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Enfoques cooperativos; Hoy: Si no construimos hoy, no habrá otro mundo mejor.

Por José Yorg, el cooperario

“No cambias las cosas combatiendo la realidad existente. Cambias algo construyendo un nuevo modelo que hace el modelo existente obsoleto”. Buckminster Fuller.

“En la utopía de ayer se incubó la realidad de hoy, así como en la utopía de mañana palpitarán nuevas realidades.” José Ingenieros

A esta altura del desarrollo del proceso desatado por imperio de la presencia y expansión de la pandemia, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que  tal proceso ha evidenciado con toda potencia la desigualdad social y su tragedia e infortunio.

A partir de lo expuesto en el párrafo anterior, y sobre todo, tomado como ciencia cierta, está claro que corresponde remediar tales desfasajes o distorsiones socio-económica como, por ejemplo, en el sistema educativo caduco y en crisis, lo mismo vale al sistema sanitario.

Mientras estos dos campos de la vida humana no sufran una autentica transformación que quiebre la estructura de sus componentes rígidos y atrasados, no será posible  avanzar en la construcción de nuevas y vigorosas formas y maneras de enfocar estos servicios esenciales en favor del pueblo.

La continuidad o aun el empeoramiento de estas estructuras serán una realidad si no encuentran una contestación transformadora y rupturista, a pesar de sus evidentes fracasos y daños sociales, es cuestión que nos confirman ciertas leyes físicas newtonianas.

La tozudez de ciertos sectores de privilegios se opone a cualquier cambio, son conservadores y reaccionarios, pero está claro que si no impulsamos esos cambios imprescindibles, reales y deseables, no habrá otro mundo mejor. Sin embargo…

Hacia ese nuevo mundo

Se suele repetir con frecuencia una frase atribuida a  Charles Gide “El sistema cooperativo no ha salido del cerebro de un sabio o de un reformador, sino de las entrañas mismas del pueblo”. Ahora, no podemos evitar hacernos un interrogante ¿No existe una conjunción entre los saberes del pueblo y la capacidad interpretativa del intelectual? Creemos que sí.

Lo hemos repetido muchas veces, pero se sabe por experiencia que se debe ser persistente en la promoción de ideas fecundas. Ciencia y doctrina se complementan, «la ciencia explica lo real, la doctrina juzga y propone», así lo estableció Paul Lambert en su libro “Doctrina Cooperativa”.

Entonces, la cooperación, más allá de caracterizar a la especie humana y todo que es sistemático, se desarrolló en su aspecto científico y doctrinal y así construyó el Movimiento cooperativo, el cooperativismo, cuya naciente fue en respuesta, una reacción,  a los males sociales engendrados por el capitalismo industrial, nos ejemplifica que el capitalismo ya no representa humanamente un progreso, sino que es todo lo contrario, es la  destrucción del ser humano, como especie y su hábitat.

Así que los valores y principios del cooperativismo nos alientan a imaginar un mundo mejor que supere definitivamente al capitalismo. ¿Cómo es ese mundo que imaginamos y sobre todo cómo lo construimos?

Esos interrogantes son guías para la acción transformadora, son las subjetividades que necesitamos y que se complementan con la creencia de que es posible y necesario esos cambios.

Ya está claro, si queremos verlo, que, de esta pandemia salimos perdedores o ganadores de un mundo mejor. La lucha bondadosa del cooperativismo es un programa de mejoría social y trabaja con persistencia todos los días para ese objetivo.

¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo!           

 

 

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Educación, niños y jóvenes como náufragos de la pandemia

Por: Isaac Enríquez Pérez

Entre los principales náufragos de la pandemia destacan los niños y jóvenes (https://bit.ly/3h34gv7) despojados del espacio público que les brinda la escuela y de la educación como mecanismo de socialización y construcción de ciudadanía.

Con el confinamiento global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que más de 1600 millones de estudiantes fueron afectados por la parálisis y cierre temporal de las escuelas en más de 160 países (https://bit.ly/2Y6NymV). 40 millones de niños en edad preescolar son privados, con la pandemia, de cursar su primer año en ese nivel educativo (https://bit.ly/3g05zcW). En tanto que, se calcula, como mínimo, alrededor de 24 millones de niños y jóvenes que podrían abandonar definitivamente su enseñanza a raíz de los impactos de la crisis económica que se cierne. Ante esta situación, António Guterres, Secretario General de este organismo internacional, acusa que con ello se perfila “una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas” (https://bit.ly/3iQ73Z7).

A ello se suma el rezago –previo a la pandemia– de 250 millones de niños en edad escolar que vivían excluidos de la alfabetización y de la escolarización. Lo cual, en sí, es una crisis social de grandes magnitudes que se relaciona con los procesos de desigualdad extrema global y con los múltiples mecanismos de exclusión social que se territorializan de manera diferenciada entre las naciones.

Con la gran reclusión, los niños y jóvenes no solo son privados de un espacio físico como la escuela, sino del andamiaje institucional y simbólico que les permite participar en el proceso de enseñanza/aprendizaje y en la construcción de imaginarios y significaciones para representar el mundo y la realidad que les circunda. Es la educación –tras la familia– el principal mecanismo de socialización y de cultivo de las relaciones cara a cara de infantes y adolescentes que hoy día son relegados, sin alternativa, al ámbito de la privacidad y el anonimato. Imponiéndose con ello la atomización, la resignación, el social-conformismo, y la postración de la imaginación.

