En este libro encuadra en la línea de investigación «Educación, lenguaje y comunicación», de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Presenta el resultado del Macroproyecto de Investigación «Estrategias pedagógicas para la educación dialógica y la inclusión social», adelantado durante dos años por veinte estudiantes de la Maestría en Docencia, beneficiarios de la oferta de formación posgradual dirigida a docentes y directivos docentes de colegios públicos del municipio de Yopal, ubicado en el departamento de Casanare (Colombia). El objetivo del macroproyecto, conformado por siete investigaciones, apuntó a la reflexión y paulatina transformación de prácticas docentes en relación con la convivencia escolar, la educación en las emociones, los procesos de inclusión educativa y las prácticas de lectura. Para tal fin, se acogieron estrategias pedagógicas de tipo dialógico e inclusivo como: tertulias pedagógicas, grupos interactivos, talleres vivenciales y talleres reflexivos. Los resultados del macroproyecto muestran que intervenir el escenario escolar a través de estrategias dialógicas e incluyentes, en las que prime la conjunción entre la acción y la reflexión documentada, confluye en un diálogo plural. Esta reflexión crítica proporciona a los actores escolares argumentos para superar desigualdades educativas y sociales, para actuar en el mundo. Como dice Freire, para humanizarlo, transformarlo y liberarlo. Además, fortalece la posibilidad constituir comunidades de aprendizaje que cuentan con la participación de estudiantes, docentes, directivos, familiares, voluntarios, personal administrativo y empresarial, organizados bajo unos principios dialógicos que rompen con la exclusión y la verticalidad de la escuela y potencian el sueño colectivo de una educación democrática interesada en formar a las nuevas generaciones con un pensamiento crítico y creativo.
Autor/a: Bejarano Bejarano, Olga Lucía – Compilador/a o Editor/a Gutiérrez Ríos, Mirta Yolima
Fuente e Imagen: http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=1&q=revoluci%F3n+industrial&j=dl&c=general&fqf=TX&Submit=buscar+en+CLACSO
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La educación en tiempos de cambios
Editor: José Manuel Castellano Gil ISBN: 978-84-15665-41-0 Publicación: Junio de 2019
En 2015, organismos no gubernamentales, de la globalización económica y jefes de Estado de 192 países, incluido México, establecieron una agenda global con 17 objetivos para el desarrollo sostenible (ODS), que deberían cumplirse paulatinamente entre esta fecha y el 2030: se reduciría la desigualdad, se pondría fin a la pobreza y a la desnutrición, se garantizaría el agua y el saneamiento para todos, trabajo pleno y digno, consumo sostenible, una educación inclusiva de calidad y de aprendizajes para todos y para toda la vida, entre otra cosas; pero, el brote pandémico por el coronavirus evidenció que la acumulación de capital para unos pocos y la sustentabilidad humano ambiental no tienen compatibilidad.
Carecen de agua 2 mil millones de personas en el mundo, en México 10 millones de hogares no tienen suministro diario, la mitad de nuestras escuelas primarias presentan carencias de abastecimiento y la mayoría de ellas no cuentan con financiamiento público para solventar los gastos de saneamiento; media humanidad no tiene acceso a servicios básicos de salud y la mitad de la población nacional no cuenta con seguridad social; 60% de la población mundial económicamente activa se emplea en la informalidad, 6 de cada 10 trabajadores en México están en esa condición, en el sector educativo público y privado los maestros subcontratados pierden el salario si no hay clases; la mitad de personas en el planeta no tienen acceso a internet, uno de cada dos hogares en México y el 50% de la población presenta problemas de acceso o no cuenta con conexión, en un porcentaje similar están las escuelas primarias y en menor grado las secundarias del país, pero de las que tienen conexión se toma en cuenta de una computadora en adelante, muchas veces utilizadas con fines administrativos y no pedagógicos.
