Es frecuente oír que la educación universitaria no es necesaria para hacer grandes cosas en la vida, y el ejemplo es Steve Jobs. Es cierto. Para ser empresario, político, periodista o escritor, tal vez no sea estrictamente necesario (aunque la mayoría afirma que sí han servido los estudios).
Pero no es posible ser médico, abogado, ingeniero, filósofo, matemático, químico, economista, pianista o antropólogo sin haber estudiado. El mundo moderno requiere personas con competencias de alta complejidad. No es una coincidencia que los países con mayor desarrollo social sean los que tienen las coberturas más altas en educación superior y las universidades de mejor calidad. No es casualidad que las aspiraciones de los jóvenes estén concentradas en la educación.
La pregunta difícil es hacia qué y cómo se debe educar. En algún momento las respuestas eran claras, hoy lo son menos. Uno de los enfoques para responder es tratar de prever cómo va a ser el mundo al que lleguen esos jóvenes y con qué nuevos retos se van a encontrar. (Para no confundir omito acá análisis sobre educación ética y ciudadana; será en otra ocasión.)
Seguramente un hecho dominante es el cambio acelerado en los conocimientos y la información. Hoy un graduado sabe que deberá renovar sus conocimientos cada cinco años, en el futuro cercano tendrá que cambiar de oficio cuatro o cinco veces en la vida. Es decir, la formación tendrá que ser tan flexible que le permita cambiar sin empezar de ceros.
Eso lleva a la conclusión, aparentemente paradójica, de que los estudios de mayor relevancia hacia el futuro van a ser precisamente los más clásicos y fundamentales. No importa cómo se llamen las ingenierías o las tecnologías del futuro, todas tendrán en sus bases las matemáticas, la química y la física. Cuando los diagnósticos los hagan computadores y las cirugías robots, los médicos necesitarán biología y fisiología molecular, matemáticas y electrónica para responder a las nuevas preguntas. Los computadores nos ayudarán a escribir textos, pero las ideas, la forma de expresarlas y el análisis crítico seguirán dependiendo de qué tan buenos lectores seamos.
El cómo educar cambiará. En realidad, ya está cambiando. Hay mil teorías de cómo hacerlo mejor, pero la mayoría coincide en algunas estrategias. La investigación científica adquirirá cada vez mayor relevancia en el proceso formativo. No solo porque es obsoleto transmitir conocimientos, es necesario producirlos, sino porque el proceso mental de la investigación es el mismo con el que el estudiante desarrolla su imaginación y su capacidad de análisis. La educación será cada vez más personalizada, no va a haber dos matemáticos o dos biólogos iguales; incluso dentro de un mismo curso se podrán estudiar cosas diferentes. Se estudiará más en grupos, el papel del maestro seguirá siendo importante (aun contra la inteligencia artificial), pero será el de un acompañante. Las fronteras de las disciplinas se harán cada vez más difusas y más amplias.
Un estudio reciente de la Ocde definía, entre grupos de interés muy diferentes, cuáles son las cualidades necesarias para el éxito en el trabajo. Hubo coincidencias extraordinarias. Tres características fueron calificadas por todos como las más importantes. En su orden: generar nuevas ideas/soluciones, disposición para cuestionarse, y capacidad para expresar bien sus ideas. Las de menor importancia fueron capacidad negociadora y autoridad.
Mientras debíamos estar discutiendo estos hechos, que van a definir la vida y la felicidad de nuestros jóvenes, los académicos nos distraemos peleando por cosas que nos parecen urgentes, pero que posiblemente se vean en poco tiempo como discusiones bizantinas sobre el sexo de los ángeles.
Las asociaciones de educación superior creen que las regulaciones del Título IX propuestas por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, diseñadas para ayudar a las instituciones a investigar y resolver las denuncias de acoso sexual de manera justa, efectiva y compasiva, harán más daño que bien, según el Consejo Americano de Educación (ACE). .
ACE y otras 60 asociaciones de educación superior presentaron comentarios antes del 30 de enero como parte de la consulta pública sobre las propuestas. Un análisis de los comentarios publicados por ACE encontró que, si bien hay aspectos de las regulaciones propuestas que serían útiles, en general, el borrador de la regla no sería útil.
En particular, las asociaciones advirtieron que esperar que los colegios y universidades ofrezcan un foro prescriptivo de talla única que permita a una persona buscar un juicio cuasijudicial contra otra es «problemático y antitético al entorno educativo».
Los comentarios detallan qué disposiciones ayudarían a las instituciones a abordar el acoso sexual y cuáles socavarían esos esfuerzos, así como otras que necesitan más aclaraciones.