Ante el riesgo pandémico, desde el mes de marzo ganó terreno el proceso de formación en el Internet Way of Life. Pero este sistema de educación a distancia obvia las necesidades materiales y emocionales específicas de niños y jóvenes. A la ansiedad, estrés y angustia que, por sí mismo, supone el inducido encierro de los últimos meses, se suma la soledad y desconcierto de este grupo etario de cara al proceso de enseñanza/aprendizaje mediado por las tecnologías de la información y la comunicación. A ello se agrega también la mayor exposición de estos niños y jóvenes a la televisión y a sus oleadas publicitarias y propagandísticas que inundan con noticias falsas carentes de contenido didáctico y que enfatizan en un entorno negativo y en la entronización de un estilo de vida que estimula evasiones y adicciones como la junk food (comida basura o comida chatarra) y que los expone al debilitamiento del sistema inmunitario y a morbilidades como la obesidad y la diabetes.

Es en las sociedades subdesarrolladas donde se expresan de manera más radical los impactos de la pandemia y del confinamiento global. Particularmente, la brecha digital exacerba los tradicionales mecanismos de exclusión que prevalecen en los sistemas educativos nacionales, en lo que viene a conformar una era de la desconexión con 346 millones de niños y jóvenes (29% del total) sin acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (dato proporcionado por una UNICEF para el año 2017; https://bit.ly/2Y2J7te). La sociedad paradojal que vivimos es inédita por la vorágine de innovaciones tecnológicas, pero también por la creciente exclusión en torno al uso y disfrute de las mismas. Y ello marcha a la par de la propia ignorancia tecnologizada que supone, para aquellos ciudadanos que tienen las posibilidades materiales, accesar a la era de la información, pero no usar sus dispositivos para cultivar el proceso de enseñanza/aprendizaje y la formación de la cultura ciudadana.

México no está al margen de esos comportamientos y tendencias mundiales. Con un sistema educativo preñado de variados rezagos, centralista y culturalmente homogéneo por antonomasia, y capturado por múltiples intereses creados que subordinan la formación a lo faccioso, no solo enfrenta la insuficiencia de inversión pública (se destina 4.3% del PIB nacional y el 17% del presupuesto federal) en varios rubros como la infraestructura (escuelas rurales sin sanitarios y energía eléctrica; escuelas radicadas en regiones calurosas sin aire acondicionado; escuelas urbanas y rurales aún dañadas por los efectos de sismos de años pasados), el material educativo y la capacitación de los docentes de niveles básicos, sino que persisten en él limitaciones pedagógicas y didácticas que posicionan al país en los peldaños más bajos de las evaluaciones entre países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Hacia el año 2018, según estudios del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), alrededor del 85.6% del gasto público destinado a educación es absorbido por el pago de nóminas; pero, agregamos, ello desprotege la inversión en la llamada formación inicial del docente y en el uso efectivo de tecnologías de la información y la comunicación.

Cabe apuntar que con la pandemia y los confinamientos, en el país azteca se suscitó un fenómeno de deserción escolar masiva por diferentes causas, tras la experiencia del programa oficial “Aprende en casa”, con el cual se intentó finalizar –desde el mes de marzo– el ciclo escolar 2019-2020. Funcionarios del gobierno federal indican que alrededor de 800 mil adolescentes entre los 15 y los 17 años y que cursaban el tercer grado de su formación secundaria, no podrán continuar su formación de bachillerato (https://bit.ly/2PVjHtf). En ello incide el desinterés en su propia formación, pero también la necesidad impuesta por la crisis económica de contribuir al ingreso familiar a través de su trabajo. En el nivel de educación superior (licenciatura y posgrado) se calcula una deserción de 593 mil jóvenes (de un total de 4 millones 538 mil matriculados). Para el nivel básico (pre-escolar y primaria) y medio básico (secundaria), se calcula que 2.5 millones de niños y jóvenes (el 10% del total inscritos) abandonarán la escuela definitivamente en medio de la pandemia (https://bit.ly/3avETiM). Cabe mencionar también que en el ámbito de la educación privada –que atendía a 5.5 millones de estudiantes–, con la pandemia se vieron obligadas a cerrar 30% de las escuelas; al tiempo que se proyecta una reducción del 35% en sus matriculas dentro de los niveles básico, medio básico, y medio superior (https://bit.ly/311rHPL).

Esta deserción escolar tendrá impactos en la desigualdad de género y en problemas de salud pública como la nutrición y los embarazos no deseados. En este último rubro, el Consejo Nacional de Población proyecta que con la pandemia existirán alrededor de 171 mil embarazos no deseados más entre mujeres de 15 y 34 años de edad; y de ese total, 35 mil 813 embarazos corresponden a adolescentes en el rango de edad de los 15 a los 19 años (https://bit.ly/2YajA1r), y que se suman a los 390 mil 89 mujeres entre 9 y 19 años que fueron madres en años previos. Es muy probable que exista una correlación entre este fenómeno y la deserción escolar de los últimos meses.

Ante estos antecedentes mínimos, el pasado 3 de agosto la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el inicio del ciclo escolar en los niveles básico, medio básico y medio superior para el día 24 del mismo mes. Oficialmente, se apela a las posibilidades que abre la difusión de contenidos educativos a través de la televisión y la radio.

