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Colombia: La Usco en la lucha por la educación pública en el Congreso de la República

Colombia/30 octubre 2017/Fuente: La Nación

Las directivas de la Universidad Surcolombiana estuvieron presentes en un evento especial de la Cámara de Representantes para contribuir a la preservación de los recursos destinados por el Gobierno Nacional para la educación pública superior.

Así las cosas, el rector de la Universidad Surcolombiana, Pedro León Reyes Gaspar, participó en el Foro sobre la Financiación de la Educación Superior Pública, realizado hoy en el Salón José Fernando Castro Caicedo donde sesionó la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes del Congreso de la República.

El directivo quien fue en calidad de Vicepresidente del Sistema Universitario Estatal SUE, defendió la propuesta de elaborar un proyecto de ley que permita reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 por la cual se organiza la Educación Superior en Colombia, con el propósito que el presupuesto de las universidades públicas se incremente en el IPC más cuatro puntos a partir del próximo año, toda vez que como es sabido, el recorte presupuestal que paulatinamente han sufrido las universidades durante los últimos años, no les permitir cubrir todas sus necesidades.

En el recinto también hicieron presencia delegados del Ministerio de Educación Nacional MEN, ICETEX, Colciencias y directivos de otras instituciones de Educación Superior.

Fuente: http://www.lanacion.com.co/2017/10/27/la-usco-la-lucha-la-educacion-publica-congreso-la-republica/

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Honduras: “se pone en riesgo la educación pública y se crean condiciones para el avance de la educación privada”

Honduras/ Autor: Redacción Ecuador / Fuente: Pressenza

En esta entrevista, el foro Dakar-Honduras, coalición miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación-CLADE, nos aproxima a la realidad de la financiación de la educación pública en el país.

¿El derecho a la gratuidad educativa se realiza actualmente en Honduras? En caso negativo, ¿cuáles son los principales desafíos que impiden su cumplimiento?

El derecho a la educación en los casos de escuelas públicas con entornos violentos se ve amenazado, en el sentido de que el garante de derechos, es decir, el Estado no ha encontrado una forma de garantizar entornos no violentos. La militarización de colegios públicos y escuelas permite que el profesor y el alumno que están en el centro educativo desarrollen la acción de clase, sin embargo, eso va más allá que dar la clase, en tanto el alumno y el maestro tienen que transitar por entornos no seguros para ambos.

¿Qué se debe demandar al Estado, en términos de financiamiento público, para que sea posible garantizar el derecho a la educación pública, equitativa y de calidad para todas y todos en Honduras?

Se le debe demandar una política de Estado, que mire mas allá de los acuerdos o de los mínimos compromisos, que no son vinculantes para el Estado, como la Agenda 2030 y el objetivo 4.

Una financiación nacional que cubra la demanda de educación básica, secundaria y media poniendo atención en esta última, y en la calidad a todos los niveles. Una educación en la que las habilidades de lectura, comprensión de lectura, matemáticas, ciencia y el arte, sea destrezas y conocimientos comprendidos y desarrollados por los estudiantes y maestros.

Una política clara para la financiación de la educación, que va desde el uso de impuestos para la educación de una forma intencionada, y un presupuesto que avanza según el desarrollo de cada nivel educativo, tanto poblacional como en conocimientos y calificación docente, infraestructura y tecnología que facilite al binomio estudiante-profesor desarrollar esa relación de aprendizaje y enseñanza.

Acompañamos los conflictos recientes entre autoridades y estudiantes de la UNAH, que denuncian intentos de privatizar la enseñanza superior en el país. ¿La comercialización de la educación es una amenaza para la plena realización de este derecho en el país? ¿Por qué?

La privatización de la educación tiene asomos en todos los niveles, cuando las madres y padres tienen que cubrir una cuota u aporte en especie para el mantenimiento de los edificios escolares, pagos de conectividad, agua, luz eléctrica donde la hay, proporcionar casi el 80% del complemento de alimentos para la merienda escolar, te indica que la educación básica no es totalmente gratuita es fuertemente subsidiada por madres y padres.