En una declaración, el presidente de ACE, Ted Mitchell, dijo: «Creemos que hay algunos elementos de estos reglamentos propuestos que nos ayudarán a lograr el objetivo de establecer un marco regulatorio claro que establezca las responsabilidades de los colegios y universidades bajo el Título IX y permita a las instituciones «Investigar y resolver de manera justa, efectiva y compasiva las denuncias de acoso sexual en sus campus». »
Por ejemplo, las regulaciones preliminares brindan a los sobrevivientes más flexibilidad para determinar cómo desean proceder y requieren una evaluación objetiva de la evidencia, subrayando lo que siempre debe estar claro: no puede haber un ‘pulgar en la escala’ a favor de una parte u otra.
“Sin embargo, en general, creemos que estos proyectos de reglamento son un paso en la dirección equivocada. Una de las principales preocupaciones es que la norma propuesta impone un proceso judicial legalista y prescriptivo de «talla única para todos» y supone que las instituciones son un sustituto razonable de nuestro sistema legal civil y criminal. No lo son ”.
Controversia por interrogatorio
Un problema que se percibe es que la regla propuesta requeriría una“ audiencia en vivo ”con interrogatorio directo por parte de los asesores de las partes. ACE dijo que este enfoque, que someterá a los estudiantes a un interrogatorio directo altamente conflictivo, hostil y emocionalmente agotador en un ambiente similar a un tribunal, tiene inconvenientes evidentes.
Universidad Estatal de Michigan (MSU), que enfrenta acusacionesUna de las instituciones de educación superior que ha realizado comentarios es que la universidad no actuó sobre el abuso sexual por parte del ex médico deportivo de MSU y el ex médico de gimnasia de EE. UU. Larry Nassar.
Su presidente en funciones, Satish Udpa, destacó que MSU cree que el interrogatorio cruzado causará «un estrés indebido a las partes participantes, demandantes y demandados por igual, y tendrá un efecto escalofriante sobre la participación del reclamante en los procesos de investigación».
«Las universidades no deben ser obligadas a adoptar procesos judiciales que interfieran con su misión institucional», dijo Udpa en el comunicado.
El 24 de enero, Nassar fue condenado a entre 40 y 175 años de prisión por siete cargos de conducta sexual delictiva criminal que involucraban el abuso de atletas a su cuidado. Se había declarado culpable de 10 cargos de mala conducta sexual en primer grado en dos condados.
Durante la audiencia de sentencia de Nassar, 156 niñas, incluyendo ex atletas de MSU, dieron declaraciones de impacto sobre los efectos del abuso que habían sufrido en sus manos. Otras dos docenas de cartas privadas presentadas al tribunal para ser tomadas en consideración.
Los sobrevivientes del abuso sexual de Nassar han expresado su preocupación por estos cambios propuestos, con uno, Larissa Boyce, tuiteando: «Me siento mal del estómago. ¡Incluso pensar en el interrogatorio de Nassar me da ganas de vomitar! ¿¡¿Sabes por qué?!? Porque en realidad me enfrenté a él cuando tenía 16 años. ¡Quería meterme en un agujero y morir! Hablar sobre re-traumatizar y silenciar a la víctima. ¡¡¡NO ACEPTABLE! ”
Definición restringida
Otras preocupaciones incluyen que el cambio de la regla limitará la definición de qué es el acoso sexual en el campus, donde las instituciones pueden querer defender una definición más amplia o un estándar más alto; mientras que ACE informó que a muchas instituciones les preocupa que la regla propuesta tenga el efecto de establecer el estándar de prueba probatorio que se utilizará en todas las audiencias disciplinarias del campus.
La norma dice que las instituciones tienen la opción de utilizar la «preponderancia de la evidencia» o la «evidencia clara y convincente» como el estándar de la prueba en los procedimientos formales de reclamos del Título IX. Sin embargo, una institución que selecciona la preponderancia debe adoptarla en todos los demás procedimientos del campus que conlleven la misma sanción disciplinaria.
Las asociaciones de educación superior temen que la norma propuesta obligue a una institución a «desestimar» una queja que no esté incluida en el Título IX, incluso si esa conducta viola los códigos de conducta del campus. La regla también parece impedir que una institución tome medidas disciplinarias sin una queja formal del Título IX, incluso si la supuesta conducta violaría el Título IX y los códigos de conducta del campus.
MSU, por ejemplo, cree firmemente que no se debe exigir a las instituciones que hagan caso omiso del acoso y la discriminación simplemente porque ocurra fuera del campus o en un viaje de estudios en el extranjero y que las instituciones no deben estar limitadas por las formalidades de la firma en una queja antes de que lo hagan. capaz de seguir adelante con una investigación de acoso o discriminación. También cree que las instituciones deben tener la libertad de establecer estándares más altos sobre cómo definen el acoso sexual.
Las asociaciones de educación superior han hecho una serie de recomendaciones para la revisión que instan al Departamento de Educación a hacer antes de emitir una regla final, que se espera para este año.
La Asociación de Universidades Americanas, por ejemplo, en sus comentarios. presentado a la consulta, solicitó al Departamento de Educación que:
Eliminar los requisitos que las instituciones permiten para el interrogatorio y nombrar asesores alineados.
Eliminar el requisito de que las universidades apliquen el mismo estándar de evidencia y proceso en todos los procesos disciplinarios.