Las condiciones precarias del sistema de salud, del sistema educativo, laborales y de desigualdad social en México y en el mundo, son el escenario propicio para la expansión del virus, y de manera recíproca la pandemia agudiza la crisis de todos estos elementos; además, acelera los cambios en las nuevas formas de explotación, control y dominación de la población que acompañan al capitalismo de la cuarta revolución industrial. Antes de la alerta mundial por el Covid-19, la virtualización de las relaciones productivas, sociales, de consumo, entretenimiento, comunicación y educativas, ya estaban normalizando el aislamiento en casa o en los dispositivos tecnológicos.
A través del emprendurismo, las corporaciones económicas organizan a los individuos desde su casa, para que ellos pongan la inversión inicial y su patrimonio personal creyendo que desarrollan un proyecto de autonomía empresarial, cuando en realidad están ligados con la cadena productiva global y de distribución de las mercancías de la gran industria; bajo este esquema las corporaciones consiguen trabajadores sin contrato, sin prestaciones, sin seguridad social, sin límite de horarios ni de días laborales, sin vacaciones y sin organización sindical.
Las multinacionales Uber Eats de distribución de alimentos y Rappi que además de eso realiza otros servicios de entregas personales; de ventas y compras online como Amazon; de plataformas de streaming como Netflix y Prime Video o de música digital como Spotify, encontraron en la cuarentena el ambiente adecuado para arraigar lo que ya promovían de manera previa: el confinamiento para el consumo domiciliario permanente, el aislamiento informativo, la traslación de toda aspiración de cambio y de protesta social al ámbito de los contenidos de entretenimiento o del límite de las redes sociales.
Virtualizar la escuela es parte del proceso de contención social, de auto financiamiento de la formación desde casa, de consumo de plataformas en línea para el desarrollo de las habilidades emprendedoras o de productos de la big data para la digitalización de la gestión educativa; la escolarización es para la organización del capitalismo fabril de la primera revolución industrial, lo que la virtualización es para la reorganización del capitalismo informático de la cuarta revolución industrial; aquí la fábrica, la iglesia, la escuela y el almacenamiento de las mercancías para atraer y concentrar al trabajador, al feligrés, al estudiante y al consumidor, son parte de los espacios offline que están cediendo terreno frente a los tiempos y las relaciones online que acercan el capitalismo, directamente al hogar y las personas.
Lo que estamos viviendo no tiene nada que ver con el ordenamiento del sistema hacia el desarrollo sostenible; por el contrario, se naturalizan los despidos masivos, la economía informal, el trabajo precario, la tercerización, la crisis ambiental y la segregación de una parte de la humanidad a formas de súper explotación que no encajan en la automatización de la producción, que tampoco puede ser incluida en la sociedad de la información y del consumo; sin embargo, este nuevo orden mundial no se impone por medio de la dictadura militar como en los tiempos de instauración del neoliberalismo, sino que se instala a través del convencimiento, del confinamiento voluntario, de la desinformación y el autocontrol; de ahí que en los tiempos del coronavirus se nos llame al aislamiento, contra la historia de solidaridad que los mexicanos hemos demostrado en los momentos más críticos, así lo hicimos el 19 de septiembre de 1985 y en el 2017. No nos quedemos inmóviles, la solidaridad es nuestra fuerza.
En entrevista a la CLADE, la coordinadora del Foro Dakar Honduras llama la atención sobre la importancia de la protesta y la movilización social, como forma de demandar al Estado el derecho a la educación pública y gratuita
La lucha por una educación pública y gratuita, la privatización del sistema educativo, la criminalización y represión contra la protesta social, leyes educativas y la calidad de la educación en Honduras, fueron algunos de los temas abordados durante entrevista de Aminta Navarro, coordinadora del Foro Dakar Honduras, a la CLADE.
Aminta Navarro: “No hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes.
En la ocasión, Aminta llamó la atención sobre la importancia del derecho a la protesta social como estrategia fundamental para demandar al Estado una educación de calidad, pública y gratuita para todas y todos. “No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita”, explicó.
Lee la entrevista completa.
¿Existe alguna legislación que aborde el tema de la privatización educativa o del lucro en la educación en Honduras?
Aminta Navarro – No hay legislación tácita. O sea, lo que dice la ley es que el derecho a la educación privada existe, pero el rector es el Ministerio de Educación como representante del Estado. Hay una asociación de instituciones privadas educativas en el país, que actúan desde la educación inicial.