Igualmente, en la educación superior no es totalmente gratis. Se paga matricula, carnet de estudiante, acceso a laboratorios, transporte, vivienda, alimentación y otros, esto ha sido así. Hay intereses en la privatización de la educación superior en Honduras. Es una lucha de las instituciones privadas del país. De hecho, estas universidades privadas funcionan como fundaciones para la educación y no pagan impuestos al Estado por sus ganancias en la venta de servicios educativos.

La Constitución de la República establece que la educación es laica, gratuita, y pública, se recoge este planeamiento en la Ley Fundamental de Educación de los niveles pre-básico, básico y media.

El país no prohíbe la educación privada en ninguno de sus niveles, se deja a libertad de los padres y madres elegir el centro educativo de sus hijos-as, no hay claramente una ley o contrato de transferencia de recursos públicos a centros educativos privados. Dado que existen menos oportunidades en la educación pública, es normal que la población busque la educación privada, que se ha fortalecido al tiempo que la pública se deteriora.

Así, el Estado no está cumpliendo su obligación de ser garante del derecho a la educación pública y gratuita de la población hondureña, cuando se reduce la financiación de la educación o se mantiene un presupuesto limitado que no cubre la demanda para garantizar acceso, calidad, equidad se pone en riesgo la educación publica y se crean condiciones para el avance de la educación privada.

Según Consulta respecto a la gratuidad de la educación en AL&C, que fue lanzada por la CLADE en el 2014, en Honduras, familias y docentes tienen un papel central en la financiación de las escuelas, pues un porcentaje importante de ellas/os tiene que asumir los costos de los útiles escolares, los materiales impresos de clase, uniformes, alimentación escolar, libros de texto, etc.

¿Pueden comentar esta situación y hacer algunas recomendaciones al Estado hondureño en el sentido de superarla?

Por ley, los padres y madres de familia no deberían aportar nada para el desarrollo de la escuela pública. La realidad dice otra cosa, como se expresa en la consulta del 2015 realizada por el Foro Dakar-Honduras.

Es evidente la ausencia de política pública que regule los presupuestos y asegure asignaciones suficientes desde el Estado. al sector educativo. El presupuesto de educación debería ser una prioridad para alcanzar la meta de una Honduras Educada, como dice el Plan de Nación al 2038.

Ante la ausencia de un presupuesto que cubra las necesidades descritas, los padres, madres y maestros se ven en la necesidad de cubrir ellos los materiales, los uniformes, mantenimiento de edificios y transporte. Esto hace difícil la situación para las familias que tienen más de uno o dos hijos en proceso escolar.

Es necesario ampliar el presupuesto para contratar y calificar profesores, así como para contar con infraestructuras dignas; considerar el alza del presupuesto acorde con la demanda de la población estudiantil según el nivel educativo; sensibilizar al sector empresarial para el pago de sus impuestos, para que la educación pueda ser financiada con recursos propios; enviar el 60% de lo que recauda el Estado en cobro de tasa de seguridad actualmente (uso de tarjeta de crédito, cuentas de ahorro, cheques, pagos de cheques, se cobra un promedio de 20 centavos de dólar por cada movimiento bancario de un valor aproximado de 43 dólares norteamericanos), al sistema educativo desde el inicial a sistema de educación media, fortaleciendo las capacidades del sector educativo público y la institucionalidad de la secretaría de educación y finanzas .

Fuente de la Entrevista:

Honduras: “se pone en riesgo la educación pública y se crean condiciones para el avance de la educación privada”

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Encuesta revela preocupación de chilenos por segregación en sistema de educación y salud

Chile/26 octubre 2017/Fuente: Diario Uchile

La encuesta revela la inquietud de los chilenos por incorporar una mirada integrativa en la educación pública y el miedo que existe por la falta de previsión, acceso y atención a la salud. Por otra parte, el sondeo demostró que la participación ciudadana está desarrollándose en la web, dejando atrás las formas colectivas y presenciales de desarrollo comunitario y ciudadano.

Esta mañana se dio a conocer el resultado de la encuesta “chilenas y chilenos hoy, descifrando los prejuicios complejizando la discusión”, elaborada por Espacio Público e Ipso. El instrumento indagó en la percepción ciudadana respecto a salud, educación, seguridad ciudadana, participación, segregación social y corrupción.

