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Colombia: Distrito debe mejorar en la educación rural

América del sur/Colombia/29 Julio 2017/Fuente: El tiempo

Inasistencia escolar y analfabetismo alertan en zonas periféricas.

Mejorar la formación docente, fortalecer la jornada única y voltear la mirada a las zonas rurales de Bogotá son las metas más concretas que debe llevar a cabo la actual administración en torno a su plan Ciudad Educadora, según el último informe de calidad de vida de Bogotá Cómo Vamos (BCV).

 Cuatro ejes se tomaron en cuenta: cobertura, eficiencia, calidad y convivencia escolar.

Entre otros datos destacados, mencionan: 44 % de los hogares tienen niños y jóvenes entre los 5 y los 17 años, de los cuales 57 % asisten a colegios públicos y el 41 %, a privados.

Es decir, la mayor parte de la población está accediendo a la educación pública. Es como si se recobrara la confianza.

Sin embargo, uno de los datos preocupantes es la reducción de la tasa global de cobertura bruta, la cual indica la capacidad que tiene el sistema educativo para atender la demanda de niños, sin importar la edad en un nivel educativo específico.

Año por año ha sido así: 2012 (99,3 %), 2013 (97,2), 2014 (97,0), 2015 (95,8), 2016 (92,1).
Por esos datos, que el programa BCV dice que el Distrito, que estaría a 8 puntos de lograr la meta propuestao para el 2020:aumentar la tasa de cobertura bruta al 100,0 %, podría estar en riesgo. “Esta cifra será difícil de lograr si la ciudad mantiene la tendencia decreciente”.

Lupa a educación rural

Otro de los puntos en los que el Distrito deberá poner la lupa es en la educación rural. No se logra que los servicios lleguen con igual calidad que en el resto de la ciudad. Esto preocupa porque el 75 % del territorio de la ciudad es catalogado como suelo rural.

Los problemas de inasistencia escolar y analfabetismo alertan. Según el Censo Rural del 2013, la primera es del 6,9 por ciento para la población entre 5 y 16 años y la segunda, de 4,3 en personas mayores de 15 años (12,6 por ciento es la cifra nacional).

Las principales razones de deserción se relacionan con que muchos colegios no tienen todos los grados, así como la inseguridad en los entornos de estos.

Alerta en preescolar

La educación preescolar registra la cobertura más baja de todos los niveles educativos. El mayor número de estudiantes matriculados está en primaria (327.994) y el menor, en preescolar (86.414), tendencia que se ha mantenido en los últimos años. 

Finalmente, en educación media, la tasa de cobertura para Bogotá en 2016 fue de 86,1 por ciento.

En cuanto a programas universitarios, un total de 465.501 bachilleres se matricularon en el nivel universitario durante 2015. Exactamente, 22.502 más jóvenes que en 2014, cuando se matricularon 442.999.

Deserción y repetición

Una de las falencias en este asunto de la deserción, según BCV, es que solo se cuenta con información hasta 2014. El análisis de estas cifras concluye que la deserción es tres veces más alta en instituciones públicas que en privadas.

Entre los factores que explican esta situación figuran insuficiencia de transporte (8,9 %), fallas en la alimentación escolar (4,7) y situaciones de enfermedad (4,6). Asimismo, hay factores relacionados con los colegios, como el clima escolar, los cambios familiares y la inseguridad.

Esto es lo que recomiendan los expertos

Carolina Meza, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación (FExE) y Yolanda Castro, docente de la facultad de Educación de la U. Javeriana, aliadas de la estrategia, dieron algunas recomendaciones para mejorar la educación.

Formación docente

Continuar la formación docente en sus diferentes modalidades: a nivel posgradual y el servicio de Programas de Formación Permanente de Docentes (PFPD) para apoyar la innovación pedagógica.

Educación rural

Evaluar los temas de deserción. Las principales razones de esta se relacionan con el hecho de que muchos colegios no tienen todos los grados hasta once; asimismo se pide bajar la inseguridad de los entornos.

Jornada única

Fortalecer pedagógica y estructuralmente la jornada única.

