Educación Superior

La dinámica indicada sugiere que transitamos desde hace varias décadas de un modelo elitista, en el cual los estudiantes del nivel superior provienen principalmente de las clases ubicadas en la cúspide de la pirámide social, a un modelo en el que el origen social de la matrícula es crecientemente heterogéneo, con un peso cada vez mayor de los jóvenes de familias de menores ingresos y de otros segmentos tradicionalmente excluidos.
Desde el punto de vista de la desigualdad en el ingreso, los rasgos de esta transición se han dibujado en el país con cierta nitidez en las últimas décadas. De acuerdo con los datos de las encuestas de ingresos y gastos de los hogares de 1992 y 2016:
• La proporción de la matrícula total de educación superior representada por estudiantes de los dos primeros quintiles de ingreso aumentó de 10.3 a 23.8 por ciento.
• A su vez, el peso relativo del tercero y cuarto quintil (que integran los segmentos intermedios) se elevó de 43.8 a 48.6 por ciento de la matrícula total.
• Finalmente, el peso relativo del último quintil disminuyó de 46 a 27.6 por ciento de la matrícula total en ese periodo.
Esta presencia creciente de los segmentos de menores ingresos en la educación superior probablemente se verá acentuada en los años por venir. Los mandatos de obligatoriedad y gratuidad —derivados de la reforma a los artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos— podrían convertirse, de ser aprobados en fecha próxima, en un poderoso impulso de la masificación de la educación terciaria, al tiempo que favorecerían la presencia de un alumnado más heterogéneo y con mayor diversidad de orígenes sociales y culturales.

Los desafíos en puerta
Para valorar la profundidad y alcances de esta eventual transformación, en un estudio reciente sostengo que un escenario de ampliación de las oportunidades educativas de tipo superior, congruente con las promesas de campaña y los mandatos de obligatoriedad y gratuidad, es el que propone alcanzar una cobertura de al menos 56 por ciento en 2024 (con una matrícula de 6 millones 122 mil estudiantes) y de 70 por ciento en 2030 (con 7 millones 580 mil alumnos). La trayectoria que sigue este escenario, que podríamos denominar de obligatoriedad, implicaría llevar a cabo un esfuerzo inédito en la historia de la educación superior mexicana.
La evolución de la matrícula y la cobertura marcada por este escenario trae necesariamente aparejado un esfuerzo por corregir el desbalance de oportunidades educativas entre ricos y pobres por un imperativo de justicia social. Con esta idea en mente, se asume que la tasa de cobertura de los dos primeros quintiles de ingreso se elevaría rápidamente: de 25.1 por ciento en 2018 a 40.2 por ciento en 2024 y a 57.6 por ciento en 2030, propiciando una reducción significativa de la brecha que separa al quintil más rico del más pobre desde el punto de vista de la probabilidad de acceso a la educación superior.
Como resultado de esta dinámica, los jóvenes provenientes de los dos primeros quintiles de ingreso aumentarían de casi 1 millón 100 mil en 2018 a 1 millón 778 mil en 2024, en tanto que en el futuro más distante, en 2030, la cifra se elevaría a 2 millones 500 mil. Como se puede advertir, el escenario de obligatoriedad no podría ser viable sin incorporar en forma masiva a los jóvenes en desventaja. De hecho, ellos aportarían en el periodo 2018-2024 alrededor de 40 por ciento del aumento de la matrícula y cerca de 56 por ciento en 2024-2030.
Esta dinámica sería suficiente para incrementar de manera significativa el peso relativo de los grupos desfavorecidos en la matrícula total (de 25 en 2018 a 33 por ciento en 2030), en contraste con la reducción en la proporción representada por los jóvenes provenientes de familias provenientes del último quintil (de 26.4 a 19.9 por ciento en ese mismo periodo) y la leve caída —en términos relativos— prevista para los quintiles intermedios (de 48.4 a 47.1 por ciento). Bajo el escenario de obligatoriedad, para el 2039, año en el que se prevé que el país alcanzaría una cobertura en el nivel superior de 85 por ciento e ingresaría a la etapa de “acceso universal”, la proporción de la matrícula total representada por los jóvenes de los dos primeros dos quintiles de ingreso se elevaría a casi 40 por ciento. Las cifras enunciadas sugieren pues que, en el futuro, el perfil de los estudiantes mexicanos de educación superior no sería el mismo de aquel que las universidades suelen atender en la actualidad.