Al 15 de agosto se registraron en México 511 269 casos de contagio por Covid-19 y 55 908 muertes a causa de esta enfermedad; cifras aceleradas por la presencia de co-morbilidades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Y con una proyección, hacia noviembre y diciembre, de entre 140 mil y 153 mil 189 muertes –respectivamente– por el nuevo coronavirus, en caso de relajarse las medidas preventivas (https://bit.ly/2PDKzxJ), son –en realidad– pocas las opciones reales con que cuenta el país para continuar con el despliegue del proceso de enseñanza/aprendizaje entre los grupos etarios en cuestión.

Aunado ello a la brecha digital ahondada con la pandemia, pensar en una comunicación sincrónica a través de la Internet entre el sistema educativo, los docentes y los estudiantes, resultaría una opción inviable y hasta imposible. Quienes padecen la pobreza extrema, sea en el medio rural o en las urbes, no solo son víctimas de este flagelo social, sino que están al margen del teletrabajo, la educación a distancia, el comercio electrónico y del entretenimiento en línea. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, levantada por el INEGI, indica que solo 23.4% de los hogares rurales cuenta con acceso al Internet; en tanto que en el medio urbano es el 65.5% de los hogares los que cuenta con conexión a esta tecnología. A su vez, solo el 45% de la población que ocupa el estrato económico bajo es usuaria de internet (en contraste con el 92% en los estratos económicos altos). Y aun cuando la población pobre cuente con algún ordenador en sus hogares, no accesan al Internet por carencia de ingresos y porque en su localidad no se provee dicho servicio.

La televisión y la radio cuentan con una cobertura e impacto masivos en el país (32.2 millones de hogares poseen el primer aparato; algo así como el 92.9% del total), y se presenta –mucho más que la Internet– como una opción viable para hacer llegar contenidos educativos a los estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, surgen varios inconvenientes, a saber:

a) La televisión y la radio no son sustitutos del proceso de enseñanza/aprendizaje que precisa de la relación cara a cara y de todo el proceso de socialización que le circunda. No sustituyen al docente ni el ejercicio y adopción de metodologías pedagógicas y didácticas porque, en esencia, se trata de una comunicación unidireccional donde el estudiante es un simple receptor pasivo de contenidos.

b) Si no existe un encauzamiento dado por el docente y los padres de familia, se corre el riesgo de que estos medios masivos cumplan más una función de entretenimiento y –bajo el supuesto de que los niños y jóvenes no pierden el tiempo– de falso confort, que de fuente de aprendizaje real y de asimilación de nuevos conocimientos. Entonces se abriría la posibilidad de que solo sean asumidos los contenidos como una opción para “tener ocupados a los niños y jóvenes” mientras los padres de familia se descargan de su responsabilidad en el proceso educativo.

c) A primera vista, parece ser que no será aprovechado el potencial del magisterio y la experiencia adquirida por este gremio entre marzo y julio del presente año durante las distintas fases del programa “Aprende en casa”. Entonces, será la televisión la que llevará la voz cantante en la transmisión de contenidos educativos; y aunque ello garantiza un alcance y cobertura masivos, no asegura en lo más mínimo –por sí misma– un aprendizaje sustancioso, corriéndose el riesgo de nulificarse sus efectos. Entonces, se diluye toda posibilidad de mediación pedagógica entre los conocimientos emitidos y el sujeto que aprende, pero que es reducido a receptor pasivo de contenidos unidireccionales.

d) Se le otorga centralidad a la televisión en el proceso de enseñanza/aprendizaje cuando su papel sería el de erigirse en un instrumento o herramienta de cobertura masiva, en un vehículo que acerque a conocimientos generales, pero que no reemplaza la relación humana que supone la formación escolar, ni atiende las especificidades y necesidades de las comunidades locales.

e) Como no existirá proceso de enseñanza/aprendizaje en estos meses de educación a través de las pantallas de televisión, el pensamiento crítico será lapidado y desterrado de toda acción orientada a la formación escolar. Lo que se presentará será un ejercicio de difusión unilateral de información que no incentiva el ejercicio del razonamiento y de juicio fundamentado.

f) Para adoptar este programa de educación a distancia y de transmisión de contenidos escolares a través de la televisión, ese mismo día del anuncio se firmó un Acuerdo Nacional por la Educación entre el gobierno federal y cuatro emporios privados de la comunicación masiva (Televisa, Tv Azteca, Imagen y Grupo Multimedios). Un acuerdo que les reportará –en un proceso de transferencia de riqueza pública a manos privadas– 450 millones de pesos (alrededor de 22.5 millones de dólares); lo cual no solo incrementa el precio de sus acciones en los mercados de valores (Televisa tuvo, tras la firma del Acuerdo, un incremento bursátil del 15% y Tv Azteca del 18%; véase https://bit.ly/3126aGO), sino que les posiciona –a través del ejercicio de su capitalismo filantrópico–  como entidades protagónicas en la agenda educativa nacional, y les brinda respiración artificial ante la retracción y agonía –durante los últimos años– de este negocio privado (https://bit.ly/3g1k6oL) y la emergencia de otras opciones de entretenimiento para la población. Con más de 30 millones de estudiantes, un millón y medio de docentes, y varios millones de padres de familia atentos al televisor, estos consorcios conformarán una nueva audiencia cautiva para sus contenidos.