Algunos de los datos más relevantes en este sondeo ciudadano que se realizó en Santiago, Valparaíso, Antofagasta y Concepción, tiene que ver con la percepción sobre los avances en el desarrollo de la educación en Chile visto como política pública.

En este sentido, un 52 por ciento dice que sí considera que hay avances y se siente conforme con la educación que recibe. Sin embargo, los encuestados demuestran que ha aumentado la preocupación por la incorporación de drogas y bullying en los establecimientos educacionales.

Según plantea el cientista político, Cristobal Bellolio “esta encuesta dice que lo que quieren los chilenos es un país menos segregado y que están dispuestos a que sus hijos se mezclen con diferentes clases sociales en un ambiente diverso. La pregunta que cabe es ¿si los chilenos están siendo honestos cuando plantean esto?

El investigador dice que existe una tensión entre el resultado que busca poner fin a la segregación y la preocupación por la droga y el bullyn en el colegio, ya que “la idea de que no existan drogas, alcohol, ni bullying hace referencia  a aspectos disciplinarios y esos elementos son los que usan los padres y apoderados como justificación para segregar, ya que cambian a sus hijos de colegio,  evitando estos factores y dando paso al copago como alternativa de mantener esta diferenciación”.

Los encuestados pusieron el tema educación en cuarto lugar después de seguridad ciudadana, salud y trabajo, dentro de las prioridades a resolver en términos de políticas públicas. Esto deja de manifiesto que los chilenos piensan que el avance en esta materia es suficiente, aun cuando todo lo que se ha discutido en este tema es sobre financiamiento y las disputas por la calidad de la educación, que siguen siendo un área de segunda línea.

Otro de los puntos que se ha tomado la agenda pública es la salud, área que dentro de la discusión de presupuesto figura como una de las principales prioridades. En la encuesta, se demostró que para los ciudadanos la máxima preocupación en esta materia pasa por la inseguridad sobre el acceso a la atención, por los costos que esto reporta y la estructura público – privada que funciona en nuestro país.

Asimismo, la inquietud de los ciudadanos pasa por la cobertura, ya que solo un 17 por ciento de los chilenos tiene acceso a la previsión privada y la mayoría se encuentra cotizando en Fonasa, lo que en términos de atención genera una segregación entre los que deben atenderse en hospitales públicos y los que pueden acceder a clínicas privadas. El problema que se identifica en este sentido es que como los hospitales públicos no cuentan con la infraestructura adecuada para atender a la mayoría de los chilenos, estos deben asumir grandes deudas para acceder a la salud privada.

Por otra parte, un 61 por ciento de los encuestados especificaron que la forma de participación que utilizan son las redes sociales, es decir estas plataformas son su principal canal de manifestación.

En este sentido, la encuesta revela que del universo de entrevistados, un 30 por ciento no participa en política, ni tiene interés en pertenecer a organizaciones de este estilo. Sin embargo, esto cambia cuando el conflicto afecta directamente a su barrio o su círculo cercano.

Ernesto Águila, analista político, explica que la encuesta muestra que en términos de participación política, en general las personas eligen el modo de participación que son más bien individuales que colectivas y dentro de esas formas de acción están las redes sociales, que tiene un fuerte componente individual y aparecen como menos convocantes a organizaciones sociales y políticas, espacio en que se canalizaban las posiciones colectivas. “Hay que integrar las redes sociales como nuevas formas de participación, pero creo que en la formación de comunidad política el cara a cara sigue siendo fundamental”, dijo.

“El modelo en algún sentido tiene éxito en que las personas perciben que su acción y la eficacia de su acción está más vinculado a su condición de consumidor que de ciudadano y, por lo tanto, concibe métodos de acción que son más individuales y que se mueven más en el ámbito privado y en ese podría incluir la acción de las redes sociales. Esto refiere a reparar las cosas, una lógica de consumo más que de derecho y ciudadanía”, plantea el investigador.