Aclarar si el Departamento de Educación tiene la intención de anticiparse a otras leyes relevantes y si, y bajo qué circunstancias, una institución puede prohibir e investigar conductas que caen fuera de la definición de «acoso sexual» del departamento.
Miles de graduados universitarios egipcios que han estudiado bajo el sistema de aprendizaje abierto se encuentran en una disputa judicial con el Colegio de Abogados de Egipto después de que el organismo se negara a otorgarles la licencia, supuestamente debido a su educación de baja calidad.
La obtención de una licencia del Colegio de Abogados independiente, el órgano superior de Egipto que regula los asuntos de la profesión jurídica, es obligatoria para trabajar como abogado en Egipto.
El jefe del Colegio de Abogados, Sameh Ashour, defendió la opinión de la asociación.
«La educación abierta es un sistema inútil, cuyo objetivo es recaudar dinero [de los afiliados] a cambio de ofrecer grados nominales», dijo Ashour, mientras presentaba su caso en la corte este mes.
«El Colegio de Abogados no se convertirá en un garaje para graduados de educación abierta cuyos estándares son débiles», dijo.
Sistema de aprendizaje abierto
La fila de larga duración ha visto varios giros y vueltas. El aprendizaje abierto comenzó en Egipto en 1987, con el objetivo de ayudar a las personas que no cumplían con los requisitos mínimos para calificar para los cursos universitarios regulares.
Bajo el sistema, los estudiantes no regulares, la mayoría de los cuales están trabajando, pueden postularse a escuelas de derecho, artes y comunicación masiva en universidades estatales. Pagan honorarios, con el monto dependiendo de sus mayores.
No todas las universidades estatales ofrecen cursos de educación abierta, que están especialmente diseñados para adaptarse a los estudiantes no regulares, ya que la mayoría tiene trabajo.
A lo largo de los años, cientos de miles se han graduado de estas escuelas en medio de las afirmaciones de algunas asociaciones profesionales de que la calidad de su educación es inferior a la de las universidades regulares.
Desafíos judiciales
Después de que el Colegio de Abogados se negó a reconocerlos, varios graduados de derecho de aprendizaje abierto impugnaron a la asociación ante el tribunal, que inicialmente falló en su favor en 2014. Pero la asociación mantuvo su postura, argumentando que acataba la ley.
«El Colegio de Abogados no tiene una posición hostil contra los graduados de educación abierta», dijo Salah Sulaiman, miembro de la junta de la asociación.
«Acabamos de aplicar la ley, ya que el ministerio de educación superior ha emitido recientemente un decreto sobre certificados [títulos] otorgados a estos graduados como certificados de estudios legales, que no equivalen a la licenciatura en derecho», dijo al periódico estatal. Al-Ahram .
«Además, hay otros sindicatos profesionales, que se niegan a admitir graduados de educación abierta», dijo Sulaiman.
Vista opuesta
Sin embargo, los graduados ven el tema de manera diferente.
«Tenemos el derecho legal de estar registrados en el Colegio de Abogados», dijo Amer Hussein, quien encabeza un grupo de graduados de educación abierta.
Hussein citó un decreto de 2011 emitido por el Consejo Supremo de Universidades, una agencia estatal a cargo de las políticas académicas en Egipto.
“Este decreto hace que los certificados de educación abierta equivalgan a los títulos obtenidos por los estudiantes regulares. Este decreto sigue siendo válido «, dijo Hussein.
“Además, algunos graduados de educación abierta que estudiaron leyes habían sido previamente licenciados por el Colegio de Abogados. No tiene sentido que algunos graduados hayan sido admitidos en el pasado, mientras que los nuevos no lo son. «No nos rendiremos».
Mientras tanto, las autoridades de educación superior no han emitido ningún comentario debido a que la disputa judicial se calienta.
El mes pasado, un tribunal de El Cairo condenó al jefe del Colegio de Abogados a dos años de prisión y le ordenó pagar una fianza de 20.000 EGP (US $ 1.100) en espera de una apelación.
El tribunal lo declaró culpable de no cumplir con una decisión anterior que otorgaba a los graduados de educación abierta el derecho a obtener una licencia del Colegio de Abogados. El veredicto fue revocado en apelación a principios de este mes.
Algunos graduados de educación abierta han dicho que presentarán una nueva demanda, lo que indica el inicio de una batalla judicial prolongada.
Terminar el estancamiento
Algunos académicos, mientras tanto, han hecho sugerencias para terminar el enfrentamiento.
«Las universidades que han graduado a estos estudiantes son parte del problema», dijo Mahmud Khalil, profesor de periodismo en la Universidad estatal de El Cairo, en un informe de prensa .
«Los funcionarios de la universidad deben reunirse con los funcionarios de los sindicatos profesionales para encontrar una solución que garantice el cumplimiento de las condiciones establecidas por estos sindicatos para sus miembros y al mismo tiempo salvaguardar los derechos de estos graduados», escribió Khalil en el documento independiente. Periódico Al Watan .