Padres de familia

Los expertos destacan la importancia del rol que las familias desempeñan en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Familias, docentes y directivos deben trabajar articulados.

Clima escolar

Los resultados de 2013 y 2015 concluyen que aunque se requieren acciones en los colegios, los mayores peligros están en los entornos. No hay que abandonar estrategias.

Fuente: http://www.eltiempo.com/bogota/distrito-debe-mejorar-en-la-educacion-rural-114284

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CLADE: Luchas por la Educación en América Latina y El Caribe demandan un Cambio de Sistema.

Por: CLADE. 

En las últimas semanas la lucha por el derecho a la educación tomó las calles de varias ciudades de la región, principalmente en Argentina, Colombia y Chile. En el programa “Voces sobre la mesa” analizamos los contextos de las luchas, qué de común tienen entre ellas y porqué han sido poco visibilizadas en los medios hegemónicos a pesar de las multitudinarias marchas.

Estas demandas que se expresan en las calles piden financiamiento para la educación, mejores condiciones de los maestros y maestras, gratuidad, inclusión; pero sobre todo exigen el cambio del sistema. Demandan crear un nuevo sistema que gire alrededor de la vida y que mire a la educación, no como mercancía, sino como derecho.

Descargue aquí la edición de 17/05/2017 del programa “Voces sobre la mesa” de la ALER Satelital, producido con aportes de la Emisora Suba Al Aire y Contagio Radio de Colombia, del Foro Argentino de Radios Comunitarias y del Foro por el Derecho a la educación en Chile.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ.

Fotografía: aler

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Canada: New Minister Vows Fresh Attitude Towards Public Education

América del Norte/Canada/thetyee.ca

Resumen: El ministro de Educación Rob Fleming sólo ha tenido una semana en el trabajo. Pero como crítico de las políticas de educación  siendo oposición del Partido Nuevo Demócrata durante casi cuatro años, el MLA de Victoria-Swan Lake está muy familiarizado con el archivo del ministerio. Esa es una buena noticia para Fleming, porque después de 16 años de gobierno liberal de BC hay un montón de padres, educadores, fideicomisarios e incluso la Corte Suprema de Canadá exigiendo cambios en la forma en que BC ejecuta su sistema de educación pública.

Enfrentando decisiones multimillonarias, como la restauración inmediata de los acuerdos contractuales de los maestros sobre el tamaño de la clase, la composición y las proporciones entre maestros y maestros, así como la necesidad de terminar las mejoras de infraestructura educativa sísmica, la reparación de centros escolares y la construcción nuevas instituciones, Fleming no tiene el lujo del tiempo. Con la educación de los niños – e incluso su seguridad – en la línea, no hay mucho espacio para los errores del ministerio a los ojos de los votantes, tampoco.

Education Minister Rob Fleming has only had one week on the job. But as the New Democratic Party’s opposition education critic for nearly four years, the MLA for Victoria—Swan Lake is very familiar with the ministry file.

That’s good news for Fleming, because after 16 years of BC Liberal rule there are plenty of parents, educators, trustees, and even the Supreme Court of Canada demanding changes to how B.C. runs its public education system.

Facing multi-million and billion-dollar decisions such as the immediate restoration of teachers’ contract language on class size, composition, and specialist-teacher-to-student ratios, as well as the need to finish seismic upgrading, school repair and new construction, Fleming doesn’t have the luxury of time.

With children’s education — and even their safety — on the line, there’s not a lot of room for ministry mistakes in the eyes of voters, either.

Fleming: I think our government just has a completely different and fresh attitude towards public education. John Horgan made it clear his priority as premier is to make sustained investments in the school system, because it pays enormous social and economic dividends.

It needs to be a key part of sustaining prosperity, and having an innovative, high-functioning economy where we also get other benefits like reducing social inequality, and better outcomes for people’s health and well being.

You’re inheriting an underfunded system with competing and expensive priorities. How are you deciding what to tackle first?

What we have to tackle first is cleaning up the mess that is the Supreme Court [of Canada] decision. It’s an obligation now for the incoming government to restore class size and composition language. But it’s also obligating us to do things we would likely do anyway, [like] make sure we have specialist teachers.

