnológicas, servicio de internet o eléctrico, o incluso están ubicados en zonas remotas a las que no llegaron guías o cartillas físicas”, añaden.

“La ausencia de internet y computador en casa para algunos estudiantes, especialmente de colegios oficiales, evitó el correcto desarrollo de las clases remotas, dando pie a un aumento de las ya existentes brechas entre estudiantes de colegios privados y públicos” aseguró Gloria Bernal, codirectora del LEE. (Lea Becas para pregrado, maestría y doctorado en Azerbaiyán, ¿cómo aplicar?)

Otra de las cifras recopiladas por el Laboratorio y que resultan muy preocupantes son las que se refieren a los estudiantes que debieron trabajar el año pasado. Entre el 2019 y el 2021 esa cantidad aumentó 16,1%. La mayor parte de ellos se encuentran en el sector público.

Entre sus recomendaciones para resolver este grave problema se encuentran que el Gobierno tome “acciones concretas para reducir las persistentes brechas educativas”, que se midan “los rezagos en el aprendizaje” y que “las autoridades y establecimientos educativos implementen estrategias de nivelaciones académicas que permitan recuperar los aprendizajes perdidos en las áreas básicas”.

Fuente: https://www.elespectador.com/educacion/colegios-publicos-vs-colegios-privados-crece-la-brecha-de-desempeno-en-colombia/

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Inaction by government fueling exploitation and inequity in education in Uganda

By Angela Nabwowe Kasule, ISER, Uganda

There are glaring barriers to continuity of education for vulnerable children impacted by COVID-19 in Uganda. The Uganda National Planning Authority in a report about the safe opening of the education sector projected that over 30% of learners may never return to school due to teenage pregnancies, early marriages, and child labour. In as much as these issues are documented, and authorities at both national and local government levels are aware of them, there is no evidence that concrete steps are being taken to address them.

High cost of education

When schools opened in January 2022, after almost two years of closure, media was awash with stories of exorbitant school charges and how parents were struggling to find money to take their children back to school. In Uganda, it is now normal that families have to borrow to pay for basic education. This worsened following the economic downturn as a result of the pandemic.

The 2021/22 Global Education Monitoring Report showed that 30% of families in Uganda have to borrow to afford their children’s education. Uganda’s National Planning Authority in a 2020 policy brief found that public education spending has barely kept pace with the growth in the school-age population hence the increased burden on households. The household share in total education expenditure increased from 53% a decade ago to 69%. Spending on education by the poorest 20% of households grew by 11% over the last 15 years.

While many families moved their children from private to public schools as a cost-saving measure, some are unable to afford non-tuition fees even in those schools. It is also true and very painful that government-aided schools that receive state funds charge the same fees as private for-profit schools, ranging from 1 to 3 million Ugandan shillings ($286–$858), while the median monthly earnings for an employed person are 200,000 Ugandan shillings ($57). The Uganda National Household Survey 2019/2020 report found that the main reason for six in every ten persons who had left school was the costs associated with education.

Child labour and return to school

The lockdowns imposed to slow the spread of the coronavirus negatively impacted livelihoods and jobs. ‘I Must Work to Eat’, Child Labor in Ghana, Nepal and Uganda, a joint research report published by Human Rights Watch, ISER and Friends of the Nation Ghana, documents how mass school closures and unprecedented loss of jobs and income forced many children to enter the workforce to help families survive. The engagement in economic activity increased the opportunity cost of returning to school of boys in particular. In the island communities of Namayingo District in Eastern Uganda, only 359 of the 777 learners returned to Butanira Primary School when schools reopened. At Nkokonjeru UMEA Primary School located in Buikwe District on the shores of Lake Victoria, only 219 of the 410 learners returned. In both districts, school administrators told ISER’s community advocates that children are engaged in fishing activities on Lake Victoria.

Influx of learners from private to public schools

Despite the inadequacies with the public system, which as the 2021/2 GEM Report showed can also be found in other countries, there has been an influx of learners from private to public schools mainly due to high cost and closure of private schools. This influx has put a stress on the already inadequate infrastructure; there is overcrowding and social distancing is not possible. At Kifuyo Secondary School in Namayingo District located in Eastern Uganda, the enrollment went up from 680 learners to 1,100.

Some private schools, in particular low-cost private schools, did not open in January 2022 because they were sold off and turned into merchandise shops while others were converted into rental houses. The National Planning Authority estimated that 3,507 primary schools and 832 secondary schools were likely to close due to financial distress. A case in point is the Bridge Schools in Uganda, commonly known as Bridge International Academies, that closed shop. A Bridge School in Kinoni, Lwego District in Central Uganda, was turned into a chicken house but was later demolished because it was on rented land.

The case of pregnant girls

Many girls got pregnant while others were forced into early marriage as a result of the prolonged school closure. A UNFPA report on addressing  teenage pregnancy during the COVID-19 pandemic revealed that  a total of 354,736 teenage pregnancies were registered in 2020, and 196,499 in the first six months of 2021. When schools reopened in January 2022, many pregnant girls reported back to school encouraged by the directive from government that schools accept them back. At Wiggins Secondary School in Kumi District in Eastern Uganda, there are 5 pregnant girls and 5 are breastfeeding. Most schools that have registered pregnant girls or young mothers are in rural areas. However, some girls are still facing stigma and discrimination partly due to pronouncements by an Anglican Bishop stopping Church of Uganda founded schools from accepting back pregnant girls.

Attempts at seeking remedy

On 11 January 2022, a case was filed in the High Court of Uganda against the state for breach of its duty to protect, respect and fulfil the right to education for all. In this civil suit, the applicants, ISER, together with Andrew Karamagi and Micheal Aboneka, want the court to issue an order compelling the Minister of Education and Sports to immediately exercise its statutory obligation under the Education Act 2008 to regulate tuition and non-tuition charges payable at any school or education institution in Uganda. The applicants also want the court to ban the mandatory solicitation of school requirements (and any other non-cash contributions) by any school or education institution.

To address gender and equity issues that are impeding access to education for girls, the case seeks the court’s pronouncement on the rights of pregnant girls and nursing mothers to education and the need to create a framework to provide facilities for them in all schools and education institutions in Uganda. The hearing of this court case is scheduled for 24 February 2022.

It is a given that government must increase investment in public education to reduce the burden for households. The influx of children from private to public schools points to issues of sustainability, which makes a compelling case to strengthen public education because it absorbs the poor and disadvantaged children who make up the majority. In Uganda, however, there is hope. A new Education Policy Review Commission has just been established to look into what needs to be done differently to make the education system a catalyst of socio-economic transformation.

 

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