En ello, los riesgos son evidentes: los propietarios de las concesiones de estos medios no solo son los hombres más ricos del país, sino que son los líderes de las campañas de desinformación y tergiversación semántica a que está sometida diariamente la población. Entonces, la comunicación será directamente entre estos mass media privados y los estudiantes reducidos a receptores pasivos, en el marco de prácticas verticales y unidireccionales sin mínima mediación pedagógica y didáctica. En suma, evidencia la claudicación del Estado en el esfuerzo de transmitir contenidos educativos desde las concesiones públicas y los tiempos públicos oficiales, así como la entronización de la racionalidad tecnocrática en la gestión de la educación como bien público.

Como lo analizamos en otro espacio (https://bit.ly/313KWIE), la universidad enfrenta serios desafíos con la pandemia, y ello se extiende a los procesos de enseñanza/aprendizaje suscitados en los niveles básicos de la formación escolar. Justo en la educación primaria y secundaria se precisa del retorno a lo local para evitar reproducir esquemas unilaterales, unidireccionales y centralizados de gestión educativa. La escuela solo será rescatada desde esa escala territorial y desde la participación activa de autoridades educativas, docentes, padres de familia y estudiantes, si existe una oposición a modelos pedagógicos verticales, uniformes y homogéneos creados desde el escritorio y sin referencia a las necesidades específicas de los niños, jóvenes y comunidades. México es un país culturalmente megadiverso en sus regiones y sitiado por problemas públicos multifactoriales y de distinta índole. Ello exige el despliegue de la imaginación creadora por parte de los docentes, más que su papel de simples apéndices de la televisión y de vigilantes de las instrucciones recibidas por los estudiantes a través de la pantalla.

Se trata de ir a contracorriente de la verticalidad y unilateralidad, y apostar a crear espacios y experiencias de comunidad a través de distintos medios y dispositivos para restablecer el vínculo pedagógico. En ello jugarían un papel central los consejos escolares y demás órganos colegiados para que, desde cada escuela, colonia o pueblo, se elijan los contenidos y didácticas acordes a las necesidades de los niños y jóvenes. En suma, restarle protagonismo a la televisión en el proceso de formación, es un asunto de imaginación y metodología, pero –sobre todo– de voluntad política de todos y cada uno de los implicados en el sistema educativo nacional.

*Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/208498

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La pandemia continúa y se agrava la emergencia social

Por: Julio C. Gambina

Las políticas preventivas ante la emergencia del coronavirus se extienden y más allá de la fecha dispuesta por la continuidad del aislamiento a fines de agosto, el impacto en las condiciones de vida de la sociedad de menores ingresos presenta una enorme gravedad.

Por un lado, la suba de precios es un continuo que se manifiesta en una tendencia a la baja desde el pico del 2019, pero elevada en términos de posibilidad de satisfacer las demandas reproductivas de la mayoría empobrecida. El dato de inflación anualizado, según el INDEC es de 41,4% a julio 2020 y según el BCRA podría llegar a 39,5% en todo el 2020, cuando en diciembre pasado alcanzó 53,8%. Es una tendencia a la baja, sí, pero no favorece la ausencia de actualizaciones por suspensión de paritarias o el caso de las jubilaciones con ajustes por decreto, incluso con mínimos percibidos por una mayoría importante, que apenas llega al tercio de las necesidades del adulto mayor. Por otro lado, merman los ingresos populares por variadas razones, entre los que destaca una carrera a pérdida contra los precios, pero muy especialmente por la baja del empleo registrado, el incremento del desempleo, la subocupación y la creciente precariedad laboral. El Ministerio de Trabajo informa en agosto los datos de julio del 2020 en materia de empleo registrado, resaltando la disminución de 409.000 trabajadores y trabajadoras respecto de mayo 2019, incluso 92.000 menos respecto del mes inmediato anterior, abril del 2019.

Los precios de julio 2020 subieron 1,9% y se temen rebotes en el corto plazo, con presiones incluso del poder económico, que demanda actualización del precio del dólar para mejorar ingresos por exportaciones, pero también de actualización del precio de los combustibles, con las petroleras induciendo la suba, entre ellas YPF, empresa privada con capitales externos, aun cuando sea de gestión estatal.

¿Por qué es más importante la demanda de rentabilidad de las empresas que la de los jubilados y las jubiladas por actualizar sus ingresos?

¿Por qué los exportadores demandan mayor precio de la divisa cuando el proceso de producción para la exportación supone una diversa articulación productiva para la obtención del producto o servicio exportable?

La respuesta a esos interrogantes es política y se reduce a la capacidad de intervenir en la lucha de clases, es decir, quien tiene la fuerza para imponer su precio, el que se deriva de la propiedad privada de los medios de producción o quien lo deriva del precio de venta de la fuerza de trabajo, pauta válida para asociar a los ingresos previsionales.

El empleo registrado viene retrocediendo desde hace tiempo. En el corto plazo, la tendencia es a la baja desde septiembre del 2019, agravada desde marzo pasado por la lógica del parate de la actividad económica; pero en el largo plazo y de modo absoluto las personas con trabajo registrado están al mismo nivel que en 2016, aun con incremento de la población, por lo que en términos relativos existe un fuerte retroceso.

Son 11,7 millones los trabajadores y trabajadoras registrados/as y al mismo tiempo existen unos 5 millones no registrados/as, una cifra equiparable a las trabajadoras y trabajadores registrados. Este dato de no registrados es señal de la impunidad empresaria y de la debilidad del movimiento obrero que no puede imponer los derechos sociales, individuales y colectivos de trabajadores y trabajadoras. Estos datos ofrecen el real panorama de deterioro de las condiciones de empleo en el país, un objetivo buscado desde mediados de 1975 y afianzado con el golpe genocida de 1976. En rigor, nunca se dejó de lado ese objetivo, que aún se proyecta sobre el país ante la demanda empresarial y de los organismos internacionales por las regresivas reformas laborales y previsionales.