That’s the first priority, to see how districts are coping with that. Hiring back 3,000 teachers that the previous government fired over a number of years is not an easy task.

During the election, your party said they would finish seismic upgrading, build new schools, and take care of deferred maintenance. Where is the money going to come from?

It’s a good time to build infrastructure like this, because for one it’s desperately needed, but it’s also at interest rates that are at record lows still and it would be borrowed the same way that any capital procurement is borrowed. [It’s] amortized assets.

We’ve got a great capital management program. What we didn’t have was a government that was willing to approve school district capital plans. And that’s going to change.

A lot of funding was cut over the past 16 years. How big should people’s expectations be for the next four years?

Some of it is happening because Christy Clark, her approach [to education], was a spectacular failure. Not only in the eyes of kids and parents but also in the eyes of the court, and it was eventually overturned. So that money that she cut all those years ago is to be returned.

But we also want some enhanced and targeted funding in other areas. Learning assistants are incredibly valued as part of the education team — that’s not touched by the Supreme Court ruling. We want to reduce the time it takes a child to get a learning assessment, and that requires that we train and hire more specialist teachers, psychologists, and others.

School boards have had a lot of unfunded costs downloaded onto them. Can they now expect fully funded district budgets?

We made a commitment in the election that the downloading has to stop, that there has to be respect between the ministry and the school district. We’ve also committed to have a comprehensive funding formula review so that we get to a stable and sustainable model for the [Kindergarten to Grade 12] education system.

Will that happen before the next budgets are due?

We are working on that right now, in terms of how it’s structured, what the terms of reference might look like, and how long it would have to engage the public and stakeholders around the province.

I don’t think it will be completed in time for the spring budget, so we’ll be looking to make a budget that addresses all of the commitments we made to school leaders and to parents, in advance of the new funding model we hope to have in place for future budgets.

Will this review also look at whether balancing districts’ budgets should be mandatory?

I think its purview would be able to receive submissions and consult on all of the budget making processes currently, and the relationship between the ministry and school districts.

Indigenous students’ outcomes are improving, but students are still below the provincial graduation rate. There are also issues like racism in schools, and there could be more Indigenous content in curriculum. What can Indigenous people expect from your ministry?

I think we have some very recent instruction from the Truth and Reconciliation action items that relate to the K-12 ministry, that will help drive success of Aboriginal and First Nations’ learners.

My sense is that there’s a lot that needs to be scaled up, that’s working quite well in certain parts of B.C., helping Aboriginal students get not just higher graduation rates but parity with non-Aboriginal learners.

That’s what the goal should be: we should be looking at erasing any distinction between the graduation and other outcomes between First Nations and non-Aboriginal students, and aiming for a 100 per cent completion rate in our school system. Eighty per cent is not good enough.

I’ve heard repeatedly that we could fix the public education system if government stopped funding private schools. But your government has said that’s not going to happen. What do you say to people who don’t understand why?

I think what people found egregious was government underfunding public education at the same time that it looked like funding was increasing for those partially subsidized private schools in our province. I think that what they really want is a government that is focused on the well being of public education, a system that continues to serve nearly nine-in-10 kids in our province.

A lot of districts rely on international students’ money to balance their budgets. With more government funding, will districts focus less on international recruiting?

I expect it will be complementary. We have to be careful that B.C.’s education brand remains strong internationally. There’s lots of great things that flow to B.C. from having high school students from abroad study here: it establishes cultural and economic ties, increases the familiarity and appreciation of Canada and British Columbia to a number of key countries that are our trading partners. Also it enhances the learning environment of B.C. kids to meet people from different cultures and language groups.

There have been a lot of controversies with offshore school program. What will you be doing differently?

We’re in the midst of an audit to see what has gone wrong and why the response was so slow. I do appreciate that people who have B.C. teaching certificates, Canadians who worked abroad, were not well served by B.C. and the slow response in that situation. But I don’t have the benefit of full understanding of why that happened the way it did at this point in time.

I have an information note that suggests [the audit] will be done by July. I have not been advised of any delays.

Will you change special needs categories and their funding levels?