Finalmente, uno de los indicadores que emergieron en esta encuesta es la percepción de rechazo a la colusión y corrupción de los políticos y empresarios. Sin embargo, los encuestados, al ser consultados en este tema,  un 30 por ciento dice que aunque sepa que su candidato es corrupto igualmente le entregaría su voto. Una contradicción que surge como evidencia de la situación política y social en la que se encuentra nuestra sociedad, a menos de un mes de las elecciones presidenciales.

Fuente: http://radio.uchile.cl/2017/10/25/encuesta-revela-preocupacion-de-chilenos-por-segregacion-en-sistema-de-educacion-y-salud/

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El Ministerio de Educación de Paraguay expulsa la ideología de género de la escuela

Paraguay/26 octubre 2017/Fuente: Infocatolica

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de Paraguay difundió hace unos días una resolución en la que prohíbe «la difusión y utilización de materiales» referentes a «ideología de género» en los colegios públicos y los subvencionados, según anunció el titular de la cartera, Enrique Riera.

La prohibición afecta tanto a las instituciones educativas públicas como a las públicas subvencionadas, que no podrán emplear en sus aulas ningún tipo de recurso, ya sea impreso o digital, que haga alusión a la ideología de género.

«El Ministerio no va a promover la ideología de género, como ninguna otra ideología, por ejemplo la ideología política», dijo Riera. Y añadió:

«Respetamos la diversidad, lo que no quiere decir inculcar una ideología de género, que como todos saben es un tema polémico y que está instalado en el mundo entero, pero que como paraguayos nosotros tenemos la película bien clara: papá, mamá, hijitos. No hay otra forma más fácil de decirla».

La resolución que prohíbe la utilización de materiales sobre «ideología de género», también encomienda a la Dirección General de Currículum, Evaluación y Orientación que revise los textos educativos y emita un informe con propuestas, adoptadas a los «principios constitucionales y a la legislación vigente del país», en un plazo de 60 días.

Además, las Coordinaciones y Supervisiones Educativas se encargarán de velar por el cumplimiento de esta ley, según puede leerse en la resolución.

La medida del MEC responde así a la polémica surgida hace unas semanas acerca del supuesto uso de materiales sobre ideología de género en los colegios del país.

La Iglesia Católica y la comunidad protestante del país pidieron la retirada de dicha ideología. Cientos de personas se manifestaron días atrás frente al Congreso paraguayo para reivindicar un sistema de educación pública basado en los valores tradicionales de familia, recogidos en la Constitución paraguaya.

La principal reclamación se enfocó en mantener el concepto ideología de género fuera de los materiales didácticos de la educación pública paraguaya, puesto que se oponen a que palabras como homosexualidad o bisexualidad formen partes de los textos educativos.

Fuente: http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=30741

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¿Desnutrición escolar y privatización: la nueva política educativa de Cartagena?

El anuncio de recortar la alimentación de los colegios oficiales, al igual que la política de privatización mediante APP, amerita un debate.

Por: Luis Ariel Carpio Galindo.

El pasado 15 de septiembre, el secretario de Educación de Cartagena Jaime Hernández Amín, advenedizo como el alcalde encargado, dijo en un diario local que encontró la Secretaría con un déficit de 21 mil millones de pesos, en áreas como aseo, vigilancia, transporte y la alimentación escolar. Días después, anunció que contratos “gordos” de educación se reducirían para 2018, refiriéndose a estos mismos sectores.

En la alimentación, afirmó que “la responsabilidad pública no es alimentar a los niños”, advirtiendo que el gobierno debería bajar el porcentaje de aporte nutricional de la alimentación que se brinda en los colegios. Es decir, abandonar las recomendaciones del ICBF en esta materia que son en la base los estándares del programa de alimentación escolar PAE. Bajar el rango mínimo de energías y nutrientes que requiere la población escolar por día como lo propone el señor Hernández Amín, no solo es improcedente sino un crimen contra la infancia.

¿Qué hay detrás de estos anuncios y estas propuestas peregrinas de quienes dirigen la Secretaría de Educación en Cartagena?

La lógica que se oculta detrás de todo esto es la decisión política que tomó el gobierno central de desarticular la educación pública y privatizarla por partes, mediante las denominadas asociaciones público-privadas APP. Cartagena es el laboratorio de esta política.