Igualdad de oportunidades
Para atraer y retener a los jóvenes de los segmentos de menores ingresos en las universidades, sería necesario, como primera condición, fortalecer los programas de becas. Una intervención de esta naturaleza constituye una herramienta poderosa para impedir que el origen social de los estudiantes condicione su destino educativo.
Si bien la gratuidad en las instituciones públicas de educación superior resolvería parte del problema, pues eliminaría colegiaturas y cuotas, resulta necesario, para asegurar igualdad de oportunidades, contar con programas sólidos de becas que ofrezcan financiamiento adecuado y suficiente a los jóvenes en desventaja para cubrir diversos costos directos e indirectos de la educación (como materiales escolares, libros, transporte o cambios de residencia, entre otros). De no contar con este tipo de apoyos, el esfuerzo financiero recaería sobre sus familias, quienes en muchos casos, por su propia condición, difícilmente podrían sostenerlo, lo que tarde o temprano haría inevitable el abandono escolar.
Afortunadamente, los programas de becas en el nivel superior han experimentado un gradual fortalecimiento en los últimos años. En el periodo 2006-2012 se otorgaron un promedio de 402 mil becas por año a estudiantes en situación de desventaja. La cifra se elevó a cerca de 600 mil becas por año en el periodo 2012-2018, lo que significó una cobertura de más de 6 de cada 10 jóvenes pertenecientes a los dos primeros quintiles de ingreso. Además de universalizar estos apoyos a los estudiantes de escasos recursos, se requiere aumentar de manera significativa el monto de estas becas.
El énfasis en los propósitos de equidad de la iniciativa de reforma constitucional que se debate aún en el Congreso de la Unión haría imprescindible continuar avanzando en la configuración de un sólido y generoso programa de becas para que los jóvenes en desventaja no encuentren barreras financieras que les impidan continuar con su educación en el nivel superior.
Entre sus promesas de campaña, el ahora Presidente López Obrador (AMLO) dijo originalmente que todos los estudiantes en situación de desventaja que cursaran estudios de nivel superior tendrían acceso a una beca (véase por ejemplo los 10 compromisos que presentó al magisterio en Oaxaca el 12 de mayo de 2018). Más recientemente, AMLO al parecer abandonó esa idea y en su lugar anunció la creación del programa Jóvenes escribiendo el futuro, que contempla inicialmente hasta 300 mil becas a jóvenes de escasos recursos por un monto de 4,800 pesos bimestrales, sin que hasta la fecha se haya dado a conocer las metas de este programa. Conviene precisar que, para financiar las 300 mil becas, el programa debería tener previsto un monto aproximado de 8,600 millones de pesos. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 sólo están contemplados alrededor de la mitad de los recursos, los cuales alcanzarían para apoyar a 150 mil jóvenes durante todo el año. Surge pues la duda: ¿300 mil becas otorgadas a los beneficiarios los doce meses del año? ¿150 mil becas asignadas en el mismo periodo? o ¿300 mil becas o más por unos cuantos meses del año?
Además, la SEP ha informado que seguirá asignando —al parecer temporalmente hasta concluir el ciclo escolar 2018-2019— un total de 290 mil becas adicionales de manutención, consistentes en un apoyo económico por un monto de 9 mil pesos distribuidos en 5 pagos bimestrales por la cantidad de 1,800 pesos cada uno, lo que apunta a una disponibilidad del orden de 2 mil 600 millones de pesos. Sin embargo, esta decisión plantea algunos dilemas: ¿Qué sucederá con el resto de los jóvenes en desventaja que estudian en las universidades y no cuentan con una beca? ¿El nuevo gobierno tiene entre sus prioridades cubrir con el nuevo (o el viejo) programa de becas a los segmentos que se encuentran en situación de desventaja? De ser el caso, ¿En qué plazos se buscaría alcanzar esta meta? ¿Cómo se prevé resolver el problema de contar con un programa nuevo que coexiste con otro ya antiguo que otorga a los beneficiarios becas por un monto casi tres veces menor?
Sobre las becas y la importancia de reforzar el papel de la educación terciaria en la movilidad social, el gobierno federal deberá adoptar definiciones precisas de política pública consistentes con el escenario emergente de obligatoriedad y gratuidad. Aquí, en este renglón, no cabe “hacer más con menos”. La opción es simple: se apoya a los jóvenes con becas para intentar, junto con otras acciones complementarias, retenerlos en la educación o se corre el riesgo de que la abandonen, con los enormes costos sociales que eso implica.
En el nivel medio superior ya se instrumenta el programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el cual aspira a beneficiar a 4.2 millones de estudiantes de instituciones públicas (con 1,600 pesos bimestrales). De estar acompañado de medidas orientadas a fortalecer la oferta educativa y a dar un acompañamiento integral a los beneficiarios, el programa podría contribuir a favorecer la transición del bachillerato a la educación superior y ejercer cada vez mayor presión sobre el ingreso a este nivel educativo.
A su vez, en el nivel superior, si con el programa Jóvenes escribiendo el futuro se optara por alcanzar en 2024 cobertura universal de los estudiantes en desventaja, incorporando 300 mil nuevos becarios por año (con un monto de 4,800 pesos bimestrales, como aparentemente se está haciendo en 2019), la presión presupuestal sería muy significativa. Sería necesario adicionar alrededor de 8,600 millones de pesos por año, hasta acumular, en el escenario de obligatoriedad, un monto total de 51 mil millones de pesos en 2024 para financiar las becas de casi un millón 800 mil potenciales beneficiarios.
Como se podrá advertir, el componente de becas es estratégico y debe ser definido por el nuevo gobierno como un asunto prioritario. Implicaría una inversión cuantiosa de recursos adicionales por año, equivalente a un tercio del impacto financiero de la obligatoriedad (estimado de manera preliminar en alrededor de 25 mil millones de pesos adicionales por año, sin considerar la previsión correspondiente debido a la gratuidad).