¿Por qué pesa más la demanda empresarial para reducir costo de producción, que la realizada por trabajadores y trabajadoras para mejorar los ingresos populares por salario, prestaciones sociales, jubilaciones o asignaciones diversas que hace a la calidad de vida?

Nuevamente, la respuesta está en la lucha de clases, en la capacidad de intervenir en un sentido o en otro. La ofensiva del capital es la tendencia que se impuso en este tiempo histórico que señala su inicio hacia 1975/76, y no es solo una referencia local, es parte de lo que acontece en el mundo, especialmente luego de la ruptura de la bipolaridad entre 1989 y 1991.

Falta una estrategia popular y un nuevo internacionalismo

La gran discusión remite al qué hacer. En ese sentido, cada cual atiende su juego. Hablando desde los trabajadores y las trabajadoras, lo que existe es dispersión de estrategias, lo que nos permite decir que no hay estrategia del movimiento obrero. La CTA en los 90 pretendió construir un nuevo modelo sindical, generando expectativas y entusiasmo.

Fue el de la CTA un proyecto en expansión hasta el ciclo 2001-03, cuando encontró sus límites, que llevaron a sucesivas fracturas en varias expresiones que demandan ser portadoras del legado histórico. No solo existen tres agrupamientos nacionales que se asumen en ese sentido, sino que se suman algunas realidades locales o provinciales que están por encima y más allá de esas tres que pretenden la representación histórica del proyecto originario.

En la CGT, las idas y vueltas en torno a su conducción y el camino de conciliación, especialmente en los acuerdos con las centrales patronales, la deslegitiman y define, pese a contener en su seno a importantes e históricos sindicatos.

Un dato relevante es la extensión del movimiento social de trabajadoras y trabajadores, que en los 90 tuvieron conchabo y capacidad de acumulación en la CTA, en tanto Central de trabajadoras y trabajadores, pero que al compás de la fragmentación debilitó esa potencia de articular lo sindical y lo social territorial, aun manteniendo una cuota de adhesión de movimientos en los fragmentos de las CTA.

El movimiento social sigue creciendo al amparo del deterioro de las condiciones de vida que venimos señalando y por eso no sorprende la actividad de auto-organización socioeconómico, en simultaneo con la canalización de demanda de ingresos por vía estatal desde la misma crisis del 2001/02.

De hecho, el plan jefes y jefas de hogar, con 2 millones de subsidios fue el inicio de la multiplicidad de planes que llegan al IFE actual, con una demanda de 12 millones de personas que se consideran con derecho a su percepción.

Con esta base surgieron variadas organizaciones populares, que hacen visible ahora su demanda para resolver ingresos a 5 millones de personas y lo visibilizan con principales dirigentes sindicales de la CGT, entre ellos enfrentados en la disputa por la conducción.

Dijimos que cada cual atiende su juego y en efecto, en este acto resulta evidente que cada quien busca la legitimación de su demanda.

El reclamo de los movimientos trasciende el ingreso monetario e incluye tierra para la construcción de viviendas y asentamientos de emprendimientos productivos para la reproducción de la vida cotidiana.

Con ello, puede discutirse la inmediatez del reclamo o la puerta que habilita ingresar un debate más amplio sobre el orden económico, lo que supone discutir el modelo productivo y de desarrollo.

El límite del capitalismo impone la defensa de los intereses por empleo y salario adecuado en las condiciones de la relación capital trabajo, mientras, que, si vamos más allá de las relaciones capitalistas, las experiencias de auto-gestión en movimientos territoriales o en empresas recuperadas, entre otras expresiones de la economía popular, pueden dar sustento a una discusión que trasciende el orden económico capitalista.

La tendencia derivada de la ofensiva capitalista lleva a la pérdida de derechos laborales, por lo que no alcanza con su defensa, sino que se impone ir más allá y construir una estrategia que se proponga lo esencial en materia de objetivos.

Esto supone la definición de objetivos anticapitalistas, los que se construyen en la cotidianeidad del presente, tal como lo intentan en la defensa de los derechos y en contra de la mercantilización cuantiosas organizaciones sociales y territoriales. Estas, disputan recursos públicos para sus objetivos al tiempo que descreen de la estructura estatal en permanente búsqueda de cooptación. Es una relación dialéctica de inserción en el Estado y al mismo tiempo su rechazo. Un entrar y salir complejo según el interés del propio movimiento. Claro que en ese ir y venir se cometen errores o suceden acontecimientos no buscados, entre los cuales sobresale la corrupción, pero no mella el objetivo de búsqueda propuesto.

La variedad de estrategias de supervivencia, algunas más efectivas que otras, hacen evidente la ausencia de una estrategia integral del movimiento de trabajadoras y trabajadores tal como se presenta en esta actualidad de ofensiva capitalista. Es una cuestión para pensar, que trasciende el debate local y tiene proyecciones regionales y globales en el marco de la tercera década del Siglo XXI, lo que requiere de un nuevo internacionalismo de los pueblos.