It will be part of the terms of reference of the funding review. In terms of immediate budget making, we’re going to be hearing from people, different school districts, around what stable funding looks like. I’m entirely sympathetic to those concerns.

How will you approach teacher bargaining differently than your predecessors?

I’m hoping that respect is going to go a long way with teachers, because quite frankly the teaching profession has not had a government that respects the vitally important and difficult job that they do.

In terms of how it might be structurally different, I don’t have any fixed views on that. There’s a lot of shared interests, not just with teachers but with shared stakeholders and the public at large in having a government that demonstrates its commitment to public education through its budgets, through its policy changes. We want to work through that agenda, and I think that will set the table very nicely for public sector bargaining with all of the employee groups in the education system.

Speaking of new Canadians, some immigrant and refugee youth have been advocating for high school credit for English language learning courses. Where do you stand?

I’ve not had a chance to directly engage the groups of students that advocate for that. That’s maybe a question for down the road, but I have not had a chance to be briefed on what the response to that has been to date.

Fuente: https://thetyee.ca/News/2017/07/25/New-Education-Minister-Vows-Fresh-Attitude/

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Protocolo de inclusión educativa para personas con discapacidad se ve como el inicio de un proceso que busca generar debate

Por: Facundo Franco

Si bien era pleno junio, los 18 grados eran propicios para estar al aire libre, más allá del revoloteo de algún mosquito. La actividad convocaba a ir a la sede de la Cátedra Alicia Goyena del Consejo de Educación Secundaria, o Casa de Alicia –como se le llama desde hace algún tiempo–, a construir colectivamente una “educación inclusiva”. Si bien el tema planteado, la inclusión en el sistema educativo de personas con discapacidad, requiere mucho pienso, para lograr dicho objetivo también es necesario rever el vínculo con el cuerpo.

Es por ello que antes de las habituales exposiciones orales en este tipo de instancias, la educadora Denisse Neumar, en un taller con el título “Todo se mueve”, invitó a aprender distintas dinámicas que a su vez sirvan para “transformar todos juntos”. En concreto, buscó dotar de herramientas a educadores para replicar ese tipo de dinámicas con el objetivo de romper el hielo en grupos cuyos integrantes no se conocen, o favorecer aprendizajes que no necesariamente se logran por medio de la exposición oral o escrita de conocimientos. La tallerista explicó que esas dinámicas sirven para trabajar la discapacidad de una forma corporal, pero también para abordar otro tipo de temas. Por ejemplo, mencionó que en algunos momentos, al trabajar con niños o adolescentes es necesario “canalizar las energías” del grupo, y para ello puede ser útil plantear alguna dinámica que requiera movimiento. Por lo tanto, señaló que es posible “cambiar el modo de dar una clase” y salir de las metodologías más tradicionales y transmisivas.

Ya adentro de la sala de conferencias de la Casa de Alicia, se intercambió sobre la situación de la inclusión para las personas con discapacidad en el sistema educativo uruguayo y se habló en particular sobre el Protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos. Dicha norma reglamenta parte de la Ley de Protección Integral a las Personas con Discapacidad y fue sancionada mediante un decreto presidencial el 20 de marzo, luego de un proceso de discusión y consulta promovido por la Comisión de Continuidad Educativa y Socio-Profesional para la Discapacidad del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El protocolo debe aplicarse tanto en la educación pública como en la privada. Entre otras cosas, prevé que los entornos y materiales de trabajo en los centros educativos sean accesibles física, comunicacional y cognitivamente, además de que para garantizar el acceso de las personas con discapacidad, desde la institución se ofrezcan los apoyos y ajustes necesarios.

Una herramienta

Jorge Méndez, coordinador de la Comisión de Continuidad Educativa y Socio-Profesional para la Discapacidad del MEC, explicó que el protocolo comenzó a gestarse en 2016 y busca revertir la situación de “familias que acumulan dolor por el rechazo” del sistema educativo, pero también de la sociedad en general, ya que se visualizó como un problema el hecho de que no existe una política pública unificada para las personas con discapacidad. Si bien dijo que en el Estado hay instituciones que trabajan articuladamente, planteó que eso “es complejo”, y, por ejemplo, ilustró que para la elaboración del protocolo no fue sencillo ponerse de acuerdo en algunos puntos, por lo que consideró que es difícil llegar a consensos en el tema.