De hecho, el Estado sólo te garantiza un año de educación preescolar, siendo los otros años de preescolar ofrecidos por el sector privado. Así mismo, está en manos del sector privado la educación bilingüe, que es altamente cara.
Las leyes del país no regulan el lucro, pues no dicen hasta cuánto se puede cobrar en matrículas o mensualidades, lo que hoy se regula por la libre oferta y demanda. Así mismo, los padres y madres son libres para enviar sus hijos e hijas al sistema que quieran: público, privado o privado religioso.
¿Usted cree que la legislación nacional fomenta o favorece el lucro en la educación en detrimento de una educación pública y gratuita?
Aminta Navarro – Es ambiguo, pero hay como un claro desprestigio, digamos, de la educación pública, mientras hay una tendencia a destacar las supuestas bondades de la educación privada.
“Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos”
Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos, para mandarlos a la escuela privada, porque esa “tendría mejores profesores y mejor acceso tecnológico, además de ofrecer clases de un segundo idioma”.
También hay mecanismos o políticas que excluyen estudiantes que frecuentaban la escuela pública del ingreso a las universidades porque muchas veces el sistema básico público “no responde a las exigencias de la educación superior universitaria”, lo que abre el espacio de la universidad pública para solamente el ingreso de estudiantes que vienen de la escuela privada.
En la práctica, ¿falta regulación a la actuación del sector privado en el país?
Aminta Navarro – Creo que no solamente hay falta de regulación, sino que la ley hondureña posibilita las transferencias de fondo público al sector privado sin fines de lucro. También se establece la renuncia fiscal del sector privado que actúa en el área educativa y las instituciones privadas gozan de exoneración de impuestos.
Además, bajo el modelo de centralización del Estado, hay una modalidad de contratación directa por servicios. Entonces el Estado, si quiere, puede contratar un centro educativo privado para la educación de los niños y niñas, que es lo que se hace también con la salud pública, y se llama tercerización de los servicios.
Sin embargo, hay un fuerte movimiento de los profesores, las profesoras, los trabajadores y las trabajadoras de la salud y la educación para impedir que se aplique esta normativa.
Respecto a la formulación de las legislaciones en su país, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante, o con gran influencia?
Aminta Navarro – Creo que hay toda una cuestión de construcción de imaginarios, que inclusive toma las mismas banderas del movimiento que defiende la educación pública y gratuita, para justificar la privatización. Por ejemplo, el Estado puede decir que, para garantizar el derecho humano a la educación, con calidad y pertinencia, necesita contratar instituciones privadas, las cuales “tienen mejores profesores, más eficientes y que coordinan mejor su trabajo”.
Es algo que se dice de manera constante en el país, como que para que la sociedad lo vaya aceptando de alguna forma. Es sutil el mensaje, pero cada vez más te dicen que la educación pública no sirve y que el Estado debe tener resultados, siendo que la gestión por resultados solo te puede garantizar una institución privada.
¿Y la privatización en la educación nacional ha aumentado en los últimos años, es una tendencia?
Aminta Navarro – Yo diría que el movimiento de profesores, profesoras, trabajadoras y trabajadores de la salud del país se ha unido y ha logrado, digamos, frenar esta intencionalidad del gobierno. Pero, no quiere decir que las medidas hacia la privatización no se implementarán.
La definición ‘organizaciones sin fines de lucro’ varía según el país. En Honduras, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia a esta nomenclatura?
Aminta Navarro – Hay en el país las fundaciones de empresarios. Son llamadas fundaciones sin fines de lucro, y en ese sentido pueden captar recursos del Estado para desarrollar sus proyectos.
Pero, entendemos que estas fundaciones debilitan la sociedad civil que hace un trabajo por la educación pública y gratuita, porque el Estado les transfiere recursos. En el caso de la educación inicial, se les transfiere fondos a fundaciones que no son lucrativas, pero nadie evalúa los resultados de la educación que estos centros ofrecen, o sea, no hay un control por parte del Estado.