*Fuente: https://kaosenlared.net/argentina-la-pandemia-continua-y-se-agrava-la-emergencia-social/

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Colombia. La falacia de la alternancia

Por: Vida Digna

Cuando hablamos de educación en tiempos de pandemia, lo primero que se nos viene a la mente es la educación virtual, pero qué lejos estamos en Colombia de que esto sea una realidad para la mayoría de los sectores populares. Según el DANE, para el 2018 solo el 53% de los hogares colombianos contaba con algún tipo de conectividad a Internet. De este porcentaje, más del 80% están ubicados en zonas urbanas. A estas cifras, se debe sumar la ausencia de dispositivos tecnológicos en los hogares. Es evidente, entonces, que los estudiantes no cuentan con las herramientas necesarias para acceder a los procesos de formación modelo virtual.


Por MAIS-Fuerza Nacional Magisterial -FUNAMA- Risaralda*. Hace unos días, escuchábamos al exrector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, afirmar en varios medios de comunicación del país, la necesidad de retornar de inmediato a las aulas de clase. Estamos de acuerdo, Wasserman, necesitamos retornar a las aulas de clase: la educación primaria y secundaria bajo los términos actuales es una catástrofe. Lo que pasa, mi querido Moisés, es que los colegios en Colombia no están preparados para afrontar una educación bajo las condiciones del momento, debido, principalmente, a que la inversión necesaria para hacerlo no existe ni siquiera como proyecto del Gobierno Nacional, el cual ve a la educación básica como un gasto que, de ser posible, debe reducirse a su mínima expresión.

Ávila, uno de los directivos de la Federación Colombiana de Educadores -FECODE-, en el 2018, explicaba que la Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007 constituyen ejemplos de cómo el Estado somete la financiación del sector educativo a tres reglas mercantiles: políticas de ajuste fiscal, presupuesto dependiente de las fluctuaciones de la demanda y aumento de las responsabilidades locales en el gasto público.

 

Movilización de la FECODE

Nos encontramos entonces ante un panorama muy complejo, dado que el llamado a la presencialidad bajo el modelo de alternancia coincide con el momento más agudo de la pandemia del Covid-19, en términos de contagios y muertes a nivel nacional[1]. Resulta un exabrupto que, precisamente, en el momento en que se retoman medidas para aumentar el distanciamiento social en Medellín, Cali, Bogotá y demás ciudades capitales, el gobierno nacional llame a retomar la presencialidad en los colegios públicos y privados.

El modelo de alternancia –propuesto desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) como una forma de educación semipresencial- representa para las instituciones educativas un sinnúmero de adecuaciones en su planta física (de por sí ya en precarias condiciones), aumento de personal de servicios generales y de salud (¿Cuántos colegios cuentan con enfermería?) y reformas organizativas de horarios, espacios y todas las contingencias que traiga consigo la denominada alternancia. Ante estas nuevas necesidades que aparecerían en caso de tener que volver a las instituciones, se nos plantea un interrogante interesante frente a los recursos económicos que se necesitan para hacer todo este tipo de adecuaciones, ya que hemos escuchado a varias secretarías de educación decir que están al tope en gastos, entonces ¿de dónde va a salir el dinero?

No son claros los motivos por los que el gobierno nacional llama a retornar a las aulas en medio de la pandemia y sin recursos económicos para garantizar la bioseguridad de la comunidad educativa que regresaría a las instituciones. Por eso, surge la hipótesis de que el gobierno sabe que no es viable, dado que ellos no van a poner los recursos para la alternancia, pero, que será el magisterio, conociendo la irresponsabilidad de este llamado, quien cargará la cruz de que los niños y las niñas de este país no retornen al aula de clases. FECODE ha denunciado públicamente el llamado a la alternancia al reconocer en él una insensatez y un atentado a la vida y a la salud de los estudiantes y sus familias. La Federación tiene claro que, en estos momentos, la prioridad es defender la vida y extremar precauciones y cuidados en cada uno de los hogares colombianos.

Al parecer, el gobierno nacional quiere lavarse las manos y culpar al magisterio por la crisis que vive la educación hoy en día. El planteamiento anterior tiene asidero en varias medidas tomadas por las secretarías de educación municipales y departamentales, las cuales -tras el llamado a la alternancia- no prepararon ninguna clase de protocolos ni se volcaron a hacer análisis rigurosos de la situación en cada una de las instituciones educativas. La negligencia estatal se evidencia en el intento de cubrir con una encuesta virtual a madres y padres de familia la consulta a las comunidades en torno al retorno de los estudiantes a las clases presenciales.

Claro está que, frente al llamado sensato de decirle no a la propuesta inviable de la alternancia, se mostrará al magisterio como el gran villano. Pero aquí los canallas son otros y no están en las aulas de clase, sino en los escritorios de los ministerios del gobierno nacional.

Cabe entonces preguntarnos alternativas que contribuyan de manera significativa a la actual crisis de la educación dada por la contingencia de la pandemia. Pero estas soluciones requieren de una inyección de recursos significativa, teniendo en cuenta las cifras que nos arroja Julián de Zubiria en su columna titulada “La educación en tiempos de cuarentena”, dado que “el 4% de los municipios tiene buena conectividad, el 63% de los bachilleres del 2018 no tenía acceso a Internet desde sus hogares y, en las zonas rurales, tan solo el 9% de los jóvenes disponen de computador.”[2] Ante este panorama, el llamado al gobierno debe ser a que garantice la conectividad plena de los casi 10 millones de estudiantes de básica primaria y bachillerato. La inyección de recursos debería ir orientada a la generación de unas condiciones dignas que permitan que los y las estudiantes del país tengan acceso a Internet y puedan integrarse a los procesos educativos sin arriesgar su vida ni la de sus familias.