Reformas pendientes
La cambiante composición social de la matrícula de educación superior y el creciente peso relativo de los jóvenes de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad (personas con discapacidades, estudiantes procedentes de las poblaciones originarias, afro-descendientes y de otros orígenes) constituirían, como se puede advertir, desafíos clave para la política educativa y para el funcionamiento adecuado de las instituciones del sector en los años por venir. En particular, las  instituciones públicas, que si bien han albergado hasta ahora a la mayoría de los alumnos en situación de desventaja y con menores capitales culturales, verían en el futuro transitar por sus aulas a un flujo inédito de jóvenes con este perfil.
La experiencia internacional enseña que todos los sistemas que atraviesan por procesos de masificación y recomposición social de su alumnado suelen verse  obligados a impulsar reformas dirigidas a transformar la arquitectura institucional de la educación superior, articular el sistema educativo entre tipos y modalidades, transformar las políticas y prácticas de las instituciones educativas, fortalecer los mecanismos de inclusión e igualdad de género, y revisar el modelo de financiamiento, el andamiaje normativo y las pautas regulatorias de la educación superior para adaptarlos a las nuevas realidades.
El nuevo contexto obligaría a las instituciones de educación superior a hacer un esfuerzo sistemático, con nuevos y más eficientes modelos de organización, gestión y administración de las instituciones educativas, con el fin de atender y dar respuesta, sin distinción de ningún tipo, a la diversidad de necesidades educativas de los jóvenes pertenecientes a diversos colectivos. Sería necesario, por ejemplo, llevar a cabo desde adecuaciones a las instalaciones universitarias para facilitar la accesibilidad hasta cambios significativos en el modelo educativo para darle una orientación inclusiva e intercultural, y evitar altas tasas de abandono, reprobación y repetición. Con esa finalidad, constituiría un imperativo acercar a los jóvenes cursos propedéuticos, de nivelación, tutorías y otros apoyos, porque crecientemente se reconoce que estas acciones son necesarias para acompañar los programas de becas, que no son suficientes por sí mismos para mejorar el desempeño escolar de los jóvenes y contener el problema del abandono. Además, se necesita adecuar la oferta educativa a una demanda crecientemente heterogénea, y fortalecer la capacitación y actualización docente, a través de modelos de formación que les permitan construir, en los procesos de aprendizaje, interacciones sustantivas con los alumnos.
Desde el punto de vista social, la creciente incorporación al ámbito universitario de segmentos tradicionalmente excluidos podría constituir una oportunidad extraordinaria para activar y “aceitar” los procesos de movilidad social en el país. Recuérdese que, de acuerdo con el estudio Desigualdades en México 2018, publicado por el Colegio de México, los mexicanos que provienen de hogares situados en el quintil más bajo de la distribución del ingreso registran una probabilidad de alrededor de 76 por ciento de mantenerse, de una generación a la siguiente, en éste o en el siguiente quintil más desfavorecido. Con miras a superar este obstáculo invisible, Savater nos recuerda que la educación es quizá el camino más eficaz para “luchar contra la fatalidad social que hace que los hijos de los pobres sean siempre pobres”.
Para lograr que la educación superior sea motor de una mayor movilidad social en México, será preciso impedir a toda costa que el avance de la masificación redunde en una oferta educativa de baja calidad y poco pertinente para los jóvenes de escasos recursos. Una precaria asignación presupuestal a las universidades no dejaría margen alguno para evitarlo. Todos sabemos lo que está en juego: ofrecer una educación de baja calidad a los jóvenes de escasos recursos no haría más que reproducir un círculo vicioso que acentúa e incluso profundiza la desigualdad. Si la educación que recibirían estos jóvenes no conduce a una formación sólida, difícilmente podrían superar más tarde la fatalidad social a la que se refiere Savater.

Fuente del Artículo:

http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=16088:expansion-de-la-educacion-superior-y-desigualdad-social&Itemid=140

ove/mahv