¿Existen brechas en la legislación actual de Honduras, que estimulen la práctica lucrativa en la educación?
Aminta Navarro – Yo creo que sí. El sistema posibilita la libertad de la educación privada y que el padre o madre es libre para matricular sus hijos e hijas en la educación pública, la privada, o inclusive la religiosa privada. Mientras tanto, se hace todo un desprestigio de la educación pública, con pruebas para medir resultados de aprendizaje, las cuales apuntan a que los niños y niñas del país no saben leer, escribir, ni comprender. Eso sustenta y apoya el sector privado y el lucro en la educación.
Hay una oferta [de educación privada] y los padres y madres que pueden pagar por una escuela, aunque no tengan casa, prefieren pagar por la educación de uno o dos hijos, que comprar una casa.
En el sistema privado no hay huelgas de docentes y las escuelas privadas suelen ser bien equipadas. Pero, el Estado no equipa, no mejora las condiciones de las escuelas públicas, incluyendo el acceso a la Internet, no cumple [con sus deberes], mientras que la educación privada sí ofrece estas condiciones. Además, lo puede hacer porque no paga impuestos.
Son incentivos para el sector privado y el lucro porque, en la medida en que hay más desilusión, desesperanza por la educación pública, más apertura hay para la actuación de empresas con fines de lucro en la educación.
Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿hay algún ajuste que deba hacerse para consolidar la educación como un derecho humano fundamental?
Aminta Navarro – En la ley de educación que se aprobó en el 2012, queda reflejada la educación como un derecho humano. Creo que lo que hay es una debilidad del sector educativo y de las condiciones de trabajo de los maestros y maestras de la educación básica inicial.
“No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes”
Así mismo, no tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita. Infelizmente, el sector público no te garantiza la gratuidad.
¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la gratuidad educativa?
Aminta Navarro – Yo creo que, más que presionar por cambios legislativos, la sociedad civil debe exigir la aplicación de la legislación que ya existe para la garantía de la educación pública. En el país, lo que vivimos es una total desaplicación de la justicia y la ley.
La norma establece que en el país la educación es pública, gratuita y un derecho humano. La ley fundamental de educación retoma la educación como un derecho fundamental, y además establece que la educación debe darse en español, inglés y que los pueblos originarios tienen derecho a ser educadas/os en su lengua materna, teniendo el español como segunda lengua. Sin embargo, esta legislación no se aplica.
¿Y en relación al derecho a la movilización? ¿Usted cree que si las y los estudiantes y profesoras/es tuvieran garantido su derecho a la protesta, la educación estaría mejor?
Aminta Navarro – La Constitución del país sí asegura el derecho a la protesta y que este no puede ser violado. Ya es una garantía constitucional, pero una cosa es lo que dice la constitución y la ley, y otra es la práctica cuando estás en un país y un momento como el nuestro, donde no se cumplen las normas.
Estamos en un gobierno centralizador, con limitados esfuerzos democráticos. Incluso, se está discutiendo una propuesta de prohibir a los profesores y profesoras que salgan a las manifestaciones en el país. Eso sería inconstitucional porque estaría violentando el derecho a la protesta establecido en la Constitución de la República.
Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/aminta-navarro-en-la-medida-en-que-hay-mas-desesperanza-por-la-educacion-publica-mas-se-da-la-apertura-para-el-lucro-en-la-educacion/
América del Sur/ Chile/ 24.03.2020/ Fuente: mba.americaeconomia.com.
La iniciativa establece que el trabajo a distancia estará regulado por el Código del Trabajo, por lo que se deberá suscribir un contrato o un anexo entre empleador y empleado.
La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que regula el teletrabajo y trabajo a distancia, en el contexto de crisis como las que actualmente enfrenta el país a causa del Covid-19.
El proyecto había sido aprobado la semana pasada en el Senado, por lo que con su aprobación en la Sala de la Cámara Baja (por 88 votos a favor 22 en contra y 1 abstención) quedó listo para ser promulgado y con ello convertirse en Ley de la República.