Aunado a lo anterior, otra de las problemáticas de la educación básica en Colombia es que las y los maestros fuimos enviados a la arena sin las herramientas necesarias para afrontar esta ardua tarea. No existe formación frente al uso de las diferentes herramientas tecnológicas para enfrentar las crisis, así, a muchos nos ha tocado echar mano de mil tutoriales de internet y de familiares y conocidos con conocimiento sobre estas plataformas. Si bien la autoformación es un compromiso personal, el Estado colombiano no se puede lavar las manos ni justifica la incompetencia y la total desidia que ha tenido con la capacitación docente para afrontar esta pandemia.

Quedan planteadas más preguntas que certezas frente a la forma como se debe afrontar la crisis, pero debemos tener en cuenta que la alternancia nunca fue una opción que el gobierno quisiera implementar de forma seria. Esta propuesta constituye una nueva cortina de humo que sirve de excusa para argumentar que es el magisterio quien no quiere volver a clases.

La educación debería ser una prioridad en la agenda nacional y, por lo tanto, el gobierno debería dejar de culpar al magisterio y dedicarse a cerrar la brecha tecnológica que desnudó la pandemia, a cumplir y ampliar el Programa de Alimentación Escolar -que hoy día se convirtió en la principal entrada de alimento de cientos de miles de familias- y a invertir en capacitación docente para garantizar los procesos académicos en el país. La solución de esta crisis educativa requiere de un compromiso real por parte del gobierno y de una presión constante de los docentes, estudiantes y sus familias, quienes deben aunar esfuerzos en la exigencia de educación digna que no ponga en riesgo sus vidas.

*Fuerza Nacional Magisterial -FUNAMA- es un espacio de confluencia de maestras y maestros donde, desde las prácticas pedagógicas ligadas a diversas dinámicas de construcción popular en el territorio nacional, se busca la garantía de la educación como derecho y la transformación del modelo actual de país.


[1] Más de 10 mil contagios diarios y 300 muertes al día (última semana del mes de julio)

[2] Tomado de: https://www.semana.com/opinion/articulo/la-educacion-en-tiempos-de-cuarentena-columna-de-julian-de-zubiria/661969

*Fuente: https://kaosenlared.net/colombia-la-falacia-de-la-alternancia/

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Con Internet y los Medios no es Suficiente

Por: Gustavo Villamizar Durán

La fuerza comunicacional de los medios masivos y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es definitivamente innegable y debe tenerse en cuenta en cualquier circunstancia, sobre todo aquellas que corresponden a la educación. Sin embargo, los sistemas educativos  tienen propósitos, principios y procesos propios, los cuales no pueden obviarse en el mero encanto de los dispositivos tecnológicos. He aquí la razón del título de este escrito.

Los días de la pandemia abrieron espacio a rentabilísimos negocios en el campo educativo y ahora, cuando la humanidad se prepara para una normalización a mediano plazo en la dinámica vital del planeta y claro está, en la educación, han surgido desde múltiples ámbitos toda clase de señalamientos a las carencias de la escuela que tenemos. Al mismo tiempo,  aparecen en espacios amplios y desplegados en los medios o las opciones de la tecnología, buena cantidad de pedagogos, expertos, investigadores, influencers, tanques de pensamiento y otros, dedicados con intensidad a promover la educación on line, es decir, un sistema educativo centrado en las bondades “ilimitadas” de las tecnologías, el cual haría desaparecer, como por arte de magia, la escuela y el maestro. Inclusive, un diario de los más importantes  de Colombia, mantuvo durante varios días con titulares destacados en cintillo a color, un supuesto estudio cuya conclusión más importante era que durante la pandemia, los estudiantes que disponían de computadoras y conexión a internet aprendieron 60% más que aquellos sin posibilidades de su uso. El negocio de la educación abriéndose mercado.

No es suficiente, aun cuando se reconoce la necesidad de incorporar tales novedades a la educación no como recursos, como se ha hecho hasta ahora, sino con todo el poder de su educabilidad, para compartir principios, procesos y procedimientos con la institución escolar. La incorporación de los medios de comunicación y las tecnologías de la información al sistema educativo, debe ser fundamentalmente, un objetivo pedagógico que recorra íntegramente la escolaridad.

La propuesta de desterrar la escuela y el docente para sustituirlos por sofisticados aparatos y confinar en sus casas a los niños y jóvenes para aprender mediante la ayuda de softwears divertidos, no es definitivamente la mejor alternativa a sistemas y modelos educativos ciertamente obsoletos, colmados de carencias. Intentar la imposición de modelos centrados en la tecnología entregando la dirección de ellos  a la familia y las empresas,  la decisión de los contenidos a aprender y cómo aprenderlos, no es otra cosa que arrebatar  al estado su responsabilidad en la formación de los ciudadanos, entregándola a particulares, empresas voraces, religiones y a todo tipo de sectas de cualquier ralea.    Pretender imponer modelos educativos centrados en las bondades tecnológicas, sin pensar en el discente como elemento fundamental, descartando la importante labor de socialización y educación que sigue manteniendo la escuela y desatendiendo aspectos tan relevantes en la crianza y formación como los afectivos, emocionales y culturales ligados estrechamente al espacio que se habita, es sencillamente un proceso de homogeneización y robotización, a todas luces despreciativo de la condición humana. Aún más, los dispositivos tecnológicos con toda su magia, mantienen un proceso transmisivo en el cual la participación e interacción de los protagonistas de la práctica pedagógica es limitada y en ocasiones nula.