Méndez planteó que se trata de una herramienta “perfectible” que va a ser evaluada y por tanto puede incorporar, cambiar o suprimir contenido, y al mismo tiempo señaló que se trata sólo de un instrumento, porque la inclusión “no se decreta ni se puede hacer un recetario” para que se cumpla. Según añadió, se trata del inicio de un proceso “que permite discutir el tema desde otro lado”, generar debate, “empoderar” a los actores y al mismo tiempo reconocer buenas prácticas. En suma, Méndez indicó que la norma “invita a perder el miedo y a darle lugar al otro”, en referencia a las personas con discapacidad y a sus familias. No obstante, dijo que es importante que otras instituciones del Estado acompañen las acciones, que no pueden quedar exclusivamente en manos del sistema educativo.

Para Méndez, también es necesario jerarquizar el tema en la formación de los docentes, que actualmente no tienen formación obligatoria en discapacidad. En ese sentido, destacó la existencia de un buen diálogo con actores del Consejo de Formación en Educación, que actualmente está discutiendo el cambio de sus planes de estudios. Al mismo tiempo, consideró que en Uruguay se necesita “más investigación en educación y no sobre educación”, en referencia a la necesidad de generar más estudios sobre pedagogía. Como síntesis, señaló que para que la educación sea inclusiva se debe dar un cambio de paradigma, y para ello se requiere de “mucha reflexión” y de preguntarnos “cómo podemos ser accesibles”. “Si no lo sabemos les preguntamos a otros, a otros docentes o a la propia familia”, se respondió. Según Méndez, es necesario dejar “que la discapacidad nos interpele” y “romper barreras internas para darle lugar al otro en el sistema”.

Falta

Silvia Prida, profesora de literatura y militante por los derechos de las personas con discapacidad, consideró que contar con un protocolo firmado por el presidente de la República “es muy importante e implica un cambio”. Según dijo, las personas con discapacidad en Uruguay históricamente han estado “encerradas” y “segregadas”, al tiempo de que se partía de la idea de que el solo hecho de poner a la persona con alguna discapacidad en un espacio común haría que se pareciera a los demás, según dijo. Para ilustrar la falla de ese sistema, contó la experiencia de dos estudiantes con síndrome de Down que ingresaron al liceo sin saber escribir su propio nombre, ya que en la escuela las maestras los sacaban de la clase durante buena parte del tiempo de aula.

La profesora advirtió que la inclusión es difícil de lograr, y que para ello se requieren dos bienes escasos: tiempo y dinero. Si bien dijo que actualmente hay dos centros de recursos para personas con discapacidad en secundaria que funcionan muy bien, uno para ciegos y otro para sordos, consideró que ello no es suficiente. Por ejemplo, advirtió que dentro del panorama de dificultad de acceso, las discapacidades intelectuales son las que quedan más relegadas en el sistema educativo, porque “todos les huyen”. Al respecto, consideró que la idea de que las personas con una discapacidad de ese tipo no pueden aprender “es falsa”, y para argumentar citó el trabajo de Miguel López Melero en materia de neurociencia. Según dijo, a partir de su trabajo puede afirmarse que la inteligencia en las personas se desarrolla en la medida en que tienen oportunidades para hacerlo y que “no todo está en los genes”.

Prida consideró inadmisible que haya excluidos de la educación en una sociedad democrática y reclamó la existencia de una política en la materia que vaya desde las autoridades a los docentes, pero también en la dirección contraria, ya que señaló que el compromiso de los últimos es fundamental. Por ejemplo, planteó que muchos docentes sin formación específica en la materia han logrado buenos resultados con personas con discapacidad “a ensayo y error”, probando qué cosas dan mayor resultado.