Ya en 2016, el hoy suspendido alcalde Manolo Duque, firmó con la Ministra de Educación de la época Gina Parody, un Acuerdo de Voluntades con el que se da comienzo a la contratación de obras de infraestructura educativa para la ciudad de Cartagena y sus corregimientos, a través de contratos de concesión bajo la modalidad de APP. Este acuerdo busca la presencia del sector privado en la construcción y/o adecuación de unas 30.000 aulas en el distrito; y su presencia mediante concesión de la prestación del servicio de vigilancia, aseo, transporte y alimentación escolar. Los llamados servicios no pedagógicos.

El alcalde encargado Sergio Londoño Zurek aprovecha su encargo para acelerar este proceso. Así lo deja ver en declaración a un reconocido medio periodístico “se trabaja en el censo de los colegios que presentan problemas en su infraestructura para que sean incluidos en una Alianza Publico Privada”, y agregó que los colegios construidos con recursos del sector privado, “ya no necesitan ni plan de alimentación escolar, ni vigilancia, ni salud contratada del distrito, sino que hacen parte de la alianza público privada”.

Las APP son el artilugio para la entrada del capital privado a la educación pública, y se complementa con la figura de la concesión de los colegios oficiales. Las apariciones mediáticas de los encargados, el secretario de educación y alcalde, no son gratuitas; no es casual que anuncien la falta de recursos para atender estos sectores y el recorte de los contratos, si no fuera con la intención de justificar la entrada de las APP. Sus declaraciones van en esa dirección, entregarle la educación pública de la ciudad a pedazos al sector privado: la construcción y mantenimiento de los colegios, la seguridad, el transporte, el aseo, la salud, y la alimentación escolar.

Los anuncios de recortar la alimentación escolar y otros servicios en los colegios oficiales, al igual que esta política de privatización mediante APP, ameritan un gran debate ciudadano a fin de evitar que se destruya el carácter público de la educación en la ciudad de Cartagena; por lo pronto, esta política debe detenerse.

Fuente: https://www.las2orillas.co/desnutricion-escolar-y-privatizacion-la-nueva-politica-educativa-de-cartagena/

Imagen: https://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2017/10/secretario-cartagena.jpg

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Cuba: Bloqueo incide en aprendizaje en escuela especial

Cuba/23 octubre 2017/Fuente: Ahora

Osdiel Montesinos cursa el cuarto grado en la escuela especial José Martí de Pinar del Río, y aunque le resta un año para utilizar máquinas Braille, será testigo de los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba.

En el aula multigrado de tercero, cuarto de la institución vueltabajera, la defectóloga integral Maiciel Hernández dijo a la ACN que los aditamentos empleados por los ciegos para la escritura sufren roturas frecuentes por los años de explotación.

Hernández se refirió a la imposibilidad de contar con más piezas de repuesto o adquirir esos aparatos nuevos debido al cerco norteamericano impuesto hace más de medio siglo contra este país caribeño.

Eso obliga a utilizar alternativas como la confección de medios de enseñanza y la intervención de un técnico, de cara al aprendizaje de Osdiel, de nueve años de edad, y otros infantes con iguales discapacidades visuales, explicó.

Yureimy Márquez, directora del centro, precisó que el costo de una máquina Braille para Cuba, que tiene que acudir a terceros países, ronda los mil 200 dólares; en cambio, de poder adquirirla en el mercado estadounidense, resultaría mucho más barata.

Márquez aclaró que pese a ello, tienen las regletas y el papel Braille necesarios para cada clase.

Si bien Osdiel todavía no tiene claro qué estudiar cuando sea grande y existen limitaciones objetivas para su preparación académica, cuenta con la voluntad de un sistema socialista que no discrimina y se esfuerza por brindarle un futuro digno, afirmó.

Una situación similar enfrentan los niños sordos e hipoacúsicos en la escuela pinareña, los que carecen de computadoras, grabadora, video voz y los instrumentos musicales adecuados, en pos de desarrollar la audición.

Según María Antonia Hernández, maestra de educación auditiva y tratamiento del desarrollo de habilidades comunicativas, tampoco disponen de un local con amortiguadores acústicos para que no penetren los ruidos y permita el trabajo con sus nueve alumnos.