El requisito de Rusia de que los estudiantes de Zimbabwe proporcionen resultados de su estatus de VIH como parte del proceso de solicitud de becas para estudiar en ese país ha sido condenado por activistas del SIDA de Zimbabwe, lo que provocó un llamado a los países africanos a «renunciar» a las becas ofrecidas en tales condiciones.
Los activistas dijeron que hay una necesidad de atención global sobre el tema, para garantizar que los países no sigan requiriendo que los estudiantes presenten los resultados de sus pruebas de VIH como parte del proceso de solicitud. La convocatoria sigue un anuncio publicado en la televisión estatal en Zimbabwe por la embajada rusa, que ofrece una oportunidad para que los estudiantes zimbabuenses comiencen o continúen sus estudios en las instituciones rusas de educación superior en febrero. Dijo que 70 becas estatales estaban disponibles cada año y las áreas de estudio consistían en más de 100 alternativas en ciencias y humanidades. El anuncio dice que todos los estudiantes que soliciten becas estatales rusas deben enviar sus solicitudes a través del Ministerio de Educación Superior y Terciaria, Ciencia y Tecnología de Zimbabwe. Después de la aprobación del ministerio, los estudiantes deben traer los documentos requeridos a la embajada rusa, incluyendo copias legalmente certificadas de certificados de educación y resultados de exámenes, páginas de pasaporte, un certificado médico y un certificado de prueba de VIH / SIDA emitido por una autoridad de salud oficial de Zimbabwe. Cambio de politica Tendayi Westerhof, presidenta del Foro Nacional de Mujeres que Viven con VIH en Zimbabwe, dijo que el requisito de que se debe presentar una copia certificada de una prueba de VIH / SIDA como parte de la solicitud de una beca, necesitaba atención mundial para garantizar un cambio de política. “Hay necesidad de cambio de política en las becas. Nuestros parlamentarios, la Unión Africana y sus bloques regionales y las Naciones Unidas deben volver a examinar el tema de los países que requieren pruebas de VIH para jóvenes aspirantes que desean estudiar en sus países. “Las pruebas de VIH siempre deben ser voluntarias. Forzar a los jóvenes aspirantes a estudiantes que desean estudiar en ciertos países que ofrecen becas en el extranjero a someterse a pruebas de VIH y SIDA es una grave violación de su privacidad y derechos humanos. Creo que es hora de que, como africanos, dejemos la obsesión con la educación extranjera. ¿Por qué no estamos de acuerdo en no solicitar las becas que ofrecen esos países? ” . Dijo que era hora de que los países africanos renuncien a las becas de países que establecen políticas draconianas para las pruebas de VIH y SIDA. Westerhof dijo que los países africanos también deben invertir en sus propias universidades para que los jóvenes tengan la misma oportunidad de cumplir sus sueños sin becas discriminatorias que, según ella, harían más daño que bien a los jóvenes. Abogacía “Hacemos un llamado a una fuerte defensa con la UA y la ONU para repeler este tipo de criminalización de los jóvenes que viven con el VIH. «Nuestros legisladores locales deben realmente estudiar este asunto, ya que no solo afecta a los jóvenes, sino también a los padres que desean ver a nuestros hijos sobresalir y lograr sus sueños», dijo. «Estoy viviendo abiertamente con el VIH y estoy en forma y puedo contribuir a todos los desarrollos en mi país, incluido el estudio de cualquier cosa de mi elección y el VIH no tiene ningún rol en eso», dijo Westerhof. El director de la Red de SIDA de Zimbabwe, Taurai Nyandoro, dijo que pedir que uno envíe su estado es inaceptable, y los resultados del VIH no tienen relación con el proceso de selección de becas. “El VIH tiene un rostro humano y se ha convertido en un problema de derechos humanos. Al acceder a los servicios, no se debe preguntar sobre el estado «, dijo. El Consejo Nacional del SIDA de Zimbabwe dijo que mientras se alienta a las personas a hacerse la prueba y conocer su estado, las pruebas de VIH siguen siendo voluntarias en términos de las leyes de Zimbabwe. La embajada rusa no respondió de inmediato a las preguntas que le envió University World News .
El 24 de enero de 2019, varios estudiantes y trabajadores actuales y antiguos de Brown University Dining Services llegaron a la escuela Ivy League con una demanda única que alegaba que Brown había estado violando las leyes laborales federales durante años.
La Ley de normas laborales justas (FLSA, por sus siglas en inglés), una ley laboral federal aprobada en 1938, y la propia política de Brown dictan que los empleadores deben compensar a los trabajadores cuando están «comprometidos a esperar» durante los turnos «de guardia» . Los empleados cumplen con este criterio cuando sus restricciones de llamada son tales que no pueden usar su tiempo de manera efectiva para asuntos personales. Los gerentes y supervisores de los comedores estudiantiles de Brown dicen que se espera que quienes estén en el campus, sigan el código de vestimenta y puedan responder de inmediato por teléfono y en persona durante sus turnos de guardia.