En particular, Prida se refirió a las personas con síndrome de Down, de quienes dijo que la sociedad uruguaya tiene “representaciones equivocadas”, generadas a partir de “mitos y prejuicios”. Según explicó, los prejuicios tienen que ver con “un error” del doctor John Down, quien hace años asoció el síndrome con grupos nómadas de Mongolia. Para revertirlo, llamó a “sacarnos las vendas de los ojos” y poder ver que, más allá de que haya personas con una discapacidad, al mismo tiempo tienen “muchas otras capacidades”. Como ejemplo, señaló el caso del maestro y escritor español Pablo Pineda, quien tiene síndrome de Down y da charlas y conferencias por todo el mundo. Al mismo tiempo, proyectó videos que muestran los casos de una consejera municipal en España y de una maestra preescolar en Argentina, ambas con síndrome de Down.

La profesora concluyó su exposición con la definición de inteligencia planteada por López Melero, que fue leída por su hija, que también tiene síndrome de Down. Según dicha definición, la inteligencia es “la emoción por conocer”: cuando un estudiante está interesado en algo, lo aprende.

 Fuente: https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/6/protocolo-de-inclusion-educativa-para-personas-con-discapacidad-se-ve-como-el-inicio-de-un-proceso-que-busca-generar-debate/

 

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España: Juventudes Socialistas defiende una mayor inversión en la universidad pública y ampliar el sistema de becas

España/24 de Julio de 2017/Teleprensa

El secretario general de Juventudes Socialistas de Almería, Ramón Soto Carrillo, ha asegurado hoy que Andalucía se ha convertido en un “referente nacional” en materia universitaria. En la comunidad autónoma, ha destacado, todos los estudiantes “pueden llegar hasta donde lo deseen” puesto que los socialistas “seguimos defendiendo la educación pública” entendida “como un derecho y no como un privilegio”, ha subrayado Soto Carrillo. «La Junta de Andalucía defiende y fomenta la gratuidad de los estudios universitarios lo que fomenta el talento con independencia de las posibilidades económicas del alumnado», ha agregado.

Por su parte, el recientemente designado secretario de Universidad y Formación Profesional de Juventudes Socialistas de España, Ramón M. de La Cruz Silvente, ha trasladado que la organización mantiene abiertos dos frentes de trabajo en materia de universidad.
De un lado, un frente formal en el que “vamos a crear grupos de trabajo dentro de las universidades para que Juventudes esté al frente de las reivindicaciones universitarias” al tiempo que se va a apostar por reforzar el diálogo con el colectivo entre estudiantes y Gobierno dentro de las instituciones en el marco del Consejo Universitario del Estado.

En este sentido, una de las actuaciones que Juventudes Socialistas va a llevar a cabo será apostar por una mayor inversión pública en universidades, ya que España “está por debajo de la media de la Unión Europea”, ha puntualizado. También trabajarán para conseguir una mayor inversión en becas “atendiendo a parámetros socioeconómicos y socioculturales de los estudiantes, de manera que se defiendan los derechos de quienes más lo necesitan”.

De la Cruz Silvente ha destacado el caso de Andalucía, donde existen “unas buenas coordenadas” en el camino a seguir en materia de universidades. “Mientras se establece la bonificación del 99% de las tasas universitarias para quien apruebe, Andalucía también mantiene el precio de matrícula más bajo de España”, ha subrayado y ha defendido que se premie el esfuerzo “sin descuidar los derechos que nos igualan”.

El segundo frente de trabajo lleva a Juventudes Socialistas a solicitar un impulso a la creación de becas para jóvenes de 35 años en situación de desempleo que quieran mejorar su cualificación, así como a reivindicar una renta básica de estudios, una red de residencias, y bajar la nota media de acceso a las becas.

“Nuestro método será la creación de estructuras de trabajo dentro de la universidad y el reforzamiento de la negociación colectiva dentro de las instituciones” para convertir el acceso a la universidad pública en uno de los “elementos de igualdad de derechos en España”.

Fuente: http://www.teleprensa.com/almeria/juventudes-socialistas-defiende-una-mayor-inversion-en-la-universidad-publica-y-ampliar-el-sistema-de-becas.html

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Chile: Reforma Educacional, el Gobierno celebró solo

Chile/20 julio 2017/Fuente: El Ciudadano

Seis años después de las movilizaciones que la motivaron.