Agregó que a causa de esa hostil política imperialista, están privados de equipos amplificadores de sonido, presentes tiempo atrás en la institución, pero sin posibilidades de reponerlos frente a averías.

La maestra indicó que se dificulta la confección de las prótesis auditivas, que no se pueden elaborar en Pinar del Río, con lo cual, los niños requieren viajar hacia La Habana.
Durante casi seis décadas, el cerco ha ocasionado pérdidas a esta nación caribeña estimadas en 822 mil 280 millones de dólares, según el informe “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

El texto, que será presentado por Cuba en noviembre próximo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, advierte que el bloqueo afecta los programas cubanos para asegurar una educación de calidad, universal y gratuita en todos los niveles.

Durante el período analizado en ese informe, de abril de 2016 a marzo de 2017, el sector de la educación en Cuba sufrió pérdidas equivalentes a dos millones 832 mil 830 dólares.

Esas pérdidas, de acuerdo con el texto, estuvieron mayormente asociadas al encarecimiento de los fletes para la importación al país de los insumos escolares desde terceros países, por la imposibilidad de comprarlos en territorio estadounidense. /

Fuente: http://ahora.cu/secciones/cuba/mas-de-cuba/32167-bloqueo-incide-en-aprendizaje-en-escuela-especial

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Uruguay: Nuevo plan de educación pública será consensuado entre gobierno y ciudadanía

Uruguay/23 octubre 2017/Fuente: República

La subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Edith Moraes informó a LA REPÚBLICA que se extendió hasta el 31 de octubre el plazo máximo para la realización de las asambleas territoriales, que son instancias previas al Congreso de la Educación que se efectuará entre 8 y 9 de diciembre de este año en la ciudad de Maldonado.

Esto se dio debido a la enorme demanda de los ciudadanos para que se lleven a cabo unas 50 asambleas que aún restan ejecutarse en todo el país, ya que unas 150 ya se desarrollaron, las que reunieron a más de 3000 ciudadanos y personas vinculadas a la enseñanza para buscan generar ideas que ayuden a mejorar la educación pública de nuestro país.

“Estas asambleas son todas las que se quieran hacer por barrio, localidad, ciudades de cada departamento, ya que son objetivo son darle la voz a toda la gente, no sólo a las personas vinculadas con la enseñanza, ya que todos somos usuarios de la educación”, explicó la jerarca.

Tras estas instancias, en noviembre, se van a llevar a cabo los plenarios departamentales, donde habrá dos representantes de cada asamblea territorial.

Luego, y como broche final se realizará el Tercer Congreso Nacional de la Educación, los días 8 y 9 de diciembre en la ciudad de Maldonado. “Esto ocurrirá por primera en el interior de nuestro país, porque queremos que la descentralización sea real”, enfatizó.

Remarcó Moraes que con toda la información que surja de las asambleas territoriales, se hará una primera síntesis en el plenario departamental, resultando 19 documentos y esa información será puesta en planillas que son todas iguales para que se pueda efectuar una sistematización de una manera más fluida.

Construcción de todos

Consultada que se hará con todas esas propuestas que salgan del Congreso, la subsecretaria señaló que “es una instancia propositiva donde se va a producir un único documento final que servirá para elaborar en 2018 el Plan Nacional de Educación Pública, “que se elabora a partir de las propuestas que toda la ciudadanía que las construyó” y agregó que “los cambios sociales propuestos por el gobierno son los que exigen los cambios en la educación, muchos de los cuales ya empezar a realizarse”.

Y fue más allá Moraes al decir que “hacer un Plan Nacional implica integrar en una planificación las grandes líneas de acción para la sociedad que vivimos. Queremos niños bien instrumentados, bien preparados para resolver los problemas que se le presenten. Formar a ciudadanos activos”.

Subrayó que “no es un plan de educación impuesto del gobierno, sino que es consensuado con la ciudadanía, ya que queremos una educación publica que responda a las necesidades de la gente: El cambio es una exigencia de la sociedad”.

Concluyó indicando que “los valores son lo más importante para que las personas puedan tomar sus propias decisiones, con conciencia”.

Fuente: http://www.republica.com.uy/nuevo-plan-educacion-publica/

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