Max Kozlov, estudiante de tercer año en neurociencia cognitiva en Brown y ex supervisor y gerente de Brown University Dining Services, le dijo a Truthout : «Dependiendo de la unidad, los supervisores y gerentes de la sala azul, los carros y las unidades de cajero toman turnos de guardia de 10-30. Horas por semana, además de trabajar 15-40 horas por semana, además de ser estudiantes de tiempo completo. Pero, en realidad, estábamos realmente de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, debido a las restricciones y demandas del trabajo ”. Otro demandante, Ben Bosis, eligió su horario de clases, en parte, basándose en turnos de turno.
El quid de la queja legal contra Brown, dijo Kozlov, es que la política de guardia de la universidad se remonta «indefinidamente» y «a nuestro entender, nadie ha sido compensado adecuadamente [por Brown] por estar de guardia». la demanda es exitosa, sesenta antiguos y actuales supervisores de comidas y gerentes de Brown pueden ser elegibles para pagos retroactivos.
Actualmente, las condiciones de pago a domicilio varían ampliamente entre las universidades. El sitio web de la Universidad de Purdue , que cita a FLSA, especifica que cualquier empleado que «no pueda usar el tiempo efectivamente para sus propios fines está trabajando» de guardia «y debe recibir al menos el salario mínimo federal para esas horas de» llamada «. Algunas escuelas, como la Universidad de Carolina del Norte, dictan que«una hora de tiempo compensatorio se otorga por ocho horas de guardia». El manual de comidas para empleados de estudiantes de la Universidad Estatal de Iowa proclama que los empleados de guardia «no recibirán pago por estos cambios a menos Llamado al trabajo. La política de Harvard. es menos sencillo: «La administración del trabajo de guardia y la determinación de la cantidad de la compensación de llamada se administrarán localmente».
Algunos podrían argumentar que no se debe pagar a las personas mientras están de guardia, ya que no están necesariamente trabajando en un sentido técnico durante ese tiempo. Sin embargo, los turnos pueden alterar dramáticamente la forma en que uno pasa su tiempo. Los horarios de servicio de los comedores de Brown University pueden comenzar desde las 7 am y terminar a las 2:15 am, lo que afecta los horarios de sueño, los horarios de estudio y vidas sociales.
La demanda de los estudiantes de Brown podría eventualmente forzar a las universidades a estandarizar, y de hecho hacer cumplir, sus políticas de compensación a pedido en todos los ámbitos. Teniendo en cuenta que el estudiante promedio tiene una deuda de $ 37,172 al momento de graduarse, esto podría ser una buena noticia para miles de estudiantes trabajadores.
“El lugar más feliz para trabajar en la Tierra”
Brown University Dining Services, el mayor empleador de Brown, contrata trabajadores no estudiantiles y no estudiantiles; Los primeros están sindicalizados , los últimos no están sindicalizados .
“No se requiere que los trabajadores que no son estudiantes tomen turnos de turno”, según Karen McAninch, agente comercial de United Service-Allied Workers de Rhode Island que trabaja con los empleados que no son estudiantes de Brown Dining Services.
Brown University Dining Services se anuncia a sí mismo como el «Lugar más feliz para trabajar en la Tierra» en carteles alrededor del campus, intentando atraer a los estudiantes más adinerados y endeudados a solicitar un trabajo.
Kozlov, un estudiante universitario de primera generación, se convirtió en supervisor de un cajero por $ 11.60 por hora como estudiante de primer año en 2016 y, después de aproximadamente un año, ganó $ 2.75 adicionales por hora cuando se convirtió en el gerente de la unidad de cajeros.
Durante el otoño de 2017, los gerentes estudiantiles de Brown University Dining Services, enviaron a la administración una «Propuesta para compensar a los supervisores por las horas de guardia», que sugería una estructura de bonos de solo 8 a 56 centavos por hora como pago por la tiempo de llamada. La administración de los Servicios de comidas de la Universidad de Brown les dijo a los gerentes que «pensaban que estaban cumpliendo con la ley», según Kozlov.
En su primer año, Kozlov estaba registrando de 30 a 40 horas por semana y se dio cuenta de que necesitaba pasar más tiempo en sus estudios académicos. «Siento que simplemente somos cuerpos necesarios que podrían pagarse a bajo costo, sin preocuparnos de cómo estas horas nos estaban impactando», dijo a Truthout. Renunció el 22 de septiembre de 2018 y posteriormente envió la carta de renuncia a sus compañeros supervisores y gerentes. En la carta, le dijo a Ann Hoffman, ex directora de administración de Brown University Dining Services, que «sabía que era hora de irse cuando ya no podía mirar a los demás estudiantes a los ojos y decirles lo maravilloso que es ser un supervisor.»