El proyecto aprobado en la Cámara es criticado por no terminar con el endeudamiento ni expandir la educación pública. También por no cumplir sus propias promesas, como la cobertura de la gratuidad. El fracaso motivó la reaparición de Beatriz Sánchez, quien subrayó que «esto justifica la existencia del Frente Amplio».

En jornada extraordinaria la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma a la educación superior. Si bien la idea original se recogía desde el movimiento estudiantil, en el camino la idea ha sido interpretada, recortada y remedada. De la propuesta original de Bachelet, que proponía hacer un “cambio de paradigma” según se enfatizaba en 2013, hubo que implementar una gratuidad parcial y previa a la discusión del proyecto. Hubo que elaborar una promesa de plan de cambio del crédito con aval del estado y hubo que desprenderse de un plan específico para las Universidades Públicas.

El Gobierno se comprometió, a través del Ministerio de Hacienda, a ingresar el proyecto de reemplazo al crédito con aval del Estado (CAE) el 7 noviembre de este año y para el 1º de enero de 2019 generar la completa aplicabilidad de la gratuidad, desapareciendo el CAE.

Si bien hubo reacciones que valoraron la iniciativa, lo cierto es que nadie celebró el resultado de la votación. Fuera de algunas medidas parciales, nadie fuera del Gobierno celebra una “reforma” a la educación.

Foto: Pablo Ovalle/AGENCIAUNO

De parte del Gobierno, Camila Vallejo (PC) destacó el valor de “amarrar por ley la gratuidad universal” que comenzó bajo el actual período presidencial, implementada a través de Ley de Presupuesto, cuestión que implica su discusión año a año. De modo que destacó haber dado “un paso hacia desmercantilizar y entender a la educación como un derecho social”.

El UDI Jaime Bellolio (UDI) además de caracterizar el proyecto como “un engendro” destacó que constituye un engaño, pues la gratuidad no se alcanzaría. “Si el país crece al doble”, señaló, recién “el 2076 se cumpliría la gratuidad”.

Por su parte, el también miembro de la comisión de Educación de la Cámara, Giorgio Jackson (RD) criticó que la reforma “consolida el crédito con aval del Estado hasta ese período”. Y, más grave aún, apunta la mala fe del Ejecutivo, respecto del fin del crédito con aval estatal, pues “promete un proyecto que no va a lograr tramitar”.

Gabriel Boric (MA) resumió el resultado de la votación a través de un balance político del Gobierno: “esto pasa cuando se plantea hacer política a nombre de la sociedad pero sin la sociedad”, puntualizó que “lo vimos con la carrera docente, donde se impulsó un proyecto en contra de los profesores; en la reforma laboral donde se hizo un proyecto contra los trabajadores sindicalizados; y ahora con la reforma educacional, en donde no se considera ni al movimiento estudiantil ni a los académicos”.

 Titubeos Presidenciales

El proyecto fue presentado en 2016. Sin embargo, no es el mismo texto que se votó por las ya apuntadas modificaciones que sufrió en el camino.

Desde que Michelle Bachelet tomó las banderas del movimiento educacional que marcara la agenda política del gobierno de Piñera, y la elección de Bachelet, han habido titubeos respecto de qué significa tal gesto.

Fue cuando aterrizó en Chile, luego de retornar de su puesto en ONU Mujeres en abril de 2013, cuando la entonces candidata de la Nueva Mayoría dio las primeras luces de qué entendía por hacer de la educación un “derecho social”. Y la gratuidad no formaba parte de ese concepto: “Creo que es regresivo que quienes pueden pagar no paguen”, dijo, enfatizando que “mi opinión personal es que no encuentro justo que el Estado pague la universidad de mi hija si puedo pagarla. Pero creo que hay muchos chilenos que no pueden pagar y tienen que endeudarse y vivir con incertidumbre y hasta miserias”.