En concreto, la iniciativa establece que el trabajo a distancia y el teletrabajo estarán regulados por el Código del Trabajo, por lo que se deberá suscribir un contrato de trabajo o un anexo entre empleador y empleado.
Además, instaura que el trabajador tendrá los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador. Otro punto importante es que el trabajador, en caso que sus funciones lo permitan, podrá pactar la distribución libre de la jornada de trabajo.
En paralelo, la ley señala que el empleador deberá proveer de los equipos, materiales y herramientas para que se lleve a cabo el teletrabajo o trabajo a distancia.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, agradeció el compromiso de los parlamentarios en respaldar esta iniciativa que había sido ingresada en agosto de 2018.
“Mientras más trabajadores puedan seguir cumpliendo con sus labores desde sus domicilios, menos expuestos estaremos los chilenos al Coronavirus, entonces no solo apoyaron una ley que permitirá generar más empleo, sino que también una norma que permitirá al país superar de manera más eficiente y rápida la crisis sanitaria que vivimos”, señaló.
Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, dijo que como Gobierno “estamos muy contentos de la aprobación como Ley de la República del proyecto de Trabajo a Distancia y Teletrabajo que va a regular un tipo de empleo moderno, inclusivo y sustentable otorgando certeza jurídica a las partes y especialmente a los trabajadores, quienes a partir de ahora dispondrán de un catálogo de derechos respecto de los cuales pueden ejercer el Trabajo a Distancia de manera protegida, segura y sin menoscabo”.
Las autoridades destacaron que la nueva ley permite al trabajador prestar sus servicios total o parcialmente, desde un lugar o lugares distintos al de la empresa, permitiendo distribuir de mejor manera la jornada laboral, pero respetando los límites que actualmente impone la Ley y, sobre todo, resguardando todos los derechos laborales, tanto individuales y colectivos de los trabajadores.
Además, establece nuevas garantías de vanguardia en la legislación nacional y regional, como es el derecho a la desconexión.
Para resguardar tanto al trabajador como al empleador, se deberá registrar el contrato con dicho cumplimiento en el sitio web de la Dirección del Trabajo dentro de los 15 días siguientes a su suscripción, y la DT remitirá copia de dicho registro a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y a la mutualidad a que se encuentre adherida la entidad empleadora.
Asimismo, la DT será el organismo, previa autorización del trabajador, que deberá fiscalizar el cumplimiento a la normativa laboral en el puesto de trabajo a distancia.
Fuente de la noticia: https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/promulgan-ley-de-teletrabajo-en-chile
En una situación tan excepcional como la que vivimos la educación es tan necesaria como el aire que respiramos -tal como decía Goytisolo– trece veces por minuto. Educación a la hora de dirigirnos a los demás, a quienes tenemos más próximos en el hogar, a quienes nos sirven exponiendo su salud en hospitales, tiendas de alimentación, transportes y servicios esenciales o cuidando para que se cumplan las leyes; pero si cabe, es todavía más necesaria la educación democrática, esa que impide crear bulos, infundios, mentiras, esa que nos obliga a respetar y obedecer todas y cada una de las indicaciones que nos den las autoridades sanitarias sin erigirnos en sabelotodo y en hipercríticos cuando hemos estado callados viendo como privatizaban nuestros hospitales públicos, como despedían a miles de sanitarios, como mantenían cerradas decenas de plantas hospitalarias para favorecer la aparición de más clínicas privadas, verdaderas sanguijuelas de lo público que se han estado tragando buena parte del presupuesto de salud de comunidades como Madrid, Cataluña o Murcia. Sorprende, por cierto, la unidad de acción existente entre los líderes de esos tres territorios, más interesados en echar la culpa a otros de su propia necedad, de su maldad, que de cumplir con sus obligaciones: Privatizar es precarizar y diezmar, es enajenar lo que es de todos, lo que está al servicio de todos independientemente de su condición social para favorecer a quienes sólo quieren ganar dinero de forma exponencial. Esa ha sido la política sanitaria de las derechas españolas, tanto periféricas como centralistas, acabar con el Sistema Público de Salud, cosa que ahora sufrimos todos, pero sobre todos quienes padecen la enfermedad, quienes han perdido a seres queridos y quienes se están portando como verdaderos héroes en los adentros de nuestros hospitales, los de todos. Y no es que esto suceda porque sí, no, eso deriva de la falta de educación democrática, pues quien muestra desprecio por lo público, por lo que nos ayuda y nos protege a todos ocupando cargos públicos, quien es capaz de entregar al negocio parcelas enteras del Sistema Público de Salud sólo pretende beneficiar a unos pocos a cambio de la salud y el bienestar de la inmensa mayoría. Su modelo no es otro que el de Estados Unidos donde el tratamiento por el coronavirus cuesta 35.000 euros a pagar por el enfermo si es que puede. Y allí, el país más rico del planeta, la mayoría no puede, ni aquí tampoco. Aunque aquí, esa es la grandísima diferencia, tenemos Hospitales Públicos.