Su renuncia, «así como los esfuerzos continuos de otros administradores estudiantiles para abordar estas inquietudes, fortaleció la conversación sobre el horario y las condiciones de trabajo de los estudiantes en [Brown University Dining Services]», dijo Kozlov. Poco después de su renuncia, 27 gerentes y supervisores de restaurantes antiguos y actuales presentaron esta queja formal dirigida a Peter Rossi, el director de Brown Dining Services, con respecto al pago de llamada:
Nos gustaría hablar sobre la compensación retroactiva y estamos abiertos a escuchar sus opiniones sobre este tema. Además, nos gustaría asegurarnos de que sus políticas se actualicen para cumplir con estas leyes laborales. A falta de respuesta antes del viernes 19 de octubre, estamos preparados para buscar las siguientes opciones apropiadas.
El 18 de octubre, Rossi convocó una reunión con Amanda Bailey, vicepresidenta de Recursos Humanos (HR) de Brown, Sheila Coleman, consultora de recursos humanos y algunos de los supervisores y gerentes estudiantiles de Brown. Los estudiantes también invitaron a David Egilman, profesor del Departamento de Medicina Familiar de Brown, para que los asesorara y apoyara. A lo largo de la reunión, quedó claro que la administración no había pensado detenidamente los problemas; cuando los estudiantes preguntaron quién era su empleador técnicamente, la administración no pudo comentar. Egilman le dijo a Truthout que en realidad estaba sorprendido por su falta de conocimiento: «Pensé que al menos tendrían algún tipo de historia, en lugar de imitar al sargento Schultz de los Héroes de Hogan » No sé nada ‘», dijo.
Cuando se hizo evidente que los problemas no se resolverían completamente a través de la cooperación, algunos de los estudiantes decidieron contratar un abogado.
Sin embargo, en noviembre pasado, después de las discusiones con el equipo de administración de estudiantes de Brown University Dining Services, la administración aumentó los salarios de los supervisores y abolió los turnos de guardia . Bosis, quien tomó el trabajo para complementar su paquete de ayuda financiera, le dijo a Truthout que «si se aplicaran las políticas actuales cuando estaba trabajando, no creo que hubiera renunciado en primer lugar». Agregó: «Tengo un «mucho respeto y aprecio por los administradores de Brown que nos han apoyado en formas que pueden y ayudaron a aumentar la presión sobre los administradores de [servicios de comidas] para que cambien sus políticas».
Aún así, ninguno de los ex alumnos-gerentes ha recibido pagos retroactivos por sus horas.
Kozlov y Bosis no son los únicos reclamantes del Servicio de Comidas de la Universidad Brown. Katherine Jimenez, una supervisora de carritos que se graduará en 2020, le dijo al Brown Daily Herald que el impulso a los cambios en las políticas, como las propuestas de salarios, la reducción de horarios de atención y las comidas durante los turnos, no es algo nuevo. Las mujeres y las personas de color han «encabezado estos movimientos», dijo.
Los empleados no estudiantiles de Brown University Dining Services, muchos de los cuales son personas de raza negra y marrón de la comunidad del Cabo Verde de Rhode Island, le dijeron recientemente a The Nation que temen los «veranos del infierno». Los trabajadores tienen dificultades para mantenerse hidratados en el trabajo caluroso y miserable Las condiciones en el antiguo edificio del refectorio, y en ocasiones incluso es una lucha para quitarse los pantalones en el baño debido al sudor. Un empleado fue hospitalizado durante varios días después de una incautación relacionada con el calor el 1 de julio de 2018. Luego de una campaña de un año liderada por los trabajadores y Brown’s Student Labor Alliance , un grupo que «actúa en solidaridad con los trabajadores», la Universidad anunció una inversión de $ 3 millones. Para instalar aire acondicionado en el refectorio.
Una historia de la explotación laboral
Las universidades de la Ivy League, generalmente administradas por elites adineradas, pueden proyectar una imagen progresiva, aunque muchas veces no superan el status quo cuando se trata de cuestiones laborales.
Para Brown, esto ha sido cierto a lo largo de su historia. Por ejemplo, una investigación encargada por la propia Brown University informó que el edificio más antiguo de Brown, el University Hall, fue financiado a través de una campaña de suscripción pública, en la que hombres blancos «donaron» esclavos para construir el edificio. Los materiales de madera fueron donados por López y Rivera, una gran empresa que comerciaba con esclavos, anteriormente en Newport, Rhode Island.
Los cuatro hermanos Brown, de quienes recibió el nombre de la universidad, participaron en el comercio. Durante una captura particularmente espantosa financiada por los Browns en la década de 1760, 108 de 196 africanos esclavizados, incluidos niños, perecieron en el barco The Sally durante la navegación desde África a las Indias Occidentales . Una mujer se ahorcó entre las cubiertas. Otros se ahogaron tras un fallido intento de fuga insurreccional.