 Algunos meses después, y en medio del memorable espectáculo que tocó a la derecha protagonizar en su propia carrera presidencial, Bachelet precisaba su postura. En realidad, la cambiaba: “entendí muy claro el mensaje de los jóvenes, cuando decían que la educación no puede ser un bien de consumo”, declaró en la ocasión. En específico, afirmó que  “las universidades deben ser gratuitas, como un bien social” y remató: “el Estado pone la plata, pero debe ser sin fines de lucro”.

Dicha afirmación fue respaldada en el Programa de Gobierno de su campaña, en donde se prometían los principales elementos contenidos en el proyecto: mejorar la gestión, fiscalizar la prohibición del lucro y gratuidad progresiva. Prometía llegar bajo su Gobierno al 60% de los estudiantes más pobres y dos años después estaría completado el tránsito hacia la gratuidad universal.

“Justifica la existencia del Frente Amplio”

 Fue precisamente el Congreso el lugar donde la candidata presidencial del Frente Amplio reapareció después de sus vacaciones. Allí realizó descargos a nombre de la joven alianza política, junto a los parlamentarios de la coalición y de su encargado de educación, el sociólogo Víctor Orellana.

Sánchez remarcó su rechazo al proyecto: “Son días tristes respecto de lo que pensamos que debe ser la educación superior en Chile”, declaró. Apuntó que este es un proyecto que da continuidad a la realidad chilena y no la transforma. En particular, señaló que “no se habla de la educación superior pública, de las universidades estatales”. En cambio, “nos quedamos discutiendo sobre un sistema de financiamiento”. Remarcó que “lo que planteamos no es una fiscalización dentro de lo que pasa, sino un sistema que se entienda completamente distinto”.

En cambio, Sánchez apuntó que “no solamente no se avanza en el sentido que queremos, sino que se profundiza una forma de entender la educación”. Afinó su crítica a que “se deja a los bancos como parte del sistema y se establece un compromiso de gratuidad que simplemente no se cumple”.

 Por tales motivos, declaró que la votación sobre la reforma a la educación superior “justifica la existencia del Frente Amplio”

Víctor Orellana, quien también participa de la Fundación Nodo XXI, subrayó que el mercado educacional “no da para más”. Destacó que la gratuidad no es universal, que se mantiene el endeudamiento y, por tanto, “este no es el proyecto por el cual la sociedad se movilizó”.

Por último, Orellana traspasó un mensaje a los sujetos de la gratuidad: “nos gustaría decirle a ese joven al cual se le ofrece gratuidad: tú mereces una educación pública gratuita y de calidad. No solo un cheque, no solo una beca, sino una educación digna”.

Fuente: http://www.elciudadano.cl/politica/reforma-educacional-el-gobierno-celebro-solo/07/18/

 

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Diputados chilenos aprueban extender la gratuidad en la educación universitaria

Chile / www.spuntniknews.com / 19 de Julio de 2017

La Cámara de Diputados de Chile aprobó la emblemática reforma a la educación impulsada por la presidenta Michelle Bachelet, que incluye el aumento de la gratuidad en la educación universitaria del 50 al 60% de la población, favoreciendo a aquellos con menos recursos.

«La Sala de la Cámara de Diputados aprueba y despacha el proyecto de reforma a la educación superior», informó el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/Segpres/status/887145708071124995/photo/1

En una extensa jornada los diputados chilenos votaron 130 puntos de la reforma, aprobando un proyecto que lleva más de un año en el Congreso.

Entre estos puntos se encontraba el aumento de la gratuidad en la educación superior, cuya alza al 60% de la población fue aprobada con 62 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones.

La meta del proyecto es alcanzar la gratuidad universal, esto es, para el 100% de la población, lo que según el proyecto deberá cumplirse cuando el país crezca económicamente.

Otro de los puntos de la reforma era eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE), mecanismo que consiste en un préstamo bancario para financiar las carreras universitarias, lo que ha dejado a miles de profesionales endeudados.

Sin embargo, este punto no fue aprobado del todo, sino que se determinó que el CAE se derogará solo cuando exista otra herramienta de financiamiento estatal que pueda suplirla.

Con esta votación, el trámite pasará al Senado para seguir la discusión.

Fuente:https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201707181070845910-chile-reforma-educacion-finanzas/

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