Requerimos el cambio de una escuela  agotada, carente y fatigante tanto para alumnos como educadores, una escuela sumida en la primacía del adulto docente y la rutina transmisiva, por  una escuela acorde a los paradigmas del tiempo que transcurre, al aprendizaje cooperativo y creativo, centrada en la interrogación y la investigación, colmada de vida y afectos, generadora del pensamiento libre y crítico, abierta al pensamiento universal y el respeto a la disensión. Simón Rodríguez planteó como base de la “educación de los pueblos: educación, trabajo y virtudes”.

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Universidad de Google: Por 300 dólares y seis meses podrías obtener un certificado.

Por: xataka.com

¿Para qué estudiar durante (al menos) cuatro años cuando según Google te puedes sacar un título que es equivalente a eso en unos meses?

Esa es la particular iniciativa de la compañía, que ha creado una serie de cursos en áreas muy específicas que por unos 300 dólares permitirán obtener un certificado que sus responsables “tratarán como el equivalente de un título universitario en carreras de cuatro años” en puestos en el ámbito de la certificación.

La formación online lleva tiempo planteando una interesante alternativa o complemento a la formación presencial, y la pandemia de COVID-19 ha hecho aún más patente el interés por ese tipo de soluciones.

El gigante tecnológico inauguró este programa en 2018 ofreciendo una primera certificación con la que convertirnos en un “Profesional de Soporte de TI de Google”. Hoy amplían ese programa ofreciendo tres certificaciones más: ‘Data Analytics’, ‘Project Management’ y ‘User Experience (UX)’.

En la difusión oficial de esta iniciativa, Google indica que proporcionarán 100.000 becas para quienes más las necesiten, pero además “consideraremos nuestros certificados de formación como el equivalente de un título de universitario de cuatro años en puestos relacionados” con esos certificados.

Google se ha aliado con Coursera como plataforma para impartir estos cursos totalmente online. Para inscribirse no se requiere un título universitario previo, según Google se pueden completar en un periodo de tiempo que va de los tres y los seis meses.

Google no cobra por impartir estos cursos: basta con pagar la cuota de Coursera, equivalente a 49 dólares al mes, para acceder a ellos, lo que supone que si completamos el curso en seis meses obtendremos nuestro certificado de Google por algo menos de 300 dólares.

Para Google esto no se trata de un proyecto comercial para generar más ingresos, sino una alternativa que permitirá ofrecer oportunidades a mucha gente, así como satisfacer la demanda de profesionales de esta área.

¿Para USS 300.000 y cuatro años o USS 300 y seis meses?

El COVID-19 no solo ha producido la cantidad de trabajadores cesantes en casi todo el mundo: también ha planteado un desafío sin parangones en el sistema educativo. Por ejemplo, en Estados Unidos universidades prestigiadas como Stanford o Berkeley han anunciado que el inicio de las clases para este 2020 serán totalmente remotas (para Berkeley) y parcialmente remotas (Stanford).

La situación ha tenido impacto directo en plataformas como Coursera, que desde mediados de marzo ha visto cómo el número de usuarios registrados se incrementaba en más de 25 millones, lo que supone un 520% más que el mismo periodo del año pasado.

Atte. Patricio Figueroa M.

Fuente: xataka.com

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OIT revela impacto de la Covid-19 en empleo y educación juvenil

Por: Telesur

El organismo asegura que uno de cada seis jóvenes se encuentra sin empleo en el mundo a causa de la pandemia.

Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló este miércoles que la pandemia de la Covid-19 tiene efectos devastadores en la educación y el empleo de los más jóvenes, por lo que podría mermar la capacidad productiva de toda una generación.

El informe titulado «Los jóvenes y la pandemia de la Covid-19: efectos en los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental», refleja que más del 70 por ciento de los jóvenes que estudian o alternan sus actividades lectivas con algún trabajo manifiestan malestar por el cierre de los centros educativos.

Por otro lado, el 65 por ciento de los encuestados opina que su superación se ha visto afectada, mientras que la mitad de esa cifra cree que la conclusión de sus estudios demorará, y el 9 por ciento no ve otra solución para su situación que abandonar sus estudios de manera definitiva.

El ente mundial asegura que la actual pandemia del coronavirus agudiza la desigualdad al poner en evidencia la enorme brecha digital entre las regiones más desarrolladas y aquellas con menos recursos económicos en el planeta.

Según la OIT, en los países desarrollados el 65 por ciento de los estudiantes han seguido asistiendo a clases impartidas por videoconferencia. Sin embargo, en las regiones más pobres, solo el 18 por ciento ha podido hacerlo debido a las deficiencias en materia de acceso a Internet y disponibilidad de equipos.

Asimismo, uno de cada seis jóvenes dejó de trabajar desde el inicio de la pandemia, mientras el 42 por ciento de los que conservaron su empleo han reducido sus ingresos. La OIT advierte que para revertir la situación los Gobiernos deben garantizar la reintegración de los jóvenes en el mercado laboral, así como el acceso a prestaciones de desempleo y a programas para mejorar su bienestar mental, entre otras medidas.

*Fuente: https://www.telesurtv.net/news/impacta-pandemia-acceso-jovenes-empleo-educacion–20200812-0040.html

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