Esa falta de educación democrática se demuestra también de forma bestial en las acusaciones vertidas hacia el gobierno por autorizar las manifestaciones del 8 de Marzo, cuando ese mismo día se jugaron cientos de partidos de fútbol, se celebraron mítines masivos, todas las calles estaban llenas de gente y miles de personas, entre otras cosas, fueron a misa en miles de pueblos de España: Ese día, con un número de contagiados todavía bajo y con muchas recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre lo que podíamos y no podíamos hacer, no existía el Estado de Alarma como tampoco existía en China en las mismas fechas, como tampoco en ese país de economía centralizada y con una capacidad de producción enorme de cualquier cosa, tampoco hubo mascarillas, ni respiradores ni trajes aislantes durante el primer mes. Simplemente porque no tenemos ni varitas mágicas ni lámparas de Aladino. La misma carencia de educación democrática está detrás de quienes, irresponsablemente, piden la paralización de toda actividad económica sin ser conscientes del caos de producción, distribución, abastos y orden público que esa decisión podría acarrear. Por el contrario, es la educación democrática la que está llevando a la inmensa mayoría de ciudadanos a quedarse en sus casas y no seguir el ejemplo de los energúmenos que van a segundas residencias o aprovechan cualquier argucia para romper el confinamiento.
Nos han enseñado mal, hemos carecido de educación, empatía y fraternidad al contemplar como miles de inocentes morían en el Mediterráneo o en África por querer escapar de la miseria y de la guerra, por pretender que sus hijos tengan una vida mejor, por huir del infierno que Occidente les fabricó
Si hay algo necesario en este momento y debería seguir para el día después como norma vital de comportamiento, es la empatía, palabra tan de moda como hermosa por lo que significa. La empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos para ponernos en la piel del otro, en la piel de nuestros viejos que son quienes más están sufriendo la pandemia y a quienes algunos quieren apartar de las UCIs siguiendo criterios despreciables como su utilidad material para la sociedad o su esperanza de vida. La vida de un viejo vale tanto como cualquier otra y si hay algo que tenemos que aprender de esta tragedia es a respetarlos, quererlos y protegerlos evitando que en lo sucesivo la vida de muchos de ellos dependa de negociantes dueños de residencias concertadas que no cumplen con las mínimas normas higiénico-sanitarias tal como demuestra la actual situación. Empatía necesaria, como el pan de cada día -otra vez José Agustín- para comprender lo que está pasando en el interior de cada uno de los sanitarios que batallan contra la enfermedad sin tener otra cosa en el horizonte que acabar con ella; con quienes nos despachan en las tiendas, con quienes cultivan la tierra, con quienes reparten alimentos y medicinas, con quienes limpian las calles, con quienes no pueden tener el privilegio de estar confinados porque les ha tocado estar en primera línea de batalla.
