http://angelabarrazarisso.blogspot.com/Chile/07-03-2016/
El Cardenal Ezzati señala que la reforma educacional que está llevando a cabo el gobierno de Michelle Bachelet “tiene el peligro de caer en uniformarlo todo, teniendo como modelo proyectos estatistas caducos».
A pesar de que nuestro país es un Estado Laico y que las intervenciones de la iglesia, en materia legislativa están de más, el cardenal Ezzati insiste en utilizar sus espacios de poder, para intervenir en la contingencia política nacional, a favor de los intereses de unos pocos, refiriéndose de esta manera a la discusión pública que se está dando en materia de la reforma educacional.
Lamentablemente, los ribetes políticos de sus declaraciones caen en las mismas barbaridades de las campañas del terror impulsadas por la derecha, al vincular la reforma educacional con “proyectos estatistas caducos”, como si fueran a resucitar Stalin o Mao, para venir a implementar una reforma estilo Gulag.
Hablando de la gratuidad de la educación, señaló lo siguiente: “Eso puede parecer como una cosa excelente, pero a qué cosa conduce finalmente: a que el Estado sea el dueño de la educación”, enfatizó. “Y por tanto, puede imponer algo diferente a lo que las personas y la comunidad natural, que es la familia, tienen derecho a escoger”.
Lamentablemente, señor Ezzati, ese “derecho a escoger”, en el sistema actual, es un privilegio de muy pocos en nuestra sociedad y sorprende que un representante de la iglesia, que sigue la palabra de Cristo, quien velaba por los pobres y desventurados insista, de manera recalcitrante en defender las prácticas de un sistema que perpetua las brechas sociales y que las abre en materia de desigualdad.
Esto se ha dado en el marco previo a una reunión del Ministerio de Educación para definir las sanciones del lucro con recursos estatales ya que aún no está completamente claro, en el oficialismo, la forma y el procedimiento de penalizar el lucro, copago y selección en los establecimientos educacionales. En este escenario, Ricardo Ezzati señaló que las fiscalizaciones en esta materia no deben intervenir en los colegios al extremo de que el Estado “sea el dueño de la educación”.
“El Estado no puede, ni debe ni debe convertirse en el dueño de la educación y, por consiguiente, que la quiera dirigir a su antojo de acuerdo a la ideología de turno. Eso es inaceptable.”
La anterior es otra de las desafortunadas declaraciones del cardenal, quien parece olvidar que el actual sistema educacional fue implementado en dictadura, ideología (a la fuerza) de turno, que convirtió a algunos privilegiados en los dueños de la educación y que, efectivamente, la dirigieron a su antojo, cosa que se pretende combatir gracias a la implementación de esta reforma.
Tampoco podemos olvidar el nivel de segregación y discriminación que caracteriza a muchas de las instituciones educacionales que pertenecen al clero, que además, establecen proyectos educacionales que apuntan a seguir creando ghettos de élites, en donde, para acceder a una matrícula, te piden “cartas de recomendación de personas conocidas por el establecimiento”, a parte de aranceles que superan los 300 mil pesos mensuales y los correspondientes certificados de bautismo y de matrimonio, los que garantizan que las familias que acceden a estos proyectos educativos, cumplen con los requerimientos básicos para acceder a una educación que va más allá de la calidad. Y eso es lo que está defendiendo Ezzati, lo que evidentemente tiene un sesgo político marcado a fuego.
Desde el oficialismo han manifestado que el establecimiento de sanciones se debe limitar, sin que exista una injerencia directa en la administración de planteles educativos. Sencillamente, se trataría de aplicar castigos en el caso puntual de que se presenten irregularidades.
Por su parte, el senador Jorge Pizarro (DC) señaló que la sanción del lucro con cárcel no debe ser la única forma, pues resulta necesario que las sanciones sean progresivas y proporcionales a gravedad de la falta detectada.
En el mismo contexto, Ricardo Lagos Weber (senador del PPD) señaló que el fin último no es castigar el lucro en sí mismo, sino la mala utilización de recursos públicos, ya sea cometido por instituciones públicas o privadas.
Se espera que el día domingo, los senadores oficialistas, puedan discutir los alcances de la reunión de hoy en el Ministerio de Educación, para agilizar el despacho de este proyecto.
Angela Barraza Risso
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