Aunque la 13a Enmienda detuvo la esclavitud y la servidumbre involuntaria para aquellos que no fueron condenados por un delito, algunas universidades mantienen contratos laborales con prisiones que generalmente pagan a los presos centavos por hora. En 2015, la Universidad de Columbia fue la primera universidad en deshacerse de empresas privadas de prisiones luego de una campaña estudiantil titulada Columbia Prison Divest. Aunque los estudiantes de Brown han protestado de manera similar, no hay evidencia de que la Universidad de Brown, o cualquier otra escuela de la Ivy League, haya seguido su ejemplo.
En las últimas décadas, la mayoría de los conflictos laborales en Brown han girado en torno al trabajo asalariado y los sindicatos. La administración de la Brown University modificó el panorama laboral en los campus de todo el país en 2004 , cuando argumentó ante una Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) nombrada por Bush, un organismo cuasijudicial que rige los casos relacionados con el trabajo, que los estudiantes de posgrado , los asistentes de investigación y los supervisores tienen una relación principalmente educativa, no económica, con la universidad y, por lo tanto, no se les debe permitir sindicalizarse o negociar colectivamente como empleados. La Junta finalmente estuvo de acuerdo con Brown y revocó un fallo anterior, NYU (2000), que otorgaba a los asistentes de posgrado el derecho a sindicalizarse.
Sin embargo, hace dos años, los Trabajadores Graduados de Columbia presentaron una petición para representar a una unidad de asistentes de docencia e investigación graduados y no graduados, y la Junta finalmente anuló la decisión tomada bajo Brown. Esta decisión se tomó a pesar de un breve informe presentado por la Universidad de Brown, la Universidad de Cornell, el Dartmouth College, la Universidad de Harvard, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la Universidad de Pennsylvania, la Universidad de Princeton, la Universidad de Stanford y la Universidad de Yale, que instó al reconocimiento de los estudiantes graduados como empleados.
Este desarrollo relativamente nuevo es, en parte, el motivo por el que hemos visto una explosión de la actividad sindical estudiantil.
El 1 de noviembre de 2018, los estudiantes graduados de Brown votaron 576 a 394 a favor de la sindicalización; sin embargo, dado que los estudiantes estaban bien conscientes de que la presentación a través de la NLRB podría desencadenar otra revocación de la regla , presentaron la unión a través de una entidad privada, AAA. Las universidades deben aprobar el sindicato cuando los estudiantes presentan su solicitud de forma privada, lo que proporciona a las escuelas un mayor poder de influencia sobre las negociaciones sindicales y pueden cancelar el acuerdo laboral en cualquier momento.
Los temores de los estudiantes graduados de Brown fueron fundados: a principios de este mes, el 7 de diciembre de 2018, los administradores de Grinnell College instigaron otra ronda de ping pong de la NLRB cuando presentaron una apelación de la decisión de Columbia en respuesta a la Unión de Trabajadores de Restaurantes de Grinnell (UGSDW ) Petición de la NLRB para ampliar su sindicato. La UGSDW se vio obligada a retirar su petición a principios de diciembre de 2018, citando la «posibilidad débil de una decisión justa» ante un Trump NLRB. Debido a la falta de voluntad de los administradores de universidades privadas para apoyar a los sindicatos de estudiantes, el futuro de la sindicalización administrada públicamente en el campus parece sombrío hasta que se designe una nueva junta laboral.
Las disputas laborales en el campus están radicalizando a la juventud
Incluso si la demanda contra Brown no tiene éxito en un sentido legal, la iniciativa dirigida por estudiantes puede inspirar a otros estudiantes y trabajadores a desarrollar tácticas que desafíen sus malas condiciones de trabajo. «Los estudiantes tienen mucha influencia en las universidades, y este es un poder que los estudiantes pueden y deben usar en su beneficio para hacer frente a la injusticia», dijo Kozlov. En algunos casos, podría tener más sentido demandar a una universidad que está violando flagrantemente la ley, como lo han hecho los gerentes estudiantiles de Brown. En otros casos, las demostraciones y la acción directa serían más impactantes, como en la lucha de Student Labor Alliance contra las condiciones de trabajo en el refectorio.
Las disputas laborales en las universidades, especialmente si se organizan en solidaridad con los trabajadores no estudiantiles, pueden ser un punto de entrada vital en la organización radical contra instituciones poderosas.
Una muestra de solidaridad en mayo pasado entre trabajadores académicos, personal no docente de la cafetería, consejeros estudiantiles y sus partidarios en The New School, con sede en la ciudad de Nueva York, cerró la cafetería durante 10 días en respuesta al intento de la universidad de tener una cafetería. El personal vuelve a solicitar su trabajo bajo términos crípticos. Muchos sospechaban que la universidad intentaba destrozar al sindicato de personal de la cafetería para reemplazar a los trabajadores sindicalizados con trabajadores estudiantiles más baratos.
La colaboración entre una gran variedad de grupos anarquistas, comunistas y pro sindicales demostró ser eficaz: «Se intercambiaron la militancia, la magnitud y la legitimidad, reforzando las campañas individuales, por lo demás tímidas, pequeñas o descartables», informó Pacific Standard Mag . Al final, el Local 100 de UNITE HERE declaró una victoria para el personal de la cafetería, y todos los miembros del personal mantuvieron sus trabajos bajo su contrato original.