Y fraternidad, otra palabra hermosa que nos habla de la capacidad que tenemos para no ver al otro como un enemigo sino como un hermano, y de ese modo no vernos como el centro del universo sino como una parte más y ayudar con todas nuestras energías a quienes más lo necesitan, a quienes más están sufriendo, a quienes más dolor soportan. Ser conscientes de que nuestra vida vale lo mismo que la de nuestro vecino, ni un céntimo más ni uno menos; no querer llegar el primero en la carrera de la vida sino ayudar a quienes van rezagados para que también puedan llegar, al mismo tiempo, al mismo lugar y al llegar fundirnos con él, con ellos, en un inmenso abrazo. Saber que no es mejor quien más cosas tiene, sino quien es más generoso, más solidario, más benéfico como decía nuestra primera Constitución de 1812.
Nos han enseñado mal, hemos carecido de educación, empatía y fraternidad al contemplar cómo miles de inocentes morían en el Mediterráneo o en África por querer escapar de la miseria y de la guerra, por pretender que sus hijos tengan una vida mejor, por huir del infierno que Occidente les fabricó. Nos hemos tapado los ojos, los oídos y la nariz para no sentir el dolor ajeno, para no denunciar la explotación, las privatizaciones criminales, el fraude fiscal que tantos recursos se ha llevado. Es hora de aprender la lección, de saber que pese a la minoría incívica dedicada a esparcir mierda mediante mentiras irresponsables, saldremos de esta y sabremos construir un mundo mejor para todos, sin exclusión. Para ello, cuando todo esto pase, tendremos que estar dispuestos a librar la gran batalla contra quienes vendrán de nuevo con recortes y con más austericidio, porque vendrán, dispuestos a todo, con toda su artillería.
Fuente del artículo: https://www.nuevatribuna.es/opinion/pedro-luis-angosto/educacion-empatia-fraternidad/20200323142738172500.html?fbclid=IwAR3GebM-_OwHgCIty3VOQJgelYJjSjkK99MUL-9mD5Di_IUkqeK_hF-zuus
La desnutrición, el sobrepeso y la obesidad le cuestan a República Dominicana 1.961 millones de dólares al año, valor que equivale al 2,6 % del producto interno bruto (PIB), según un informe de las Naciones Unidas.
El informe, elaborado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), calcula que la desnutrición y el sobrepeso generan cargas adicionales en educación y salud, así como en pérdida de productividad laboral.
El problema más costoso es el sobrepeso y la obesidad, que le cuestan 1.461 millones de dólares al erario público, al incrementar el gasto en la atención de enfermedades como diabetes e hipertensión, así como el costo asociado a la pérdida de productividad por el incremento del ausentismo laboral.
La desnutrición, que ha presentado en las últimas décadas una sostenida tendencia a la baja, tiene un sobrecoste de 499,7 millones, porque supone un aumento en los gastos en salud, así como por su efecto pernicioso en la educación de los niños y en su futura productividad laboral.
«La desnutrición, el sobrepeso y la obesidad limitan el óptimo desarrollo de los individuos y el bienestar de las comunidades, impactando negativamente sobre la productividad y el crecimiento económico», dijo el director del PMA para América Latina y el Caribe, Miguel Barreto, en un comunicado.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, subrayó que la malnutrición y el sobrepeso afectan «de manera creciente» a la población pobre y vulnerable de América Latina y el Caribe, «lo que la convierte en un factor más» de desigualdad en la región.
El sobrepeso afecta al 32,5 % de los dominicanos y la obesidad, al 27,8 % de la población, según el estudio, que se basa en datos de 2017.
«El estudio da cuenta de la manera en que interactúan las brechas sociales con el desarrollo económico, y la necesidad de invertir para cautelar el ejercicio de los derechos de las personas en el marco de un modelo de desarrollo sostenible en la región», agregó Bárcena.
El coste del 2,6 % del PIB sitúa a República Dominicana en la línea de México (2,3 %), país donde se presentó el informe en 2017, pero en mejor lugar que países con mayores problemas de desnutrición como Ecuador (4,3 %) o El Salvador (6,8 %).
El PMA y la CEPAL presentaron los resultados de este informe con el Gobierno de República Dominicana, a través del programa Progresando con Solidaridad del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública.
Fuente de la reseña: https://www.laprensagrafica.com/salud/Desnutricion-y-obesidad-le-cuestan-el-26-del-PIB-a-Republica-Dominicana-20200321-0058.html
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