América del Sur/Chile/universityworldnews.com
Las universidades que enfrentan restricciones financieras relacionadas con la política de matrícula gratuita para estudiantes de bajos ingresos le piden al gobierno un proyecto de ley de vía rápida para enmendarlo. La fuga financiera causada por la implementación de la matrícula gratuita ha sido clara desde su inicio en 2016.
El asunto se ha vuelto crítico y ampliamente debatido en Chile por tres razones principales.
En primer lugar, a partir del próximo año, las universidades no recibirán la mitad de la cuota de matrícula para los estudiantes que no terminaron sus carreras a tiempo.
En segundo lugar, en 2019, los estudiantes del sexto grupo de ingresos más pobres estarán exentos de pagar la matrícula; inicialmente solo beneficiaba a los estudiantes de las familias más vulnerables al 50%.
En tercer lugar, de acuerdo con la ley, las tarifas de matrícula para los estudiantes que no califican para la matrícula gratuita están siendo establecidas por el gobierno, lo que significa que las universidades que carecen de recursos no pueden aumentar sus tarifas a voluntad.
Según un estudio del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH), que representa a 27 universidades públicas y privadas, los ingresos de sus miembros se reducirán en US $ 65 mil millones en los próximos 12 meses.
Pero hay algunas buenas noticias. Por primera vez en seis años, el número de personas registradas para rendir el examen nacional de selección de universidades (PSU) disminuyó. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, dijo que la caída podría deberse a la baja tasa de deserción universitaria registrada desde que comenzó la política de matrícula gratuita.
Las universidades se ajustan los cinturones.
Anticipándose a las restricciones financieras, algunas universidades aumentaron el número de estudiantes después de que la matrícula gratuita entró en funcionamiento en 2016. Por ejemplo, la facultad de derecho de la Universidad de Chile aumentó el número de estudiantes en un tercio.
Para empeorar las cosas, el presupuesto nacional del gobierno de 2019 de US $ 73 mil millones es un aumento de solo 3.2% con respecto al presupuesto de 2018, el aumento más bajo desde 2012. También será la primera vez desde esa fecha que el gasto público crezca menos que el PNB ( producto nacional bruto).
La propuesta presupuestaria de 2019 del gobierno para educación, por un valor de US $ 191 millones, representa un aumento del 6,2% respecto de 2018, según el ministro de Finanzas, Felipe Larraín. El mayor incremento es para otorgar matrícula gratuita a las familias más vulnerables al 60%.
El proyecto de presupuesto nacional para 2019, ahora en el parlamento, etiquetado como «tacaño» por la oposición y «prudente» por los partidos gubernamentales, no aliviará el déficit que enfrentan las universidades, por lo que los recortes financieros son inevitables.
La universidad privada Diego Portales University (UDP) anunció el 17 de noviembre que ajustaría su presupuesto para 2019. Se despidió a tres profesores de derecho que, según UDP, «tuvieron un rendimiento de investigación relativamente bajo», entre ellos la profesora Leonor Etcheberry, abogada de la Corte Suprema. Su despido provocó críticas dentro y fuera de la universidad, particularmente de colegas abogados y sus asociaciones.
En protesta por los despidos, los estudiantes de derecho de UDP dejaron de asistir a las clases y luego se hicieron cargo de su campus. Exigían que se reincorporara a los tres profesores y que se despidiera a Marcelo Montero, decano de la facultad. Tras ocho días de movilización llegaron a un acuerdo con la universidad.
Etcheberry fue invitada a regresar bajo sus anteriores condiciones de empleo, pero ella no había respondido en el momento de escribir. Nada ha sucedido aún con los otros dos académicos despedidos. La posición del rector montero será revisada el próximo mes de abril.
En la Universidad Autónoma, una universidad privada, su rector, Teodoro Ribera, dijo que «la reestructuración del personal académico no estaba prevista en la actualidad, pero tendrían que aumentar su contribución a la enseñanza, la extensión y la investigación». La Universidad Alberto Hurtado, otra universidad privada dirigida por los jesuitas, ha recortado el gasto en unidades de servicio.
Propuestas para cambiar la ley.
El CRUCH envió una carta a la comisión de presupuesto del parlamento, donde se estaba discutiendo el presupuesto nacional para 2019, y a Juan Eduardo Vargas, jefe de educación superior del Ministerio de Educación. En la carta, solicitaron al gobierno que modifique el fondo de crédito especial de las universidades estatales para estudiantes de bajos ingresos para permitir que las universidades capitalicen los pagos en lugar de usarlos para otorgar más préstamos, como lo exige la ley.
Aliro Bórquez, rector de la Universidad Católica de Temuco, propuso que se cambie la política de matrícula gratuita para financiar la duración de un título más un año adicional.
Ricardo Paredes, director del Duoc UC de la Pontificia Universidad Católica, un instituto técnico, advirtió en una carta al diario nacional El Mercurio.el 21 de noviembre, una reforma a la ley de educación superior debe considerar la política de matrícula gratuita junto con los préstamos estudiantiles para todos los estudiantes.
De lo contrario, dice, si algunas instituciones dejan de proporcionar la matrícula gratuita para equilibrar su presupuesto, la demanda de préstamos del gobierno aumentará y la carga financiera para el gobierno seguirá allí.
José Francisco Lagos, subdirector del Instituto Res Pública, un grupo de expertos, dijo a University World News , luego de una carta suya en El Mercurio titulada «Enmendar el error», que la política de matrícula gratuita debe ser seriamente cuestionada y modificada para protegerla. La calidad de la educación superior.
“El mundo universitario es muy dinámico y requiere flexibilidad. Y estas restricciones impuestas por la ley no les permiten adaptarse a las circunstancias cambiantes y planificar a mediano y largo plazo, ya que su financiamiento está limitado ”, dijo Lagos a University World News.
Dijo que el gobierno debe estar abierto a cambiar la política de matrícula gratuita para corregir lo que él llama «las injusticias intrínsecas» de la política. Con esto quiere decir que se debe dar prioridad a los estudiantes que no pueden postularse a una universidad porque, por ejemplo, no cumplen con los requisitos académicos o deben trabajar para ganarse la vida.
Con este fin, sus propuestas incluyen otorgar becas de mantenimiento, mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria, donde estudiantes de más de 800 escuelas no califican para ingresar a la universidad debido a sus bajas calificaciones en el examen de selección de la universidad, y atraer a buenos maestros para enseñar En escuelas altamente vulnerables duplicando sus salarios.
La posición de Lagos sobre los problemas económicos que enfrentan las universidades chilenas es clara: “Tenemos un sistema de educación superior que enfrenta problemas financieros. «Asumimos los costos de una póliza defectuosa o cambiamos de rumbo».
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Imagen tomada de: https://www.timeshighereducation.com/sites/default/files/styles/the_breaking_news_image_style/public/Pictures/web/r/n/h/student-demonstration-santiago-chile-april-2015.jpg?itok=i9ftphq0
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