Cuando las universidades intentan evitar que los estudiantes se sindicalicen, no solo están siendo avariciosos (la dotación de Brown es de $ 3.8 billones), también les están robando a los estudiantes experiencias empoderadas. Mientras tanto, a pesar de publicar un informe para reparar su relación histórica con la esclavitud, Brown aparentemente se ha resistido a los llamados de los activistas estudiantiles para que la escuela se deshaga de las prisiones privadas., planteando preguntas sobre si la universidad realmente desea abolir el orden social racista actual. Como una de las instituciones de élite más poderosas del mundo, que muchas veces no le paga un salario adecuado a sus estudiantes-trabajadores o no los compensa por las horas de guardia, Brown está enseñando implícitamente a los estudiantes que así es como se debe tratar a los trabajadores. Y cualquiera que haya olvidado los detalles de un curso de la universidad sabe que algunas de las lecciones más poderosas de la vida se enseñan fuera del aula.
Los gremios docentes fueron convocados por Educación para revisar el último acuerdo paritario ante el avance de la inflación. Tras el fracaso de la negociación, advirtieron que peligra el inicio de las clases en las universidades públicas
El Ministerio de Educación convocó ayer a los docentes universitarios a una reunión paritaria para tratar la primera cláusula de revisión salarial contemplada en el acuerdo 2018. Pero no hubo avances: los sindicatos de profesores comunicaron que las autoridades no propusieron ninguna oferta salarial y que, en cambio, pidieron un cuarto intermedio hasta el lunes 21. En ese contexto, los gremios advirtieron que peligra el inicio normal del próximo ciclo académico.
El acuerdo paritario del año pasado fijó un 25 por ciento de aumento salarial de marzo a octubre, con una cláusula de revisión en diciembre y una en febrero, y fue firmado por las representaciones sindicales de Conadu, Fedun, UDA y Fagdut. Ayer, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) abrió la primera instancia de revisión y convocó a los dirigentes de esos gremios. La Conadu Histórica denunció que fue excluida de la negociación por no haber aceptado firmar la paritaria.
Tras participar del encuentro, la dirigente de Conadu Verónica Bethencourt expresó que “el espíritu de la cláusula de revisión salarial que firmamos en el acuerdo paritario es no perder poder adquisitivo frente a la inflación y recomponer el salario: eso implica un 16,6 por ciento de aumento”, detalló. “Vemos con preocupación que la SPU reconozca que no está al alcance de otorgarnos ese porcentaje que nos corresponde y exigimos que realicen una propuesta inmediata que llegue a cubrir las necesidades de las y los trabajadores”, agregó.
Desde la Fedun precisaron que “el Ministerio de Educación se presentó en la mesa paritaria sin ninguna propuesta concreta para compensar el desfasaje del 21 por ciento que tuvo nuestra paritaria respecto de la inflación, que afecta de manera grave el poder adquisitivo de los trabajadores docentes universitarios”. La federación anunció que corre riesgo el inicio de clases en las universidades públicas y planteó: “Mientras el índice oficial de inflación escala al 47 por ciento y se habilitan incesantes aumentos en las tarifas de los servicios públicos, el Gobierno no da respuestas a los reclamos salariales exponiendo a los trabajadores a una situación crítica”.
“Hoy no están dadas las condiciones para que comience el ciclo lectivo 2019. Si entre el 21 de enero y el 8 de marzo no hay una recomposición salarial correspondiente, no va a haber inicio normal de las actividades”, avisó el secretario de Organización de Conadu Histórica, Antonio Roselló, en diálogo con PáginaI12. En ese sentido, el dirigente destacó que “el salario para el cargo testigo es de 14 mil pesos en mano y el costo de la canasta básica total en la Ciudad de Buenos Aires, según el propio Horacio Rodríguez Larreta, es de 24 mil pesos”. Por otro lado, denunció que la cartera que conduce Alejandro Finocchiaro excluyó a la Conadu Histórica “de todo tipo de negociación, del bono, de los fondos de capacitación y, ahora, de la recomposición salarial, porque nuestras asambleas y congresos resolvieron no firmar el acta paritaria del año pasado”.
Además de una urgente recomposición salarial, el reclamo de todos los sindicatos incluye el blanqueo del adicional no bonificable, es decir, el pasaje de las sumas fijas al sueldo básico, y la regularización de los docentes contratados y ad honorem, previsto en el acuerdo paritario. El año pasado estas demandas llevaron a un conflicto con tres semanas de paro, clases públicas y tomas de facultades, que desembocó en una movilización masiva a Plaza de Mayo.
Los alumnos de secundaria protestan contra una reciente reforma que complica el proceso de selección para ingresar a las instituciones de educación superior, e implica un aumento significativo de las matrículas para los estudiantes extranjeros.
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